Pese a la bronca mediática, las protestas y el rechazo general de organismos nacionales e internacionales, el Gobierno de México, en manos del PRI, ha sacado adelante la Ley de Seguridad Interior. En la práctica, la norma perpetúa el uso policial de las Fuerzas Armadas. Lo que empezó como una excepción hace 11 años, el apoyo militar en tareas de seguridad pública, alcanza ahora rango de ley. El PRI, el Partido Verde y algunos dirigentes díscolos del derechista Acción Nacional, PAN, se han unido para pasar la ley en el Senado. Ahora, la norma vuelve al Congreso, donde está previsto que los diputados la ratifiquen este viernes.
Desde diciembre de 2006, las Fuerzas Armadas sustituyen a cuerpos policiales en cientos de municipios de todo México. Fue una de las primeras decisiones que tomó el expresidente Felipe Calderón, del PAN, al iniciar su mandato. Calderón mandó al Ejército a Michoacán, Estado que sufría entonces los embates de varias organizaciones criminales. Luego llegaron Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero o Chihuahua.
Tanto el Ejército como la Armada asumen desde entonces el trabajo de policías incapaces o corruptas. La ley, dicen sus defensores, les da ahora un marco jurídico para que actúen. El problema, dicen sus detractores, es que es vaga, ambigua, carece de un plan para fortalecer a las policías y no prevé el retorno de los militares a los cuarteles.
En estos años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, ha recibido miles de denuncias por abusos de militares y marinos. En 197 ocasiones, el ombudsman ha señalado torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, según la cuenta de la organización Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos.
La semana pasada, por ejemplo, la comisión divulgaba un informe sobre el caso de dos jóvenes, torturados y asesinados por militares en el Estado de Jalisco, en 2016. "Cuando el Ejército se ha desplegado en un municipio en operativo", explicaba esta semana el académico Alejandro Madrazo, "los homicidios aumentan un 9%".
La ONU, la OEA y la propia comisión han unido fuerzas estos días, con la intención de retrasar la aprobación de la ley. Este jueves, en un hecho sin precedentes, siete relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas divulgaron una carta de rechazo a la normativa: "Nos preocupa que otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles".
También las universidades más importantes del país la rechazan, caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara o la Universidad Iberoamericana. El miércoles, en un comunicado firmado por los rectores de los tres centros, se leía: "Esta ley debe discutirse en un contexto más amplio, que permita revisar la política de seguridad del Estado Mexicano en su conjunto, evaluando el desempeño de las autoridades civiles, las cuales por mandato constitucional son las responsables de la seguridad pública".
Críticas y ambigüedades
La ley prevé que el Gobierno federal expida una "declaratoria de protección a la seguridad interior" ante una amenaza, en cualquiera de los estados del país. El Ejecutivo puede hacerlo por iniciativa propia o a petición de los gobiernos estatales. Una ola de asesinatos, por ejemplo, o de secuestros.
En la práctica, eso ya ocurre, militares y marinos patrullan por medio país. El problema, de nuevo, es que la ley no plantea la vuelta de los militares a sus bases, o controles para verificar si se respetan los derechos humanos.
El repudio continuado a la ley ha provocado que los legisladores modifiquen ligeramente alguno de sus artículos. Es el caso del que se refiere a las protestas sociales. Uno de los miedos de los opositores es que el Gobierno use ahora al Ejército para controlar manifestaciones o marchas políticas. En las últimas versiones del texto se dice que eso no podría ocurrir: "Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior".
Pero no les convence. Son cambios estéticos, dice. La palabra "pacíficamente" puede ser interpretada de cualquier manera y queda al amparo de la voluntad de los militares.
Otro de los puntos criticados es el artículo seis, que faculta a las fuerzas federales a implementar "sin necesidad de Declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos". De nuevo, la ambigüedad, ¿qué tipo de programas, de acciones? ¿Qué significa identificar, prevenir y atender los riesgos?
Con 262 votos a favor, 25 en contra y 0 abstenciones, la  aprobó en lo general y particular la polémica , por lo que pasa al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor. La aprobación llegó en medio de protestas y rechazo general por parte de organizaciones nacionales e internacionales.

'''' detalla que, en la práctica, la legislación "perpetúa el uso policial de las ". La ley logró pasar tanto la Cámara de Diputados, como el  gracias al apoyo que le dieron los legisladores del gobernante  (PRI), y los del  (PVEM) y algunos del derechista  (PAN). En su contra votaron los izquierdistas  (Morena) y .

Los opositores a la ley afirman que acudirán a la  para impugnarla. "Es una constante violación a los ", declaró , diputada de Morena, y agregó que aunque inicialmente consideraron no votar para no hacer , el respaldo de 11 diputados panistas y dos del  (PES) a la ley, con lo que sumaron 262 apoyos, les obligó a emitir su voto "para que quedara constancia del rechazo".

Esta misma mañana, la ley había sido aprobada por el Senado tras una sesión de 15 horas. Desde diciembre de 2006, durante los inicios de la presidencia del panista , las Fuerzas Armadas sustituyeron a las policías locales en cientos de municipios del país. El  llegó a , estado . Posteriormente, se envió a , ,  y . Desde entonces, el Ejército y la  cumplen el trabajo de las policías incapaces o corruptas.

=== Fuerzas Armadas ===
Quienes defienden la ley afirman que se trata de un marco jurídico para la actuación castrense. Sus detractores la califican de vaga, ambigua y de carecer de un plan para fortalecer los cuerpos policiales. Dentro de las modificaciones planteadas en el Congreso, se estableció un artículo transitorio que señala que, 180 días después de su entrada en vigor, las autoridades (gobernadores y presidentes municipales) de los lugares en donde las Fuerzas Armadas cumplan labores de seguridad, deben presentar un plan con plazos, acciones y presupuestos para fortalecer las policías locales.

La ley establece que el Consejo de Seguridad Nacional será el encargado de determinar la procedencia de intervención federal en estados y municipios. Dentro de las 72 horas siguientes, debe dar una "Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior". Asimismo, el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas para aquellos casos que supongan un peligro grave para la integridad de las personas o el funcionamiento institucional. Por otra parte, la presencia de las fuerzas no podrá exceder el año. Sin embargo, el mandatario podrá prorrogar el plazo en caso de persistencia de la amenaza a la seguridad interior.

=== Críticas ===

 (ONU), la  (OEA) y la  (CNDH) se han unido en sus críticas a la legislación. Este jueves (14 de diciembre), siete relatores y grupos de trabajo de la ONU enviaron una carta asegurando que "Nos preocupa que otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles".

A esas organizaciones se han sumado instituciones educativas, como la  (UNAM), la  (UdeG) y la Universidad Iberoamericana. "Esta ley debe discutirse en un contexto más amplio, que permita revisar la política de seguridad del Estado Mexicano en su conjunto, evaluando el desempeño de las autoridades civiles, las cuales por mandato constitucional son las responsables de la seguridad pública", señalaron en un comunicado los rectores de las tres universidades.

Tanto la ONU, como la  (CIDH) alertaron que la ley "contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos, y no aportaría soluciones reales al problema de seguridad del país", informó ''''. Junto con ciudadanos, ambas organizaciones habían rechazado la legislación y solicitado a los legisladores se realizara un diálogo abierto.