Caracas.- Un incremento interanual de 400,4% ha registrado el salario mínimo integral desde septiembre de 2016 a septiembre de 2017 por lo que de 65.056,73 bolívares, monto en el que se ubicaba en el noveno mes del año pasado, pasó a 325.544 bolívares, luego del anuncio que formuló el presidente Nicolás Maduro este jueves.
En este período el mandatario ha decretado siete aumentos que han impactado al alza el salario integral. En septiembre de 2016 el salario mínimo se ubicó en Bs 22.577. El impulso de esta erogación fue de 50%, ello, aunado a un bono de alimentación de 42.480 bolívares, como ya se mencionó, sumó integralmente Bs 65.056,73, se contabiliza.
Le siguió, en noviembre de 2016, un incremento del salario mínimo del 20% por lo que se impulsó este ingreso a Bs 27.092. Ese mes también el bono alimentación recibió un aumento que lo ubicó en 63.720 bolívares, para conformar un total de Bs 90.812.
Ya en enero de este año, se decretó un alza de 50% en el salario básico que lo subió a Bs 40.638, mientras que el ticket alimentación permaneció en 63.720 bolívares, lo que elevó el integral a Bs 104.358,15.
En marzo se incorporó a este beneficio un ajuste relacionado con el incremento de la Unidad Tributaria que pasó de 177 a 300 bolívares, por lo que el bono alimentación subió a Bs 108.000, y, por ende, el salario integral se elevó a Bs 148.638,15.
Luego, en mayo, estas remuneraciones recibieron un nuevo impulso, el mínimo del 60%, por lo que se colocó en Bs 65.021 y el beneficio para alimentación remontó a 135.000 bolívares para un compendio de 200.021,04 bolívares. Le siguió el penúltimo decreto de julio, 50% más para el mínimo: Bs 97.531,56 y 153.000 bolívares del beneficio, remontó entonces el total salarial a 250.531,56 bolívares.
Si se calcula el porcentaje de aumentos del salario básico, este se ubica en 270%.
Para que rinda
Uno de los principales problemas que se han venido enfrentando en el país es el aumento desmesurado de los alimentos y los bienes y servicios, que dejan a la saga los intentos para incrementar el poder adquisitivo del venezolano.
En esta oportunidad, el Ejecutivo optó por no sumar a las medidas un nuevo control rígido de precios, la Ley de Abastecimiento Soberano y Precios Acordados, también denominada como Ley del Plan 50, cuya aplicación comenzó desde ayer y prevé una serie de discusiones sobre el tema que regirá la Gran Misión Abastecimiento Soberano y en la que “sectores productivos, distributivos, consumidores y el poder popular crearán un nuevo sistema de fijación de los precios máximos de venta al público de 50 productos y servicios fundamentales en Venezuela, entre los que se cuentan alimentos de la cesta básica como leche líquida pasteurizada y en polvo. Mayonesa, margarina, mortadela, harina de trigo para panadería, pastas alimenticias, pollo, pescado como la curbina, el corocoro, atún, sardina, además de mantequilla, queso blanco duro, jamón de cerdo, jabón en panela, jabón de baño y aceite, entre otros".
El constituyente Jesús Faría coincidió en que “si hay mucha inflación y se fijan los precios y se congelan, más temprano que tarde vamos a tener un escenario mucho peor que este inflacionario o altamente especulativo, en el que los precios seguirán aumentando, pero no va a haber producción porque los productores, públicos o privados, tienen que cubrir sus costos. Los precios se van ubicar por debajo de los costos y nadie va a estar en capacidad de producir en esas condiciones”, explicó.
Del paquete de ocho iniciativas expuestas por Maduro el jueves, la Ley de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) adiciona fiscales para vigilar el cumplimiento de los precios acordados, y la Ley de Creación del Consorcio Agroalimentario del Sur “Agrosur”, se orienta a coordinar la producción de 20 rubros prioritarios para el país.
En una alocución a la , el presidente  indicó una serie de medidas económicas que buscan reducir la inflación y poseer más acceso a divisas extranjeras tras el bloqueo económico de .

En una sesión plenaria de la asamblea, y transmitida por cadena nacional obligatoria, Maduro dio a conocer un paquete de medidas económicas que buscan mejorar la situación económica de los venezolanos, así como el acceso a divisas internacionales y reducir el mercado negro de productos de primera necesidad.

La medida más inmediata es el aumento del salario mínimo a 136.544  (cerca de 40 dólares al cambio oficial), llegando a un aumento interanual de un 400%, considerando el valor que tenía este indicar en septiembre de 2016, cuando se valoraba en 65.056,73 bolívares.

En otras medidas, el gobierno de Maduro desea vender petróleo y otras materias primas en otras divisas que no sean dólares estadounidenses con el fin de superar el bloqueo económico firmado por el presidente  durante el mes de agosto, y que imposibilita que el gobierno venezolano y  accedan a la compra de bonos para financiar sus operaciones.

En un ámbito local, Maduro solicitó a la Asamblea que legisle acerca de la creación de "fiscales populares", quienes en conjunto del poder judicial, buscan detener el abastecimiento y venta de productos en el mercado negro, donde los productos de primera necesidad llegan a estar valorados en un 1000% sobre el precio de venta oficial. Junto a esto, el gobierno desea hacer consultas a productos e intermediarios acerca del precio "justo" de los artículos de una canasta básica con el fin de fijar dichos precios por decreto.