Los venezolanos, sumergidos en problemas económicos y políticos, también deben enfrentar a diario los conflictos sociales que terminan, casi siempre, degenerando en pequeñas protestas; muchas de ellas protagonizadas por ciudadanos que demandan agua a la estatal Hidrocapital, encargada de su suministro en el país.

Esta situación, que no distingue clases sociales, lleva a algunos a tener que buscar agua en cuencas y a otros pocos a pagar camiones cisternas, cuyo precio ronda los 30 millones de bolívares, casi doce veces más de lo que equivale el sueldo mínimo, 2.555.500 bolívares.

En el caso de Daniela de Oviedo, una maquilladora de 26 años y habitante de una zona de clase media en Caracas, la falta de agua por días en su hogar ha hecho que tenga que trasladarse a casa de sus padres o suegros para poder lavar su ropa o para «simplemente» ducharse.

La joven, que en declaraciones a Efe describió esta situación como una «miseria», también se quejó de que «como la mayoría» sus suegros también tienen problemas con el agua.

Y así en comunidades como Petare, el barrio más grande de Latinoamérica, los habitantes también pueden pasar meses sin agua, según han denunciado ellos mismos en distintas protestas y diputados opositores como Miguel Pizarro.

Aunque en el país se han presentado problemas por agua en otras épocas, las personas no pasaban semanas sin el servicio que ahora se ve sumergido en una crisis, según dijo a Efe el presidente de la Comisión de Ambiente del Parlamento venezolano, el opositor Luis Parra.

«No hay una política de reforestación de nuestras cuencas hidrográficas, de los parque nacionales de los cuales se provee más del 80 % del recurso agua en el país», indicó.



Parra aseguró que las «plantas potabilizadoras de agua están en su mayoría desmanteladas por falta de inversión», y este es un recurso que necesita ser «procesado» como lo establece la ley.

Además hay «falta de mantenimiento, falta de una política de reinversión en la ingeniera, pero también falta de un manejo adecuado por (parte) del personal», agregó.

En este último punto coincide un expresidente de Hidrocapital, José María de Viana, que asegura que hay un «deterioro progresivo» en los sistemas de agua por «falta de reparación y de mantenimiento preventivo», pues según dice, están siendo operados por personal que no está capacitado.

Efe intentó sin éxito entrevistar al ministro de Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velásquez, para obtener información acerca del problema y del «plan de aguas 2018» anunciado en la página web del Ministerio y para el que se han aprobado 2,8 billones de bolívares para 220 obras en todo el país.

El Gobierno venezolano ha achacado la situación a supuestos «sabotajes» o roturas de tuberías por la «presión» del agua y, en casos como el del occidental estado Mérida se ha intervenido a la hidrológica encargada del suministro luego de responsabilizar al gobernador de esa región, el opositor Ramón Guevara, de sabotear el sistema.

La Administración de Nicolás Maduro también ha anunciado la adquisición de equipos como plantas de bombeo y desalinizadoras para proporcionar el servicio adecuadamente a la población, pero de estas últimas son «muy pocas» las que están en operación, dijo a Efe De Viana.

Desde la Comisión de Ambiente del Parlamento se ha criticado esta supuesta inversión, pues «no se ve reflejada» en la realidad pues ahora hay «menos suministro de agua».

Asimismo, todos los expertos consultados por Efe coincidieron en que no se puede achacar este problema a una sequía porque 2017 fue un año lluvioso y Venezuela, con 916.445 kilómetros cuadrados, cuenta con 108 embalses.

Mientras tanto, los venezolanos que pueden hacerlo, instalan tanques de agua en sus hogares para hacer frente la falta del líquido y los de estratos más bajos esperan la lluvia para recogerlo, en cualquier caso, los grifos no responden en urbanizaciones y tampoco en barrios.]]>