Denuncian a Presidenta Chinchilla y a ministro Gallardo por asociación ilícita por pago a OAS
Elvis Martínez. La tarde de este jueves 19 de diciembre fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra la Presidenta Laura Chinchilla, el ministro de Planificación Roberto Gallardo y otros funcionarios de Gobierno involucrados en la negociación de la Ruta San José-San José y los recientes pagos a la compañía brasileña OAS. A los funcionarios se les acusa de asociación ilícita, peculado, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, estafa y simulación.
La denuncia fue interpuesta por el abogado y empresario Alberto Rodríguez Baldi, quien confirmó que se trata de una ampliación de la denuncia a la que sumó los delitos antes mencionados.
La Defensoría de los Habitantes solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo la suspensión del pago de la indemnización a OAS, mientras se resuelve la medida cautelar reformulada por el fondo en el trámite de la causa.
Sin embargo, el miércoles el ministro de Planificación, Roberto Gallardo, confirmó un adelanto de pago parcial a la firma brasileña OAS por un monto de de 6,5 millones de dólares (unos 3,282.5 millones de colones), de los más de 35 millones de dólares que el Gobierno acordó pagar para finiquitar el contrato de concesión de la vía a San Ramón.
También esta misma semana el ministro Gallardo reconoció que el representante de OAS que firmó el contrato estaba cesado en sus funciones. Además consta en la prueba del proceso que el personero de O.A.S. no tenía personería jurídica vigente al momento de la firma de la citada Concesión con la Presidente Chinchilla Miranda, por lo que “carecía de capacidad jurídica para representar a la citada empresa brasileña”.
“Conforme a la normativa jurídica DICHO CONTRATO DE CONCESION NUNCA NACIÓ A LA VIDA JURÍDICA, pues quien lo firmo por O.A.S. no tenía capacidad jurídica para representarla, en cuyo caso el CONTRATO ES ABSOLUTAMENTE NULO, NO NACIÓ NUNCA A LA VIDA JURÍDICA Y ES INEXISTENTE EN SUS EFECTOS. Circunstancia que hasta el mas neófito de los ciudadanos costarricenses entiende con meridiana claridad”, señala Rodríguez Baldi en la denuncia dirigida al Fiscal General Jorge Chavarría.
Rodríguez solicita al Fiscal General poner en marcha cuanto antes la investigación, ordenar medidas cautelares para los $6,5 millones de dólares girados a O.A.S., ordenando a su vez el no pago del dinero público o el embargo de las cuentas donde se depositó el dinero.
“En consecuencia cualquiera sabe que el delito se produjo, y el Fiscal General por tratarse de ilícitos cometidos por esos funcionarios miembros de los supremos poderes es quien debe procesarlos”, manifestó Rodríguez.
COPIA DE LA DENUNCIA COMPLETA
AMPLIACION DE HECHOS DELICTIVOS
IMPUTADOS:LAURA CHINCHILLA MIRANDA Y OTROS
DENUNCIA POR TRAFICO DE INFLUENCIAS, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES,ASOCIACION ILICITA, ESTAFA,SIMULACION
EN LA CONCESION DE LA RUTA UNO NACIONAL, CARRETERA BERNARDO SOTO Y GENERAL CAÑAS-TRAMO SAN JOSE-SAN RAMON.
Señores
LIC. JORGE CHAVARRIA
FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA
S.M.
Yo, ALBERTO RODRIGUEZ BALDI, cédula 9-0042-0449, en autos conocido como denunciante, me presento a ampliar los siguientes HECHOS DELICTIVOS:
El suscrit0 presento esta ampliación de hechos directamente a usted Señor Fiscal General de Costa Rica, por cuanto la comisión de los ilícitos, el principal de ellos Peculado de manera evidente es cometido por la Presidente de Costa Rica Laura Chinchilla Miranda y su Ministro de Estado de Planificación Roberto Javier Gallardo Núñez, como se expondrá de seguido:
1.- Como ha sido de conocimiento público la Presidente de Costa Rica Chinchilla Miranda instruyó a su Ministro de Planificación Gallardo Núñez para que llevará adelante las negociaciones con la finalidad de lograr un acuerdo por el contrato de la Concesión de la Carretera Bernardo Soto, San José-San Ramón.
2.- El día de ayer el Ministro de Planificación Gallardo Núñez reconoce públicamente que el funcionario que firmó el contrato de Concesión de la citada vía, aprobada por el Consejo Nacional de Concesiones del cual es miembro de su Junta Directiva, HABIA CESADO EN SUS FUNCIONES CUANDO SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE CONCESION PARA LA CITADA EMPRESA, por otra parte esta demostrado y así consta en la prueba de este proceso que el personero de O.A.S. no tenía personería jurídica vigente al momento de la firma de la citada Concesión con la Presidente Chinchilla Miranda.
3.- Conforme a la normativa jurídica DICHO CONTRATO DE CONCESION NUNCA NACIÓ A LA VIDA JURÍDICA, pues quien lo firmo por O.A.S. no tenía capacidad jurídica para representarla, en cuyo caso el CONTRATO ES ABSOLUTAMENTE NULO, NO NACIÓ NUNCA A LA VIDA JURÍDICA Y ES INEXISTENTE EN SUS EFECTOS. Circunstancia que hasta el mas neófito de los ciudadanos costarricenses entiende con meridiana claridad.
4.- Pese a ese conocimiento OBEJETIVO DE IMPOSIBILIDAD JURIDICA, el Gobierno de la República representado por Chinchilla Miranda y su Ministro de Estado Gallardo Núñez acuerdan el pagó de $35 millones de dólares mas honorarios de abogado. En consecuencia el delito de PECULADO se constituye evidentemente y sin necesidad de mayor cuestionamiento. Pero el ilícito se convierte en flagrante el día de ayer cuando el Consejo de Concesiones gira a la empresa O.A.S. un pago parcial de $6,5 millones de dólares. USTED SEÑOR FISCAL GENERAL QUE ES UN HOMBRE VERSADO EN LA MATERIA PENAL SABE QUE EL DELITO SE CONSTITUYE EN ESAS CIRCUNSTANCIAS, AL PRODUCIRSE LA LESION ECONOMICA EN PERJUICIO DE LAS ARCAS PUBLICAS, POR CUANTO SE PAGO POR LA RESCISION DE UN CONTRATO INEXISTENTE, SIN VALOR LEGAL, Y QUIENES ORDENAN EL PAGO CHINCHILLA MIRANDA Y GALLARDO NUÑEZ CONOCEN DE SU INEFICACIA, Y ESTE ULTIMO CONFIESA ANTE TODOS LOS CIUDADANOS QUE EL FUNCIONARIO DE O.A.S. CARECIA DE CAPACIDAD JURIDICA PARA REPRESENTAR A LA CITADA EMPRESA BRASILEÑA.
5.- Pocas veces Señor Fiscal General, Lic. Jorge Chavarría, un delito de peculado y otros que usted calificará para la acción delictiva descrita, han sido tan evidentes que causan en el ciudadano promedio una desazón e impotencia frente al abuso del poder político y el tráfico de influencias. Tratándose de miembros de los supremos poderes de la República quienes concurren al ilícito, me corresponde al suscrito como ciudadano poner en conocimiento de su Autoridad el hecho delictivo y a Usted como Jefe del Ministerio Público, proceder a realizar la investigación correspondiente, ordenar las medidas cautelares necesarias e indispensables, en la recuperación de los $6,5 millones de dólares ilícitamente girados a O.A.S., ordenando: el no pago del dinero público o el embargo de las cuentas en donde se deposito la suma.
Esperamos los costarricenses de su Señoría: Justicia Pronta y Cumplida en resguardo de los fondos públicos malversados por Chinchilla Miranda y Gallardo Núñez, así como su procesamiento de estos y los demás imputados cuyos nombres y participación en los hechos delictivos están claramente expuestos en el proceso que hoy amplío ante su Autoridad.
ASUNTO DE MERO TRAMITE:
La última vez que pregunte por este proceso se me indicó que el mismo se encontraba en el Segundo Circuito Judicial de San José, en Guadalupe. Para los efectos de que dichos antecedentes estén a su disposición.
San José, 19 de Diciembre de 2013
ALBERTO RODRIGUEZ BALDI
ABOGADO
CARNE 2447
Shortlink:
Manifestante herido durante protestas en Alajuela (Costa Rica), el 11 de abril del 2013 


La Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda fue denunciada ante el Ministerio Público costarricense por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, estafa, incumplimiento de deberes y peculado en conjunto con su ministro de planificación, Roberto Gallardo y otros funcionarios del gobierno.

La demanda la interpuso el abogado costarricense Alberto Rodríguez Baldi, quien dijo que los funcionarios anteriormente nombrados cometieron las faltas luego de que el Gobierno de Costa Rica depositara 6,5 millones de dólares en las cuentas bancarias de la empresa brasileña OAS, como parte de un adelanto del acuerdo al que llegaron el Estado costarricense y la empresa por la fallida concesión para la ampliación de una carretera que comunicara la capital con la localidad de San Ramón.

Actualmente, dicho pago se encuentra en estudio en la Corte Suprema de Justicia, donde se acogió para su estudio un recurso de amparo luego de que el Gobierno informara que los resultados de la negociación entre el Estado y la empresa eran "secreto de Estado". Quienes interpusieron el recurso afirmaron que no se puede declarar "secreto de Estado" el uso de fondos públicos.

Por su parte, el Tribunal Contencioso Administrativo se encuentra realizando una investigación por el polémico acuerdo. Mientras tanto, la Defensoría de los Habitantes solicitó suspender el pago a la empresa OAS.

Rodríguez Baldi informó que tanto Gallardo como Chinchilla conocían claramente que la persona que firmó el contrato para la concesión fue un hombre que había sido cesado de la Junta Directiva de la empresa OAS, punto que los opositores al proyecto afirman anularía el contrato.



El Gobierno de Laura Chinchilla se sentó a negociar con la empresa OAS luego de que se desataran violentas protestas durante el 11 de abril del presente año. En cadena nacional de televisión, Chinchilla afirmó que la concesión se suspendió por "mutuo acuerdo", sin embargo sus detractores no ven con buenos ojos que el Gobierno pague a la empresa tal cantidad de dinero, puesto que "no movieron ni una piedra".

''Wikinoticias'' intentó comunicarse con la mandataria costarricense pero al cierre de esta nota no se recibió respuesta.