La Corte Suprema de Uruguay ha declarado inconstitucional la conocida como Ley de Caducidad, la norma que libró de ser juzgados a los militares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). La decisión de los jueces, conocida a seis días de un referéndum convocado para anular la ley, se suma ahora a la postura ya defendida por el Legislativo y el Ejecutivo uruguayo.
Los magistrados justifican su decisión al argumentar que la norma, que evitó el enjuiciamiento de los militares y policías pero no así de los civiles que colaboraron con la represión, viola la separación de poderes y que no puede ser entendida como una ley de amnistía, pues no fue aprobada conforme a la Constitución.
Esta decisión de la máxima instancia judicial del país solo se aplicará para el caso de la muerte en 1974 de la joven militante comunista Nibia Sabalsagaray, ya que será el pueblo uruguayo quien decidirá el próximo día 25 de octubre, en coincidencia con las elecciones presidenciales, la anulación o no de dicha norma.
El proceso hacia la inconstitucionalidad de la norma, aprobada en 1986 y ratificada en 1989 en otro referendo, comenzó cuando el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, el primer mandatario de izquierdas de la historia del país, excluyó el caso de Sabalsagaray de la Ley de Caducidad y permitió su investigación.
El referéndum sobre la ley, que fue convocado después de que sus detractores reunieran 300.000 firmas para pedir su anulación, cuenta con el apoyo inequívoco del oficialista Frente Amplio, mientras que los partidos opositores se muestran partidarios de mantener la norma tal y como está. Según las últimas encuestas, la anulación de la ley tiene el apoyo del 48% de los uruguayos, mientras que el 34% está a favor de mantenerla y el 18% se declara indeciso.
Sede de la Corte Suprema de Justicia en Montevideo, Uruguay.
Papeleta que indica el "SI" por la anulación de la Ley de Caducidad en el marco del referéndum de las elecciones de octubre de 2009 en Uruguay.

En un fallo unánime, la Corte Suprema de Uruguay declaró inconstitucional la denominada Ley de Caducidad, que puso fin a los juicios contra los militares acusados de violación de Derechos Humanos durante la última dictadura que hubo en ese país entre 1973 y 1985. Este fallo de la Corte Suprema llega a sólo seis días del referéndum convocado para anular la ley que tendrá lugar en paralelo a las elecciones presidenciales del próximo 25 de octubre.

La Corte Suprema de Justicia se suma así a las posiciones ya adoptadas tanto por el Poder Ejecutivo como por el Legislativo uruguayo en contra de la ley que permitió a los militares evadir la actuación de la justicia en relación a los delitos cometidos durante la dictadura.

El argumento de los magistrados se basó en que la ley viola la separación de poderes y no puede ser entendida como una ley de amnistía, porque no fue aprobada de acuerdo a los principios Constitucionales del país. Esta ley ampara a militares y policías, no así a los civiles que colaboraron con la represión.

El proceso hacia la definición de la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, aprobada en 1986 y ratificada en 1989 con un referéndum, comenzó cuando el Presidente Tabaré Vázquez excluyó el caso de Nibia Sabalsagaray y reabrió la investigación sobre la muerte de esta joven militante comunista en 1974.

El pueblo uruguayo será ahora el que deba dar, con su voto, la ratificación o no de la anulación de esta norma en los próximos comicios del 25 de octubre.