El impuesto a los refrescos, que en teoría pretende reducir el consumo de bebidas azucaradas para combatir la obesidad y la diabetes, ahora hace parte del acuerdo para impulsar la independencia de Cataluña de España que han firmado los dos principales partidos nacionalistas de esta Comunidad Autónoma. ¿Logrará su cometido?
El impuesto a los alimentos (por grasa, sal o azúcar) parece ser una panacea para los políticos, sobre todo cuando tratan de resolver problemas de presupuesto sanitario, a pesar de que el discurso típico recurra a preocupaciones por la salud pública.
Son varios países donde se ha implementado este tipo de impuestos, por ejemplo Hungría, Reino Unido o Francia. Hay varios que están o han discutido el tema, los más recientes Italia, México o Argentina.
La teoría dice que desincentivan el consumo de los productos afectados. La práctica, que conocemos gracias a donde los han implementado, es que sin duda lo hacen, las ventas caen y la reaudación por impuestos sobre las ventas de estos productos también. Pero la obesidad sigue siendo un problema sin resolver.
Pero esto a los políticos parece importarles poco, ellos ya han hecho lo que consideran que es su trabajo, se han preocupado por el sobrepeso de los ciudadanos, a pesar de que orondos lucen frente al espejo de sus casas la redondez que ocultan bajo sus amplias chaquetas.
Y si no baja la tasa de obesidad por una simple medida tributaria ya tendrán tiempo de inventarse nuevos impuestos que atajen un problema que ellos con su corta visión ayudan a que se enquiste en la sociedad porque el problema no está solo en la dieta, si no en el estilo de vida.
El caso de ERC en España
El pasado mes de marzo el partido ERC (Esquerar Republicana de Catalunya) presentó ante el Congreso de los Diputados de España un proyecto para crear un impuesto a lo que ellos y gran parte de la opinión pública denominan 'comida basura'.
La iniciativa no prosperó, pero ahora se va a aplicar en Cataluña gracias al pacto de gobernabilidad que le permitirá a Artur Mas de CiU (Convergencia i Uniò, un partido 'liberal'). Se aplica porque sí, sin un estudio sobre los efectos en salud pública o en términos económicos para la industria, sin un debate serio, todo a golpe de decreto, todo por por la patria.
Por el momento el impuesto a los refrescos solo ha abierto la posibilidad de adelgazar a la economía española y catalana, no por su efecto tributario, si no como ingrediente adicional de la incertidumbre macroeconómica que provoca una probable ruptura de la unidad de mercado.
Los verdaderos perjudicados
Porque los efectos los sufrirán los consumidores, que no adelgazarán si no quieren hacerlo, y sobre todos los de menores recursos que se enfrentarán a nuevos sobrecostes.
Y sin duda la industria también se verá afectada, toda la industria, y no solo la de los refrescos, como se queja amarga y torpemente Marcos de Quinto en su cuenta de Twitter, porque hoy se impone un impuesto a los refrescos, pero mañana serán productos como los zumos, la pastelería industrial, las salsas, las leches saborizadas, las cervezas etc. los que sufrirán la medida, ya sea por el contenido de azúcar, de sal, de alcohol o de grasa.
Los políticos son así, insaciables con los impuestos y con el poder, expertos en poner a otros en cintura, pero incapaces de hacerlo con sus prebendas o su propio sobrepeso corporal.
Esperemos que la medida no se extienda en España, ahora que las arcas públicas están famélicas es sin duda una tentación. Y no porque no sea la obesidad una preocupación de la industria alimentaria, si no precisamente por lo contrario, porque para luchar contra ese fenómeno de forma efectiva se hace preciso una visión global y no impuestos de agua tibia,
La Real Academia de Colegios Médicos británica recomienda aumentar los precios de las bebidas gaseosas. 

Acaba de darse a conocer el  último informe de la Real Academia de Colegios Médicos , en el que se hace un balance sumario del estado nutricional actual de la  británica, así como una serie de recomendaciones a las autoridades sanitarias para implementar la lucha contra la creciente tasa de obesidad en dicho país.

El profesor Terence Stephenson, presidente de esta institución médica de referencia, recuerda en los preliminares de este comunicado público que el  es ya el país con mayor índice de personas con sobrepeso de  (uno de cada cuatro habitantes lo padecen). Por ello, considera imperativo que desde el gobierno se adopten medidas efectivas para corregir la situación.

La posición de la Real Academia de Colegios Médicos (en inglés '' Academy of Medical Royal Colleges'') es firme: los productos no saludables deben estar sometidos a un régimen legislativo similar al del tabaco. Según Stephenson, eso pasaría por la supresión de las campañas publicitarias de comida rápida y la reducción de otras formas de ''marketing'' asociado a ella. Su recomendación principal es, sin embargo, el aumento de las cargas impositivas sobre las bebidas de tipo gaseoso y azucarado. Al incrementar el precio final de las mismas en torno a un 20%, los consumidores se sentirían más proclives a probar otras alternativas más saludables. Se trataría, pues, de una medida económica de carácter eminentemente disuasorio.

Las reacciones no se han hecho esperar. En menos de veinticuatro horas, la Asociación Británica de Refrescos (en inglés '' British Soft Drinks Association'') ha mostrado su rechazo a la implantación de este tipo de impuestos alimentarios. Argumenta que, en realidad, la ingesta moderada de bebidas azucaradas contribuye tan solo en un 2% al total de las calorías diarias recomendadas para una dieta equilibrada.

La Real Academia de Colegios Médicos del Reino Unido va un paso más allá en sus recomendaciones, sugiriendo la eliminación en los hospitales de las máquinas expendedoras de comida rápida. Al mismo tiempo, reclaman un aumento del presupuesto público para la realización de cirugías de reducción de peso. La intención de esta asociación de médicos colegiados es promover la concienciación pública sobre la dimensión real de la  obesidad, entendida como un problema de salud global. Sus propuestas siguen la estela de otras medidas adoptadas con anterioridad en países como ,  y . En  se estudia la implantación de un impuesto especial sobre las bebidas alcohólicas azucaradas y los refrescos edulcorados. En , el bipartito catalán ha incluido en su programa de gobierno la adopción de medidas similares.