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Por: RCN La Radio El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz, no descartó la presentación de recursos jurídicos contra la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el régimen especial de pensiones.
"Hay miles de personas que están a lo mejor perjudicadas y lo más seguro es que recurran a la tutela", dijo.
La Judicatura se mostró respetuosa de la decisión de poner tope a las millonarias mesadas, sin embargo, no descartó posibles reclamos a la determinación de la Corte Constitucional.
"Hay gente que vamos a ver lo que alegan", puntualizó el Presidente de la Sala Disciplinaria.
Se enfrentan juristas por legalidad del fallo
Mientras que para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla se violaron derechos adquiridos con el fallo de altas pensiones, el ex magistrado Iván Velásquez dijo que la Corte Constitucional tuvo la última palabra, contra la cual no procede ningún recurso ni demanda.
El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, manifestó que aunque está satisfecho por la decisión de la Corte, está "no respeta (los) derechos adquiridos por el acto legislativo de 2005".
Para el ex presidente de la alta corporación "la Corte le hace 'voltereta' al tema dado que no lo trata, pues la misma Corte está violando la Constitución".
Ante este panorama, Jaime Arrubla no descartó una avalancha de acciones contra el Estado.
"A todas aquellas personas que tenían derechos adquiridos no se los pueden vulnerar esos derechos. Esto se vuelve una demanda de responsabilidades contra el Estado", agregó.
Por su parte, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez, se apartó de la teoría de Arrubla al considerar que la Corte Constitucional falló acertadamente.
Velásquez dijo que contra el fallo de la Corte Constitucional no procede ningún tipo de recurso ni de de demanda, pues "La Corte tiene la última palabra".
"Por vía de tutela no va a ser posible que se llegue a retrotraer, pues los propios Consejeros de Estado estarían impedidos y tendría que ser evaluado por conjueces", precisó Iván Velásquez.
Archivo:PalacioDeJusticia2004-7-9Bogota.jpg|thumb|left|200px| de Bogotá, sede de la Corte Constitucional. 

La  ha ordenado su decisión del martes 7 de poner límites a las pensiones millonarias que devengan los miembros del  y los magistrados de las cortes a partir del primero de julio próximo.

El trascendental fallo indica que el tope no debe superar los 25 , que para este 2013 equivalen a 14 737 500 de  (más de 8 000 ), ordenando a las empresas prestadoras de las pensiones a revisar las liquidaciones de los más de 1 000  funcionarios públicos con retroactividad posterior al 31 de julio de 2010. En caso de presentarse sumas mayores, se hará disminución con plazo al 31 de diciembre del presente año, lo cual deja inexequible la  ley 4 de 1992 en lo que respecta al régimen especial de pensiones para los funcionarios citados. Para las respectivas liquidaciones, se tendrán en cuenta los diez últimos años de trabajo.

Con esta sentencia, el Estado colombiano podría ahorrar más de 50 millones COP (27 400 $) en materia pensional, pues en declaraciones a la prensa el , , argumentó que "lo que se espera, en honor a la equidad y estabilidad financiera del sistema, es que se ordene una vigencia retroactiva de dichos topes desde el día en que fue proferido el Acto Legislativo, es decir, desde 2010" y exhorta a aquellos que hayan devengado sumas superiores a devolver el dinero al Estado que en su criterio podrían haberse obtenido de forma fraudulenta.

Esta sentencia se decreta en momentos en que existe un descontento popular en materia de régimen pensional por el cual las mensualidades de la  mayoría de trabajadores son muy bajas en comparación con las sumas altas de dinero que gozan parlamentarios y magistrados, a pesar de varias  reformas que se habían desarrollado en los últimos años. Pese a ello, la Corte tuvo en cuenta varios principios del estado social de derecho y los fines del sistema para con la población.

La norma inexequible fue demandada por los abogados Germán Calderón España y Dionisio Araújo, este último manifiestó que "la Corte mostró independencia y cumplió con su papel de guardiana de la . Ahí había muchos intereses fuertes que buscaban que ese no fuera el resultado". En tanto las opiniones de varios juristas frente al fallo están divididas, en las cuales unos manifestaron su desacuerdo por el cual hay algunos que ya tienen más de 30 años cotizando su pensión mientras otros como los magistrados del  Alfonso Vargas y Jesús María Carrillo aprobaron la decisión en vista de un clamor popular por la equidad pensional.

No se descarta que esta sentencia podría ser demandada en ésta última entidad, la cual podría convertirse en posibles denuncias contra el Estado.