La ley violaría la Constitución provisional y el Derecho Internacional
MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -
El Congreso General Nacional libio debería votar en contra de la aprobación del último borrador de una nueva ley, que recibe el nombre de Ley de Aislamiento Político, por la cual se prohíbe a los funcionarios de la era Gaddafi ocupar cargos públicos, según ha recomendado este sábado la ONG Human Rights Watch (HRW). Para el grupo, la redacción de la norma incluye criterios "vagos" que no dan suficiente garantía jurídica.
"Los libios tienen derecho a esperar que aquellos funcionarios que abusaron de su posición bajo el régimen de Gadafi para cometer crímenes o violar los Derechos Humanos sean destituidos y que no se les permita nunca más acceder a un cargo público", ha declarado la directora para Oriente Próximo y Norte de África de HRW, Leah Whitson. "Sin embargo, esta ley es demasiado vaga ya que podría impedir que cualquier persona que haya trabajado alguna vez para las autoridades durante las cuatro décadas del régimen de Gadafi" acceda a un cargo público, ha añadido Whitson.
Durante meses, el Congreso libio ha debatido el proyecto de ley entre un aumento de las tensiones y las polémicas. El pasado 28 de abril, los miembros de milicias armadas rodearon el Ministerio de Asuntos Exteriores en la capital del país, Trípoli, y dos días después rodearon el Ministerio de Justicia para reclamar la destitución de los funcionarios que ocuparon algún cargo público durante el régimen del exlíder libio Muamar Gadafi, antes de que éste fuera derrocado en 2011.
La última versión del proyecto de ley, que ha sido publicada en la página web del Congreso, incluye a todas aquellas personas que ocuparon algún puesto de funcionario desde el 9 de septiembre de 1969, día del golpe de Estado del entonces coronel Gadafi, hasta el 23 de octubre de 2011, el día de su muerte.
El 9 de abril, el Congreso aprobó una enmienda del Pacto Constitucional, la Constitución provisional libia, por la cual se excluye cualquier posibilidad de revisar la Ley de Aislamiento Político una vez que ésta sea aprobada. Dicha enmienda no permitiría que el Tribunal Supremo del país pueda derogar la polémica ley.
"Los legisladores libios deberían afianzar las garantías legales para asegurar que las leyes que violan los Derechos Humanos y la Constitución provisional puedan ser declaradas inválidas, no eliminar dichas protecciones para 'inmunizar' proyectos de ley cuestionables ante revisiones judiciales", ha manifestado la directora para Oriente Próximo y África del Norte de HRW.
Según la ONG, el proyecto de ley violaría la Carta Magna provisional de Libia así como las obligaciones del país para con el Derecho Internacional. Al formar parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Libia debe permitir a todos sus ciudadanos participar en la vida política del país en igualdad de condiciones, sin discriminar a nadie y sin imponer "restricciones indebidas".
"El Congreso General Nacional no debe permitirse ser coaccionado para elaborar leyes muy malas porque grupos de hombres armados lo estén solicitando", ha expresado Whitson. "Las perspectivas para la paz y la seguridad a largo plazo en Libia se verán gravemente afectadas si el Congreso decide aprobar esta ley", ha concluido.
, presidente de , el cual podría ser expulsado del cargo si se aplica la Ley del Aislamiento Político a todo aquel que trabajó para la  

La mayoría de los miembros del parlamento libio aprobó el domingo reciente (5) una ley que prohíbe a todo funcionario público que haya trabajado durante el gobierno de Muamar el Gadafi a ocupar puestos con el régimen establecido después de 2011 durante 10 años.

La medida fue objeto de presiones por parte de milicianos  del Grupo Combatiente Islámico Libio en las cuales pidieron la dimisión de los políticos que trabajaron para la , rodeando a finales de abril las instalaciones de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, entre ellos la del premier  y al presidente , con el objeto de purgar a todas las instituciones del estado libio de toda influencia del gobierno anterior, derrocado en 2011 por los rebeldes apoyados por la OTAN. Ello también alcanzó al  ministro de defensa Mohamed al-Barghathi, pues por el decreto aprobado se vio en un principio obligado a dimitir pero posteriormente retiró su oferta a solicitud del ejecutivo.



La polémica ley impone un veto a aquellos que ocuparon puestos entre 1969 a 2011 incluidos a los opositores del actual gobierno y aquellos que combatieron en la  del lado gadafista. Solamente se exonera del aislamiento a aquellos que rompieron con ella, cuya entrada en vigor es a principios de junio próximo. Además, el  desarrollará un comité para hacer cumplir esa ley, que fue criticada por , la cual indicó que "violaría la Carta Magna y las obligaciones internacionales recién adquiridas" y deploró la enmienda constitucional que impide su derogación, advirtiendo que el conflicto interno se podría agravar ante "las perspectivas para la paz y la seguridad a largo plazo en Libia se verán gravemente afectadas si (este último) decide aprobar esta ley".