"El caso de Jacinta es un escándalo. Es una farsa de administración de justicia y un claro ejemplo de la justicia de segunda clase que suelen recibir en México las poblaciones indígenas".
Con estas palabras, el investigador de Amnistía Internacional (AI) Rupert Knox explicó a BBC Mundo porque su organización ha declarado a la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial "prisionera de conciencia".
La mujer, de 46 años, cumple en México una condena de 21 años de cárcel por haber secuestrado a seis policías hace tres años.
"Es una indígena otomí, viene de un sector de la sociedad muy vulnerable, que no tiene las posibilidades de defenderse contra las acusaciones", señaló Knox y agregó:
"Por ser tan débil, la justicia y el ministerio público han ido en su contra".
Uno de los abogados de Jacinta, Andrés Díaz, afirma que ella cayó en uno de "los agujeros negros del sistema de justicia mexicano en los que suele caer la gente sin recursos".
"Castigo colectivo"
Hace tres años, un 26 de marzo, seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) entraron al mercado central de Santiago Mexquititlán, en Querétaro, México, vestidos de civil, con la intención, dijeron, de buscar y confiscar drogas y material "pirata".
Presa de conciencia El concepto de preso de conciencia es uno de los pilares de actuación de AI desde sus comienzos. "Es una forma de señalar que una persona no sólo ha sido procesada injustamente, sino que ha sido procesada por motivos políticos, por la etnia, el género, sus creencias, u otras actitudes que son parte de la identidad humana".
Los vendedores protestaron y pincharon los neumáticos de algunos de los vehículos en que iban los agentes. La disputa terminó el mismo día, cuando el jefe de la policía regional ofreció a los vendedores una indemnización por los daños a sus mercancías.
Cuatro meses después del incidente, la señora Jacinta fue sacada de su domicilio y llevada a la Procuraduría General de la República.
Su abogado Andrés Díaz dice que ella recién se enteró de qué la acusaban cuando llegó a la prisión. Un juez la condenó a 21 años de prisión.
El abogado Andrés Díaz, miembro del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, describió a BBC Mundo una larga lista de supuestas irregularidades del caso, desde la ausencia de un traductor (el castellano no es la primera lengua de Jacinta), la falta de presunción de inocencia, el doble rol de policías -que fungen como supuestas víctimas e investigadores a la vez- y, a final de cuentas, "la falta de todo derecho a un proceso justo".
Díaz ve en el encarcelamiento de Jacinta un deseo de castigar a una comunidad.
"Hubo pruebas"
Aunque para Amnistía Internacional la indígena otomí fue condenada sin pruebas, Minerva Amado, portavoz de la Procuraduría General de la República, le dijo a BBC Mundo que esa dependencia sí presentó evidencias al juez.
En su momento, la PGR presentó ante el juez los elementos que consideró necesarios, las pruebas suficientes que, a su parecer, ameritaban para la presunción de responsabilidad Vocera de la PGR
"En su momento, la PGR presentó ante el juez los elementos que consideró necesarios, las pruebas suficientes que, a su parecer, ameritaban para la presunción de responsabilidad".
Ante la pregunta de si la dependencia podría retirar los cargos, la vocera subrayó que el caso ya no está en las manos de la dependencia.
"Ya no es nuestra responsabilidad, la PGR no fue quien sentenció a esta mujer, fue el juzgado. Ya no es nuestra decisión".
Amado informó además que el gobierno federal se encuentra formulando una posición oficial en respuesta a la declaración de Amnistía Internacional.
La indígena mexicana de la etnia otomí Jacinta Francisco Marcial, presa desde 2006 por presuntamente secuestrar a 6 policías de la extinta Agencia Federal de Investigación, podría ser liberada por no contar la fiscalía de la Procuraduría General de la República con pruebas consistentes e imputarle el delito.

Mediante comunicación oficial, la entidad de justicia mexicana declaró que, luego de careos y desahogos de pruebas, presentará conclusiones no acusatorias contra Jacinta.

Marcial, calificada por Amnistia Internacional como "presa de conciencia", así como Alberta Alcántara y Teresa González fueron encarceladas en 2006 y sentenciadas a 21 años de prisión por secuestro, luego de un conflicto en Santiago Ixquititlán, Querétaro. Agentes de la AFI realizaban el 26 de marzo de 2006 un cateo y decomiso de mercancía pirata en dicho pueblo y vendedores ambulantes retuvieron a los agentes como forma de protesta y para reclamarles destrozos que causaron en la operación. Horas después los agentes fueron liberados, pero un juez emitió en los meses posteriores una orden de aprehensión contra las tres otomíes.

Desde entonces Jacinta, Alberta y Teresa permanecen encarceladas, en un proceso que organizaciones civiles como el Centro por los Derechos Humanos Miguel Pro, que además lleva la defensa de las acusadas, han calificado de irregular y que le pasa frecuentemente a mexicanos pobres sin posibilidad de una defensa legal de calidad. Las mujeres no tuvieron, por ejemplo, un intérprete bilingüe que los acompañara en el proceso.