Nacional - Información General Betancur, M-19 y FFMM, responsables de holocausto Colprensa Así lo consideró la comisión que desde hace un año investiga lo sucedido el 6 y 7 de noviembre de 1985 durante la toma al Palacio de Justicia. Noviembre 15, 2006 - 16:59 Bogotá – El ex presidente Belisario Betancur, la guerrilla del M-19 y el Ejército son los responsables de la toma del Palacio de Justicia, que dejó más de 100 muertos en 1985, concluyó este miércoles la comisión de la verdad que investigó el caso.
"La verdad es dolorosa para el país", dijo el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Roberto Herrera Vergara, uno de los miembros de la comisión.
Señaló que son "tres los responsables" del fatal desenlace de esa operación rebelde en la capital colombiana: el M-19, Betancur y el Ejército.
Inicialmente, el desarticulado Movimiento 19 de Abril (M-19), fue "responsable" de la ocupación, en la que el entonces presidente Betancur fue apenas "espectador", dijo Herrera.
La comisión de la verdad también señala que en la acción el M-19 estuvo vinculado con Pablo Escobar, el fallecido capo colombiano, pues el día de la toma la Corte iba a estudiar la constitucionalidad o no de la extradición de nacionales, una de las armas jurídicas más temidas por los narcotraficantes.
Según el informe, Escobar, entonces jefe del cártel de Medellín, habría pagado al M-19 unos dos millones de dólares "para presionar" al alto tribunal a favor de la no extradición.
Además de Herrera, la comisión está integrada por los también ex magistrados Jorge Aníbal Gómez y Nilson Pinilla.
Herrera añadió que el Ejército fue tercer "responsable institucional" de la acción guerrillera, "por la retoma, sin tener en cuenta la vida" de las personas que allí se encontraban.
El Palacio de Justicia, en pleno centro de Bogotá fue ocupado por un comando del M-19 el 6 de noviembre de 1985, y 27 horas después, el Ejército retomó el control de la edificación en la que fueron liberadas decenas de personas, aunque algunas de las que salieron vivas jamás aparecieron.
Según el informe de la comisión, hubo excesos de la fuerza pública. “En su objetivo esencial de dominación rápida, se ejerció una fuerza excesiva, por lo que no vacila la comisión en calificarla la acción de ilegítima, desproporcionada y coparticipe del holocausto", señaló Herrera.
Pero además, se confirmó la desaparición de empleados de la cafetería, visitantes, funcionarios y de una guerrillera y se cuestionó el afán por alterar o suprimir la evidencia.
"No se descarta que sus cadáveres hubieran sido llevados al (basurero) Mondoñedo o sepultados en fosas comunes (...) Se incineraron algunos cadáveres, se lavaron otros, se les despojó de sus prendas, se ordenó a algunos bomberos trasladarlos de la escena del crimen, junto con elementos materiales, algunos de los cuales se barrieron, quedando destruidas huellas o eliminadas valiosas pruebas", sostuvo Herrera
"Un sólo bombero de la estación de Puente Aranda recibió instrucciones para bajar desde el cuarto piso hasta la plaza de Márquez de 15 a 20 cadáveres”, agregó Pinilla.
La Comisión de la Verdad señaló que Betancur (1982-1986), actuó "como un espectador más" de los hechos, ya que "no negoció" pese a las súplicas de los rehenes para un cese de fuego.
El entonces gobernante tampoco tomó decisiones para evitar el ingreso de la fuerza pública al ocupado Palacio, sede de los más altos tribunales jurídicos y administrativos del país.
"El Gobierno tampoco planeó, como era su deber, ya en el caso extremo de la imposibilidad de negociación humanitaria, una operación de rescate. Por el contrario estuvo ausente y al margen de las maniobras de las fuerzas armadas que, como se ha observado, al igual que el M-19, entraron arrasando lo que encontraban a su paso, convirtiendo su actuación también en una verdadera operación de aniquilamiento", enfatizó Pinilla.
El M-19, argumentó entonces que haría en el Palacio un juicio a Betancur, al considerar que no cumplió algunos pactos suscritos con esa guerrilla.
Unas horas antes de la divulgación del informe, la Fiscalía General ordenó la detención del coronel retirado del Ejército Edilberto Sánchez Rubiano, por el presunto delito de "desaparición forzada y agravada de personas", en el caso de la ocupación del Palacio de Justicia.
La Fiscalía encontró evidencias de que al menos dos personas, Carlos Augusto Rodríguez y María del Pilar Guarín, salieron con vida del Palacio de Justicia y después desaparecieron, el 7 de noviembre de 1985.
Sánchez era director de los servicios militares de inteligencia, conocidos entonces como B2. Canal Caracol y Efe Noticias Relacionadas Se entregó militar investigado por toma al Palacio Betancur, M-19 y FFMM, responsables de holocausto Primera medida judicial por retoma del Palacio Comentarios al editor Imprimir Enviar a un amigo
Palacio de Justicia de Bogotá
 Un año después de haberse conformado, la llamada Comisión de la Verdad entregó este martes (14) su informe sobre la cruenta toma del Palacio de Justicia de Bogotá, perpetrada por la guerrilla del M-19 el 6 y 7 de noviembre de 1985, hecho que dejó como saldo 55 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema, y 10 desaparecidos, además de la destrucción parcial del edificio. El informe fue divulgado el miércoles (15).

Los ex magistrados de la Corte Suprema José Roberto Herrera, Jorge Aníbal Gómez y Nilson Pinilla, quienes integran la Comisión, encontraron con base en la información recopilada que el extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar les pagó US$2 millones a los guerrilleros del M-19 por tomarse el Palacio, con el fin de presionar a los juristas de la Sala Constitucional que debatían la aprobación de la extradición. El M-19 fue declarado por la Comisión "primer responsable" del holocausto. Los otros dos responsables son el entonces presidente Belisario Betancur y el Ejército de Colombia.

Añadieron que existen indicios de torturas y otras violaciones a los derechos humanos tanto por parte de los guerrilleros, que murieron todos, como de las Fuerzas Militares, que al mando del coronel Alfonso Plazas Vega ejecutaron una violenta retoma y quienes, a juicio de la Comisión, no diseñaron un plan que respetara las vidas de los secuestrados y, por el contrario, al parecer torturaron y mataron a algunas personas que salieron con vida del Palacio. En el informe se dice que ''"hubo indiferencia por parte de las autoridades que no escucharon el clamor de las víctimas para que se diera el cese al fuego"''. ''"El operativo fue tan intrépido como torpe"'', sostiene la Comisión.

También afirma la Comisión que el presidente Betancur, al decidir no negociar con los insurgentes, a pesar de las súplicas telefónicas del inmolado presidente del tribunal Alfonso Reyes Echandía, se convirtió en un ''"espectador más"'' de los hechos, carente de liderazgo y de poder. Los magistrados instaron a los comandantes militares de la época a pedir perdón al país y a entregar toda la información acerca de hechos no aclarados, como el caso de los desaparecidos. Echandía y otros dos magistrados murieron por balas disparadas por los militares, según la Comisión.

El magistrado Herrera confirmó las desapariciones forzadas de los empleados de la cafetería del Palacio y de evidencias contra los militares: ''"No se descarta que sus cadáveres hubieran sido llevados al basurero Mondoñedo o sepultados en fosas comunes ... Se incineraron algunos cadáveres, se lavaron otros, se les despojó de sus prendas, se ordenó a algunos bomberos trasladarlos de la escena del crimen, junto con elementos materiales, algunos de los cuales se barrieron, quedando destruidas huellas o eliminadas valiosas pruebas"''.