Uruguay ha adoptado una ley pionera en América Latina que permite la adopción a parejas de homosexuales. La norma ha sido aprobada por mayoría absoluta en el Senado y entrará en vigor cuando la firme el Ejecutivo presidido por el socialista Tabaré Vázquez, lo que probablemente sucederá antes de las elecciones generales del 25 de octubre.
La ley uruguaya equiparó en 2008 los derechos de las parejas homosexuales con los de las heterosexuales cuando la convivencia supera los cinco años. Los homosexuales ya podían adoptar en Uruguay, pero como individuos y no en pareja. El matrimonio homosexual continúa siendo ilegal en este país predominantemente católico, pero pionero en la aprobación de muchas leyes de derechos civiles en el continente, como la ley del divorcio y el sufragio femenino.
La reforma legal, impulsada por la coalición de izquierdas en el poder, ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 27 de agosto, con algunas modificaciones con respecto a un primer borrador que requirieron una segunda votación en el Senado para que la ley pueda ser promulgada.
Según la senadora oficialista Margarita Percovich, la ley busca evitar las irregularidades que se producen en la actualidad, dado que muchos niños son entregados "de forma negociada, fomentando el tráfico de menores". Según la senadora, las instituciones católicas que se han opuesto a la norma lo han hecho porque hasta ahora eran las encargadas de seleccionar familias con el único criterio de que "fueran católicos". La nueva ley, según Percovich, permite que adopten personas "con otras características".
Sin embargo, el principal partido opositor, el Partido Nacional -de centro derecha-, rechaza profundamente la norma y deja abierta la posibilidad de derogarla en caso de que gane las próximas elecciones. Según esta formación, la adopción por parejas homosexuales no es aceptable porque "el padre y la madre conforman los dos roles clave" en la niñez. "En las parejas homosexuales esos roles aparecen entremezclados y por eso lo más conveniente es que las adopciones se hagan por parte de parejas heterosexuales", ha afirmado el senador opositor Eber Da Rosa.
Archivo:Palacio Legislativo.JPG|thumb|Palacio Legislativo, sede del poder legislativo en Montevideo.


El Senado uruguayo, con mayoría frente a la oposición, modificó el pasado jueves el Código de la Niñez y la Adolescencia, que habilita a las parejas del mismo sexo a adoptar menores, siempre y cuando lleven al menos cuatro años de convivencia y sean mayores de 25 años de edad.

La reforma, que ya se había aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 27 de agosto, con 40 votos a favor y 13 en contra, tuvo la oposición de los partidos tradicionales y de la Iglesia católica. Esta última, que ya había amenazado con excomulgar a los políticos que apoyaran el proyecto de despenalización del aborto en noviembre del año pasado, se volvió a manifestar en contra de esta nueva medida, argumentando que "No es un tema de religión, filosofía o sociología. Es algo que se refiere esencialmente al respeto de la naturaleza humana".

Uruguay se convierte así en el primer país de América Latina en aplicar una medida que, sin embargo, no se encuentra exenta de críticas y escepticismo. Los reparos más sólidos son los que apuntan a una presunta violación de los derechos fundamentales del niño y de la figura familiar. Tanto el Partido Nacional como la Iglesia sostienen que no se ha tenido en cuenta en cómo esta medida afectará la personalidad del menor y su relación de cara a la sociedad.

Por otro lado, fuentes cercanas al Frente Amplio señalan que lo que se persigue es equiparar los derechos de los menores en situación de desamparo, con independencia de la orientación sexual de sus futuros padres adoptivos. Otros incluso alegan que esta nueva reforma evitará "el tráfico de menores" en un país con una tasa de natalidad relativamente baja pero, por otro lado, con una demanda de adopciones anuales por encima de la media regional.

En cuanto a la opinión popular, el 53% de los uruguayos se manifiestan contrarios a esta reforma, frente a un 39% que la apoya y un 8% que se mantiene al margen.