Mirna Servín y Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Viernes 26 de febrero de 2010, p. 37
Con el fin de evitar la suplantación de automovilistas, la compra de amparos y posibles puntos de corrupción, anoche comenzó la operación de juzgados cívicos móviles que estarán presentes en los puntos de revisión de conductores en el programa.
En entrevista con La Jornada, Othon Sánchez Cruz, director de Aplicación de Programas Preventivos Institucionales de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, explicó que, de un promedio de 500 conductores remitidos semanalmente ante un juzgado civico por manejar en estado de ebriedad, por lo menos 25 por ciento compran un amparo.
“El propósito fundamental es evitar que los conductores que han incurrido en esta infracción sean trasladados de un punto a otro, con lo que se evita la posibilidad de suplantación, que sean sorprendidos por los coyotes que venden amparos, y agilizar el procedimiento”, agregó.
Autoridades de la alcaldía de la ciudad de México sumaron juzgados móviles a siete puntos de revisión del alcoholímetro, para sancionar directamente a los conductores y conductoras que detecten en estado de ebriedad.

Hasta el último fin de semana de febrero, aquellos que conducían ebrios eran detenidos, sus autos inmovilizados y transladados hasta un juzgado en el centro de detenciones conocido como "El Torito". Ahí recibían la sanción consistente en arresto inconmutable de hasta 72 horas y pérdida de puntos en la licencia de conducir. Con la medida, este proceso se simplificará al ser sancionados los detenidos en el sitio. La alcaldía busca evitar corrupciones por parte de los conductores, que pagan suplantaciones o tramitan recursos de amparos para ser liberados en el momento y pagar su sanción después.