fujimori-justicia (documentación) 07-04-2009
Histórica sentencia hizo hincapié en control Fujimori en otro poder paralelo
La histórica sentencia que condenó hoy al ex presidente peruano Alberto Fujimori a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, hizo hincapié en la existencia de un aparato paralelo de poder y en el control que Fujimori tenía sobre él.
El fallo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia determinó que está 'probado que las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta implicaron la intervención de un aparato organizado de poder'.
El ex mandatario, que gobernó entre 1990 y 2000, 'tuvo mando y comando máximo a nivel político y también operativo', afirmó la resolución leída hoy en la sede judicial, ubicada en el distrito de Ate.
Quedó probado que Fujimori estableció la política de defensa y que tuvo 'un rol de dirección y mando sobre las fuerzas armadas'.
El ex presidente fue condenado bajo la modalidad de autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados, lo cual se explicó por 'el dominio concreto que ejerce el mandante sobre la organización y no sobre el ejecutor inmediato'.
Los asesinatos de 25 personas, lesiones a otras cuatro, y el secuestro de un periodista y un empresario, en 1991 y 1992, respectivamente, formaron parte de operativos encargados a agentes del Estado.
Los delitos fueron ejecutados por agentes públicos del Estado, miembros del grupo militar encubierto Colina, que cometieron un total de 50 asesinatos en 15 meses de actividad contra víctimas previamente seleccionadas, agregó la resolución.
Los integrantes del Colina admitieron que se les pidió someterse a la justicia militar en 1994, con la promesa presidencial de que serían amnistiados en 1995, como efectivamente sucedió cuando Fujimori fue reelegido.
Esa ley de amnistía también mandó al archivo todos los casos de violación a los derechos humanos conocidos hasta esa fecha, donde se concentran la mayoría de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales durante el combate al terrorismo en Perú.
El fallo subrayó que hubo 'crímenes generalizados y sistemáticos propios de una violencia organizada por el aparato estatal'.
Cuando los delitos fueron denunciados en la prensa y llegaron al dominio público, hubo 'un impresionante mecanismo encubridor que cruzó todas las instancias del Estado y no pudo articularse sin la intervención del jefe de Estado'.
'Hubo un patrón de ocultamiento de la verdad', precisó la resolución.
Dado que los casos de La Cantuta, Barrios Altos y los secuestros de Gorriti y Dyer fueron conocidos previamente por la justicia militar y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que dictó reparaciones e indemnizaciones, la sala ordenó reparaciones civiles de entre 15.000 y 20.000 dólares (de entre 11.316 y 15.088 euros) para cada una de las víctimas y herederos de los asesinados.
Terra Actualidad - EFE
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Alberto Fujimori, ex presidente peruano. 

Después de un extenso proceso en el que se le acusaba de las matanzas en las que fallecieron 25 personas y dos secuestros, el expresidente peruano Alberto Fujimori fue declarado culpable y condenado a 25 años de cárcel.

Los delitos que se le inculpan fueron cometidos por agentes de las fuerzas militares bajo las órdenes del presidente Fujimori entre 1991 y 1992, quien, de acuerdo con la sentencia, ejerció "un rol de dirección y mando sobre las fuerzas armadas" durante sus 10 años de gobierno entre 1990 y 2000.

La congresista Keiko Fujimori, hija del expresidente, llamó al pueblo a protestar en las calles por el fallo del tribunal.

De los 25 años de condena ya habría cumplido los dos primeros, por lo cual se espera que permanezca tras las rejas hasta el 10 de febrero de 2023, pues el ex mandatario se encuentra en prisión desde septiembre de 2007, fecha en que fue extraditado desde Chile tras permanecer cinco años en Japón.Sin embargo debido a los beneficios penitenciarios que se le aplicaría al ex presidente estaría en prisión de manera efectiva sólo de 7 a 8 años. Adicionalmente deberá cumplir con el pago de una indemnización a las familias de las víctimas.