Uno, dos, tres... así hasta 37 paquetes de algo más de un kilo de peso. Envueltos en cinta de color beis, menos uno, recubierto con una de color amarillo. Todos perfectamente ordenados en una maleta de cabina de color oscuro sin nada más en su interior. Solo cocaína. La intervención el pasado 25 de junio en el aeropuerto de Sevilla por parte de la Guardia Civil de 39 kilos de droga en el equipaje del sargento Manoel Silva Rodrigues, de 38 años, miembro de la comitiva del presidente brasileño Jair Bolsonaro en su viaje a la cumbre del G20 en Japón, quedó reflejado en una fotografía, a la que ha tenido acceso en exclusiva EL PAÍS. Tomada junto al escáner que permitió a los agentes detectar estupefaciente, la imagen refleja las nulas precauciones que el militar tomó para ocultarlo.

Silva Rodrigues ingresó un día después de su arresto en la prisión de Sevilla I. Según detallan fuentes penitenciarias, desde entonces ocupa una celda, compartida con otro preso, en uno de los llamados módulos de respeto de la cárcel, donde son recluidos los internos menos conflictivos. Mientras tanto, la investigación de la Guardia Civil se centra en averiguar quién iba a recoger la maleta con la cocaína en la capital andaluza de mano del militar brasileño, al que los investigadores consideran una simple mula o correo humano. Las hipótesis policiales apuntan a que el ahora encarcelado tenía una cita en el hotel al que se dirigían tanto él como el resto de la tripulación del avión para descansar durante la escala en Sevilla en su viaje hacia la ciudad japonesa de Osaka a bordo de la aeronave de apoyo al avión presidencial en el que viajaba Bolsonaro.

Las circunstancias en las que fue localizada la droga —sin ocultar— hacen pensar a los responsables de las pesquisas que el sargento brasileño creía que no iba a ser sometido a ningún tipo de control aduanero al formar parte de la comitiva del presidente brasileño en viaje oficial. Se equivocó. Los dos bultos de equipaje que bajó del avión —un portatrajes y la maleta de cabina donde llevaba la cocaína— fueron pasados por el escáner del aeropuerto y los agentes descubrieron fácilmente los paquetes con forma de ladrillo de la droga. La primera estimación de la Guardia Civil, a falta de los análisis químicos para determinar con exactitud su grado de pureza, valoran el alijo en 1,3 millones de euros.

El descubrimiento del presunto narcotraficante en el séquito presidencial ha causado asombro en Brasil. Que el protagonista sea militar ha debido doler especialmente a Bolsonaro, un antiguo capitán del Ejército que ha dedicado su carrera política a defender los intereses corporativos castrenses y que en el Gobierno se ha rodeado de más uniformados que cualquiera de sus antecesores en democracia. El ultraderechista es además un estricto defensor de la ley y el orden. De hecho, el presidente brasileño lamentó públicamente en dos ocasiones que el sargento de su comitiva no fuera detenido en Indonesia, donde el tráfico de drogas se castiga con la pena de muerte. Un brasileño descubierto con 13 kilos de droga fue ejecutado allí en 2015. El caso “está siendo investigado. Echó a perder su vida. Enlodó el nombre de instituciones; ha perjudicado un poco a Brasil, pero esto sucede en cualquier lugar del mundo, en cualquier institución”, afirmó el mandatario a su regreso de la cumbre del G20.

Bolsonaro se refirió al “inaceptable” asunto en su retransmisión semanal en directo por Facebook, emitida esta vez desde Osaka a las siete de la mañana. Se mostró convencido de que este no era el viaje de estreno del sargento “porque nadie en un primer viaje lleva 39 kilos de droga”. Y aprovechó para dar las gracias a las autoridades españolas. Su ministro de Defensa, el general retirado Fernando Azevedo, se ha limitado a decir que el acusado “será juzgado sin condescendencia por la justicia española y por la brasileña”. Las autoridades brasileñas de aeronáutica no han querido precisar si el suboficial y su equipaje fueron inspeccionados antes de subirse al avión de reserva con el que voló desde Brasilia hasta Sevilla.

Nada menos que 19 años lleva en la Fuerza Aérea de Brasil Silva Rodrigues, que hace tres entró a formar parte del equipo que transporta a los jefes de Estado y otros altos cargos. Según el Portal de la Transparencia, su sueldo neto es del 6.337 reales (unos 1.450 euros) y ha participado en 29 viajes oficiales, incluidos algunos con los entonces presidentes Michel Temer y Dilma Rousseff. Las condenas por drogas han ido aumentando en los últimos años entre los más de 300.000 miembros, como recordó Bolsonaro el día que estalló este caso, que tienen las Fuerzas Armadas de Brasil. Entre 2010 y 2017, fuero 648 los uniformados brasileños condenados por drogas, según datos del Tribunal Superior Militar, que no precisan cuántos son por consumo y cuántos por tráfico.

El Gabinete de Bolsonaro ha lamentado que el hallazgo se produjera de camino a una cumbre internacional, lo que ha multiplicado la repercusión del caso. Coincidió además con una visita del ministro de Justicia, Sergio Moro, a la sede de la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, lo que ha servido, como todo el episodio, de materia prima para innumerables chistes y memes en el políticamente ultradividido Brasil.