BOGOTA (AP) — La Fiscalía General acusó a un mayor activo de la Policía, que ya fue detenido, bajo cargos de su presunta responsabilidad en la masacre de cinco personas hace 15 años, se informó el jueves oficialmente.
El ente investigador, en su página de internet, explicó que la resolución de acusación afectó al mayor José Vicente Castro como eventual responsable de los delitos de homicidio, secuestro, y concierto para delinquir
La determinación fue adoptada por Walter Asuad, fiscal 10 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.
La masacre fue perpetrada por paramilitares el 1 de julio de 1996 en el caserío La Granja, municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, a unos 350 kilómetros al noroeste de Bogotá.
La estación de Policía en La Granja, precisó la Fiscalía, era comandada por el oficial Castro, quien fue detenido el miércoles para hacer efectiva la medida de aseguramiento.
Por esta masacre y por la perpetrada en el caserío de El Aro (1997), también en Ituango, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Panorámica de Ituango (Antioquia).Foto: Sergio Fajardo/Wikimedia Commons

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía colombiana ordenó la captura del mayor de la Policía, José Vicente Castro, por su responsabilidad en el asesinato de cinco personas a manos de paramilitares ocurrido en 1996.

Castro, quien para esa época era subcomandante de la estación local de la institución en el municipio antioqueño de Ituango, permitió que un grupo armado dirigido por los hermanos Castaño (Carlos y Vicente) y Carlos Mauricio García, alias "Rodrigo Doble Cero", entraron a los corregimientos de La Granja y El Aro (perteneciente al municipio citado) para asesinar a varios campesinos de la región, acusándolos de supuesto colaboracionismo con la guerrilla.

La decisión del ente acusador se basa en que el agente policial incurrió en los delitos de concierto para delinquir, homicidio y secuestro, si bien Castro ya fue juzgado anteriormente en 2004 por delitos de comisión y omisión al cual quedó absuelto. El informe de la Procuraduría estableció que el policía olvidó proteger la vida de los habitantes de los corregimientos ituangueses al saberse de las intenciones paramilitares, razón por el cual el Estado colombiano fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El fiscal 10 de la Unidad mencionada, Walter Asuad, ordenó la reclusión de Castro en la cárcel de Facatativá, en el departamento de Cundinamarca. Además, en la etapa de investigación, la Fiscalía desmintió que las víctimas no tenían colaboración alguna con los guerrilleros en la época que ocurrió el asesinato.