Luego de más de 12 horas de debate, el Senado sancionó por 16 votos a favor en 29 legisladores presentes, la Ley de liberación de producción y venta de marihuana.
Ahora sólo resta la promulgación por parte del Ejecutivo para que la iniciativa se convierta en Ley.
Si bien el proyecto fue aprobado en general con los votos del Frente Amplio, de todas maneras el Partido Nacional acompañó algunos literales de la iniciativa.
La propuesta establece que el cannabis psicoactivo podrá venderse en las farmacias, habrá una lista de consumidores que podrán adquirir hasta 40 gramos por mes de cannabis, y se autorizará hasta seis plantas para consumo personal. También se habilitarán los “clubes de cultivadores”.
Se establece que se podrá realizar “plantación, cultivo, cosecha, el acopio para fines de investigación así como 1a industrialización para uso farmacéutico, siempre que se realice en e1 marco de la legislación vigente y acorde a 1o que establezca la reglamentación, debiendo contar con autorización previa del el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA), quedando bajo su control directo”.
Se autoriza la “plantación, el cultivo y la cosecha domésticos de plantas de cannabis de efecto psicoactivo destinados para consumo personal o compartido en el hogar”.
Se entiende por destinados al consumo personal o compartido en el hogar, “la plantación, el cultivo y la cosecha domésticos de hasta seis plantas de cannabis y el producto de la recolección de la plantación precedente hasta un máximo de 480 gramos anuales”.
Otro de los aspectos se refiere a la plantación, el cultivo y la cosecha de plantas de cannabis realizados por “clubes de membresía los que serán controlados por el IRCCA. Dichos clubes deberán ser autorizados por el Ejecutivo.
Experimentos
El miembro informante fue el socialista, Roberto Conde quien expresó que si Uruguay entiende que “si tiene posibilidades de tomar medidas para mejorar la sociedad, no tiene derecho a postergarlas, arriesgando nuevas generaciones a la espera de un consenso internacional”.
“Uruguay no se plantea un cambio de política hacia una liberalización de las drogas. Es una respuesta ineludible ante el fracaso de una estrategia internacional prohibicionista contra las drogas”, aseguró el legislador.
Dijo que es una “paradoja jurídica” que se pueda consumir marihuana, pero no comprar ni cultivarla.
Conde se refirió a que no hay comprobación de que el uso del cannabis sea una “puerta de entrada al uso de las drogas”. También destacó que “no se registran muertes por el uso de cannabis, mientras el tabaco cuenta con unos cinco millones de víctimas por año”.
“Queremos abrir un camino, para los usuarios, que nos posibilite el tratamiento integrado socialmente, pacífico y con respaldo científico y social para los usuarios”, añadió Conde.
Por su lado, el colorado Alfredo Solari manifestó que el proyecto es un “experimento de ingeniería social que no cumple con ninguna de las salvaguardas éticas de la experimentación con seres humanos”.
“Ni este gobierno, ni el resto del mundo debería experimentar con los uruguayos, con los niños y adolescentes sin garantías apropiadas”, sentenció.
Ante tales expresiones de Solari, el frenteamplista Enrique Rubio respondió a Solari que el Uruguay no está haciendo experimentos como si los uruguayos fueran conejillos de Indias. “Acá hay es una política pública”.
Más adelante, el colorado Pedro Bordaberry agregó: “Le digo a George Soros y a David Rockefeller, grandes auspiciantes de la iniciativa, que con los uruguayos no se experimenta, no somos cobayos de laboratorio”.
El legislador colorado cuestionó que el Frente Amplio “antes marchaba por el ‘Che’ Guevera y por la tierra, pero ahora lo hace con Rockefeller y Soros por la marihuana”.
“¿Esa era la revolución. De eso se trataba, ese era el objetivo y el fin?”, interrogó Bordaberry.
Ante tales afirmaciones, el senador frenteamplista, Héctor Lescano rechazó enfáticamente que se hablara de un experimento con la sociedad uruguaya. “Es repudiable y censurable decir que nos anima la voluntad de someter a la población a un nivel de experimento”.
Por otro lado, el legislador también colorado Ope Pasquet expresó que le parecía que este es el “peor momento posible para aprobar esta Ley, porque el Senado tendría que estar hablando de las pruebas PISA”.
Inconstitucionalidad
Los senadores que realizaron mayor hincapié en la inconstitucionalidad fueron los nacionalistas Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga, y el colorado José Amorín Batlle.
Lacalle dijo que la Ley será inconstitucional porque “crea un monopolio sin tener mayorías especiales”.
Larrañaga aseguró que “hay problemas graves de inconstitucionalidad”, porque la Carta Magna establece que el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. “Es inentendible cómo la legalización de la marihuana se compatibiliza con el deber de cuidar la salud de los habitantes”.
Entretanto, Amorín dijo que artículo 10 es “inconstitucional” porque no se puede mandatar a la ANEP a que entre las políticas educativas se establezca la obligatoriedad de incluir una disciplina en sus planes de estudio que se llame: “Prevención del uso problemático de drogas”, y “ello va contra autónoma de la Enseñanza”.
Senado uruguayo en 2006.
El senador oficialista Ernesto Agazzi. 

El senado uruguayo aprobó la producción, distribución y venta de marihuana con dieciséis votos a favor y trece en contra. El proyecto, impulsado por el gobierno de José Mujica, ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados en julio y permite que los ciudadanos mayores de dieciocho años puedan comprar, por mes, cuarenta gramos de esta droga o bien cultivar un máximo de seis plantas de cannabis. También se legaliza la creación de “clubes de cultivadores”. Se estableció además la creación de un organismo del estado para su regulación y se estipuló un plazo de 120 días para crear una reglamentación con los detalles. Se prevé que cueste alrededor de un dólar por gramo y se prohibió su venta a extranjeros. La legalización de esta droga para uso recreativo, aprobada ya en los estados estadounidenses de Washington y Colorado, se suma a las recientes leyes progresistas aprobadas en Uruguay, tales como el Matrimonio Igualitario y la despenalización del aborto.



El debate duró alrededor de doce horas y mientras sesionaba la cámara, manifestantes se congregaron afuera del Palacio Legislativo bajo la consigna de “cultivando la libertad Uruguay crece”. Legisladores opositores criticaron duramente la sanción de la ley, que se espera que entre en vigencia en abril del próximo año. Argumentaron temer al tráfico de drogas más fuertes, mayor exposición de la población a las drogas y que se legalizó por no haber podido combatir al narcotráfico. El opositor Pedro Bordaberry expresó: “no se puede experimentar con esto, son cosas demasiadas serias”. Por su parte, el oficialista Ernesto Agazzi dijo “No sé si la guerra a las drogas ha fracasado, a algunos le ha ido bien, algunos han ganado mucha plata ... Creo que esta ley no es una ley de legalización, es una ley que regula, no es blanda como se dice aca”. Héctor Lescano también se expresó a favor y alegó “Este es un gran tiempo de derechos que aseguran un país más justo y solidario”, mientras que Luis Alberto Lacalle, Jorge Larrañaga y José Amorín Batlle dijeron que el artículo diez es anticonstitucional.



La medida también generó repercusiones internacionales. Por un lado, es apoyada por el premio nobel Mario Vargas Llosa, por el secretario de la OEA, Jose Miguel Insulza y los expresidentes latinoamericanos Vicente Fox y Fernando Henrique Cardoso. Por otro lado, tanto Brasil como el Papa Francisco la han criticado, mientras que la ONU advirtió que es una violación a la Convención Única sobre Estupefacientes de 1968.