Redac. Negocios. AP, AFP y EFE
Ecuador se sumó a la lista de países latinoamericanos que en los últimos dos años han pagado sus deudas al Fondo Monetario Internacional (FMI).
El ministro de Economía, Ricardo Patiño, a través del oficio MEF 0525 solicitó el pasado 12 de abril al gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Mauricio Pareja, que se tomen las acciones necesarias a fin de cancelar anticipadamente los vencimientos correspondientes a las fechas del 4 de mayo y del 3 de agosto.
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 Banco Central del Ecuador
 Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador En el Banco Central se informó que ayer se ejecutó la disposición de Economía al realizar la transferencia de 11,4 millones de dólares, que corresponden a 7,6 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG). Este concepto es el que utiliza el FMI para cuantificar el monto de sus créditos.
No obstante, hasta el cierre de esta edición, en la sede del organismo en Washington no se había confirmado la transferencia.
Fuentes del FMI aseguraron que al margen del pago de los compromisos que se vencían en este año, la relación con el organismo continuará, con base en lo que disponen los compromisos asumidos por el Ecuador al ser un país miembro. Es decir, según el artículo cuatro del convenio constitutivo del FMI, ese organismo mantendrá las visitas periódicas al país para monitorear los indicadores económicos del Ecuador.
El último país latinoamericano en pagar sus obligaciones con el FMI fue Venezuela. El ministro de Finanzas de ese país, Rodrigo Cabezas, anunció la semana anterior que se habían cancelado todas las obligaciones con el Fondo. Venezuela tenía una deuda por 3 000 millones de dólares que se había adquirido en 1998.
Brasil pagó sus deudas en el 2005 por 15 000 millones de dólares, mientras que Argentina lo hizo en enero del 2006, cuando desembolsó 9 500 millones.
El anuncio de Ecuador se hizo justo en el marco de la finalización de la Asamblea de Primavera que realizaron en Washington el FMI y el Banco Mundial (BM). En la cita, uno de los temas que más atención copó fue el anuncio de la creación del Banco del Sur, una iniciativa promovida por Hugo Chávez y que tiene el apoyo de los gobiernos de Ecuador, Argentina, Bolivia, Nicaragua y Brasil.
Además de los mejores ingresos económicos impulsados por el petróleo y otros recursos naturales, la rebelión de los países latinoamericanos con el FMI y el BM responde a una insatisfacción de los países subdesarrollados a las nuevas condiciones que han impuesto los organismos multilaterales para aprobar sus créditos, explica Juan Fernando Terán, docente del área de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB).
El FMI y el BM armonizaron sus condicionamientos para aprobar créditos y lo hicieron con las agencias de cooperación y otros bancos. Así, crearon un pool de acreedores y la imposición de condiciones ahora es cruzada en esas entidades, dice Terán. La relación con el BM
En la oficina de representación del Banco Mundial en Quito se evitó responder a las amenazas del presidente Rafael Correa. En la entidad se esperaban instrucciones desde Washington.
Según el Banco Central del Ecuador (BCE), hasta el 2006, el país adeudaba 750 millones de dólares al Banco Mundial (BM).
Ayer, el influyente New York Times exhortó al presidente del BM, Paul Wolfowitz, a renunciar, tras el escándalo surgido por el alza salarial que otorgó a su novia que laboraba en el Banco.
Comme nous le laissions entendre dans un article précédent (Victoire de Rafael Correa lors du référendum équatorien), le gouvernement équatorien a soldé sa dette extérieure de 11,4 millions de dollars américains envers le Fonds monétaire international sur ordre du ministère de l'Économie de l'Équateur, pour lequel la Banque centrale de l'Équateur a transféré les fonds provenant principalement des collectes d'impôts réalisées entre mars et avril de cette année.
Ces paiements sont ceux que le gouvernement équateur devait effectuer en mai et août, et obéissent à la politique du  que prône le Président Rafael Correa. Cette attitude est celle qui a été adoptée également par le gouvernement vénézuelien, qui a indiqué la semaine dernière l'annulation de la dette de 3 000 millions de dollars, solde de la dette contractée en 1998.