Los derechos humanos, como herramienta antichavista
Confundir tanto a los venezolanos como a los extranjeros
En un mensaje enviado a Washington en noviembre de 2006, el entonces embajador estadounidense en Venezuela, William Brownfield, cuenta los resultados de su trabajo desde 2004 que tenía cinco objetivos: "1) Fortalecer las instituciones democráticas; 2) Penetrar en la base política de [Hugo] Chávez; 3) Dividir el chavismo; 4) Proteger los negocios vitales de EE.UU.; y 5) Aislar a Chávez internacionalmente".En total, entre los años 2004 y 2006, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ( USAID , por sus siglas en inglés) donó unos 15 millones de dólares a más de 300 organizaciones y les ofreció apoyo técnico y de capacitación a través de su Oficina de Iniciativas de Transición (OTI).La USAID pretendía llevar ante la Corte Internacional casos de supuestas violaciones de los derechos humanos en Venezuela para así socavar la credibilidad internacional del Gobierno del expresidente Chávez . A eso se dedicaban organizaciones como Observatorio Venezolano de Prisiones y Human Rights Lawyers Network in Bolivar State (una red de abogados).Por otro lado, William Brownfield explicaba en su mensaje que uno de los “mecanismos de control chavista” era el uso de un “vocabulario democrático para apoyar la ideología de la revolución bolivariana”. Con el fin de disminuir la influencia de los discursos de Chávez , EE.UU. atrajo a más de 600.000 personas al “programa de educación cívica Democracia Entre Nosotros”.Además, la USAID gastó más de un millón de dólares en la organización de unos 3.000 foros para reunir a los activistas de la oposición con los simpatizantes de Chávez, dando la oportunidad a los primeros “de interactuar con chavistas obteniendo el deseado efecto de alejarlos lentamente del chavismo".La embajada de EE.UU. organizó también una serie de visitas de Brownfield a “zonas pobres del país” para demostrar “la preocupación del Gobierno de EE.UU. con el pueblo venezolano". Con eso pretendía “confundir” a la población y retrasar el “intento de Chávez de utilizar a EE.UU. como un enemigo unificador ”.La OTI también invitaba a “profesores universitarios, miembros de ONG y líderes políticos” internacionales de otros países a participar en sus eventos para que al volver a sus países “se convirtieran en aliados de la oposición venezolana” en el extranjero.A finales de 2010 se aprobó una ley en Venezuela que prohibía el financiamiento externo para fines políticos en el país, lo que llevó al cierre de la OTI.
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En el sitio web de  se publicó un documento confidencial filtrado que revela una estrategia organizada por el Gobierno de los  para socavar el  en  mediante las operaciones de la  (USAID) en ese país .

El documento filtrado es un mensaje del  , entonces  en Venezuela, enviado a su Gobierno el 9 de noviembre de 2006, el cual contiene una lista de sus operaciones contra el chavismo desde 2004. El documento revela que se trataba de un plan de cinco directrices: “1) Fortalecer las instituciones democráticas; 2) Penetrar en la base política de Hugo Chávez; 3) Dividir el chavismo; 4) Proteger los negocios vitales de EE. UU.; y 5) Aislar a Chávez internacionalmente”. La estrategia fue organizada después del , tratándose así de un plan a largo plazo.

En su mensaje, Brownfield explicó que uno de los “mecanismos de control chavista” era el uso de un “vocabulario democrático para apoyar la ideología de la ”, la cual está basada en las doctrinas de ,  y , y tiene el fin de alcanzar un nuevo . “La OTI ha luchado contra eso a través de una programa de educación cívica llamado Democracia Entre Nosotros, cuyo principio era enseñar al pueblo venezolano lo que en realidad significaba la democracia. Los programas educativos dirigidos, como tolerancia política, participación y derechos humanos, han llegado a más de 600 000 personas”.

Para el desarrollo de estas operaciones, la USAID donó cerca de $15 millones a más de 300 organizaciones, proveyéndoles además capacitación y soporte técnico a través de su Oficina de Iniciativas de Transición (OTI), la cual fue creada dos meses depués del fallido golpe de Estado. Dos de estas organizaciones son el Observatorio Venezolano de Prisiones y la Human Rights Lawyers Network in Bolivar State (una red de abogados creada “a partir del programa , y un financiamiento de la DAI Development Alternatives Inc. para distribuir pequeñas donaciones”), las cuales se dedicaron a preparar falsas acusaciones de violaciones a los derechos humanos en Venezuela para demandar a Venezuela ante la  (CIJ) con el fin de desprestigiar internacionalmente la credibilidad de las acciones gubernamentales de Chávez.

La DAI fue la principal fuente económica de la USAID en Venezuela de 2004 a 2009, la cual donó $726 000 en 22 becas para organizaciones de derechos humanos y ayudó a crear el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela.



Como parte de estas acciones, el Observatorio Venezolano de Prisiones logró que el tribunal emitiese una decisión pidiendo medidas especiales para resolver supuestas violaciones de derechos humanos en la prisión La Pica, en el este del país. Además, Human Rights Lawyers Network in Bolivar State presentó ante la CIJ el caso de una supuesta masacre de 12 mineros en el  por parte del .

La OTI solicitó la cooperación de “profesores universitarios, miembros de ONG y líderes políticos” internacionales extranjeros para que al volver a sus países “se convirtieran en aliados de la oposición venezolana”. Sin embargo, en 2010 se aprobó una ley en Venezuela que prohibía el financiamiento externo para fines políticos, lo que llevó al cierre de la OTI, situación ya prevista en el documento filtrado.

Como embajador, Brownfield realizó visitas a las “zonas pobres del país para demostrar la preocupación del Gobierno de EE. UU. con el pueblo venezolano”. Sin embargo, con estas visitas tenía la intención de confundir a los venezolanos y retrasar el “intento de Chávez de utilizar a EE. UU. como un enemigo unificador”.



La USAID también invirtió más de un millón de dólares para crear cerca de 3 000 foros con unos 238 000 activistas anti simpatizantes de Chávez. Estos foros interactuarían “con chavistas obteniendo el deseado efecto de alejarlos lentamente del chavismo”, asegurando que Chávez trataba de “polarizar la sociedad venezolana mediante una retórica de odio y violencia”. Con parte de estos activistas se formó el grupo Visor Participativo, que consta de 34  capacitadas y supervisadas por la OTI para trabajar en el fortalecimiento de los municipios. “Mientras Chávez trata de recentralizar el país, la OTI, a través de Visor, está apoyando la descentralización”, afirmó Brownfield en el documento.

A través de Freedom House, la USAID financió viajes de miembros de organizaciones de derechos humanos de Venezuela en , , , , ,  y los Estados Unidos con el fin de “aislar a Chávez internacionalmente”.