Redacción de Baquía
12/04/2005.
Desde el próximo 31 de julio, una ley obligará a los ISP en Argentina a guardar todo lo que circula por la Red durante diez años.
De nuevo la vieja concepción de Internet como fuente de todos los males . De nuevo se disponen a pagar los (muchos) justos por unos (pocos) pecadores.Todo comenzó tras el 11-S ; quizás antes, pero en cualquier caso los atentados terroristas en EEUU fueron la excusa perfecta para aplicar cuantasfueran necesarias al control irrestricto de la Red. La concreción del viejo aforismo según el cual como mejor se maneja al pueblo es con el miedo.Ahora les toca el turno a los argentinos en eso de pagar el pato. Como allí los secuestros y los casos de narcotráfico están a la orden del día, a partir del próximo 31 de julio entrará en vigor una ley que obligará a los proveedores de Internet a almacenar durante diez años, bajo supervisión del servicio estatal de inteligencia, todos los correos u otras comunicaciones electrónicas transmitidas a través de servidores de Internet. Semejante medidaen ningún país del mundo, aunque intentos no faltan Así, todos los movimientos que realice un usuario a través de su correo electrónico -incluyendo contenidos, chats, etc- y cada web que visite quedarán archivados por los ISP. Se intenta edulcorar el asunto con la afirmación de costumbre: el acceso a los datos guardados sólo será posible en virtud deInsólito: ¿alguien se imagina una norma que forzara a las librerías o quioscos a llevar un registro de los libros, periódicos y revistas que compra la gente? ¿Un control para saber si les gusta la novela histórica, la, la prensa deportiva o las revistas porno? (Basta, no demos ideas).La ley fue aprobada por el Congreso en diciembre de 2003 de forma: prácticamente sin debates y, lo que pone los pelos de punta, sin que muchos legisladores advirtieran las implicaciones de semejante control. Y el reglamento ejecutivo de la norma indica que los usuarios no podrán saber cómo se recoge la información de los sitios por los que navegan.Literalmente, la norma establece que "los prestadores de los servicios de telecomunicaciones deberán registrar y sistematizar losde sus usuarios y clientes y los registros de tráfico de comunicaciones cursadas por los mismos, para su consulta sin cargo por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público de conformidad con la legislación vigente".La disposición viene precedida por otra que obliga a las compañías de telefonía a hacer un seguimiento para conocer, qué llamadas atienden y dónde se ubicaba el móvil (en el caso de la telefonía móvil) en el momento de la comunicación.Enrique Chaparro, experto en seguridad informática y criptología, ha dado en el clavo: "Guardar por las dudas es un principio fascista. Es el principio de". Por su parte, Beatriz Busaniche, integrante de la Fundación Vía Libre, ha dicho que "en la práctica, el registro no es más que el reconocimiento público de que todos los ciudadanos podemos quedar bajo vigilancia y, aún peor, que esa vigilancia será realizada por compañías privadas".La Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea -Cabase- ha presentado un recurso de amparo ante la justicia cuestionando la constitucionalidad de la ley. Sin embargo, el magistrado interviniente, Guillermo Rossi, todavía no se ha pronunciado sobre la cuestión. Otro tema que preocupa a Cabase es la inversión que deberán hacer las empresas prestadoras de servicios de Internet para adaptarse a la ley, porque muchas no podrán hacer frente a losprecisos.Hay dudas sobre si todo esto es posible en términos técnicos. Pues sí, lo es. Pero no para el Gobierno argentino, que no tiene precisamente -como ninguno en el mundo- losinformático/tecnológicos. ¿Se acuerdan de Carnivore
Una nueva Ley en Argentina provoca gran polémica y descontento entre proveedores y usuarios. El Decreto número 1653 obligará a los proveedores de Internet, a partir de julio, a almacenar todos los emails y mensajes de chat por un término de 10 años, para que estos estén a disposición de la justicia, cuando ella lo requiera.

El decreto tiene su fundamento como una herramienta de seguridad para evitar secuestros y casos de narcotráfico, ya que de esta forma la Justicia podría acceder a la información si lo precisara.

La correspondiente ley fue aprobada por el Congreso en diciembre de 2003, virtualmente sin discusión y aparentemente sin que muchos legisladores advirtieran las implicaciones de semejante control.
La ley establece que "los prestadores de los servicios de telecomunicaciones deberán registrar y sistematizar los datos filiatorios y domiciliarios de sus usuarios y clientes y los registros de tráfico de comunicaciones cursadas por los mismos, para su consulta sin cargo por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público de conformidad con la legislación vigente". La norma se aplica a la telefonía móvil, de creciente difusión en la Argentina.