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Un amplio rechazo en filas políticas y de gobierno generó la propuesta anunciada por el candidato a la presidencia del Encuentro Progresista-Frente Amplio, Tabaré Vázquez, de plebiscitar la confirmación del artículo 4° de la Ley de Caducidad que prevé la investigación de los casos de detenidos desaparecidos por la dictadura militar.
Vázquez adelantó que en un eventual gobierno del Encuentro Progresista-Frente Amplio, se evaluaría la posibilidad de proponer una consulta popular a efectos de ratificar el alcance del artículo 4° de la Ley de Caducidad.
“Tendríamos que preguntar al pueblo uruguayo si está dispuesto a comprometerse en profundidad a desarrollar en su totalidad el tema de los derechos humanos. Cuando digo el tema de los derechos humanos, digo conocer el paradero de los ciudadanos uruguayos detenidos-desaparecidos menores y adultos. Saber no sólo lo que ha pasado con ellos, sino también saber dónde están sus cuerpos. Pero también establecer el compromiso de que una vez superada esta instancia hay que dar vuelta la página y todos los uruguayos juntos mirar hacia delante, y cuando digo todos los uruguayos digo civiles y militares”, sostuvo Vázquez en entrevista con el diario “La República”.
El anuncio despertó reacciones adversas en el gobierno y buena parte del espectro político.
El ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, reparó en las contradicciones legales que la iniciativa tendría. “Nuestro sistema constitucional prevé algunos institutos que se llaman de democracia directa, y que tienen que ver por ejemplo con la posibilidad de que un porcentaje de la población pueda presentar un proyecto de ley. Puede haber un instituto de democracia directa, por ejemplo para ratificar o para derogar una ley, y hay institutos de democracia directa que inexorablemente se deben cumplir, cuando por ejemplo se quiere reformar la Constitución. Lo que no existen son institutos de democracia directa en la Constitución para consultas, para hacer preguntas; es decir, yo me imagino que ese plebiscito se llevara a cabo, ¿cuál es el efecto, cuál es el resultado? No tiene, como dicen los juristas, efecto vinculante, es decir, no tiene obligación jurídica. Y por tanto, realmente no entiendo cuál es el alcance, cuál es el objetivo, y cuáles serían los efectos de un consulta de esa naturaleza”, razonó.
“YA SE INVESTIGÓ”
También puntualizó que lo que se pretendería preguntar ya está contemplado por la ley. “El artículo 4° dice que se puede investigar y dice cómo se puede investigar, entonces, ¿de qué se trata?, ¿de qué cumplamos con la ley o que preguntemos si cumplimos o no con la ley? Porque de lo que se trata es de eso: la ley dice, faculta y establece un mecanismo para investigar, por tanto todo gobierno que quiera investigar lo puede hacer. Yo lo que pregunto entonces es, ¿me dejan investigar, no me dejan investigar, quieren investigar, no quieren investigar? Realmente con toda sinceridad y sin ningún ánimo político yo el planteo no lo entiendo. De pronto si en el correr de los días se explicita... Pero le digo, no existe jurídicamente la posibilidad. Si tuviéramos que llamarlo, le llamaríamos un plebiscito consultivo”, explicó.
Admitió que podría haber algo de “simbolismo” en la iniciativa, aunque reiteró que el mecanismo “no existe”. “Es más, habría que aprobar una ley que convocara a un plebiscito consultivo, porque no existe una razón de derecho, no existe una norma que permita hacer eso. Habría que aprobar una ley que dijera `convóquese a la ciudadanía para que se pronuncie si desea o no desea tal cosa`. Se puede hacer pero lo que no entiendo cuál sería el efecto. Es decir, sería el efecto de saber si la gente quiere investigar sí o no. Y yo digo, si la gente llegara a contestar que no está de acuerdo que se investigue, ¿dejamos de cumplir con la ley? Porque la ley dice que se puede investigar, entonces...”, afirmó.
Precisó que se cumplió con el artículo 4° de la Ley de Caducidad recordando la gestión de la Comisión para la Paz. “Se pudo conocer el destino de unos cuantos compatriotas que habían desaparecido trágicamente. Entonces, no vayamos a decir que queremos hacer lo que no se ha hecho. Que lo que se ha hecho no colma todas las expectativas, lo admito, pero que se hizo y se hizo bastante”, concluyó.
“EQUIVOCADO” Y CON “ERRORES”
El precandidato a la presidencia por Alianza Nacional, senador Jorge Larrañaga, calificó de “equivocada” la iniciativa de Vázquez.
“El país no puede seguir mirando hacia atrás. Me parece que es quedarse en el tiempo y acrecentar una discusión que la sociedad uruguaya ya tuvo mientras no se resuelven los temas urgentes del país y de la gente. Siento como un tema de sensibilidad y de humanismo los asuntos que involucran a los Derechos Humanos, pero nos parece totalmente equivocado este intento nuevamente de someter a una instancia plebiscitaria una ley que ya tuvo su instancia de resolución ante la ciudadanía de nuestro país”, afirmó.
En tanto, el candidato por el Partido Colorado, Guillermo Stirling, entiende que “existen errores jurídicos en la propuesta”.
“Jurídicamente no se podría analizar un solo artículo de la Ley de Caducidad sino el conjunto de la norma”, dijo. Consideró, además, que el tema fue “laudado” por la sociedad y no tiene sentido volver a proponerlo.
“Parcialmente no se podría derogar un artículo solo. Se tendría que derogar el conjunto de la ley. Y eso es lo que nos hace reflexionar sobre la conveniencia de volver a replantear en la sociedad uruguaya aspectos que ya fueron laudados por la propia ciudadanía”, comentó.
En la noche del domingo (10) el coronel retirado Antonio Rodríguez Buratti se suicidó disparándose a la cabeza en el garage del edificio en que vivía en la capital uruguaya. El ex militar fue trasladado al Hospital Militar de la misma ciudad, pero dos horas más tarde fallecería.

El ex coronel Rodríguez estaba citado por el juez para declarar el lunes (11) y, según organizaciones sociales, era uno de los culpables de delitos de lesa humanidad.

Durante su tiempo en actividad participó en operaciones de inteligencia militar en tiempos de la Dictadura Cívico-Militar (1973-1985). Entre otras cosas, se dice que fue junto a él que estaba María Claudia García Irureta Goyena de Gelman la última vez que se la vio con vida. García era una militante de izquierda que recientemente ha cobrado celebridad por los reclamos que sobre la aparición de sus restos ha efectuado el poeta argentino Juan Gelman.

En el entierro de Rodríguez, el general retirado Iván Paulós leyó unas palabras fustigando a dirigentes tupamaros, hoy en el gobierno, y a los abogados. Les asignó a ellos la responsabilidad del suicidio de Rodríguez y les adjudicó intenciones "revanchistas". El presidente del Círculo Militar (del Uruguay), general retirado Luis Pírez, se manifestó de forma coincidente, aunque no tan explícita.

De parte del gobierno, la Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, integrante del Partido Comunista de Uruguay, hizo declaraciones en las que rechazó que se buscara venganza, y sí, por el contrario, lo que siempre se había proclamado, ''"verdad y justicia"''.