Miguel Ángel Santamaría Novoa, alcalde del municipio madrileño de Colmenar Viejo, se sentará finalmente en el banquillo de los acusados. El juzgado de instrucción número 3 de esta localidad, tras escuchar a la Fiscalía, ha desestimado los recursos presentados por la defensa del regidor, y en un auto dictado el pasado 9 de agosto ha confirmado el inicio del juicio, a la espera de fijar la fecha. Santamaría se convierte así en el primer alcalde madrileño del PP que será juzgado desde que Cristina Cifuentes dirige la gestora del PP de Madrid, que ha impuesto un código ético para sus miembros. Santamaría está acusado de "apología de la prevaricación", y la Fiscalía solicita 3,6 años de prisión para él. La Fiscalía también ha abierto diligencias contra el ayuntamiento para investigar si el exministro de Educación José Ignacio Wert se casó con su novia, Montserrat Gomendio (exsecretaria de Estado), en una finca que presuntamente no tiene licencia en Colmenar, enlace que además ofició el propio Santamaría.

La Fiscalía no solo solicita 3,6 años de prisión para Miguel Ángel Santamaría, también para su antecesor en el cargo,José María de Federico Corral, y para seis concejales que han formado parte de sus equipos municipales en los últimos 10 años. Pide además para todos ellos 10 años de inhabilitación para cargo público y una multa de 13.200 euros. Para otros cuatro ediles solicita dos años de prisión y ocho de inhabilitación. Todos los procesados forman parte de la actual cúpula del PP de este pueblo de 47.000 habitantes de la sierra norte madrileña.Santamaría Novoa es además vocal del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

En el escrito que rechaza los recursos de los procesados, el fiscal "acredita indiciariamente los hechos objeto de instrucción, consistentes en el otorgamiento por los acusados de 16 licencias urbanísticas pese a claros informes técnicos y jurídicos desfavorables, por vulneración de la normativa urbanística aplicable". Según el ministerio público, "es innegable la apariencia delictiva de estos hechos, al ser subsumibles en el delito de prevaricación urbanística". Una de esas licencias salpica al edificio donde está la sede local del PP. El 9 de octubre de 2006, la junta de gobierno local concedió la licencia de primera ocupación del inmueble que ocupa las calles Matadero Viejo y Olivar. Las obras tenían "informes técnicos y jurídicos desfavorables, porque los trabajos no se ajustaban al proyecto con el que se concedió la licencia". Aun así, la junta decidió concederla.

Pleno municipal del Ayuntamiento de Colmenar.

El fiscal asegura que "los recurrentes tratan de mantener la peligrosísima tesis de que un Gobierno municipal puede decidir en cada caso, según su criterio objetivo, si conceder o no una licencia cuando los órganos técnicos han comprobado que la construcción sujeta a licencia se ha ejecutado contraviniendo en determinados puntos el proyecto previamente autorizado, así como el planeamiento urbanístico en vigor. Esta filosofía es una auténtica apología de la prevaricación". La Fiscalía relata además que la instrucción del caso ha demostrado que "el concejal de Urbanismo valoraba las infracciones como 'chorradas".

"Abusos de poder"

"¿Por qué un vecino se atiene escrupulosamente a la máxima altura de cerramiento de su parcela, cuando le gustaría que fuera mayor, mientras otro pone la altura que quiere, lo cual resulta aceptado por la corporación? ¿Por qué los vecinos de Colmenar Viejo cuando piden una licencia están sujetos a semejante poder de su corporación, que puede ser estricta o benevolente, según los casos. No será esta Fiscalía la que avale semejante doctrina, ni una sociedad democrática como la nuestra, muy sensible, con razón, a los abusos de poder, lo comprendería", reza el fiscal, que concluye que el ayuntamiento nunca ha requerido "al promotor beneficiado por las licencias ilegales la subsanación de las infraestructuras urbanísticas, que se han indultado, consintiendo su consolidación y prescripción". En solo tres de las 16 licencias se tramitó expediente sancionador, "mientras en los 13 restantes se ha indultado la sanción. No cabe mayor ejercicio de arbitrariedad".

El pasado mes de marzo, Santamaría escribió una angustiosa carta a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, para pedirle una cita y poder explicarle así en persona "la gravedad y la magnitud de mi situación", ya que se consideraba "objeto de una serie incesante e indiscriminada de denuncias anónimas ante la Fiscalía". Santamaría aseguraba que todas las denuncias que han llegado a la Fiscalía son anónimas y "responden a un problema intestino que padecemos en el ayuntamiento con determinados funcionarios municipales, probablemente no más de tres del total de nuestra plantilla, que es de 289".