Ir al Buscador Guerra de desinformación entre Venezuela y Colombia
Historia de un cañazo
Redacción Judicial
Jesse Chacón Escamillo es el ministro del Interior y Justicia de Venezuela y, sin duda, uno de los hombres más cercanos y de mayor confianza del presidente Hugo Chávez Frías. Por eso, en la Fiscalía colombiana a nadie extrañó que, el domingo pasado, Jesse Chacón se hubiera comunicado con Bogotá para entregar las supuestas pruebas de un complot desde Colombia contra el polémico y popular mandatario venezolano. Según pudo establecer El Espectador, Chacón Escamillo hizo contacto con la Dirección Nacional de Fiscalías y, vía fax, envió desde Caracas un documento de cinco páginas elaborado por investigadores del CTI de Barranquilla. El documento, conocido por este semanario, está fechado el 25 de agosto del año pasado y tiene la orden de trabajo número 612 de la Sección de Información y Análisis (SIA) del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI). La orden de trabajo daba cuenta de que su objetivo era verificar o no la ocurrencia de varias reuniones en Barranquilla y Cartagena en las que habrían participado personajes de Venezuela y Colombia. Ellos, según el informe del CTI, pretendían desde Colombia derrocar o, en el mejor de los casos, desprestigiar el régimen del presidente elegido legítimamente, Hugo Chávez. Los investigadores, primero, fueron hasta las sedes de la Sijín y la Policía en Cartagena. Allí les dijeron que no tenían idea de la ocurrencia de la mencionada reunión. Después se trasladaron hasta el aeropuerto Rafael Núñez de la misma ciudad y preguntaron por la presencia o registro en La Heroica de personas extrañas o que tuvieran relación con Venezuela. El resultado de esta segunda indagación: negativo. Los investigadores de la Fiscalía optaron entonces por viajar a Barranquilla. Allí hicieron diligencias similares a las adelantadas en Cartagena y con resultado idéntico: nadie sabía nada, ni había oído decir nada. En Bogotá A pesar de que los registros en la Costa Atlántica no les reportaron dividendos positivos a los investigadores colombianos, el informe 612 de la SIA del CTI da cuenta de que informaciones de inteligencia pudieron establecer que los días 22 y 23 de julio del año pasado, en el edificio de la policía secreta colombiana (o DAS), en Bogotá, sí hubo una extraña reunión. En dicho encuentro participaron el entonces director del mencionado organismo de inteligencia, Jorge Alberto Noguera (relevado del cargo en octubre último); Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia; Pedro Carmona, el empresario que encabezó el fallido golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002 y quien hoy se encuentra asilado en Colombia; militares activos y retirados de los dos países y, como si fuera poco, miembros de las autodefensas colombianas. ¿De qué hablaron todas estas personas? Según el informe de la Fiscalía colombiana, de lo mismo: de derrocar al presidente Chávez. Como dato adicional, el plurimencionado informe fue elaborado y firmado por los investigadores de la Fiscalía Gustavo Barrios, Luis Guerrero y por la jefa de la SIA en Barranquilla, Glemis Ortiz. ¿Cañazo? El 17 de diciembre pasado, los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez se reunieron en Santa Marta para conmemorar el aniversario 175 de la muerte de Simón Bolívar. Allí, Chávez se quejó de un complot desde Bogotá contra él y su gobierno. Uribe tomó atenta nota de las aseveraciones de su homólogo venezolano. Es más, a las pocas horas el propio Uribe regañó al director del DAS, Andrés Peñate, quien ante la prensa quiso restarles credibilidad a las quejas del presidente Chávez. En ese escenario, era entendible que la Fiscalía colombiana tras el envío del documento por parte del ministro Jesse Chacón Escamillo tenía que realizar una investigación relámpago. Y así lo hizo. Al cabo de escasas 24 horas, la indagación arrojó el primer resultado: el informe de cinco páginas enviado desde Caracas por el ministro Chacón era apócrifo y, claro, carente de credibilidad. Los más sorprendidos con el informe 612 del SIA del CTI fueron, precisamente, sus supuestos autores. Los investigadores Gustavo Barrios, Luis Guerrero y Glemis Ortiz juraron desconocer el falso informe e, incluso, se sometieron a una prueba grafológica para dejar en claro que las firmas del documento de la SIA de Barranquilla no eran las suyas. El resultado de la prueba, finalmente, les dio la razón a los tres empleados de la Fiscalía. Enterado de la investigación respecto del informe 612 de la SIA, un miembro de la cúpula de la Fiscalía colombiana puso al tanto del resultado al ministro Chacón Escamillo, quien seguramente, en ese momento, debió haber pensado en la persona que asaltó su buena fe al entregarle un documento cuyo contenido resultó falaz. Entre el jueves y el viernes pasados, El Espectador intentó, en no menos de 50 ocasiones, comunicarse con el ministro Chacón. Primero fue a su número de teléfono celular. Después con la Oficina de Prensa del Ministerio del Interior. También con su despacho, donde respondió una de sus subalternas, Amelia Morales. Al final, infortunadamente, no fue posible la comunicación directa con el ministro de la política de Venezuela. El viernes, igualmente, este semanario hizo contacto con la Gobernación del Zulia para, de esa forma, hablar con su gobernador, Manuel Rosales, quien habría participado en la reunión para conspirar contra Chávez. El vocero de prensa de Rosales (al cierre de esta edición) dijo haber hecho hasta lo imposible para que su jefe hablara con El Espectador sobre el tema. De todo esto, sin duda, queda una lección: entregar información falsa, así sea de buena fe, les hace daño a dos países con relaciones tan difíciles como Colombia y Venezuela. Por eso, afortunadamente, el informe de supuesto complot contra Chávez resultó ser mentiroso.
Un documento enviado por el Ministro del Interior venezolano Jesse Chacón, en el que se planteaba la verificación de una serie de reuniones en el que conocidos personajes colombianos y venezolanos planeaban un complot para derrocar o, al menos, desestabilizar el régimen de Hugo Chávez, resultó ser ''"apócrifo y carente de credibilidad"''.

El informe, de 5 páginas, número de orden de trabajo 612 y con fecha del 25 de agosto de 2005, fue elaborado, supuestamente, por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía de Colombia en Barranquilla. En el mismo, se mencionan unas reuniones ocurridas el 22 y 23 de julio de 2005 en la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, la policía secreta de Colombia). Los participantes eran Jorge Alberto Noguera, entonces director del DAS y destituido en octubre, Manuel Rosales, gobernador del estado venezolano de Zulia, Pedro Carmona, empresario que lideró el fracasado golpe de Estado de 2002, algunos militares en servicio y en retiro de las dos naciones y miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El informe enviado por Chacón era "firmado" por Gustavo Barrios y Luis Guerrero, investigadores del CTI, y Glemis Ortiz, jefa de la Sección de Información y Análisis (SIA) del CTI de Barranquilla.

No obstante, las pesquisas de los investigadores de la Fiscalía enviados a comprobar la autenticidad y el contenido del documento no dieron resultado alguno. Barrios, Guerrero y Ortiz, que afirmaron desconocer la existencia del informe, fueron sometidos a pruebas grafológicas, las cuales determinaron que no fueron ellos quienes firmaron el documento.

Jesse Chacón dijo que, a pesar de la comprobada falsedad del documento, ello ''"no significa que la reunión no haya existido. Vamos a seguir la investigación pero es bueno que sepan que sí se dieron reuniones el año pasado en Colombia en instituciones públicas donde se conspiró contra el gobierno venezolano"''.

El presidente Hugo Chávez había denunciado en noviembre pasado la "fabricación de conspiraciones" contra Venezuela desde el DAS, denuncias que reiteró el 17 de diciembre cuando se reunió con su homólogo Álvaro Uribe en Santa Marta para conmemorar el aniversario de la muerte de Simón Bolívar.