Primera sesión del juicio

El fiscal Horrach pide que la infanta no sea juzgada

La antigualla de la doctrina Botín

JOAQUÍN MANSO

Enviado especial

Palma MARÍA FUENTEÁLAMO

Palma

La Abogacía del Estado ha defendido que se archive la acusación contra la Infanta Cristina por el caso Nóos con el argumento de que el lema "Hacienda somos todos" debe circunscribirse "al ámbito para el que fue creado: el de la publicidad, exclusivamente como forma de concienciación al país". La representante de la Hacienda Pública en la causa, Dolores Ripoll, se alineaba así en una intervención cargada de intensidad con la defensa de la hermana de Felipe VI, aludiendo al auto con el que el juez José Castro decidió definitivamente sentar a la hermana de Felipe VI en el banquillo.

El Estado, por tanto, considera que la infanta debe beneficiarse de la doctrina Botín porque la Agencia Tributaria entiende que ella no ha cometido ningún delito. Esa jurisprudencia, inaugurada en 2007 para el banquero, impone el sobreseimiento de la causa cuando así lo reclaman la Fiscalía y el perjudicado por el posible delito (y Hacienda repite que sólo ella lo es en este caso), aunque la acción popular sostenga la acusación. Únicamente Manos Limpias pretende la condena de la ex duquesa de Palma, a ocho años de cárcel como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales que su marido, Iñaki Urdangarin, habría cometido a través de la sociedad familiar Aizoon.

Castro decía que ese eslogan "fuerza a plantearse la naturaleza del delito contra la Hacienda pública como atentado a un bien jurídico colectivo de interés general y que, por tanto, no vulnera un bien jurídico individual, que pudiera ser propio y exclusivo de la Agencia Tributaria". Se refería el juez a que la doctrina Atutxa, según su interpretación, anula la doctrina Botín en el sentido de que, cuando lo que se protege con el delito es un bien colectivo, la acción popular sí está legitimada para sostener la acusación por sí sola, aunque no lo hagan el Ministerio Fiscal ni el perjudicado por el posible delito.

La abogada del Estado ha argumentado, en la línea planteada por los defensores de la infanta, que lo que dice la doctrina Atutxa no es eso sino que, en realidad, se refería a delitos que, por su "peculiar naturaleza", no cuentan con un perjudicado concreto que pueda personarse en el procedimiento.

Ripoll ha asegurado que "no existe base legal para afirmar que el delito contra la Hacienda Pública es un delito de los que, por definición, carece de perjudicado". "Es el erario público, y la Hacienda Pública estatal puede ejercer las acciones que considere pertinentes en el ejercicio de sus derechos", ha afirmado, aportando para abundante legislación y jurisprudencia para respaldar ese razonamiento.

"La acusación popular no se fundamenta en el bien común, puede tener objetivos personales y clientelares", ha sostenido Ripoll, "añadiendo que la ley atribuye al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado la defensa de los intereses generales sobre los principios de legalidad e imparcialidad".

La Infanta, 'estigmatizada'

Por su parte, la abogada del sindicato Manos Limpias que ejerce la acusación popular en el caso Nóos, Virginia López Negrete, ha respondido al fiscal Pedro Horrach y a la abogada del Estado de Baleares Dolores Ripoll, quienes se oponen a su legitimidad para acusar por delito fiscal a la Infanta Cristina, y en este mismo sentido a la mujer de Diego Torres.

Negrete ha contestado a las afirmaciones de ambas acusaciones que "lo que la Infanta pudo defraudar en 2007 y 2008 nos afecta a todos". Insiste la letrada en que "la Agencia Tributaria (que no acusa a la Infanta) no tiene el monopolio" de tal delito. Un delito, el fraude fiscal, que Negrete defiende como "plurioofensivo": "Sí, la Agencia Tributaria es una víctima, pero los que pagos esos impuestos somos todos". Y así, añade "lo que a la Infanta pudo defraudar en 2007 y 2008 nos afecta a todos".

Ha ironizado López sobre el posicionamiento del fiscal. "¿Por qué no defiende Horrach a otros acusados del caso con el mismo ímpetu que a la Infanta? Pero además, la letrada ha llevado el debate más allá de la propia Infanta: "Lo que hoy debatimos aquí es un tema muy importante, hoy se debate la permanencia de la acusación popular en el sistema judicial español".

Para concluir su intervención ha apuntado a tres consecuencias, "un triple perjuicio". En primer lugar, explica, "para la Justicia española, que no sería igual para todos". Como segunda consecuencia apunta a que se produciría "un gravísimo ataque a las Instituciones del Estado, incluida la Corona". En tercer y último lugar y parafraseando al juez José Castro señala que no llevar a juicio a la Infanta perjudicaría a la "propia Infanta". Y lo explica: "Pierde el derecho a defenderse en un juicio justo y quedará estigmatizada socialmente". La primera vez que el juez Castro se negó a imputar a la Infanta -a la que imputaría después a instancias precisamente de Manos Limpias-, apuntó precisamente a que no la encausaba para "no estigmatizarla".