En una hora y sin discutir los cambios realizados por lo senadores el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior con 262 votos a favor y 25 en contra y los aplausos y gritos de los diputados del PRI y Verde Ecologista. La ley fue enviada al presidente Enrique Peña Nieto para su publicación en el Diario Oficial, último trámite antes de que entre en vigor.
Los diputados dispensaron todos los trámites al dictamen que llegó la mañana de este jueves del Senado para iniciar con su discusión y votación inmediata.
Aunque el diputado René Cervera pidió votar una moción suspensiva para que no se votara el dictamen, fue rechazada.
Una docena de diputados en su mayoría de Morena argumentaron contra el dictamen, mientras que los legisladores del PRI defendieron la ley que regula la participación de las Fuerzas Armadas en estados y municipios cuando sean rebasados por el crimen organizado, mediante protocolos y mecanismos de temporalidad y gradualidad en el uso de la fuerza.
Organizaciones internacionales, entre ellas la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) además de ciudadano rechazaron la ley y pidieron a los legisladores un diálogo abierto para que se escucharan todas las voces.
La ONU y la CIDH alertaron que la Ley contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos, y no aportaría soluciones reales al problema de seguridad del país.
La madrugada de este viernes los senadores aprobaron la ley, después de más de 10 horas de discusión y la enviaron a San Lázaro donde los diputados habían decretado un receso en la sesión a la espera de que el dictame fuera enviado.
Peña debe rechazar la ley
Maureen Meyer, directora para México y Derechos de Migrantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), señaló que los militares no deberían patrullar las calles ni investigar delitos, pues esas son funciones que competen a las policías y al sistema de justicia.
“Si México toma en serio su compromiso de defender los derechos humanos y de implementar las reformas necesarias para reducir la impunidad y fortalecer el estado de derecho, el presidente Enrique Peña Nieto debe rechazar esta ley”, señala WOLA.
Los ciudadanos que integran el colectivo #SeguridadSinGuerra señalaron que la Ley de Seguridad Interior no respeta ni la Constitución ni los tratados internacionales; amenaza los derechos humanos; no soluciona los problemas de inseguridad; no contiene contrapesos y controles para supervisar el despliegue militar.
Reprocharon que el diálogo que pidió el presidente no ocurrió y que los cambios que hicieron los senadores a la minuta fueron mínimos.
Iniciarán lucha en los tribunales
Movimiento Ciudadano anunció que su bancada en la Cámara de Diputados y otros partidos – los cuales no especificó – presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley.
“La Ley de Seguridad Interior no contribuye en absoluto a traer la paz a nuestro país, genera incentivos perversos para no fortalecer las instituciones civiles de seguridad y esconde la intención de militarizar el país” señaló el diputado Clemente Castañeda
“Vamos a hacer uso de todos los instrumentos y recursos legales para tratar de combatir esta Ley de Seguridad Interior” anunció el coordinador de MC, Clemente Castañeda.
Con 262 votos a favor, 25 en contra y 0 abstenciones, la  aprobó en lo general y particular la polémica , por lo que pasa al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor. La aprobación llegó en medio de protestas y rechazo general por parte de organizaciones nacionales e internacionales.

'''' detalla que, en la práctica, la legislación "perpetúa el uso policial de las ". La ley logró pasar tanto la Cámara de Diputados, como el  gracias al apoyo que le dieron los legisladores del gobernante  (PRI), y los del  (PVEM) y algunos del derechista  (PAN). En su contra votaron los izquierdistas  (Morena) y .

Los opositores a la ley afirman que acudirán a la  para impugnarla. "Es una constante violación a los ", declaró , diputada de Morena, y agregó que aunque inicialmente consideraron no votar para no hacer , el respaldo de 11 diputados panistas y dos del  (PES) a la ley, con lo que sumaron 262 apoyos, les obligó a emitir su voto "para que quedara constancia del rechazo".

Esta misma mañana, la ley había sido aprobada por el Senado tras una sesión de 15 horas. Desde diciembre de 2006, durante los inicios de la presidencia del panista , las Fuerzas Armadas sustituyeron a las policías locales en cientos de municipios del país. El  llegó a , estado . Posteriormente, se envió a , ,  y . Desde entonces, el Ejército y la  cumplen el trabajo de las policías incapaces o corruptas.

=== Fuerzas Armadas ===
Quienes defienden la ley afirman que se trata de un marco jurídico para la actuación castrense. Sus detractores la califican de vaga, ambigua y de carecer de un plan para fortalecer los cuerpos policiales. Dentro de las modificaciones planteadas en el Congreso, se estableció un artículo transitorio que señala que, 180 días después de su entrada en vigor, las autoridades (gobernadores y presidentes municipales) de los lugares en donde las Fuerzas Armadas cumplan labores de seguridad, deben presentar un plan con plazos, acciones y presupuestos para fortalecer las policías locales.

La ley establece que el Consejo de Seguridad Nacional será el encargado de determinar la procedencia de intervención federal en estados y municipios. Dentro de las 72 horas siguientes, debe dar una "Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior". Asimismo, el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas para aquellos casos que supongan un peligro grave para la integridad de las personas o el funcionamiento institucional. Por otra parte, la presencia de las fuerzas no podrá exceder el año. Sin embargo, el mandatario podrá prorrogar el plazo en caso de persistencia de la amenaza a la seguridad interior.

=== Críticas ===

 (ONU), la  (OEA) y la  (CNDH) se han unido en sus críticas a la legislación. Este jueves (14 de diciembre), siete relatores y grupos de trabajo de la ONU enviaron una carta asegurando que "Nos preocupa que otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles".

A esas organizaciones se han sumado instituciones educativas, como la  (UNAM), la  (UdeG) y la Universidad Iberoamericana. "Esta ley debe discutirse en un contexto más amplio, que permita revisar la política de seguridad del Estado Mexicano en su conjunto, evaluando el desempeño de las autoridades civiles, las cuales por mandato constitucional son las responsables de la seguridad pública", señalaron en un comunicado los rectores de las tres universidades.

Tanto la ONU, como la  (CIDH) alertaron que la ley "contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos, y no aportaría soluciones reales al problema de seguridad del país", informó ''''. Junto con ciudadanos, ambas organizaciones habían rechazado la legislación y solicitado a los legisladores se realizara un diálogo abierto.