En Uruguay, las parejas homosexuales podrán ser padres con iguales derechos a los matrimonios heterosexuales. Así lo establece una reforma legal aprobada por el Senado uruguayo, que convierte al país en el primero en la región en abrir el camino a la adopción plena a parejas del mismo sexo.
El proyecto, que es parte de una modificación al Código de la Niñez y la Adolescencia, habilita a parejas con cuatro años de unión civil o concubinato -incluidas las homosexuales- a solicitar un menor en adopción.
La norma, que ha sido fuertemente criticada por la Iglesia y los sectores más conservadores antes del debate parlamentario, contó con el apoyo de 17 de los 23 senadores nacionales.
"Todos los hijos adoptivos ingresan a la familia con plenos derechos, se da la adopción plena en todos los casos, sin discriminación de los derechos de los adoptados por estado civil de los adoptantes", expresó la legisladora Margarita Percovich, en su informe ante la Cámara Alta.
Sin embargo, como destacaron a BBC Mundo fuentes del Frente Amplio, impulsor del proyecto, la ley no está orientada en primera instancia a defender las atribuciones de las parejas homosexuales, sino que lo que hace es respaldar el derecho de los niños a tener una familia.
"La novedad es que los niños pueden ser adoptados por parejas en unión concubinaria y tienen los mismos derechos que los hijos de los casados ante el registro civil. Lo que hacemos es equiparar los derechos de los niños, no estamos pensando en las opciones sexuales de los que adoptan", recalcó la frenteamplista Percovich, en diálogo con BBC Mundo.
Aprobación definitiva
En el país se entregan pocos niños porque hay pocos nacimientos pero, por contrapartida, hay mucha demanda de familias para adoptar. Esto produce una presión grande sobre las instituciones del Estado que se encargan de estos trámites y ha dado lugar a toda clase de irregularidades Margarita Percovich, legisladora del Frente Amplio
Según la senadora, el Congreso uruguayo busca con esta ley unificar el sistema de adopción, acelerar los procesos de traspaso de familia y evitar el tráfico de menores, para estar a tono con lo que establece la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
"En el país se entregan pocos niños porque hay pocos nacimientos pero, por contrapartida, hay mucha demanda de familias para adoptar. Esto produce una presión grande sobre las instituciones del Estado que se encargan de estos trámites y ha dado lugar a toda clase de irregularidades", señaló Percovich.
La modificación a la Ley de Adopciones vigente ya había sido aprobada por la Cámara baja días atrás, tras una agitada sesión parlamentaria. Asimismo, Uruguay había habilitado la unión civil para parejas del mismo sexo en 2008, otorgándoles los mismos derechos que a matrimonios heterosexuales.
En el Senado, el aval definitivo provino de las filas del gobernante Frente Amplio así como del opositor Partido Colorado. Los representantes del Partido Nacional (los "blancos") votaron en contra por considerar que la norma atenta contra la idea de familia que promueve la Constitución uruguaya.
Ahora, la ley deberá ser remitida al Poder Ejecutivo para el visto bueno final.
La iniciativa prevé que los adoptantes sean mayores de 25 años, lleven cuatro años de vida en común y tengan al menos 15 años más que el niño que se integre a la familia.
En Uruguay ya existen, por cierto, hogares homosexuales con hijos a su cargo, adoptados individualmente por uno de los integrantes de la pareja. En algunos casos, según testimonios recogidos por BBC Mundo, sin revelar la orientación sexual durante el trámite para evitar un posible rechazo.
Hasta ahora, en caso de muerte del padre "legal" el menor no tenía derecho a quedar bajo la tutela del otro miembro de la pareja.
Esto será modificado por la nueva ley, que también contempla los derechos a visitas, tenencia y pago de pensión alimenticia en caso de separación.
¿Efectos negativos?
El debate parlamentario en Montevideo estuvo antecedido por una polémica sobre la conveniencia de la adopción de menores en un ámbito familiar homosexual.
La Iglesia uruguaya manifestó su oposición al considerar que las figuras diferenciadas de la madre y el padre resultan fundamentales "para un correcto desarrollo de la personalidad" de los niños.
"No es un tema de religión, filosofía o sociología. Es algo que se refiere esencialmente al respeto de la naturaleza humana", declaró el Arzobispado de Montevideo en un comunicado.
Con la sanción parlamentaria lograda este miércoles, Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en otorgar el derecho a parejas homosexuales para la adopción plena e igualitaria.
Los europeos fueron pioneros en esta tendencia, iniciada por Holanda en 1999.
Las leyes cambian de un país a otro, pero básicamente Alemania, Suecia, Noruega, Islandia, España, Inglaterra y Gales contemplan esta modalidad de adopción, que también es reconocida en Israel y Sudáfrica.
En Estados Unidos, dos mujeres californianas se convierten en la primera pareja del mismo sexo en adoptar legalmente un niño, a mediados de los años 80, aunque a la fecha la "adopción gay" no está explícitamente observada en la legislación de todos los estados.
Archivo:Palacio Legislativo.JPG|thumb|Palacio Legislativo, sede del poder legislativo en Montevideo.


El Senado uruguayo, con mayoría frente a la oposición, modificó el pasado jueves el Código de la Niñez y la Adolescencia, que habilita a las parejas del mismo sexo a adoptar menores, siempre y cuando lleven al menos cuatro años de convivencia y sean mayores de 25 años de edad.

La reforma, que ya se había aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 27 de agosto, con 40 votos a favor y 13 en contra, tuvo la oposición de los partidos tradicionales y de la Iglesia católica. Esta última, que ya había amenazado con excomulgar a los políticos que apoyaran el proyecto de despenalización del aborto en noviembre del año pasado, se volvió a manifestar en contra de esta nueva medida, argumentando que "No es un tema de religión, filosofía o sociología. Es algo que se refiere esencialmente al respeto de la naturaleza humana".

Uruguay se convierte así en el primer país de América Latina en aplicar una medida que, sin embargo, no se encuentra exenta de críticas y escepticismo. Los reparos más sólidos son los que apuntan a una presunta violación de los derechos fundamentales del niño y de la figura familiar. Tanto el Partido Nacional como la Iglesia sostienen que no se ha tenido en cuenta en cómo esta medida afectará la personalidad del menor y su relación de cara a la sociedad.

Por otro lado, fuentes cercanas al Frente Amplio señalan que lo que se persigue es equiparar los derechos de los menores en situación de desamparo, con independencia de la orientación sexual de sus futuros padres adoptivos. Otros incluso alegan que esta nueva reforma evitará "el tráfico de menores" en un país con una tasa de natalidad relativamente baja pero, por otro lado, con una demanda de adopciones anuales por encima de la media regional.

En cuanto a la opinión popular, el 53% de los uruguayos se manifiestan contrarios a esta reforma, frente a un 39% que la apoya y un 8% que se mantiene al margen.