La presidencia del flamante deliberativo rotará cada seis meses (el próximo presidente será el uruguayo Roberto Conde, del Partido Socialista) y los funcionarios administrativos serán contratados mediante llamado a concurso.
Otro tema que se señaló por parte de Brasil y Paraguay es que no existen "problemas políticos" para que los parlamentos de estos países ratifiquen la incorporación de Venezuela como miembro pleno del Mercosur, aunque en los hechos algunos asuntos y reglamentos internos de éstos países han dilatado esa posibilidad.
Así lo hacía saber el actual presidente el Parlamento del Mercosur, el senador paraguayo Alfonso González Nuñez: "Hay algunas posiciones que no están de acuerdo, como es natural en un proceso democrático y por supuesto que nosotros estamos haciendo el impulso necesario para que prontamente pueda ser incorporado Venezuela. Pero hay cuestiones técnicas, más que políticas, que tiene que resolver el gobierno de Paraguay con el gobierno de Venezuela a los efectos de que se tengan en cuenta las compensaciones correspondientes, referentes a las asimetrías. Fundamentalmente creo que se está articulando y se está llegando a un acuerdo negociado entre los dos gobiernos. Y una vez que se pueda superar ese impasse técnico, se remitirá el mensaje correspondiente desde el Poder Ejecutivo solicitando la aprobación en el Congreso Nacional".
Mientras esto ocurría, Carlos Maggi, Juan Martín Posadas y Andrés Flores Colombino (en representación de los tres partidos de la oposición, el Nacional, el Colorado y el Independiente) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 18.063, que ratificó el tratado por el cual fue creado el Parlamento del Mercosur.
Primero se hizo una conferencia en el Ateneo de Montevideo, casi frente por frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia, en la que estuvo presente el ex presidente Luis Alberto Lacalle, quien ha sido uno de los primeros en cuestionar al Parlamento del Mercosur y su validez jurídica.
"Es inconveniente e inconstitucional. Inconveniente a los intereses políticos del país, porque menoscaba su independencia e inconstitucional porque ha modificado o intentado modificar la Constitución de la República, entre otras cosas, sin la participación plebiscitaria que hemos tenido todos los ciudadanos en todas las reformas constitucionales. Por eso apelamos a la Suprema Corte de Justicia para que declare su inconstitucionalidad", sentenció Lacalle.
El ex mandatario dijo que los legisladores blancos integran el Parlamento del Mercosur porque "el Partido Nacional a lo largo de la historia nunca ha dejado espacios, aún cuando criticaba el origen o la propia institución". "En 1905, después de la revolución, con la "Ley del mal tercio", que era tramposa, fueron diputados Luis Alberto de Herrera, Carlos Roxlo, Alfredo Vázquez Acevedo, Julián Quintana entre otros. Cuando estábamos en contra del Colegiado lo integrábamos, porque no dejábamos el espacio. Distinto es estar contra el origen a dejar el espacio, que sería una equivocada posición, porque estarían solamente los que están de acuerdo. Vigilaremos desde adentro con la esperanza de que dure poco", sostuvo.
En tanto, el doctor, periodista y escritor Carlos Maggi, uno de los que firma el pedido de inconstitucionalidad, explicó que la ley no tiene ningún apoyo en una consulta popular. "El Uruguay no tiene, en su Constitución, previstas elecciones de otro tipo y por ley no se pueden cambiar. La Constitución es sagrada, fue siempre aprobada por plebiscito; tenemos una larguísima tradición de cambios en ella y ninguno se hizo sin un plebiscito que lo apoyara. Esta ley no está apoyada en ninguna consulta popular, así que hay razones jurídicas que indican que es inconstitucional. Por otra parte, traiciona una preciosa tradición que los orientales defendieron con su sangre, de ser independientes, de tener autonomía, de no depender de los grandes vecinos poderosos y esto nos lleva como un collar de perro a tener que hacer lo que los grandes vecinos diga. Y eso es muy vergonzoso para nosotros. Sería muy triste que esta generación desmintiera una tradición de tantos años", sostuvo.
En el Mercosur no se resuelven las cosas "no porque no se converse, sino porque Argentina y Brasil se ponen de acuerdo y hacen lo que más les conviene contra los intereses de Uruguay", señaló Maggi, y agregó: "Las bicicletas no entran a Argentina, el arroz no entra a Brasil y no pasa nada. ¿Para qué se hizo el Mercosur si hay dos grandes que no lo cumplen y los chicos van sujetos? Esta es una ley para Uruguay muy contraria a su interés y muy contraria a su tradición cultural. Si no fuera así, yo no estaría en esto".
Los firmantes de este documento sostienen que ley en cuestión reformó la Constitución mediante un mecanismo no previsto en la misma y por tanto los ciudadanos no fueron consultados para que se expresaran al respecto en una convocatoria plebiscitaria, como se exige por la propia carta magna en todos los casos.
La oposición presentó ayer martes ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que ratifica la creación del Parlamento del Mercosur. Los representantes de los partidos de la oposición fueron Carlos Maggi, Juan Martín Posadas y Andrés Flores Colombino, quienes suscribieron el pedido. Se sostiene que, al no haber existido una consulta popular previa para modificar la Constitución, la nueva norma es inconstitucional, dado que introduce cambios en el régimen de elecciones previsto por la carta magna.

El ex-presidente Luis Alberto Lacalle, líder del sector herrerista del Partido Nacional, estuvo presente en el acto de presentación del recurso y afirmó que el nuevo "órgano" es inconveniente para los intereses del país.

Se estima que el proceso hasta que se produzca sentencia de la Suprema Corte demorará más de un año, y sus efectos, en caso de ser favorable al recurso presentado, son de aplicación únicamente para los ciudadanos que lo presentaron. Sin embargo, éstos basan lo actuado en la disposición que establece la obligatoriedad de comunicar un fallo de insconstitucionalidad al Poder Legislativo, a efectos de que la norma sea derogada.