La larga batalla argentina en torno al aborto parece a punto de terminar. En los próximos diez días, el Congreso recibirá un proyecto de ley sobre la despenalización de la interrupción del embarazo. Ese fue el anuncio más relevante (y más aplaudido) de los efectuados por el presidente Alberto Fernández durante la ceremonia de apertura del curso parlamentario. Fernández también dio detalles sobre la próxima reforma de la justicia federal, una cuestión peliaguda porque cualquier cambio puede ser interpretado como un instrumento para ayudar a la multiprocesada vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y sobre la limitación de poderes de los servicios de inteligencia.
El presidente se refirió en primer lugar a la situación económica. Habló de un “país dañado” tras dos años de recesión, con una inflación del 53,8% en 2019 y un desempleo del 9,7%, pero no pudo definir un programa concreto porque eso depende del resultado de la renegociación de la deuda, a desarrollar y, en principio, concluir durante este mes de marzo. “Nos endeudamos solo para beneficio de los especuladores y los prestamistas”, dijo. “Todos hemos visto cómo los dólares terminaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos con la deuda”. Fernández reveló que el Banco Central analiza estos días qué ocurrió con el dinero procedente del Fondo Monetario Internacional, gran parte del cual se esfumó al financiar el ahorro privado en dólares o desviarse a la simple evasión de capitales.
Entre las grandes urgencias, más allá de la lucha contra el hambre (la inseguridad alimentaria aumentó en Argentina un 71% durante el mandato de Mauricio Macri, según la FAO), subrayó la necesidad de “acabar con el vicio inflacionario”. “No es posible que con la divisa estable y con las tarifas y los combustibles congelados, el precio de los alimentos siga creciendo”, dijo. “Los pícaros que especulan subiendo los precios no tienen cabida en nuestra sociedad”.
Impuestos al campo
La situación impositiva de los productores agrícolas forma parte de la ecuación alimentaria. Alberto Fernández insistió en que la propuesta de su Gobierno en materia de derechos de exportación (retenciones fiscales) incrementaba el porcentaje de solo “uno de un total de 25 cultivos afectados” (se trata de la soja, que pasaría del 30% al 33%) y consideró que se trataba de un planteamiento “generoso y solidario”. Los empresarios del campo amenazan con movilizaciones de protesta, a la espera de nuevas reuniones esta semana.
La reforma más delicada entre las que quiere abordar Fernández es la referida a la justicia federal. Actualmente, una docena de magistrados federales con despacho en Buenos Aires absorbe todas las grandes causas, desde la corrupción política al crimen organizado. Esa concentración de poder (“un oligopolio”, según Fernández) favorece el reparto interesado de sumarios y otras disfunciones. La idea del Gobierno consiste en descentralizar la justicia federal (los sumarios sobre el crimen organizado se desarrollarían por ejemplo en Santa Fe, la provincia más afectada por el problema) y en incrementar hasta medio centenar, al menos, el número de magistrados.
La gran cuestión es cómo se designarán los nuevos jueces federales. Según sea el mecanismo, se avivarán las sospechas de partidismo. Siempre está ahí la sombra de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con múltiples causas por corrupción y abiertamente enemiga de la justicia federal. La vicepresidenta permaneció impasible, sentada a la izquierda del presidente, durante la lectura del discurso.
Otro proyecto ambicioso, relacionado con la justicia, es la transformación de los servicios de espionaje. La Agencia Federal de Inteligencia fue intervenida por el Gobierno desde la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, y en los próximos días se publicará un decreto urgente que prohibirá a los agentes de este servicio “auxiliar a los jueces” (una práctica común hasta ahora, con un trasiego descontrolado de información confidencial) y dedicarse al espionaje político. “Hay que terminar con los sótanos de la democracia”, afirmó el presidente, quien prometió publicar todos los informes de la AFI sobre el polémico atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que en 1994 causó 85 víctimas y cuyos autores siguen sin conocerse.
Tras anunciar la creación de un Cuerpo Administrativo del Estado para elevar el nivel de los altos funcionarios y de una agencia pública para evaluar el impacto de las decisiones estatales, Alberto Fernández se adentró en la cuestión estelar de su discurso. “El aborto está penalizado desde 1921”, explicó, “y hay muchos abortos pese a la amenaza penal”. “En el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros para disponer libremente de sus cuerpos”. Para acabar con “la hipocresía”, el presidente reveló que en los próximos diez días enviaría al Congreso un proyecto de ley de legalización del aborto “en el tiempo inicial de embarazo” dentro de la sanidad pública. El aplauso, dentro de la Cámara y en el exterior, donde varios centenares de personas seguían la sesión, fue larguísimo.
Dezenas de argentinos protestam a favor da legalização do aborto em 2018.

No domingo, o presidente argentino  anunciou que enviará um projeto de lei ao Congresso Nacional nos próximos dez dias que visa legalizar o . O presidente já o havia chamado de "uma questão de saúde pública".

"Nos próximos dez dias, apresentarei um projeto de lei pela interrupção voluntária da gravidez para legalizar o aborto no momento inicial da gestação e permitir que as mulheres acessem o sistema de saúde quando tomarem a decisão", afirmou Fernández. Milhares de pessoas se reuniram em frente ao  com ''slogans'' apoiando a legalização.

Atualmente, o aborto é ilegal no país de maioria  e só é permitido em dois casos: se a gravidez foi resultante de  ou se representa um risco para a mulher. Fernández disse que a lei "condenou muitas mulheres, geralmente de recursos limitados, a recorrerem a práticas abortivas em absoluto sigilo, colocando sua saúde e, às vezes, suas vidas em risco".

Estimativas do governo argentino indicam a realização de cerca de 350 mil abortos ilegais a cada ano. O aborto ilegal é um crime punível no país latino-americano desde 1921. O presidente Fernández afirmou que "um Estado presente deve proteger os cidadãos em geral e obviamente as mulheres em particular e no século XXI toda sociedade precisa respeitar a escolha individual de seus membros para decidir livremente sobre seus corpos".

Após os anúncios do presidente, a diretora da  da Argentina, Mariela Belski, disse que o presidente "ouviu as demandas de mulheres, adolescentes e meninas". O processo dos direitos ao aborto foi criticado pelo arcebispo Monsenor Jorge Eduardo Scheinig. Chamando de "cultura da morte", o arcebispo disse: "Precisamos orar para que na Argentina o sim à vida seja mais forte que a morte".

,  e  são os outros países da  onde o aborto durante as primeiras semanas de gravidez é legal. Em 2018, o congresso argentino aprovou um projeto de lei que legalizava o aborto, mas ele acabou barrado pelo Senado.