El presidente ad hoc de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo, aclaró que a partir del primero de julio del 2013 ningún magistrado o congresista podrá tener una pensión superior a 25 salarios mínimos mensuales vigentes, es decir 14.608.000 pesos.Según la decisión tomada por la Corte este martes, se ordena a todas las empresas que pagan “megapensiones” a altos funcionarios del Estado hacer una revisión de las mismas (con plazo del 31 de diciembre próximo), por lo cual las onerosas o excesivas pensiones de algunos congresistas o magistrados que están por encima de los 25 millones de pesos dejarán de existir.El magistrado González Cuervo dejó en claro que existió unanimidad para tomar la decisión, ya que el alto tribunal buscó respetar “la dignidad y el trabajo de todos los colombianos”. Igualmente, advirtió que los 1.058 funcionarios que en la actualidad reciben “megapensiones” gracias al régimen especial de transición de 1992, no tendrán que devolver el dinero que recibieron durante los años que percibieron dicha pensión.El magistrado señaló en este aspecto que “se presume que las entidades que pagaron estas pensiones han actuado de buena fe”, por lo cual no hay lugar a devolución de dinero. Cabe destacar que la Corte Constitucional, con este trascendental fallo, anuncia su aplicación a partir del primero de julio próximo.La corte sentó un precedente de gran relevancia para las pensiones de magistrados y congresistas, anunciando que para el régimen especial de pensiones ya no se tendrá en cuenta el salario devengado en el ultimo año de trabajo, sino que al igual que cualquier persona del común, se tomará como base el salario de los últimos diez años.Este lunes, la Sala Plena de la Corte Constitucional, había tumbado el régimen especial de pensiones que beneficiaba a magistrados y congresistas, gracias al artículo 17 de la Ley cuarta de 1992, norma que abrió el boquete que permitía que altos funcionarios ostentaran pensiones por encima de 25 salarios mínimos mensuales, con casos de mesadas de hasta 30 millones de pesos.Pero el alto tribunal dejó pendiente por definir desde cuándo regiría la decisión. En la sesión de este martes, determinó entonces que no será retroactiva y que las altas pensiones dejarán de existir desde julio próximo.
Archivo:PalacioDeJusticia2004-7-9Bogota.jpg|thumb|left|200px| de Bogotá, sede de la Corte Constitucional. 

La  ha ordenado su decisión del martes 7 de poner límites a las pensiones millonarias que devengan los miembros del  y los magistrados de las cortes a partir del primero de julio próximo.

El trascendental fallo indica que el tope no debe superar los 25 , que para este 2013 equivalen a 14 737 500 de  (más de 8 000 ), ordenando a las empresas prestadoras de las pensiones a revisar las liquidaciones de los más de 1 000  funcionarios públicos con retroactividad posterior al 31 de julio de 2010. En caso de presentarse sumas mayores, se hará disminución con plazo al 31 de diciembre del presente año, lo cual deja inexequible la  ley 4 de 1992 en lo que respecta al régimen especial de pensiones para los funcionarios citados. Para las respectivas liquidaciones, se tendrán en cuenta los diez últimos años de trabajo.

Con esta sentencia, el Estado colombiano podría ahorrar más de 50 millones COP (27 400 $) en materia pensional, pues en declaraciones a la prensa el , , argumentó que "lo que se espera, en honor a la equidad y estabilidad financiera del sistema, es que se ordene una vigencia retroactiva de dichos topes desde el día en que fue proferido el Acto Legislativo, es decir, desde 2010" y exhorta a aquellos que hayan devengado sumas superiores a devolver el dinero al Estado que en su criterio podrían haberse obtenido de forma fraudulenta.

Esta sentencia se decreta en momentos en que existe un descontento popular en materia de régimen pensional por el cual las mensualidades de la  mayoría de trabajadores son muy bajas en comparación con las sumas altas de dinero que gozan parlamentarios y magistrados, a pesar de varias  reformas que se habían desarrollado en los últimos años. Pese a ello, la Corte tuvo en cuenta varios principios del estado social de derecho y los fines del sistema para con la población.

La norma inexequible fue demandada por los abogados Germán Calderón España y Dionisio Araújo, este último manifiestó que "la Corte mostró independencia y cumplió con su papel de guardiana de la . Ahí había muchos intereses fuertes que buscaban que ese no fuera el resultado". En tanto las opiniones de varios juristas frente al fallo están divididas, en las cuales unos manifestaron su desacuerdo por el cual hay algunos que ya tienen más de 30 años cotizando su pensión mientras otros como los magistrados del  Alfonso Vargas y Jesús María Carrillo aprobaron la decisión en vista de un clamor popular por la equidad pensional.

No se descarta que esta sentencia podría ser demandada en ésta última entidad, la cual podría convertirse en posibles denuncias contra el Estado.