Los feminicidios están a la alza. Pero, aunque pocas respuestas tenemos de las autoridades sobre cada uno de estos casos que, normalmente, quedan en absoluta impunidad, lo que sí inferimos es que tienen antecedentes.

Esta semana fue doloroso conocer el caso de una mujer que había denunciado a su pareja más de una vez antes de que se consumara su asesinato. Pero que ante la falta de “evidencia”, su asesino salió libre. Que a pesar de las amenazas a ella y a su familia, de cualquier forma sucedió lo lamentable.

¿Qué es lo que tiene que pasar para que nos anticipemos? Porque la indignación se hace insuficiente y las reacciones parecen no ofrecer soluciones específicas para cada uno de estos delitos. No por nada, Nuevo León ocupa uno de los primeros lugares en asesinatos de mujeres, porque son mujeres. En este año ocupamos el no presumible tercer lugar.

Pero a la alza también la violencia intrafamiliar, con 9 mil 58 indagatorias que nos ubica en el segundo lugar nacional.

Lo primero que nos piden es que denunciemos. Pero, la constante para muchas mujeres se convierte en el peor de los círculos. Si no se denuncia, no se investiga y, por tanto, es más difícil que se imparta justicia. Pero si se hace, tal parece que se lanza al desamparo de un sistema judicial que tampoco vigila los protocolos, implementa los programas o provee las herramientas que provean la seguridad de las víctimas, quedando entonces a merced no sólo del escrutinio de amigos o familiares, sino de las amenazas.

Estamos al borde de una parálisis si llevamos a cabo acciones estrategias que se alejen del “institucionalismo” y la burocracia o de supuestos presupuestos que jamás se ejercen. Estamos ante una crisis que podría generar nuevas rutas e ideas que no sólo recaigan en la parte gubernamental, sino que implique una amplia colaboración entre el sector privado y la sociedad civi.

No podemos permitir que tanta impunidad nos ahogue en falta de creatividad para darle salida a estas cifras (que no son cifras, que en realidad son familias y comunidades enteras que se ven afectadas por cada mujer violentada y asesinada), pero más a anticiparnos a que se llegue a estos extremos.

Si hay señales, hay que denunciarlo. Si hay amenazas, hay que comunicarlo al menos a nuestro círculo cercano. Pero que no se quede ninguna de nosotras en el silencio absoluto. Hoy, estamos ante la oportunidad de extender redes de apoyo y exigir a las autoridades del Estado que hagan lo que les toca.

La vinculación y la cooperación puede convertir a la denuncia “informal” o “formal” la primera puerta a la información que derive en antecedentes para tomar decisiones en las diferentes responsabilidades. Para abrir los datos a los mapas de riesgos. Para que esa información nos permita trabajar en marcos jurídicos no convencionales ni tradicionales. Pero, ante todo, para hacer visible a una sociedad que sigue sin creernos que el problema es público y es grave.

Porque, si bien es cierto que algunos de estos delitos se consuman, también lo es que mientras más hacemos rutas críticas de colaboración, también se evitan. Romper el círculo de la violencia es tarea de todos y todas. Quizá sea la deuda más importante de la última década en el país. Crear un futuro no en el que vamos a saber qué hacer con los delincuentes porque para eso la Ley es muy clara, sino cómo vamos a actuar para que ninguna mujer esté en riesgo. Que ante las primeras advertencias y señales, reaccionemos. No cuando sea demasiado tarde.

Veamos esto con indignación, pero también como reto a nuestras capacidades (sí, las nuestras, porque las instituciones están rebasadas). Por ahí, podríamos saber que ninguna de esos asesinatos tendría que ser “en vano”.