El 22 de diciembre de 2008, a las diez de la noche, Diego Yesid Bosa caminaba por el barrio Restrepo, en el sur de Bogotá. Estaba cansado, todo el día había estado poniendo tapas para zapatos, cosiendo suelas y remontando botas de cuero. Era lunes y repasaba en su mente las tareas de la semana. A una cuadra de distancia vio un camión parqueado, y al lado, a unos ocho militares. Cuando cruzó frente a ellos, los uniformados le pidieron los papeles. Diego sacó la contraseña que había solicitado cuatro meses antes, cuando cumplió los 18 años.
-¿Y la libreta?-preguntó el militar en voz alta y con aire de autoridad.
Diego cerró los ojos presintiendo lo que se avecinaba. No tuvo más remedio que aceptar no tener el documento.
-¡Al camión!
El joven subió sin decir palabra. Pensaba que en cuestión de unas horas iba a llegar a la casa para comer en compañía de su madre. Tenía hambre. Como pudo, intentó acomodarse en medio de más de treinta jóvenes que como él, no habían presentado el servicio militar.
Esteban Santos, el hijo menor del presidente de la República, se incorporó al Ejercito Nacional en el fuerte de Tolemaida.
Un soldado les anunció que iban a ser llevados al Distrito No. 15 en Bogotá, pero una hora después la ciudad desapareció y el paisaje de casas ahora era campo. Cuando ya estaban lejos, el mismo soldado dijo que lo del Distrito era una mentira y que les esperaba una larga estadía en un batallón.
Los más sensibles empezaron a llorar. Algunos jóvenes que en el momento de la batida estaban borrachos, para ese instante estaban pasmados. Los más borrachos se durmieron. Diego miraba cómo el camino se extendía alejándolo cada vez más de su madre. Tomó el celular para llamarla, pero estaba descargado. No imaginó que la ruta del camión lo llevaría a una odisea de casi dos meses.
La objeción de conciencia es un recurso que tienen los jóvenes que, por su ideología pacifista, no quieren prestar servicio militar. La objeción es amparada por el artículo 18 de la Constitución Política de Colombia que trata de la libertad de conciencia: “Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar en contra de ellas”.
Aunque el artículo 18 es un derecho fundamental, entra en pugna con el 216, que establece que todo colombiano está obligado a tomar las armas para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. Y también con la ley 48 de 1993: “Todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título”.
Con 18 años recién cumplidos y ninguna discapacidad física, Diego Yesid cumplía con los requisitos legales para ser reclutado. Aunque su cuerpo era apto, su mente estaba en contra de portar camuflado y, más aún, de empuñar un arma.
A las cuatro de la mañana el camión se estacionó en el Batallón de Infantería No. 1 de Tunja. Los más de treinta muchachos se bajaron. Un oficial los agrupó y les asignó un cuarto en el que había más de quince camarotes.
La objeción de conciencia es un recurso con que cuentan los jóvenes que se niegan a prestar servicio militar.
Con el sueño extraviado en los pensamientos, Diego se quedó meditando el resto de la madrugada y escuchando las conversaciones y sollozos de algunos compañeros. Se sentía en un mundo extraño. Su vida normal de zapatero estaba tomando un viraje. Ahora, en contra de su voluntad, amanecía siendo un militar.
Los muchachos fueron pasando a la peluquería. Pelos rubios, largos, crespos y lisos se iban amontonando en el suelo. Todos salían con la cabeza rapada. Todos eran soldados.
Según La Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia –ACOOC–, creada en 2005, Colombia recluta en el año 110.000 jóvenes aproximadamente. La Red Juvenil de Medellín dice que durante el proceso de reclutamiento son llevados a los batallones estudiantes, objetores y muchachos con problemas médicos no detectables a simple vista.
Durante un mes, Diego accedió a portar el camuflado. No quería discutir con nadie. Cuando comenzó el entrenamiento se dirigió hacia un oficial de apellido Moreno. Por primera vez levantó la voz. Dijo que esta guerra no era la suya. El oficial, sorprendido, se le burló en la cara y le dijo que estando en el Batallón no lo iba a sacar ni el mismísimo Presidente de la República.
Desde ese día abandonó el camuflado y se convirtió en un punto aparte en medio de sus compañeros. Se rehusó a acatar las órdenes de los superiores respondiendo que como no era soldado, nadie en el batallón tenía autoridad sobre él. Los oficiales lo amenazaron con llevarlo al calabozo o con una estadía más prolongada por desobediencia.
Los demás soldados lo veían como un loco o un soñador. Le aconsejaban que dejara de luchar contra un poder tan grande como el conformado por las Fuerzas Militares. Le decían que el pez grande se come al chico y que se conformara con obedecer las órdenes de sus superiores para no tener problemas.
En Bogotá, la madre angustiada por el traslado de su hijo a la capital boyacense contactó a la ACOOC para que interviniera. En los seis años que lleva la fundación, ha sacado a más de 600 jóvenes de los batallones por ser objetores de conciencia, o por reclutamiento irregular (menores de edad, estudiantes o enfermos).
Dos representantes de la fundación viajaron hasta Tunja, llegaron al Batallón y fueron atendidos por el oficial Moreno. Los recién llegados le explicaron en qué consistía la objeción, le mostraron la Constitución en el artículo 18, el militar mostró el mismo documento pero en el artículo 216. Quedaron empatados. Luego los primeros sacaron cartas de la Asamblea de las Naciones Unidas, de la Fundación Civis de Suecia, y de la Human Rights Watch. El oficial, sin más papeles para poner sobre la mesa, dijo que primero se iba él antes que el muchacho.
Los objetores de conciencia difunden oposición a través de varios medios.
Diego Yesid estaba desesperado, se sentía un animal enjaulado, un preso de los militares. Cuando llevaba mes y medio, sintiendo que el tiempo transcurría sin que se le solucionara nada, hizo huelga de hambre. Pasó el primer día, pasó el segundo; solo tomaba agua. Fueron seis días de huelga hasta que el Batallón emitió una carta firmada por un sicólogo en la que estaba escrito que Diego Yesid tenía problemas de adaptación a la vida militar. Nunca se dijo que era objetor.
Han pasado tres años desde entonces. Hoy Yesid trabaja en una marroquinería y los fines de semana impulsa la objeción de conciencia para evitar que otros jóvenes sean reclutados en las batidas. Aún no tiene libreta.
El 22 de diciembre de 2009, otro joven, José Luis Peña, fue reclutado en Bogotá durante una batida. Como en el caso de Diego, fue transportado en un camión, pero esta vez al Batallón de Tolemaida. El joven decía que no quería portar un arma porque era un artefacto para matar y el no estaba de acuerdo con eso. Nadie lo atendió. Era otro “loco” en otro batallón.
Llegó la Navidad del 2009, el Batallón celebró, los militares departieron; José Luis, no. Llegó el Año Nuevo y sucedió lo mismo. El muchacho hablaba con sus compañeros, con los coroneles y con lo sargentos para que lo sacaran del batallón. La respuesta siempre era negativa. El 17 de enero se le concedió una licencia para visitar su familia. Aprovechando la licencia, José Luis no regresó. A finales de 2010, fue detenido por el delito de deserción y trasladado a Leticia para cumplir con el servicio.
Los jóvenes que se rehúsan a prestar el servicio militar por su ideología pacifista afrontan consecuencias legales, laborales y educativas por ser considerados remisos. Julián Ovalle, de 30 años, miembro de La Acción Colectiva, no pudo terminar sus estudios de sicología en la Universidad Nacional por no tener la libreta militar.
Los objetores, aparte de no poder culminar sus carreras profesionales, tampoco pueden trabajar con el Estado y están en la mira de los soldados durante las batidas: ¡pueden terminar en batallones de cualquier lugar del país!
En Colombia, el servicio militar es obligatorio para todo varón mayor de edad según el artículo 218 de la Constitución, sin embargo este artículo contradice al artículo 18 que dice:

Escudo del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia.



Es por esto que un grupo de jóvenes colombianos se ha asociado para permitir que jóvenes de pensamiento pacifista que no quieren portar armas puedan salir de los barracones militares. La asociación se llama ''Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia'' (ACOOC), quienes respaldados por documentos internacionales como cartas de la Asamblea de las Naciones Unidas, de la Fundación Civis de Suecia, y de la Human Rights Watch ayudan a salir a jóvenes que han sido reclutados por las fuerzas militares en contra de su voluntad y en contra de sus creencias.

Muchos de estos jóvenes rescatados han sido reclutados en forma irregular, por ser menores de edad, estudiantes o por poseer enfermedades que no fueron detectadas durante el reclutamiento.

Según la ACOOC 110.000 jóvenes son reclutados en Colombia cada año. Hasta ahora la asociación ha logrado liberar ha casi 600 jóvenes reclutados en contra de sus creencias.