Una mujer boliviana, este lunes frente a la Corte Internacional de Justicia, en La Haya. EVA PLEVIER REUTERS
Ambas partes, sin embargo, han sido animadas “a continuar dialogando en busca de una solución”. El litigio llegó a la CIJ en 2013, cuando Bolivia demandó a Chile para recuperar una salida al océano. No pedía con ello la devolución de una parte del territorio perdido en la Guerra del Pacífico (1879-1884), sino desbloquear el “tapón” geográfico creado entonces, refrendado con la firma del tratado de paz de 1904. El caso había creado gran expectación en ambos países e inundado las redes sociales en Bolivia. Ello se debe, en parte, al optimismo mostrado en todo momento por el presidente, Evo Morales. El mandatario había dado las gracias “al pueblo (...) porque siempre permaneció unido”, según dijo, poco antes de la lectura del fallo. Chile prefirió la cautela. “Hemos escuchado demasiadas cosas del presidente Morales. Escuchemos a los jueces”, fue la respuesta oficial antes del anuncio del tribunal.
Bolivia y Paraguay son los únicos países de América Latina sin salida al mar. La Paz la perdió en la Guerra del Pacífico, que la enfrentó, junto con Perú, a Chile. Desde entonces, según los historiadores, Bolivia fue privada de 400 kilómetros de costa y unos 120.000 kilómetros cuadrados de territorio. Aunque el país dispone de libre tránsito de personas y mercancías para llegar al océano, desde la firma del tratado de 1904 ha intentado revisar dicho acuerdo repetidas veces. Las autoridades bolivianas reclaman un acceso soberano al mar, no un mero derecho de paso.
Lo novedoso de este caso es que no pidieron al tribunal de La Haya la devolución de territorios, ni la reforma del tratado existente. Esperaban que sancionara la obligación de Chile de negociar el diferendo “de buena fe, por vulneración de las promesas en ese sentido hechas por Chile, que parece sufrir amnesia colectiva”, en palabras de la jurista francesa Monique Chemillier, representante boliviana ante la CIJ.
Morales ha considerado “política de Estado” demandar a Chile porque su Constitución califica el mar como “patrimonio de la humanidad”. Sin olvidar la enorme riqueza pesquera a esa altura del Pacífico. Ante ello, Chile había asegurado ante la corte que “Bolivia ha ignorado el contexto de la Guerra del Pacífico y la CIJ no es un tribunal de historia, sino de derecho”.
El caso se puso en marcha en 2015, cuando los jueces internacionales se declararon competentes. Durante las audiencias, en 2018, Claudio Grossman, el representante chileno, dijo que su país “ha conversado y seguirá conversando con Bolivia, pero el territorio chileno y su soberanía no están sujetos a conversación”. Roberto Ampuero, ministro de Exteriores chileno, añadió entonces que Bolivia “busca victimizarse y presenta argumentos distorsionados”. La Paz, según indicó, “ejerce como ningún otro país el acceso a los puertos chilenos del Pacífico”.
“Bolivia tiene plena autonomía aduanera en los puertos chilenos de Arica y Antofagasta y tiene el derecho a mantener mercancía en tránsito por 12 meses, con almacenamiento sin costo para sus importaciones. Y 60 días de almacenamiento gratuito para sus exportaciones, franquicias que no extienden a ningún otro país, ni a los propios empresarios chilenos”, reza el libro Vocación de paz. La política exterior de Chile, de la cancillería chilena.
En 2013 La Paz pidió a la CIJ “que obligue a Santiago a negociar de buena fe un acuerdo pronto y efectivo”, para que la primera recupere su salida marítima. Evo Morales, que se ha implicado personalmente, presentó en 2014 la memoria de la demanda. La corte escuchó al año siguiente las alegaciones de ambas partes. Era el paso previo para decidir si tenía competencia en el caso.
La CIJ dirime litigios entre Estados, en su mayoría fronterizos, y demandantes y demandados aceptan de entrada la decisión que pueda adoptarse. Pero la jurisdicción puede ser contestada y eso hizo Chile hace tres años. En opinión de Santiago, no hacía falta abordar la cuestión “porque no existe un derecho que pueda calificarse de expectaticio y genere obligaciones legales”. Es decir, rechazaba los argumentos bolivianos, centrados en “las expectativas generadas en las conversaciones mantenidas por ambos países a lo largo del tiempo de que acabaría pactándose una solución”. Morales lo llama así, “derecho expectaticio”, y aunque es una figura legal poco frecuente, consideró que valía para que la CIJ obligue a su vecino a pactar.
El presidente chileno  durante la lectura de la sentencia. 
La  (CIJ),  con sede en , determinó este lunes (1 de octubre) que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al mar, tal como reclamaba  en su demanda presentada en 2013. Abdulqawi Yusuf, presidente del tribunal, leyó el fallo que rezaba: "La Corte, por 12 votos contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al mar para el Estado Plurinacional de Bolivia".

No obstante, se aclaró que el "fallo no debe interpretarse como algo que impida buscar una forma de entablar un diálogo sobre este asunto entre ambas naciones". En este sentido, la CIJ recomendó a ambos países continuar, en un "espíritu de buena vecindad", el diálogo sobre el "enclaustramiento de Bolivia". Con la demanda de 2013, Bolivia buscaba obligar a Chile a negociar "de buena fe" su salida al mar. 

'''' detalla que Bolivia no solicitaba se le regresara parte del territorio que perdió en la , sino acabar con el "tapón geográfico" que se produjo. La argumentación de Bolivia se basaba en el lenguaje expresado en varios documentos firmados por representantes de los dos países después del conflicto bélico y que asegura permitían asumir que Chile mantenía un compromiso "legal" incumplido de negociar. Sin embargo, la Corte consideró que los "documentos presentados por Bolivia no establecen una obligación de Chile para negociar". 

Desde la capital chile, , el presidente  celebró el fallo al que calificó de "triunfo histórico" y afirmó que pone "las cosas en su lugar". Su contraparte boliviana, , presente en el estrado de la Corte durante la lectura del fallo, declaró que "si bien no hay una obligación de negociar, hay una invocación a seguir continuando el diálogo" y aseveró que su país "nunca va a renunciar" a la búsqueda de una salida soberana al mar.