Más de cien familias, entre las que hay 131 niños, niñas y adolescentes, quedarán en la calle el próximo 18 de septiembre si no hay una solución habitacional de último momento. Ese día, la justicia porteña avanzará con un operativo de desalojo forzoso masivo en el edificio conocido como Casa Santa Cruz, en Parque Patricios. Si bien el conflicto que enfrenta a las familias con el empresario que compró el edificio con todos sus habitantes adentro arrancó en 2010, la justicia había dispuesto en junio pasado un plazo de 60 días para que en una mesa de diálogo con el gobierno porteño se encontrara una solución. "Vamos a resistir el desalojo. Buscamos una solución colectiva y lo que nos ofrecieron son soluciones individuales paliativas", advirtió a Página/12 Iliana Llanos, presidenta de la cooperativa que conformaron los vecinos para comprar el edificio en el marco de la Ley 341 de créditos colectivos.
El edificio, ubicado en Santa Cruz 140, es parte del predio de una manzana donde hasta la década del 90 funcionó la empresa textil SELSA. Tras su quiebra, los edificios de los talleres fueron vendidos o rematados. A partir del año 2002, el edificio social que estaba abandonado comenzó a ser ocupado y recuperado por sus ocupantes. En 2010, fue subastado ocupado por 1.500.000 de pesos al empresario Leonardo Ratuschny.
A comienzos de junio, el juez Fernando Cesari, del juzgado de Primera Instancia Nº 60, dispuso una mesa de diálogo. En los 60 días de plazo otorgados, la mesa tuvo tres encuentros en los que intervinieron los integrantes de la Cooperativa, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y funcionarios del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.
"Conformamos la Cooperativa Papa Francisco para poder incluirnos en el programa de autogestión de la vivienda que tiene el IVC, que sabe de nuestra problemática desde hace muchos años. De las tres reuniones, el IVC se presentó sólo en una. Y no pudimos llegar a ningún acuerdo. La intención que tienen es, a través del decreto 690, ofrecer los subsidios de 5000 pesos por familia que, además de ser una solución individual, no alcanzan para cubrir las necesidades de vivienda", explicó LLanos.
En ese sentido, el abogado y titular del Observatorio de la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, quien acompaña la lucha de los vecinos por defender el derecho al acceso a la vivienda, explicó que "toda la manzana se encuentra con un problema dominial, por eso se presentó un proyecto de ley para la reurbanización e integración socio-urbana de la Manzana Finochietto del Barrio de Parque Patricios, que no avanzó en la Legislatura". "En cuanto a las reuniones de la mesa de trabajo, el IVC les dijo a los vecinos que no había posibilidades de darles subsidios a la cooperativa porque hay 350 en espera. Y no se llegó a ninguna solución", detalló.
El letrado sostuvo que el gobierno de Cambiemos "decidió no comprar más suelos para el desarrollos de viviendas de cooperativas. Desmanteló el programa y da a cuentagotas plata para los que ya estaban construyendo. En doce años se compró un solo terreno y fue por orden judicial. Eran viviendas que se hacía con costo barato porque las gestionaban las familias, pero eso quedó para las que tenían crédito antes de 2007". En cuanto a los subsidios habitacionales, advirtió que "hay mas de cinco mil causas en la justicia para que se reajusten los valores. La justicia terminó funcionando como un requisito más para el acceso al subsidio".
Fachada de la Cooperativa de Vivienda Limitada «Papa Francisco», ex fábrica de toallas «SELSA». 
Como se denunció ayer lunes en conferencia de prensa, el Juzgado Civil Nº 60 de la , a cargo de Virginio Cesari, ordenó de este miércoles 18 hasta el viernes 20 el desalojo de 106 familias de su hogar en el barrio porteño de . Pese a los recursos legales con los que intentaron solucionar la situación, no obtuvieron respuesta tampoco a los pedidos de amparo mediante la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y se mantienen firmes en su resistencia al desalojo.

«No nos sacarán de nuestras viviendas» decía ayer una referente de los habitantes el inmueble, una antigua fábrica de toallas que quebró, ubicado en de la calle Santa Cruz 140 y que desde 2002 empezó a ser ocupado por personas en situación de calle. Los residentes se hicieron cargo del pago de servicios y mantenimiento. 

En 2010, el edificio se vendió en un subasta por un valor de 1 500 000 , unos 375 000 dólares, al empresario Leonardo Ratuschy, que reclama desde entonces su derecho de propiedad. Los vecinos también denunciaron que el  no les dio solución, ni en las administraciones del actual presidente de   ni del Jefe de Gobierno actual, .

Desde hace tiempo, los vecinos conformaron la cooperativa de vivienda «Papa Francisco», por medio de la que solicitaron subsidios y préstamos de bajo interés para normalizar su situación. Sin embargo, no obtuvieron respuesta, ni solución intermedia para las 106 familias, entre las que hay 130 niñas, niños y adolescentes. 

En la ciudad de Buenos Aires se calcula que existen más de 7000 indigentes. «Esta es nuestra casa, nos quieren dejar en la calle y no nos atienden los teléfonos, por nuestros hijos no lo vamos a permitir», señalaron. Se convocó a una vigilia contra el desalojo y se ha invitado a personas y organizaciones a acudir hasta el 18 de septiembre, cuando se espera que se presente el juez.