Con los votos del oficialismo, el Parlamento aprobó definitivamente la ley que regula la marihuana en Uruguay. La Cámara de Senadores otorgó la media sanción que restaba luego de que su homóloga de Diputados diera el visto bueno, y así entra en vigor una polémica ley que impulsó inicialmente el Presidente José Mujica y sobre la cual pesan acusaciones de inconstitucionalidad. El proyecto -ya ley- se denomina 'Marihuana y sus derivados: Control y regulación del Estado de la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento comercialización distribución y consumo'.
La extensa sesión del día martes culminó con la sanción del mismo, que regula por parte del Estado el uso del cannabis, y tiene como propósito reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado, así como también combatir las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso problemático de sustancias psicoactivas, a través de la intervención del Estado.
En la nueva ley se crea el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), como una persona jurídica de derecho público no estatal. La institución fiscalizará el cumplimiento de la ley, otorgará y llevará adelante el registro de licencias a los productores y vendedores, al tiempo que tendrá potestad para sancionar en casos de incumplimiento.
La votación se desarrolló entre movilizaciones a favor, bajo la consigna "La última marcha con la marihuana ilegal", y críticas en las redes sociales, por ejemplo "Ahora somos república falopera", en un debate donde ningún uruguayo quedó ajeno. Sobre las 22.40 (hora local) se votó, cerrando un debate de 13 horas. La votación fue afirmativa por 16 senadores en 29 presentes. El vicepresidente Danilo Astori fue el encargado de pronunciar la frase "queda aprobado el proyecto de ley", tras lo cual una multitud presente en las barras del Senado prorrumpió en gritos y aplausos.
Con fines no médicos
Citando la ley, desde ahora se permite en territorio uruguayo la plantación, cultivo y cosecha con fines no médicos, es decir destinado al consumo personal o compartido en el hogar. El máximo permitido es de seis plantas, equivalente a 480 gramos anuales de producto recolectado. Cualquier plantación no autorizada deberá ser destruida con la autorización del juez. Al mismo tiempo caducan aquellos delitos en los cuales habían incurrido personas que plantaban marihuana en sus hogares bajo estos límites.
En Uruguay se permite así el uso de la marihuana con fines de investigación científica o para la elaboración de productos terapéuticos de utilización médica, y el Ministerio de Salud Pública se encargará de su control. Se autorizarán clubes de membresía que podrán oscilar entre 15 y 45 socios. Estas asociaciones podrán plantar hasta 99 plantas de uso psicoactivo y obtener como producto de la recolección de esas plantas un máximo anual proporcional al número de socios (480 gramos por persona, por año). El Poder Ejecutivo se encargará de su regulación.
Aquellas personas que deseen consumir deberán estar registradas ante el Estado, sin costo alguno, y podrán acceder a 40 gramos mensuales por persona. Para el uso medicinal del cannabis, se necesitará una receta médica. Los conductores de vehículos tendrán un tope de THC en su organismo. De incurrir en infracción, las penas pueden ir hasta la inhabilitación para conducir por un año.
Éticamente cuestionable
Desde la oposición se manejaron argumentos diversos para el voto negativo, llegándose a la acusación de inconstitucionalidad. El senador Jorge Larrañaga del Partido Nacional fue uno de los más enfáticos. "Es lamentable utilizar al país y a sus jóvenes para un experimento de este tipo. (El proyecto) parte de premisas falsas, objetivos equivocados, éticamente cuestionables y propone soluciones a nuestro juicio, erradas. El gobierno abre una puerta al vacío. Desconoce los verdaderos intereses de los uruguayos. La agenda de los problemas nacionales pasan por otro lado".
Por su parte la senadora Constanza Moreira del gobernante Frente Amplio, se enorgulleció de la nueva ley. "Esta jornada es histórica para mucha gente. Este proyecto es un gran paso. En especial para los jóvenes y en especial en este país en el que no tratamos muy bien a los jóvenes". Defendió la idea, señalando que "no hay pruebas respecto a que los drogadictos se transformen en delincuentes", aludiendo a algunas críticas formuladas desde la oposición.
Desde el Partido Nacional se reiteró la negativa a la votación del proyecto, y se lanzó oficialmente la intención de derogar la ley. "Asumo mi compromiso y el del Partido Nacional de derogar esta ley", dijo Larrañaga al salir del recinto parlamentario. La oposición, compuesta por el Partido Nacional y el Partido Colorado, maneja la posibilidad de recolectar firmas y así llegar a un plebiscito, aunque también sopesa la posibilidad de que las próximas elecciones legislativas arrojen un nuevo escenario de mayorías, y así tratar de derogar la ley en el Parlamento.
Su primer impulsor, el Presidente José Mujica, reconoce que como país "totalmente preparados no estamos" aunque insiste en que es la primera de las soluciones para el combate al narcotráfico. En tanto este martes el presidente de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, indicó a radios de Montevideo que la primera partida de marihuana para venta legal estaría disponible en el segundo semestre de 2014. "Queda por delante el complejo proceso de la reglamentación en el que hay que ir lento y a paso fijo", acotó.
Senado uruguayo en 2006.
El senador oficialista Ernesto Agazzi. 

El senado uruguayo aprobó la producción, distribución y venta de marihuana con dieciséis votos a favor y trece en contra. El proyecto, impulsado por el gobierno de José Mujica, ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados en julio y permite que los ciudadanos mayores de dieciocho años puedan comprar, por mes, cuarenta gramos de esta droga o bien cultivar un máximo de seis plantas de cannabis. También se legaliza la creación de “clubes de cultivadores”. Se estableció además la creación de un organismo del estado para su regulación y se estipuló un plazo de 120 días para crear una reglamentación con los detalles. Se prevé que cueste alrededor de un dólar por gramo y se prohibió su venta a extranjeros. La legalización de esta droga para uso recreativo, aprobada ya en los estados estadounidenses de Washington y Colorado, se suma a las recientes leyes progresistas aprobadas en Uruguay, tales como el Matrimonio Igualitario y la despenalización del aborto.



El debate duró alrededor de doce horas y mientras sesionaba la cámara, manifestantes se congregaron afuera del Palacio Legislativo bajo la consigna de “cultivando la libertad Uruguay crece”. Legisladores opositores criticaron duramente la sanción de la ley, que se espera que entre en vigencia en abril del próximo año. Argumentaron temer al tráfico de drogas más fuertes, mayor exposición de la población a las drogas y que se legalizó por no haber podido combatir al narcotráfico. El opositor Pedro Bordaberry expresó: “no se puede experimentar con esto, son cosas demasiadas serias”. Por su parte, el oficialista Ernesto Agazzi dijo “No sé si la guerra a las drogas ha fracasado, a algunos le ha ido bien, algunos han ganado mucha plata ... Creo que esta ley no es una ley de legalización, es una ley que regula, no es blanda como se dice aca”. Héctor Lescano también se expresó a favor y alegó “Este es un gran tiempo de derechos que aseguran un país más justo y solidario”, mientras que Luis Alberto Lacalle, Jorge Larrañaga y José Amorín Batlle dijeron que el artículo diez es anticonstitucional.



La medida también generó repercusiones internacionales. Por un lado, es apoyada por el premio nobel Mario Vargas Llosa, por el secretario de la OEA, Jose Miguel Insulza y los expresidentes latinoamericanos Vicente Fox y Fernando Henrique Cardoso. Por otro lado, tanto Brasil como el Papa Francisco la han criticado, mientras que la ONU advirtió que es una violación a la Convención Única sobre Estupefacientes de 1968.