Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH profirió resolución de acusación en contra del mayor de la Policía, José Vicente Castro, investigado por su presunta responsabilidad en la masacre de La Granja, corregimiento de Ituango (Antioquia).
De acuerdo con el fiscal instructor, el oficial Castro habría incurrido, presumiblemente, en los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y secuestro extorsivo.
Los hechos materia de investigación ocurrieron el primero de julio de 1996, cuando miembros de grupos de autodefensa que delinquían en la región ultimaron a cinco habitantes de la mencionada población, de cuya subestación policial era comandante Castro.
Por esa masacre y la de El Aro, también en jurisdicción de Ituango, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, condenó al Estado colombiano.
El oficial procesado quedó privado de la libertad para cumplir la medida de aseguramiento.
Luciana Duque | Minuto30.com
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Panorámica de Ituango (Antioquia).Foto: Sergio Fajardo/Wikimedia Commons

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía colombiana ordenó la captura del mayor de la Policía, José Vicente Castro, por su responsabilidad en el asesinato de cinco personas a manos de paramilitares ocurrido en 1996.

Castro, quien para esa época era subcomandante de la estación local de la institución en el municipio antioqueño de Ituango, permitió que un grupo armado dirigido por los hermanos Castaño (Carlos y Vicente) y Carlos Mauricio García, alias "Rodrigo Doble Cero", entraron a los corregimientos de La Granja y El Aro (perteneciente al municipio citado) para asesinar a varios campesinos de la región, acusándolos de supuesto colaboracionismo con la guerrilla.

La decisión del ente acusador se basa en que el agente policial incurrió en los delitos de concierto para delinquir, homicidio y secuestro, si bien Castro ya fue juzgado anteriormente en 2004 por delitos de comisión y omisión al cual quedó absuelto. El informe de la Procuraduría estableció que el policía olvidó proteger la vida de los habitantes de los corregimientos ituangueses al saberse de las intenciones paramilitares, razón por el cual el Estado colombiano fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El fiscal 10 de la Unidad mencionada, Walter Asuad, ordenó la reclusión de Castro en la cárcel de Facatativá, en el departamento de Cundinamarca. Además, en la etapa de investigación, la Fiscalía desmintió que las víctimas no tenían colaboración alguna con los guerrilleros en la época que ocurrió el asesinato.