However, in February 2012, Bolivia's government gathered pro-road supporters and supported a different march that proposed a new law calling for "prior consultation" that would allow indigenous peoples a greater say.
Sin embargo, en febrero 2012, el gobierno de Bolivia reunió a los pro-carretera y apoyó otra marcha que proponía una nueva ley convocando a una "consulta previa" que daría a los pueblos indígenas un mayor poder de decisión.