By partnering with the Office of the Special Prosecutor, which was established in 2002 to document past human rights abuses, Cuidemos El Voto attracted official federal endorsement of the voter misconduct they documented.
Al asociarse con la Oficina del Fiscal Especial, que se estableció en 2002 para documentar los últimos abusos de Derechos Humanos, Cuidemos el Voto atrajo reconocimiento oficial federal de la mala conducta de los votantes que documentaban.