Los familiares de víctimas y las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica personadas en la causa para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo le han enviado este martes al juez Baltasar Garzón la lista con los cinco especialistas que, con los dos que el lunes designó el juez (el ex fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y el ex presidente de la Audiencia de Barcelona Antonio Doñate), formarán el grupo de expertos que ha de asistir a Garzón en la localización e identificación de víctimas.
La lista de expertos escogidos por los denunciantes, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, es la siguiente: Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y coautor, entre otros libros, de Víctimas de la Guerra Civil, coordinado por el historiador Santos Juliá, o Morir, matar, sobrevivir.
Francisco Espinosa, autor de un informe de informes que recogía 25 años de investigaciones y que incluía el primer censo de víctimas de la Guerra Civil y la posguerra que Garzón tuvo en su despacho. Además, la historiadora María Isabel Brenes Sánchez, investigadora de la represión y miembro de la Universidad de Granada.
Francisco Etxeberria, antropólogo forense que ha participado en más de un centenar de exhumaciones desde el año 2000 y profesor de Medicina Forense en la Universidad del País Vasco.
Queralt Solé i Barjau, doctora en Historia contemporánea, profesora en la Universidad de Barcelona, miembro de la Unidad de Fosas y Desaparecidos de la Dirección General de Memoria Democrática, perteneciente a la Generalitat de Cataluña, y autora de Los muertos clandestinos. Las fosas comunes de la Guerra Civil en Cataluña (1936-1939).
Comodín
Las asociaciones añaden, a modo de comodín, el nombre de Mirta Núñez Díaz-Balart, profesora titular de Historia de la Comunicación Social de la Universidad Complutense de Madrid y autora, entre otros, de Los años del Terror: la estrategia del dominio y represión del General Franco y Consejo de Guerra, los fusilamientos en el Madrid de la postguerra (1939-1945).
Para auxiliar a esos expertos en su escrito al juez, los denunciantes también han aportado una lista de suplentes: Derek Congram, antropólogo forense; Manuel Escarda, médico; Santiago Macías, cofundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica; Manuel Perona, portavoz de la Plataforma por las Víctimas de las Desapariciones Forzadas del Franquismo; y José María Rojas, investigador de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Burgos, que ha recogido cientos de testimonios orales.
Este grupo de expertos tendrá que "dictaminar el número, lugar e identificación de las víctimas en un solo informe", según el auto de Garzón, diferenciándolas en tres grupos: sin localizar, localizadas pero sin identificar e identificadas.
A su lado trabajará un equipo de Policía Judicial integrado por 10 funcionarios, con competencias para acceder a cualquier registro público o privado y tomar declaración a cuantas personas "fueran necesarias", según el auto, así como averiguar el paradero de las víctimas y los responsables de su desaparición. Podrán desarrollar su actividad dentro y fuera de España.
El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, ha autorizado hoy la apertura de la fosa común en donde se pueden encontrar los restos del poeta Federico García Lorca, en cumplimiento del sumario abierto el 19 de octubre contra los crímenes del franquismo.

Se considera que la fosa se encuentra en un lugar ubicado entre las localidades granadinas de Víznar y Alfacar. La demanda fue presentada en su día por los familiares de Francisco Galadí Melgar y Dióscoro Galindo, fusilados junto a Lorca y que podrían encontrarse en la misma fosa.

Por turno, será el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada quien deberá supervisar las actuaciones, y deberá coordinarse con el equipo de historiadores y forense nombrado por Garzón para todas las actuaciones del sumario.

Ayer, no obstante, se supo que el juez Garzón y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, habían llevado sus discrepancias sobre el procedimiento abierto hasta el extremo de buscar los artilugios legales necesarios, uno para rechazar el recurso y el otro para no seguir el procedimiento habitual y presentarlo ante la Sala de lo Penal. El fiscal llegó a acusar a Garzón de querer abrir un proceso "inquisitorial".