Hernando Salazar
Bogotá
Durante años, los familiares de las víctimas han exigido justicia. Después de 21 años de la toma de la sede del Palacio de Justicia de Bogotá por parte de la guerrilla del M-19 y de su recuperación por las Fuerzas Armadas, se conoció el informe de una Comisión de la Verdad y la Fiscalía ordenó la captura de un ex coronel del Ejército por la desaparición forzada de dos personas. En los cruentos hechos, murieron alrededor de 100 personas, 11 de las cuales fueron desaparecidas. Lea: Habla padre de un desaparecido La Comisión de la Verdad, integrada por un magistrado de la Corte Constitucional y dos ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dijo este miércoles que la toma guerrillera fue, ante todo, un acto terrorista. Pero avanzó en sus móviles. De acuerdo con el informe, la comisión recibió testimonios y evidencias según las cuales la toma del Palacio de Justicia fue una operación financiada por el cartel de la cocaína de Medellín, que le habría pagado US$2 millones al M-19, en su lucha a muerte contra la extradición a Estados Unidos. Rehenes El día de la toma, la Sala Constitucional de la Corte estaba debatiendo una demanda contra la ley que había aprobado el tratado de extradición suscrito entre Colombia y Estados Unidos. Entre las 500 personas que había en el palacio cuando se produjo la toma, los magistrados de la Sala Constitucional y Penal fueron los rehenes más preciados por los 35 guerrilleros que asaltaron la sede del Poder Judicial. De hecho, el comandante de la toma, Andrés Almarales, estuvo buena parte del tiempo junto a esos magistrados, que murieron casi en su totalidad. La comisión censuró la actitud del gobierno del entonces presidente de Colombia, Belisario Betancur, quien se negó a negociar con los guerrilleros. También cuestionó la inexplicable reducción de la vigilancia especial que tenía el palacio, donde funcionaban la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Ánimo de retaliación El informe, que fue presentado ante las más altas autoridades judiciales del país, afirma que el diálogo rechazado por el gobierno, a pesar de los angustiosos pedidos de los magistrados secuestrados, no era en ningún momento incompatible con las acciones para recuperar el palacio. El operativo fue tan intrépido como torpe
Informe de la Comisión de la Verdad Los comisionados también criticaron duramente la conducta de las Fuerzas Armadas, que emplearon unos 1.000 hombres en la operación, además de tanques de guerra, cohetes, granadas, explosivos y lanzallamas. "El operativo fue tan intrépido como torpe", dice el informe, según el cual los miembros elite de la policía que llegaron en helicóptero a la terraza del palacio ni siquiera conocían el edificio, ni sus planos y sólo se habían tomado 15 minutos para planear la operación. Según la comisión, en las Fuerzas Armadas de Colombia hubo especial ánimo de retaliación contra la guerrilla del M-19 más que interés por proteger a los rehenes, a pesar de que sacaron a unos 140 del edificio. El informe relata, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas utilizaron fuertes explosivos para entrar a uno de los baños donde estaban refugiados guerrilleros y rehenes, lo cual hirió y pudo matar a varios de estos últimos. Impactos de balas Una de las revelaciones más importantes de la comisión es que "al menos tres" de los magistrados muertos, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, presentaban impactos de balas que no usó la guerrilla en el asalto al palacio. Respecto a los desaparecidos, la comisión no da mayores luces y dice que lo más probable es que sus cadáveres hayan sido llevados a fosas comunes o a botaderos de basura. Simultáneamente con la presentación del informe, la Fiscalía ordenó la detención del ex coronel Edilberto Sánchez Rubiano, quien era el jefe de inteligencia de la brigada del ejército que recuperó el palacio. La Fiscalía cree que hay evidencias suficientes en contra de Sánchez Pubiano por la desaparición forzada y agravada de Carlos Rodríguez Vera y María del Pilar Guarín, que eran el administrador y una empleada de la cafetería del palacio. La Comisión de la Verdad desestimó las sospechas de que las 12 personas que estaban en la cafetería -11 de las cuales están desaparecidas- tuvieran vínculos con los asaltantes. Video El proceso penal fue reabierto hace un poco más de tres meses, gracias a la insistencia del abogado Enrique Rodríguez, padre de Carlos Rodríguez, quien mostró un video donde su hijo sale vivo del palacio y es conducido por un soldado a un museo, donde el ejército estableció su base de operaciones. Rodríguez le dijo a BBC Mundo que la apertura del proceso penal, donde se consideran más de 600 testimonios y documentos, es un triunfo para él, su familia y las de los demás desaparecidos. "La búsqueda de mi hijo ha sido una tragedia completa, porque se nos han cerrado todos los medios legales, especialmente los oficiales, para tratar siquiera de averiguar por su paradero", señaló el abogado. La fiscalía le pidió al gobierno que suspenda de su cargo al coronel Sánchez Rubiano, quien actualmente es el director de una cárcel de mujeres en el departamento del Tolima, al sur de Bogotá. Su detención será la primera por esos hechos, pues los autores de la toma fueron cobijados por el indulto que aprobaron el Congreso y el gobierno colombiano, cuando el M-19 dejó las armas y se reincorporó a la vida civil, en 1990. Por la misma época, la Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente con destitución al general Jesús Armando Arias Cabrales, quien era el jefe de la brigada que recuperó el palacio.
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Palacio de Justicia de Bogotá
 Un año después de haberse conformado, la llamada Comisión de la Verdad entregó este martes (14) su informe sobre la cruenta toma del Palacio de Justicia de Bogotá, perpetrada por la guerrilla del M-19 el 6 y 7 de noviembre de 1985, hecho que dejó como saldo 55 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema, y 10 desaparecidos, además de la destrucción parcial del edificio. El informe fue divulgado el miércoles (15).

Los ex magistrados de la Corte Suprema José Roberto Herrera, Jorge Aníbal Gómez y Nilson Pinilla, quienes integran la Comisión, encontraron con base en la información recopilada que el extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar les pagó US$2 millones a los guerrilleros del M-19 por tomarse el Palacio, con el fin de presionar a los juristas de la Sala Constitucional que debatían la aprobación de la extradición. El M-19 fue declarado por la Comisión "primer responsable" del holocausto. Los otros dos responsables son el entonces presidente Belisario Betancur y el Ejército de Colombia.

Añadieron que existen indicios de torturas y otras violaciones a los derechos humanos tanto por parte de los guerrilleros, que murieron todos, como de las Fuerzas Militares, que al mando del coronel Alfonso Plazas Vega ejecutaron una violenta retoma y quienes, a juicio de la Comisión, no diseñaron un plan que respetara las vidas de los secuestrados y, por el contrario, al parecer torturaron y mataron a algunas personas que salieron con vida del Palacio. En el informe se dice que ''"hubo indiferencia por parte de las autoridades que no escucharon el clamor de las víctimas para que se diera el cese al fuego"''. ''"El operativo fue tan intrépido como torpe"'', sostiene la Comisión.

También afirma la Comisión que el presidente Betancur, al decidir no negociar con los insurgentes, a pesar de las súplicas telefónicas del inmolado presidente del tribunal Alfonso Reyes Echandía, se convirtió en un ''"espectador más"'' de los hechos, carente de liderazgo y de poder. Los magistrados instaron a los comandantes militares de la época a pedir perdón al país y a entregar toda la información acerca de hechos no aclarados, como el caso de los desaparecidos. Echandía y otros dos magistrados murieron por balas disparadas por los militares, según la Comisión.

El magistrado Herrera confirmó las desapariciones forzadas de los empleados de la cafetería del Palacio y de evidencias contra los militares: ''"No se descarta que sus cadáveres hubieran sido llevados al basurero Mondoñedo o sepultados en fosas comunes ... Se incineraron algunos cadáveres, se lavaron otros, se les despojó de sus prendas, se ordenó a algunos bomberos trasladarlos de la escena del crimen, junto con elementos materiales, algunos de los cuales se barrieron, quedando destruidas huellas o eliminadas valiosas pruebas"''.