Como denunciaban en la conferencia de prensa, pesa un intento de desalojo con fecha de resolución para este próximo 18, 19 o 20 de septiembre. El juzgado civil Nº 60 a cargo del Dr. Virginio Cesari, es el responsable del intento de desalojo, que llegó incluso a rechazar los pedidos de amparos realizados por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.
A las 106 familias que viven en ese edificio hace más de 10 años, no les queda otra que resistir el desalojo. Como decían en la conferencia de prensa, “esta es nuestra casa, nos quieren dejar en la calle y no nos atienden los teléfonos, por nuestros hijos no lo vamos a permitir”. A partir de mañana martes comenzarán una vigilia para impedir el desalojo. Y llaman a las organizaciones solidarias a acercarse el 18 de septiembre a las 5 de la mañana para esperar al juez.
Entre las familias conviven más de 130 niñas y niños, así y todo, el juez sigue adelante con la orden sin mediar alguna solución pacífica. Su único delito vivir en un edificio abandonado hace más de 10 años y donde las familias intentaron por todos los medios legales hacerse cargo del inmueble.
En la conferencia de prensa y de forma solidaria se hicieron presentes referentes como Paula Penacca legisladora de Unidad Ciudadana, Gabriel Solano (PO) legislador y candidato a jefe de gobierno y Alejandrina Barry (PTS) candidata a legisladora y directora de la Comisión contra la violencia institucional ambos del Frente de Izquierda-Unidad, además de otras organizaciones como la CTEP, MTE, PC y organizaciones barriales de Parque Patricios y La Boca.
Como se denunciaba en la conferencia, el gobierno de Macri primero y luego el de Larreta nunca les dieron una solución. El presidente del IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires) Juan Ignacio Maquieyra, nunca les atendió el teléfono. En estos diez años, las familias gestionaron créditos para la vivienda, solicitaron subsidios, se conformaron en cooperativa de vivienda Papa Francisco para ser reconocidos ante el IVC y decenas de trámites más para poder legalizar su situación. Las respuestas siempre fueron nulas y nunca recibieron siquiera alguna otra solución intermedia.
Una de las vecinas del edifico fue clara cuando denunció, “El gobierno es el responsable de cumplir un fallo que viola el derecho a la vivienda, mientras en 10 años no hicieron nada para resolverlo de forma pacífica”.
Durante la conferencia de prensa, Alejandrina Barry nos recordaba a los presentes “No nos olvidemos que en el invierno una persona de situación de calle falleció por el frío a cuadras de Puerto Madero, ese es el contraste de esta ciudad. Y hoy quieren mandar a la calle a 106 familias, acrecentando este modelo de especulación inmobiliaria y expulsión de los sectores populares”.
#Noaldesalojo de Santa Cruz 140. Quieren desalojar edificio donde viven 104 familias. La vivienda es un derecho No un negocio. Acompañamos desde Comisión Violencia Institucional @myriambregman y con @Solanopo pic.twitter.com/hSTcJWKuP9 — Alejandrina Barry (@AleBarry19) September 17, 2019
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Fachada de la Cooperativa de Vivienda Limitada «Papa Francisco», ex fábrica de toallas «SELSA». 
Como se denunció ayer lunes en conferencia de prensa, el Juzgado Civil Nº 60 de la , a cargo de Virginio Cesari, ordenó de este miércoles 18 hasta el viernes 20 el desalojo de 106 familias de su hogar en el barrio porteño de . Pese a los recursos legales con los que intentaron solucionar la situación, no obtuvieron respuesta tampoco a los pedidos de amparo mediante la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y se mantienen firmes en su resistencia al desalojo.

«No nos sacarán de nuestras viviendas» decía ayer una referente de los habitantes el inmueble, una antigua fábrica de toallas que quebró, ubicado en de la calle Santa Cruz 140 y que desde 2002 empezó a ser ocupado por personas en situación de calle. Los residentes se hicieron cargo del pago de servicios y mantenimiento. 

En 2010, el edificio se vendió en un subasta por un valor de 1 500 000 , unos 375 000 dólares, al empresario Leonardo Ratuschy, que reclama desde entonces su derecho de propiedad. Los vecinos también denunciaron que el  no les dio solución, ni en las administraciones del actual presidente de   ni del Jefe de Gobierno actual, .

Desde hace tiempo, los vecinos conformaron la cooperativa de vivienda «Papa Francisco», por medio de la que solicitaron subsidios y préstamos de bajo interés para normalizar su situación. Sin embargo, no obtuvieron respuesta, ni solución intermedia para las 106 familias, entre las que hay 130 niñas, niños y adolescentes. 

En la ciudad de Buenos Aires se calcula que existen más de 7000 indigentes. «Esta es nuestra casa, nos quieren dejar en la calle y no nos atienden los teléfonos, por nuestros hijos no lo vamos a permitir», señalaron. Se convocó a una vigilia contra el desalojo y se ha invitado a personas y organizaciones a acudir hasta el 18 de septiembre, cuando se espera que se presente el juez.