Shortly after the Supreme Court ruled that the detained MPs should be released, the judiciary became a target of the anti-corruption drive, with accusations leveled against judges of accepting bribes.
Poco después, la Corte Suprema resolvió que se debería liberar a los parlamentarios, y el Poder Judicial pasó a ser el blanco de la campaña anticorrupción, con acusaciones contra los jueces de aceptar sobornos.