EL PAIS › OPINION
Por Martín Becerra *
La discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual demostró la falacia de considerar que el Estado fue un actor circunstancial en la suerte del sistema de medios. Esta idea, solidaria con el mito de la autorregulación, tuvo eco incluso en audiencias progresistas dispuestas a condenar la década del 90 por lo que ésta no fue: un espacio sin acción estatal. El mayor conocimiento social sobre el sistema de medios, subproducto del debate de la ley tras décadas de obturación interesada del tema en los propios medios y en el estamento político, permite apreciar que en los últimos 35 años el Estado fue un formidable asignador de recursos públicos hacia los principales actores del sector.
La sanción de la ley por el Congreso presenta un cambio de rumbo: posiciona al Estado como garante de derechos sociales al reconocer al sector no lucrativo y a la economía cooperativa como operadores de un tercio del sistema, al disponer la separación entre Poder Ejecutivo (PEN) y autoridad de aplicación por un lado, y PEN y dirección de los medios (ahora sí) públicos por el otro, al establecer un moderado límite a la concentración del mercado (10 licencias, o 35 por ciento de cuota potencial), al exigir cupos de producción propia como condición para explotar licencias de radio y TV.
Este cambio de rumbo fue objeto de una campaña de desprestigio tan inusual que revela la convulsión de los principales grupos a los que la ley sorprendió sin estrategia. Tantos presidentes, diputados y senadores (incluso de la oposición más cerril) fracasaron antes en su intención de regular el audiovisual, ¿por qué iba a lograrlo un gobierno esmerilado? La subordinación de la línea periodística a la reacción corporativa diluyó la mediación profesional que es el principal capital de los medios masivos de comunicación impactando en la eficacia de una guerra de movimientos definida a las apuradas.
La paradoja es que la legítima crítica a los rasgos cortoplacistas del Gobierno en distintos órdenes, esta vez vale para sus enemigos mediáticos y, por extensión, políticos. De tanto condenar a los K por su improvisación en tantos aspectos, sus enemigos terminaron imitándolos, con lo que padecieron una fiera derrota en un Congreso hace tan poco glorificado como el parnaso. ¿No será que la falta de planificación preside la lógica de funcionamiento de todo el sistema político?
Las consignas del free flow of information repetidas por la oposición de centroderecha, reacia a discutir en Diputados el proyecto en un gesto que sus pares en el Senado debieron enmendar, tienen reminiscencias reaganianas ante la evidencia empírica que reunió el Informe MacBride de la Unesco en 1980, cuando acuñó la idea de que se necesita un flujo de información libre y equilibrado para garantizar la ecuanimidad del acceso de todos los sectores sociales a los medios. La derecha vernácula demostró que le es impropio el linaje de un liberalismo contrario a la concentración.
La oposición de centroizquierda, en cambio, captó la oportunidad de interpretar a un arco social integrado por medios comunitarios, el movimiento cooperativo, las dos centrales de trabajadores, las universidades públicas, las organizaciones de derechos humanos, ONG, además de artistas, intelectuales, periodistas y expertos en la materia. Aquí sí había actores sociales organizados para cambiar una regulación que olía a rancio, a autoritario y a negociado.
Con sus virtudes y defectos, el debate parlamentario expandió la comprensión del soporte que el Estado brinda a los medios, a la vez que introdujo (sin resolver) el problema de la convergencia tecnológica entre audiovisual, telecomunicaciones e Internet y la necesidad de ampliar la agenda de la democratización de las comunicaciones.
La nueva fase que abre la sanción de la ley será gravitante en la medida en que la intervención del Estado en su nuevo rol se legitime a través de de reglas sinceras, ecuánimes y claras de asignación de los recursos públicos que permiten financiarse a los medios. Ello incluye, pero no se agota, en el pendiente capítulo de la publicidad oficial: hay que regular también las exenciones impositivas, los auxilios económicos en forma de condonación de deudas y subsidios, la ausencia de cumplimiento de obligaciones de inversión por parte de licenciatarios de servicios como la televisión por cable, por ejemplo.
Por otro lado, la consideración de una futura ley de servicios convergentes quedó como saldo irresuelto, para que los usuarios de distintos servicios no estén condenados a condiciones abusivas por parte de prestadores monopólicos en mercados cautivos (tanto en telecomunicaciones como en televisión por cable). La activación del Tribunal de Defensa de la Competencia (cuya institución se ha dilatado desde su creación en 1999) y la aplicación de normas beneficiarias para los usuarios, como el Decreto 764/2000 de desregulación de las telecomunicaciones, son medidas complementarias que podrían adoptarse en la misma dirección.
Estas cuestiones son parte de la agenda emergente de una ley que cuestiona la histórica combinación de intereses entre el mercado y la intervención estatal, con un rumbo novedoso que precisa afianzar su vocación democratizadora.
* Universidad Nacional de Quilmes-Conicet.
Cristina Fernández de Kirchner junto con algunos delegados de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, impulsores de la modificación de la Ley de Radiodifusión

Desde diferentes sectores, variadas voces dan cuenta de las nuevas perspectivas abiertas tras la maratónica sesión del viernes pasado en el Senado nacional, sin embargo desde la oposición advierten que la ley generará grandes contiendas judicales.

La normativa, promulgada por Cristina Fernández de Kirchner ya figura en el Boletín Oficial Argentino. La celeridad de la promulgación ha sido calificado como "inusual" por el abogado constitucionalista Gregorio Badeni, aunque el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, lo justificó por el viaje presidencial a la India.

Desde empresas de medios opositoras como el grupo Clarín así como el Grupo Uno comandado por el ex ministro menemista José Luis Manzano, hicieron saber que irán a la justicia para apelar la nueva ley. "El Grupo Clarín va a recurrir a la justicia para hacer valer sus derechos" dijo el Director de Relaciones Externas del multimedios, Jorge Rendo a una radio de la ciudad de Buenos Aires. Lo propio hizo Daniel Vila, Presidente del grupo UNO, quien se preguntó "¿qué pasa si en un año no vendo mi empresa?", en alusión al artículo 161 que impone la desinversión a los grupos que superen la cuota de frecuencias permitidas en el plazo de un año. Vila dejó abierta la amenaza de despidos al personal de los medios de comunicación bajo su control si la justicia no intercede en su beneficio.

Por otro lado, ambos grupos tendrían más tiempo del que dicen para adaptarse al nuevo marco normativo, ya que si bien el artículo 161 fija el plazo de un año para este proceso, ese período comenzaría a correr recién después de la conformación de la autoridad de aplicación y de que la misma defina los mecanismos según los cuales se procederá a desmantelar los grupos que excedan la cuota de frecuencias permitidas.

En este escenario, varias son las voces que se mostraron a favor de la norma y el fin de una regulación como la Ley de Radiodifusión que data de la dictadura militar. El senador santafesino, el socialista Rubén Giustiniani dijo que con la ley ahora derogada, el Poder Ejecutivo tenía efectivamente una cuota grande de discrecionalidad a la hora de tomar decisiones, mediadas por el intervenido COMFER. "Ahora vamos a tener un órgano de aplicación con participación del Congreso" argumentó el socialista que contribuyó con su voto para la aprobación de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El académico Martín Becerra, docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Quilmes y autor de numerosos estudios y publicaciones sobre concentración de medios en Argentina y convergencia tecnológica, publicó hoy en el matutino Página 12 un artículo donde indica que "La sanción de la ley por el Congreso presenta un cambio de rumbo: posiciona al Estado como garante de derechos sociales al reconocer al sector no lucrativo y a la economía cooperativa como operadores de un tercio del sistema, al disponer la separación entre Poder Ejecutivo (PEN) y autoridad de aplicación por un lado, y PEN y dirección de los medios (ahora sí) públicos por el otro, al establecer un moderado límite a la concentración del mercado (10 licencias, o 35 por ciento de cuota potencial), al exigir cupos de producción propia como condición para explotar licencias de radio y TV".

Desde la oposición, Ernesto Sanz, jefe del bloque radical en el Senado, afirmó a la prensa que "han sacado una ley que no es una buena ley. Es una ley que está tan mal hecha que va a ser de muy dudosa aplicación", además se quejó de que la ley había salido a "libro cerrado", tal cual como venía de Diputados.

Quienes están a favor de la nueva ley indican que de aquí a tres años, habrá una polifonía de voces que incluirá medios sin fines de lucro, cooperativas, organizaciones sociales y universidades en el mapa de la radiodifusión, un escenario que era impensado mientras estuviera en vigencia la ley 22285.