El hallazgo de seis fosas clandestinas con cadáveres en las afueras de Iguala (Guerrero) ha desatado todas las alarmas. En este municipio de 131.000 habitantes, donde impera la ley del narco, se desató el último viernes de septiembre un estallido de violencia policial contra un grupo de estudiantes de magisterio (normalistas) que acabó con seis muertos, 17 heridos y unos 40 desaparecidos. La posibilidad de que los cuerpos, localizados gracias al testimonio de un detenido, correspondan a estos estudiantes pesa en la mente de las autoridades y de todo el estado, pero, de momento, ni la Procuraduría ni ningún organismo oficial han confirmado esta hipótesis. Las tareas de rescate de los cadáveres son aún muy incipientes y ni siquiera se conoce su número exacto, aunque algunos medios locales los cifraban en nueve. “Para determinar su identidad, tenemos que hacer las pruebas genéticas”, señaló el procurador Iñaky Blanco.
El temor a que los normalistas, un grupo estudiantil muy organizado y tradicional semillero de guerrilleros, tomen venganza llevó al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, a pedir tranquilidad: “Ante la situación, hago un llamado mantener la concordia y evitar por todos los cauces la violencia, hoy como nunca se requiere de la unidad de todos, sería lamentable que alguien sacara provecho político”.
El destino de los desaparecidos en Iguala se ha convertido en una incógnita de magnitud nacional. La violencia policial ejercida contra los normalistas por apoderarse de tres autobuses para trasladarse a su escuela y la intervención de sicarios junto a agentes municipales han destapado la descomposición de Guerrero. Con casi tres millones y medio de habitantes, es el estado con la mayor tasa de homicidios de México y campo de batalla de cuatro organizaciones criminales. En el caso de Iguala, el control está en manos de los Guerreros Unidos.
La detención de 22 policías municipales por su implicación en las muertes no ha frenado el escándalo. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, al que se ha acusado de estar conectado con el narcotráfico, se ha dado a la fuga. Su secretario de Seguridad, el jefe de los agentes que dispararon a los estudiantes, está en la misma situación. Las investigaciones de la Procuraduría estatal han determinado que muchos policías detenidos formaban parte de los Guerreros Unidos. Y, aunque algunos sicarios (halcones y gavilleros) han sido detenidos, ningún cabecilla ha caído en manos de la procuraduría.
Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo de seis fosas clandestinas con cadáveres a las afueras de , en el estado de . Los cuerpos aún sin identificar podrían ser los 43 estudiantes desaparecidos desde finales septiembre tras la ola de violencia que azotó la ciudad.

Iñaky Blanco, Procurador General de Justicia del Estado, declaró en conferencia de prensa que al momento no se ha podido determinar el número de cuerpos ni identificarlos; fueron trasladados al Servicio Médico Forense para determinar si son los estudiantes de la . Asimismo, el gobernador del estado, , reveló que las personas fueron "salvajemente masacradas".



El procurador aseguró que la identificación contará con el apoyo del departamento de  de la división científica de la Policía Federal, además de la Coordinación de Servicios Periciales de la  (PGR). La PGR anunció también que atrajo la investigación sobre la desaparición de los estudiantes, "en virtud de que se encontraron elementos para ello".

'''', citando al periódico '''', aclara que se trata de una fosa con al menos nueve cuerpos. Mientras que el periodista , habla de tres fosas comunes con cuerpos calcinados. Las fosas se hallan a 15 kilómetros del lugar donde sucedieron los ataques del 26 de septiembre.

, secretario de Salud de Guerrero, dijo que la identificación tardará al menos dos semanas y que continúan las excavaciones en el área. El hallazgo fue un "golpe para padres y compañeros de los desaparecidos". Al mismo tiempo que aumenta la tensión en Guerrero, el gobernador Aguirre, cada vez más cuestionado, fue atacado con , informó ''''.



Por su parte, otras escuelas normales rurales en México se han declarado en  solidarizándose con los normalistas de . El temor al desencadenamiento de otra ola de violencia llevó a Aguirre a declarar: "Hago un llamado a mantener la concordia y evitar por todos los cauces la violencia, hoy como nunca se requiere de la unidad de todos, sería lamentable que alguien sacara provecho político".

Sobre los ataques, las autoridades de Guerrero han reconocido que la policía hizo un . En este sentido son ya 30 los detenidos, 22 policías, miembros de la delincuencia organizada y gatilleros. El sábado 27 de septiembre, estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa denunciaron que 57 (o 58, la cifra varía) de sus compañeros estaban desaparecidos, al martes siguiente se reportó que 13 ya había regresado a sus hogares. Desde entonces, en el país se han realizado protestas para exigir el regreso de los jóvenes.