El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes Echandía murió por una bala del Ejército, durante la retoma militar al Palacio de Justicia que había ocupado el M-19, según un informe de la Comisión de la Verdad.
El ex magistrado Jose Roberto Herrera Vergara, miembro de esta comisión, le dijo a Caracol Radio, que la conclusión se desprende de los dictámenes legistas.
Herrera Vergara explicó que en el cuarto piso del Palacio de Justicia murieron cerca de 50 personas, entre ellas nueve magistrados de la Corte Suprema, y la mayoría de ellos recibieron previamente disparos de galil.
"En el caso del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes Echandía, hay un impacto en el tórax, y según el dictamen judicial, no proviene del M-19", añadió.
Luego dijo a Caracol Radio que la Comisión se ha basado en los informes técnicos, con los cuales llegó a al conclusión de que al ex magistrado Reyes lo mató el Ejército.
Agregó que sobre los otros magistrados que murieron en el mismo mismo piso resulta muy difícil establecer quien les causó la muerte, porque quedaron totalmente calcinados
Al ex magistrado Manuel Gaona Cruz, según los informes, lo mató un guerrillero del M-19 que le disparó en al cabeza, afirmó Herrera Vergara.
Pablo Escobar pagó 2 millones de dólares por la toma al Palacio
La comisión de la verdad que durante un año investigó los hechos que rodearon el holocausto en el Palacio de Justicia ocurrido en 1985, encontró evidencia con base en testimonios recopilados, de que el entonces jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, pagó dos millones de dólares a la guerrilla del M-19 por la toma a la sede de la justicia en Colombia.
La comisión de la verdad reveló su informe sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia hace 21 años y aseguró que el entonces presidente Belisario Betancourt Cuartas actuó como un espectador más de los hechos, debido a que desde un principio tomó la decisión de no negociar pese a las súplicas de los rehenes para que se diera un cese al fuego.
El informe destaca que Belisario Betancourt no tomó decisiones para evitar el ingreso de la fuerza pública al Palacio de Justicia, hubo ausencia de poder y falta de liderazgo al momento de actuar frente a la acción que habían iniciado los guerrilleros del M-19 al tomarse la sede de la justicia en la Plaza de Bolivar.
Sobre la fuerza pública, la Comisión de la Verdad señala que no se tuvo un plan claro para respetar la vida de los rehenes sino que se utilizaron las tácticas militares para acabar con el enemigo, sin medir las consecuencias que ese procedimiento podría tener para con los secuestrados.
El informe advierte que "hubo indiferencia por parte de las autoridades que no escucharon el clamor de las víctimas para que se diera el cese al fuego" e instó a los generales de la época que se vieron implicados a que pidan perdón al país por los excesos cometidos durante la retoma.
También les dice que deben entregar información a las autoridades sobre los hechos que son desconocidos para la Nación como es el caso de los desaparecidos, sobre quienes se debe hacer claridad y conocer de los hechos acontecidos en la fecha del asalto al Palacio de Justicia.
Palacio de Justicia de Bogotá
 Un año después de haberse conformado, la llamada Comisión de la Verdad entregó este martes (14) su informe sobre la cruenta toma del Palacio de Justicia de Bogotá, perpetrada por la guerrilla del M-19 el 6 y 7 de noviembre de 1985, hecho que dejó como saldo 55 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema, y 10 desaparecidos, además de la destrucción parcial del edificio. El informe fue divulgado el miércoles (15).

Los ex magistrados de la Corte Suprema José Roberto Herrera, Jorge Aníbal Gómez y Nilson Pinilla, quienes integran la Comisión, encontraron con base en la información recopilada que el extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar les pagó US$2 millones a los guerrilleros del M-19 por tomarse el Palacio, con el fin de presionar a los juristas de la Sala Constitucional que debatían la aprobación de la extradición. El M-19 fue declarado por la Comisión "primer responsable" del holocausto. Los otros dos responsables son el entonces presidente Belisario Betancur y el Ejército de Colombia.

Añadieron que existen indicios de torturas y otras violaciones a los derechos humanos tanto por parte de los guerrilleros, que murieron todos, como de las Fuerzas Militares, que al mando del coronel Alfonso Plazas Vega ejecutaron una violenta retoma y quienes, a juicio de la Comisión, no diseñaron un plan que respetara las vidas de los secuestrados y, por el contrario, al parecer torturaron y mataron a algunas personas que salieron con vida del Palacio. En el informe se dice que ''"hubo indiferencia por parte de las autoridades que no escucharon el clamor de las víctimas para que se diera el cese al fuego"''. ''"El operativo fue tan intrépido como torpe"'', sostiene la Comisión.

También afirma la Comisión que el presidente Betancur, al decidir no negociar con los insurgentes, a pesar de las súplicas telefónicas del inmolado presidente del tribunal Alfonso Reyes Echandía, se convirtió en un ''"espectador más"'' de los hechos, carente de liderazgo y de poder. Los magistrados instaron a los comandantes militares de la época a pedir perdón al país y a entregar toda la información acerca de hechos no aclarados, como el caso de los desaparecidos. Echandía y otros dos magistrados murieron por balas disparadas por los militares, según la Comisión.

El magistrado Herrera confirmó las desapariciones forzadas de los empleados de la cafetería del Palacio y de evidencias contra los militares: ''"No se descarta que sus cadáveres hubieran sido llevados al basurero Mondoñedo o sepultados en fosas comunes ... Se incineraron algunos cadáveres, se lavaron otros, se les despojó de sus prendas, se ordenó a algunos bomberos trasladarlos de la escena del crimen, junto con elementos materiales, algunos de los cuales se barrieron, quedando destruidas huellas o eliminadas valiosas pruebas"''.