El juez Raúl Tomaselli explicó que la niña de 11 años de Concordia se presentó a interrumpir su embarazo no "por motivo del abuso sexual denunciado" , sino por razones de salud. Los médicos dijeron que "no amerita interrupción por riesgo obstétrico ", sostuvo
Tribunales de Concordia - Foto de archivo
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A través de un comunicado, la Justicia de Concordia ratificó su decisión de no permitir que la niña de once años que resultó embarazada por una violación se realizase un aborto, debido a que pidió la intervención "por causas terapéuticas" y no por "el abuso sexual" que sufrió.
"El informe médico indica que se trata de un embarazo normal y que no amerita interrupción por riesgo obstétrico", señalaron el juez interino Raúl Tomaselli; el defensor de Pobres y Menores Nº3 Alfredo Ruso; el secretario David Brodski; el defensor adjunto Eduardo Garay y el agente fiscal suplente Gustavo Castillo.
En ese sentido, los funcionarios explicaron que "la niña y la madre fueron entrevistadas en el juzgado en día martes [un día después del informe médico], no habiendo expresado su deseo de interrumpir el embarazo por motivo del abuso sexual denunciado, sino por causas terapéuticas (de acuerdo a la opinión médica originaria y anterior a la presentación judicial)".
"El expediente judicial se ha reconducido y proseguirá con medidas de protección de derechos a la niña y con la intervención y acompañamiento del organismo administrativo de protección de la niñez (Copnaf)", concluyeron en la misiva que fue publicada por el Diario Río Uruguay de Concordia.
De acuerdo con el artículo 86 del Código Penal la realización de un aborto por parte de un médico calificado no es punible en dos casos: "Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios" o "si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente".
Alicia Genolet, integrante del Consorcio Nacional por los Derechos Reproductivos y Sexuales (Conaders) de Entre Ríos, sostuvo hoy que "la familia de la niña de 11 años que quedó embarazada tras una violación fue presionada para desistir del aborto".
Asimismo, dijo en declaraciones a radio Máxima de Gualeguaychú que iniciarán "acciones judiciales contra el personal de Salud del hospital de San Salvador, donde inicialmente revisaron a la niña, e incluso contra los funcionarios judiciales que actuaron en el caso".
Una gran polémica se ha instalado en la sociedad argentina, debido a que los tribunales de justicia de la ciudad negaron el aborto a una niña de 11 años que solicitaba, por fines terapéuticos, interrumpir su embarazo. El juez desestimó la causa presentada por la madre y la niña debido a que los médicos expresaron que el embarazo que llevaba era normal y no poseía riesgos obstétricos para detener la gestación.



El grupo de acción social del grupo "Campaña Nacional por el Aborto Seguro y Gratuito" indicó que investigará si existieron presiones a la familia de la niña para que entregase un testimonio que le imposibilitara el aborto, ya que la madre solicitó el aborto en un sanatorio de la ciudad, pero se indicó que por el Código Penal debía solicitarlo a la justicia.

En el juicio, el hospital Masvernat hizo el estudio fisiológico de la niña buscando posibles problemas para afrontar el embarazo. Su informe, que fue base para decisión de la corte, indicó que se encontraba en excelentes condiciones para enfrentar la maternidad, ya que ella y su feto no poseían riesgos en el proceso de gestación.

Debido a la negativa de la corte, la justicia determinó la protección de los derechos de la menor y la compañía en este proceso por los organismos especializados en la materia.