Against what it seemed to be high-level support for the project, the decision of the Dominican Mining Consortium (Consorcio Minero Dominicano) complied with the rejection of the construction by the United Nations Development Programme (UNDP) at Dominican Republic and with the demands of public protests of the community.
Casi finalizando junio, cuando las protestas se encontraban en su clímax, los trabajos fueron paralizados por órdenes de la jueza Sarah Henríquez Marín, del Tribunal Contencioso y Administrativo del Distrito Nacional, quien favoreció la instancia que había sido elevada contra la cementera por grupos comunitarios y campesinos de Gonzalo, el poblado que se vería directamente afectado por el proyecto. Por esos mismos días, y tomando en cuenta el amplio rechazo que generaba la cementera, el Gobierno decidió someter la propuesta a la consideración del Programa de las Naciones Unidas por el Desarollo (PNUD).