Decisión SCJN caso SME para evitar colapso CFE: Magaloni. Con Denise Maerker
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30 de Enero, 2013 La investigadora del CIDE, Ana Laura Magaloni, se cuestionó si el argumento de los ministros es suficientemente persuasivo para pensar que efectivamente los trabajadores no tienen derecho a la indemnización, ni a la reinstalación en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Este miércoles, los cinco ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se pronunciaron en negar el amparo que se había dado al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el pasado 13 de septiembre de 2012 y en el cual se planteaba que fuera la Comisión Federal de Electricidad el patrón sustituto.
Ana Laura Magaloni Kerpel, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), recordó en su colaboración con Denise Maerker, que le otorgaron el amparo a los trabajadores del Sindicato que no aceptaron la indemnización, argumentando que, según el decreto presidencial, no se justificaba la causa de fuerza mayor por la que se cesaban las relaciones de trabajo.
Entonces, explicó, si no estaba justificada esa causa de fuerza mayor, como en cualquier empresa que hubiera desaparecido, tendrían que reinstalar, pero como en este caso ya no existe Luz y Fuerza, entonces el Tribunal Colegiado consideró que la Comisión Federal de Electricidad, como patrón sustituto (porque había sustituido a Luz y Fuerza), tenía que reinstalar o indemnizar.
No obstante, precisó, "la Corte acaba diciendo que no es así, es un complejo argumento de tipo administrativo, pero básicamente las características de Luz y Fuerza como organismo descentralizado, con personalidad jurídica de patrimonio propio hacían que no dependiera jerárquicamente del presidente y que por lo tanto, cuando el presidente dicta un decreto de esa naturaleza, sí es una causa de fuerza mayor para que Luz y Fuerza siguiera existiendo".
Magaloni Kerpel aclaró que su opinión está basada en lo que ha informado la prensa, pues el proyecto no es público.
"Más o menos lo que estamos aquí litigando es la indemnización de 16 mil trabajadores o la reintegración a Luz y Fuerza, lo que tendría importantes consecuencias económicas", precisó.
La investigadora del CIDE consideró que detrás de todo esto está el impacto económico que conlleva una decisión así, la necesidad de no colapsar a la Comisión Federal de Electricidad.
Refirió que el Tribunal Colegiado se había apegado a las interpretaciones que frecuentemente se han dado en este ámbito y lo que está haciendo la Corte es separarse de esa interpretación y proponer una nueva, cosa que pasa todo el tiempo en el Derecho.
"El tema y donde tendríamos que poner el foco, es la calidad argumentativa de lo que ahora están diciendo los ministros y si parece un argumento suficientemente persuasivo para pensar que efectivamente no tienen derecho a la indemnización, ni a la reinstalación en la Comisión Federal de Electricidad (CFE)", concluyó la experta en Derecho Constitucional.
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Con Denise Maerker comenta Ana Laura Magaloni. Decisión SCJN caso SME para evitar colapso CFE.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo órgano judicial de México, ha revocado el amparo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) con el cual declaraban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como su patrón sustituto.

En sesión celebrada el 30 de enero de 2013, los cinco magistrados de la Segunda Sala integrantes de la SCJN votaron por unanimidad revocar el amparo que había obtenido el 13 de septiembre de 2012, en el cual la CFE tenía la responsabilidad de asumir como patrón sustituto a los mas de 16 mil sindicalizados que se negaron a ser liquidados, recordando que e1 10 de octubre de 2009 el entonces presidente Felipe Calderón declaró la extinción de la compañía paraestatal Luz y Fuerza del Centro, dejando sin empleo a más de 44 mil trabajadores.

El argumento del proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar versa en la mala interpretación que realizó el Tribunal Colegiado ante la relación del presidente y los trabajadores de organismos públicos descentralizados.

El SME declaró que intentaran llegar ante la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos para revertir la decisión.



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