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Uruguay: por primera vez, la Justicia pidió el procesamiento de represores
Un fiscal solicitó la medida contra siete ex militares y dos ex policías, por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. El juez resolverá la próxima semana si acepta el pedido. Los represores también son reclamados por los jueces argentinos
Una fiscal solicitó por primera vez en Uruguay el procesamiento de siete ex militares y dos policías por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), y el juez resolverá la semana próxima si da lugar al pedio, dijeron fuentes judiciales
La fiscal Mirtha Guianze acusó de privación de libertad y asociación para delinquir a ocho militares y dos ex policías, informó la agencia de noticias Ansa.
Los sospechosos están acusados, entre otros delitos, de secuestrar en Buenos Aires y someter a torturas en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, en la capital argentina, a opositores políticos uruguayos refugiados en el país vecino durante la dictadura militar.
La acusación es contra los oficiales retirados del Ejército José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira, Luis Maurente, Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas, José Arab y Juan Antonio Rodríguez Buratti; y contra los ex policías Ricardo Medina y José Sande.
El juez Luis Charles resolverá el pedido la próxima semana y en el caso de ser procesados y condenados por esas causas, los militares deberán cumplir primero la pena impuesta en Uruguay , que podría alcanzar a 12 años de penitenciaría.
Posteriormente se sustanciaría la posible extradición a la Argentina, donde son reclamados por los jueces federales de ese país, Daniel Rafecas y Guillermo Montenegro, por violaciones a los derechos humanos.
Rafecas lleva adelante una causa relacionada con el secuestro de 43 personas, la mayoría de ellas uruguayas , que en la década del 70 estuvieron detenidas en Automotores Orletti y permanecen desaparecidas.
Durante la dictadura militar uruguaya (1973-1985) varios miles de opositores fueron detenidos y sometidos a torturas, las mujeres prisioneras fueron víctimas de abusos sexuales y unas 200 personas desaparecieron, muchas de ellas en países vecinos, mientras que un centenar murió en prisión.
Durante veinte años y tras la caída de la dictadura uruguaya, los gobiernos de los partidos conservadores Colorado y Blanco se negaron a investigar sobre las violaciones a los derechos humanos, amparados en la existencia de una ley de impunidad que impide juzgar a militares y policías responsables de esos crímenes.
El gobierno encabezado por Tabaré Vázquez que asumió en marzo de 2005, estableció sin embargo que esa ley, llamada de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, tiene artículos que ordenan la investigación de los crímenes y el juzgamiento de los responsables.
Desde entonces se iniciaron investigaciones judiciales y en la actualidad 12 jueces indagan 18 causas por graves violaciones de los derechos humanos.
La fiscal Mirta Guianze pidió el procesamiento de militares por violaciones de los derechos humanos ocurridas en Uruguay, durante la dictadura de 1973 a 1985.

Se acusa a los ex militares José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira, Luis Maurente, Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas, José Arab y Juan Antonio Rodríguez Buratti, y a los ex policías Ricardo Medina y José Sande por privación de libertad y asociación para delinquir. Además, son acusados de haber participado de las torturas realizadas en el centro de detención "Automores Orletti", en Buenos Aires.

Pesa sobre los sindicados un pedido de extradición de Argentina emitido por los jueces federales argentinos Daniel Rafecas y Guillermo Montenegro.