According to the findings, the contract costed Tanzania's taxpayers $140,000 a day in terms of payments remitted to RDC, a company that had no valid registration in the US or Tanzania at the signing of the contract in 2006 and had neither expertise nor experience to execute the power generation project.
De acuerdo con las pruebas suministradas, el contrato le costó USD 140.000 a los contribuyentes de Tanzania, según los términos acordados con la compañía. Sin embargo, Richmond no estaba registrada ni en los Estados Unidos ni en Tanzania cuando se firmó el contrato en el 2006. Además, no contaba con la competencia y la experiencia necesarias para poner en marcha el proyecto de generación de energía.