La decisión de la Corte Constitucional de ponerle límite a las pensiones millonarias fue recibida con escepticismo por exmagistrados de las altas cortes, algunos de ellos pensionados o en trámite de su mesada. (Lea también: Techo de $14,7 millones para pensiones de congresistas y magistrados)
Un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien pidió la reserva de su nombre, consideró que "la desigualdad que impera en el sistema pensional no se soluciona bajando las pensiones más altas, sino, por el contrario, mejorando los ingresos de quienes reciben las mensualidades más bajas". (Vea las opiniones de excongresistas pensionados sobre el posible fallo de la Corte).
El exmagistrado, quien ejerció su cargo en la Sala Laboral, consideró que en la decisión no se ha tenido en cuenta que la mayoría de los magistrados que hoy gozan de pensión tuvieron que cotizar por más de 30 años y esa antigüedad y el monto de los aportes hechos debe ser tenida en cuenta.
También aseguró que el bajar las pensiones de quienes ganan por encima de 25 salarios mínimos "no se soluciona el problema de la gran mayoría de pensionados en el país en un momento en que los requisitos para alcanzar una mesada son cada día más exigentes".
Otro exmagistrado de la Corte Constitucional, quien también pidió reserva de su nombre, dijo que los magistrados no eligieron el régimen que los cobija y hoy aparecen “como culpables ante el país”.
"En materia de seguridad social hay problemas, pero eso no puede afectar los derechos adquiridos de otros. Esas decisiones son peligrosas, crearían inseguridad jurídica. Además, la plata que se ahorre de ese tope impuesto no hará nada por acabar la inequidad", agregó el exmagistrado del tribunal constitucional.
Para el exmagistrado Pablo Cáceres, la dificultad radica en qué pasa con las pensiones que se asignaron antes del 2005. Preocupa que se mire hacia atrás, cuando el régimen no existía. Eso crea inestabilidad.
Respecto al tope, considera ya que no se aplican pensiones por encima de los 25 salarios mínimos que estableció la Corte Constitucional. Eso le pone freno al llamado carrusel de pensiones no solo en la justicia, sino también en el Congreso.
¿Viene un choque de trenes?
Horas después de que el magistrado Mauricio González anunciara la decisión sobre esta materia, se plantea la duda de si habrá un choque de trenes con el Consejo de Estado, tribunal que, es bien sabido, ha dado vía libre a las pensiones para congresistas y funcionarios. Incluso, la Procuraduría General también ha apoyado la posición del contencioso administrativo.
De hecho, en los últimos años ha habido un choque entre jurisprudencias de la Corte Suprema y del Consejo de Estado sobre el tema. El tribunal supremo ha decidido que para el cálculo de las pensiones se restringe el factor salarial –sin bonificaciones ni primas- y promedia la la mesada a partir de lo devengado en los últimos 10 años.
Pero, con base en jurisprudencia del Consejo de Estado, los jueces han ordenado durante años los desembolsos, alegando la protección del debido proceso, la igualdad, la vida digna y la seguridad social, entre otros derechos, y toman en cuenta el último sueldo que tuvo el funcionario.
'Soy respetuoso del fallo': Consejo de Estado
El magistrado Alfonso Vargas, presidente del Consejo de Estado, le dijo a ELTIEMPO.COM que es respetuoso de la sentencia de la Corte.
Sin embargo, aclaró que no conoce en detalle la decisión y explicó que debe primero entrar a mirar su alcance frente a decisiones que tramiten los jueces administrativos frente al tema.
Vargas aclaró que "todo lo que desborde el marco legal es lógico que se revise, pero también teniendo en cuenta la buena fe de los que han accedido a sus derechos constitucionales".
Según el magistrado Vargas, es necesario establecer que en la aplicación del fallo de la Corte Constitucional no se afecten los derechos adquiridos de quienes legítimamente recibieron su pensión, ajustada a la ley.
Por su parte, el expresidente del Consejo de Estado Jesús María Carrillo consideró que la decisión de la Corte Constitucional responde a un clamor popular y es una respuesta a la sociedad para que haya equidad en las pensiones.
“En derecho, implica una decisión que debe ser también equitativa en su aplicación y en la cual debe tenerse en cuenta un criterio de legalidad”, dijo.
Según Carrillo, el fallo de la Corte va a tener un gran impacto en la aplicación de los principios constitucionales porque llena vacíos legislativos. Sin embargo señaló que, “si bien la sentencia es justa, lo injusto es la forma cómo se ha presentado a los pensionados que en su gran mayoría adquirieron esos beneficios de manera legal”.
REDACCIÓN JUSTICIA
Archivo:PalacioDeJusticia2004-7-9Bogota.jpg|thumb|left|200px| de Bogotá, sede de la Corte Constitucional. 

La  ha ordenado su decisión del martes 7 de poner límites a las pensiones millonarias que devengan los miembros del  y los magistrados de las cortes a partir del primero de julio próximo.

El trascendental fallo indica que el tope no debe superar los 25 , que para este 2013 equivalen a 14 737 500 de  (más de 8 000 ), ordenando a las empresas prestadoras de las pensiones a revisar las liquidaciones de los más de 1 000  funcionarios públicos con retroactividad posterior al 31 de julio de 2010. En caso de presentarse sumas mayores, se hará disminución con plazo al 31 de diciembre del presente año, lo cual deja inexequible la  ley 4 de 1992 en lo que respecta al régimen especial de pensiones para los funcionarios citados. Para las respectivas liquidaciones, se tendrán en cuenta los diez últimos años de trabajo.

Con esta sentencia, el Estado colombiano podría ahorrar más de 50 millones COP (27 400 $) en materia pensional, pues en declaraciones a la prensa el , , argumentó que "lo que se espera, en honor a la equidad y estabilidad financiera del sistema, es que se ordene una vigencia retroactiva de dichos topes desde el día en que fue proferido el Acto Legislativo, es decir, desde 2010" y exhorta a aquellos que hayan devengado sumas superiores a devolver el dinero al Estado que en su criterio podrían haberse obtenido de forma fraudulenta.

Esta sentencia se decreta en momentos en que existe un descontento popular en materia de régimen pensional por el cual las mensualidades de la  mayoría de trabajadores son muy bajas en comparación con las sumas altas de dinero que gozan parlamentarios y magistrados, a pesar de varias  reformas que se habían desarrollado en los últimos años. Pese a ello, la Corte tuvo en cuenta varios principios del estado social de derecho y los fines del sistema para con la población.

La norma inexequible fue demandada por los abogados Germán Calderón España y Dionisio Araújo, este último manifiestó que "la Corte mostró independencia y cumplió con su papel de guardiana de la . Ahí había muchos intereses fuertes que buscaban que ese no fuera el resultado". En tanto las opiniones de varios juristas frente al fallo están divididas, en las cuales unos manifestaron su desacuerdo por el cual hay algunos que ya tienen más de 30 años cotizando su pensión mientras otros como los magistrados del  Alfonso Vargas y Jesús María Carrillo aprobaron la decisión en vista de un clamor popular por la equidad pensional.

No se descarta que esta sentencia podría ser demandada en ésta última entidad, la cual podría convertirse en posibles denuncias contra el Estado.