According to the law, private companies carrying out surveys and studies on voting opinion were to be legally obliged to hand over participants’ personal data, including name, national identity number and address to the National Jury of Elections.
La norma legal obligaba a las empresas privadas dedicadas a la realización de encuestas y estudios de mercado a reportar al Jurado Nacional de Elecciones el nombres, número de el DNI (Documento Nacional de Identidad), domicilio y otros datos personales de las personas que respondan encuestas y sondeos.