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Leer ya no es gratis. Al menos, ya no en las bibliotecas desde la aprobación del Real Decreto que obliga a cada biblioteca (en municipios de más de 10.000 habitantes) a pagar por cada usuario y obra prestada. En concreto, 0,05 euros por lo primero y 0,004 euros por el segundo concepto. Esta situación hará que muchas bibliotecas deban reducir drásticamente su presupuesto para la adquisición de nuevos libros.

El pago de este canon supondrá en la mayoría de casos que se impute esa cantidad al gasto corriente más fácil de recortar, en este caso la adquisición de nuevos ejemplares. Las diferentes administraciones confían en no tener que trasladar ese gasto a los usuarios.

Xiana es bibliotecaria en A Coruña. Ella, como la mayoría de bibliotecarios, rechaza un canon que a su juicio “no se debe pagar en las bibliotecas públicas”. “Lo bonito de una pública es que el acceso sea libre y gratuito”, recalca a la vez que lanza una alerta: “Con este tipo de medidas se puede empezar a limitar ese acceso”.

En el caso de las bibliotecas de barrio, la situación es especialmente alarmante. Según denunció el Partit Socialista del País Valencià (PSPV), el Ayuntamiento de Valencia había reducido en el año 2013 su presupuesto para la adquisición de nuevos libros, dejando la cifra total en 73.000 para las 32 bibliotecas de la ciudad, es decir, 2.200 euros para cada una.

Según los datos del Ayuntamiento de Valencia, las bibliotecas de barrio superaron el millón de usuarios y las 369.000 obras prestadas en el año 2012. Según estos cálculos, a partir de enero de 2016 entre todas deberán pagar 51.476 euros de canon, es decir, si el Consistorio mantiene el dinero para la adquisición de nuevo material, poco más de 20.000 euros para nuevos libros, unos 56 euros mensuales para cada centro. Es decir, poco más de dos novedades.

En otros municipios como Avilés (Asturias), las cuatro bibliotecas públicas superaron los 21.000 socios en 2013 y 63.456 libros prestados. Siendo así, el Ayuntamiento deberá pagar 1.324,37 euros, una cantidad que puede parecer pequeña pero que representa el 30% de la inversión total (4.500 euros) que se hizo el año pasado para la compra de libros.

La Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (Anabad) ha denunciado a través de un comunicado que se le acuse de ser “piratas culturales”. “Dentro de poco no existirán [las bibliotecas] entre la asfixia del canon, los recortes económicos, las políticas culturales absurdas, la paulatina desaparición de la industria cultural, la llegada vía net de los libros a nuestros dispositivos y el abusivo IVA cultural, el panorama de las bibliotecas públicas es más que demoledor”, concluye.

Pese a que en un principio el sector confiaba en que no se pagaría por los libros que no tienen derechos de autor, el articulado del Real Decreto 624/2014 publicado el 1 de agosto no habla de esa posibilidad. Lo que sí podrán hacer las bibliotecas es revisar el número de usuarios inscritos. Para ello, las bibliotecas harán un repaso de sus usuarios para eliminar de la lista a los inactivos y así reducir costes.