El ministro de Defensa de Libia, Mohamed Al Barghathi, ha anunciado este martes su dimisión a raíz de una petición del primer ministro Ali Zeidan, según ha indicado el gobierno del país en un comunicado.
"El jefe del gobierno ha pedido al ministro de Defensa que renuncie y el ministro ha expresado su comprensión, teniendo en cuenta las circunstancias que enfrenta el país, aunque ha afirmado que todavía continuará con sus funciones", ha precisado el gobierno.
No obstante, en el comunicado el gabinete ha indicado que no ha recibido la carta oficial de su dimisión.
"He encuentro consternado, a pesar de la oposición de mis compañeros estos últimos días de que presente mi dimisión de forma voluntaria y sin ninguna duda", ha declarado el ministro a los periodistas.
"No aceptaré que la política sea ejercida a través de las fuerzas armadas en nuestro nuevo Estado", ha precisado.
Este anuncio parece motivado por una ley sobre la exclusión política de antiguos colaboradores y responsable del antiguo régimen que podría concernir a Barghathi. éste fue comandante del ejército del aire cuando Libia estaba bajo el control del dictador derrotado Muamar Gadafi.
La controvertida ley adoptada el domingo por la Asamblea nacional libia, bajo presión de las milicias armadas, debería entrar en vigor dentro de un mes.
Este martes, las milicias se han reunido en el Ministerio de Justicia y el de Relaciones Exteriores en Trípoli para reclamar la renuncia del jefe del gobierno.
, presidente de , el cual podría ser expulsado del cargo si se aplica la Ley del Aislamiento Político a todo aquel que trabajó para la  

La mayoría de los miembros del parlamento libio aprobó el domingo reciente (5) una ley que prohíbe a todo funcionario público que haya trabajado durante el gobierno de Muamar el Gadafi a ocupar puestos con el régimen establecido después de 2011 durante 10 años.

La medida fue objeto de presiones por parte de milicianos  del Grupo Combatiente Islámico Libio en las cuales pidieron la dimisión de los políticos que trabajaron para la , rodeando a finales de abril las instalaciones de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, entre ellos la del premier  y al presidente , con el objeto de purgar a todas las instituciones del estado libio de toda influencia del gobierno anterior, derrocado en 2011 por los rebeldes apoyados por la OTAN. Ello también alcanzó al  ministro de defensa Mohamed al-Barghathi, pues por el decreto aprobado se vio en un principio obligado a dimitir pero posteriormente retiró su oferta a solicitud del ejecutivo.



La polémica ley impone un veto a aquellos que ocuparon puestos entre 1969 a 2011 incluidos a los opositores del actual gobierno y aquellos que combatieron en la  del lado gadafista. Solamente se exonera del aislamiento a aquellos que rompieron con ella, cuya entrada en vigor es a principios de junio próximo. Además, el  desarrollará un comité para hacer cumplir esa ley, que fue criticada por , la cual indicó que "violaría la Carta Magna y las obligaciones internacionales recién adquiridas" y deploró la enmienda constitucional que impide su derogación, advirtiendo que el conflicto interno se podría agravar ante "las perspectivas para la paz y la seguridad a largo plazo en Libia se verán gravemente afectadas si (este último) decide aprobar esta ley".