El Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, tiene la función de atender las quejas de todas las personas que se encuentran desprotegidas ante la actuación, o falta de actuación, de las administraciones. Tras casi una década de la aprobación de la ley de memoria histórica, hemos querido aprofundir en si se está cumpliendo adecuadamente y cuál es -pues- la intensidad de democracia que tenemos hoy en día en España.

-A casi diez años de la aprobación de la ley de memoria histórica, ¿en qué situación estamos y cuál es la asignatura pendiente más importante que debemos afrontar para avanzar en este ámbito?

La aprobación de la ley nos ha hecho avanzar, pues marca un pequeño punto de inflexión al iniciar una fase organizativa que permite acoger bajo un paraguas legal a todos aquellos que hace tiempo que reivindican la recuperación de la memoria. Hace diez años que han podido hacerlo a través de los vehículos que la ley articulaba y los mandatos que establecía: la ley de memoria histórica da un nuevo instrumento a los sectores de población más concienciada, aunque sólo han podido utilizar una parte proporcionalmente pequeña para lo mucho que significa el tema.

-¿Por qué?

España debe ser la única democracia del mundo desarrollado que no ha hecho cuentas con la memoria histórica. En Alemania, Italia, Chile o Argentina -países donde también ha habido dictaduras- se han llevado a cabo iniciativas que han hecho avanzar muchísimo la recuperación de la memoria. Aquí vamos muy atrasados, y hay temas que ni siquiera hemos iniciado.

-¿Fue la ley de amnistía de 1977 la primera culpable de esta falta de memoria?

Existe la confusión entre la amnistía y el hecho de que no se pueda saber la verdad. Hoy en día, hay torturadores y gente que llevó a cabo actividades criminales en el régimen anterior que no han sido en absoluto interpelados; no ha habido ningún tipo de decisión sobre estas materias. Por otro lado, la ley de la memoria histórica se ve algo entorpecida en cosas tan significativas como la simbología de los monumentos: aunque Cataluña es la zona del estado donde se ha ido más lejos en este sentido, aún quedan cosas inentendibles.

-¿Siempre se ha tratado de madurar democráticamente, más allá de la rendición de cuentas?

Nunca nadie ha acudido a esta institución con argumentos de venganza o represalia. Sí con un argumento sencillo, que es transparencia y acceso a la información. Y lo que no puede ser es que una ley que en su día tuvo un efecto balsámico para que nadie pensara que entrábamos en una fase de unos contra los otros y porque se creía que era una ley para que salieran los presos políticos de las prisiones -cuando en realidad sirvió para evitar la persecución judicial de los autores de la dictadura y toda su criminología- sea obstáculo para que busquemos medios que nos permitan saber la verdad. Lo han hecho todas las democracias, excepto nosotros.

– ¿Se hizo mal, entonces, el proceso de transición?

La Transición tiene muchos más elementos. Como Síndic, no puedo opinar sobre hechos históricos en cuanto a su balance, pero sí en cuanto a la afectación de derechos: en el caso de la ley de amnistía, es evidente que no puede ser utilizada para impedir el derecho a conocer la verdad. Aunque calificar la transición es tarea de los historiadores o el debate político parlamentario, vuelvo a insistir en que la ley de memoria histórica -que es un paso positivo hacia delante- puede ayudar a conocer la verdad. Yo, por ejemplo, hago la pedagogía de hablar poco o nada de guerra civil y -en cambio- hablo de sublevación militar: recuperar la verdad es decir que en el año 1936 hubo una sublevación militar contra un orden constitucional establecido y democrático.

-En lo que se refiere a la simbología franquista repartida por el país, en Cataluña ha sido muy popular el caso del monumento conmemorativo a la batalla del Ebro en Tortosa. Mediante referéndum, el 68’36% de los votantes apostaron por mantenerlo…

Sí, pero yo creo en la vía judicial, como ha sucedido ahora en Tortosa. Desde fuera de Cataluña, y después de estos resultados, ha habido quien ha presentado una demanda por incumplimiento de la ley de memoria histórica. Pero no deberíamos esperar a las demandas judiciales, sino que debería existir una conciencia democrática que llevara a erradicar toda simbología de la dictadura. En su día, a partir de las demandas de la gente que nos planteó el caso, nosotros instamos a cumplir con la ley de memoria histórica y pedimos que se retirara el monumento franquista.

-¿Tuvo razón de ser, pues, la consulta popular?

¿Alguien puede imaginarse un referéndum sobre el código de derechos humanos de las Naciones Unidas? ¿Hay que hacer un referéndum sobre si debemos o no contribuir a la búsqueda de las fosas, la identificación de los que permanecen enterrados o el análisis de documentos utilizados en consejos de guerra para fusilar gente? Esto no se puede someter a referéndum, es de justicia universal.

– De la transición, salió reforzada la monarquía española. ¿Sería conveniente para la democracia realizar un referéndum para decidir mantenerla o no?

No me corresponde decidir eso, pero cualquier decisión política pública puede ser objeto de consulta. El debate jurídico técnico no puede tapar la reivindicación, debe existir pero también permitir el avance político y democrático: no ha habido un solo derecho en la historia que no haya avanzado más allá de la realidad. Las mujeres, ¿desde cuándo pueden votar? Si nos quedamos donde estamos, los derechos no avanzan.

-Recientemente, el Síndic ha instado a la Generalitat a que agilize la actualización del censo de símbolos franquistas. ¿Porqué es tan necesario?

Somos conscientes de que hay que revisar el catálogo por las quejas que hemos recibido a partir de la polémica de Tortosa y pedimos que se lleve a cabo porque daría más valor a la reivindicación: hay que hacerlo, aunque sabemos que es un esfuerzo y cuesta dinero, porque nos hemos llegado a encontrar con poblaciones que no sabían si un monumento podía considerar-se o no de simbología franquista. A veces, nos hemos encontrado con la paradoja de que existen monumentos de simbología franquista que han sido catalogados como bienes culturales: si un ayuntamiento cataloga como bien cultural algo que representa simbología franquista está incumpliendo la ley. Y la ley es categórica: las autoridades están obligadas a retirar toda la simbología franquista.

– ¿Debería el Síndic perseguir a estos Ayuntamientos?

Nosotros recomendamos -sea porque nos lo pide alguien o porque lo vemos nosotros, pese a quien pese-, pero no perseguimos. En este caso, no somos quién para decir si un monumento es franquista o no, nos basamos en un catálogo y por eso hemos pedido al Memorial Democràtico que lo actualice. La Generalitat debe impulsarlo y financiarlo y la intención es hacerlo.

-En Cataluña, pues, ¿quedan todavía muchos símbolos franquistas?

Quien ha ido más lejos es Cataluña, y a bastante distancia. En el tejado de la Universidad laboral de Gijón, por ejemplo, hay una águila franquista inmensa junto a una sala donde se exponen pinturas en que se representa al llamado ‘bando nacional’ en forma de ángeles que batallan contra demonios, los republicanos.

-¿Realmente el Síndic recibe tantas quejas y peticiones respecto a la memoria històrica como, en ocasiones, parece en los medios?

No. Se ha amplificado mucho el tema del referéndum en Tortosa, la supuesta contradicción entre no dejar que el pueblo se exprese en una sociedad en que parece que hay un 70 u 80% de la gente a favor de un referéndum de autodeterminación o encaje en España. Pero aquí se mezclan dos cosas absolutamente diferentes, la comparación no se sostiene.

Aún así, aquí aún llega gente que nos pide que le ayudemos a saber donde desapareció su pariente, los motivos por los que fue fusilado y donde está enterrado. Y hay gente que está trabajando mucho al respecto, promoviendo iniciativas tan importantes como el banco de ADN (sin una referencia de ADN, a medida que desaparezca la gente cercana a los represaliados se hará imposible la identificación).

-¿La población està al corriente de sus derechos en este sentido?

Hay información, pero aún es insuficiente: la ley de protección de datos, por ejemplo, es una barrera que nos impide cumplir nuestro objetivo. No soy partidario de transgredir nada, pero al mismo tiempo creo que se puede conciliar con el trabajo por la memoria histórica. Sin embargo, en ocasiones, ha habido demasiada pasividad con este tipo de argumentos. Por otro lado, cada vez se pueden consultar más documentos, pero -por ejemplo- los archivos de los consejos de guerra todavía no son lo suficientemente accesibles.

– ¿Porqué cuesta tanto llegar al fondo de cuestiones relacionadas con la memoria histórica? ¿Cuáles son las principales dificultades a la hora de investigar?

No es que exista un bando o un partido que se oponga, sino que hay ciertos valores y una huella cultural que afectan a muchas interpretaciones. Lo que llamamos franquismo no se acaba con la muerte del dictador -que, además, murió en la cama-, sino que su huella cultural está presente en reacciones que encuentras en algunos sectores de la población aún motivados por miedos o en las insuficiencias de cultura democrática de algunos cargos públicos que todavía están muy impregnados de autoritarismo. Seguramente también ha faltado más decisión política e institucional para dotar de instrumentos con los que recuperar esta memoria: programas en las escuelas, actuaciones de los medios de comunicación o cosas concretas como la erradicación de la simbología y la ayuda a personas que todavía tienen parientes cercanos desaparecidos. Son cosas elementales, bien palpables.

-¿Vivimos en una democracia de baja intensidad?

Pablo De Greiff, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición, nos menciona en un informe categórico: España no ha rendido cuentas con su memoria histórica, ni para averiguar la verdad ni para poner los medios con tal de que no se repita. Aún así, todas las democracias son de intensidad baja o media; ninguna es de alta intensidad. La nuestra, en algunos aspectos está bastante desenvolupada -hay muchos ámbitos que afectan al ejercicio de los derechos que están muy consolidados- y, en otros, muy atrasada (por ejemplo, si hablamos del respeto colectivo o el diálogo por la pluralidad). Y es que las democracias siempre han de ser objeto de balance, su horizonte es inasumible.

-Usted ha manifestado que le preocupa más que afloren valores franquistas en fenómenos actuales que lo que pasó en el 36, el 39, el 75 o el 77.

Sí. Cuando el fiscal de la Audiencia Nacional hace una circular apelando a un artículo en el código penal de 1973 -época franquista- sobre el delito de sedición o un concejal de Vic está imputado en la audiencia nacional y se le piden de 10 a 15 años por haber dicho en catalán que ‘para hacer una tortilla, hay que romper los huevos’ (justificando la moción de desobediencia al tribunal Constitucional), hablamos de franquismo puro.

– El Síndic también ha investigado la presunta mala praxis por parte del ministro del Interior,Jorge Fernández Díaz, y del exdirector de Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Algunos han catalogado la actitud de ambos como un resquicio del pasado…

Que Jorge Fernández Díaz siga siendo ministro de interior es una expresión de lo que nos queda de franquismo. En cualquier democracia madura, un ministro de Interior, el responsable del monopolio de la fuerza -que admitimos que sólo la puede ejercer el estado en nombre de la democracia y se la encargamos a este ministerio- atenta contra las bases más profundas del estado de derecho si manipula las instituciones del estado para fabricar pruebas con tal de destruir adversarios políticos. Por otro lado, ha habido ministros de interior que han tenido actitudes muy democráticas: Antonio Asunción, por ejemplo, dimitió por cosas con las que no estaba de acuerdo.

– Respecto a la tan nombrada catalanofobia. Si existe, ¿cómo de conectada está con el franquismo?

Existe un discurso del odio que hemos llevado a la fiscalía y forma parte de la huella franquista, incluso anterior. Un ejemplo son los comentarios en las redes contra catalanes después del accidente de Germanwings. Cuando hay violencia, discurso del odio, debe ser estudiado por el Consejo de Europa y ha de erradicarse con pedagogía pero también con seguimiento. Y así como en su día detuvieron a un chico de 14 años por enviar un correo electrónico criticando que no se etiquetaran los productos en catalán en una actuación totalmente desproporcionada (se lo llevaron de noche a la audiencia nacional de Madrid); no ha habido una sola detención por el discurso del odio a la catalanofobia. Es una expresión de un absoluto desequilibrio y falta de cumplimiento de los mandatos democráticos con los que se deberían dar garantías de que no haya repetición de fenómenos violentos a partir de esta alimentación del odio. Otro ejemplo: a siete días de las elecciones del 2012, un diario publicó un informe falso de la unidad fiscal de la policía nacional diciendo que Artur Mas tenía cuentas en Suiza con dinero sucio. En el momento más sagrado de la democracia, es un delito influenciar sobre el voto manipulando información y no se ha perseguido a nadie, ni tampoco nadie se ha responsabilizado. Es paradójico que cuando sucede en este terreno -también con lo que ahora se ha dicho de la Operación Cataluña- no haya ninguna responsabilidad. ¿La solución? Combate fiscal frontal, responsabilidad para quien esté manipulando los aparatos del estado -en este caso- para evitar una corriente y aspiración absolutamente democrática en una sociedad en que no se ha disparado un tiro para defenderla.

– La defensa de los derechos lingüísticos, ¿es una manera de avanzar en este sentido?

Formo parte de la asociación mundial de comisarios de lengua y debemos aprender mucho de Canadá, Suiza o Finlandia. Aún así, la queja lingüística llega poquísimo porque tenemos una sociedad que -como dice el consejero de Europa- es modelo de convivencia lingüística aunque es necesario que el catalán tenga un reconocimiento más pleno.

-Uno de los problemas que las Naciones Unidas detectó en España es la poca formación de policías, militares y jueces respecto a la memoria histórica. ¿Está de acuerdo el Síndic?

Justamente, la ventaja de la democracia es que cuentan las posiciones de cada persona a partir del ejercicio de los derechos. Es evidente que en el mundo judicial existe un tipo de corporativismo diferente al de las fuerzas de orden público, pero yo lo analizaría cuerpo por cuerpo y caso por caso.

– ¿Son los cuerpos de seguridad actuales, pues, herencia del pasado?

Me negaría a catalogar como franquistas las actuaciones de los cuerpos de seguridad porque -entre otras cosas- las podemos perseguir. Esto es una diferencia fundamental respecto a la época franquista: que el Síndic denuncie que ha habido un uso desproporcionado de la fuerza y aporte informes al respecto, sería imposible bajo huella franquista. Evidentemente, puede existir después la reacción de un consejero como Felip Puig diciendo que lo que dice el Síndic está fuera de lugar; pero esto lo único que demuestra es que puede haber una actividad excesiva y desproporcionada del monopolio de la fuerza. Y a la inversa, el Síndic también dijo que debía perseguir penalmente a los manifestantes que agredieron diputados a la entrada del parlamento. Además, recomendamos a la policía que crease unidades de mediación y se hizo. Es un paso adelante y ahora estamos pidiendo un debate sobre el modelo de seguridad (con el tema de las pistolas de goma o las pistolas eléctricas). Se trata de hablar sobre qué instrumentos damos a la gente que debe garantizarla.

-Respecto a las garantías para que no se repitan determinados hechos y conductas, el Síndic solicita políticas pedagógicas. ¿Qué importancia tiene que las nuevas generaciones mantengan la memoria histórica?

Es una de las consecuencias más graves de no haber recuperado la memoria histórica. Cuando una persona pierde la memoria queda absolutamente inutilizada y con un país pasa lo mismo. No hemos hecho lo suficiente por recuperar la memoria histórica y eso redunda en la gente joven: en la escuela se habla del franquismo pero -por ejemplo- no se explica que aún no se ha podido revisar y anular el juicio contra el presidente de Cataluña Lluís Companys. Un país que vio como la Gestapo entregaba a un presidente institucional y democrático a la dictadura y en 15 días se le torturaba, juzgaba y fusilaba por el delito de ser presidente de Cataluña, es seguramente testigo del crimen antidemocrático más grande que te puedas imaginar. Debe ser conocido por toda la población.

-A día de hoy, existe un cierto auge de las extremas derechas en Europa. En España, ¿corremos este peligro?

En Cataluña, hubo un intento con el partido Plataforma por Cataluña y -de hecho- llegó a obtener resultados significativos. Aunque ahora su movimiento es muy reducido, no estamos vacunados contra esto. En el 2010, todos los síndicos de Europa nos reunimos en Barcelona y discutimos sobre el fenómeno migratorio: una de las conclusiones fue alertar de la xenofobia. Al presentarla a la prensa, un periodista dijo al síndico de Suecia que exageraba, que no se podia hablar de xenofobia en escandinavia. Después, en Noruega se asesinó a unas 90 personas por motivos xenófobos, en Finlandia salió un partido xenófobo llamado ‘Finlandia primero’ y en Dinamarca y Suecia partidos con estos planteamientos condicionan mayorías. En Austria, habrá que esperar a la repetición de elecciones para ver si gobierna la extrema derecha. Aquí puede parecer que no tenemos, o que si los tenemos están metidos dentro de las formaciones: la fundación Francisco Franco existe y está financiada con dinero público.

–En un momento en que debemos afrontar una de las crisis humanitarias más graves desde la segunda guerra mundial con la integración de los refugiados, ¿cómo luchamos contra esto?

Somos una sociedad con gran sentido democrático y de acogida. Del 2000 al 2010, Cataluña es el territorio de toda Europa que recibe más inmigración: pasó de 6 a casi 8 millones de habitantes con una rapidez tremenda. Aún así, existen barrios formados por corrientes migratorias donde hoy se encuentran expresiones de un cierto rechazo a la inmigración nueva. Esto es super humano si no hay pedagogía y educación, aunque en Cataluña existe una disposición muy favorable a la acogida. El problema es que la UE está fallando estrepitosamente y nosotros también formamos parte: se han acordado unos porcentajes y volúmenes de acogida y no hemos asumido ni el 7%. Nuestra política migratoria hace que Merkel aparezca como la más progresista de Europa.

-Recientemente, Interior ha impedido al Ayuntamiento de Barcelona inspeccionar el CIE reabierto en la Zona Franca. ¿Cómo califica el Síndic este tipo de decisiones?

Hacia semanas que habíamos pedido al Ayuntamiento de Barcelona que revisara la licencia urbanística, de actividades, etc. y hace semanas que habíamos pedido a la Generalitat que mirase las condiciones de sanidad, asistencia jurídica o de traducción para que no se repitan las condiciones anteriores. También hemos preguntado al Tribunal Superior de Justicia hasta qué punto la interlocución que hicieron los magistrados que vigilaban el CIE se ha cumplido o no y hemos pedido al consejo de Europa que analice si deberían existir o no. Y es que más allá de estos aspectos, no tiene sentido poner en una prisión a personas que no han cometido ningún delito y -en ocasiones- mezcladas con personas que sí están condenadas.