Tortura creció en sexenio de Felipe Calderón
Pese a la rigurosa legislación sobre la prevención y el castigo de la tortura y otros malos tratos, persiste la tolerancia por parte de las autoridades al uso generalizado de este crimen, exhibe Amnistía Internacional.
Pese a la rigurosa legislación sobre la prevención y el castigo de la tortura y otros malos tratos, persiste la tolerancia por parte de las autoridades al uso generalizado de este crimen, exhibe Amnistía Internacional (AI).
En su informe, “Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México”, la organización expone que el despliegue a gran escala del Ejército y la Marina para combatir al crimen organizado en los años recientes es un factor clave en el aumento del uso de tortura.
Este reporte anual se centra principalmente en varios casos documentados por AI en los últimos dos años en el DF, Chihuahua, Baja California y Estado de México, aunque incluye casos de otros estados que se han documentado con la ayuda de organizaciones locales de derechos humanos.
Los casos de tortura y otros malos tratos aumentaron a partir del 2006, año en el que comenzó un ascenso en los niveles de violencia, debido a la guerra en contra de las drogas encabezada por el gobierno, refiere este organismo internacional, presente en más de 150 países y territorios.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha tratado de poner distancia a la explosión de violencia y violaciones a los derechos humanos que inició durante el mandato de su antecesor, Felipe Calderón. Según las cifras oficiales, las tasas de homicidios y de otros actos de violencia han disminuido; sin embargo, diversos indicadores dan muestra de que la tortura aún es práctica generalizada.
Si bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha reportado disminución de casos de tortura y malos tratos según información facilitada a Amnistía Internacional, en el 2003 este organismo recibió 219 denuncias de tortura y otros malos tratos, mientras que en el 2013 registró 1,505; ello representa un aumento de 600 por ciento.
Otro indicador sobre este tipo de casos son aquellos juicios de amparo que llegan a los tribunales, estatales y federales. Según el Consejo de la Judicatura Federal, entre el 2005 y el 2013 se iniciaron 3,749 juicios de amparo indirecto en los que reclamaban actos relacionados con tortura.
Mientras que Amnistía Internacional recomienda un marco de medidas para poner fin a la práctica generalizada de este delito, advierte que el sistema de justicia “no puede o no quiere prevenir la tortura, y apenas se aplican las salvaguardias clave para hacerlo”.
La CNDH recibió 7,164 quejas de este tipo entre el 2010 y el 2013, sin embargo, según la información de que dispone Amnistía Internacional, ninguna desembocó en una condena penal por tortura.
De acuerdo con registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los tribunales federales habían tramitado 123 enjuiciamientos por tortura entre el 2005 y el 2013; siete desembocaron en condenas en aplicación de la legislación federal. Hasta el 2013, sólo se habían registrado cinco condenas por tortura en el ámbito estatal, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
En el 2012, el gobierno mexicano informó al Comité contra la Tortura que se habían dictado únicamente seis sentencias por tortura desde el 2005, además de 143 sentencias por abuso de autoridad, 60 por ejercicio abusivo de funciones y 305 por uso indebido de atribuciones. “Esto refleja una constante en la que los delitos de tortura se rebajan a infracciones menos graves que conllevan condenas más leves o, en algunos casos, son tratados como asuntos disciplinarios menores”.
Esta organización concluye que las detenciones arbitrarias y el uso de pruebas falsas suelen estar estrechamente ligados al uso de la tortura y otros malos tratos. A menudo, estas técnicas se emplean para obtener confesiones de personas implicadas en delitos y los mecanismos para hacer rendir cuentas a los responsables son ineficaces y no disuaden a los perpetradores ni ofrecen una reparación a las víctimas.
Asimismo, AI refiere que la ausencia de investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas sobre las denuncias de tortura imposibilitan que las víctimas demuestren que han sido torturadas.
“La ausencia de un liderazgo político claro y de una auténtica voluntad política de sucesivos gobiernos ha permitido que funcionarios e instituciones hagan caso omiso de su responsabilidad de tomar medidas contundentes cada vez que salen a la luz denuncias de tortura y otros malos tratos”, expone la organización internacional.
ana.langner@eleconomista.mx
mfh
De acuerdo a una encuesta realizada por , el 64% de los mexicanos teme ser torturado si es arrestado. 

En el informe '' Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México'', publicado este jueves, la organización  (AI) denunció un aumento alarmante en la  y los malos tratos en , además instó al gobierno mexicano a establecer medidas de carácter urgente para detener el uso "persistente y generalizado" de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas.

Por medio del informe, AI concluye que, respecto a 2003, en 2013 las denuncias aumentaron en un 600%. Desde 2010 a finales de 2013, la  registró más de 7000 quejas por tortura y malos tratos. Según una encuesta realizada por la organización, 64% de los mexicanos temen ser torturados en caso de ser puestos bajo custodia policial.

Asimismo se establece que desde 2006, año en que inició la , los casos de tortura y otros malos tratos aumentaron. Y aunque el gobierno de  ha buscado disminuir la "explosión de violencia y violaciones a los derechos humanos que inició durante el mandato de su antecesor, ", diversos indicadores señalan que la tortura aún es una práctica generalizada.

En otro aspecto importante, Amnistía Internacional denuncia que los torturadores y mal tratadores "gozan de una impunidad casi total", pues de un total de 123 enjuiciamientos tramitados entre 2005 y 2013, sólo siete finalizaron en condenas. Diversas víctimas relataron a AI que han sido objeto de: "palizas, , , descargas eléctricas y semi- a manos de la policía o las fuerzas armadas", a menudo con el objetivo de obtener "confesiones" o incriminar a otras personas.