El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, ha dado un ultimátum de 10 días a Brasil para que defina el "estatus" del depuesto mandatario Manuel Zelaya, refugiado desde el lunes en su embajada, en una medida que podría profundizar su aislamiento internacional. "Solicitamos al Gobierno de Brasil que inmediatamente tome medidas para asegurar que el Sr. Zelaya deje de utilizar la protección que le ofrece la misión diplomática de Brasil para instigar a la violencia en Honduras", ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Honduras en un comunicado leído en las cadenas de radio y televisión. "De igual manera, nuevamente solicitamos al Gobierno de Brasil que defina el estatus del Sr. Zelaya dentro de un plazo de no mayor de diez días. De no ser así nos veremos obligados a tomar medidas adicionales conforme al derecho internacional", añade la declaración, sin precisar más detalles sobre las mencionadas "medidas".
Zelaya, derrocado en un golpe militar el 28 de junio, regresó clandestiamente al país el lunes y se refugió en la embajada de Brasil, en un nuevo intento por recuperar el poder. Desde allí, aislado de sus seguidores por un fuerte cordón de policías y soldados armados, llamó a sus partidarios a la insurrección. "Ningún país puede tolerar que una embajada extranjera sea utilizada como base de mando para generar violencia y romper la tranquilidad, como el Sr. Zelaya lo ha estado haciendo en nuestro país desde su ingreso al territorio nacional", ha asegurado la cancillería.
No al retorno de embajadores
El Gobierno de Micheletti ha rechazado también el retorno de los embajadores de Argentina, España, México y Venezuela, que abandonaron el país tras el golpe militar como parte de las medidas de aislamiento tomadas por la comunidad internacional. "Se hace saber que el Gobierno de la República no recibirá a los agentes diplomáticos de tales países, salvo que sus respetivos gobiernos procedan a negociar con la Cancillería de la República el reestablecimiento de las mismas", según la nota oficial.
Las autoridades de facto pidieron a los representantes de esos países que entreguen sus credenciales y retiren todos los distintivos de sus Embajadas. La Organización de Estados Americanos y la Unión Europea acordó el miércoles (madrugada del jueves en España) en Nueva York el regreso de sus embajadores a Tegucigalpa, que habían abandonado el país después del golpe de Estado en Honduras de hace tres meses.
La Cruz Roja entra en la embajada de Brasil
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció ayer sábado que uno de sus delegados ha consiguido acceder a la Embajada de Brasil en Tegucigalpa y comprobar el estado de salud de todas las personas presentes. Según un breve comunicado distribuido por la organización, asegura que la entrada a la sede se realizó el viernes con el acuerdo de todas las partes concernidas, y a petición de Brasil, sin aportar más datos.
El documento no hace ninguna referencia explícita al depuesto presidente hondureño, Manuel Zelaya, que en las últimas horas había denunciado que los militares lanzan gases tóxicos en el interior de la sede diplomática, algo desmentido en rotundo por el presidente de facto, Roberto Micheletti.
En un comunicado del gobierno de facto hondureño, encabezado por Roberto Micheletti, se ha decretado un ultimatum de 10 días para que la embajada de Brasil defina el estatus del depuesto presidente Manuel Zelaya, quien permanece en la sede diplomática desde el lunes pasado.

En el texto del comunicado se afirma: "ningún país puede tolerar que una embajada extranjera sea utilizada como base de mando para generar violencia y romper la tranquilidad, como el señor Zelaya lo ha estado haciendo desde su ingreso al territorio nacional", agregando: "nos veremos obligados a tomar medidas adicionales conforme al derecho internacional".

El mensaje se produce dos días después de que el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva afirmara que Zelaya puede quedarse en la embajada "el tiempo que sea necesario para su seguridad".

Por su parte, tanto Zelaya como autoridades de la embajada han denunciado ataques con gases tóxicos por parte de militares a las instalaciones de la representación diplomática, lo que ha generado diversas enfermedades a sus funcionarios y ocupantes. El ejército y la policía mantienen un cordón de seguridad alrededor del edificio.

Delegados de la Cruz Roja Internacional y de otras organizaciones no gubernamentales han ingresado en las últimas horas al recinto para verificar el estado de salud de las personas que se encuentran allí y abastecerlos de víveres y ropa.