Furioso por lo que interpretó como un intento por meterlo en otra causa judicial, el "zar del juego" Cristóbal López salió al cruce del empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez y desmintió que una de sus empresas opere o haya operado con una firma de Bahía Blanca sospechada de funcionar como usina de facturas truchas.

El inesperado cortocircuito entre dos empresarios icónicos de la década kirchnerista ocurrió luego de que la nacion revelara que Báez afirmó que la nave insignia de su grupo, Austral Construcciones, no acumulaba facturas truchas en sus balances ni operaba con sociedades fantasmas. Y para eso sostuvo que la firma cuestionada, Grupo Penta y Cía SA, era real y que otras siete empresas comerciaban con ella, como Tsuyoi SA, la concesionaria de López.

El problema es que el "zar del juego" desmintió a Báez. "Chequeamos todas las cuentas corrientes y nos da como resultante [que] Grupo Penta y Cía no figura como proveedor de Tsuyoi en todo nuestro historial; [y] Grupo Penta y Cía no figura como cliente de Tsuyoi", afirmó el gerente general de esa concesionaria, Juan Menestrina, en una carta que debió enviarle a Toyota para fijar su posición, según una copia que facilitaron colaboradores de López a la nacion.

"Me molesta tremendamente la poca seriedad con la que se involucra el buen nombre de Tsuyoi en un caso ajeno a nosotros", lamentó Menestrina, quien también consideró malintencionada la publicación de la nacion. "Tsuyoi, desde su constitución en el año 1994, ha sido honesta y transparente en todos sus actos y tiene todos sus números disponibles para ser auditados en cualquier momento, sin tener que ocultar nada, ya que su operatoria es ciento por ciento en blanco", añadió.

La respuesta oficial de la firma de López ante la consulta de uno de los máximos ejecutivos de Toyota en el país, puede reportarle ahora un nuevo dolor de cabeza para Báez, que en un escrito defensivo que presentó ante el juez federal Sebastián Casanello vinculó a Tsuyoi con la firma cuestionada.

Según Báez, Grupo Penta es una firma real que recibió "recursos materiales para el desarrollo de tareas" por parte de siete personas o empresas que identificó por su nombre y CUIT: Trackmar SACI, Gas Las Heras, Eder SA, Fernández Insúa SA, Stekli Sarita y la concesionaria de López, Tsuyoi SA.

La desmentida de López, sin embargo, se suma a las declaraciones del entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray. En octubre de 2014, un día después que la nacion reveló el multimillonario entramado de facturas truchas con epicentro en Bahía Blanca, convocó a una conferencia de prensa y confirmó que Grupo Penta y otra firma de la familia Ficcadenti de Bahía Blanca, Calvento SA, se encontraban bajo fiscalización.

Echegaray detalló entonces que la AFIP ya había catalogado a Calvento SA como "una usina de facturas falsas" porque carecía de "actividad comercial", aunque evitó informar sobre los resultados de la pesquisa que sus sabuesos completaron sobre Grupo Penta. Calló así que detectaron que carecía de empleados, vehículos o gastos de combustibles para cumplir con los supuestos trabajos para los que había sido contratado, pero que de todos modos le emitió facturas a Austral Construcciones por millones de pesos.

Más ramificaciones

Por las dudas, los colaboradores de López revisaron si alguna otra firma de los Ficcadenti sí operó con la concesionaria Tsuyoi. Y encontraron "dos ventas de repuestos" a la sociedad Terrafari SA –que también se encuentra bajo la lupa de la AFIP–. Fueron en mayo de 2012 y marzo de 2014 por un total de apenas $1350,03.

Por el contrario, en la AFIP quedaron expuestas las flaquezas del Grupo Penta. A tal punto que los Ficcadenti acordaron regularizar el cuadro fiscal de esa sociedad por $21 millones mediante un plan de 120 cuotas, aún cuando la sociedad cuestionada no tenía siquiera una cuenta bancaria, ni operaba.

En rigor, el entramado de facturas truchas con base en Bahía Blanca registra múltiples ramificaciones. Una llega hasta Báez. Otra, comienza en sociedades de Juan Suris y termina, a través del empresario Juan Carlos Mancinelli, en el predio de "Villa La Ñata" del ex gobernador y ex candidato presidencial Daniel Scioli, según reveló la nacion en noviembre pasado.

Toda la operatoria investigada generó, sin embargo, consecuencias inesperadas en Bahía Blanca. Entre otras, la disolución de la Regional de la AFIP –que se reinstaló sólo después de que se acomodaron los papeles internos–, y el desplazamiento del juez federal subrogante que impulsaba la causa en esa ciudad, Santiago Ulpiano Martínez.

Desde Buenos Aires, en tanto, tanto el juez Casanello como el fiscal Guillermo Marijuan intentan desentrañar qué ocurrió en Bahía Blanca, dado que las facturas truchas permiten evadir impuestos y disponer de fondos negros por fuera de la contabilidad oficial de las empresas, que pueden entonces girar a cuentas bancarias en el exterior, pagar sobornos u otras actividades ilícitas.

Dado ese contexto, López buscó despegarse de inmediato de las sospechas que rodean al ex empleado del Banco de Santa Cruz, con quien siempre mantuvo una relación distante, aún cuando ambos comparten dos actividades: alquilaron diversos inmuebles de la familia Kirchner y colaboraron en la operatoria hotelera que ahora la Justicia investiga por presunto lavado de dinero.ß