As a result, the Anti-Corruption Bureau (ACB) was born out of a 1995 constitutional provision that emphasized the need to introduce measures to “guarantee accountability, transparency, personal integrity and financial probity and which by virtue of their effectiveness and transparency will strengthen confidence in public institutions.”
Como resultado, la Oficina Anticorrupción (ACB) nació de una disposición constitucional de 1995 que enfatizó la necesidad de introducir medidas para "garantizar la rendición de cuentas, la transparencia, la integridad personal y la probidad financiera y que, en virtud de su eficacia y la transparencia, fortalecerá la confianza en las instituciones públicas".