Existen las leyes injustas. ¿Debemos conformarnos con obedecerlas? ¿Esforzarnos por enmendarlas y mientras seguir obedeciendo? ¿O debemos incumplirlas desde el principio? Henry David Thoreau - Desobediencia Civil

Bloqueos analógicos

En diciembre de 2010 los trabajadores de la imprenta Artes Gráficas Rioplatenses (AGR, empresa subsidiaria del Grupo Clarín) llevaron a cabo medidas de protesta a raíz de un conflicto laboral originado en 2004, cuando AGR despidió a 119 empleados. A lo largo de siete años, AGR judicializó el conflicto, eludió el cumplimiento de fallos laborales y obstaculizó asambleas. En medio de aquel clima tenso, seis trabajadores iniciaron una huelga de hambre encadenándose a los portones de acceso a la planta ubicada en el barrio de Nueva Pompeya. Como consecuencia de la medida quedó bloqueada la entrega de la producción gráfica de la imprenta. Entre esos impresos había libros, guías telefónicas, folletos, fascículos coleccionables y, lógicamente, revistas del Grupo Clarín. Como consecuencia, la popular revista “Viva” no pudo llegar esa semana junto con el diario Clarín del domingo como ocurre habitualmente.

Varios derechos sólidamente garantizados por nuestra Constitución entraron en conflicto: el derecho a ejercer industria lícita y a la libertad de prensa por un lado, y el derecho a huelga y a manifestarse por otro. La libertad de prensa es un derecho explícitamente garantizado por la Constitución y, según el artículo 161 del Código Penal «la obstrucción de la distribución de un diario es un delito». Sin embargo, el derecho a huelga también está reconocido en nuestra Carta Magna y desde la reforma laboral de 2004 nuestra legislación «es muy poco restrictiva sobre su ejercicio y particularmente respetuosa de la libertad sindical».

Bajo el patrocinio del constitucionalista Gregorio Badeni, el Grupo Clarín presentó un amparo y en trámite urgente el Juez Nacional en lo Civil de la Capital Federal Dr. Gastón Polo Olivera (recuerden este nombre) dirimió rápidamente el conflicto resolviendo que el derecho a manifestarse no puede poner en riesgo otros derechos, como el de ejercer industria lícita y, particularmente, el derecho a la libre expresión. Para no dejar margen a dudas sobre cómo las «restricciones indirectas» también son restricciones a la libertad de expresión, Polo Olivera cita el tercer párrafo artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica y, más en detalle, un extracto de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):

“una interpretación literal de esta norma permite considerar que protege en forma específica la comunicación, difusión y circulación de ideas y opiniones, de modo que queda prohibido el empleo de vías o medios indirectos para restringirlas. La enunciación de medios restrictivos que hace el artículo 13.3 no es taxativa ni impide considerar cualesquiera otros medios o vías indirectas derivadas de nuevas tecnologías”.

Es decir, por más que la acción sea encadenarse a la puerta de una imprenta en una protesta gremial, si su efecto es una «restricción indirecta» a la libertad de expresión, este último derecho es afectado: la cautelar de Polo Olivera ordenó a los huelguistas a abstenerse de realizar cualquier tipo de bloqueo a la circulación de bienes procedentes de la planta impresora, por más que sus derechos sindicales los respaldaran.

Bloqueos digitales

En 2011 las Relatorias para Libertad de Expresión de (nada menos que) la ONU, la CIDH, la OEA y la OSCE establecieron que:

“el bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema —análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión— que sólo podría estar justificada conforme a estándares internacionales, por ejemplo, cuando sea necesaria para proteger a menores del abuso sexual”.

En sintonía con esta declaración, la Cámara Federal porteña rechazó una medida cautelar promovida por la cadena televisiva HBO con el fin de bloquear el sitio Cuevana.tv manifestando que:

“corresponde garantizar un justo equilibrio entre la protección de ese derecho [a la propiedad] y la protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas por tales medidas pues también puede vulnerar los derechos fundamentales de los clientes”.

Teniendo en cuenta que en Argentina rige la ley 26.032, sancionada en 2005, que consta de un solo artículo que con diáfana secillez establece que “La búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión” parecería que la Argentina estaba construyendo un sólido marco legal y jurisprudencial garantista de la libertad de expresión independientemente de la naturaleza del medio, resguardando la libertad y rechazando bloqueos, se trate de publicaciones analógicas o digitales, por métodos directos o indirectos, hasta que un día…

The sky is rising

“Night of the Living Dead” estableció las bases del arquetipo zombi en la cultura popular. Se estrenó en 1968 y entró en Dominio Público debido a que su distribuidora omitió colocar el anuncio de © copyright, tal como lo exigía la ley en ese momento. Figura en el catálogo de La Biblioteca de Babel: Night of the Living Dead[1968]DvDrip[Eng]-Stealthmaster.avi

Son tiempos de buenas noticias para la industria del entretenimiento. En 2014 la International Federation of Phonographic Industry (IFPI) publicaba su informe anual rebosante de optimismo sobre las nuevas perspectivas del mercado digital exhibiendo un crecimiento del 51 por ciento. A diferencia de los panoramas apocalípticos que la industria solía trazar unos años antes, Frances Moore, la consejera delegada, destacó que había “muchísimos motivos para ser optimista”. Un año antes, el Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos afirmaba que las industrias de la música y el cine acababan de llegar a su máximo histórico en número de empleos generados. La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) no se quedó atrás y en su Informe del Mercado Argentino de la Música 2013 destacó entre sus principales indicadores cifras alentadoras, a pesar del nada esplendoroso desempeño de la economía argentina en el último año.

Sin embargo, nunca dejes que la verdad arruine una buena campaña contra “la piratería”. Para esa misma época de cifras auspiciosas para los mercados digitales musicales, la mencionada CAPIF, junto con las multinacionales EMI, Warner y Universal, las independientes autóctonas Epsa Music y Leader Music y la reputada Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) decidieron avanzar en una de las medidas más antipáticas para los consumidores digitales de esos nuevos mercados musicales: impedirles el acceso a algún sitio web. El sitio elegido, un viejo conocido de la industria que se niega a claudicar:“The Pirate Bay”.

Triple efecto

Los bloqueos judiciales a los sitios web generalmente ocasionan tres efectos inmediatos garantizados: que el sitio bloqueado se vuelva mucho más conocido y sea mencionado hasta el hartazgo (se conoce como “Efecto Streisand”), que las técnicas para eludir la censura se hagan masivas y más eficaces (y más aun si el sitio es popular), y que los sujetos que hayan promovido la censura obtengan abundantes menciones negativas durante largo tiempo por toda la red, o sea #ChupalaCAPIF.

En el caso particular de The Pirate Bay resulta tan anacrónico como paradójico que CAPIF solicite su bloqueo cuando el sitio ya transita un período de cierta obsolescencia, en especial para el rubro musical —nadie se toma el trabajo de descargar torrents cuando el repertorio musical disponible por streaming al alcance de un click es infinito. Si sumamos que la “urgencia” del problema se advierte recién una década después de existencia del problema —The Pirate Bay está online desde 2003— la solicitud se torna desconcertante. Si se quiere explicar el fenómeno hay que entender primero un precepto básico de la industria discográfica: siempre está al borde del abismo por culpa la “piratería”. Siempre. “La piratería acaba con la industria discográfica” titulaba El País en diciembre de… 1984.

Tomando como precedente lo establecido por el fallo de la Cámara en relación al caso Cuevana podía anticiparse un resultado acaso infructuoso para CAPIF: ante el riesgo de afectar derechos fundamentales de terceros la Cámara señaló el bloqueo total como excesivo y que, además, debía profundizarse en la clarificación sobre quién era sujeto responsable (usuario, sitio de enlaces, o sitio de alojamiento) para disponer de medidas judiciales fundamentadas. Si sumanos a esto que el juzgado donde tramitó el pedido —el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 64— es el mismo que condenó de un modo tan categórico el bloqueo indirecto a Clarín en un caso que involucraba el ejercicio de derechos sindicales, podría asumirse que las posibilidades de que el Dr. Gastón Polo Olivera ordenara bloquear un sitio web completo eran remotas… Grave error: parece que hay libertades de expresión y libertades de expresión, una cosa es Clarín y otra muy distinta “los piratas”.

El Juez tenía un par de cartas bajo la manga: para la libertad de expresión “chunks y metadatos”, y para la ausencia de un demandado… autosatisfacción.

De autosatisfactivas a onanistas

Ekstase, la escandalosa película de 1933 protagonizada por Hedy Lamarr se encuentra en Dominio Público. Figura en el catálogo de La Biblioteca de Babel: Ekstase.1933.DVDRip.XviD

De igual forma que en el sexo, la justicia necesita de dos para consumarse: sólo se alcanza el climax del conocimiento pleno de los hechos cuando un magistrado escucha las versiones contrapuestas de las dos partes en conflicto. Si solo hay una, nunca se llega a la verdad, no hay garantías de debido proceso y no hay justicia: se puede fantasear que se está teniendo sexo con alguien pero en realidad se trata de puro onanismo.

El 26 de junio de 2014 la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) notificó a todos los proveedores de internet de Argentina que debían bloquear por DNS thepiratebay.se y una docena más de dominios que le apuntaban, junto con un rango de 255 direcciones IP. La resolución se daba en cumplimiento de una medida autosatisfactiva dictada por el Dr. Gastón Polo Olivera en respuesta a la solicitud de CAPIF. Más de uno se habrá preguntado ¿Qué carajo son las “medidas autosatisfactivas”?

Las “autosatisfactivas” son una nueva especie de instrumento jurídico al que se acude para contrarrestar la creciente percepción de ineficacia del sistema judicial, en especial cuando se trata de situaciones de urgencia. Como aún ni figuran en el código de procedimientos, el juez ha tenido que dedicar varios párrafos de su fallo para explicar su pertinencia, recurriendo a bibliografía y congresos jurídicos. Se fundan en el derecho constitucional de los individuos a obtener una respuesta efectiva del sistema judicial en el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, que muchas veces quedan «insatisfechos» cuando el duro y largo trayecto del proceso judicial neutraliza lo dispuesto en el fallo final. Paradójicamente «el duro y largo trayecto del proceso judicial» es lo que permite llegar al conocimiento pleno de los hechos para que la justicia pueda actuar con… justicia.

En definitiva, se puede afirmar que cierta tendencia al sexo tántrico por parte del sistema judicial ha estimulado el morbo por un onanismo más expeditivo: no importa tanto acabar bien sino acabar rápido, aunque sea eyaculando precozmente. El juez resuelve en trámite urgente y sólo escuchando a una de las partes “inaudita et altera pars”. Se parecen a las tradicionales medidas cautelares que sirven exactamente para lo mismo (dar una respuesta efectiva antes de que sea demasiado tarde). Sin embargo, las cautelares son transitorias y están subordinadas a un proceso normal que culmina con un fallo luego de la correspondiente profundización de la verdad a través del debate de las partes. Las autosatisfactivas concluyen con la propia medida decidida por el juez —por eso el nombre— y no son ni transitorias ni están subordinadas a otro proceso.

Cuando se trata de la necesidad de continuar con la prestación de un servicio vital o de evitar frenos burócraticos a tratamientos médicos (el acceso a una prótesis en el momento oportuno), o resolver medidas administrativas que no admiten demora, según muchos juristas las «autosatisfactivas» son la mejor vía para resolver razonablemente esas demandas. Sin embargo, el obvio peligro de la autosatisfacción es la inconstitucionalidad: se le niega nada menos que el derecho de defensa a la parte que terminará siendo afectada por la medida y la justicia decidirá sin tener el pleno conocimiento necesario (al no haberla escuchado).

En el caso del bloqueo a The Pirate Bay la «autosatisfacción» implica dos cosas: El fallo no es transitorio, por lo tanto no existe un proceso que continue para profundizar en el pleno conocimiento del caso, y The Pirate Bay se ha quedado sin derecho a defensa, por lo que el juez nunca escuchará la otra versión de los hechos —y trantándose de un fallo con errores garrafales como confundir un sitio web con una red P2P o ignorar que The Pirate Bay hace años ya no administra ningún “tracker”— hubiera sido indispensable.

Pero antes de analizar la esperable ignorancia del juez sobre ciertos hechos que, lógicamente, la parte afectada estaría muy interesada en exponerle, no así la acusadora, hay al menos dos condicionamientos que limitan el ámbito de aplicación de las medidas autosatisfactivas, que en el caso del bloqueo a The Pirate Bay son de dudosa pertinencia.

Peligro no tan inminente y no tan peligroso

Concurrencia de una situación de urgencia: Como mencionamos más arriba, CAPIF demanda el bloqueo de un sitio web supuestamente dañoso para sus intereses solicitando una resolución excepcional motivada por la urgencia… aunque ocurre luego de más 10 años de existencia del mismo. Sumado a que existen infinidad de sitios semejantes a The Pirate Bay —donde en gran medida los usuarios anuncian la existencia de los mismos torrents— no resulta para nada verosímil suponer que el bloqueo a The Pirate Bay solucione alguna situación de supuesta urgencia. Por otro lado, tampoco queda acreditado el daño: CAPIF no presenta una sola prueba que demuestre perjuicio concreto alguno a sus intereses, más allá de conjeturas y especulaciones. El problema es que tales pruebas no existen: los especialistas ni siquiera se ponen de acuerdo en si el intercambio de archivos en internet constituye o no un daño para la industria o para los artistas. Si difícilmente puede probarse un daño ¿cuál es la urgencia? Sin certezas en el “Periculum in mora” no hay justificación para la autosatisfacción. Polo Olivera utiliza diecisiete veces la palabra urgencia para explicar qué son las medidas autosatisfactivas, una sola vez para exponer la urgencia del caso (pág. 32) como corolario de un par de párrafos tan abstractos como vagos. La demanda de CAPIF debería tramitarse en un proceso corriente. Lo cierto es que el trasfondo de la solicitud es de carácter puramente simbólico, CAPIF y sus amigos saben que el bloqueo es inocuo y que no hay nada «urgente» involucrado en este conflicto.

Fuerte probabilidad cercana a la certeza: A diferencia de las cautelares, las autosatisfactivas necesitan fundamentarse en algo más que verosimilitud por tratarse de medidas definitivas. En este caso, luego de citar a Laurence Lessig, Delia Lipszyc y Michel Onfray (le faltó acordarse de Francis Gurry) ni el propio juez pudo ponerse de acuerdo consigo mismo acerca de cuál es la naturaleza del derecho amenazado (pág. 27):

“Es un debate que luce interminable y que resultará útil para los académicos y los legisladores al momento de actualizar nuestra ya antigua ley 11.723, conforme la actual dinámica del comercio digital y el valor de acceso a contenidos”.

Interesante debate pero ¿dónde está la «fuerte probabilidad cercana a la certeza» que exige la medida autosatisfactiva? Si el abordaje legal en el que se sostiene el reclamo, según el propio juez, es materia de un debate que se debería solucionar por vía legislativa, ¿dónde está la «alta probabilidad» de que el planteo de CAPIF sea atendible? Conceder una tutela judicial a una situación aún no contemplada por la ley es claramente una medida delirante. Ya se ha repetido hasta el hartazgo: The Pirate Bay no aloja —ni copia o reproduce— ninguna obra musical, ni siquiera las enlaza. Ateniéndose a la ley vigente, la 11723, no encaja en ningún tipo legal. Entonces, para poder endilgarle algún tipo de responsabilidad concreta, Polo Olivera finalmente acude a la figura de «facilitador de la piratería». Ciertamente The Pirate Bay podría encajar en esa figura… el problema es que tal figura no existe en nuestra legislación: No solo no aparece en ninguna normativa sino que no tiene antecendentes jurisprudenciales, excepto por el caso Taringa, donde forzadamente se ha querido introducir el concepto adaptando la figura de «partícipe necesario» de nuestro Código Penal… claro que se trata de un juicio de resolución pendiente, pequeño detalle. En un juicio corriente donde existe debate y la parte afectada se encargará de contra-argumentar es entendible que se planteen interpretaciones forzadas novedosas a las leyes. ¿Cómo puede ser admisible que tales dudas se resuelvan en una medida autosatisfactiva?.

Para el juez Polo Olivera todo este cúmulo de ambigüedades —presentados sólo por la parte acusadora— configura algo lo suficientemente certero como para conceder una medida tan excepcional como el bloqueo a un sitio web completo —que la Relatoria para Libertad de Expresión de la propia CIDH sólo admite para casos graves como proteger a menores del abuso sexual— utilizando además una medida excepcional, “autosatisfactiva”, que niega el derecho a defensa del afectado.

La otra parte probablemente hubiera podido profundizar y aclarar en ciertos “detalles técnicos” que el juez decidió ignorar.

Los enlaces magnéticos

Los “magnets links” son identificadores que sirven para localizar un recurso por su nombre (y no por su localización) de igual forma que los ISBN son utilizados en los libros.

Un “magnet link” es una forma de identificar un contenido utilizando un hash, es decir, un número. Aunque se parecen a los enlaces, a diferencia de las URLs o “Uniform Resource Locators” (como las direcciones de los sitios web), los magnet links son URNs, o “Uniform Resource Names”, que se refieren a un objeto y no a una localización. Por lo tanto, no son diferentes al sistema ISBN que se utiliza para identificar unívocamente los libros. De hecho los ISBN (International Standard Book Number) son URNs.

El “magnet link” se diferencia de los clásicos archivos “.torrent” porque no contienen información sobre la ubicación de un contenido, sino simplemente un número que identifica unívocamente cierto archivo “.torrent” y nada más, exactamente como un número ISBN en relación a un libro. Nótese esta situación paradójica: si el día de mañana surgiera una red P2P que compartiese libros tomando como sistema de referencia el número ISBN en vez de un hash, siguiendo la jurisprudencia de este fallo contra The Pirate Bay, cualquier portal que publicara un catálogo de libros con su correspondiente ISBN se converitiría en un facilitador de violación de copyright y debería ser bloqueado. ¿Se entiende lo ridículo del asunto?

Puede decirse que antes The Pirate Bay era como el catálogo de una biblioteca cuyas fichas bibliográficas escritas por los usuarios indicaban la ubicación de los libros en los estantes (los contenidos compartidos por los usuarios) a través de los trackers (servidores que coordinan los enjambres de usuarios que comparten archivos) del propio The Pirate Bay. Sin embargo, en 2009 The Pirate Bay cerró sus trackers y en 2012 dio de baja casi todos los torrents publicados solicitando a sus usuarios el uso de magnet links, es decir que sólo coloquen los «números ISBN» y ninguna ubicación. Para encontrar el archivo “.torrent” y los contenidos, el usuario ahora debe utilizar sus propios recursos —provistos por su cliente torrent— que es un software que se ejecuta en su propia computadora. No debería ser un detalle menor para la Justicia que ni los “clientes torrent” que buscan y descargan, ni los “trackers” que coordinan, ni los “peers” que comparten, tienen relación alguna con The Pirate Bay.

Los “trackers” fantasma

Como nadie pidió la opinión de The Pirate Bay, Polo Olivera toma como válido lo establecido por un perito “experto” que (pág. 21): “Destacó que TPB cumple en su sitio dos funciones: a) almacenar y mantener un catálogo de archivos de metadatos (almacenamiento de archivos “torrent”), la segunda es la de funcionar como tracker”. Falso. Como mencionamos, desde 2009 The Pirate Bay dio de baja sus propios trackers de manera que quedó desvinculado de los enjambres de usuarios que comparten los archivos. Además, desde 2012 solo admite magnet links que refieren no a un contenido sino a un archivo .torrent, sin especificar su ubicación en la red. Desde entonces, sólo constituye un sitio de anuncios, no muy diferente de un foro.

Polo Olivera interpreta que los magnet links existen para “no dejar huellas incriminatorias”. Muy conveniente como argumento de parte pero la explicación de The Pirate Bay puede ser muy distinta: los enlaces magnet son tan “livianos” que todo el sitio de The Pirate Bay puede comprimirse en 90 MB, lo cual reduce enormemente costos operativos. La misma razón puede explicar el cierre de sus “trackers” en 2009. De paso, como cualquier empresa, reducir la exposición a riegos legales es una estrategia razonable. Pero claro, sin derecho a defensa, su versión de los hechos nunca será tomada en cuenta.

Chunks y metadatos

El momento culminante del fallo llega (pág. 33) con los “chunks”…

“Reconocer la protección de la garantía de la libertad de expresión al encumbrar al rango de información al régimen de intercambio de bytes del P2P, con su tráfico de chunks y metadatos entre usuarios y asistencia del tracker para la violación de derechos de autor, es denigrar uno de los más grandes logros del hombre libre enaltecido en condición de ciudadano desde el año 1789”

Asumir que la manera en que viaja la información es lo que determina el grado de protección que merece la libertad de expresarse por ese medio no podría deningrar más vergonzosamente uno de «los más grandes logros del hombre libre enaltecido en condición de ciudadano desde el año 1789»… que sigue vigente justamente porque el principio no discrimina cuáles son los medios utilizados para ejercer esa libertad. Si se tratara de la radio o TV en el momento de su aparición, ¿se justificaría la censura afirmando que sólo se trata de «emisiones de ondas hertzianas»? ¿Los diarios serían sólo tráfico «de papel, tinta y envoltorios», como en los accesos a la imprenta que bloqueaban los huelguistas?

Si un artista distribuye su música por una red P2P, ¿no merece ser protegido por las mismas garantías de libertad de expresión? ¿Acaso no vale para él igual protección contra las «restricciones indirectas» que la que vale para el diario Clarín? La afectación de los «chunks y metadatos» ¿no impedirían de manera indirecta la difusión de su obra? ¿Ya se olvidó el juez del fallo de la CIDH que citó sobre el bloqueo a Clarín? “La enunciación de medios restrictivos que hace el artículo 13.3 no es taxativa ni impide considerar cualesquiera otros medios o vías indirectas derivadas de nuevas tecnologías”.

Sin embargo, ni siquiera hay que entrar en este debate absurdo por la sencilla razón de que ningún «chunk o metadato» está siendo bloqueado: lo que ordena bloquear el fallo es un sitio web distinto de la red P2P donde se intercambian “chunks” o fragmentos de información. Es decir, en el sitio web de The Pirate Bay lo que hay son “expresiones” puras y duras: opiniones, comentarios, afirmaciones y todo que aquello que constituye la cuestión medular que debe protegerse para garantizar el ejercicio del derecho a la libre expresión. Además los usuarios publican ciertas cadenas alfanúmericas o archivos adjuntos que pueden ser utilizados por otros para enterarse de la existencia de ciertos contenidos en internet, que CAPIF no desea que se enteren.

Explain like I’m five

Ok. “Explain like I’m five”. Haremos el intento. Por ejemplo: en la página web a la que se accede por medio de esta url https://thepiratebay.se/torrent/6554331 se puede leer el siguiente texto:

Se trata de un texto publicado por un tal Greg Maxwell donde se hace mención a un archivo que contiene aproximadamente 3 Gigabytes de papers científicos de la revista “Philosophical Transactions of the Royal Society”. El texto de Greg Maxwell opinando sobre lo absurdo del sistema de distribución de publicaciones científicas es una expresión tan válida como la de cualquier periodista en Viva o Clarín y merece ser protegido de la censura tanto directa como indirecta. Y no es una excepción: cada página de The Pirate Bay tiene un texto que ha sido publicado por algún usuario.

Por lo tanto, niño de 5 años, primero debes diferenciar claramente dos cosas:

Un archivo de 3 Gigabytes que presumiblemente está siendo compartido en una red conformada por un enjambre de decenas o centenas de computadoras en internet.

Un texto de alrededor de 8000 caracteres publicado en una página web del sitio The Pirate Bay por el usuario “gmaxwell_” y de su autoría.

¿El fallo ordena bloquear el archivo de 3 GB que podría estar compartiéndose sin autorización? NO.

¿El fallo ordena bloquear el texto publicado por Greg Maxwell de su propia autoria? SI.

¿Querés que te haga un grafiquito?

Matando moscas con un bazooka

El comunicado de la CNC incluye la solicitud a los ISP de bloquear direcciones IP. La justicia parece que ha aprendido que bloquear dominios en internet es inútil. Los dominios son solo “alias” de la verdadera dirección: la dirección IP. Cualquier usuario que cambie el servidor DNS de su navegador por alguno ubicado en el extranjero (explicación sobre DNS para newbies aquí) seguirá accediendo al sitio sin problemas.

En un despliegue de aggiornamento en competencias tecnológicas la justicia comenzó a incluir los IP en sus resoluciones. Podría decirse que aprendió, pero no: bloquear IPs tiene efectos imprevisibles. Los IP no son exactamente como la dirección de un domicilio clausurado o un teléfono desconectado, detrás de cada IP puede haber un sitio… o miles. Hace unos años, la justicia argentina resolvió bloquear el sitio “LeakyMails” (que publicaba datos privados de varios políticos, empresarios, y jueces), alojado en la plataforma Blogger. No acudió a Google (dueño de Blogger) para solicitar la baja, directamente ordenó bloquear su dirección IP… miles de sitios alojados en Blogger, potencialmente millones, fueron bloqueados en el acto. Blogger aloja miles de blogs por cada IP, y por si fuera poco, los cambia dinámicamente para balancear la carga. Posiblemente el sitio a bloquear quedase desbloqueado mientras otros miles (que no tenían relación con el caso) sin acceso desde Argentina.

Si bien The Pirate Bay no está hospedado en un servidor junto con otros sitios —al contrario, tienen varios IP propios para balancear la enorme carga de visitas— tampoco hay garantías de que permanezca allí por mucho tiempo. Si The Pirate Bay cambia de hosting, cambiarán sus IPs. Y The Pirate Bay acostumbra cambiar IPs con cierta frecuencia. En ese caso, las 255 direcciones IP bloqueadas desde Argentina por el fallo de Polo Olivera (donde potencialmente se podrían alojar cientos de miles de sitios web y otros servicios) no quedarán sin utilizar. ¿Quién evitará que el bloqueo afecte a terceros cuando esto ocurra? ¿Quién pagará por el perjuicio que sufrirán esos sitios?

La Biblioteca de Babel

“La Biblioteca de Babel” es una metáfora perfecta que pensó Jorge Luis Borges sobre el sitio The Pirate Bay: una biblioteca infinita donde se puede acceder a todas las obras posibles. En realidad, Internet es lo que se parece a esa Biblioteca. Pero The Pirate Bay es el catálogo.

En las bibliotecas físicas se puede acceder a material con o sin copyright. En las bibliotecas de Internet sólo puede haber material en Dominio Público o deliberadamente autorizado. En efecto, así de mal están las cosas en la red: las librerías o las editoriales pueden mandar a cerrar bibliotecas. Muchos sitios en Internet se encargan de poner en sus estantes esas obras liberadas o en dominio público como Wikipedia (wikisource), Internet Archive, Proyecto Gutenberg, entre otros. Sin embargo, algunos pocos se animan a mantenerse fieles al auténtico juramento hipocrático de los bibliotecarios: el acceso y conservación de todas las obras, no sólo de aquellas en Dominio Público, y deciden compartirlas en redes P2P. Es normal que aquellos que se atrevan a poner en tensión los límites legales sean estigmatizados. Por eso, a los mejores bibliotecarios de la red se les suele llamar “piratas”.

En muchos países (como España) la jurisprudencia dice que compartir esas obras en redes P2P no es ilegal en la medida en que no se persiga finalidad de lucro. Un fallo de la Corte Suprema holandesa dice más o menos lo mismo. En otros países no es del todo legal poner a disposición las obras en redes P2P pero no es delito descargarlas. En Estados Unidos o Suecia existe la figura de «promover la piratería» aunque el sitio no aloje obras, por esa causa es que fueron condenados los responsables de The Pirate en Suecia y varias empresas que desarrollaban aplicaciones P2P tuvieron que cerrar en Estados Unidos. En otros países, los sitios que sólo indexan contenidos, como The Pirate Bay, pueden incluso tener finalidad de lucro en la medida en que no alojen las obras.

Con avances y retrocesos la legislación de diferentes lugares refleja la pugna de intereses entre lobbies que cabildean entre legisladores —y adoctrinan jueces— y aquellos que defienden el difuso interés colectivo en mantener la biblioteca. Pero hay una cuestión no debe perderse de vista: cuando cierta actividad es ilegal y a la vez socialmente aceptada y practicada masivamente, hay dos caminos: o se actúa contra todos los infractores —como ocurre (en el orden de las faltas) con el uso del cinturón de seguridad o del casco— o se busca la derogación de la norma porque se reconoce que la ley ha caído en desuso en tanto que nadie la respeta y nadie es castigado. Lo que es inadmisible es la arbitrariedad. Cuando se actúa contra unos pocos y no contra todos se vulnera un principio básico del estado de derecho llamado la igualdad ante la ley. Es decir, todos somos The Pirate Bay en la medida de que todos copiamos sin permiso: un CD de un amigo, un apunte de la facultad, una película en Cuevana ¿Quién puede arrojar la primera piedra?. Les presento al mejor buscador de torrents del mundo (que no está bloqueado):

Caspar Rudolf von Ihering fue un jurista alemán que vivió en el S. XIX, autor eminente de la sociología del Derecho. Para Ihering el Derecho es el resultado de la interrelación de los individuos en una sociedad que está sometida al cambio por la continua lucha de los sujetos por defender sus intereses. La voluntad de «los individuos que luchan» es lo que hace cambiar y evolucionar al Derecho. Una de sus citas más famosas dice: “todo derecho, tanto el de un pueblo como el de un individuo, se fundamenta en la permanente disposición a afirmarlo”. Bibliotecarios —también llamados “piratas”— sigan afirmando su derecho, sigan accediendo a The Pirate Bay, sigan compartiendo en Redes P2P.

Nuestra disposición permanente a afirmar nuestro derecho a acceder y compartir es lo que tarde o temprano provocará los cambios.