MÉXICO, D.F., (apro).- La decisión de exonerar al exdirigente del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, fue severamente cuestionada por académicos, políticos y organizaciones defensoras de las mujeres, entre ellas la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Este último organismo –pionero en el estudio y combate a las formas de explotación de la mujer– censuró la actuación del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), y planteó que la renuncia presentada por Gutiérrez de la Torre a la dirigencia del PRI-DF no lo exime de su responsabilidad penal respecto de la red de prostitución que operaba.
“La renuncia no es suficiente para enmendar el daño hecho a las mujeres en situación de vulnerabilidad”, porque la idea promovida es que se protege a Gutiérrez de la Torre y se justifica la impunidad, apuntó.
Señaló, asimismo, que la dirección nacional priista y la Comisión de Justicia Partidaria no quedan libres de proceder contra el inculpado por violar el patrimonio del partido con sus actividades “delictivas”.
La Coalición contra el Tráfico de Mujeres también criticó al actual presidente del Revolucionario Institucional en la capital, Israel Betanzos, porque –apuntó– es bien conocido que forma parte del grupo de Gutiérrez de la Torre, con lo que se garantiza el control del Movimiento Territorial en la ciudad de México para dicha facción.
La organización solicitó que la próxima elección de la presidencia del PRI-DF y de la de la Secretaría General del CEN sea promovida por mujeres feministas que garanticen la aplicación de recursos públicos y trabajo local con perspectiva de género.
Además, reveló que al revisar la nómina del PRI capitalino había 227 personas registradas como “auxiliares administrativos”, por lo que calificó de sospechoso que el IEDF pretendiera cerrar el caso a través de una resolución absurda.
La nómina, precisó, también confirma la existencia de Claudia Priscila González Martínez y Sandra Esther Vaca Cortés, quienes fungían como reclutadoras de la red de trata y prostitución; Marisol González Martínez, hermana de Priscila y quien contrató anuncios en el Aviso Oportuno de El Universal, junto con Hiram Abi Pantoja Ramos y dos hermanas de Vaca Cortes, Luisa Stephany y Mónica Yanahuitl.
El pasado lunes 25, con el voto a favor de seis de sus siete integrantes, el IEDF liberó a Gutiérrez de la Torre de los señalamientos sobre desvío de dinero público para el pago de mujeres.
La consejera presidenta, Diana Talavera Flores, fue la única que votó en contra, al considerar que la investigación realizada por la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF) no fue exhaustiva.
“No se acredita contablemente el desvío de recursos de financiamiento público”, señala el resolutivo del órgano electoral.
En respuesta, Teresa Ulloa, directora en México de CATWLAC, convocó a realizar el cierre simbólico del IEDF el próximo 1 de septiembre. “Da vergüenza el trato a los partidos. Si hubieran revisado la nómina, habrían encontrado cuántas enganchadoras están ahí”, expresó.
Aún está pendiente la investigación contra el exlíder del PRI en el DF sobre el presunto delito de trata de personas que realiza la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) y el proceso de expulsión en el PRI.
Ésta no es la primera vez que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre sale triunfante de un proceso acusatorio. En 1999 fue absuelto por un juez penal por falta de pruebas del delito de despojo agravado de un predio en Iztapalapa.
Hace 15 años el juez 55 penal con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Rafael Guerra Álvarez, consideró que no existía evidencia para responsabilizar al entonces líder del Movimiento Territorial del PRI en el Distrito Federal. En ese tiempo, Gutiérrez de la Torre estuvo detenido durante cinco meses.
El  (IEDF) ha exonerado a  de la acusación sobre desvío de recursos públicos empleados en trata de lenocinio.



El expresidente distrital del  (PRI) fue declarado libre de responsabilidades, al no contar con pruebas contundentes en el caso que se le seguía por usar recursos públicos para contratar «edecanes» con fines sexuales. Acusación por la cual fue separado de su cargo, el pasado  por la dirigencia nacional de su partido.

Organizaciones sociales y partidos políticos de la oposición han criticado la resolución de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del IEDF por no investigar a fondo y no defender los derechos de las mujeres en situación vulnerable. Entre estas voces, la de Raúl Flores García, presidente del  (PRD) de la Ciudad, declaró que impugnará la decisión ante el Tribunal Electoral del DF (TEDF).