Celebran la aprobación de la Ley de Aislamiento
MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -
Las milicias que mantienen rodeadas las sedes de los ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores han anunciado que no se retirarán hasta que dimita el actual primer ministro, Alí Zeidan, al que acusan de pertenecer al régimen del depuesto líder libio, Muamar Gadafi. En cualquier caso, han celebrado la aprobación este domingo de la Ley de Aislamiento Político que impide ocupar puestos de responsabilidad a quienes ocuparon cargos políticos con el régimen de Gadafi.
"Sólo tenemos dos demandas. Una de ellas ya se ha cumplido y la otra es la marcha de Zeidan", ha afirmado, Muhammed Shaaban, portavoz del Comité Revolucionario Supremo (CRS), integrado por 280 representantes de brigadas antigadafistas de todo el país.
"No nos iremos de los ministerios hasta que se vaya (Zeidan) o hasta que el Parlamento nos dé garantías de que se marchará en el plazo de un mes tal como recoge la Ley de Aislamiento", ha indicado Shaaban, según recoge el diario 'Libya Herald'.
Zeidan fue diplomático durante el régimen de Gadafi, pero la nueva ley no especifica claramente a partir de qué nivel los funcionarios no podrán ocupar cargos de responsabilidad en el nuevo sistema político durante un periodo de diez años.
Los grupos armados antigadafistas han valorado la aprobación de la nueva ley, "un momento excelente de nuestra revolución", en palabras del presidente del CRS, Wesam Ahmeida. Sin embargo, el comité del CRS que coordina el asedio a los dos ministerios ha señalado que con esta ley se satisfacen sólo el 70 por ciento de las demandas.
, presidente de , el cual podría ser expulsado del cargo si se aplica la Ley del Aislamiento Político a todo aquel que trabajó para la  

La mayoría de los miembros del parlamento libio aprobó el domingo reciente (5) una ley que prohíbe a todo funcionario público que haya trabajado durante el gobierno de Muamar el Gadafi a ocupar puestos con el régimen establecido después de 2011 durante 10 años.

La medida fue objeto de presiones por parte de milicianos  del Grupo Combatiente Islámico Libio en las cuales pidieron la dimisión de los políticos que trabajaron para la , rodeando a finales de abril las instalaciones de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, entre ellos la del premier  y al presidente , con el objeto de purgar a todas las instituciones del estado libio de toda influencia del gobierno anterior, derrocado en 2011 por los rebeldes apoyados por la OTAN. Ello también alcanzó al  ministro de defensa Mohamed al-Barghathi, pues por el decreto aprobado se vio en un principio obligado a dimitir pero posteriormente retiró su oferta a solicitud del ejecutivo.



La polémica ley impone un veto a aquellos que ocuparon puestos entre 1969 a 2011 incluidos a los opositores del actual gobierno y aquellos que combatieron en la  del lado gadafista. Solamente se exonera del aislamiento a aquellos que rompieron con ella, cuya entrada en vigor es a principios de junio próximo. Además, el  desarrollará un comité para hacer cumplir esa ley, que fue criticada por , la cual indicó que "violaría la Carta Magna y las obligaciones internacionales recién adquiridas" y deploró la enmienda constitucional que impide su derogación, advirtiendo que el conflicto interno se podría agravar ante "las perspectivas para la paz y la seguridad a largo plazo en Libia se verán gravemente afectadas si (este último) decide aprobar esta ley".