El ministro de Defensa libio quiso renunciar porque se aprobó una ley a pedido de milicianos.
La cancillería y el Ministerio de Justicia de Libia están rodeados desde hace más de una semana por milicias armadas provenientes de todo el país. Se unieron allí para reclamar una ley que impida volver a ejercer cargos públicos a quienes los ocuparon durante el gobierno del derrocado Muamar Gadafi.
El domingo, el Parlamento aprobó un texto que satisface ese reclamo y cuya aplicación implicaría la prohibición de ejercer cargos durante diez años. Esta medida afectaría entre otros al actual presidente de la Asamblea Legislativa, Mohamed al Megaryef, que fue embajador de Gadafi en India, y a unos 15 de los diputados que la integran.
También abarcaría a cuatro ministros, entre ellos el de Defensa, Mohamed al Barghathi, que era comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas de Gadafi. Ayer Barghathi anunció que renunciaba para denunciar que “la política es ejercida por la fuerza de las armas”. Sin embargo, horas después, decidió seguir en su cargo. Dijo que lo hacía a pedido del primer ministro, Ali Zeidan, y “teniendo en cuenta las circunstancias que atraviesa el país”.
Mientras tanto, el bloqueo del acceso a los dos ministerios se mantenía ayer, a cargo de grupos que participaron en la caída -y la muerte- de Gadafi en 2011. La llamada “Ley de Aislamiento” no entrará en vigor hasta dentro de un mes, cuando se cree una comisión especial para su aplicación, y ahora los manifestantes exigen la renuncia del gobierno de Zeidan en su conjunto. Mantienen este reclamo a pesar de que sus jefes habían obtenido la promesa de las autoridades de quedar a cargo de cinco ministerios, informó la agencia de noticias AFP.
Una decena de vehículos armados con sistemas antiaéreos y lanzamisiles se colocaron frente a las sedes ministeriales, donde los milicianos estaban instalados en carpas. También se podían ver carteles que decían: “No al gobierno compuesto por dirigentes del antiguo régimen” y algunos explicaron que su objetivo era “corregir la revolución”. En ese marco, piden además que se “limpie” el cuerpo diplomático de todos aquellos que integraron los gobiernos de Gadafi.
Estas milicias se consideran traicionadas por el actual poder político, aunque las autoridades las dejaron a cargo de la seguridad de las fronteras, de las cárceles y de las instalaciones estratégicas. Se les reprocha a estos grupos que imponen su propia ley en los lugares que controlan y ejercen coacción sobre la población a cambio de dinero. Antes de que comenzara la protesta, el gobierno intentaba tomar medidas para que las milicias consideradas ilegales salieran de Trípoli.
En ese marco, el Parlamento decidió ayer darse un mes para sustituir al jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Youssef al-Mangouch, debido al atraso que acumuló en la ejecución de la difícil tarea que se le confió: encaminar a las milicias para poder dotar al país de Fuerzas Armadas regulares.
, presidente de , el cual podría ser expulsado del cargo si se aplica la Ley del Aislamiento Político a todo aquel que trabajó para la  

La mayoría de los miembros del parlamento libio aprobó el domingo reciente (5) una ley que prohíbe a todo funcionario público que haya trabajado durante el gobierno de Muamar el Gadafi a ocupar puestos con el régimen establecido después de 2011 durante 10 años.

La medida fue objeto de presiones por parte de milicianos  del Grupo Combatiente Islámico Libio en las cuales pidieron la dimisión de los políticos que trabajaron para la , rodeando a finales de abril las instalaciones de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, entre ellos la del premier  y al presidente , con el objeto de purgar a todas las instituciones del estado libio de toda influencia del gobierno anterior, derrocado en 2011 por los rebeldes apoyados por la OTAN. Ello también alcanzó al  ministro de defensa Mohamed al-Barghathi, pues por el decreto aprobado se vio en un principio obligado a dimitir pero posteriormente retiró su oferta a solicitud del ejecutivo.



La polémica ley impone un veto a aquellos que ocuparon puestos entre 1969 a 2011 incluidos a los opositores del actual gobierno y aquellos que combatieron en la  del lado gadafista. Solamente se exonera del aislamiento a aquellos que rompieron con ella, cuya entrada en vigor es a principios de junio próximo. Además, el  desarrollará un comité para hacer cumplir esa ley, que fue criticada por , la cual indicó que "violaría la Carta Magna y las obligaciones internacionales recién adquiridas" y deploró la enmienda constitucional que impide su derogación, advirtiendo que el conflicto interno se podría agravar ante "las perspectivas para la paz y la seguridad a largo plazo en Libia se verán gravemente afectadas si (este último) decide aprobar esta ley".