Adjuntos Escrito de la Fiscalía
Las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo han anunciado que recurrirán la decisión "inhumana e injusta" de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ha calificado de "injusta" la decisión, a petición de la Fiscalía, que, a su juicio, supone "atacar a los familiares, el eslabón más débil de este proceso, que están esperando a que se lleven a cabo las exhumaciones".
Esto supone atacar a los familiares, el eslabón más débil de este proceso" (Emilio Silva)
Silva ha estimado que es "inhumano" que la Fiscalía "no piense en las personas que llevan setenta años esperando para poder dar una sepultura digna a sus familiares" y que, "en un despacho, saltándose varios procedimientos, decida que esas personas no tienen derecho a abrir fosas".
Las asociaciones de familiares formularán una petición de nulidad de la decisión adoptada por la Sala de lo Penal en base al artículo 2.38 de la Ley de Enjuiciamiento, que establece que un acto procesal podrá ser declarado nulo si ha incumplido las normas básicas, ha precisado Silva.
Izquierda Unida también iniciará acciones legales
Izquierda Unida emprenderá "acciones judiciales contundentes" contra la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las exhumaciones de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo, una medida que ha tomado "pasando por encima del respeto a las víctimas y a sus familiares".
Así lo ha puesto de relieve el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, quien no ha descartado la interposición de una querella por prevaricación a causa de la iniciativa "precipitada e injustificable" que ha adoptado la Audiencia Nacional.
Además, ha emplazado al Gobierno a que dé explicaciones por la "deplorable" actuación de la Fiscalía, que ha sido la que ha solicitado al Pleno de la Sala de lo Penal, que se ha reunido con carácter urgente , que paralizara la exhumación de los restos hasta que ésta no decida si el juez Baltasar Garzón es competente o no para investigar los hechos.
Una medida nunca antes aplicada en la Audiencia Nacional
Al transformar Baltasar Garzón la investigación en sumario, la Fiscalía debía recurrir ante él antes de hacerlo en la Sala de lo Penal. Sin embargo, el fiscal presentó el recurso de apelación ante el pleno de magistrados, solicitando al pleno de la Sala de lo Penal que dejara al juez fuera de la investigación por considerar que no era competente, de acuerdo con un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, algo que hasta ahora nunca se había aplicado en la Audiencia Nacional. La Audiencia votó por 10 votos contra cinco a favor de la petición de la Fiscalía.
El fiscal solicitó al pleno de la Sala de lo Penal que dejara a Garzón fuera, por considerar que no era competente
Dicho artículo, el 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece que "si durante el sumario o en cualquier fase de instrucción de un proceso penal el Ministerio Fiscal entiende que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrá reclamar ante el tribunal superior al que corresponda (...), el cual resolverá de plano y sin ulterior recurso". En todo caso, sigue el artículo, "se cumplirá lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior, el 22", que dice lo siguiente: "Mientras no recaiga decisión, cada uno de los Jueces instructores seguirá practicando las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia".
Cabe destacar que ambos artículos, 22 y 23, se encuadran en el capítulo II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que versa sobre "las cuestiones de competencia entre los jueces y tribunales ordinarios", lo que pone sobre la mesa un nuevo dato, y es que el tema en cuestión no trata sobre la competencia entre jueces, sino sobre competencia a secas. Dicho de otra forma, lo que la La Fiscalía considera es que Garzón no es competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
El juez Bermúdez, a favor de retrasar las exhumaciones
En cualquier caso, no son nuevas las disputas entre el magistrado Baltasar Garzón y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, pues vienen de lejos. Por otro lado, y según ha podido saber 20minutos.es, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, se posicionó en el pleno extraordinario de ayer entre los jueces favorables a retrasar las exhumaciones de los cuerpos.
Y Julián Muñoz, esperando...
La mencionada reunión extraordinaria de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha llevado consigo la suspensión de otros litigios, como es el caso del juicio por el desvío de fondos del Ayuntambiento de Marbella, donde tuvo que postergarse la declaración de Julián Muñoz, ex alcalde de la ciudad, por dicho motivo. Muñoz, eso sí, declaró por la tarde.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, en una decisión sin precedentes, accedió ayer a la petición del fiscal de paralizar las exhumaciones de fosas comunes de fallecidos en la guerra civil y en la represión franquista que había acordado el magistrado de la misma Audiencia, Baltasar Garzón el 19 de octubre.

El pleno se reunió con carácter extraordinario y por 10 votos contra 5 decidió la paralización hasta que determine si el magistrado Garzón es o no competente para la investigación de los hechos. El día anterior, el juez Santiago Pedraz, de la misma Audiencia, había ordenado la apertura de varias fosas, entre ellas la del poeta Federico García Lorca y la de varios republicanos enterrados sin el consentimiento de sus familias en el Valle de los Caídos.

Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, calificó la decisión de la Sala de "inhumana e injusta", acusando a la fiscalía de saltarse el procedimiento, por lo que pedirán la nulidad de la resolución.

La razón de la nulidad estribaría en que la Fiscalía debía recurrir ante Garzón antes de hacerlo en la Sala de lo Penal. El hecho de que los afectados no hayan podido conocer la petición del fiscal para rebatir sus argumentos les provoca indefensión y afecta al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, permitiendo recurrir en amparo al Tribunal Constitucional o plantear la nulidad del acto ante la propia Sala.

Izquierda Unida ha anunciado el ejercicio de acciones legales contra la decisión de la Audiencia y no descarta presentar una querella por prevaricación de la propia Sala. Además, pedirá explicaciones al gobienro por la "deplorable" actuación de la Fiscalía.