El pleno de la Cámara de Diputados, avaló con 262 votos en a favor, la Ley de Seguridad Interior, con la cual se pretende regular la participación de las fuerzas armadas en el combate contra la delincuencia organizada.
Con el respaldo de los diputados del PRI, Verde Ecologista (PVME), Nueva Alianza, y algunos panistas, fue aprobada la minuta que fue enviada al Ejecutivo federal, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Las bancadas que votaron en contra (25 votos) fueron Morena y Movimiento Ciudadano (MC), las cuales señalaron que acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para impugnar la Ley Seguridad Interior.
Entre las modificaciones destacan la adición de un quinto artículo transitorio en el que se establece que 180 días después de la entrada en vigor de la Ley, los gobernadores y los presidentes municipales donde las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad, presenten un programa con plazos, acciones y presupuesto necesarias para el fortalecimiento de las policías locales.
La Ley señala que la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios no podrá excederse de un año, y podrá prorrogarse por decisión del Presidente si persiste la amenaza a la seguridad interior.
Entre los cambios se quitó del texto que las protestas sociales no serán consideradas como amenazas a la seguridad nacional.
Con 262 votos a favor, 25 en contra y 0 abstenciones, la  aprobó en lo general y particular la polémica , por lo que pasa al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor. La aprobación llegó en medio de protestas y rechazo general por parte de organizaciones nacionales e internacionales.

'''' detalla que, en la práctica, la legislación "perpetúa el uso policial de las ". La ley logró pasar tanto la Cámara de Diputados, como el  gracias al apoyo que le dieron los legisladores del gobernante  (PRI), y los del  (PVEM) y algunos del derechista  (PAN). En su contra votaron los izquierdistas  (Morena) y .

Los opositores a la ley afirman que acudirán a la  para impugnarla. "Es una constante violación a los ", declaró , diputada de Morena, y agregó que aunque inicialmente consideraron no votar para no hacer , el respaldo de 11 diputados panistas y dos del  (PES) a la ley, con lo que sumaron 262 apoyos, les obligó a emitir su voto "para que quedara constancia del rechazo".

Esta misma mañana, la ley había sido aprobada por el Senado tras una sesión de 15 horas. Desde diciembre de 2006, durante los inicios de la presidencia del panista , las Fuerzas Armadas sustituyeron a las policías locales en cientos de municipios del país. El  llegó a , estado . Posteriormente, se envió a , ,  y . Desde entonces, el Ejército y la  cumplen el trabajo de las policías incapaces o corruptas.

=== Fuerzas Armadas ===
Quienes defienden la ley afirman que se trata de un marco jurídico para la actuación castrense. Sus detractores la califican de vaga, ambigua y de carecer de un plan para fortalecer los cuerpos policiales. Dentro de las modificaciones planteadas en el Congreso, se estableció un artículo transitorio que señala que, 180 días después de su entrada en vigor, las autoridades (gobernadores y presidentes municipales) de los lugares en donde las Fuerzas Armadas cumplan labores de seguridad, deben presentar un plan con plazos, acciones y presupuestos para fortalecer las policías locales.

La ley establece que el Consejo de Seguridad Nacional será el encargado de determinar la procedencia de intervención federal en estados y municipios. Dentro de las 72 horas siguientes, debe dar una "Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior". Asimismo, el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas para aquellos casos que supongan un peligro grave para la integridad de las personas o el funcionamiento institucional. Por otra parte, la presencia de las fuerzas no podrá exceder el año. Sin embargo, el mandatario podrá prorrogar el plazo en caso de persistencia de la amenaza a la seguridad interior.

=== Críticas ===

 (ONU), la  (OEA) y la  (CNDH) se han unido en sus críticas a la legislación. Este jueves (14 de diciembre), siete relatores y grupos de trabajo de la ONU enviaron una carta asegurando que "Nos preocupa que otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles".

A esas organizaciones se han sumado instituciones educativas, como la  (UNAM), la  (UdeG) y la Universidad Iberoamericana. "Esta ley debe discutirse en un contexto más amplio, que permita revisar la política de seguridad del Estado Mexicano en su conjunto, evaluando el desempeño de las autoridades civiles, las cuales por mandato constitucional son las responsables de la seguridad pública", señalaron en un comunicado los rectores de las tres universidades.

Tanto la ONU, como la  (CIDH) alertaron que la ley "contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos, y no aportaría soluciones reales al problema de seguridad del país", informó ''''. Junto con ciudadanos, ambas organizaciones habían rechazado la legislación y solicitado a los legisladores se realizara un diálogo abierto.