El futuro de las pensiones altas de los excongresistas se truncó con el fallo de la Corte Constitucional. Ellos, quienes dominan las jubilaciones onerosas con casi 60% del total, perdieron la puja por mantener sus recursos.
Los dineros otorgados desde 2010 al parecer se tendrán que revisar para que sean devueltos al Estado, tema que al cierre de esta edición seguía en discusión en la Corte. El Gobierno Nacional se podría ahorrar $50.000 millones por este tema, según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
“Lo que se espera, en honor a la equidad y estabilidad financiera del sistema, es que se ordene una vigencia retroactiva de dichos topes desde el día en que fue proferido el Acto Legislativo, es decir, desde 2010. Eso implica que se deben revisar y re-liquidar todas las pensiones que se causaron desde dicho momento, y si se prueba que algún exfuncionario público percibió de mala fe debe devolver dinero y someterse a una investigación penal, pues es un detrimento al erario y un delito” aseguró Julio Orozco, abogado experto.
Con la decisión de tumbar las pensiones millonarias, la Corte le pone fin al llamado “Club de los 1.000”, como se conoció al grupo de los 1.032 exfuncionarios con mesadas superiores a 25 salarios mínimos, alrededor de $15 millones. Además, al reconocerse la retroactividad, serán los fondos de pensiones los encargados de recalcular las mesadas, llamar a los deudores y acordar un modo de pago sobre el excedente.
“Las personas que a sabiendas del Acto Legislativo incurrieron en liquidación o re-liquidación de la pensión podrían ser perseguidas por enriquecimiento desmedido. Sin embargo, la retroactividad será solo hasta 2010, pues no es posible reducirles, a 1.000 individuos”, aseguró Hernán Olano, investigador de la Univerosidad de la Sabana. Si bien en Colombia hay 1.032 pensionados por encima de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, un porcentaje de estos en promedio reciben $20 millones mensuales, alrededor de 35 salarios mínimos. Entre estas mesadas privilegiadas se encuentran 600 excongresistas afiliados a Fonprecon, y será esta entidad la encargada de recalcular las pensiones de los congresistas que se pensionaron después del 31 de julio de 2010, fecha en la cual probablemente la Corte fije para la retroactividad.
Los efectos del fallo de la Corte Constitucional se sentirán a partir de la fecha en que fue declarado. Otras pensiones quedarán superando este monto que se podrán extinguir en menos de 2 décadas. Estas últimas se deben respetar por ser derechos adquiridos, es decir, la Constitución obliga a que no se toquen. Entre los regímenes especiales que en su totalidad no se modifican queda el de los expresidentes de la República.
Congresistas están de acuerdo con decisión de la Corte
El fallo de la Corte Constitucional, donde tumba las pensiones superiores a los 25 salarios mínimos, fue bien recibido por los Senadores y Representantes a la Cámara. El presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró: “me parece buenísimo, ya este Congreso en el 2005 había legislado para que no haya pensiones privilegiadas, para acabar con ese carrusel”. Mientras que, el presidente de la Cámara, Augusto Posada afirmó que vuelve equitativo el derecho a las pensiones, inclusive en algunos sectores digan que es muy poco el dinero que se ahorra el Estado. Ahora, no se pagará pensiones por más de $15 millones, a las que accedían 1.032 pensionados, es decir, por encima de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Archivo:PalacioDeJusticia2004-7-9Bogota.jpg|thumb|left|200px| de Bogotá, sede de la Corte Constitucional. 

La  ha ordenado su decisión del martes 7 de poner límites a las pensiones millonarias que devengan los miembros del  y los magistrados de las cortes a partir del primero de julio próximo.

El trascendental fallo indica que el tope no debe superar los 25 , que para este 2013 equivalen a 14 737 500 de  (más de 8 000 ), ordenando a las empresas prestadoras de las pensiones a revisar las liquidaciones de los más de 1 000  funcionarios públicos con retroactividad posterior al 31 de julio de 2010. En caso de presentarse sumas mayores, se hará disminución con plazo al 31 de diciembre del presente año, lo cual deja inexequible la  ley 4 de 1992 en lo que respecta al régimen especial de pensiones para los funcionarios citados. Para las respectivas liquidaciones, se tendrán en cuenta los diez últimos años de trabajo.

Con esta sentencia, el Estado colombiano podría ahorrar más de 50 millones COP (27 400 $) en materia pensional, pues en declaraciones a la prensa el , , argumentó que "lo que se espera, en honor a la equidad y estabilidad financiera del sistema, es que se ordene una vigencia retroactiva de dichos topes desde el día en que fue proferido el Acto Legislativo, es decir, desde 2010" y exhorta a aquellos que hayan devengado sumas superiores a devolver el dinero al Estado que en su criterio podrían haberse obtenido de forma fraudulenta.

Esta sentencia se decreta en momentos en que existe un descontento popular en materia de régimen pensional por el cual las mensualidades de la  mayoría de trabajadores son muy bajas en comparación con las sumas altas de dinero que gozan parlamentarios y magistrados, a pesar de varias  reformas que se habían desarrollado en los últimos años. Pese a ello, la Corte tuvo en cuenta varios principios del estado social de derecho y los fines del sistema para con la población.

La norma inexequible fue demandada por los abogados Germán Calderón España y Dionisio Araújo, este último manifiestó que "la Corte mostró independencia y cumplió con su papel de guardiana de la . Ahí había muchos intereses fuertes que buscaban que ese no fuera el resultado". En tanto las opiniones de varios juristas frente al fallo están divididas, en las cuales unos manifestaron su desacuerdo por el cual hay algunos que ya tienen más de 30 años cotizando su pensión mientras otros como los magistrados del  Alfonso Vargas y Jesús María Carrillo aprobaron la decisión en vista de un clamor popular por la equidad pensional.

No se descarta que esta sentencia podría ser demandada en ésta última entidad, la cual podría convertirse en posibles denuncias contra el Estado.