Enrevesados informes de los Mossos d’Esquadra a los que ha tenido acceso El Confidencial apuntan a una delicada operación para poner en el punto de mira a Manuel Bustos, exalcalde de Sabadell, -que en el momento de la investigación (2012) era también el hombre de Rubalcaba en Cataluña, cuyo nombre sonaba para liderar el PSC- que cesó en su cargo a raíz de la denominada Operación Mercurio, el único gran escándalo de las últimas décadas investigado por los Mossos d’Esquadra.

El extenso sumario consta ya de 33 piezas separadas. El principal implicado debía ser Bustos, pero en realidad su nombre no aparece en la pieza principal. Por el contrario sí consta en una docena de piezas menores en algunas de las cuales las interpretaciones de los Mossos d’Esquadra son la única base real para sostener el procedimiento. A pesar de las reiteradas llamadas de este periódico, desde la dirección de los Mossos se mantiene sobre este tema un sepulcral silencio.

Porque acusaciones que parecen sacadas de una película de Luis García Berlanga jalonan este caso. Las manipulaciones de las conversaciones (los Mossos mantuvieron pinchado el teléfono del alcalde durante dos años, algo inusual en cualquier operación) y las originales teorías de los agentes provocan que algunas de las piezas del sumario sean incluso ridículas. Esas teorías, sin embargo, fueron apoyadas por los sucesivos fiscales y jueces (ya van tres magistrados) que llevan instruyendo el caso desde hace casi cuatro años.

Los informes de los Mossos apuntan a una delicada operación trazada en las cloacas del Cuerpo para poner en el punto de mira al alcalde de Sabadell

Para los poco duchos en el tema, la Operación Mercurio era, en principio, el gran sumario sobre corrupción cuyo más destacado protagonista habría de ser Bustos. Pero, para empezar, el nombre de Bustos ni siquiera aparece en la pieza principal. En ella aparecen, en cambio, un exconcejal del PP, Jordi Soriano, varios empresarios y tres concejales. Incluso apareció el nombre del empresario Melquíades Garrido, tío del alcalde, como uno de los detenidos, lo que era falso.

En aquel momento -noviembre de 2012-, Bustos era uno de los hombres fuertes del PSC, la persona de confianza del PSOE en Cataluña y su nombre sonaba incluso para ser el líder máximo de los socialistas en esta comunidad. El nombre de Convergència, sin embargo, estaba casi cada día en los periódicos a causa de diversas investigaciones judiciales, como el ‘caso Palau’, el ‘caso Adigsa’, el ‘caso Treball’, el ‘caso ITV’ -que salpicaba a Oriol Pujol Ferrusola-, o el ‘caso Crespo’, todos ellos escándalos relacionados con la corrupción investigados por la Policía Nacional o la Guardia Civil. En medio de la gran corrupción de CDC, apareció el ‘caso Mercurio’ como único contrapunto a los escándalos que asolaban la política catalana.

Los casos que se recopilan a continuación son auténticos. Pertenecen a esa docena de piezas separadas que tratan de implicar a Manuel Bustos, uno de los pocos políticos importantes no convergentes implicado en algún escándalo de corrupción (si exceptuamos a la cúpula de urbanismo del ‘caso hotel Palau de la Música', que fue absuelta finalmente). Ninguno de estos pequeños sumarios está relacionado con corrupción en el Ayuntamiento ni con cobro de comisiones, que eran los motivos principales de la investigación. Y cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia.

Puigdemont inaugura una comisaría de los Mossos. (EFE)

'Prohibido' buscar inversores

Melquíades Garrido, tío de Manuel Bustos, es un conocido constructor de esta localidad. Entre otros trabajos, es quien tiene la exclusiva para el acondicionamiento de las plantas de Audi en Sabadell. Sabedor de que la empresa automovilística buscaba un emplazamiento para una gran factoría, se lo dijo a su sobrino, el alcalde sabadellés, que puso a disposición de Audi el polígono Sant Pau de Riu Sec. En aquella época, Bustos hizo gestiones para que empresas como Leroy Merlín, Pans & Company, Ikea o Conforama se instalasen en su término municipal. Lo logró. Con Audi, repitió la historia, hablando con el Banc Sabadell, con el entonces ‘president’ Artur Mas y con el consejero de Empresa, Felip Puig. Los Mossos consideraron que el aviso de su tío y las consiguientes gestiones eran constitutivas de un delito de tráfico de influencias y el juez y el fiscal aceptaron ese enfoque y el magistrado incluso abrió una pieza separada, pendiente de juzgar. “Es como si se hubiese imputado a Artur Mas por haber hecho gestiones en torno a Eurovegas”, dice una fuente cercana al exalcalde.

Otra de las hilarantes historias hace referencia a una conversación que Manuel Bustos mantuvo con el presidente de la Compañía de Aguas de Sabadell (este es el cargo quye consta en el informe policial, aunque en realidad era el gerente), Miquel Àngel Fos, sobre las dietas que cobraba un miembro del consejo de administración, Lluís Pasqual, que fue nombrado vicepresidente de Cassa. Ambos hablan de las remuneraciones de los miembros del consejo de esta compañía y de las dietas que perciben. Bustos se sorprendió de las elevadas retribuciones y soltó una exclamación: “¡Cobrar eso es un delito!”. La frase, en una conversación coloquial, no tiene mayor importancia. Pero fue crucial para acusarle: los Mossos acusan al alcalde de omisión del deber de denunciar un delito.

En un informe al respecto, los Mossos recogen que el alcalde critica tanto las dietas como el pago de una factura al vicepresidente de la compañía. Y, para enfatizar, señala que “yo lo que sí sé es que ahí hay un tema que incluso los auditores tenían que haber visto, El contrato, pedir el contrato y haber puesto en la memoria… pues… las operaciones vinculadas que corresponde”. Y en otro momento señala, refiriéndose a una factura que Pasqual presuntamente había presentado a la compañía, que “es constitutivo de delito. Que no es… que yo lo he preguntado ya… un pago de factura reiterada por trabajos inexistentes… eso es prevaricación”. Su interlocutor le respondía que, en realidad, no había “trabajos inexistentes” porque los trabajos existían en realidad.

Cuando el alcalde quiso poner orden en el gasto público recortando dietas, se le acabó acusando de omisión del deber de denunciar un delito

Evidentemente, no hay nada de ilegal en las retribuciones de la compañía Cassa... pero eso era lo menos importante. El alcalde, según el informe de los Mossos, señaló en un momento determinado que se preparase un informe jurídico sobre el tema. “Si el auditor no ha dicho nada, o alguna cosa, que quede perfectamente justificado para tomar la decisión de que ahora no será así”. Y luego advertía que si el tema saliese a al luz pública “lo declararé bajo juramento si hace falta, y mira que siempre prometo, nunca juro… juraré que no sabía nada de eso”. El texto de los agentes no tiene desperdicio. Señalan que, en una conversación anterior sobre este tema, el alcalde se extraña de que haya unos gastos del vicepresidente de CASSA de 4.000 euros y que eso, “en la conversación interceptada arriba (sic) referida al alcalde, interpretaba como ilegal”. En la conversación, Bustos criticaba con dureza el reparto “desmesurado de dietas entre los miembros del consejo de administración, de los que dice que facturaban hasta medio millón de euros, conductas que consideraba que se habían de corregir con una reordenación”.

En resumidas cuentas, cuando el alcalde quiso poner orden en el gasto público recortando dietas, se realizó una interpretación sui generis de sus palabras y se le acabó acusando de omisión del deber de denunciar un delito. Por esa regla de tres, otros políticos deberían haber sido procesados, como el expresidente Pasqual Maragall, cuando habló del 3%; Josep Lluís Carod-Rovira, cuando se refirió al 5% que le había confesado un colega; o a la popular Alicia Sánchez-Camacho, sabedora de algunas andanzas de la familia Pujol.

Agentes de los Mossos d'Esquadra practican un registro en un local de Barcelona. (EFE)

Un tráfico de influencias sospechoso

La concesión del contrato de recogida de residuos a Smatsa en el año 2012 es otra de las piezas separadas. De las conversaciones telefónicas grabadas, extrajeron únicamente las de Bustos cuando ordenaba que se siguiesen los criterios del secretario municipal sobre el órgano competente para aprobar las plicas del concurso. En esas conversaciones, Bustos exigía que todo el mundo cumpliese estrictamente la ley y hacía referencia a las reuniones de concejales de CiU y del PP con determinadas empresas que optaban a ganar el concurso y a las maniobras de éstos para que sus ‘patrocinados’ consiguiesen el contrato público. Bustos no habló con ninguno de los licitadores, pero fue el único al que acusaron de tráfico de influencias por ordenar que las plicas se llevasen al pleno, tal y como decía el secretario y no a la junta de gobierno, que era lo que mantenían los técnicos del consistorio. En cambio, los agentes pasaron por alto las implicaciones de los dos partidos de la oposición con empresas optantes al contrato, así como las gestiones que realizaban sus dirigentes a favor de determinadas empresas.

De hecho, no es la primera vez que los Mossos ocultan conversaciones a un juez: en Barcelona, hay imputaciones a mandos del Cuerpo por esconder conversaciones, uno de ellos el jefe del grupo que investigó a Manuel Bustos, precisamente. Y en un informe obrante en otro sumario, los Mossos aportaron las llamadas a contactos de los bajos fondos de otro agente pero luego omitieron las novedades que da a sus superiores. Al faltar estas transcripciones, el mosso fue detenido e imputado como si estuviese en connivencia con delincuentes, cuando lo que hacía era recabar información para trasladarla luego a su comisario. La historia está condenada siempre a repetirse.