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2022-07-19 00:00:00
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-11-13
|
BOE-B-2012-38597
|
Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro denominado: 'Adquisición de ocho caballos de pura raza española para la Unidad de Apoyo a la Seguridad de la Policía Municipal de Madrid'.
|
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<documento fecha_actualizacion='20200821112601'>
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<identificador>BOE-B-2012-38597</identificador>
<titulo>Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro denominado: 'Adquisición de ocho caballos de pura raza española para la Unidad de Apoyo a la Seguridad de la Policía Municipal de Madrid'.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>273</diario_numero>
<seccion>5</seccion>
<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='9525'>Administración Local</departamento>
<numero_anuncio>A120077511</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20121113</fecha_publicacion>
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<analisis>
<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
<tipo codigo='1'>Suministros</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas>4 de diciembre de 2012, hasta las catorce horas</fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas>12 de diciembre de 2012</fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>39.997,76</importe>
<ambito_geografico>Comunidad de Madrid</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>03000000 Productos de la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y productos afines</materias_cpv>
<observaciones>Varios lotes</observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Departamento de Contratación II.</dd>
<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Departamento de Contratación II del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Paseo de Recoletos, 5, planta baja.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid, 28004.</dd>
<dt>4) Teléfono: </dt>
<dd>91 588 91 36.</dd>
<dt>5) Telefax: </dt>
<dd>91 588 92 47.</dd>
<dt>6) Correo electrónico: </dt>
<dd>[email protected].</dd>
<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>http://www.madrid.es/perfildecontratante.</dd>
<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
<dd>El mismo día de finalización del plazo de presentación de ofertas para la obtención de pliegos, en cuanto a la información adicional habrá de solicitarse con diez días de antelación del plazo límite para recepción de ofertas.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>d) Número de expediente: </dt>
<dd>300/2012/01125.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Suministro.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Adquisición de ocho caballos de pura raza española para la Unidad de Apoyo a la Seguridad de la Policía Municipal de Madrid.</dd>
<dt>c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: </dt>
<dd>Sí. Ocho lotes. Constituyendo cada caballo un lote.</dd>
<dt>d) Lugar de ejecución/entrega: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Domicilio: </dt>
<dd>Los caballos que hayan sido adquiridos mediante contrato, serán entregados por el adjudicatario en las instalaciones de la Unidad de Apoyo a la Seguridad (Carretera del Pardo, km 3,5, de Madrid) con sus propios medios de transporte, para la realización del examen médico al que se refiere el apartado 2.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Junto con la entrega del caballo será entregada al Ayuntamiento toda la documentación acreditativa tanto de la propiedad como del estado sanitario del mismo.Tras la realización de estas pruebas médicas los caballos que hayan superado las mismas serán recepcionados de manera definitiva.</dd>
<dt>2) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
<dd>10 días.</dd>
<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>03.322300-5 (Caballos).</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
<dd>Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 1) Aplomos: Máximo 20 puntos. 2) Funcionalidad: Máximo 10 puntos. 3) Nobleza, mansedumbre y docilidad: Máximo 4 puntos. Criterios valorables en cifras o porcentajes: Precio: Máximo 66 puntos. A tenor del artículo 152 del TRLCSP se tomará en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que la proposición presentada no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados, la baja igual o superior a los porcentajes indicados en el apartado 20 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>33.056,00 euros, IVA excluido.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) </dt>
<dd> Importe neto: 33.056,00 euros. Importe total: 39.997,76 euros. </dd>
</dl>
</dd>
<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
<dd> Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido).</dd>
<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
<dd>Acreditación de la solvencia económica y financiera: Articulo 75 c) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). Requisitos mínimos de solvencia y medio de acreditación conforme a lo indicado en el apartado 13 del Anexo I del PCAP. Acreditación de la solvencia técnica: Artículo 77 a) del TRLCSP. Requisitos mínimos de solvencia y medio de acreditación conforme a lo indicado en el apartado 13 del Anexo I del PCAP. Artículo 77 1 a) del TRLCSP. Medio de acreditación conforme a lo indicado en el apartado 13 del Anexo I del PCAP.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
<dd>4 de diciembre de 2012, hasta las catorce horas.</dd>
<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
<dd>Manual.</dd>
<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Departamento de Contratación II del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Paseo de Recoletos, 5, planta baja.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>28004 Madrid.</dd>
<dt>4) Dirección electrónica: </dt>
<dd>[email protected].</dd>
</dl>
</dd>
<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
<dd>No.</dd>
<dt>f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: </dt>
<dd>Tres meses desde la apertura de la oferta económica.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Descripción: </dt>
<dd>Criterios no valorables en cifras o porcentajes conforme al apartado 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas y el apartado 20 del Anexo I del PCAP.</dd>
<dt>b) Dirección: </dt>
<dd>Se comunicará con una antelación mínima de 72 horas a los licitadores.</dd>
<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid.</dd>
<dt>d) Fecha y hora: </dt>
<dd>12 de diciembre de 2012.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
<dd>Por cuenta del adjudicatario.</dd>
<dt>12. Otras informaciones: </dt>
<dd>Los licitadores deberán presentar en el sobre de Documentación Administrativa la que se refiere el punto 2.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Apertura criterios valorables en cifras o porcentajes el 21 de diciembre de 2012, a las diez horas.</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 7 de noviembre de 2012.- Por Decreto de la Alcaldesa de 26 de enero de 2012, de delegación de competencias en los titulares de los Órganos Superiores y de los Órganos Directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos, la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, Adoración Muñoz Merchante.</p>
</texto>
</documento>
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Tue Nov 13 09:06:34 +0000 2012
|
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación II.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Departamento de Contratación II del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad.
2) Domicilio:
Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28004.
4) Teléfono:
91 588 91 36.
5) Telefax:
91 588 92 47.
6) Correo electrónico:
[email protected].
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.madrid.es/perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
El mismo día de finalización del plazo de presentación de ofertas para la obtención de pliegos, en cuanto a la información adicional habrá de solicitarse con diez días de antelación del plazo límite para recepción de ofertas.
d) Número de expediente:
300/2012/01125.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministro.
b) Descripción:
Adquisición de ocho caballos de pura raza española para la Unidad de Apoyo a la Seguridad de la Policía Municipal de Madrid.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
Sí. Ocho lotes. Constituyendo cada caballo un lote.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Los caballos que hayan sido adquiridos mediante contrato, serán entregados por el adjudicatario en las instalaciones de la Unidad de Apoyo a la Seguridad (Carretera del Pardo, km 3,5, de Madrid) con sus propios medios de transporte, para la realización del examen médico al que se refiere el apartado 2.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Junto con la entrega del caballo será entregada al Ayuntamiento toda la documentación acreditativa tanto de la propiedad como del estado sanitario del mismo.Tras la realización de estas pruebas médicas los caballos que hayan superado las mismas serán recepcionados de manera definitiva.
2) Localidad y código postal:
Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega:
10 días.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
03.322300-5 (Caballos).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 1) Aplomos: Máximo 20 puntos. 2) Funcionalidad: Máximo 10 puntos. 3) Nobleza, mansedumbre y docilidad: Máximo 4 puntos. Criterios valorables en cifras o porcentajes: Precio: Máximo 66 puntos. A tenor del artículo 152 del TRLCSP se tomará en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que la proposición presentada no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados, la baja igual o superior a los porcentajes indicados en el apartado 20 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
4. Valor estimado del contrato:
33.056,00 euros, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 33.056,00 euros. Importe total: 39.997,76 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Acreditación de la solvencia económica y financiera: Articulo 75 c) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). Requisitos mínimos de solvencia y medio de acreditación conforme a lo indicado en el apartado 13 del Anexo I del PCAP. Acreditación de la solvencia técnica: Artículo 77 a) del TRLCSP. Requisitos mínimos de solvencia y medio de acreditación conforme a lo indicado en el apartado 13 del Anexo I del PCAP. Artículo 77 1 a) del TRLCSP. Medio de acreditación conforme a lo indicado en el apartado 13 del Anexo I del PCAP.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
4 de diciembre de 2012, hasta las catorce horas.
b) Modalidad de presentación:
Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Departamento de Contratación II del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad.
2) Domicilio:
Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
3) Localidad y código postal:
28004 Madrid.
4) Dirección electrónica:
[email protected].
e) Admisión de variantes:
No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Tres meses desde la apertura de la oferta económica.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Criterios no valorables en cifras o porcentajes conforme al apartado 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas y el apartado 20 del Anexo I del PCAP.
b) Dirección:
Se comunicará con una antelación mínima de 72 horas a los licitadores.
c) Localidad y código postal:
Madrid.
d) Fecha y hora:
12 de diciembre de 2012.
10. Gastos de publicidad:
Por cuenta del adjudicatario.
12. Otras informaciones:
Los licitadores deberán presentar en el sobre de Documentación Administrativa la que se refiere el punto 2.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Apertura criterios valorables en cifras o porcentajes el 21 de diciembre de 2012, a las diez horas.
Madrid, 7 de noviembre de 2012.- Por Decreto de la Alcaldesa de 26 de enero de 2012, de delegación de competencias en los titulares de los Órganos Superiores y de los Órganos Directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos, la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, Adoración Muñoz Merchante.
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40.000 euros para ocho caballos de pura raza para la policía montada madrileña #BOE #noescanadá #peroquedalucido
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Administración Local
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Adquisición de ocho caballos de pura raza española para la Unidad de Apoyo a la Seguridad de la Policía Municipal de Madrid por importe total de 39.997,76 euros.
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[] | 696
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2014-11-20
|
BOE-B-2014-40781
|
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO
|
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<identificador>BOE-B-2014-40781</identificador>
<titulo>SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>281</diario_numero>
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<departamento codigo=''>TRIBUNAL DE CUENTAS</departamento>
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<fecha_publicacion>20141120</fecha_publicacion>
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<analisis></analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Edicto</p>
<p class='parrafo'>Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 5 de noviembre de 2014, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º A203/14 del ramo de Corporaciones Locales, Ayuntamiento de Cenicientos, ámbito territorial de Madrid, con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos como consecuencia de las irregularidades económico financieras detectadas en la gestión de los apartamentos casa rural de Cenicientos entre los años 2003 y 2010 y del préstamo del anterior Alcalde al Ayuntamiento y su devolución, lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 5 de noviembre de 2014.- El Letrado Secretario. Fdo.: Carlos Cubillo Rodríguez.</p>
</texto>
</documento>
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Thu Nov 20 08:39:37 +0000 2014
|
Edicto
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 5 de noviembre de 2014, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º A203/14 del ramo de Corporaciones Locales, Ayuntamiento de Cenicientos, ámbito territorial de Madrid, con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos como consecuencia de las irregularidades económico financieras detectadas en la gestión de los apartamentos casa rural de Cenicientos entre los años 2003 y 2010 y del préstamo del anterior Alcalde al Ayuntamiento y su devolución, lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días.
Madrid, 5 de noviembre de 2014.- El Letrado Secretario. Fdo.: Carlos Cubillo Rodríguez.
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Tribunal Cuentas investiga descubierto en Cenicientos: irregularidades en casas rurales, préstamo del alcalde. #BOE
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TRIBUNAL_DE_CUENTAS
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TRIBUNAL DE CUENTAS
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Tribunal Cuentas investiga descubierto en Cenicientos: irregularidades en casas rurales, préstamo del anterior alcalde.
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[] | 697
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2015-09-22
|
BOE-A-2015-10173
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Orden INT/1916/2015, de 26 de agosto, por la que se declaran de utilidad pública diversas asociaciones.
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<identificador>BOE-A-2015-10173</identificador>
<titulo>Orden INT/1916/2015, de 26 de agosto, por la que se declaran de utilidad pública diversas asociaciones.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>227</diario_numero>
<seccion>3</seccion>
<subseccion></subseccion>
<departamento codigo='7320'>Ministerio del Interior</departamento>
<rango codigo='1350'>Orden</rango>
<numero_oficial>INT/1916/2015</numero_oficial>
<fecha_disposicion>20150826</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20150922</fecha_publicacion>
<fecha_vigencia></fecha_vigencia>
<fecha_derogacion></fecha_derogacion>
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<estatus_legislativo></estatus_legislativo>
<origen_legislativo codigo='1'>Estatal</origen_legislativo>
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<judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
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<estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
<url_epub></url_epub>
<url_pdf>/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10173.pdf</url_pdf>
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<analisis>
<notas></notas>
<materias></materias>
<alertas></alertas>
<referencias>
<anteriores></anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, reconoce la importancia del fenómeno asociativo como instrumento de integración, participación y representación de los legítimos intereses de los ciudadanos, y a tal objeto contempla una serie de medidas para facilitar el desarrollo de las asociaciones. Entre estas medidas de fomento se recoge la posibilidad de que las entidades asociativas sin fin de lucro puedan ser declaradas de utilidad pública.</p>
<p class='parrafo'>En concreto, el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, señala que, a iniciativa de las correspondientes asociaciones, tal declaración exige la concurrencia de determinados requisitos, que en esencia consisten en que sus fines estatutarios promuevan el interés general, la actividad no beneficie exclusivamente a los asociados, los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a fondos públicos, cuenten con medios adecuados y organización idónea para el cumplimiento de los fines y se encuentren constituidas, inscritas y en funcionamiento durante los dos años anteriores a la solicitud.</p>
<p class='parrafo'>En aplicación de esta normativa, y previa solicitud de las entidades interesadas, se han instruido los respectivos expedientes conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.</p>
<p class='parrafo'>En dichos expedientes constan las memorias, justificaciones y demás documentos de obligatoria aportación por los interesados, así como los informes de los departamentos y organismos competentes, incluido el preceptivo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.</p>
<p class='parrafo'>Examinada, por tanto, la normativa aplicable y la documentación que obra en los procedimientos, se pone de manifiesto que las entidades solicitantes reúnen todos los requisitos necesarios para obtener la condición de utilidad pública.</p>
<p class='parrafo'>En su virtud, y al amparo de las facultades previstas en el artículo 3.7 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, dispongo:</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>Declarar de utilidad pública las siguientes asociaciones inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Denominación</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>N.º Reg. Nal.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Unión de Radioaficionados Españoles.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4049</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ecosol.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>132737</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Narcóticos Anónimos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>95289</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación Casa del Valle del Cauca.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>586861</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos AEMS.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>41846</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>COOPERA - Jóvenes para la Cooperación Internacional al Desarrollo.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>605183</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación Holystic Fisioterapia pro África.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>605372</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>Declarar de utilidad pública las siguientes asociaciones inscritas en los Registros de las Comunidades Autónomas:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Denominación</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>CC.AA.</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>N.º Reg. CC.AA.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple - ASGEM.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Castilla y León</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2741</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación Córdoba Ecuestre.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Andalucía</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3358</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante este Ministerio, en el plazo de un mes, según lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 26 de agosto de 2015.-El Ministro del Interior, P.D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver Martínez.</p>
</texto>
</documento>
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Tue Sep 22 06:31:09 +0000 2015
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La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, reconoce la importancia del fenómeno asociativo como instrumento de integración, participación y representación de los legítimos intereses de los ciudadanos, y a tal objeto contempla una serie de medidas para facilitar el desarrollo de las asociaciones. Entre estas medidas de fomento se recoge la posibilidad de que las entidades asociativas sin fin de lucro puedan ser declaradas de utilidad pública.
En concreto, el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, señala que, a iniciativa de las correspondientes asociaciones, tal declaración exige la concurrencia de determinados requisitos, que en esencia consisten en que sus fines estatutarios promuevan el interés general, la actividad no beneficie exclusivamente a los asociados, los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a fondos públicos, cuenten con medios adecuados y organización idónea para el cumplimiento de los fines y se encuentren constituidas, inscritas y en funcionamiento durante los dos años anteriores a la solicitud.
En aplicación de esta normativa, y previa solicitud de las entidades interesadas, se han instruido los respectivos expedientes conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.
En dichos expedientes constan las memorias, justificaciones y demás documentos de obligatoria aportación por los interesados, así como los informes de los departamentos y organismos competentes, incluido el preceptivo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Examinada, por tanto, la normativa aplicable y la documentación que obra en los procedimientos, se pone de manifiesto que las entidades solicitantes reúnen todos los requisitos necesarios para obtener la condición de utilidad pública.
En su virtud, y al amparo de las facultades previstas en el artículo 3.7 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, dispongo:
Primero.
Declarar de utilidad pública las siguientes asociaciones inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior:
Denominación
N.º Reg. Nal.
Unión de Radioaficionados Españoles.
4049
Ecosol.
132737
Narcóticos Anónimos.
95289
Asociación Casa del Valle del Cauca.
586861
Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos AEMS.
41846
COOPERA - Jóvenes para la Cooperación Internacional al Desarrollo.
605183
Asociación Holystic Fisioterapia pro África.
605372
Segundo.
Declarar de utilidad pública las siguientes asociaciones inscritas en los Registros de las Comunidades Autónomas:
Denominación
CC.AA.
N.º Reg. CC.AA.
Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple - ASGEM.
Castilla y León
2741
Asociación Córdoba Ecuestre.
Andalucía
3358
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante este Ministerio, en el plazo de un mes, según lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 26 de agosto de 2015.-El Ministro del Interior, P.D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver Martínez.
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En el #BOE, nuevas asociaciones interés público: Asoc. Estudio y Mejora Salmónidos y Holystic Fisioterapia pro África
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio del Interior
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Nuevas asociaciones interés público: Asoc. Estudio y Mejora Salmónidos y Holystic Fisioterapia pro África
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2013-02-15
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BOE-B-2013-5900
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SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
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<analisis></analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Por la Procuradora doña Consuelo Rodríguez Chacón, en nombre y representación del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y otros, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección 003 del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra RD 1517/11, sobre el reglamento del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y que ha sido admitido a trámite por diligencia de ordenación de 2 de enero de 2012 y figura registrado con el número 1/884/2011.</p>
<p class='parrafo'>Se conceden nueve días, computados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, para que puedan personarse en dicho recurso, como demandados, quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a derecho de la actuación recurrida y no hayan sido emplazados por la Administración demandada.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 12 de febrero de 2013.- Aurelia Lorente Lamarca, Secretaria judicial.</p>
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Fri Feb 15 09:02:55 +0000 2013
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Por la Procuradora doña Consuelo Rodríguez Chacón, en nombre y representación del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y otros, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección 003 del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra RD 1517/11, sobre el reglamento del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y que ha sido admitido a trámite por diligencia de ordenación de 2 de enero de 2012 y figura registrado con el número 1/884/2011.
Se conceden nueve días, computados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, para que puedan personarse en dicho recurso, como demandados, quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a derecho de la actuación recurrida y no hayan sido emplazados por la Administración demandada.
Madrid, 12 de febrero de 2013.- Aurelia Lorente Lamarca, Secretaria judicial.
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Recurso de los auditores ante el T.Supremo contra el reglamento de auditoría aprobado a finales de 2011 #BOE
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TRIBUNAL_SUPREMO
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TRIBUNAL SUPREMO
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Recurso del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y otros ante el Tribunal Supremo contra el reglamento del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.
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2016-02-27
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BOE-A-2016-2010
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Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en los recursos contencioso-administrativos 1/24/2016, 1/41/2016, 1/161/2016 y 1/227/2016, promovidos, respectivamente, por el Sindicato de Enfermería, el Consejo General de Enfermería de España, el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia y por la Junta de Extremadura, contra el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre.
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<titulo>Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en los recursos contencioso-administrativos 1/24/2016, 1/41/2016, 1/161/2016 y 1/227/2016, promovidos, respectivamente, por el Sindicato de Enfermería, el Consejo General de Enfermería de España, el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia y por la Junta de Extremadura, contra el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre.</titulo>
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<p class='parrafo'>De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, se participa que ante la Sección 004 de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se tramitan los recursos contencioso-administrativos números 1/24/2016, 1/41/2016, 1/161/2016 y 1/227/2016, promovidos, respectivamente, por el Sindicato de Enfermería, el Consejo General de Enfermería de España, el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia y por la Junta de Extremadura, contra el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.</p>
<p class='parrafo_2'>Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el mencionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como demandadas, en los expresados procedimientos, en el plazo de nueve días, contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y en la forma establecida en la repetida Ley.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 11 de febrero de 2016.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Sergio Caravajal Álvarez.</p>
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Sat Feb 27 07:15:05 +0000 2016
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De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, se participa que ante la Sección 004 de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se tramitan los recursos contencioso-administrativos números 1/24/2016, 1/41/2016, 1/161/2016 y 1/227/2016, promovidos, respectivamente, por el Sindicato de Enfermería, el Consejo General de Enfermería de España, el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia y por la Junta de Extremadura, contra el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.
Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el mencionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como demandadas, en los expresados procedimientos, en el plazo de nueve días, contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y en la forma establecida en la repetida Ley.
Madrid, 11 de febrero de 2016.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Sergio Caravajal Álvarez.
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Los enfermeros recurren ante el Supremo el decreto que solo les permite dispensar algunos medicamentos #BOE
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TRIBUNAL_SUPREMO
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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Recurso del Sindicato de Enfermería, el Consejo General de Enfermería de España, el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia y por la Junta de Extremaduraante contra el Real Decreto 954/2015, que solo les permite dispensar algunos medicamentos
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2015-07-25
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DE CONFORMIDAD con
Ley 23/2011, de 29 de julio
CITA
Ley de Propiedad Intelectual, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril
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BOE-A-2015-8338
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Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de las publicaciones en línea.
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<eli:title rdf:datatype='http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string'>Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de las publicaciones en línea.</eli:title>
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<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>Ley 23/2011, de 29 de julio</texto>
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<texto>Ley de Propiedad Intelectual, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril</texto>
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<texto>
<p class='parrafo'>La Ley 23/2011, de 29 de julio, de Depósito Legal, establece en la disposición final tercera que en el plazo máximo de un año el Gobierno, a propuesta del titular del Ministerio de Cultura, hoy Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, regulará mediante real decreto y en el ámbito de sus competencias, oídas las comunidades autónomas y los sectores implicados, el procedimiento de gestión del depósito de las publicaciones electrónicas.</p>
<p class='parrafo'>Las publicaciones electrónicas, tanto las que se editan en soporte tangible como las que se distribuyen en línea, han supuesto un cambio en el propio concepto de documento. Algunas publicaciones, como los libros electrónicos, mantienen unas características semejantes a las de los libros en papel; en cambio, en otros tipos de recursos, especialmente en los sonoros, la unidad documental ha evolucionado de un conjunto de piezas publicadas en un único soporte tangible a la presentación y oferta a través de las redes de datos de cada una de las piezas individuales. Por otra parte, han nacido también recursos nuevos, fruto de las posibilidades que abre el mundo de Internet.</p>
<p class='parrafo'>El preámbulo de la Ley 23/2011, de 29 de julio, reconoce que las formas de expresión intelectual y artística han evolucionado, se han creado nuevos medios de publicación y hoy en día las publicaciones electrónicas forman parte del patrimonio bibliográfico y documental de los distintos países, haciendo imprescindible la revisión de las normativas sobre depósito legal. Por esta razón, la Ley 23/2011, de 29 de julio, incluye en el artículo 4.3, letras n) y ñ), las publicaciones electrónicas y los sitios web como publicaciones objeto de depósito legal.</p>
<p class='parrafo'>Con respecto al cumplimiento de esta obligación de depósito, que el artículo 8 de la Ley 23/2011, de 29 de julio, atribuye a su editor o productor, cabe señalar que los procedimientos de identificación y recogida de este patrimonio deben adecuarse a las características de los nuevos tipos de publicaciones y a las necesidades de conservación y difusión que plantean. Al mismo tiempo, se han de tener en cuenta los medios y recursos de que disponen los sujetos obligados, de forma que se facilite la constitución del depósito de las publicaciones en línea y se garantice la seguridad en la transferencia de los datos a lo largo de todo el proceso, respetando en todo caso la legislación en materia de propiedad intelectual. La Ley 23/2011, de 29 de julio, utiliza la expresión publicaciones «sin soporte físico tangible» contraponiéndolas a aquellas «con soporte tangible». Este real decreto utiliza la expresión «en línea» para referirse a las publicaciones sin soporte físico tangible, empleando así el término más común en el mundo de las publicaciones electrónicas.</p>
<p class='parrafo'>Todo el proceso de constitución y gestión del depósito legal de las publicaciones en línea se someterá a los principios establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en particular en lo que se refiere a publicidad activa en materia de información institucional, organizativa y de planificación.</p>
<p class='parrafo'>El presente real decreto se estructura en tres capítulos que tratan respectivamente de las disposiciones generales, de la obligación del depósito legal y del procedimiento de gestión de las publicaciones en línea. Consta de once artículos, dos disposiciones adicionales y tres disposiciones finales.</p>
<p class='parrafo'>El capítulo I establece que el objeto de este real decreto es el de regular el procedimiento de gestión del depósito de los sitios web y de los recursos en ellos contenidos y en el artículo 1.2 se especifica que el régimen jurídico del depósito de las publicaciones electrónicas en soporte físico tangible está ya regulado por la Ley 23/2011, de 29 de julio, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas.</p>
<p class='parrafo'>Así mismo, al margen de la potestad que tengan las comunidades autónomas, de gestionar el depósito legal de las publicaciones en línea, para garantizar la unidad del sistema, la cohesión territorial, el adecuado intercambio de información y el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles, las actuaciones relativas al depósito legal de las publicaciones en línea serán coordinadas en el marco del Consejo de Cooperación Bibliotecaria al ser el órgano colegiado de composición interadministrativa que canaliza la cooperación bibliotecaria entre las administraciones públicas, tal y como establece el apartado 2 del artículo 15 de la Ley 20/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas.</p>
<p class='parrafo'>Las publicaciones electrónicas en soporte tangible tienen, desde el punto de vista del depósito legal, las mismas características que las publicaciones en soporte de papel y queda por ello ya establecido en la Ley 23/2011, de 29 de julio, quiénes son los sujetos obligados a solicitar el número de depósito legal y a constituir su depósito.</p>
<p class='parrafo'>El capítulo II precisa qué recursos en línea son objeto de depósito legal y cuáles quedan exentos de esta obligación, al tiempo que fija quiénes son los sujetos obligados a constituir dicho depósito, respetando en todo caso la legislación sobre protección de datos.</p>
<p class='parrafo'>El capítulo III recoge la regulación de la gestión y constitución del depósito legal de las publicaciones en línea. Las actuaciones que se realicen en aplicación de este capítulo no otorgan derecho alguno de propiedad intelectual ni tampoco legitiman dichas publicaciones.</p>
<p class='parrafo'>Debido a la complejidad del tratamiento de los recursos difundidos en línea, el presente real decreto simplifica su procedimiento de gestión. Elimina casi por completo el papel de las oficinas de depósito legal en la gestión del depósito de estas publicaciones, incluida la asignación de número de depósito legal, con lo que se reduce la carga de gestión de los responsables de la constitución del depósito. En este ámbito, a las oficinas de depósito legal les corresponde únicamente la actuación en caso de incumplimiento de lo obligado por este real decreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 23/2011, de 29 de julio, y de acuerdo con la normativa autonómica que sea de aplicación. Por otra parte, esta simplificación de la gestión significa que las obligaciones de los editores o productores de los sitios web en acceso abierto son nulas, y pocas y de fácil cumplimiento en el caso de los sitios web de los contenidos de acceso restringido.</p>
<p class='parrafo'>Este real decreto se ha sometido a informe de las comunidades autónomas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de la Agencia Española de Protección de Datos, de organizaciones y asociaciones cuyos fines guardan relación directa con el objeto de la norma y del Consejo de Cooperación Bibliotecaria.</p>
<p class='parrafo'>En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de julio de 2015,</p>
<p class='centro_redonda'>DISPONGO:</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO I</p>
<p class='capitulo_tit'>Disposiciones generales</p>
<p class='articulo'>Artículo 1. Objeto.</p>
<p class='parrafo'>1. Este real decreto tiene por objeto regular el procedimiento de gestión y constitución del depósito legal de las publicaciones en línea, con la finalidad de cumplir con el deber de preservar el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital de las culturas de España en cada momento histórico y permitir el acceso al mismo con fines culturales, de investigación o información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, así como en la legislación sobre protección de datos y propiedad intelectual.</p>
<p class='parrafo'>Las publicaciones en línea forman parte del patrimonio documental y bibliográfico, de conformidad con lo previsto en los artículos 48 y siguientes de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.</p>
<p class='parrafo'>2. El depósito legal de las publicaciones electrónicas en soporte tangible, incluida la solicitud del número de depósito legal y la constitución del mismo, se regulará por lo establecido por la Ley 23/2011, de 29 de julio, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas.</p>
<p class='parrafo'>3. El depósito de una misma publicación en soporte tangible no exime del depósito de la misma en línea.</p>
<p class='articulo'>Artículo 2. Definiciones.</p>
<p class='parrafo'>A los efectos de este real decreto, se entiende por:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Captura: Identificación y recolección de sitios web a partir del empleo de programas informáticos que llevan a cabo un proceso de seguimiento de enlaces con el fin de archivar los contenidos que conforman un recurso web determinado.</p>
<p class='parrafo'>b) Depósito: Almacenamiento de los contenidos capturados por los centros de conservación o transferidos a estos, en un repositorio que garantice la preservación a largo plazo y el acceso por parte de los usuarios dentro de los límites establecidos por la legislación en materia de propiedad intelectual.</p>
<p class='parrafo'>c) Editor o productor de un sitio web: Persona física o jurídica titular del dominio donde se aloja el sitio web o, en su caso, la persona física o jurídica a la que el titular del dominio haya cedido válidamente y con carácter total el derecho a la utilización, gestión y explotación del sitio web y, en particular, la decisión sobre los contenidos alojados o accesibles en el sitio.</p>
<p class='parrafo'>d) Oficina de depósito legal: Centro depositario.</p>
<p class='parrafo'>e) Publicación en línea: Información o contenido de cualquier naturaleza difundido en un soporte electrónico no tangible, archivado en un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado, que sea objeto de difusión. Los sitios web se consideran publicaciones en línea.</p>
<p class='parrafo'>f) Recurso: Entidad, tangible o intangible, que recoge el contenido intelectual, artístico o de cualquier otra índole y que está concebida, producida o editada como una unidad.</p>
<p class='parrafo'>g) Red privada: Aquella que utiliza un espacio de direcciones sin conexión directa a ni desde Internet, por lo que no aparecen en la red pública. Sirve para conectar equipos de una organización (intranet) o de varias organizaciones (extranet).</p>
<p class='parrafo'>h) Repositorio seguro: Plataforma digital de conservación que cumple los requisitos que establecen las normas técnicas internacionales para la auditoría y certificación de la fiabilidad de los repositorios.</p>
<p class='parrafo'>i) Sitio web: Punto de acceso electrónico formado por una o varias páginas agrupadas en un dominio de Internet.</p>
<p class='parrafo'>j) Sitio web libremente accesible: Aquel que tiene una URL pública y, por tanto, es visible para todos los usuarios de Internet.</p>
<p class='parrafo'>k) Soporte no tangible: Soporte virtual de una obra o contenido difundidos a través de redes electrónicas.</p>
<p class='parrafo'>l) Soporte tangible: Soporte físico de una obra o contenido.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO II</p>
<p class='capitulo_tit'>De la obligación del depósito legal de las publicaciones en línea</p>
<p class='articulo'>Artículo 3. Publicaciones en línea objeto de depósito legal.</p>
<p class='parrafo'>Serán objeto de depósito legal, junto con los metadatos que incluyan, todo tipo de sitios web y las publicaciones en ellos contenidas –tanto de acceso libre como restringido–; cualquiera que sea el procedimiento de producción, edición o difusión; cualquiera que sea el soporte o medio no tangible por el que sean distribuidas o comunicadas; cualquiera que sea la localización física del servidor o servidores a partir de los cuales se difunden a las redes electrónicas; y cualquiera que sea el dominio que albergue la publicación; siempre que contengan patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual o digital de las culturas de España; y siempre que cumplan alguna de las condiciones siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Que estén en cualquiera de las lenguas españolas oficiales;</p>
<p class='parrafo'>b) Que estén producidas o editadas por cualquier persona física o jurídica que tenga su domicilio, residencia o establecimiento permanente en España;</p>
<p class='parrafo'>c) Que estén producidas o editadas bajo un nombre de dominio vinculado al territorio español.</p>
<p class='parrafo_2'>Asimismo, el depósito legal incluirá cualquier otra forma, presente o futura, de contenido electrónico difundido a través de redes de comunicación.</p>
<p class='articulo'>Artículo 4. Publicaciones en línea excluidas del depósito legal.</p>
<p class='parrafo'>Sin perjuicio de las exclusiones a que hace referencia el artículo 5 de la Ley 23/2011, de 29 de julio, no serán objeto de depósito legal las siguientes publicaciones en línea:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Los correos y la correspondencia privada.</p>
<p class='parrafo'>b) Los contenidos que estén albergados únicamente en una red privada.</p>
<p class='parrafo'>c) Los ficheros de datos de carácter personal a los que solo tiene acceso un grupo restringido de personas.</p>
<p class='articulo'>Artículo 5. Sujetos obligados a permitir el depósito legal de las publicaciones en línea.</p>
<p class='parrafo'>El editor o productor del sitio web donde se encuentren alojadas las publicaciones en línea serán los obligados a facilitar el depósito legal de las mismas de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 y 8.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO III</p>
<p class='capitulo_tit'>Procedimiento de gestión y constitución del depósito legal de las publicaciones en línea</p>
<p class='articulo'>Artículo 6. Gestión del depósito legal de las publicaciones en línea.</p>
<p class='parrafo'>1. Los gestores del depósito legal de las publicaciones en línea son los centros de conservación. De acuerdo con el artículo 9.2 de la Ley 23/2011, de 29 de julio, son centros de conservación la Biblioteca Nacional de España y los que determinen las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.</p>
<p class='parrafo'>2. Los centros de conservación, de conformidad con el objeto de este real decreto, establecido en el artículo 1, determinarán qué sitios web y qué recursos son los que se capturarán o depositarán para ser conservados y poder así facilitar su consulta, respetando la legislación sobre protección de datos de carácter personal y propiedad intelectual, y siguiendo el criterio de lograr la mejor representatividad del mundo de Internet y de conseguir una recolección lo más completa posible de publicaciones tales como libros y revistas electrónicos.</p>
<p class='parrafo'>3. Los centros de conservación comunicarán al centro depositario en el que tenga su domicilio, residencia o establecimiento permanente el editor o productor el incumplimiento de las obligaciones de depósito de publicaciones en línea por parte de los sujetos obligados, a los efectos de que dicho centro depositario emprenda las acciones de control y verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de depósito legal que procedan, y se ejerza, en su caso, la potestad sancionadora de acuerdo con lo establecido en el capítulo V de la Ley 23/2011, de 29 de julio, así como en la normativa autonómica que sea de aplicación.</p>
<p class='parrafo'>Los titulares de los derechos reconocidos en este real decreto podrán ejercitarlos de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como con el resto de normas aplicables.</p>
<p class='parrafo'>4. No se asignará número de depósito legal a las publicaciones en línea. De acuerdo con el artículo 14.6 de la Ley 23/2011, de 29 de julio, los editores o productores de publicaciones en línea podrán solicitar número ISBN («International Standard Book Number») u otro identificador numérico estándar aceptado por los organismos internacionales competentes.</p>
<p class='articulo'>Artículo 7. Depósito legal de las publicaciones en línea libremente accesibles.</p>
<p class='parrafo'>1. Los centros de conservación podrán capturar las publicaciones en línea que hayan sido objeto de comunicación pública y los sitios web accesibles a través de redes de comunicaciones.</p>
<p class='parrafo'>2. Con el objeto de facilitar la captura o depósito de los datos por parte de los centros de conservación, el editor o productor de sitios web y demás publicaciones en línea libremente accesibles permitirá que los centros de conservación procedan a su recolección en las condiciones indicadas en este artículo.</p>
<p class='parrafo'>3. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional segunda, los procedimientos de selección y captura de las publicaciones en línea accesibles a través de redes de comunicaciones, así como la frecuencia con la que se realizarán dichas capturas, serán establecidos, dentro de sus respectivos ámbitos competenciales, por la Biblioteca Nacional de España, centro de conservación de ámbito estatal, y por los centros de conservación de las comunidades autónomas.</p>
<p class='articulo'>Artículo 8. Depósito legal de las publicaciones en línea de acceso restringido.</p>
<p class='parrafo'>1. El editor o productor de sitios web y demás publicaciones en línea de acceso restringido estará obligado a facilitar la recolección de los mismos, proporcionando en su caso a los centros de conservación las claves que permitan el acceso y reproducción de la totalidad de los contenidos o sitios web, o a proporcionar su transferencia a través de redes de comunicación o en otro soporte</p>
<p class='parrafo'>2. El editor o productor deberá proporcionar los medios para que toda publicación en línea, detectada y capturada de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, pueda ser consultada y reproducida en el futuro sin que sea necesaria la introducción de clave alguna para su consulta o conservación. Asimismo, el editor o productor de las publicaciones en línea, cuyo uso esté limitado en el tiempo, deberá facilitar a los centros de conservación los medios o claves necesarios para garantizar que dichas publicaciones puedan ser consultadas de forma permanente.</p>
<p class='parrafo'>3. Cuando razones tecnológicas o de otra índole así lo aconsejen, los centros de conservación podrán requerir al editor o productor la entrega, a través de redes electrónicas, de los recursos objeto de depósito legal en los formatos en los que estén editados.</p>
<p class='parrafo'>4. El cumplimiento de estas obligaciones no podrá perjudicar los legítimos intereses de los titulares de los derechos, ni entrar en conflicto con la explotación comercial que ellos hagan de dicho material.</p>
<p class='parrafo'>En ningún caso el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo podrá suponer a los editores o productores una carga económica adicional a la directamente derivada de la mera puesta a disposición de los contenidos y sitios web que permita dar cumplimiento a la obligación legal de depósito de las publicaciones en línea.</p>
<p class='articulo'>Artículo 9. Conservación y acceso de las publicaciones en línea.</p>
<p class='parrafo'>1. Los centros de conservación serán responsables de la preservación de las publicaciones en línea cuya custodia tienen encomendada.</p>
<p class='parrafo'>2. La Biblioteca Nacional de España y los centros de conservación de las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos competenciales, podrán acordar la constitución de los repositorios que consideren necesarios para conservar y difundir las publicaciones en línea capturadas o entregadas, con el objetivo de conseguir la mayor eficiencia en su gestión.</p>
<p class='parrafo'>3. Cuando los repositorios a los que se refiere el apartado anterior incluyan recursos de acceso restringido, la consulta de los mismos por parte de los usuarios se llevará a cabo únicamente desde los terminales instalados en las sedes de la Biblioteca Nacional de España y de los centros de conservación de las comunidades autónomas, respetando la legislación sobre protección de datos de carácter personal y propiedad intelectual.</p>
<p class='parrafo'>4. De acuerdo con el artículo 37.1 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, los centros de conservación podrán reproducir, reformatear, regenerar y transferir los recursos para garantizar su conservación, respetando la legislación sobre propiedad intelectual; los titulares de derechos sobre obras o prestaciones protegidas con medidas tecnológicas eficaces deberán facilitar a los centros de conservación la información y los medios adecuados para garantizar la realización de las reproducciones de dichos recursos.</p>
<p class='parrafo'>Los sujetos obligados serán los responsables de facilitar la información que permita transferir los datos del soporte original al soporte de conservación.</p>
<p class='parrafo'>5. La documentación generada en la gestión del depósito legal de las publicaciones en línea será tratada conforme a los principios establecidos en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica y a las Normas Técnicas de Interoperabilidad que le sean de aplicación. Así mismo, todo el proceso de gestión del depósito legal de estas publicaciones se someterá a los principios establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.</p>
<p class='articulo'>Artículo 10. Colaboración en la conservación de las publicaciones en línea.</p>
<p class='parrafo'>1. La Biblioteca Nacional de España y los centros de conservación designados por las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos de colaboración con aquellas entidades públicas o privadas que dispongan de plataformas de distribución en línea de las publicaciones y recursos digitales, que ellas mismas editen o produzcan, y que sean consideradas como «repositorios seguros», a efectos de conservación, siempre que estas plataformas cumplan los requisitos necesarios para desempeñar dicha función, de acuerdo con los criterios establecidos por los centros de conservación y bajo su supervisión.</p>
<p class='parrafo'>2. Los acuerdos que se lleven a cabo entre los centros de conservación y las entidades públicas o privadas que mantengan las citadas plataformas incluirán entre otros aspectos los siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Las características del repositorio de la entidad colaboradora.</p>
<p class='parrafo'>b) Los procedimientos para la conservación de las publicaciones o recursos de la entidad colaboradora.</p>
<p class='parrafo'>c) El período de vigencia de la colaboración.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Cuando, en virtud de lo indicado en el apartado anterior, se establezca un acuerdo de colaboración con una entidad, el centro de conservación no capturará los recursos de dicha entidad, quedando ésta obligada a conservar las publicaciones y recursos, así como a mantener la plataforma activa en las condiciones estipuladas durante el período de vigencia del acuerdo. La entidad colaboradora facilitará el acceso a sus recursos en las mismas condiciones que las establecidas para los centros de conservación.</p>
<p class='parrafo'>4. En caso de desaparición por cualquier causa de las entidades públicas o privadas a las que se refieren los apartados anteriores o de que éstas dejen de cumplir las condiciones que anteriormente hicieron posible el acuerdo de colaboración, los recursos en línea conservados en dichas entidades deberán ser entregados al centro de conservación estipulado en el acuerdo.</p>
<p class='parrafo'>5. Asimismo, a partir del momento en que se produzcan las circunstancias que imposibiliten el cumplimiento de los compromisos de conservación y consulta adquiridos por dichas entidades, estas deberán cumplir con la obligación del depósito legal, tal como se estipula en el artículo 7.</p>
<p class='parrafo'>6. La Biblioteca Nacional de España y los centros de conservación de las Comunidades Autónomas mantendrán actualizada la relación de aquellas plataformas de distribución que acuerden cooperar como repositorios seguros del depósito legal, especificando cuáles son las características de su repositorio, qué recursos serán conservados por la entidad colaboradora, así como el periodo de vigencia de la colaboración.</p>
<p class='articulo'>Artículo 11. Identificación de los dominios por parte de las entidades responsables de su gestión y de los agentes registradores.</p>
<p class='parrafo'>Las entidades responsables de la gestión del registro de nombres de dominio de Internet establecidas en territorio español proporcionarán a la Biblioteca Nacional de España y a los centros de conservación de las Comunidades Autónomas los nombres de dominio registrados ante ellas, a requerimiento de dichos centros de conservación.</p>
<p class='parrafo'>Así mismo, las personas físicas o jurídicas que actúen como agentes registradores de nombres de dominio proporcionarán la misma información respecto de los dominios vinculados al territorio nacional que no estén incluidos en alguno de los registros establecidos en España a los que se refiere el párrafo anterior.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional primera. No incremento de gasto público.</p>
<p class='parrafo'>Este real decreto no podrá suponer incremento neto de gasto público y su funcionamiento tendrá que realizarse con los medios materiales y personales disponibles actualmente en la Administración, sin incremento de dotaciones ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional segunda. Colaboración entre los centros de conservación.</p>
<p class='parrafo'>La Biblioteca Nacional de España y los centros de conservación designados por las Comunidades Autónomas establecerán los cauces de colaboración necesarios para:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Evitar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 20/2013, de 19 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, la imposición de cargas administrativas innecesarias o duplicadas por parte de los obligados a permitir el depósito legal de las publicaciones en línea.</p>
<p class='parrafo'>b) Garantizar que las cargas administrativas que se impongan no supongan costes para los editores y productores de publicaciones en línea.</p>
<p class='parrafo'>c) Establecer políticas comunes para la captura de contenidos y el desarrollo de colecciones, a efectos de dar cumplimiento a las obligaciones de depósito legal de las publicaciones en línea previstas en este real decreto.</p>
<p class='articulo'>Disposición final primera. Título competencial.</p>
<p class='parrafo'>El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.2 de la Constitución Española, que establece que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial, y facilitará la comunicación cultural entre las comunidades autónomas, de acuerdo con ellas.</p>
<p class='articulo'>Disposición final segunda. Habilitación normativa.</p>
<p class='parrafo'>Corresponde al titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dictar, dentro del ámbito de sus competencias, las disposiciones que pudieran ser necesarias para el desarrollo y aplicación del presente real decreto.</p>
<p class='articulo'>Disposición final tercera. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo'>El presente real decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dado en Madrid, el 10 de julio de 2015.</p>
<p class='firma_rey'>FELIPE R.</p>
<p class='firma_ministro'>El Ministro de Educación, Cultura y Deporte,</p>
<p class='firma_ministro'>ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO</p>
</texto>
</documento>
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Sat Jul 25 09:21:11 +0000 2015
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La Ley 23/2011, de 29 de julio, de Depósito Legal, establece en la disposición final tercera que en el plazo máximo de un año el Gobierno, a propuesta del titular del Ministerio de Cultura, hoy Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, regulará mediante real decreto y en el ámbito de sus competencias, oídas las comunidades autónomas y los sectores implicados, el procedimiento de gestión del depósito de las publicaciones electrónicas.
Las publicaciones electrónicas, tanto las que se editan en soporte tangible como las que se distribuyen en línea, han supuesto un cambio en el propio concepto de documento. Algunas publicaciones, como los libros electrónicos, mantienen unas características semejantes a las de los libros en papel; en cambio, en otros tipos de recursos, especialmente en los sonoros, la unidad documental ha evolucionado de un conjunto de piezas publicadas en un único soporte tangible a la presentación y oferta a través de las redes de datos de cada una de las piezas individuales. Por otra parte, han nacido también recursos nuevos, fruto de las posibilidades que abre el mundo de Internet.
El preámbulo de la Ley 23/2011, de 29 de julio, reconoce que las formas de expresión intelectual y artística han evolucionado, se han creado nuevos medios de publicación y hoy en día las publicaciones electrónicas forman parte del patrimonio bibliográfico y documental de los distintos países, haciendo imprescindible la revisión de las normativas sobre depósito legal. Por esta razón, la Ley 23/2011, de 29 de julio, incluye en el artículo 4.3, letras n) y ñ), las publicaciones electrónicas y los sitios web como publicaciones objeto de depósito legal.
Con respecto al cumplimiento de esta obligación de depósito, que el artículo 8 de la Ley 23/2011, de 29 de julio, atribuye a su editor o productor, cabe señalar que los procedimientos de identificación y recogida de este patrimonio deben adecuarse a las características de los nuevos tipos de publicaciones y a las necesidades de conservación y difusión que plantean. Al mismo tiempo, se han de tener en cuenta los medios y recursos de que disponen los sujetos obligados, de forma que se facilite la constitución del depósito de las publicaciones en línea y se garantice la seguridad en la transferencia de los datos a lo largo de todo el proceso, respetando en todo caso la legislación en materia de propiedad intelectual. La Ley 23/2011, de 29 de julio, utiliza la expresión publicaciones «sin soporte físico tangible» contraponiéndolas a aquellas «con soporte tangible». Este real decreto utiliza la expresión «en línea» para referirse a las publicaciones sin soporte físico tangible, empleando así el término más común en el mundo de las publicaciones electrónicas.
Todo el proceso de constitución y gestión del depósito legal de las publicaciones en línea se someterá a los principios establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en particular en lo que se refiere a publicidad activa en materia de información institucional, organizativa y de planificación.
El presente real decreto se estructura en tres capítulos que tratan respectivamente de las disposiciones generales, de la obligación del depósito legal y del procedimiento de gestión de las publicaciones en línea. Consta de once artículos, dos disposiciones adicionales y tres disposiciones finales.
El capítulo I establece que el objeto de este real decreto es el de regular el procedimiento de gestión del depósito de los sitios web y de los recursos en ellos contenidos y en el artículo 1.2 se especifica que el régimen jurídico del depósito de las publicaciones electrónicas en soporte físico tangible está ya regulado por la Ley 23/2011, de 29 de julio, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas.
Así mismo, al margen de la potestad que tengan las comunidades autónomas, de gestionar el depósito legal de las publicaciones en línea, para garantizar la unidad del sistema, la cohesión territorial, el adecuado intercambio de información y el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles, las actuaciones relativas al depósito legal de las publicaciones en línea serán coordinadas en el marco del Consejo de Cooperación Bibliotecaria al ser el órgano colegiado de composición interadministrativa que canaliza la cooperación bibliotecaria entre las administraciones públicas, tal y como establece el apartado 2 del artículo 15 de la Ley 20/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas.
Las publicaciones electrónicas en soporte tangible tienen, desde el punto de vista del depósito legal, las mismas características que las publicaciones en soporte de papel y queda por ello ya establecido en la Ley 23/2011, de 29 de julio, quiénes son los sujetos obligados a solicitar el número de depósito legal y a constituir su depósito.
El capítulo II precisa qué recursos en línea son objeto de depósito legal y cuáles quedan exentos de esta obligación, al tiempo que fija quiénes son los sujetos obligados a constituir dicho depósito, respetando en todo caso la legislación sobre protección de datos.
El capítulo III recoge la regulación de la gestión y constitución del depósito legal de las publicaciones en línea. Las actuaciones que se realicen en aplicación de este capítulo no otorgan derecho alguno de propiedad intelectual ni tampoco legitiman dichas publicaciones.
Debido a la complejidad del tratamiento de los recursos difundidos en línea, el presente real decreto simplifica su procedimiento de gestión. Elimina casi por completo el papel de las oficinas de depósito legal en la gestión del depósito de estas publicaciones, incluida la asignación de número de depósito legal, con lo que se reduce la carga de gestión de los responsables de la constitución del depósito. En este ámbito, a las oficinas de depósito legal les corresponde únicamente la actuación en caso de incumplimiento de lo obligado por este real decreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 23/2011, de 29 de julio, y de acuerdo con la normativa autonómica que sea de aplicación. Por otra parte, esta simplificación de la gestión significa que las obligaciones de los editores o productores de los sitios web en acceso abierto son nulas, y pocas y de fácil cumplimiento en el caso de los sitios web de los contenidos de acceso restringido.
Este real decreto se ha sometido a informe de las comunidades autónomas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de la Agencia Española de Protección de Datos, de organizaciones y asociaciones cuyos fines guardan relación directa con el objeto de la norma y del Consejo de Cooperación Bibliotecaria.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de julio de 2015,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. Este real decreto tiene por objeto regular el procedimiento de gestión y constitución del depósito legal de las publicaciones en línea, con la finalidad de cumplir con el deber de preservar el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital de las culturas de España en cada momento histórico y permitir el acceso al mismo con fines culturales, de investigación o información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, así como en la legislación sobre protección de datos y propiedad intelectual.
Las publicaciones en línea forman parte del patrimonio documental y bibliográfico, de conformidad con lo previsto en los artículos 48 y siguientes de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
2. El depósito legal de las publicaciones electrónicas en soporte tangible, incluida la solicitud del número de depósito legal y la constitución del mismo, se regulará por lo establecido por la Ley 23/2011, de 29 de julio, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas.
3. El depósito de una misma publicación en soporte tangible no exime del depósito de la misma en línea.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de este real decreto, se entiende por:
a) Captura: Identificación y recolección de sitios web a partir del empleo de programas informáticos que llevan a cabo un proceso de seguimiento de enlaces con el fin de archivar los contenidos que conforman un recurso web determinado.
b) Depósito: Almacenamiento de los contenidos capturados por los centros de conservación o transferidos a estos, en un repositorio que garantice la preservación a largo plazo y el acceso por parte de los usuarios dentro de los límites establecidos por la legislación en materia de propiedad intelectual.
c) Editor o productor de un sitio web: Persona física o jurídica titular del dominio donde se aloja el sitio web o, en su caso, la persona física o jurídica a la que el titular del dominio haya cedido válidamente y con carácter total el derecho a la utilización, gestión y explotación del sitio web y, en particular, la decisión sobre los contenidos alojados o accesibles en el sitio.
d) Oficina de depósito legal: Centro depositario.
e) Publicación en línea: Información o contenido de cualquier naturaleza difundido en un soporte electrónico no tangible, archivado en un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado, que sea objeto de difusión. Los sitios web se consideran publicaciones en línea.
f) Recurso: Entidad, tangible o intangible, que recoge el contenido intelectual, artístico o de cualquier otra índole y que está concebida, producida o editada como una unidad.
g) Red privada: Aquella que utiliza un espacio de direcciones sin conexión directa a ni desde Internet, por lo que no aparecen en la red pública. Sirve para conectar equipos de una organización (intranet) o de varias organizaciones (extranet).
h) Repositorio seguro: Plataforma digital de conservación que cumple los requisitos que establecen las normas técnicas internacionales para la auditoría y certificación de la fiabilidad de los repositorios.
i) Sitio web: Punto de acceso electrónico formado por una o varias páginas agrupadas en un dominio de Internet.
j) Sitio web libremente accesible: Aquel que tiene una URL pública y, por tanto, es visible para todos los usuarios de Internet.
k) Soporte no tangible: Soporte virtual de una obra o contenido difundidos a través de redes electrónicas.
l) Soporte tangible: Soporte físico de una obra o contenido.
CAPÍTULO II
De la obligación del depósito legal de las publicaciones en línea
Artículo 3. Publicaciones en línea objeto de depósito legal.
Serán objeto de depósito legal, junto con los metadatos que incluyan, todo tipo de sitios web y las publicaciones en ellos contenidas –tanto de acceso libre como restringido–; cualquiera que sea el procedimiento de producción, edición o difusión; cualquiera que sea el soporte o medio no tangible por el que sean distribuidas o comunicadas; cualquiera que sea la localización física del servidor o servidores a partir de los cuales se difunden a las redes electrónicas; y cualquiera que sea el dominio que albergue la publicación; siempre que contengan patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual o digital de las culturas de España; y siempre que cumplan alguna de las condiciones siguientes:
a) Que estén en cualquiera de las lenguas españolas oficiales;
b) Que estén producidas o editadas por cualquier persona física o jurídica que tenga su domicilio, residencia o establecimiento permanente en España;
c) Que estén producidas o editadas bajo un nombre de dominio vinculado al territorio español.
Asimismo, el depósito legal incluirá cualquier otra forma, presente o futura, de contenido electrónico difundido a través de redes de comunicación.
Artículo 4. Publicaciones en línea excluidas del depósito legal.
Sin perjuicio de las exclusiones a que hace referencia el artículo 5 de la Ley 23/2011, de 29 de julio, no serán objeto de depósito legal las siguientes publicaciones en línea:
a) Los correos y la correspondencia privada.
b) Los contenidos que estén albergados únicamente en una red privada.
c) Los ficheros de datos de carácter personal a los que solo tiene acceso un grupo restringido de personas.
Artículo 5. Sujetos obligados a permitir el depósito legal de las publicaciones en línea.
El editor o productor del sitio web donde se encuentren alojadas las publicaciones en línea serán los obligados a facilitar el depósito legal de las mismas de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 y 8.
CAPÍTULO III
Procedimiento de gestión y constitución del depósito legal de las publicaciones en línea
Artículo 6. Gestión del depósito legal de las publicaciones en línea.
1. Los gestores del depósito legal de las publicaciones en línea son los centros de conservación. De acuerdo con el artículo 9.2 de la Ley 23/2011, de 29 de julio, son centros de conservación la Biblioteca Nacional de España y los que determinen las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.
2. Los centros de conservación, de conformidad con el objeto de este real decreto, establecido en el artículo 1, determinarán qué sitios web y qué recursos son los que se capturarán o depositarán para ser conservados y poder así facilitar su consulta, respetando la legislación sobre protección de datos de carácter personal y propiedad intelectual, y siguiendo el criterio de lograr la mejor representatividad del mundo de Internet y de conseguir una recolección lo más completa posible de publicaciones tales como libros y revistas electrónicos.
3. Los centros de conservación comunicarán al centro depositario en el que tenga su domicilio, residencia o establecimiento permanente el editor o productor el incumplimiento de las obligaciones de depósito de publicaciones en línea por parte de los sujetos obligados, a los efectos de que dicho centro depositario emprenda las acciones de control y verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de depósito legal que procedan, y se ejerza, en su caso, la potestad sancionadora de acuerdo con lo establecido en el capítulo V de la Ley 23/2011, de 29 de julio, así como en la normativa autonómica que sea de aplicación.
Los titulares de los derechos reconocidos en este real decreto podrán ejercitarlos de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como con el resto de normas aplicables.
4. No se asignará número de depósito legal a las publicaciones en línea. De acuerdo con el artículo 14.6 de la Ley 23/2011, de 29 de julio, los editores o productores de publicaciones en línea podrán solicitar número ISBN («International Standard Book Number») u otro identificador numérico estándar aceptado por los organismos internacionales competentes.
Artículo 7. Depósito legal de las publicaciones en línea libremente accesibles.
1. Los centros de conservación podrán capturar las publicaciones en línea que hayan sido objeto de comunicación pública y los sitios web accesibles a través de redes de comunicaciones.
2. Con el objeto de facilitar la captura o depósito de los datos por parte de los centros de conservación, el editor o productor de sitios web y demás publicaciones en línea libremente accesibles permitirá que los centros de conservación procedan a su recolección en las condiciones indicadas en este artículo.
3. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional segunda, los procedimientos de selección y captura de las publicaciones en línea accesibles a través de redes de comunicaciones, así como la frecuencia con la que se realizarán dichas capturas, serán establecidos, dentro de sus respectivos ámbitos competenciales, por la Biblioteca Nacional de España, centro de conservación de ámbito estatal, y por los centros de conservación de las comunidades autónomas.
Artículo 8. Depósito legal de las publicaciones en línea de acceso restringido.
1. El editor o productor de sitios web y demás publicaciones en línea de acceso restringido estará obligado a facilitar la recolección de los mismos, proporcionando en su caso a los centros de conservación las claves que permitan el acceso y reproducción de la totalidad de los contenidos o sitios web, o a proporcionar su transferencia a través de redes de comunicación o en otro soporte
2. El editor o productor deberá proporcionar los medios para que toda publicación en línea, detectada y capturada de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, pueda ser consultada y reproducida en el futuro sin que sea necesaria la introducción de clave alguna para su consulta o conservación. Asimismo, el editor o productor de las publicaciones en línea, cuyo uso esté limitado en el tiempo, deberá facilitar a los centros de conservación los medios o claves necesarios para garantizar que dichas publicaciones puedan ser consultadas de forma permanente.
3. Cuando razones tecnológicas o de otra índole así lo aconsejen, los centros de conservación podrán requerir al editor o productor la entrega, a través de redes electrónicas, de los recursos objeto de depósito legal en los formatos en los que estén editados.
4. El cumplimiento de estas obligaciones no podrá perjudicar los legítimos intereses de los titulares de los derechos, ni entrar en conflicto con la explotación comercial que ellos hagan de dicho material.
En ningún caso el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo podrá suponer a los editores o productores una carga económica adicional a la directamente derivada de la mera puesta a disposición de los contenidos y sitios web que permita dar cumplimiento a la obligación legal de depósito de las publicaciones en línea.
Artículo 9. Conservación y acceso de las publicaciones en línea.
1. Los centros de conservación serán responsables de la preservación de las publicaciones en línea cuya custodia tienen encomendada.
2. La Biblioteca Nacional de España y los centros de conservación de las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos competenciales, podrán acordar la constitución de los repositorios que consideren necesarios para conservar y difundir las publicaciones en línea capturadas o entregadas, con el objetivo de conseguir la mayor eficiencia en su gestión.
3. Cuando los repositorios a los que se refiere el apartado anterior incluyan recursos de acceso restringido, la consulta de los mismos por parte de los usuarios se llevará a cabo únicamente desde los terminales instalados en las sedes de la Biblioteca Nacional de España y de los centros de conservación de las comunidades autónomas, respetando la legislación sobre protección de datos de carácter personal y propiedad intelectual.
4. De acuerdo con el artículo 37.1 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, los centros de conservación podrán reproducir, reformatear, regenerar y transferir los recursos para garantizar su conservación, respetando la legislación sobre propiedad intelectual; los titulares de derechos sobre obras o prestaciones protegidas con medidas tecnológicas eficaces deberán facilitar a los centros de conservación la información y los medios adecuados para garantizar la realización de las reproducciones de dichos recursos.
Los sujetos obligados serán los responsables de facilitar la información que permita transferir los datos del soporte original al soporte de conservación.
5. La documentación generada en la gestión del depósito legal de las publicaciones en línea será tratada conforme a los principios establecidos en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica y a las Normas Técnicas de Interoperabilidad que le sean de aplicación. Así mismo, todo el proceso de gestión del depósito legal de estas publicaciones se someterá a los principios establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Artículo 10. Colaboración en la conservación de las publicaciones en línea.
1. La Biblioteca Nacional de España y los centros de conservación designados por las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos de colaboración con aquellas entidades públicas o privadas que dispongan de plataformas de distribución en línea de las publicaciones y recursos digitales, que ellas mismas editen o produzcan, y que sean consideradas como «repositorios seguros», a efectos de conservación, siempre que estas plataformas cumplan los requisitos necesarios para desempeñar dicha función, de acuerdo con los criterios establecidos por los centros de conservación y bajo su supervisión.
2. Los acuerdos que se lleven a cabo entre los centros de conservación y las entidades públicas o privadas que mantengan las citadas plataformas incluirán entre otros aspectos los siguientes:
a) Las características del repositorio de la entidad colaboradora.
b) Los procedimientos para la conservación de las publicaciones o recursos de la entidad colaboradora.
c) El período de vigencia de la colaboración.
3. Cuando, en virtud de lo indicado en el apartado anterior, se establezca un acuerdo de colaboración con una entidad, el centro de conservación no capturará los recursos de dicha entidad, quedando ésta obligada a conservar las publicaciones y recursos, así como a mantener la plataforma activa en las condiciones estipuladas durante el período de vigencia del acuerdo. La entidad colaboradora facilitará el acceso a sus recursos en las mismas condiciones que las establecidas para los centros de conservación.
4. En caso de desaparición por cualquier causa de las entidades públicas o privadas a las que se refieren los apartados anteriores o de que éstas dejen de cumplir las condiciones que anteriormente hicieron posible el acuerdo de colaboración, los recursos en línea conservados en dichas entidades deberán ser entregados al centro de conservación estipulado en el acuerdo.
5. Asimismo, a partir del momento en que se produzcan las circunstancias que imposibiliten el cumplimiento de los compromisos de conservación y consulta adquiridos por dichas entidades, estas deberán cumplir con la obligación del depósito legal, tal como se estipula en el artículo 7.
6. La Biblioteca Nacional de España y los centros de conservación de las Comunidades Autónomas mantendrán actualizada la relación de aquellas plataformas de distribución que acuerden cooperar como repositorios seguros del depósito legal, especificando cuáles son las características de su repositorio, qué recursos serán conservados por la entidad colaboradora, así como el periodo de vigencia de la colaboración.
Artículo 11. Identificación de los dominios por parte de las entidades responsables de su gestión y de los agentes registradores.
Las entidades responsables de la gestión del registro de nombres de dominio de Internet establecidas en territorio español proporcionarán a la Biblioteca Nacional de España y a los centros de conservación de las Comunidades Autónomas los nombres de dominio registrados ante ellas, a requerimiento de dichos centros de conservación.
Así mismo, las personas físicas o jurídicas que actúen como agentes registradores de nombres de dominio proporcionarán la misma información respecto de los dominios vinculados al territorio nacional que no estén incluidos en alguno de los registros establecidos en España a los que se refiere el párrafo anterior.
Disposición adicional primera. No incremento de gasto público.
Este real decreto no podrá suponer incremento neto de gasto público y su funcionamiento tendrá que realizarse con los medios materiales y personales disponibles actualmente en la Administración, sin incremento de dotaciones ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.
Disposición adicional segunda. Colaboración entre los centros de conservación.
La Biblioteca Nacional de España y los centros de conservación designados por las Comunidades Autónomas establecerán los cauces de colaboración necesarios para:
a) Evitar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 20/2013, de 19 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, la imposición de cargas administrativas innecesarias o duplicadas por parte de los obligados a permitir el depósito legal de las publicaciones en línea.
b) Garantizar que las cargas administrativas que se impongan no supongan costes para los editores y productores de publicaciones en línea.
c) Establecer políticas comunes para la captura de contenidos y el desarrollo de colecciones, a efectos de dar cumplimiento a las obligaciones de depósito legal de las publicaciones en línea previstas en este real decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.2 de la Constitución Española, que establece que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial, y facilitará la comunicación cultural entre las comunidades autónomas, de acuerdo con ellas.
Disposición final segunda. Habilitación normativa.
Corresponde al titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dictar, dentro del ámbito de sus competencias, las disposiciones que pudieran ser necesarias para el desarrollo y aplicación del presente real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 10 de julio de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Educación, Cultura y Deporte,
ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO
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Decreto sobre depósito legal de publicaciones online La clave está en qué webs elegirán los centros de conservación
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DECRETO_LEY
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Decreto sobre depósito legal de publicaciones electrónicas.
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2014-05-07
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BOE-A-2014-4825
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Pleno. Sentencia 55/2014, de 10 de abril de 2014. Recurso de amparo 3650-2011. Promovido por don Diego Ugarte López de Arkaute en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena. Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la aplicación del doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto en el que se había establecido un límite máximo de cumplimiento de condena (STC 35/2014). Voto particular.
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<p class='parrafo'>El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Enrique López y López y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado</p>
<p class='centro_redonda'>EN NOMBRE DEL REY</p>
<p class='parrafo_2'>la siguiente</p>
<p class='centro_redonda'>SENTENCIA</p>
<p class='parrafo_2'>En el recurso de amparo núm. 3650-2011, promovido por don Diego Ugarte López de Arkaute, representado por el Procurador de los Tribunales don Javier Cuevas Rivas, bajo la dirección del Letrado don Iker Urbina Fernández, contra el Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2011, por el que se acuerda no haber lugar a la admisión del recurso de casación núm. 11325-2010 interpuesto contra el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 12 de noviembre de 2010, por el que se desestima el recurso de súplica interpuesto contra la providencia de 17 de septiembre de 2010, dictada en la ejecutoria núm. 1-2001, sobre cómputo de abono de la prisión provisional. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal.</p>
<p class='centro_negrita'>I. Antecedentes</p>
<p class='parrafo_2'>1. El Procurador de los Tribunales don Javier Cuevas Rivas, en nombre y representación de don Diego Ugarte López de Arkaute, y bajo la dirección del Letrado don Iker Urbina Fernández, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones que se citan en el encabezamiento, mediante escrito registrado el 24 de junio de 2011.</p>
<p class='parrafo_2'>2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) El recurrente fue detenido el 6 de julio de 2005. En el sumario núm. 26-2002 tramitado por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5, se acordó por Auto de 7 de julio de 2005 su prisión provisional. Por Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 16 de enero de 2006, dictada en el rollo de sala núm. 21-2003, fue condenado a una pena de prisión de tres años, y dos penas de prisión de ocho años por sendos delitos de tenencia ilícita de armas, depósito de armas de guerra y depósito de explosivos. Por Auto de 8 de febrero de 2006 se declaró la firmeza de la condena y pasó a la condición de penado en esta causa.</p>
<p class='parrafo'>b) En el sumario núm. 4-2000 tramitado por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5, se acordó por Auto de 7 de julio de 2005 la prisión provisional del recurrente. Por Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 26 de diciembre de 2005, dictada en el rollo de sala núm. 33-2001, fue condenado a dos penas de veintinueve años de prisión y dos penas de doce años y seis meses de prisión por dos delitos de terrorismo con resultado de muerte y otros dos con resultado de lesiones, a una pena de dieciséis años de prisión por un delito de terrorismo con estragos y a una pena de un año y nueve meses de prisión por un delito de falsificación de documento oficial. Por Auto de 1 de agosto de 2006, se declaró la firmeza de la condena y pasó a la condición de penado en esta causa.</p>
<p class='parrafo'>c) En el sumario núm. 1-2001 tramitado por el Juzgado Central de Instrucción núm. 6, se acordó por Auto de 7 de julio de 2005 la prisión provisional del recurrente. Por Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 11 de octubre de 2007, dictada en el rollo de Sala núm. 1-2001, fue condenado a las penas de diez años de prisión, ocho años de prisión, dos años y seis meses de prisión y dos años de prisión por sendos delitos de terrorismo con resultado de muerte, integración en asociación ilícita terrorista, robo y falsificación de documento oficial. Por Auto de 22 de enero de 2008, se declaró la firmeza de la condena y pasó a la condición de penado en esta causa.</p>
<p class='parrafo'>d) La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por Auto de3 de junio de 2008, acordó en la ejecutoria núm. 1-2001 la acumulación de las condenas impuestas al demandante en tres causas previas, fijando en treinta años de prisión el límite máximo de cumplimiento de las penas privativas de libertad impuestas en las mismas.</p>
<p class='parrafo'>e) La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por providencia de 17 de marzo de 2009, acordó que, para el cumplimiento del límite máximo de pena privativa de libertad de treinta años (10.950 días), le eran abonables 937 días. El recurrente, mediante escritos de 30 de junio y 30 de julio de 2010, tras invocar la jurisprudencia de este Tribunal (SSTC 19/1999, 71/2000 y 57/2008), solicitó la modificación de su liquidación de condena en el sentido de que se le abonara adicionalmente el lapso de tiempo en el que simultaneó la condición de penado en la primera causa con la de preso preventivo en las otras dos causas, esto es, desde el 8 de febrero de 2006 al 22 de enero de 2008.</p>
<p class='parrafo'>f) La petición fue desestimada por providencia de 17 de septiembre de 2010, señalando que «se trata de una limitación penológica a 30 años de condenas que suman más de 140 años de prisión, por lo que no varía la fecha de licenciamiento». Interpuesto recurso de súplica, fue desestimado por Auto de 12 de noviembre de 2010, argumentando que «el abono pedido carece de efectos y no modifica la liquidación de condena practicada y aprobada», ya que «la limitación penológica de 30 años conforme a lo dispuesto en el artículo 76 CP, que fija el máximo de cumplimiento, pero no constituye una nueva pena, de modo que aun aplicándole el llamado doble cómputo seguirían siendo 30 años el tiempo de cumplimiento máximo de las penas de prisión».</p>
<p class='parrafo'>g) El recurrente interpuso recurso de casación, tramitado con el núm. 11325-2010 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, acordándose por Auto de 19 de mayo de 2011 no haber lugar a su admisión por carencia manifiesta de fundamento. El argumento en que se fundamenta esta decisión es que «el recurrente ha sido condenado a un total de 142 años y 3 meses de prisión en tres ejecutorias distintas, estableciéndose por Auto de junio de 2008 la limitación penológica de 30 años según establece el artículo 76 del CP. La Sentencia núm. 197/06, de 28 de febrero, dictada por el Pleno de esta Sala, señala que el límite máximo de cumplimiento es sólo eso, un límite para el cumplimiento de las penas, no es una nueva pena a la que aplicar los beneficios penitenciarios. De igual forma, tampoco puede considerarse una pena nueva para aplicar el doble cómputo de la prisión preventiva que solicita el recurrente. En definitiva, lo que pretende el recurrente no es que se abone el tiempo de prisión preventiva que sufrió en estas causas, aun cuando entonces estuviera cumpliendo condena por otra distinta, que es lo que permite la sentencia ya reiterada del Tribunal Constitucional, sino que se le compute doblemente el tiempo transcurrido en prisión provisional, cuando éste ya se ha tenido en cuenta en otras causas. De acceder a la solicitud del recurrente, se aplicaría un único periodo de prisión preventiva a tres penas impuestas por los sucesivos delitos en diferentes causas» [razonamiento jurídico único, apartado c)].</p>
<p class='parrafo_2'>3. El recurrente aduce que se han vulnerado sus derechos a la libertad y seguridad (art. 17.1 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en cuanto garantiza la intangibilidad de las resoluciones firmes. Considera que las resoluciones recurridas entienden de manera equivocada que en el caso presente no se dan las circunstancias establecidas por el Tribunal Constitucional que justifican el doble cómputo en dos causas distintas de un mismo período de privación de libertad y que, por lo tanto, no existe período alguno a computar para el cumplimiento de sus causas acumuladas, aun cuando resulte evidente que durante la tramitación de las causas acumuladas existieron períodos de tiempo en los que ha permanecido simultáneamente en condición de preventivo y penado. En su opinión, la dicción del artículo 58 del Código penal (CP), completada con la interpretación que de dicho precepto ha hecho el Tribunal Constitucional en sus SSTC 19/1999, 71/2000 y 57/2008, obliga al Tribunal encargado de la ejecución a abonar el tiempo de prisión provisional para el cumplimiento de la pena impuesta en la causa en que se decretó, aunque haya coincidido temporalmente con el cumplimiento de otras penas en causas distintas y aunque dicho periodo coincidente lo haya sido sobre causas que después se cumplen de forma acumulada. Por ello, reitera, debe reconocérsele adicionalmente el derecho a que le sea abonado para el cumplimiento de sus condenas acumuladas el tiempo de prisión provisional transcurrido desde el 8 de febrero de 2006 y el 22 de enero de 2008.</p>
<p class='parrafo_2'>4. La Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 28 de marzo de 2012, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), requerir a los órganos judiciales la remisión del testimonio de las actuaciones y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción del recurrente, para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el proceso de amparo.</p>
<p class='parrafo_2'>5. La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 10 de septiembre de 2012, acordó tener por recibido el testimonio de las actuaciones y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por un plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el artículo 52 LOTC.</p>
<p class='parrafo_2'>6. El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 6 de noviembre de 2012, interesa que se otorgue el amparo al recurrente por la vulneración de su derecho a la libertad (art. 17.1 CE) y que se anulen las resoluciones impugnadas retrotrayendo las actuaciones para que se dicte nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.</p>
<p class='parrafo'>El Ministerio Fiscal señala que la cuestión planteada se refiere al cómputo del abono de prisión provisional cuando hay una coincidencia de periodos de prisión preventiva y cumplimiento de pena y que, por tanto, resulta de aplicación la doctrina fijada en las SSTC 19/1999, 71/2000 y 57/2008, conforme a la cual carece de cobertura legal en la redacción entonces aplicable del artículo 58.1 CP la exclusión para el abono de la prisión provisional del período de tiempo en el que se simultaneen la situación de prisión provisional en una causa con la situación de penado en otra causa. A esos efectos, expone que, habiendo quedado acreditado en las actuaciones que se ha excluido del cómputo del tiempo de abono el periodo en que el recurrente permaneció privado de libertad en la doble condición de penado y preventivo, concluye que dicho periodo también tiene que ser doblemente computado ya que, de lo contrario el período de tiempo de prisión provisional coincidente con la situación de penado carecería de toda incidencia y relevancia en el cumplimiento de las penas, lo que vulnera el artículo 17 CE. Igualmente, señala que «el cómputo de la prisión provisional no puede realizarse de manera que enerve la aplicación del doble cómputo para los períodos coincidentes de prisión y cumplimiento de pena, eliminando uno de ellos que, pese a ser autónomamente computable, desaparecería así de la liquidación de condena, como efectivamente ha ocurrido. A nuestro entender, esta operación, que respetaría el criterio del Tribunal Constitucional, constituiría un presupuesto previo para la aplicación de los criterios de cumplimiento de condena y aplicación de los artículos 75 y 76 CP».</p>
<p class='parrafo_2'>7. El recurrente no formuló alegaciones.</p>
<p class='parrafo_2'>8. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 22 de octubre de 2013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 n) LOTC, a propuesta de la Sala Segunda, acordó recabar para sí el conocimiento del recurso de amparo.</p>
<p class='parrafo_2'>9. Por providencia de 8 de abril de 2014 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 10 del mismo mes y año.</p>
<p class='centro_negrita'>II. Fundamentos jurídicos</p>
<p class='parrafo_2'>1. El objeto de este recurso de amparo es determinar si la decisión judicial de no computar un determinado periodo de tiempo en que se había simultaneado la condición de preso preventivo y de penado para el abono de la prisión provisional realizada en una ejecutoria en que se había acordado la acumulación de las condenas impuestas al demandante en tres causas previas, fijando en treinta años de prisión el límite máximo de cumplimiento, ha vulnerado sus derechos a la libertad (art. 17.1 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).</p>
<p class='parrafo_2'>2. Este Tribunal ya se ha pronunciado sobre esta cuestión en la STC 35/2014, de 27 de febrero, declarando que no vulnera el artículo 17.1 CE la no aplicación de la jurisprudencia del doble cómputo establecida en la STC 57/2008, de 28 de abril, en los supuestos en que se haya establecido un límite máximo de cumplimiento.</p>
<p class='parrafo'>En dicha Sentencia, FFJJ 3 a 5, tras exponer la doctrina desde la inicial STC 57/2008, de 28 de abril, y las sucesivas SSTC 92/2012, de 7 de mayo; 158/2012, de 17 de septiembre; 193/2012, de 29 de octubre; 229/2012, de 10 de diciembre;148/2013, de 9 de septiembre, y 168/2013, de 7 de octubre, sobre diversos aspectos derivados de las exigencias que la Constitución impone en la aplicación del artículo 58.1 del Código Penal (CP), en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, se expresa que, en el caso de las condenas acumuladas, la decisión judicial de no descontar del límite máximo de cumplimiento efectivo, fijado en treinta años, el periodo de tiempo en que simultáneamente se encontraba como preso preventivo y como penado no es contraria a la Constitución. Es decir, no es constitucionalmente exigible, en tales casos, una interpretación conjunta del artículo 58.1 CP —en la redacción anterior a la Ley Orgánica 5/2010— y de los artículos 75 y 76 CP, que imponga el doble cómputo de un mismo periodo de prisión como preventivo y como penado, o que lleve a considerar que el tiempo de prisión provisional simultáneo al de cumplimiento de pena, deba conceptuarse como tiempo de «cumplimiento efectivo».</p>
<p class='parrafo'>También descartamos que fuera aplicable la doctrina de la STC 57/2008, pues en absoluto da sustento a que el descuento del periodo simultáneo de preventiva opere sobre el tope máximo fijado de «cumplimiento efectivo» que resulta de la acumulación jurídica de las condenas, no regulada en el artículo 58.1 CP, sino en el artículo 76 CP.</p>
<p class='parrafo'>Aplicando dicha doctrina a las resoluciones impugnadas, podemos afirmar que el argumento contemplado en las mismas por el que se rechaza la solicitud de inclusión en la liquidación como tiempo de abono desde el 8 de febrero de 2006 al 22 de enero de 2008, en que el recurrente simultaneó la situación de preso preventivo con la de penado, no puede tacharse de irrazonable.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Los razonamientos expuestos conducen a concluir que las decisiones adoptadas no han producido la alegada lesión del derecho a la libertad del demandante (art. 17.1 CE), al no contravenir lo dispuesto en el 58.1 CP, ni quebrantar tampoco el fundamento y los fines que justifican la acumulación jurídica (art. 76 CP), lo cual nos lleva a la denegación del amparo.</p>
<p class='centro_redonda'>FALLO</p>
<p class='parrafo_2'>En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,</p>
<p class='centro_redonda'>Ha decidido</p>
<p class='parrafo_2'>Denegar a don Diego Ugarte López de Arkaute el amparo solicitado</p>
<p class='parrafo_2'>Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dada en Madrid, a diez de abril de dos mil catorce.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Enrique López y López.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.</p>
<p class='centro_cursiva'>Voto particular que formulan los Magistrados doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan Antonio Xiol Ríos a la Sentencia dictada en el recurso de amparo avocado núm. 3650-2011</p>
<p class='parrafo_2'>Discrepamos con la fundamentación jurídica de la Sentencia y con su fallo por las mismas razones expuestas en el Voto particular que formulamos en la STC 35/2014, de 27 de febrero, a cuyo contenido nos remitimos.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, a diez de abril de dos mil catorce.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y rubricado.</p>
</texto>
</documento>
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Wed May 07 09:42:27 +0000 2014
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El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Enrique López y López y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3650-2011, promovido por don Diego Ugarte López de Arkaute, representado por el Procurador de los Tribunales don Javier Cuevas Rivas, bajo la dirección del Letrado don Iker Urbina Fernández, contra el Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2011, por el que se acuerda no haber lugar a la admisión del recurso de casación núm. 11325-2010 interpuesto contra el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 12 de noviembre de 2010, por el que se desestima el recurso de súplica interpuesto contra la providencia de 17 de septiembre de 2010, dictada en la ejecutoria núm. 1-2001, sobre cómputo de abono de la prisión provisional. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. El Procurador de los Tribunales don Javier Cuevas Rivas, en nombre y representación de don Diego Ugarte López de Arkaute, y bajo la dirección del Letrado don Iker Urbina Fernández, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones que se citan en el encabezamiento, mediante escrito registrado el 24 de junio de 2011.
2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a) El recurrente fue detenido el 6 de julio de 2005. En el sumario núm. 26-2002 tramitado por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5, se acordó por Auto de 7 de julio de 2005 su prisión provisional. Por Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 16 de enero de 2006, dictada en el rollo de sala núm. 21-2003, fue condenado a una pena de prisión de tres años, y dos penas de prisión de ocho años por sendos delitos de tenencia ilícita de armas, depósito de armas de guerra y depósito de explosivos. Por Auto de 8 de febrero de 2006 se declaró la firmeza de la condena y pasó a la condición de penado en esta causa.
b) En el sumario núm. 4-2000 tramitado por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5, se acordó por Auto de 7 de julio de 2005 la prisión provisional del recurrente. Por Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 26 de diciembre de 2005, dictada en el rollo de sala núm. 33-2001, fue condenado a dos penas de veintinueve años de prisión y dos penas de doce años y seis meses de prisión por dos delitos de terrorismo con resultado de muerte y otros dos con resultado de lesiones, a una pena de dieciséis años de prisión por un delito de terrorismo con estragos y a una pena de un año y nueve meses de prisión por un delito de falsificación de documento oficial. Por Auto de 1 de agosto de 2006, se declaró la firmeza de la condena y pasó a la condición de penado en esta causa.
c) En el sumario núm. 1-2001 tramitado por el Juzgado Central de Instrucción núm. 6, se acordó por Auto de 7 de julio de 2005 la prisión provisional del recurrente. Por Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 11 de octubre de 2007, dictada en el rollo de Sala núm. 1-2001, fue condenado a las penas de diez años de prisión, ocho años de prisión, dos años y seis meses de prisión y dos años de prisión por sendos delitos de terrorismo con resultado de muerte, integración en asociación ilícita terrorista, robo y falsificación de documento oficial. Por Auto de 22 de enero de 2008, se declaró la firmeza de la condena y pasó a la condición de penado en esta causa.
d) La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por Auto de3 de junio de 2008, acordó en la ejecutoria núm. 1-2001 la acumulación de las condenas impuestas al demandante en tres causas previas, fijando en treinta años de prisión el límite máximo de cumplimiento de las penas privativas de libertad impuestas en las mismas.
e) La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por providencia de 17 de marzo de 2009, acordó que, para el cumplimiento del límite máximo de pena privativa de libertad de treinta años (10.950 días), le eran abonables 937 días. El recurrente, mediante escritos de 30 de junio y 30 de julio de 2010, tras invocar la jurisprudencia de este Tribunal (SSTC 19/1999, 71/2000 y 57/2008), solicitó la modificación de su liquidación de condena en el sentido de que se le abonara adicionalmente el lapso de tiempo en el que simultaneó la condición de penado en la primera causa con la de preso preventivo en las otras dos causas, esto es, desde el 8 de febrero de 2006 al 22 de enero de 2008.
f) La petición fue desestimada por providencia de 17 de septiembre de 2010, señalando que «se trata de una limitación penológica a 30 años de condenas que suman más de 140 años de prisión, por lo que no varía la fecha de licenciamiento». Interpuesto recurso de súplica, fue desestimado por Auto de 12 de noviembre de 2010, argumentando que «el abono pedido carece de efectos y no modifica la liquidación de condena practicada y aprobada», ya que «la limitación penológica de 30 años conforme a lo dispuesto en el artículo 76 CP, que fija el máximo de cumplimiento, pero no constituye una nueva pena, de modo que aun aplicándole el llamado doble cómputo seguirían siendo 30 años el tiempo de cumplimiento máximo de las penas de prisión».
g) El recurrente interpuso recurso de casación, tramitado con el núm. 11325-2010 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, acordándose por Auto de 19 de mayo de 2011 no haber lugar a su admisión por carencia manifiesta de fundamento. El argumento en que se fundamenta esta decisión es que «el recurrente ha sido condenado a un total de 142 años y 3 meses de prisión en tres ejecutorias distintas, estableciéndose por Auto de junio de 2008 la limitación penológica de 30 años según establece el artículo 76 del CP. La Sentencia núm. 197/06, de 28 de febrero, dictada por el Pleno de esta Sala, señala que el límite máximo de cumplimiento es sólo eso, un límite para el cumplimiento de las penas, no es una nueva pena a la que aplicar los beneficios penitenciarios. De igual forma, tampoco puede considerarse una pena nueva para aplicar el doble cómputo de la prisión preventiva que solicita el recurrente. En definitiva, lo que pretende el recurrente no es que se abone el tiempo de prisión preventiva que sufrió en estas causas, aun cuando entonces estuviera cumpliendo condena por otra distinta, que es lo que permite la sentencia ya reiterada del Tribunal Constitucional, sino que se le compute doblemente el tiempo transcurrido en prisión provisional, cuando éste ya se ha tenido en cuenta en otras causas. De acceder a la solicitud del recurrente, se aplicaría un único periodo de prisión preventiva a tres penas impuestas por los sucesivos delitos en diferentes causas» [razonamiento jurídico único, apartado c)].
3. El recurrente aduce que se han vulnerado sus derechos a la libertad y seguridad (art. 17.1 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en cuanto garantiza la intangibilidad de las resoluciones firmes. Considera que las resoluciones recurridas entienden de manera equivocada que en el caso presente no se dan las circunstancias establecidas por el Tribunal Constitucional que justifican el doble cómputo en dos causas distintas de un mismo período de privación de libertad y que, por lo tanto, no existe período alguno a computar para el cumplimiento de sus causas acumuladas, aun cuando resulte evidente que durante la tramitación de las causas acumuladas existieron períodos de tiempo en los que ha permanecido simultáneamente en condición de preventivo y penado. En su opinión, la dicción del artículo 58 del Código penal (CP), completada con la interpretación que de dicho precepto ha hecho el Tribunal Constitucional en sus SSTC 19/1999, 71/2000 y 57/2008, obliga al Tribunal encargado de la ejecución a abonar el tiempo de prisión provisional para el cumplimiento de la pena impuesta en la causa en que se decretó, aunque haya coincidido temporalmente con el cumplimiento de otras penas en causas distintas y aunque dicho periodo coincidente lo haya sido sobre causas que después se cumplen de forma acumulada. Por ello, reitera, debe reconocérsele adicionalmente el derecho a que le sea abonado para el cumplimiento de sus condenas acumuladas el tiempo de prisión provisional transcurrido desde el 8 de febrero de 2006 y el 22 de enero de 2008.
4. La Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 28 de marzo de 2012, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), requerir a los órganos judiciales la remisión del testimonio de las actuaciones y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción del recurrente, para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el proceso de amparo.
5. La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 10 de septiembre de 2012, acordó tener por recibido el testimonio de las actuaciones y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por un plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el artículo 52 LOTC.
6. El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 6 de noviembre de 2012, interesa que se otorgue el amparo al recurrente por la vulneración de su derecho a la libertad (art. 17.1 CE) y que se anulen las resoluciones impugnadas retrotrayendo las actuaciones para que se dicte nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
El Ministerio Fiscal señala que la cuestión planteada se refiere al cómputo del abono de prisión provisional cuando hay una coincidencia de periodos de prisión preventiva y cumplimiento de pena y que, por tanto, resulta de aplicación la doctrina fijada en las SSTC 19/1999, 71/2000 y 57/2008, conforme a la cual carece de cobertura legal en la redacción entonces aplicable del artículo 58.1 CP la exclusión para el abono de la prisión provisional del período de tiempo en el que se simultaneen la situación de prisión provisional en una causa con la situación de penado en otra causa. A esos efectos, expone que, habiendo quedado acreditado en las actuaciones que se ha excluido del cómputo del tiempo de abono el periodo en que el recurrente permaneció privado de libertad en la doble condición de penado y preventivo, concluye que dicho periodo también tiene que ser doblemente computado ya que, de lo contrario el período de tiempo de prisión provisional coincidente con la situación de penado carecería de toda incidencia y relevancia en el cumplimiento de las penas, lo que vulnera el artículo 17 CE. Igualmente, señala que «el cómputo de la prisión provisional no puede realizarse de manera que enerve la aplicación del doble cómputo para los períodos coincidentes de prisión y cumplimiento de pena, eliminando uno de ellos que, pese a ser autónomamente computable, desaparecería así de la liquidación de condena, como efectivamente ha ocurrido. A nuestro entender, esta operación, que respetaría el criterio del Tribunal Constitucional, constituiría un presupuesto previo para la aplicación de los criterios de cumplimiento de condena y aplicación de los artículos 75 y 76 CP».
7. El recurrente no formuló alegaciones.
8. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 22 de octubre de 2013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 n) LOTC, a propuesta de la Sala Segunda, acordó recabar para sí el conocimiento del recurso de amparo.
9. Por providencia de 8 de abril de 2014 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 10 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. El objeto de este recurso de amparo es determinar si la decisión judicial de no computar un determinado periodo de tiempo en que se había simultaneado la condición de preso preventivo y de penado para el abono de la prisión provisional realizada en una ejecutoria en que se había acordado la acumulación de las condenas impuestas al demandante en tres causas previas, fijando en treinta años de prisión el límite máximo de cumplimiento, ha vulnerado sus derechos a la libertad (art. 17.1 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
2. Este Tribunal ya se ha pronunciado sobre esta cuestión en la STC 35/2014, de 27 de febrero, declarando que no vulnera el artículo 17.1 CE la no aplicación de la jurisprudencia del doble cómputo establecida en la STC 57/2008, de 28 de abril, en los supuestos en que se haya establecido un límite máximo de cumplimiento.
En dicha Sentencia, FFJJ 3 a 5, tras exponer la doctrina desde la inicial STC 57/2008, de 28 de abril, y las sucesivas SSTC 92/2012, de 7 de mayo; 158/2012, de 17 de septiembre; 193/2012, de 29 de octubre; 229/2012, de 10 de diciembre;148/2013, de 9 de septiembre, y 168/2013, de 7 de octubre, sobre diversos aspectos derivados de las exigencias que la Constitución impone en la aplicación del artículo 58.1 del Código Penal (CP), en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, se expresa que, en el caso de las condenas acumuladas, la decisión judicial de no descontar del límite máximo de cumplimiento efectivo, fijado en treinta años, el periodo de tiempo en que simultáneamente se encontraba como preso preventivo y como penado no es contraria a la Constitución. Es decir, no es constitucionalmente exigible, en tales casos, una interpretación conjunta del artículo 58.1 CP —en la redacción anterior a la Ley Orgánica 5/2010— y de los artículos 75 y 76 CP, que imponga el doble cómputo de un mismo periodo de prisión como preventivo y como penado, o que lleve a considerar que el tiempo de prisión provisional simultáneo al de cumplimiento de pena, deba conceptuarse como tiempo de «cumplimiento efectivo».
También descartamos que fuera aplicable la doctrina de la STC 57/2008, pues en absoluto da sustento a que el descuento del periodo simultáneo de preventiva opere sobre el tope máximo fijado de «cumplimiento efectivo» que resulta de la acumulación jurídica de las condenas, no regulada en el artículo 58.1 CP, sino en el artículo 76 CP.
Aplicando dicha doctrina a las resoluciones impugnadas, podemos afirmar que el argumento contemplado en las mismas por el que se rechaza la solicitud de inclusión en la liquidación como tiempo de abono desde el 8 de febrero de 2006 al 22 de enero de 2008, en que el recurrente simultaneó la situación de preso preventivo con la de penado, no puede tacharse de irrazonable.
3. Los razonamientos expuestos conducen a concluir que las decisiones adoptadas no han producido la alegada lesión del derecho a la libertad del demandante (art. 17.1 CE), al no contravenir lo dispuesto en el 58.1 CP, ni quebrantar tampoco el fundamento y los fines que justifican la acumulación jurídica (art. 76 CP), lo cual nos lleva a la denegación del amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Denegar a don Diego Ugarte López de Arkaute el amparo solicitado
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diez de abril de dos mil catorce.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Enrique López y López.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formulan los Magistrados doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan Antonio Xiol Ríos a la Sentencia dictada en el recurso de amparo avocado núm. 3650-2011
Discrepamos con la fundamentación jurídica de la Sentencia y con su fallo por las mismas razones expuestas en el Voto particular que formulamos en la STC 35/2014, de 27 de febrero, a cuyo contenido nos remitimos.
Madrid, a diez de abril de dos mil catorce.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y rubricado.
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El TC vuelve a rechazar contar X2 los días de prisión preventiva y condena simultáneos #BOE
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TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL
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Tribunal Constitucional
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El TC vuelve a rechazar contar por 2 los días de prisión preventiva y condena simultáneos
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2015-07-25
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BOE-A-2015-8370
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Acuerdo de 1 de julio de 2015, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a la publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, y celebradas el 24 de mayo de 2015, según los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas por cada una de las Juntas Electorales de Zona. Provincias: Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Cuenca.
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<titulo>Acuerdo de 1 de julio de 2015, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a la publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, y celebradas el 24 de mayo de 2015, según los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas por cada una de las Juntas Electorales de Zona. Provincias: Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Cuenca.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>177</diario_numero>
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<departamento codigo='1310'>Junta Electoral Central</departamento>
<rango codigo='1020'>Acuerdo</rango>
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<fecha_disposicion>20150701</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20150725</fecha_publicacion>
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<posterior orden='' referencia='BOE-A-2017-10606'>
<palabra codigo='203'>SE CORRIGEN errores</palabra>
<texto>, por Resolución de 4 de septiembre de 2017</texto>
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<texto>
<p class='parrafo'>De conformidad con lo establecido en el artículo 108.6 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la Junta Electoral Central ordena la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los resultados habidos en cada uno de los municipios y entidades locales menores en que se han celebrado las elecciones convocadas por el Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, y celebradas el 24 de mayo. Asimismo, se procede a la publicación de los resultados de las elecciones a los Cabildos Insulares del Archipiélago Canario.</p>
<p class='parrafo'>Respecto de cada municipio, y siguiendo el orden alfabético de provincias y dentro de ellas el mismo orden por Juntas Electorales de Zona, se especifica –de acuerdo con las actas de proclamación de electos por estas Juntas remitidas a la Central– el número de electores, el de votantes, el de votos a candidaturas, en blanco, válidos y nulos, y, por último, los votos obtenidos por cada candidatura y, en su caso, los Concejales electos.</p>
<p class='parrafo_2'>Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2015.–El Presidente de la Junta Electoral Central, Carlos Granados Pérez.</p>
<p class='parrafo_2'>
<strong>(En días sucesivos continuará la publicación de los resultados de las elecciones locales, siguiendo el orden alfabético de provincias.</strong>
</p>
<p class='parrafo_2'>
<strong>Publicado:</strong>
</p>
<p class='parrafo_2'>
<strong>1. «</strong>
<strong>BOE» número 158, de 3 de julio de 2015, provincias Albacete, Alicante y Almería.</strong>
</p>
<p class='parrafo'>
<strong>2. «</strong>
<strong>BOE» número 159, de 4 de julio de 2015, provincias Araba-Álava, Asturias, Ávila, Badajoz, Barcelona y Bizkaia.)</strong>
</p>
<p class='centro_redonda'>SUMARIO</p>
<p class='parrafo_2'>Burgos.</p>
<p class='parrafo'>Cáceres.</p>
<p class='parrafo'>Cádiz.</p>
<p class='parrafo'>Cantabria.</p>
<p class='parrafo'>Castellón.</p>
<p class='parrafo'>Ciudad Real.</p>
<p class='parrafo'>Córdoba.</p>
<p class='parrafo'>A Coruña.</p>
<p class='parrafo'>Cuenca.</p>
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Sat Jul 25 06:35:33 +0000 2015
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De conformidad con lo establecido en el artículo 108.6 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la Junta Electoral Central ordena la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los resultados habidos en cada uno de los municipios y entidades locales menores en que se han celebrado las elecciones convocadas por el Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, y celebradas el 24 de mayo. Asimismo, se procede a la publicación de los resultados de las elecciones a los Cabildos Insulares del Archipiélago Canario.
Respecto de cada municipio, y siguiendo el orden alfabético de provincias y dentro de ellas el mismo orden por Juntas Electorales de Zona, se especifica –de acuerdo con las actas de proclamación de electos por estas Juntas remitidas a la Central– el número de electores, el de votantes, el de votos a candidaturas, en blanco, válidos y nulos, y, por último, los votos obtenidos por cada candidatura y, en su caso, los Concejales electos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2015.–El Presidente de la Junta Electoral Central, Carlos Granados Pérez.
(En días sucesivos continuará la publicación de los resultados de las elecciones locales, siguiendo el orden alfabético de provincias.
Publicado:
1. «
BOE» número 158, de 3 de julio de 2015, provincias Albacete, Alicante y Almería.
2. «
BOE» número 159, de 4 de julio de 2015, provincias Araba-Álava, Asturias, Ávila, Badajoz, Barcelona y Bizkaia.)
SUMARIO
Burgos.
Cáceres.
Cádiz.
Cantabria.
Castellón.
Ciudad Real.
Córdoba.
A Coruña.
Cuenca.
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Otra tanda de resultados electorales definitivos en #BOE Vamos por Cuenca, así que quedan 35 provincias. #lentico
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ELECCIONES
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Junta Electoral Central
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Publicado nuevos resultados electorales definitivos en Canarias.
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SE CORRIGEN errores
, por Resolución de 4 de septiembre de 2017
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[] | 705
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2018-11-19
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BOE-A-2018-15788
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Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publican las sanciones por infracciones muy graves impuestas a Mercados y Gestión de Valores, AV, SA, y a don Rafael Collada Barreno.
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<titulo>Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publican las sanciones por infracciones muy graves impuestas a Mercados y Gestión de Valores, AV, SA, y a don Rafael Collada Barreno.</titulo>
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<departamento codigo='1040'>Comisión Nacional del Mercado de Valores</departamento>
<rango codigo='1370'>Resolución</rango>
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<fecha_disposicion>20181015</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20181119</fecha_publicacion>
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<p class='parrafo'>Habiéndose declarado firmes en vía administrativa las sanciones impuestas a Mercados y Gestión de Valores, A.V., S.A., y a don Rafael Collada Barreno, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 l) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en concurso con la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 z ter) del mismo texto legal, se procede a publicar, conforme a lo establecido en el artículo 313 quáter del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, las sanciones impuestas mediante Resolución del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de fecha 25 de octubre de 2017 que, tras la exposición de hechos y fundamentos jurídicos, concluye con el siguiente Acuerdo:</p>
<p class='parrafo_2'>– Imponer a Mercados y Gestión de Valores, A.V., S.A., por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 l) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (en la actualidad, artículo 283.3 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 ter del mismo texto legal (actual artículo 193 del citado Texto Refundido), en relación con las medidas de organización interna relativas a la llevanza de los registros de operaciones, en concurso con la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 z ter) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (en la actualidad, artículo 284.2 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), por la falta o inaplicación, no ocasional o aislada, de políticas de gestión y ejecución de órdenes a que se refiere el artículo 79 sexies del mismo texto legal (actual artículo 221 del citado Texto Refundido), una sanción de multa por importe de 450.000 euros (cuatrocientos cincuenta mil euros).</p>
<p class='parrafo'>– Imponer a don Rafael Collada Barreno, en su condición de Consejero Delegado de Mercados y Gestión de Valores, A.V., S.A., por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 l) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (en la actualidad, artículo 283.3 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 ter del mismo texto legal (actual artículo 193 del citado Texto Refundido), en relación con las medidas de organización interna relativas a la llevanza de los registros de operaciones, en concurso con la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 z ter) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (en la actualidad, artículo 284.2 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), por la falta o inaplicación, no ocasional o aislada, de políticas de gestión y ejecución de órdenes a que se refiere el artículo 79 sexies del mismo texto legal (actual artículo 221 del citado Texto Refundido), una sanción de separación del cargo con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de las previstas en el apartado 1 del artículo 84 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (en la actualidad, artículo 233.1.a) del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre) por un plazo de 5 años (cinco años).</p>
<p class='parrafo_2'>La Resolución que impone las sanciones indicadas en la presente publicación, únicamente es firme en vía administrativa, sin perjuicio de las potestades de revisión jurisdiccional que corresponden a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, competente para conocer de los recursos que en su caso se hayan interpuesto o pudieran interponerse.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 15 de octubre de 2018.–El Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Sebastián Albella Amigo.</p>
</texto>
</documento>
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Mon Nov 19 08:27:15 +0000 2018
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Habiéndose declarado firmes en vía administrativa las sanciones impuestas a Mercados y Gestión de Valores, A.V., S.A., y a don Rafael Collada Barreno, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 l) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en concurso con la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 z ter) del mismo texto legal, se procede a publicar, conforme a lo establecido en el artículo 313 quáter del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, las sanciones impuestas mediante Resolución del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de fecha 25 de octubre de 2017 que, tras la exposición de hechos y fundamentos jurídicos, concluye con el siguiente Acuerdo:
– Imponer a Mercados y Gestión de Valores, A.V., S.A., por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 l) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (en la actualidad, artículo 283.3 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 ter del mismo texto legal (actual artículo 193 del citado Texto Refundido), en relación con las medidas de organización interna relativas a la llevanza de los registros de operaciones, en concurso con la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 z ter) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (en la actualidad, artículo 284.2 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), por la falta o inaplicación, no ocasional o aislada, de políticas de gestión y ejecución de órdenes a que se refiere el artículo 79 sexies del mismo texto legal (actual artículo 221 del citado Texto Refundido), una sanción de multa por importe de 450.000 euros (cuatrocientos cincuenta mil euros).
– Imponer a don Rafael Collada Barreno, en su condición de Consejero Delegado de Mercados y Gestión de Valores, A.V., S.A., por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 l) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (en la actualidad, artículo 283.3 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 ter del mismo texto legal (actual artículo 193 del citado Texto Refundido), en relación con las medidas de organización interna relativas a la llevanza de los registros de operaciones, en concurso con la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 z ter) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (en la actualidad, artículo 284.2 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), por la falta o inaplicación, no ocasional o aislada, de políticas de gestión y ejecución de órdenes a que se refiere el artículo 79 sexies del mismo texto legal (actual artículo 221 del citado Texto Refundido), una sanción de separación del cargo con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de las previstas en el apartado 1 del artículo 84 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (en la actualidad, artículo 233.1.a) del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre) por un plazo de 5 años (cinco años).
La Resolución que impone las sanciones indicadas en la presente publicación, únicamente es firme en vía administrativa, sin perjuicio de las potestades de revisión jurisdiccional que corresponden a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, competente para conocer de los recursos que en su caso se hayan interpuesto o pudieran interponerse.
Madrid, 15 de octubre de 2018.–El Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Sebastián Albella Amigo.
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CNMV multa a Mercados y Gestión de Valores (450.000€) y a su consejero delegado (Collada, inhabilitación 5 años) por descontrol en cuentas y problemas en la gestión. Ya le cayeron multas hace un año por uso de info privilegiada en acciones Vueling. #BOE
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OTROS_ANUNCIOS
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Comisión Nacional del Mercado de Valores
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CNMV multa a Mercados y Gestión de Valores (450.000 euros) y a su consejero delegado,Rafael Collada Barreno,la inhabilitación 5 años por descontrol en cuentas y problemas en la gestión.
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[] | 706
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2014-06-11
|
DE CONFORMIDAD con
Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio
DE CONFORMIDAD con
Arts. 22 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
EN RELACIÓN con
el Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo
|
BOE-A-2014-6176
|
Real Decreto 414/2014, de 6 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2014, en el marco de la Estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en España 2010-2014 (Programa MOVELE 2014).
|
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<identificador>BOE-A-2014-6176</identificador>
<titulo>Real Decreto 414/2014, de 6 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2014, en el marco de la Estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en España 2010-2014 (Programa MOVELE 2014).</titulo>
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<texto>Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio</texto>
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<texto>Arts. 22 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre</texto>
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<texto>el Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo</texto>
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<palabra codigo='331'>SE DICTA EN RELACION</palabra>
<texto>y regula el procedimiento para concesión de ayudas en el año 2015: Real Decreto 287/2015, de 17 de abril</texto>
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<texto>
<p class='parrafo'>El vehículo eléctrico está llamado a formar parte de la movilidad sostenible en las ciudades, debido a sus beneficios en materia de eficiencia energética y reducción de la dependencia de los productos petrolíferos, así como por la reducción de emisiones de CO<sub>2</sub> y de otros gases de efecto invernadero, ayudando a su vez a mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades y a disminuir la contaminación acústica y favoreciendo además el consumo de energías autóctonas, especialmente de fuentes renovables.</p>
<p class='parrafo'>La Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico 2010-2014 puso de manifiesto la necesidad de realizar una serie de actuaciones integradas en los distintos sectores, con objeto de promover el desarrollo y utilización de los vehículos eléctricos en España. Dicha iniciativa surgió con el convencimiento de que esta tecnología de transporte representa, en el actual contexto económico, un reto y una oportunidad para varios sectores estratégicos como son el energético, el de automoción y el de tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto desde un punto de vista industrial y tecnológico, como energético y medioambiental.</p>
<p class='parrafo'>Entre las medidas contenidas en el primer Plan de Acción 2010-2012, ocuparon un lugar destacado las de fomento de la demanda de vehículos eléctricos y en particular, las ayudas para la adquisición de estos vehículos, establecidas en el Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos durante 2011, modificado por el Real Decreto 1700/2011, de 18 de noviembre y posteriormente por el Real Decreto 417/2012, de 24 de febrero. Para dar continuidad a esta línea de actuación, el Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, reguló la concesión directa de estos incentivos en el período del 1 de enero al 31 de octubre de 2013.</p>
<p class='parrafo'>Estos programas de incentivos, complementados por otros programas y proyectos puestos en marcha con anterioridad, como son el Proyecto Piloto MOVELE y la línea de apoyo a la adquisición de vehículos de tecnologías alternativas, en el marco del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética de España 2004-2012, han contribuido a favorecer la adquisición de cerca de 8.500 vehículos eléctricos, lo que permitirá evitar, a lo largo de la vida útil de los mismos, la emisión de 127.500 toneladas de CO<sub>2</sub> y el ahorro en ese periodo de 255.000 barriles de petróleo.</p>
<p class='parrafo'>Debido al elevado extracoste que todavía tiene el vehículo eléctrico a día de hoy, con relación a los vehículos de tecnologías convencionales, se ha estimado conveniente y necesario dar continuidad a tales programas de incentivos, encaminados a promover su implementación, como el que se lleva a cabo mediante la regulación de concesión directa de subvenciones, establecida por este real decreto y cuya gestión se encomienda al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad pública que, de acuerdo con el artículo 3 de este Estatuto, aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, tiene encomendadas, entre otras, las funciones de «analizar, determinar, proponer y, en su caso, ejecutar las medidas necesarias para obtener políticas sectoriales eficaces, fomentar la utilización de nueva tecnología en equipos y proyectos e incentivar el uso de nuevas fuentes de energía, la racionalización del consumo y la reducción de los costes energéticos». A tal efecto, el IDAE podrá llevar a cabo «la asignación y control de cualesquiera subvenciones e incentivos financieros para fines de conservación, ahorro, diversificación y desarrollo energético. Igualmente podrá ejercer el Instituto funciones de agencia, mediación o creación de cauces de financiación a empresas o a entidades en general que sean adecuados para la consecución de los objetivos definidos».</p>
<p class='parrafo'>Por otra parte, se mantienen la mayoría de los requisitos establecidos en el Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2013, en el marco de la Estrategia Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico en España 2010-2014, introduciéndose, además, algunas modificaciones en la gestión del mismo, propias de la naturaleza y distinto régimen de concesión de las ayudas a otorgar así como otras derivadas de la experiencia adquirida en la gestión del Programa PIVE, todo ello con la finalidad de simplificar y agilizar la tramitación tanto para el punto de venta adherido como para el solicitante o beneficiario final de las ayudas.</p>
<p class='parrafo'>Entre estas modificaciones más destacadas, respecto al citado Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, figura un mandato para la puesta a disposición de los interesados de un catálogo donde se recogen los vehículos eléctricos objeto de apoyo en el programa, ubicado en la página web www.movele.es.</p>
<p class='parrafo'>Otra modificación es la adhesión automática de los puntos de venta del Programa PIVE en su última convocatoria, al Programa MOVELE 2014, siempre que se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y que no concurra en los mismos cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, quedando comprometidos al cumplimiento de lo establecido en el real decreto, salvo renuncia expresa.</p>
<p class='parrafo'>Respecto a los beneficiarios, se incluye entre los mismos a las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales así como los organismos y entes públicos dependientes o vinculados tanto de las anteriores como de la propia Administración General del Estado.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, se eleva el nivel de ayuda en los casos específicos de beneficiarios miembros de familias numerosas y de discapacitados con movilidad reducida y vehículo adaptado para su conducción, siempre que la adaptación realizada conste en la ficha técnica del vehículo adquirido.</p>
<p class='parrafo'>Las ayudas objeto de este real decreto podrán ser cofinanciadas con Fondos comunitarios, dentro de algunos de los Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Por ello, se recoge la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control incluidos en los Programas Operativos e instrumentos aplicables a dicho Fondo.</p>
<p class='parrafo'>Por otra parte, al igual que el Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, este real decreto es continuación o prórroga del Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, que fue sometido al procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, regulado en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio. Con base en lo señalado en el artículo 8.1, apartado 3, de la Directiva 98/34/CE, no es necesaria una nueva notificación, dado que este real decreto no aporta modificaciones significativas en el ámbito de aplicación, ni añade nuevas especificaciones o requisitos.</p>
<p class='parrafo'>Las ayudas reguladas en el real decreto se establecen como un derecho del peticionario que reúna las condiciones para su concesión, es decir, no concurre con ningún otro para obtenerlas, ya que por el mero hecho de realizar el comportamiento establecido en la norma y cumplir las condiciones y los requisitos exigidos, se deberá conceder la subvención, lo que determina que sean procedimientos iniciados a solicitud del interesado, a diferencia del procedimiento de concurrencia competitiva que es un procedimiento que se inicia de oficio de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Esta circunstancia no hace posible la convocatoria pública de las ayudas a la adquisición del vehículo eléctrico.</p>
<p class='parrafo'>Existen peculiares razones de interés público, social y económico para el desarrollo de actuaciones de impulso del vehículo eléctrico mediante la concesión de subvenciones directas. Por ello a estas ayudas les resulta de aplicación lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a las ayudas en régimen de concesión directa, siendo preciso un real decreto que, de conformidad con el artículo 28.2 de la referida ley, apruebe las normas especiales de las subvenciones reguladas en el citado artículo 22.2.c).</p>
<p class='parrafo'>Este real decreto se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica prevista en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución.</p>
<p class='parrafo'>La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económico ha informado este real decreto en su reunión del día 29 de mayo de 2014.</p>
<p class='parrafo'>En su virtud, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 6 de junio de 2014,</p>
<p class='centro_redonda'>DISPONGO:</p>
<p class='articulo'>Artículo 1. Objeto, finalidad y régimen de concesión.</p>
<p class='parrafo'>1. Constituye el objeto y finalidad de este real decreto la regulación del procedimiento para la concesión directa de ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos 2014 (Programa MOVELE 2014), para incentivar y promover la adquisición de vehículos eléctricos nuevos, entendiendo como tales aquellos cuya energía de propulsión proceda, total o parcialmente, de la electricidad de sus baterías, cargadas a través de la red eléctrica, facilitando y fomentando, con ello, el desarrollo de la movilidad eléctrica por su contribución a la mejora del sector del transporte, de la eficiencia energética y medioambiental así como a la reducción de la dependencia energética del petróleo.</p>
<p class='parrafo'>2. Las ayudas reguladas en este real decreto se otorgarán por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), como órgano concedente, a las solicitudes que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en este real decreto, por riguroso orden de activación de la reserva de presupuesto y hasta agotarse el presupuesto disponible, o bien, si ocurriera antes, hasta que se alcance la fecha límite de vigencia del programa señalado en el artículo 7.3. Asimismo estas ayudas, a excepción de aquellas cuyos solicitantes sean particulares, entidades e instituciones sin ánimo de lucro que no puedan emprender actividades económicas que repercutan en terceros, estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas <em>de minimis</em> («Diario Oficial de la Unión Europea» núm. L 352, de 24 de diciembre de 2013), sin perjuicio de lo establecido el artículo 5. 2 y 3 de este real decreto.</p>
<p class='parrafo'>A estos efectos, estos solicitantes deberán presentar una declaración responsable relativa a todas las ayudas concedidas, haciendo especial mención a las ayudas <em>de minimis</em> recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso, conforme con lo dispuesto en la solicitud de ayuda correspondiente, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5. 2 y 3 de este real decreto.</p>
<p class='articulo'>Artículo 2. Financiación.</p>
<p class='parrafo'>1.<em> </em>La financiación de las ayudas reguladas en este real decreto se realizará con cargo al presupuesto, por importe de 10.000.000 de euros, proveniente de la aplicación presupuestaria consignada en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, de la Sección 20, Servicio 16, Programa 422B, concepto 741 («Al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para fomento de la demanda de vehículos eléctricos»).</p>
<p class='parrafo'>2. Adicionalmente, podrán ser cofinanciados con Fondos comunitarios, dentro de algunos de los Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).</p>
<p class='articulo'>Artículo 3. Actuaciones susceptibles de ayuda.</p>
<p class='parrafo'>1. Las ayudas se destinarán a la adquisición directa o a la adquisición por medio de operaciones de financiación por leasing financiero o arrendamiento por renting (o leasing operativo) de las siguientes categorías de vehículos eléctricos nuevos, matriculados por primera vez en España, que hayan sido adquiridos y abonados al punto de venta en su totalidad, de alguna de las categorías que a continuación se establecen, definidas en la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y sus remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos y en la Directiva 2002/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 2002, relativa a la homologación de los vehículos de motor de dos o tres ruedas, incorporadas al ordenamiento español por el Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, por el que se dictan normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Turismos M1: vehículos de motor destinados al transporte de personas que tengan, por lo menos, cuatro ruedas y que tengan, además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo.</p>
<p class='parrafo'>b) Furgonetas o camiones ligeros N1: vehículos de motor destinados al transporte de mercancías que tengan, por lo menos, cuatro ruedas con una masa máxima autorizada (MMA) igual o inferior a 3.500 kg.</p>
<p class='parrafo'>c) Autobuses o autocares M2: vehículos destinados al transporte de personas que tengan además del asiento del conductor más de ocho plazas sentadas y con una MMA inferior a 5.000 kg.</p>
<p class='parrafo'>d) Autobuses o autocares M3: vehículos destinados al transporte de personas que tengan además del asiento del conductor más de ocho plazas sentadas y con una MMA superior 5.000 kg.</p>
<p class='parrafo'>e) Furgones o camiones ligeros N2: vehículos de motor destinados al transporte de mercancías que tengan, por lo menos, cuatro ruedas con una MMA superior a 3.500 kg e inferior a 12.000 kg.</p>
<p class='parrafo'>f) Cuadriciclos ligeros L6e: automóviles de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 kg, no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, y cuya potencia máxima neta del motor sea inferior o igual a 4 kW y cuya velocidad máxima no sobrepase los 45 km/h.</p>
<p class='parrafo'>g) Cuadriciclos pesados L7e: automóviles de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior o igual a 400 kg o 550 kg, si se trata de vehículos destinados al transporte de mercancías, no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, y cuya potencia máxima neta del motor sea inferior o igual a 15 kW.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Dichas adquisiciones deberán producirse a partir del día 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, y las solicitudes deberán registrarse en el sistema telemático de gestión de ayudas del Programa MOVELE 2014 del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), desde la apertura del sistema hasta el 31 de diciembre de 2014 o hasta que se agote el presupuesto disponible del Programa, si esta circunstancia se produjera con anterioridad.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, estas adquisiciones, en la modalidad de adquisición por medio de operaciones de financiación por renting (o leasing operativo), sólo podrán ser objeto de ayuda a condición de que el correspondiente contrato de arrendamiento establezca una duración mínima de dos años desde la fecha de su formalización, en todo caso, igual o posterior a fecha 1 de enero de 2014. Además, este contrato de arrendamiento deberá de establecer expresamente que el arrendatario es el beneficiario de la ayuda que se otorgue, debiendo constar en el mismo, también expresamente, la aplicación total de dicha ayuda a la reducción de las cuotas de pago o renta del arrendamiento a satisfacer por parte del arrendatario, especificando el importe correspondiente a dichas cuotas antes de la aplicación de la ayuda y el mismo importe después de su aplicación.</p>
<p class='parrafo'>3. En el marco de este programa, se establece un límite de adquisición de vehículos por parte de un mismo beneficiario de hasta un máximo de 30 vehículos, en el conjunto de las distintas categorías objeto de apoyo, salvo que dicho límite deba de ser menor por haberse alcanzado por parte del solicitante el límite establecido en el correspondiente Reglamento <em>de minimis</em> que le sea de aplicación.</p>
<p class='parrafo'>4. Las ayudas para la adquisición de un vehículo nuevo, previstas en este real decreto, se otorgarán por una sola vez sin que quepa duplicidad en caso de sucesivas transmisiones del mismo vehículo.</p>
<p class='parrafo'>5. Los vehículos susceptibles de ser apoyados en el marco del presente programa de ayudas, deberán figurar en el Catálogo de Vehículos (Catálogo MOVELE) publicado en la página web: www.movele.es, en la fecha de realización de la reserva de presupuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.c).</p>
<p class='parrafo'>El registro de las marcas y modelos de vehículos en este catálogo será libre y voluntario para todo aquel fabricante o importador que lo solicite, siempre que las características de los vehículos a incluir se ajusten a lo dispuesto en este real decreto. La introducción y modificación de vehículos en el catálogo, será realizada por responsables autorizados y debidamente acreditados por las correspondientes marcas de vehículos a tal efecto.</p>
<p class='parrafo'>6. No serán susceptibles de ayuda las adquisiciones directas o por medio de operaciones de financiación por leasing financiero o por arrendamiento por renting (o leasing operativo) que se realicen por un punto de venta adherido para sí mismo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 4. Beneficiarios.</p>
<p class='parrafo'>1.<em> </em>En el caso de adquisiciones directas o mediante operaciones de financiación por leasing financiero, se entiende por beneficiario, a los efectos de este real decreto, el titular de la matriculación registrada en la base de datos de la Dirección General de Tráfico.</p>
<p class='parrafo'>En el caso de adquisiciones mediante operaciones de financiación de arrendamiento por renting (o leasing operativo) el beneficiario será el arrendatario del contrato de renting o leasing operativo.</p>
<p class='parrafo'>2. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en este real decreto:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Los profesionales autónomos, que tendrán que estar dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.</p>
<p class='parrafo'>b) Las personas físicas residentes en España no incluidas en el apartado a).</p>
<p class='parrafo'>c) Las empresas privadas, válidamente constituidas en España en el momento de presentar la solicitud, y de naturaleza jurídica tal que su Número de Identificación Fiscal (NIF) comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W.</p>
<p class='parrafo'>d) Las Entidades Locales, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades públicas vinculadas o dependientes de cualquiera de los anteriores, previo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativo al cumplimiento de las correspondientes condiciones de estabilidad presupuestaria y, asimismo, otras entidades públicas vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado.</p>
<p class='parrafo'>e) Los puntos de venta adheridos al programa podrán obtener la condición de beneficiarios, siempre que la operación de venta la realice otro concesionario o punto de venta adherido al programa, con distinta personalidad jurídica a la del beneficiario en cuestión.</p>
<p class='parrafo_2'>3. No podrán tener la condición de beneficiarios las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 13. 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como tengan pendientes obligaciones de reintegro de subvenciones o ayudas. La no concurrencia de estas circunstancias se acreditará mediante declaración responsable del solicitante, que suscribirá junto con la solicitud de ayuda.</p>
<p class='parrafo'>4. El solicitante deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, lo que se acreditará mediante declaración responsable, que suscribirá junto con la solicitud de ayuda, salvo en el caso de las Administraciones públicas y las entidades públicas vinculadas o dependientes de las mismas, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.g).</p>
<p class='parrafo'>5. No podrán obtener la condición de beneficiarios las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal o incompatible con el mercado común.</p>
<p class='articulo'>Artículo 5. Cuantía de las ayudas.</p>
<p class='parrafo'>1.<em> </em>Dependiendo de la categoría del vehículo a adquirir y de su autonomía en modo de funcionamiento exclusivamente eléctrico, siendo ésta la distancia capaz de recorrer por el vehículo utilizando exclusivamente la energía acumulada en sus baterías y que declara el fabricante en la documentación técnica y comercial del vehículo, se establecen las siguientes cuantías individuales de ayuda:</p>
<p class='parrafo_2'>a) La cuantía de la subvención para todos aquellos vehículos de las categorías M1 y N1 que se propulsen con baterías, cargadas total o parcialmente con electricidad de la red, será de:</p>
<p class='parrafo_2'>i. 3.000 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica no superior a los 40 km y no inferior a 15 km.</p>
<p class='parrafo'>ii. 4.500 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 40 km e inferior o igual a 90 km.</p>
<p class='parrafo'>iii. 6.500 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 90 km.</p>
<p class='parrafo'>Para estas mismas categorías y en los casos específicos de beneficiarios miembros de familias numerosas y de discapacitados con movilidad reducida que adquieran vehículos adaptados o que se adapten para su conducción, siempre que la adaptación conste en la ficha técnica del vehículo adquirido, las ayudas establecidas serán de:</p>
<p class='parrafo_2'>iv. 3.500 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica no superior a los 40 km y no inferior a 15 km.</p>
<p class='parrafo'>v. 5.300 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 40 km e inferior o igual a 90 km.</p>
<p class='parrafo'>vi. 7.700 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 90 km.</p>
<p class='parrafo_2'>b) La adquisición de vehículos microbuses M2 y comerciales N2 será objeto de una subvención de 8.000 euros, siempre que su autonomía en régimen exclusivamente eléctrico sea superior a 90 km.</p>
<p class='parrafo'>c) La adquisición de vehículos autobuses y autocares M3 será objeto de una subvención de 20.000 euros, siempre que su autonomía en régimen exclusivamente eléctrico sea superior a 90 km.</p>
<p class='parrafo'>d) Los cuadriciclos ligeros L6e tendrán una subvención por vehículo de 1.800 euros y los cuadriciclos pesados L7e de 2.200 euros por vehículo.</p>
<p class='parrafo_2'>Para estas mismas categorías y en los casos específicos de beneficiarios miembros de familias numerosas y de discapacitados con movilidad reducida que adquieran vehículos adaptados o que se adapten para su conducción por parte de éstos, siempre que la adaptación conste en la ficha técnica del vehículo adquirido, las ayudas establecidas serán de 2.500 euros para los cuadriciclos ligeros L6e y de 3.000 euros para los cuadriciclos pesados L7e.</p>
<p class='parrafo'>2. En el caso de que el beneficiario realice una actividad empresarial de las incluidas en los párrafos a) o c) del artículo 4.2 de este real decreto, las cuantías establecidas anteriormente pueden verse reducidas en aplicación de los límites fijados por el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de <em>minimis</em>, por el Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas <em>de minimis </em>en el sector agrícola, por el Reglamento (CE) n.º 875/2007 de la Comisión, de 24 de julio de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas <em>de minimis</em> en el sector pesquero y que modifica el Reglamento (CE) n.º 1860/2004, así como por cualquier otra disposición que pudiera resultar aplicable y ser aprobada durante la vigencia del presente programa.</p>
<p class='parrafo'>3. De conformidad con los citados Reglamentos (UE y CE) 1407/2013, 1408/2013 y 875/2007, la cuantía de la subvención o ayuda acumulada a las que hayan percibido por el concepto <em>de minimis</em> en el ejercicio 2014 y en los dos ejercicios anteriores, no podrá exceder de la cantidad de 200.000 euros, de 100.000 euros para las empresas que operan en el sector del transporte por carretera, de 30.000 euros para las empresas que se dediquen a la producción, transformación y comercialización de los productos de la pesca o de 15.000 euros para las empresas que operan en la producción de productos agrícolas. Las empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas estarán sometidas al límite general de 200.000 euros.</p>
<p class='parrafo'>4. En el formulario electrónico de solicitud de ayuda se incluye un apartado específico donde el solicitante, en su caso, declarará que no supera los límites fijados en el epígrafe anterior.</p>
<p class='articulo'>Artículo 6. Gestión de las ayudas.</p>
<p class='parrafo'>La gestión de las ayudas se realizará por el IDAE a través de una aplicación desarrollada <em>ad hoc</em> como sistema telemático de gestión de ayudas del presente Programa MOVELE 2014, en el marco de la Estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en España 2010-2014.</p>
<p class='articulo'>Artículo 7. Vigencia del programa MOVELE 2014 y plazos para la presentación de solicitudes.</p>
<p class='parrafo'>1.<em> </em>El Programa MOVELE 2014 surtirá efectos a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de este real decreto y finalizará el 31 de diciembre de 2014 o, si ocurriera antes, cuando se agote el presupuesto disponible establecido en el artículo 2.</p>
<p class='parrafo'>2. El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas comprenderá desde el día de activación del sistema telemático de gestión de ayudas del referido Programa MOVELE 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive, o hasta que se agote el presupuesto establecido en el artículo 2 de este real decreto, en caso de producirse con anterioridad.</p>
<p class='parrafo'>3. La fecha y hora de activación del sistema telemático de gestión de ayudas será convenientemente notificada por el IDAE a los concesionarios adheridos al Programa MOVELE 2014, a través de la página web del mismo, alojada en la web del IDAE, www.idae.es</p>
<p class='articulo'>Artículo 8. Procedimiento.</p>
<p class='parrafo'>Las solicitudes de las ayudas establecidas en este real decreto se canalizarán necesariamente a través de los puntos de venta de vehículos previamente adheridos al Programa MOVELE 2014, según el siguiente procedimiento:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Los puntos de venta de vehículos que deseen participar en el presente programa<em> </em>deberán encontrarse adheridos al mismo, conforme a lo establecido en el artículo 12 de este real decreto. Para aquellos puntos de venta ya adheridos al Programa PIVE, conforme a lo dispuesto por el Real Decreto 35/2014, de 24 de enero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-5)», la utilización de sus claves de acceso de este programa, facilitadas por el IDAE, en la aplicación informática del Programa MOVELE 2014, supondrá la confirmación de su adhesión al Programa MOVELE 2014. Con dicha adhesión, los puntos de venta aceptan y se comprometen al cumplimiento del contenido íntegro de este real decreto.</p>
<p class='parrafo'>b) En la página web del IDAE, www.idae.es, los interesados en las ayudas objeto del presente programa podrán conocer, para cada código postal, el listado actualizado y ubicación de los puntos de venta adheridos al Programa MOVELE 2014, así como realizar la búsqueda de las marcas, modelos y versiones de los vehículos objeto de apoyo en el citado programa, previamente registrados en el Catálogo MOVELE, al que se hace referencia en el artículo 3.5.</p>
<p class='parrafo'>c) El potencial beneficiario o interesado se dirigirá a un punto de venta adherido al Programa MOVELE 2014 y elegirá, de entre los vehículos presentes en el Catálogo MOVELE, cualquiera de los vehículos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3. El punto de venta de vehículos, con sus claves de acceso que le identifican como adherido al Programa MOVELE 2014, podrá comprobar, en tiempo real a través de la aplicación informática creada al efecto y ubicada en la página web del IDAE, el volumen de fondos disponible en el programa y efectuar, en su caso, la reserva de presupuesto para la correspondiente solicitud de ayuda.</p>
<p class='parrafo'>d) Para efectuar la reserva de presupuesto, el punto de venta adherido deberá cumplimentar, de forma electrónica, los datos básicos de la operación, relativos al beneficiario y al vehículo adquirido, que seleccionará del listado que le aparecerá en la aplicación informática, correspondiente a vehículos ya registrados previamente en el Catálogo MOVELE.</p>
<p class='parrafo'>Una vez seleccionado el vehículo objeto de apoyo, la propia aplicación le asignará el importe de la ayuda que le corresponde en el marco del presente programa, tal y como se establece en el artículo 5.</p>
<p class='parrafo'>Tras ser efectuada la reserva de presupuesto, el punto de venta adherido recibirá un correo electrónico, dirigido a la dirección aportada para tal efecto, confirmando la reserva de presupuesto realizada para la correspondiente solicitud, así como el importe asignado a la misma.</p>
<p class='parrafo'>En los casos particulares de beneficiarios miembros de familias numerosas y de discapacitados con movilidad reducida y vehículo adaptado, cuya adaptación sea realizada previamente a su venta, el punto de venta deberá seleccionar la opción correspondiente, con objeto de que el beneficiario pueda obtener la ayuda establecida para estos casos en el artículo 5.</p>
<p class='parrafo'>e) En el correo electrónico de confirmación de la reserva de presupuesto, el punto de venta recibirá, como documento adjunto, el pdf de la ficha de solicitud de ayuda para adquisición del vehículo correspondiente a la operación planteada, donde se reflejará el nombre y DNI/NIF/NIE del beneficiario, así como la marca, modelo y versión del vehículo adquirido, categoría y autonomía en modo eléctrico e importe de la ayuda otorgada al mismo, de acuerdo con el artículo 5. El punto de venta procederá a imprimir por triplicado dicha solicitud.</p>
<p class='parrafo'>Esta solicitud habrá de ser firmada por el beneficiario y firmada y sellada por el punto de venta adherido al programa, quedándose cada uno de ellos con un original. La tercera copia original deberá conservarse asimismo por el punto de venta adherido a los efectos de lo establecido en artículo 10.6.</p>
<p class='parrafo'>f) El punto de venta de vehículos adherido al programa deberá ofertar el precio del vehículo, aplicando sobre la factura, después de impuestos, el descuento de la ayuda que se recoge en su correspondiente ficha de solicitud.</p>
<p class='parrafo'>g) Previamente a efectuar la venta del vehículo al potencial beneficiario, el punto de venta adherido habrá de verificar que el comprador o solicitante de la ayuda es un sujeto que cumple los requisitos del artículo 4. En el caso de operaciones de renting o leasing operativo será el arrendatario del vehículo a adquirir por la empresa de renting, como beneficiario de la ayuda, el que tenga que cumplir tales requisitos.</p>
<p class='parrafo'>El punto de venta deberá a continuación recopilar del beneficiario toda la documentación establecida en el artículo 9. Una vez hecho, debe cargarla en la aplicación informática del programa e introducir los registros que no figuraban previamente en la activación de la reserva del presupuesto de la solicitud de ayuda, correspondientes a la matrícula, número de bastidor y fecha de matriculación del vehículo adquirido.</p>
<p class='parrafo'>En el caso específico de operaciones de compraventa realizadas en concesionarios o puntos de venta adheridos al Programa MOVELE 2014, a partir del día 1 de enero de 2014 y con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente programa, el beneficiario podrá acudir al concesionario y solicitar la ayuda que le pudiera corresponder en el marco del Programa MOVELE 2014.</p>
<p class='parrafo'>En este caso, el concesionario o punto de venta habrá de verificar que la operación realizada de compraventa del vehículo cumple los distintos requisitos establecidos en los artículos 3 y 4 y recopilará a continuación la documentación establecida en el artículo 9. El concesionario o punto de venta deberá además realizar un abono por el importe de la ayuda al adquiriente del vehículo y cargar en la aplicación, junto con la factura de compraventa, el justificante de dicho abono.</p>
<p class='parrafo'>h) Teniendo en cuenta que el periodo máximo entre la activación de la reserva de presupuesto y la puesta a disposición del beneficiario de un vehículo nuevo no debe ser superior a 90 días naturales, toda reserva de presupuesto con duración superior a 105 días hábiles, contados desde la fecha de activación de la reserva de presupuesto, será automáticamente anulada, previa información al punto de venta.</p>
<p class='parrafo'>i) En el caso de que la documentación cargada telemáticamente en la aplicación no reuniera los requisitos exigidos, se podrá requerir al solicitante y/o punto de venta para que en un plazo de 15 días hábiles subsane la deficiencia. El incumplimiento de este plazo de subsanación supondrá la inadmisión de la correspondiente solicitud y la anulación automática de la activación de su reserva de presupuesto.</p>
<p class='parrafo'>j) La presentación de la solicitud conllevará la conformidad del solicitante o beneficiario para recibir todas las notificaciones que tengan que realizarse por vía telemática, conforme a lo dispuesto, en cada caso, por este real decreto.</p>
<p class='parrafo'>k) Comprobado el cumplimiento íntegro de las condiciones, el IDAE dictará resolución por la que concederá la ayuda y procederá a transferir el importe de la ayuda al punto de venta adherido a través de la cuenta corriente bancaria establecida a tal efecto.</p>
<p class='parrafo'>l) La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV, artículo 30 y sucesivos, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el título II, capítulo II, del Reglamento de dicha Ley aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, según las disposiciones que sobre seguimiento técnico establezcan las convocatorias y, en su caso, según lo establecido en la normativa aplicable de los Fondos comunitarios de la Unión Europea, en el supuesto de que dicha convocatoria estuviera cofinanciada por dichos Fondos.</p>
<p class='articulo'>Artículo 9. Documentación a presentar por el punto de venta de vehículos</p>
<p class='parrafo'>Los solicitantes de la ayuda deberán facilitar al punto de venta adherido, en el momento de la adquisición del vehículo(s) susceptible(s) de ayuda, su nombre o razón social completa, documento nacional de identidad (DNI), Número de Identificación de Extranjero (NIE) o Número de Identificación Fiscal (NIF), y dirección, al objeto de ser incorporados a la aplicación informática, aportando adicionalmente la siguiente documentación:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Fotocopia del D.N.I. o N.I.E. del particular o persona física o de la tarjeta de identificación fiscal donde conste el NIF de la persona jurídica (en vigor a la fecha de la venta del vehículo), salvo que el interesado preste su consentimiento expreso para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados por el IDAE mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad establecido en la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, conforme a lo dispuesto por el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.</p>
<p class='parrafo'>b) En el caso de solicitante, persona física, integrante de familia numerosa, fotocopia del título oficial vigente de familia numerosa, a fecha de la venta del vehículo. En el caso de personas discapacitadas que acrediten su movilidad reducida, certificado que emiten los órganos de valoración competentes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) o de las comunidades autónomas.</p>
<p class='parrafo'>c) En el caso de profesionales autónomos, certificado de realizar actividades económicas expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.</p>
<p class='parrafo'>d) En el caso de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, Administraciones autonómicas y entidades públicas vinculadas o dependientes de los anteriores, informe favorable expedido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas.</p>
<p class='parrafo'>e) Fotocopia de la Ficha Técnica del Vehículo adquirido.</p>
<p class='parrafo'>f) Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo adquirido.</p>
<p class='parrafo'>g) Cuando se supere un importe de 3.000 euros en la ayuda o ayudas que pudieran ser otorgadas a un mismo solicitante o interesado, éste estará obligado a aportar certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias expedido a tal efecto por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de estar al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social, conforme con lo previsto por el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.</p>
<p class='parrafo'>h) Para las empresas, acreditación válida del poder del firmante de la solicitud como representante legal de la misma, así como la tarjeta de identificación fiscal (NIF) del solicitante.</p>
<p class='parrafo'>i) En el caso de renting o leasing operativo, además de los documentos anteriores, se adjuntará fotocopia del contrato de renting o leasing operativo, que establezca una duración mínima de dos años y donde figure como arrendatario del mismo el solicitante de ayuda o potencial beneficiario. Dicho contrato deberá haber sido suscrito con fecha posterior o igual al 1 de enero de 2014 y tendrá que contemplar, expresamente, que el arrendatario será el beneficiario de la ayuda del presente programa así como la aplicación del total de la ayuda otorgada a la reducción de las cuotas o renta del arrendamiento a satisfacer por parte de dicho arrendatario, especificando el importe correspondiente a dichas cuotas antes de la aplicación de la ayuda y el mismo importe después de su aplicación.</p>
<p class='parrafo'>j) En el caso específico de adquisiciones directas u operaciones de leasing financiero de vehículos con batería en régimen de arrendamiento por renting o leasing operativo, se aportará copia del contrato de renting de la batería del vehículo.</p>
<p class='parrafo'>k) Fotocopia de la factura de venta del vehículo, debiendo ser la fecha de dicha factura igual o posterior al 1 de enero de 2014.</p>
<p class='parrafo'>En esta factura deben constar desglosados los siguientes conceptos: precio franco fábrica, otros costes, otros posibles descuentos, base imponible, precio del vehículo antes de IVA o IGIC, precio después de impuestos, Ayuda del Programa MOVELE 2014 aplicada después de impuestos (especificando el concepto «Descuento Programa MOVELE 2014») y Total a Pagar o Total Factura a pagar por el beneficiario adquirente, salvo lo dispuesto en el apartado m) de este mismo artículo.</p>
<p class='parrafo'>En la factura, deberá constar, además, la matrícula y número de bastidor, marca, modelo y versión del vehículo adquirido, así como su categoría de acuerdo con el artículo 3 de este real decreto y su autonomía en modo eléctrico, reflejada en la ficha de solicitud de ayuda.</p>
<p class='parrafo'>En todo caso, la factura de venta deberá cumplir con lo dispuesto por el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.</p>
<p class='parrafo'>l) Justificante del pago correspondiente a la factura de venta vehículo: Si el pago se realiza mediante cheque nominativo u orden de transferencia, deberá adjuntarse copia de éstos junto con la copia del extracto bancario del beneficiario en el que se refleje el correspondiente cargo que acredite que el destinatario del pago coincide con el emisor de la factura.</p>
<p class='parrafo'>Si el pago se realiza a través de una entidad financiera vinculada con el concesionario/punto de venta, se tendrá que adjuntar una copia del contrato de financiación y otra de la transferencia realizada desde la financiera al concesionario/punto de venta por el importe total financiado.</p>
<p class='parrafo'>No se considerarán válidos, a efectos de justificantes de pago, los recibos emitidos por el concesionario/punto de venta adherido al programa.</p>
<p class='parrafo'>m) En el caso específico de operaciones de compraventa realizadas a partir del día 1 de enero de 2014 y con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente programa, se deberá cargar en la aplicación junto con la factura de compraventa, que deberá reunir todos los requisitos establecidos en el apartado k) de este mismo artículo, con excepción de la consignación de la ayuda del Programa aplicada, el justificante del abono realizado al beneficiario por el importe de la misma.</p>
<p class='articulo'>Artículo 10. Tramitación de la ayuda por el punto de venta de vehículos.</p>
<p class='parrafo'>1. Los puntos de venta de vehículos adheridos al presente programa efectuarán, en el momento de realizar la venta del vehículo susceptible de ayuda, el descuento en el precio de adquisición a que se refiere el artículo 5. La deducción del importe de la ayuda tendrá la consideración de anticipo de la misma, condicionado a la comprobación de la documentación requerida.</p>
<p class='parrafo'>2. La activación de la reserva de presupuesto para la solicitud de ayuda será cumplimentada por el punto de venta a través de la aplicación informática establecida al efecto, comprobando y rellenando en dicha aplicación los datos identificativos del solicitante que figuren en su DNI, NIE o NIF.</p>
<p class='parrafo'>La validez del documento de activación de la reserva se encuentra condicionada a la veracidad de todos y cada uno de los datos cumplimentados en el mismo. En caso de cancelación voluntaria de la reserva de presupuesto por parte del solicitante o interesado, el punto de venta procederá a remitir al IDAE un correo electrónico con la identificación de la reserva y los datos del solicitante (nombre y DNI, N.I.E. o N.I.F.) a la dirección [email protected]</p>
<p class='parrafo'>3. Al efectuar una reserva de presupuesto, el punto de venta deberá seguir las indicaciones de la aplicación, introduciendo los datos que se le solicitan en relación con el solicitante o interesado y el vehículo a adquirir.</p>
<p class='parrafo'>4. Tras cumplimentar los datos solicitados por la aplicación para la solicitud de ayuda, el punto de venta recibirá por correo electrónico la confirmación de la activación de la reserva de presupuesto, acompañada de la correspondiente ficha de solicitud de ayuda, en la que se confirmará además el importe de ayuda asignado a la citada solicitud, conforme a lo dispuestos en el artículo 5.</p>
<p class='parrafo'>El punto de venta imprimirá entonces tres ejemplares del documento de la ficha de solicitud y procederá a su correspondiente firma y sellado, recabando asimismo la firma del solicitante o interesado.</p>
<p class='parrafo'>5. Realizada la venta, y una vez verificado el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores, el punto de venta recabará del comprador la documentación que se indica en el artículo 9 y la cargará en la aplicación informática, completando el formulario habilitado al efecto. En este contexto, el único formato admitido para la carga de los documentos es el pdf.</p>
<p class='parrafo'>Tal y como se recoge en el artículo 8.g), en el caso específico de operaciones de compraventa realizadas en concesionarios o puntos de venta adheridos al Programa MOVELE 2014, a partir del día 1 de enero de 2014 y con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto, el beneficiario podrá acudir al concesionario y solicitar la ayuda que le corresponde.</p>
<p class='parrafo'>En este caso, el concesionario o punto de venta deberá, además realizar un abono por el importe de la ayuda al potencial beneficiario y cargar en la aplicación, junto con la factura de compraventa, el justificante de dicho abono.</p>
<p class='parrafo'>6. El IDAE podrá solicitar, en cualquier momento, durante el plazo de prescripción del derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro, la exhibición de los originales de los justificantes o documentación aportada que estime oportuna.</p>
<p class='parrafo'>Procederá, en su caso, el reintegro de la ayuda correspondiente por el punto de venta adherido, en los términos establecidos por el artículo 13, si éste no pusiera a disposición del IDAE tales originales en un plazo máximo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al que el IDAE le hubiera requerido en tal sentido, considerándose tal circunstancia como un incumplimiento de la obligación de justificación del destino de la ayuda otorgada.</p>
<p class='articulo'>Artículo 11. Obligaciones de los solicitantes, beneficiarios y puntos de venta.</p>
<p class='parrafo'>1. Serán obligaciones de los solicitantes, beneficiarios y puntos de venta adheridos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Seguir la metodología y el procedimiento establecidos en el presente real decreto, comprobando el cumplimiento de los requisitos exigidos así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determina la concesión de la ayuda, y conservando los justificantes y documentación correspondiente acreditativa de tales extremos, en los términos previstos por el artículo 10.6.</p>
<p class='parrafo'>b) El beneficiario de la ayuda y los puntos de venta estarán obligados a facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización de la actuación objeto de la misma. Asimismo el beneficiario de la ayuda y los puntos de venta estarán sometidos las actuaciones de comprobación a efectuar por el IDAE, así como al control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas y, en su caso, a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de ayudas cofinanciadas con Fondos comunitarios de la Unión Europea.</p>
<p class='parrafo'>c) Cumplir con los requisitos exigidos en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre los cuales se encuentran los de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como no tener pendiente obligación alguna por reintegro de ayudas con la Administración General del Estado y sus organismos y entidades públicas dependientes o vinculados. A estos efectos, en su caso, el solicitante y suscribirá, junto con la respectiva solicitud de ayuda, declaración responsable al respecto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.g) del presente real decreto.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Por su parte, el punto de venta aportará, en todo caso, certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, certificación correspondiente de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social y declaración responsable de no tener pendiente obligación alguna por reintegro de ayudas con la Administración General del Estado y sus organismos y entidades públicas dependientes o vinculados así como de las restantes circunstancias contenidas en el artículo 13. 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.</p>
<p class='articulo'>Artículo 12. Adhesión de puntos de venta de vehículos y obligaciones.</p>
<p class='parrafo'>1. Podrán ser puntos de venta adheridos en el Programa MOVELE 2014, las empresas autorizadas para la comercialización de vehículos que operen en el Estado español y que acrediten estar dados de alta para tal fin mediante el número de registro industrial identificativo del establecimiento.</p>
<p class='parrafo'>2. Los puntos de venta interesados en participar y colaborar en el Programa MOVELE 2014, deberán entrar en la página del programa que se ubicará en la web del IDAE (www.idae.es) y registrarse siguiendo las indicaciones dispuestas de la aplicación informática existente a tal efecto.</p>
<p class='parrafo'>Después de registrarse, deberán cumplimentar los datos básicos que la aplicación requiere para generar la correspondiente ficha de adhesión. Una vez terminado el proceso de introducción de datos en la aplicación, se remitirá un correo electrónico al punto de venta correspondiente con un fichero que contendrá la solicitud de adhesión de punto de venta de vehículos. El concesionario o punto de venta firmará y sellará dicha solicitud y la remitirá por correo electrónico a la dirección que se le indique en el correo recibido con dicha solicitud, adjuntando también los documentos que se requieren a través del mismo para su adhesión al programa.</p>
<p class='parrafo'>Los concesionarios o puntos de venta ya adheridos con anterioridad al Programa PIVE, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 35/2014, de 24 de enero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-5)» se considerarán automáticamente adheridos, siempre que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, así como que no concurra en los mismos cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y no tengan obligaciones pendientes de reintegro de otras ayudas o subvenciones, quedando comprometidos al cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente real decreto, salvo renuncia expresa. A tal efecto, aportarán las certificaciones y declaración responsable establecidas en el artículo 11.c).</p>
<p class='parrafo'>Sin embargo, los concesionarios o puntos de venta no adheridos con anterioridad al referido Programa PIVE o que, habiendo estado adheridos al mismo, hubieran sufrido, después de su adhesión, modificaciones en los datos o documentos aportados, tendrán que remitir, además de la ficha de solicitud de adhesión, los siguientes documentos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta corriente.</p>
<p class='parrafo'>b) Fotocopia del DNI en vigor de la persona firmante y poder de representación en caso de que el punto de venta sea persona jurídica.</p>
<p class='parrafo'>c) Fotocopia acreditativa del Número de Registro Industrial identificativo del establecimiento o del certificado del Impuesto de Actividades Económicas.</p>
<p class='parrafo'>d) Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, certificación de encontrarse al corriente en sus obligaciones frente a la Seguridad Social y declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las restantes circunstancias enumeradas en el artículo 13. 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como no tener pendiente obligación alguna de reintegro de subvenciones o ayudas con la Administración General del Estado y sus organismos o entidades públicas dependientes o vinculados.</p>
<p class='parrafo'>e) Justificante del reconocimiento en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera de la cuenta bancaria del punto de venta para el pago de la ayuda.</p>
<p class='parrafo_2'>Quedarán eximidos de aportar la documentación relativa a los datos que figuren en el Registro de Entidades Solicitantes de Ayudas (RESA) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, regulado por la Orden ITC/1197/2010, de 29 de abril, todos aquellos puntos de venta que así lo hubieran hecho constar en el formulario de solicitud, especificando la documentación y datos que se encuentren inscritos en dicho Registro.</p>
<p class='parrafo'>3. Examinada la documentación aportada, si ésta no reúne los requisitos exigidos se requerirá al punto de venta para que, en un plazo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe la documentación necesaria con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido en su solicitud de adhesión al programa.</p>
<p class='parrafo'>4. Una vez admitida por el IDAE la adhesión del punto de venta al programa, se hará efectivo el alta del punto de venta como centro adherido al Programa MOVELE 2014, informándose a tal efecto mediante correo electrónico. A partir de este momento, podrá acceder al sistema telemático en IDAE de gestión de activación de reservas de presupuesto y solicitudes de ayuda usando su clave y contraseña.</p>
<p class='parrafo'>5. El listado de los puntos de venta, por cada código postal, adheridos al Programa MOVELE 2014 se hará público en la página web del IDAE y se actualizará de forma continua, recogiendo los puntos de venta que se adhieran, una vez sea validada por el IDAE la correspondiente documentación a remitir por los mismos.</p>
<p class='parrafo'>6. Serán obligaciones adicionales de los puntos de venta adheridos al Programa MOVELE, sin perjuicio del resto de obligaciones establecidas en el presente real decreto:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Informar a los solicitantes de las ayudas de las ventajas de los vehículos eléctricos objeto del Programa MOVELE 2014.</p>
<p class='parrafo'>b) Realizar el descuento, después de impuestos, del importe de la ayuda correspondiente al vehículo adquirido con motivo del Programa MOVELE 2014, conforme a lo establecido en el artículo 5; y entregar a los beneficiarios una copia justificativa de la solicitud de ayuda formulada en su nombre, así como la factura original donde conste el descuento realizado, salvo lo previsto en el artículo 9 m).</p>
<p class='parrafo'>c) Seguir la metodología y procedimientos establecidos en este real decreto, así como las instrucciones que al respecto, en caso de duda o conflicto, pudiera efectuar el IDAE mediante resolución de su Director General.</p>
<p class='parrafo'>d) Colaborar activamente en la difusión y apoyo de los objetivos del programa relativos a dar a conocer y difundir la existencia de vehículos eléctricos, así como a la sensibilización hacia el ahorro y la eficiencia energética en el transporte.</p>
<p class='parrafo'>e) Mostrar en lugar visible, dentro de cada una de las instalaciones comerciales del concesionario o punto de venta adherido, el logotipo del Programa MOVELE 2014 de ayudas al Vehículo Eléctrico, así como los soportes publicitarios que se señalan a continuación. El IDAE facilitará la imagen del programa (logotipo, lema y usos entre otros aspectos) y su correspondiente «Manual de aplicación» en los formatos, variantes y/o adaptaciones necesarias (color, B/N, vertical, horizontal, etc.), a los concesionarios adheridos al programa para su implementación.</p>
<p class='parrafo_2'>En caso de que el programa fuera cofinanciado por el FEDER, la adhesión al programa del punto de venta implica la aceptación de lo establecido en los Reglamentos (UE) n.º 1303/2013, y n.º 1301/2013, ambos de fecha de 17 de diciembre de 2013, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con los Fondos comunitarios.</p>
<p class='parrafo'>Los soportes publicitarios serán, como mínimo:</p>
<p class='parrafo_2'>1.º En la entrada del establecimiento; Cartel en tamaño mínimo DIN-A3 con la expresión «establecimiento adherido» que acompañará al logo del Programa MOVELE 2014.</p>
<p class='parrafo'>2.º En el interior del establecimiento; cartel DISPLAY en suelo de dimensiones 80x130 cms., en color a 4/0 tintas sobre cartoncillo de 300 gr. con plastificado brillo en cara visible y soporte cartón para su sujeción en vertical.</p>
<p class='parrafo'>3.º En todos aquellos soportes que sean utilizados para transmitir la comunicación (spots tv, gráficas de prensa, Internet, etc.), el logo del Programa MOVELE 2014.</p>
<p class='parrafo'>4.º En medios sonoros, como canales de radio, se hará clara referencia al mismo mediante el uso de la expresión (en <em>on</em> o en <em>off)</em> «Programa MOVELE 2014».</p>
<p class='parrafo_2'>f) Tramitar, cumplimentar y remitir al IDAE las correspondientes solicitudes de ayudas de acuerdo con el procedimiento, plazos y requisitos establecidos en este real decreto.</p>
<p class='articulo'>Artículo 13. Causas de anulación o de reintegro de las ayudas.</p>
<p class='parrafo'>1. Con independencia de las devoluciones a que hubiere lugar de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro, total o parcial, y la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma, en los supuestos regulados en el artículo 37 de la citada Ley, así como en los demás previstos expresamente por el presente real decreto.</p>
<p class='parrafo'>2. En el caso de incumplimientos parciales, se determinará la cantidad a reintegrar por el beneficiario con arreglo al principio de proporcionalidad y en función de los costes justificados y de las actuaciones acreditadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el apartado 3.n) del artículo 17 de dicha Ley.</p>
<p class='articulo'>Artículo 14. Compatibilidad de las ayudas.</p>
<p class='parrafo'>1.<em> </em>Las ayudas reguladas en este real decreto serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Serán compatibles en todo caso con otras ayudas o subvenciones que pudieran establecer las Comunidades Autónomas para la misma finalidad. Cuando se trate de ayudas <em>de minimis,</em> se respetarán las reglas de acumulación que impiden que se sobrepasen los límites de ayuda establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas <em>de minimis </em>(«Diario Oficial de la Unión Europea» núm. L 352 de 24 de diciembre de 2013).</p>
<p class='parrafo'>2. En el caso de concurrencia de subvenciones de otras Administraciones públicas o entes públicos o privados, el importe de las ayudas concedidas no podrá superar los límites establecidos, para cada beneficiario, por los reglamentos <em>de minimis</em> aplicables ni las ayudas resultar en ningún caso de tal cuantía que, aislada o conjuntamente, superen el precio de venta antes de impuestos del vehículo correspondiente.</p>
<p class='articulo'>Artículo 15. Publicidad.</p>
<p class='parrafo'>En todas las referencias que realicen los beneficiarios o puntos de venta adheridos, en cualquier medio de difusión, a las ayudas reguladas en este real decreto, deberá figurar que han sido financiadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través del IDAE, tal como establece el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12.6 e) del presente real decreto.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, en caso de que el programa fuera cofinanciado por el FEDER, la aceptación de la ayuda y/o la adhesión del punto de venta al mismo implica la aceptación de lo establecido en los Reglamentos (UE) N.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) N.º 1083/2006 del Consejo, sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con los Fondos comunitarios.</p>
<p class='articulo'>Artículo 16. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.</p>
<p class='parrafo'>1. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los puntos de venta de vehículos adheridos al Programa MOVELE 2014, quedarán expresamente obligados a mantener estricta confidencialidad sobre cualquier dato de carácter personal que pudieran obtener con ocasión de las actividades a desarrollar en virtud de este real decreto, por lo que no podrán copiarlos o utilizarlos con fines distintos a los que figuran en el mismo ni tampoco cederlos a otras personas distintas de IDAE, ni siquiera a efectos de conservación.</p>
<p class='parrafo'>2. Por otra parte, la información y datos de carácter personal que reciba el IDAE por parte de cualquier solicitante, beneficiario, interesado o punto de venta adherido al programa, en general, también tendrá carácter confidencial, y serán recogidos por el IDAE para ser incorporados, respectivamente, a los ficheros automatizados titularidad y responsabilidad del mismo: «MOVELE _PUNTOSVENTA», «MOVELE VENTAVEHÍCULOS» y «MOVELE BENEFICIARIOS», con la finalidad de verificar el cumplimiento, control y seguimiento de las obligaciones establecidas por el presente real decreto. Los interesados podrán ejercer personalmente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante escrito remitido a la Secretaría General del IDAE, calle Madera, número 8, 28004-Madrid.</p>
<p class='parrafo'>3. No obstante lo anterior, y con la formalización de su adhesión al presente programa, en la forma establecida por este real decreto, los puntos de venta de vehículos correspondientes aceptan la publicación de sus datos identificativos en la página web de IDAE, a los efectos previstos en las mismas. Asimismo, los beneficiarios aceptan la publicación de aquellos datos de la ayuda concedida que permitan garantizar la publicidad, objetividad y concurrencia de estas ayudas.</p>
<p class='articulo'>Artículo 17. Régimen jurídico.</p>
<p class='parrafo'>1. Las subvenciones cuya concesión se regula en este real decreto, se regirán, además de por lo en él se dispone, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, correspondiente a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas <em>de minimis </em>(DO L 352 de 24 de diciembre de 2013), y en las demás disposiciones que resulten de aplicación.</p>
<p class='parrafo'>2. En el caso de acciones o proyectos cofinanciados con fondos comunitarios, serán de aplicación, además, el Reglamento (UE) N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) N.º 1083/2006 del Consejo y el Reglamento (UE) N.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) N.º 1080/2006.</p>
<p class='articulo'>Disposición final primera. Título competencial.</p>
<p class='parrafo'>Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.</p>
<p class='articulo'>Disposición final segunda. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo'>Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dado en Madrid, el 6 de junio de 2014.</p>
<p class='firma_rey'>JUAN CARLOS R.</p>
<p class='firma_ministro'>El Ministro de Industria, Energía y Turismo,</p>
<p class='firma_ministro'>JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ</p>
</texto>
</documento>
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Wed Jun 11 06:44:28 +0000 2014
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El vehículo eléctrico está llamado a formar parte de la movilidad sostenible en las ciudades, debido a sus beneficios en materia de eficiencia energética y reducción de la dependencia de los productos petrolíferos, así como por la reducción de emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero, ayudando a su vez a mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades y a disminuir la contaminación acústica y favoreciendo además el consumo de energías autóctonas, especialmente de fuentes renovables.
La Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico 2010-2014 puso de manifiesto la necesidad de realizar una serie de actuaciones integradas en los distintos sectores, con objeto de promover el desarrollo y utilización de los vehículos eléctricos en España. Dicha iniciativa surgió con el convencimiento de que esta tecnología de transporte representa, en el actual contexto económico, un reto y una oportunidad para varios sectores estratégicos como son el energético, el de automoción y el de tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto desde un punto de vista industrial y tecnológico, como energético y medioambiental.
Entre las medidas contenidas en el primer Plan de Acción 2010-2012, ocuparon un lugar destacado las de fomento de la demanda de vehículos eléctricos y en particular, las ayudas para la adquisición de estos vehículos, establecidas en el Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos durante 2011, modificado por el Real Decreto 1700/2011, de 18 de noviembre y posteriormente por el Real Decreto 417/2012, de 24 de febrero. Para dar continuidad a esta línea de actuación, el Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, reguló la concesión directa de estos incentivos en el período del 1 de enero al 31 de octubre de 2013.
Estos programas de incentivos, complementados por otros programas y proyectos puestos en marcha con anterioridad, como son el Proyecto Piloto MOVELE y la línea de apoyo a la adquisición de vehículos de tecnologías alternativas, en el marco del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética de España 2004-2012, han contribuido a favorecer la adquisición de cerca de 8.500 vehículos eléctricos, lo que permitirá evitar, a lo largo de la vida útil de los mismos, la emisión de 127.500 toneladas de CO2 y el ahorro en ese periodo de 255.000 barriles de petróleo.
Debido al elevado extracoste que todavía tiene el vehículo eléctrico a día de hoy, con relación a los vehículos de tecnologías convencionales, se ha estimado conveniente y necesario dar continuidad a tales programas de incentivos, encaminados a promover su implementación, como el que se lleva a cabo mediante la regulación de concesión directa de subvenciones, establecida por este real decreto y cuya gestión se encomienda al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad pública que, de acuerdo con el artículo 3 de este Estatuto, aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, tiene encomendadas, entre otras, las funciones de «analizar, determinar, proponer y, en su caso, ejecutar las medidas necesarias para obtener políticas sectoriales eficaces, fomentar la utilización de nueva tecnología en equipos y proyectos e incentivar el uso de nuevas fuentes de energía, la racionalización del consumo y la reducción de los costes energéticos». A tal efecto, el IDAE podrá llevar a cabo «la asignación y control de cualesquiera subvenciones e incentivos financieros para fines de conservación, ahorro, diversificación y desarrollo energético. Igualmente podrá ejercer el Instituto funciones de agencia, mediación o creación de cauces de financiación a empresas o a entidades en general que sean adecuados para la consecución de los objetivos definidos».
Por otra parte, se mantienen la mayoría de los requisitos establecidos en el Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2013, en el marco de la Estrategia Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico en España 2010-2014, introduciéndose, además, algunas modificaciones en la gestión del mismo, propias de la naturaleza y distinto régimen de concesión de las ayudas a otorgar así como otras derivadas de la experiencia adquirida en la gestión del Programa PIVE, todo ello con la finalidad de simplificar y agilizar la tramitación tanto para el punto de venta adherido como para el solicitante o beneficiario final de las ayudas.
Entre estas modificaciones más destacadas, respecto al citado Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, figura un mandato para la puesta a disposición de los interesados de un catálogo donde se recogen los vehículos eléctricos objeto de apoyo en el programa, ubicado en la página web www.movele.es.
Otra modificación es la adhesión automática de los puntos de venta del Programa PIVE en su última convocatoria, al Programa MOVELE 2014, siempre que se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y que no concurra en los mismos cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, quedando comprometidos al cumplimiento de lo establecido en el real decreto, salvo renuncia expresa.
Respecto a los beneficiarios, se incluye entre los mismos a las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales así como los organismos y entes públicos dependientes o vinculados tanto de las anteriores como de la propia Administración General del Estado.
Asimismo, se eleva el nivel de ayuda en los casos específicos de beneficiarios miembros de familias numerosas y de discapacitados con movilidad reducida y vehículo adaptado para su conducción, siempre que la adaptación realizada conste en la ficha técnica del vehículo adquirido.
Las ayudas objeto de este real decreto podrán ser cofinanciadas con Fondos comunitarios, dentro de algunos de los Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Por ello, se recoge la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control incluidos en los Programas Operativos e instrumentos aplicables a dicho Fondo.
Por otra parte, al igual que el Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, este real decreto es continuación o prórroga del Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, que fue sometido al procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, regulado en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio. Con base en lo señalado en el artículo 8.1, apartado 3, de la Directiva 98/34/CE, no es necesaria una nueva notificación, dado que este real decreto no aporta modificaciones significativas en el ámbito de aplicación, ni añade nuevas especificaciones o requisitos.
Las ayudas reguladas en el real decreto se establecen como un derecho del peticionario que reúna las condiciones para su concesión, es decir, no concurre con ningún otro para obtenerlas, ya que por el mero hecho de realizar el comportamiento establecido en la norma y cumplir las condiciones y los requisitos exigidos, se deberá conceder la subvención, lo que determina que sean procedimientos iniciados a solicitud del interesado, a diferencia del procedimiento de concurrencia competitiva que es un procedimiento que se inicia de oficio de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Esta circunstancia no hace posible la convocatoria pública de las ayudas a la adquisición del vehículo eléctrico.
Existen peculiares razones de interés público, social y económico para el desarrollo de actuaciones de impulso del vehículo eléctrico mediante la concesión de subvenciones directas. Por ello a estas ayudas les resulta de aplicación lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a las ayudas en régimen de concesión directa, siendo preciso un real decreto que, de conformidad con el artículo 28.2 de la referida ley, apruebe las normas especiales de las subvenciones reguladas en el citado artículo 22.2.c).
Este real decreto se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica prevista en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económico ha informado este real decreto en su reunión del día 29 de mayo de 2014.
En su virtud, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 6 de junio de 2014,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto, finalidad y régimen de concesión.
1. Constituye el objeto y finalidad de este real decreto la regulación del procedimiento para la concesión directa de ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos 2014 (Programa MOVELE 2014), para incentivar y promover la adquisición de vehículos eléctricos nuevos, entendiendo como tales aquellos cuya energía de propulsión proceda, total o parcialmente, de la electricidad de sus baterías, cargadas a través de la red eléctrica, facilitando y fomentando, con ello, el desarrollo de la movilidad eléctrica por su contribución a la mejora del sector del transporte, de la eficiencia energética y medioambiental así como a la reducción de la dependencia energética del petróleo.
2. Las ayudas reguladas en este real decreto se otorgarán por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), como órgano concedente, a las solicitudes que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en este real decreto, por riguroso orden de activación de la reserva de presupuesto y hasta agotarse el presupuesto disponible, o bien, si ocurriera antes, hasta que se alcance la fecha límite de vigencia del programa señalado en el artículo 7.3. Asimismo estas ayudas, a excepción de aquellas cuyos solicitantes sean particulares, entidades e instituciones sin ánimo de lucro que no puedan emprender actividades económicas que repercutan en terceros, estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis («Diario Oficial de la Unión Europea» núm. L 352, de 24 de diciembre de 2013), sin perjuicio de lo establecido el artículo 5. 2 y 3 de este real decreto.
A estos efectos, estos solicitantes deberán presentar una declaración responsable relativa a todas las ayudas concedidas, haciendo especial mención a las ayudas de minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso, conforme con lo dispuesto en la solicitud de ayuda correspondiente, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5. 2 y 3 de este real decreto.
Artículo 2. Financiación.
1. La financiación de las ayudas reguladas en este real decreto se realizará con cargo al presupuesto, por importe de 10.000.000 de euros, proveniente de la aplicación presupuestaria consignada en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, de la Sección 20, Servicio 16, Programa 422B, concepto 741 («Al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para fomento de la demanda de vehículos eléctricos»).
2. Adicionalmente, podrán ser cofinanciados con Fondos comunitarios, dentro de algunos de los Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Artículo 3. Actuaciones susceptibles de ayuda.
1. Las ayudas se destinarán a la adquisición directa o a la adquisición por medio de operaciones de financiación por leasing financiero o arrendamiento por renting (o leasing operativo) de las siguientes categorías de vehículos eléctricos nuevos, matriculados por primera vez en España, que hayan sido adquiridos y abonados al punto de venta en su totalidad, de alguna de las categorías que a continuación se establecen, definidas en la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y sus remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos y en la Directiva 2002/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 2002, relativa a la homologación de los vehículos de motor de dos o tres ruedas, incorporadas al ordenamiento español por el Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, por el que se dictan normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos:
a) Turismos M1: vehículos de motor destinados al transporte de personas que tengan, por lo menos, cuatro ruedas y que tengan, además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo.
b) Furgonetas o camiones ligeros N1: vehículos de motor destinados al transporte de mercancías que tengan, por lo menos, cuatro ruedas con una masa máxima autorizada (MMA) igual o inferior a 3.500 kg.
c) Autobuses o autocares M2: vehículos destinados al transporte de personas que tengan además del asiento del conductor más de ocho plazas sentadas y con una MMA inferior a 5.000 kg.
d) Autobuses o autocares M3: vehículos destinados al transporte de personas que tengan además del asiento del conductor más de ocho plazas sentadas y con una MMA superior 5.000 kg.
e) Furgones o camiones ligeros N2: vehículos de motor destinados al transporte de mercancías que tengan, por lo menos, cuatro ruedas con una MMA superior a 3.500 kg e inferior a 12.000 kg.
f) Cuadriciclos ligeros L6e: automóviles de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 kg, no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, y cuya potencia máxima neta del motor sea inferior o igual a 4 kW y cuya velocidad máxima no sobrepase los 45 km/h.
g) Cuadriciclos pesados L7e: automóviles de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior o igual a 400 kg o 550 kg, si se trata de vehículos destinados al transporte de mercancías, no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, y cuya potencia máxima neta del motor sea inferior o igual a 15 kW.
2. Dichas adquisiciones deberán producirse a partir del día 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, y las solicitudes deberán registrarse en el sistema telemático de gestión de ayudas del Programa MOVELE 2014 del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), desde la apertura del sistema hasta el 31 de diciembre de 2014 o hasta que se agote el presupuesto disponible del Programa, si esta circunstancia se produjera con anterioridad.
Asimismo, estas adquisiciones, en la modalidad de adquisición por medio de operaciones de financiación por renting (o leasing operativo), sólo podrán ser objeto de ayuda a condición de que el correspondiente contrato de arrendamiento establezca una duración mínima de dos años desde la fecha de su formalización, en todo caso, igual o posterior a fecha 1 de enero de 2014. Además, este contrato de arrendamiento deberá de establecer expresamente que el arrendatario es el beneficiario de la ayuda que se otorgue, debiendo constar en el mismo, también expresamente, la aplicación total de dicha ayuda a la reducción de las cuotas de pago o renta del arrendamiento a satisfacer por parte del arrendatario, especificando el importe correspondiente a dichas cuotas antes de la aplicación de la ayuda y el mismo importe después de su aplicación.
3. En el marco de este programa, se establece un límite de adquisición de vehículos por parte de un mismo beneficiario de hasta un máximo de 30 vehículos, en el conjunto de las distintas categorías objeto de apoyo, salvo que dicho límite deba de ser menor por haberse alcanzado por parte del solicitante el límite establecido en el correspondiente Reglamento de minimis que le sea de aplicación.
4. Las ayudas para la adquisición de un vehículo nuevo, previstas en este real decreto, se otorgarán por una sola vez sin que quepa duplicidad en caso de sucesivas transmisiones del mismo vehículo.
5. Los vehículos susceptibles de ser apoyados en el marco del presente programa de ayudas, deberán figurar en el Catálogo de Vehículos (Catálogo MOVELE) publicado en la página web: www.movele.es, en la fecha de realización de la reserva de presupuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.c).
El registro de las marcas y modelos de vehículos en este catálogo será libre y voluntario para todo aquel fabricante o importador que lo solicite, siempre que las características de los vehículos a incluir se ajusten a lo dispuesto en este real decreto. La introducción y modificación de vehículos en el catálogo, será realizada por responsables autorizados y debidamente acreditados por las correspondientes marcas de vehículos a tal efecto.
6. No serán susceptibles de ayuda las adquisiciones directas o por medio de operaciones de financiación por leasing financiero o por arrendamiento por renting (o leasing operativo) que se realicen por un punto de venta adherido para sí mismo.
Artículo 4. Beneficiarios.
1. En el caso de adquisiciones directas o mediante operaciones de financiación por leasing financiero, se entiende por beneficiario, a los efectos de este real decreto, el titular de la matriculación registrada en la base de datos de la Dirección General de Tráfico.
En el caso de adquisiciones mediante operaciones de financiación de arrendamiento por renting (o leasing operativo) el beneficiario será el arrendatario del contrato de renting o leasing operativo.
2. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en este real decreto:
a) Los profesionales autónomos, que tendrán que estar dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.
b) Las personas físicas residentes en España no incluidas en el apartado a).
c) Las empresas privadas, válidamente constituidas en España en el momento de presentar la solicitud, y de naturaleza jurídica tal que su Número de Identificación Fiscal (NIF) comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W.
d) Las Entidades Locales, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades públicas vinculadas o dependientes de cualquiera de los anteriores, previo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativo al cumplimiento de las correspondientes condiciones de estabilidad presupuestaria y, asimismo, otras entidades públicas vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado.
e) Los puntos de venta adheridos al programa podrán obtener la condición de beneficiarios, siempre que la operación de venta la realice otro concesionario o punto de venta adherido al programa, con distinta personalidad jurídica a la del beneficiario en cuestión.
3. No podrán tener la condición de beneficiarios las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 13. 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como tengan pendientes obligaciones de reintegro de subvenciones o ayudas. La no concurrencia de estas circunstancias se acreditará mediante declaración responsable del solicitante, que suscribirá junto con la solicitud de ayuda.
4. El solicitante deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, lo que se acreditará mediante declaración responsable, que suscribirá junto con la solicitud de ayuda, salvo en el caso de las Administraciones públicas y las entidades públicas vinculadas o dependientes de las mismas, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.g).
5. No podrán obtener la condición de beneficiarios las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal o incompatible con el mercado común.
Artículo 5. Cuantía de las ayudas.
1. Dependiendo de la categoría del vehículo a adquirir y de su autonomía en modo de funcionamiento exclusivamente eléctrico, siendo ésta la distancia capaz de recorrer por el vehículo utilizando exclusivamente la energía acumulada en sus baterías y que declara el fabricante en la documentación técnica y comercial del vehículo, se establecen las siguientes cuantías individuales de ayuda:
a) La cuantía de la subvención para todos aquellos vehículos de las categorías M1 y N1 que se propulsen con baterías, cargadas total o parcialmente con electricidad de la red, será de:
i. 3.000 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica no superior a los 40 km y no inferior a 15 km.
ii. 4.500 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 40 km e inferior o igual a 90 km.
iii. 6.500 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 90 km.
Para estas mismas categorías y en los casos específicos de beneficiarios miembros de familias numerosas y de discapacitados con movilidad reducida que adquieran vehículos adaptados o que se adapten para su conducción, siempre que la adaptación conste en la ficha técnica del vehículo adquirido, las ayudas establecidas serán de:
iv. 3.500 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica no superior a los 40 km y no inferior a 15 km.
v. 5.300 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 40 km e inferior o igual a 90 km.
vi. 7.700 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 90 km.
b) La adquisición de vehículos microbuses M2 y comerciales N2 será objeto de una subvención de 8.000 euros, siempre que su autonomía en régimen exclusivamente eléctrico sea superior a 90 km.
c) La adquisición de vehículos autobuses y autocares M3 será objeto de una subvención de 20.000 euros, siempre que su autonomía en régimen exclusivamente eléctrico sea superior a 90 km.
d) Los cuadriciclos ligeros L6e tendrán una subvención por vehículo de 1.800 euros y los cuadriciclos pesados L7e de 2.200 euros por vehículo.
Para estas mismas categorías y en los casos específicos de beneficiarios miembros de familias numerosas y de discapacitados con movilidad reducida que adquieran vehículos adaptados o que se adapten para su conducción por parte de éstos, siempre que la adaptación conste en la ficha técnica del vehículo adquirido, las ayudas establecidas serán de 2.500 euros para los cuadriciclos ligeros L6e y de 3.000 euros para los cuadriciclos pesados L7e.
2. En el caso de que el beneficiario realice una actividad empresarial de las incluidas en los párrafos a) o c) del artículo 4.2 de este real decreto, las cuantías establecidas anteriormente pueden verse reducidas en aplicación de los límites fijados por el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, por el Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, por el Reglamento (CE) n.º 875/2007 de la Comisión, de 24 de julio de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis en el sector pesquero y que modifica el Reglamento (CE) n.º 1860/2004, así como por cualquier otra disposición que pudiera resultar aplicable y ser aprobada durante la vigencia del presente programa.
3. De conformidad con los citados Reglamentos (UE y CE) 1407/2013, 1408/2013 y 875/2007, la cuantía de la subvención o ayuda acumulada a las que hayan percibido por el concepto de minimis en el ejercicio 2014 y en los dos ejercicios anteriores, no podrá exceder de la cantidad de 200.000 euros, de 100.000 euros para las empresas que operan en el sector del transporte por carretera, de 30.000 euros para las empresas que se dediquen a la producción, transformación y comercialización de los productos de la pesca o de 15.000 euros para las empresas que operan en la producción de productos agrícolas. Las empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas estarán sometidas al límite general de 200.000 euros.
4. En el formulario electrónico de solicitud de ayuda se incluye un apartado específico donde el solicitante, en su caso, declarará que no supera los límites fijados en el epígrafe anterior.
Artículo 6. Gestión de las ayudas.
La gestión de las ayudas se realizará por el IDAE a través de una aplicación desarrollada ad hoc como sistema telemático de gestión de ayudas del presente Programa MOVELE 2014, en el marco de la Estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en España 2010-2014.
Artículo 7. Vigencia del programa MOVELE 2014 y plazos para la presentación de solicitudes.
1. El Programa MOVELE 2014 surtirá efectos a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de este real decreto y finalizará el 31 de diciembre de 2014 o, si ocurriera antes, cuando se agote el presupuesto disponible establecido en el artículo 2.
2. El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas comprenderá desde el día de activación del sistema telemático de gestión de ayudas del referido Programa MOVELE 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive, o hasta que se agote el presupuesto establecido en el artículo 2 de este real decreto, en caso de producirse con anterioridad.
3. La fecha y hora de activación del sistema telemático de gestión de ayudas será convenientemente notificada por el IDAE a los concesionarios adheridos al Programa MOVELE 2014, a través de la página web del mismo, alojada en la web del IDAE, www.idae.es
Artículo 8. Procedimiento.
Las solicitudes de las ayudas establecidas en este real decreto se canalizarán necesariamente a través de los puntos de venta de vehículos previamente adheridos al Programa MOVELE 2014, según el siguiente procedimiento:
a) Los puntos de venta de vehículos que deseen participar en el presente programa deberán encontrarse adheridos al mismo, conforme a lo establecido en el artículo 12 de este real decreto. Para aquellos puntos de venta ya adheridos al Programa PIVE, conforme a lo dispuesto por el Real Decreto 35/2014, de 24 de enero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-5)», la utilización de sus claves de acceso de este programa, facilitadas por el IDAE, en la aplicación informática del Programa MOVELE 2014, supondrá la confirmación de su adhesión al Programa MOVELE 2014. Con dicha adhesión, los puntos de venta aceptan y se comprometen al cumplimiento del contenido íntegro de este real decreto.
b) En la página web del IDAE, www.idae.es, los interesados en las ayudas objeto del presente programa podrán conocer, para cada código postal, el listado actualizado y ubicación de los puntos de venta adheridos al Programa MOVELE 2014, así como realizar la búsqueda de las marcas, modelos y versiones de los vehículos objeto de apoyo en el citado programa, previamente registrados en el Catálogo MOVELE, al que se hace referencia en el artículo 3.5.
c) El potencial beneficiario o interesado se dirigirá a un punto de venta adherido al Programa MOVELE 2014 y elegirá, de entre los vehículos presentes en el Catálogo MOVELE, cualquiera de los vehículos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3. El punto de venta de vehículos, con sus claves de acceso que le identifican como adherido al Programa MOVELE 2014, podrá comprobar, en tiempo real a través de la aplicación informática creada al efecto y ubicada en la página web del IDAE, el volumen de fondos disponible en el programa y efectuar, en su caso, la reserva de presupuesto para la correspondiente solicitud de ayuda.
d) Para efectuar la reserva de presupuesto, el punto de venta adherido deberá cumplimentar, de forma electrónica, los datos básicos de la operación, relativos al beneficiario y al vehículo adquirido, que seleccionará del listado que le aparecerá en la aplicación informática, correspondiente a vehículos ya registrados previamente en el Catálogo MOVELE.
Una vez seleccionado el vehículo objeto de apoyo, la propia aplicación le asignará el importe de la ayuda que le corresponde en el marco del presente programa, tal y como se establece en el artículo 5.
Tras ser efectuada la reserva de presupuesto, el punto de venta adherido recibirá un correo electrónico, dirigido a la dirección aportada para tal efecto, confirmando la reserva de presupuesto realizada para la correspondiente solicitud, así como el importe asignado a la misma.
En los casos particulares de beneficiarios miembros de familias numerosas y de discapacitados con movilidad reducida y vehículo adaptado, cuya adaptación sea realizada previamente a su venta, el punto de venta deberá seleccionar la opción correspondiente, con objeto de que el beneficiario pueda obtener la ayuda establecida para estos casos en el artículo 5.
e) En el correo electrónico de confirmación de la reserva de presupuesto, el punto de venta recibirá, como documento adjunto, el pdf de la ficha de solicitud de ayuda para adquisición del vehículo correspondiente a la operación planteada, donde se reflejará el nombre y DNI/NIF/NIE del beneficiario, así como la marca, modelo y versión del vehículo adquirido, categoría y autonomía en modo eléctrico e importe de la ayuda otorgada al mismo, de acuerdo con el artículo 5. El punto de venta procederá a imprimir por triplicado dicha solicitud.
Esta solicitud habrá de ser firmada por el beneficiario y firmada y sellada por el punto de venta adherido al programa, quedándose cada uno de ellos con un original. La tercera copia original deberá conservarse asimismo por el punto de venta adherido a los efectos de lo establecido en artículo 10.6.
f) El punto de venta de vehículos adherido al programa deberá ofertar el precio del vehículo, aplicando sobre la factura, después de impuestos, el descuento de la ayuda que se recoge en su correspondiente ficha de solicitud.
g) Previamente a efectuar la venta del vehículo al potencial beneficiario, el punto de venta adherido habrá de verificar que el comprador o solicitante de la ayuda es un sujeto que cumple los requisitos del artículo 4. En el caso de operaciones de renting o leasing operativo será el arrendatario del vehículo a adquirir por la empresa de renting, como beneficiario de la ayuda, el que tenga que cumplir tales requisitos.
El punto de venta deberá a continuación recopilar del beneficiario toda la documentación establecida en el artículo 9. Una vez hecho, debe cargarla en la aplicación informática del programa e introducir los registros que no figuraban previamente en la activación de la reserva del presupuesto de la solicitud de ayuda, correspondientes a la matrícula, número de bastidor y fecha de matriculación del vehículo adquirido.
En el caso específico de operaciones de compraventa realizadas en concesionarios o puntos de venta adheridos al Programa MOVELE 2014, a partir del día 1 de enero de 2014 y con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente programa, el beneficiario podrá acudir al concesionario y solicitar la ayuda que le pudiera corresponder en el marco del Programa MOVELE 2014.
En este caso, el concesionario o punto de venta habrá de verificar que la operación realizada de compraventa del vehículo cumple los distintos requisitos establecidos en los artículos 3 y 4 y recopilará a continuación la documentación establecida en el artículo 9. El concesionario o punto de venta deberá además realizar un abono por el importe de la ayuda al adquiriente del vehículo y cargar en la aplicación, junto con la factura de compraventa, el justificante de dicho abono.
h) Teniendo en cuenta que el periodo máximo entre la activación de la reserva de presupuesto y la puesta a disposición del beneficiario de un vehículo nuevo no debe ser superior a 90 días naturales, toda reserva de presupuesto con duración superior a 105 días hábiles, contados desde la fecha de activación de la reserva de presupuesto, será automáticamente anulada, previa información al punto de venta.
i) En el caso de que la documentación cargada telemáticamente en la aplicación no reuniera los requisitos exigidos, se podrá requerir al solicitante y/o punto de venta para que en un plazo de 15 días hábiles subsane la deficiencia. El incumplimiento de este plazo de subsanación supondrá la inadmisión de la correspondiente solicitud y la anulación automática de la activación de su reserva de presupuesto.
j) La presentación de la solicitud conllevará la conformidad del solicitante o beneficiario para recibir todas las notificaciones que tengan que realizarse por vía telemática, conforme a lo dispuesto, en cada caso, por este real decreto.
k) Comprobado el cumplimiento íntegro de las condiciones, el IDAE dictará resolución por la que concederá la ayuda y procederá a transferir el importe de la ayuda al punto de venta adherido a través de la cuenta corriente bancaria establecida a tal efecto.
l) La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV, artículo 30 y sucesivos, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el título II, capítulo II, del Reglamento de dicha Ley aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, según las disposiciones que sobre seguimiento técnico establezcan las convocatorias y, en su caso, según lo establecido en la normativa aplicable de los Fondos comunitarios de la Unión Europea, en el supuesto de que dicha convocatoria estuviera cofinanciada por dichos Fondos.
Artículo 9. Documentación a presentar por el punto de venta de vehículos
Los solicitantes de la ayuda deberán facilitar al punto de venta adherido, en el momento de la adquisición del vehículo(s) susceptible(s) de ayuda, su nombre o razón social completa, documento nacional de identidad (DNI), Número de Identificación de Extranjero (NIE) o Número de Identificación Fiscal (NIF), y dirección, al objeto de ser incorporados a la aplicación informática, aportando adicionalmente la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o N.I.E. del particular o persona física o de la tarjeta de identificación fiscal donde conste el NIF de la persona jurídica (en vigor a la fecha de la venta del vehículo), salvo que el interesado preste su consentimiento expreso para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados por el IDAE mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad establecido en la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, conforme a lo dispuesto por el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
b) En el caso de solicitante, persona física, integrante de familia numerosa, fotocopia del título oficial vigente de familia numerosa, a fecha de la venta del vehículo. En el caso de personas discapacitadas que acrediten su movilidad reducida, certificado que emiten los órganos de valoración competentes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) o de las comunidades autónomas.
c) En el caso de profesionales autónomos, certificado de realizar actividades económicas expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
d) En el caso de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, Administraciones autonómicas y entidades públicas vinculadas o dependientes de los anteriores, informe favorable expedido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas.
e) Fotocopia de la Ficha Técnica del Vehículo adquirido.
f) Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo adquirido.
g) Cuando se supere un importe de 3.000 euros en la ayuda o ayudas que pudieran ser otorgadas a un mismo solicitante o interesado, éste estará obligado a aportar certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias expedido a tal efecto por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de estar al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social, conforme con lo previsto por el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
h) Para las empresas, acreditación válida del poder del firmante de la solicitud como representante legal de la misma, así como la tarjeta de identificación fiscal (NIF) del solicitante.
i) En el caso de renting o leasing operativo, además de los documentos anteriores, se adjuntará fotocopia del contrato de renting o leasing operativo, que establezca una duración mínima de dos años y donde figure como arrendatario del mismo el solicitante de ayuda o potencial beneficiario. Dicho contrato deberá haber sido suscrito con fecha posterior o igual al 1 de enero de 2014 y tendrá que contemplar, expresamente, que el arrendatario será el beneficiario de la ayuda del presente programa así como la aplicación del total de la ayuda otorgada a la reducción de las cuotas o renta del arrendamiento a satisfacer por parte de dicho arrendatario, especificando el importe correspondiente a dichas cuotas antes de la aplicación de la ayuda y el mismo importe después de su aplicación.
j) En el caso específico de adquisiciones directas u operaciones de leasing financiero de vehículos con batería en régimen de arrendamiento por renting o leasing operativo, se aportará copia del contrato de renting de la batería del vehículo.
k) Fotocopia de la factura de venta del vehículo, debiendo ser la fecha de dicha factura igual o posterior al 1 de enero de 2014.
En esta factura deben constar desglosados los siguientes conceptos: precio franco fábrica, otros costes, otros posibles descuentos, base imponible, precio del vehículo antes de IVA o IGIC, precio después de impuestos, Ayuda del Programa MOVELE 2014 aplicada después de impuestos (especificando el concepto «Descuento Programa MOVELE 2014») y Total a Pagar o Total Factura a pagar por el beneficiario adquirente, salvo lo dispuesto en el apartado m) de este mismo artículo.
En la factura, deberá constar, además, la matrícula y número de bastidor, marca, modelo y versión del vehículo adquirido, así como su categoría de acuerdo con el artículo 3 de este real decreto y su autonomía en modo eléctrico, reflejada en la ficha de solicitud de ayuda.
En todo caso, la factura de venta deberá cumplir con lo dispuesto por el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
l) Justificante del pago correspondiente a la factura de venta vehículo: Si el pago se realiza mediante cheque nominativo u orden de transferencia, deberá adjuntarse copia de éstos junto con la copia del extracto bancario del beneficiario en el que se refleje el correspondiente cargo que acredite que el destinatario del pago coincide con el emisor de la factura.
Si el pago se realiza a través de una entidad financiera vinculada con el concesionario/punto de venta, se tendrá que adjuntar una copia del contrato de financiación y otra de la transferencia realizada desde la financiera al concesionario/punto de venta por el importe total financiado.
No se considerarán válidos, a efectos de justificantes de pago, los recibos emitidos por el concesionario/punto de venta adherido al programa.
m) En el caso específico de operaciones de compraventa realizadas a partir del día 1 de enero de 2014 y con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente programa, se deberá cargar en la aplicación junto con la factura de compraventa, que deberá reunir todos los requisitos establecidos en el apartado k) de este mismo artículo, con excepción de la consignación de la ayuda del Programa aplicada, el justificante del abono realizado al beneficiario por el importe de la misma.
Artículo 10. Tramitación de la ayuda por el punto de venta de vehículos.
1. Los puntos de venta de vehículos adheridos al presente programa efectuarán, en el momento de realizar la venta del vehículo susceptible de ayuda, el descuento en el precio de adquisición a que se refiere el artículo 5. La deducción del importe de la ayuda tendrá la consideración de anticipo de la misma, condicionado a la comprobación de la documentación requerida.
2. La activación de la reserva de presupuesto para la solicitud de ayuda será cumplimentada por el punto de venta a través de la aplicación informática establecida al efecto, comprobando y rellenando en dicha aplicación los datos identificativos del solicitante que figuren en su DNI, NIE o NIF.
La validez del documento de activación de la reserva se encuentra condicionada a la veracidad de todos y cada uno de los datos cumplimentados en el mismo. En caso de cancelación voluntaria de la reserva de presupuesto por parte del solicitante o interesado, el punto de venta procederá a remitir al IDAE un correo electrónico con la identificación de la reserva y los datos del solicitante (nombre y DNI, N.I.E. o N.I.F.) a la dirección [email protected]
3. Al efectuar una reserva de presupuesto, el punto de venta deberá seguir las indicaciones de la aplicación, introduciendo los datos que se le solicitan en relación con el solicitante o interesado y el vehículo a adquirir.
4. Tras cumplimentar los datos solicitados por la aplicación para la solicitud de ayuda, el punto de venta recibirá por correo electrónico la confirmación de la activación de la reserva de presupuesto, acompañada de la correspondiente ficha de solicitud de ayuda, en la que se confirmará además el importe de ayuda asignado a la citada solicitud, conforme a lo dispuestos en el artículo 5.
El punto de venta imprimirá entonces tres ejemplares del documento de la ficha de solicitud y procederá a su correspondiente firma y sellado, recabando asimismo la firma del solicitante o interesado.
5. Realizada la venta, y una vez verificado el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores, el punto de venta recabará del comprador la documentación que se indica en el artículo 9 y la cargará en la aplicación informática, completando el formulario habilitado al efecto. En este contexto, el único formato admitido para la carga de los documentos es el pdf.
Tal y como se recoge en el artículo 8.g), en el caso específico de operaciones de compraventa realizadas en concesionarios o puntos de venta adheridos al Programa MOVELE 2014, a partir del día 1 de enero de 2014 y con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto, el beneficiario podrá acudir al concesionario y solicitar la ayuda que le corresponde.
En este caso, el concesionario o punto de venta deberá, además realizar un abono por el importe de la ayuda al potencial beneficiario y cargar en la aplicación, junto con la factura de compraventa, el justificante de dicho abono.
6. El IDAE podrá solicitar, en cualquier momento, durante el plazo de prescripción del derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro, la exhibición de los originales de los justificantes o documentación aportada que estime oportuna.
Procederá, en su caso, el reintegro de la ayuda correspondiente por el punto de venta adherido, en los términos establecidos por el artículo 13, si éste no pusiera a disposición del IDAE tales originales en un plazo máximo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al que el IDAE le hubiera requerido en tal sentido, considerándose tal circunstancia como un incumplimiento de la obligación de justificación del destino de la ayuda otorgada.
Artículo 11. Obligaciones de los solicitantes, beneficiarios y puntos de venta.
1. Serán obligaciones de los solicitantes, beneficiarios y puntos de venta adheridos:
a) Seguir la metodología y el procedimiento establecidos en el presente real decreto, comprobando el cumplimiento de los requisitos exigidos así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determina la concesión de la ayuda, y conservando los justificantes y documentación correspondiente acreditativa de tales extremos, en los términos previstos por el artículo 10.6.
b) El beneficiario de la ayuda y los puntos de venta estarán obligados a facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización de la actuación objeto de la misma. Asimismo el beneficiario de la ayuda y los puntos de venta estarán sometidos las actuaciones de comprobación a efectuar por el IDAE, así como al control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas y, en su caso, a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de ayudas cofinanciadas con Fondos comunitarios de la Unión Europea.
c) Cumplir con los requisitos exigidos en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre los cuales se encuentran los de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como no tener pendiente obligación alguna por reintegro de ayudas con la Administración General del Estado y sus organismos y entidades públicas dependientes o vinculados. A estos efectos, en su caso, el solicitante y suscribirá, junto con la respectiva solicitud de ayuda, declaración responsable al respecto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.g) del presente real decreto.
2. Por su parte, el punto de venta aportará, en todo caso, certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, certificación correspondiente de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social y declaración responsable de no tener pendiente obligación alguna por reintegro de ayudas con la Administración General del Estado y sus organismos y entidades públicas dependientes o vinculados así como de las restantes circunstancias contenidas en el artículo 13. 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 12. Adhesión de puntos de venta de vehículos y obligaciones.
1. Podrán ser puntos de venta adheridos en el Programa MOVELE 2014, las empresas autorizadas para la comercialización de vehículos que operen en el Estado español y que acrediten estar dados de alta para tal fin mediante el número de registro industrial identificativo del establecimiento.
2. Los puntos de venta interesados en participar y colaborar en el Programa MOVELE 2014, deberán entrar en la página del programa que se ubicará en la web del IDAE (www.idae.es) y registrarse siguiendo las indicaciones dispuestas de la aplicación informática existente a tal efecto.
Después de registrarse, deberán cumplimentar los datos básicos que la aplicación requiere para generar la correspondiente ficha de adhesión. Una vez terminado el proceso de introducción de datos en la aplicación, se remitirá un correo electrónico al punto de venta correspondiente con un fichero que contendrá la solicitud de adhesión de punto de venta de vehículos. El concesionario o punto de venta firmará y sellará dicha solicitud y la remitirá por correo electrónico a la dirección que se le indique en el correo recibido con dicha solicitud, adjuntando también los documentos que se requieren a través del mismo para su adhesión al programa.
Los concesionarios o puntos de venta ya adheridos con anterioridad al Programa PIVE, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 35/2014, de 24 de enero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-5)» se considerarán automáticamente adheridos, siempre que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, así como que no concurra en los mismos cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y no tengan obligaciones pendientes de reintegro de otras ayudas o subvenciones, quedando comprometidos al cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente real decreto, salvo renuncia expresa. A tal efecto, aportarán las certificaciones y declaración responsable establecidas en el artículo 11.c).
Sin embargo, los concesionarios o puntos de venta no adheridos con anterioridad al referido Programa PIVE o que, habiendo estado adheridos al mismo, hubieran sufrido, después de su adhesión, modificaciones en los datos o documentos aportados, tendrán que remitir, además de la ficha de solicitud de adhesión, los siguientes documentos:
a) Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta corriente.
b) Fotocopia del DNI en vigor de la persona firmante y poder de representación en caso de que el punto de venta sea persona jurídica.
c) Fotocopia acreditativa del Número de Registro Industrial identificativo del establecimiento o del certificado del Impuesto de Actividades Económicas.
d) Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, certificación de encontrarse al corriente en sus obligaciones frente a la Seguridad Social y declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las restantes circunstancias enumeradas en el artículo 13. 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como no tener pendiente obligación alguna de reintegro de subvenciones o ayudas con la Administración General del Estado y sus organismos o entidades públicas dependientes o vinculados.
e) Justificante del reconocimiento en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera de la cuenta bancaria del punto de venta para el pago de la ayuda.
Quedarán eximidos de aportar la documentación relativa a los datos que figuren en el Registro de Entidades Solicitantes de Ayudas (RESA) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, regulado por la Orden ITC/1197/2010, de 29 de abril, todos aquellos puntos de venta que así lo hubieran hecho constar en el formulario de solicitud, especificando la documentación y datos que se encuentren inscritos en dicho Registro.
3. Examinada la documentación aportada, si ésta no reúne los requisitos exigidos se requerirá al punto de venta para que, en un plazo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe la documentación necesaria con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido en su solicitud de adhesión al programa.
4. Una vez admitida por el IDAE la adhesión del punto de venta al programa, se hará efectivo el alta del punto de venta como centro adherido al Programa MOVELE 2014, informándose a tal efecto mediante correo electrónico. A partir de este momento, podrá acceder al sistema telemático en IDAE de gestión de activación de reservas de presupuesto y solicitudes de ayuda usando su clave y contraseña.
5. El listado de los puntos de venta, por cada código postal, adheridos al Programa MOVELE 2014 se hará público en la página web del IDAE y se actualizará de forma continua, recogiendo los puntos de venta que se adhieran, una vez sea validada por el IDAE la correspondiente documentación a remitir por los mismos.
6. Serán obligaciones adicionales de los puntos de venta adheridos al Programa MOVELE, sin perjuicio del resto de obligaciones establecidas en el presente real decreto:
a) Informar a los solicitantes de las ayudas de las ventajas de los vehículos eléctricos objeto del Programa MOVELE 2014.
b) Realizar el descuento, después de impuestos, del importe de la ayuda correspondiente al vehículo adquirido con motivo del Programa MOVELE 2014, conforme a lo establecido en el artículo 5; y entregar a los beneficiarios una copia justificativa de la solicitud de ayuda formulada en su nombre, así como la factura original donde conste el descuento realizado, salvo lo previsto en el artículo 9 m).
c) Seguir la metodología y procedimientos establecidos en este real decreto, así como las instrucciones que al respecto, en caso de duda o conflicto, pudiera efectuar el IDAE mediante resolución de su Director General.
d) Colaborar activamente en la difusión y apoyo de los objetivos del programa relativos a dar a conocer y difundir la existencia de vehículos eléctricos, así como a la sensibilización hacia el ahorro y la eficiencia energética en el transporte.
e) Mostrar en lugar visible, dentro de cada una de las instalaciones comerciales del concesionario o punto de venta adherido, el logotipo del Programa MOVELE 2014 de ayudas al Vehículo Eléctrico, así como los soportes publicitarios que se señalan a continuación. El IDAE facilitará la imagen del programa (logotipo, lema y usos entre otros aspectos) y su correspondiente «Manual de aplicación» en los formatos, variantes y/o adaptaciones necesarias (color, B/N, vertical, horizontal, etc.), a los concesionarios adheridos al programa para su implementación.
En caso de que el programa fuera cofinanciado por el FEDER, la adhesión al programa del punto de venta implica la aceptación de lo establecido en los Reglamentos (UE) n.º 1303/2013, y n.º 1301/2013, ambos de fecha de 17 de diciembre de 2013, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con los Fondos comunitarios.
Los soportes publicitarios serán, como mínimo:
1.º En la entrada del establecimiento; Cartel en tamaño mínimo DIN-A3 con la expresión «establecimiento adherido» que acompañará al logo del Programa MOVELE 2014.
2.º En el interior del establecimiento; cartel DISPLAY en suelo de dimensiones 80x130 cms., en color a 4/0 tintas sobre cartoncillo de 300 gr. con plastificado brillo en cara visible y soporte cartón para su sujeción en vertical.
3.º En todos aquellos soportes que sean utilizados para transmitir la comunicación (spots tv, gráficas de prensa, Internet, etc.), el logo del Programa MOVELE 2014.
4.º En medios sonoros, como canales de radio, se hará clara referencia al mismo mediante el uso de la expresión (en on o en off) «Programa MOVELE 2014».
f) Tramitar, cumplimentar y remitir al IDAE las correspondientes solicitudes de ayudas de acuerdo con el procedimiento, plazos y requisitos establecidos en este real decreto.
Artículo 13. Causas de anulación o de reintegro de las ayudas.
1. Con independencia de las devoluciones a que hubiere lugar de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro, total o parcial, y la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma, en los supuestos regulados en el artículo 37 de la citada Ley, así como en los demás previstos expresamente por el presente real decreto.
2. En el caso de incumplimientos parciales, se determinará la cantidad a reintegrar por el beneficiario con arreglo al principio de proporcionalidad y en función de los costes justificados y de las actuaciones acreditadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el apartado 3.n) del artículo 17 de dicha Ley.
Artículo 14. Compatibilidad de las ayudas.
1. Las ayudas reguladas en este real decreto serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Serán compatibles en todo caso con otras ayudas o subvenciones que pudieran establecer las Comunidades Autónomas para la misma finalidad. Cuando se trate de ayudas de minimis, se respetarán las reglas de acumulación que impiden que se sobrepasen los límites de ayuda establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis («Diario Oficial de la Unión Europea» núm. L 352 de 24 de diciembre de 2013).
2. En el caso de concurrencia de subvenciones de otras Administraciones públicas o entes públicos o privados, el importe de las ayudas concedidas no podrá superar los límites establecidos, para cada beneficiario, por los reglamentos de minimis aplicables ni las ayudas resultar en ningún caso de tal cuantía que, aislada o conjuntamente, superen el precio de venta antes de impuestos del vehículo correspondiente.
Artículo 15. Publicidad.
En todas las referencias que realicen los beneficiarios o puntos de venta adheridos, en cualquier medio de difusión, a las ayudas reguladas en este real decreto, deberá figurar que han sido financiadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través del IDAE, tal como establece el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12.6 e) del presente real decreto.
Asimismo, en caso de que el programa fuera cofinanciado por el FEDER, la aceptación de la ayuda y/o la adhesión del punto de venta al mismo implica la aceptación de lo establecido en los Reglamentos (UE) N.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) N.º 1083/2006 del Consejo, sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con los Fondos comunitarios.
Artículo 16. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
1. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los puntos de venta de vehículos adheridos al Programa MOVELE 2014, quedarán expresamente obligados a mantener estricta confidencialidad sobre cualquier dato de carácter personal que pudieran obtener con ocasión de las actividades a desarrollar en virtud de este real decreto, por lo que no podrán copiarlos o utilizarlos con fines distintos a los que figuran en el mismo ni tampoco cederlos a otras personas distintas de IDAE, ni siquiera a efectos de conservación.
2. Por otra parte, la información y datos de carácter personal que reciba el IDAE por parte de cualquier solicitante, beneficiario, interesado o punto de venta adherido al programa, en general, también tendrá carácter confidencial, y serán recogidos por el IDAE para ser incorporados, respectivamente, a los ficheros automatizados titularidad y responsabilidad del mismo: «MOVELE _PUNTOSVENTA», «MOVELE VENTAVEHÍCULOS» y «MOVELE BENEFICIARIOS», con la finalidad de verificar el cumplimiento, control y seguimiento de las obligaciones establecidas por el presente real decreto. Los interesados podrán ejercer personalmente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante escrito remitido a la Secretaría General del IDAE, calle Madera, número 8, 28004-Madrid.
3. No obstante lo anterior, y con la formalización de su adhesión al presente programa, en la forma establecida por este real decreto, los puntos de venta de vehículos correspondientes aceptan la publicación de sus datos identificativos en la página web de IDAE, a los efectos previstos en las mismas. Asimismo, los beneficiarios aceptan la publicación de aquellos datos de la ayuda concedida que permitan garantizar la publicidad, objetividad y concurrencia de estas ayudas.
Artículo 17. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones cuya concesión se regula en este real decreto, se regirán, además de por lo en él se dispone, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, correspondiente a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DO L 352 de 24 de diciembre de 2013), y en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
2. En el caso de acciones o proyectos cofinanciados con fondos comunitarios, serán de aplicación, además, el Reglamento (UE) N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) N.º 1083/2006 del Consejo y el Reglamento (UE) N.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) N.º 1080/2006.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 6 de junio de 2014.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ
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Decreto de subvenciones al vehículo eléctrico (MOVELE): hasta 6.500 @ c/uno y tope de diez millones en total #BOE
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"115",
"132"
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SUBVENCIONES
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Ministerio de Industria, Energía y Turismo
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Decreto de subvenciones al vehículo eléctrico (MOVELE): hasta 6.500 euros cada uno y con un tope de 10 millones en total
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SE DICTA EN RELACION
y regula el procedimiento para concesión de ayudas en el año 2015: Real Decreto 287/2015, de 17 de abril
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"420",
"3140",
"4461",
"6800",
"7116"
] | 707
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2012-12-12
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BOE-A-2012-15046
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Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la inactivación del conjunto C-81 (Levodopa-Carbidopa Oral).
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<titulo>Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la inactivación del conjunto C-81 (Levodopa-Carbidopa Oral).</titulo>
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<texto>
<p class='parrafo'>El día 14 de noviembre de 2012 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha tenido conocimiento de la especial situación en la que se encuentran determinados medicamentos de los agentes dopaminérgicos, como es el caso de la Levodopa-Carbidopa Oral, afectada por la Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se determinan los nuevos conjuntos de medicamentos que se dispensen en oficinas de farmacia a través de receta médica oficial u orden de dispensación, sus precios de referencia, y se revisan los precios de referencia fijados por Orden SPI/3052/2010, de 26 de noviembre, al haberse revisado el conjunto C-81.</p>
<p class='parrafo'>Las características de este medicamento, especialmente por su utilización en pacientes con enfermedad de parkinson idiopática, en particular para reducir el período «off» en pacientes que hayan sido tratados previamente con levodopa/inhibidores de la descarboxilasa, o con levodopa sola, y que hayan experimentado fluctuaciones motoras, hacen necesario tener en consideración aspectos relacionados con la asistencia sanitaria de los pacientes afectados. Además, al ser el objetivo de la prestación farmacéutica garantizar a los ciudadanos el acceso a los medicamentos necesarios, hace inexcusable que de forma excepcional, se reconsidere la aplicación efectiva de este conjunto, en base a la disponibilidad de los medicamentos cuyo principio activo es Levodopa-Carbidopa, con el fin de evitar posibles perjuicios asistenciales en el ámbito del Sistema Nacional de Salud. Por todo lo anterior, se procede a:</p>
<p class='parrafo_2'>La inactivación del conjunto C-81 (Levodopa-Carbidopa Oral), determinado al amparo de lo dispuesto en la Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se determinan los nuevos conjuntos de medicamentos que se dispensen en oficinas de farmacia a través de receta médica oficial u orden de dispensación, sus precios de referencia, y se revisan los precios de referencia fijados por Orden SPI/3052/2010, de 26 de noviembre.</p>
<p class='parrafo'>Este conjunto se activará en el momento en que quede garantizado un adecuado suministro de estos medicamentos dentro de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, que avalen la adecuada atención sanitaria de los pacientes tratados con Levodopa-Carbidopa Oral.</p>
<p class='parrafo'>Al referido conjunto le será de aplicación lo establecido en la disposición adicional 2.ª, apartado tercero, disposición adicional 3.ª, apartado tercero, disposición adicional 5.ª, apartado segundo, disposición transitoria 4.ª, apartado cuarto, y disposición transitoria quinta, apartado tercero de la Orden SPI/3052/2010, de 26 de noviembre.</p>
<p class='parrafo'>No obstante, los criterios de creación y revisión de conjuntos establecidos por artículo 93 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, se siguen manteniendo independientemente de la inactivación excepcional del conjunto anteriormente citado.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con lo establecido en el artículo 57.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la presente Resolución producirá efectos desde el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo'>Contra la presente resolución puede interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la misma, ante el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 30 de noviembre de 2012.–El Director general de Cartera Básica de Servicios, del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero Cuadrado.</p>
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Wed Dec 12 07:58:47 +0000 2012
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El día 14 de noviembre de 2012 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha tenido conocimiento de la especial situación en la que se encuentran determinados medicamentos de los agentes dopaminérgicos, como es el caso de la Levodopa-Carbidopa Oral, afectada por la Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se determinan los nuevos conjuntos de medicamentos que se dispensen en oficinas de farmacia a través de receta médica oficial u orden de dispensación, sus precios de referencia, y se revisan los precios de referencia fijados por Orden SPI/3052/2010, de 26 de noviembre, al haberse revisado el conjunto C-81.
Las características de este medicamento, especialmente por su utilización en pacientes con enfermedad de parkinson idiopática, en particular para reducir el período «off» en pacientes que hayan sido tratados previamente con levodopa/inhibidores de la descarboxilasa, o con levodopa sola, y que hayan experimentado fluctuaciones motoras, hacen necesario tener en consideración aspectos relacionados con la asistencia sanitaria de los pacientes afectados. Además, al ser el objetivo de la prestación farmacéutica garantizar a los ciudadanos el acceso a los medicamentos necesarios, hace inexcusable que de forma excepcional, se reconsidere la aplicación efectiva de este conjunto, en base a la disponibilidad de los medicamentos cuyo principio activo es Levodopa-Carbidopa, con el fin de evitar posibles perjuicios asistenciales en el ámbito del Sistema Nacional de Salud. Por todo lo anterior, se procede a:
La inactivación del conjunto C-81 (Levodopa-Carbidopa Oral), determinado al amparo de lo dispuesto en la Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se determinan los nuevos conjuntos de medicamentos que se dispensen en oficinas de farmacia a través de receta médica oficial u orden de dispensación, sus precios de referencia, y se revisan los precios de referencia fijados por Orden SPI/3052/2010, de 26 de noviembre.
Este conjunto se activará en el momento en que quede garantizado un adecuado suministro de estos medicamentos dentro de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, que avalen la adecuada atención sanitaria de los pacientes tratados con Levodopa-Carbidopa Oral.
Al referido conjunto le será de aplicación lo establecido en la disposición adicional 2.ª, apartado tercero, disposición adicional 3.ª, apartado tercero, disposición adicional 5.ª, apartado segundo, disposición transitoria 4.ª, apartado cuarto, y disposición transitoria quinta, apartado tercero de la Orden SPI/3052/2010, de 26 de noviembre.
No obstante, los criterios de creación y revisión de conjuntos establecidos por artículo 93 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, se siguen manteniendo independientemente de la inactivación excepcional del conjunto anteriormente citado.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 57.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la presente Resolución producirá efectos desde el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente resolución puede interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la misma, ante el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Madrid, 30 de noviembre de 2012.–El Director general de Cartera Básica de Servicios, del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero Cuadrado.
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Por problemas de suministro, se inactiva la dispensación de la levodopa-carbidopa (para el párkinson) en farmacias #BOE
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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Por problemas de suministro, se inactiva la dispensación de la levodopa-carbidopa (para el párkinson) en farmacias
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[] | 708
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2022-01-20
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DE CONFORMIDAD con
el art. 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre
DE CONFORMIDAD con
el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo
EN RELACIÓN con
el Convenio publicado por Resolución de 2 de julio de 2020
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BOE-A-2022-922
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Resolución de 10 de enero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la Sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al XXI Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora S. Unipersonal.
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<materia codigo='382' orden=''>Audiencia Nacional</materia>
<materia codigo='1684' orden=''>Convenios colectivos</materia>
<materia codigo='4046' orden=''>Iberia Líneas Aéreas de España</materia>
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<texto>el art. 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre</texto>
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<palabra codigo='331'>EN RELACIÓN con</palabra>
<texto>el Convenio publicado por Resolución de 2 de julio de 2020</texto>
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<texto>
<p class='parrafo'>Visto el fallo de la Sentencia de fecha 22 de diciembre de 2021 dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, recaída en el procedimiento n.º 280/2021, seguido por demanda de la Coordinadora Estatal Sector Handling Aéreo (CESHA) contra la empresa Iberia LAE, S.A., Operadora y los sindicatos Unión General de Trabajadores, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Asociación Sindical Española de Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico, Unión Sindical Obrera, y siendo parte el Ministerio Fiscal, sobre impugnación de Convenio colectivo,</p>
<p class='parrafo'>Y teniendo en consideración los siguientes</p>
<p class='centro_negrita'>Antecedentes de hecho</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>En el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de julio de 2020 se publicó la resolución de la Dirección General de Trabajo, de 2 de julio de 2020, en la que se ordenaba inscribir en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de ese Centro Directivo y publicar en el «Boletín Oficial del Estado» el XXI Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A., Operadora S. Unipersonal (código de convenio número: 90002660011981).</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>El 28 de diciembre de 2021 tuvo entrada en la Oficina de Asistencia en Materia de Registros del Departamento la sentencia antecitada de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en cuyo fallo se declara la nulidad parcial del XXI Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora S. Unipersonal, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de julio de 2020.</p>
<p class='centro_negrita'>Fundamentos de Derecho</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>De conformidad con lo establecido en el artículo 166.3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, cuando la sentencia sea anulatoria, en todo o en parte, del convenio colectivo impugnado y éste hubiera sido publicado, también se publicará en el Boletín Oficial en que aquél se hubiere insertado.</p>
<p class='parrafo'>En consecuencia, esta Dirección General de Trabajo resuelve:</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>Ordenar la inscripción de dicha Sentencia de la Audiencia Nacional dictada el día 22 de diciembre de 2021, recaída en el procedimiento n.º 280/2021 y relativa al Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A., Operadora S. Unipersonal, en el correspondiente Registro de convenios, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo.</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 10 de enero de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez Barbero.</p>
<p class='centro_negrita'>AUDIENCIA NACIONAL</p>
<p class='centro_negrita'>Sala de lo Social</p>
<p class='centro_redonda'>MADRID</p>
<p class='centro_cursiva'>Letrada de la Administración de Justicia D.ª Marta Jaureguizar Serrano</p>
<p class='centro_redonda'>Sentencia n.º 262/2021</p>
<p class='parrafo_2'>Fecha de Juicio: 1/12/2021.</p>
<p class='parrafo'>Fecha Sentencia: 22/12/2021.</p>
<p class='parrafo'>Fecha Auto Aclaración:</p>
<p class='parrafo'>Tipo y núm. Procedimiento: Impugnación de Convenios 280/2021.</p>
<p class='parrafo'>Materia: Impug. Convenios.</p>
<p class='parrafo'>Ponente: José Luis Niño Romero.</p>
<p class='parrafo'>Demandante/s: Coordinadora Estatal Sector Handling Aéreo (CESHA).</p>
<p class='parrafo'>Demandado/s: Iberia LAE, SA, Operadora, SU, Unión General de Trabajadores (UGT), Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), Asociación Sindical Española de Técnicos Mantenimiento Aeronáutico (ASETMA), Unión Sindical Obrera (USO), Ministerio Fiscal.</p>
<p class='parrafo'>Resolución de la Sentencia: Estimatoria.</p>
<p class='parrafo'>Breve Resumen de la Sentencia: Se reclama la nulidad parcial de determinados artículos del convenio del personal de tierra de Iberia, en concreto de los artículos 91, 98, 99 y 104, que establecen un preaviso de 48 horas para que la empresa comunique cambios de turno/horario/jornada por incidencias no previsibles. La parte demandante entiende que se trata de un supuesto de distribución irregular de jornada (DIJ) del artículo 34.2 ET y por ello debe respetarse el plazo de preaviso de 5 días allí previsto, al ser una norma de derecho mínimo necesario relativo. La empresa entiende que, salvo el supuesto del artículo 99 que lo reconoce, no estamos ante una DIJ pues los cambios no afectan a la jornada sino al turno o al horario, y además se trataría de cambios no previsibles para los que la empresa debe poder actuar.</p>
<p class='parrafo'>Estimar demanda: la empresa establece la jornada correspondiente a cada supuesto regulado en los citados preceptos, lo que hace para un período determinado (mes/año) y con una antelación a su efectividad, generalmente de 15 días al mes en que tiene efecto, por lo que el personal ya conoce la distribución «regular» de la jornada realizada por la empresa. Si posteriormente esa programación se cambia, estamos entonces ante una distribución irregular de jornada pues se modifica por la propia empresa lo inicialmente programado, lo que encaja en el artículo 34.2 ET que exige un preaviso de 5 días, lo que no se respeta en el Convenio colectivo. Derecho a la conciliación de la vida personal y familiar de las personas trabajadoras. Además el propio convenio contempla un preaviso de 7 días para determinados supuestos de jornada irregular que permiten entender que la empresa puede cumplir con el artículo 34.2 ET en la mayoría de los casos.</p>
<p class='parrafo_2'>Aud. Nacional Sala de lo Social.</p>
<p class='parrafo'>Goya, 14 (Madrid).</p>
<p class='parrafo'>Tfno.: 914007258.</p>
<p class='parrafo'>Correo electrónico:</p>
<p class='parrafo'>Equipo/usuario: MAD.</p>
<p class='parrafo'>NIG: 28079 24 4 2021 0000289.</p>
<p class='parrafo'>Modelo: ANS105 Sentencia.</p>
<p class='parrafo'>IMC Impugnación de Convenios 0000280/2021.</p>
<p class='parrafo'>Procedimiento de origen: /</p>
<p class='parrafo'>Sobre: Impug. Convenios.</p>
<p class='parrafo'>Ponente Ilmo. Sr: Jose Luis Niño Romero.</p>
<p class='centro_redonda'>Sentencia 262/2021</p>
<p class='parrafo_2'>Ilmo. Sr. Presidente: D. José Pablo Aramendi Sánchez</p>
<p class='parrafo'>Ilmos/as. Sres./Sras. Magistrados/as:</p>
<p class='parrafo_2'>D.ª Emilia Ruiz-Jarabo Quemada.</p>
<p class='parrafo'>D. José Luis Niño Romero.</p>
<p class='parrafo_2'>En Madrid, a veintidós de diciembre de dos mil veintiuno.</p>
<p class='parrafo_2'>La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres./as. Magistrados/as citados al margen y</p>
<p class='centro_redonda'>EN NOMBRE DEL REY</p>
<p class='parrafo_2'>Han dictado la siguiente</p>
<p class='centro_redonda'>SENTENCIA</p>
<p class='parrafo_2'>En el procedimiento Impugnación de Convenios 0000280/2021 seguido por demanda de Coordinadora Estatal Sector Handling Aéreo (CESHA) (Letrado Alberto Moreno Solé) contra Iberia LAE, SA, Operadora, SU (Letrado Adriano Gómez García-Bernal), Unión General de Trabajadores (no comparece), Confederación Sindical de Comisiones Obreras (no comparece), Asociación Sindical Española de Técnicos Mantenimiento Aeronáutico (no comparece), Unión Sindical Obrera (no comparece), Ministerio Fiscal sobre Impug. Convenios. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. José Luis Niño Romero.</p>
<p class='centro_negrita'>Antecedentes de hecho</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>Según consta en autos, el día 28.09.2021 se presentó demanda, en nombre y representación de la parte actora, Coordinadora Estatal Sector Handling Aéreo (CESHA), en materia de impugnación de convenio colectivo, que la dirigió inicialmente frente a Iberia LAE, S.A. Operadora, S.U., Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unión General de Trabajadores (UGT), Unión Sindical Obrera (USO) y Asociación Sindical Española de Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico (ASETMA).</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>La Sala acordó el registro de la demanda con el número 280/2021 y designó ponente señalándose el día 1 de diciembre de 2021 para los actos de conciliación y, en su caso, juicio.</p>
<p class='articulo'>Tercero.</p>
<p class='parrafo'>Abierto el acto del juicio, el letrado de la parte actora se afirmó y ratificó en su escrito de demanda solicitando se dicte sentencia por la que la que:</p>
<p class='parrafo_2'>A) Que se declare la nulidad parcial del tercer párrafo del artículo 91 del XXI convenio colectivo del personal de tierra, Iberia, Líneas Aéreas de España SA, operadora S Unipersonal, que establece que: «Los cambios de turno debidos a incidencias no previsibles requerirán un preaviso de 48 horas, salvo circunstancias excepcionales», condenando a la empresa a estar y pasar por dicha declaración.</p>
<p class='parrafo'>B) Que se declare la nulidad parcial de lo expuesto en el segundo párrafo del punto 3.4. del artículo 98 del XXI convenio colectivo del personal de tierra, IBERIA, Líneas Aéreas de España SA, operadora S unipersonal, que establece que: «Los referidos cambios debidos a incidencias no previsibles requerirán un preaviso de, al menos, 48 horas, salvo circunstancias excepcionales», condenando a la empresa a estar y pasar por dicha declaración.</p>
<p class='parrafo'>C) Que se declare la nulidad parcial de lo expuesto en el punto 6.1. párrafo tercero de los cuatro del artículo 99 del XXI convenio colectivo del personal de tierra, Iberia, Líneas Aéreas de España SA, operadora S unipersonal, que establece que: «lo cual le será comunicado al trabajador con al menos 48 horas de antelación. Así como del mismo artículo 99: apartado 6.3.1: «Los avisos con plazos inferiores a 24 horas se reservarán a casos imprevistos como los siguientes: AOG, riesgo de incumplimiento con impacto en TAT comprometido con el cliente, o inoperatividad de las instalaciones, equipos, u otras razones que afecten al proceso productivo en supuestos de relevancia para el negocio. No obstante, en estos casos en los que el aviso se produzca con menos de 24 horas, se dará oportuna justificación a la representación de los trabajadores. »condenando a la empresa a estar y pasar por dicha declaración.</p>
<p class='parrafo'>D) Que se declare la nulidad parcial de lo expuesto en el apartado 3 del artículo 104 del XXI convenio colectivo del personal de tierra, IBERIA, Líneas Aéreas de España SA, operadora S unipersonal, párrafo treceavo, que establece que «Adicionalmente, y sin que compute en el número de cambios mensuales, podrán modificarse, igualmente, los horarios y/o jornadas, con un preaviso de 48 horas salvo circunstancias excepcionales, si se dieran incidencias imprevistas.», condenando a la empresa a estar y pasar por dicha declaración.</p>
<p class='parrafo_2'>La empresa demandada se opuso a la demanda, al entender que en el caso de los artículos 91 y 98 del Convenio colectivo no nos encontramos ante un supuesto de distribución irregular de jornada, sino que son cambios de turnos y de horarios y por ello no es de aplicación el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores (ET); respecto al artículo 99, señaló que el supuesto previsto en el apartado 6.1 responde a la misma situación expuesta de los artículos 91 y 98, mientras que en el caso del apartado 6.3.1 no se aplica en la práctica pues se acordó en la comisión de seguimiento del convenio colectivo de 22 de enero de 2021 un plazo de preaviso de 5 días; por último en referencia al artículo 104 del Convenio impugnado señaló que se justifica porque existen incrementos y disminuciones de la carga de trabajo imprevisibles, aleatorios y perentorios para la empresa.</p>
<p class='parrafo'>Seguidamente se procedió a la fase de prueba proponiéndose y practicándose la documental, tras lo cual las partes elevaron sus conclusiones a definitivas.</p>
<p class='parrafo'>El Ministerio Fiscal en su informe interesó la estimación de la demanda al entender que los artículos impugnados vulneran el artículo 34.2 ET así como el derecho a la conciliación de la vida personal y familiar.</p>
<p class='articulo'>Cuarto.</p>
<p class='parrafo'>En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado todas las formalidades legales.</p>
<p class='parrafo_2'>Resultado y así se declaran, los siguientes</p>
<p class='centro_negrita'>Hechos probados</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>El sindicato demandante, Coordinadora Estatal Sector Handling Aéreo (CESHA), cuenta con afiliación en la empresa demandada representación en los siguientes comités de empresa:</p>
<p class='parrafo_2'>Comité de Empresa de Barajas: 2 miembros de 27.</p>
<p class='parrafo'>Comité de Empresa de Barcelona: 3 miembros de 25.</p>
<p class='parrafo'>Comité de Empresa de Tenerife: 4 miembros de 17.</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>La relaciones laborales del personal de tierra que presta servicios en la empresa demandada, Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A., Operadora S Unipersonal, se rigen por el XXI Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora S. Unipersonal (código de convenio 90002660011981), publicado en el BOE de 15 de julio de 2020.</p>
<p class='parrafo'>El Capítulo VI está dedicado a la Jornada. La Sección III regula la jornada de trabajadores sujetos a turnos. El apartado A) se refiere a la jornada a tunos en general, dedicándose el artículo 91 a los cambios. El apartado B) regula Disposiciones específicas Dirección Servicios Aeroportuarios en el artículo 98, mientras que el artículo 99 contiene Disposiciones específicas Dirección Técnica. La Sección V regula la Jornada irregular en el artículo 104.</p>
<p class='articulo'>Tercero.</p>
<p class='parrafo'>El día 22 de enero de 2021 se celebró una reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de flexibilidad de la Dirección Técnica, con el siguiente orden del día: Aplicación del Artículo 99.6 (2) y (3) del XXI Convenio Colectivo de Tierra durante el periodo de ERTE de Fuerza Mayor-Bolsa de horas. Se hace constar lo siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión de Seguimiento, analizando y velando por el cumplimiento de lo pactado en materia de flexibilidad, establece las siguientes garantías para la aplicación de la Bolsa de horas durante el periodo en el que esté vigente el ERTE por fuerza mayor:</p>
<p class='parrafo_2'>• Se podrá utilizar la Bolsa de horas previa comprobación, por parte de la Compañía, de que no haya trabajadores afectados por el citado ERTE –adscritos a la Dirección Técnica– con el mismo conocimiento o cualificación/competencia que se requiere para realizar las tareas Imprevistas o imprevisibles que se tratan de cubrir.</p>
<p class='parrafo'>• Cumplimiento del preaviso de 5 días.</p>
<p class='parrafo'>• Aprobación previa del Director correspondiente con el visto bueno de Recursos Humanos.</p>
<p class='parrafo'>• A través de la Comisión de Seguimiento, se realizará el seguimiento para el cumplimiento de todas las garantías y será llevado de manera directa a través de la Comisión de Seguimiento, según el procedimiento que determina el Articulo 99.7 (Comisión de Seguimiento) del XXI Convenio Colectivo de Tierra. La Comisión de Seguimiento se reunirá de forma mensual para analizar y recibir información de los movimientos efectuados en aplicación de la Bolsa de horas y circunstancias que la justifican durante el periodo de vigencia del ERTE por fuerza mayor.</p>
<p class='parrafo_2'>En consecuencia, resultara viable la utilización de la Bolsa de horas en la Dirección Técnica durante la aplicación del ERTE por fuerza mayor con los límites convencionales y legales establecidos.</p>
<p class='parrafo'>La Representación Social (RS) manifiesta su disconformidad con la utilización de la Bolsa de horas, en los términos establecidos por la empresa en esta reunión, mientras no prevalezca como garantía la desafectación al ERTE de todo aquel trabajador capacitado que requiera las variaciones no previsibles de carga de trabajo que se traten de cubrir.</p>
<p class='parrafo'>De la misma manera, la RS manifiesta su disconformidad al seguimiento mensual que dispone la empresa en la aplicación de la Bolsa de horas, pues entendemos que, al ser una variación no previsible de trabajo, la comunicación e información debe ser trasladada a la Comisión de Seguimiento de forma inmediata, para su valoración y justificación.</p>
<p class='parrafo'>La Representación de la Empresa (RE) por su parte manifiesta que todo queda perfectamente establecido en el procedimiento interno que se acompaña como Anexo a esta Acta.</p>
<p class='articulo'>Cuarto.</p>
<p class='parrafo'>Al descriptor 56 constan las comunicaciones habidas entre la empresa demandada y la autoridad aeroportuaria competente de la República Argentina, respecto a la programación de los vuelos regulares del mes de octubre de 2021. Así el 8 de septiembre de 2021 la empresa demandada comunicó a la autoridad gubernativa competente la programación inicial de vuelos de Iberia en la modalidad Pax/Cargo, si bien el 29 de septiembre fue limitada la relación de vuelos debido a las restricciones existentes tal como figura en el documento citado.</p>
<p class='parrafo'>El día 2 de octubre de 2021 la Dirección Nacional de Transporte Aéreo de Argentina comunicó a la empresa demandada que la Decisión Administrativa N° 951 de fecha 30 de septiembre del año en curso de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja sin efecto el límite de capacidad de pasajeros en los vuelos aprobados entre el 1 y 15 de octubre de 2021.</p>
<p class='parrafo'>Al descriptor 57 figuran diferentes comunicaciones de aerolíneas por las que comunicaban cancelaciones de distintos vuelos al aeropuerto de La Palma en los meses de octubre y noviembre de 2021, indicándose en algunos casos como motivo de la anulación la situación de la ceniza volcánica en la isla de La Palma.</p>
<p class='parrafo'>Al descriptor 58 figura una solicitud a Aena de la Subdelegación del Gobierno de Granada, para la utilización de la Sala de Autoridades del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén los días 19 y 20 de octubre de 2021 en relación con los vuelos ANE-8936 y ANE-8933.</p>
<p class='parrafo'>Al descriptor 59 consta una comunicación a la empresa demandada de la aerolínea Air Algerie del día 11 de noviembre de 2021, en relación con las necesidades de prestación de servicio en tierra para el vuelo AH2642/2643 del día 12 de noviembre de 2021 en el aeropuerto de Málaga.</p>
<p class='parrafo'>Al descriptor 60 consta una comunicación a la empresa demandada de la aerolínea Turkish Airlines del día 16 de septiembre de 2021 en relación con los vuelos que se reflejan en la comunicación para los siguientes días 19, 20 y 21 de septiembre de 2021.</p>
<p class='parrafo'>Se han cumplido las previsiones legales.</p>
<p class='centro_negrita'>Fundamentos de Derecho</p>
<p class='articulo'>Primero. Prueba de los hechos.</p>
<p class='parrafo'>1. De conformidad con el artículo 97.2 de la LRJS los hechos declarados probados han resultado acreditados de la prueba practicada a instancia de las partes, según se especifica a continuación:</p>
<p class='parrafo_2'>El hecho primero, conforme y descriptor 4.</p>
<p class='parrafo'>El hecho segundo, por conformidad y del documento obrante al descriptor 2.</p>
<p class='parrafo'>El hecho tercero de la prueba documental que figura en el descriptor 54.</p>
<p class='parrafo'>El cuarto, de los documentos que constan en los descriptores 56 a 60.</p>
<p class='articulo'>Segundo. Pretensiones de las partes.</p>
<p class='parrafo'>1. La demandante en el presente procedimiento interesa que se declare la nulidad parcial de los siguientes artículos del XXI Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora S Unipersonal: del artículo 91, tercer párrafo, la expresión «Los cambios de turno debidos a incidencias no previsibles requerirán un preaviso de 48 horas, salvo circunstancias excepcionales»; del artículo 98.3.4, párrafo segundo, la expresión «Los referidos cambios debidos a incidencias no previsibles requerirán un preaviso de, al menos, 48 horas, salvo circunstancias excepcionales»; del artículo 99.6.1, párrafo tercero, la expresión «lo cual le será comunicado al trabajador con al menos 48 horas de antelación», así como del mismo artículo 99 6.3.1 «Los avisos con plazos inferiores a 24 horas se reservarán a casos imprevistos como los siguientes: AOG, riesgo de incumplimiento con impacto en TAT comprometido con el cliente, o inoperatividad de las instalaciones, equipos, u otras razones que afecten al proceso productivo en supuestos de relevancia para el negocio. No obstante, en estos casos en los que el aviso se produzca con menos de 24 horas, se dará oportuna justificación a la representación de los trabajadores»; y finalmente del artículo 104.3, párrafo décimo tercero «Adicionalmente, y sin que compute en el número de cambios mensuales, podrán modificarse, igualmente, los horarios y/o jornadas, con un preaviso de 48 horas salvo circunstancias excepcionales, si se dieran incidencias imprevistas».</p>
<p class='parrafo'>Alega en apoyo de la pretensión anulatoria que el preaviso contemplado en los citados artículos del convenio colectivo no respeta el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que contempla un preaviso de cinco días. Señala que es un precepto de derecho necesario relativo que no puede empeorarse para el trabajador, ni por convenio colectivo, ni por acuerdo de empresa, ni con pacto contractual entre el trabajador y el empresario, de acuerdo con la jurisprudencia unificada del Tribunal Supremo, pero sí que puede mejorarse para las personas trabajadoras</p>
<p class='parrafo'>2. La parte demandada, Iberia, Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima Operadora, Sociedad Unipersonal, se opuso a la demanda, alegando que en el caso de los artículos 91 y 98 del Convenio colectivo no nos encontramos ante un supuesto de distribución irregular de jornada, sino que son cambios de turnos y de horarios y por ello no es de aplicación el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores (ET); respecto al artículo 99, señaló que el supuesto previsto en el apartado 6.1 responde a la misma situación expuesta de los artículos 91 y 98, mientras que en el caso del apartado 6.3.1 no se aplica en la práctica pues se acordó en la comisión de seguimiento del convenio colectivo de 22 de enero de 2021 un plazo de preaviso de 5 días; por último en referencia al artículo 104 del Convenio impugnado señaló que se justifica porque existen incrementos y disminuciones de la carga de trabajo imprevisibles, aleatorios y perentorios para la empresa.</p>
<p class='parrafo'>En apoyo de su postura ha citado la empresa la SAN de 27 de octubre de 2017, autos IMC 233/2017, confirmada por STS de 10 de abril de 2019, Recurso 50/2018, sin que sea un caso idéntico al presente, ya que en dicho proceso se analizaba la posible discriminación del personal a tiempo parcial respecto al personal a tiempo completo por el diferente tratamiento que se contenía en el convenio colectivo respecto a los turnos de trabajo, lo que no es objeto de este procedimiento. Además se circunscribía la discusión al trabajo a turnos regulado en el artículo 28 del convenio colectivo allí analizado, y en el presente caso la impugnación es de la jornada de trabajo que no del trabajo a turnos.</p>
<p class='articulo'>Tercero. Distribución de jornada. Regulación legal y doctrina.</p>
<p class='parrafo'>1. En el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores encontramos la regulación de la jornada de trabajo. Así el apartado 1 señala que la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo. Se precisa en el apartado 2 lo siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>«Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. En defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez por ciento de la jornada de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>Dicha distribución deberá respetar en todo caso los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la prestación de trabajo resultante de aquella.»</p>
<p class='parrafo_2'>De acuerdo con la regulación legal la concreción de la jornada laboral se contiene en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo, pudiendo establecerse en convenio o acuerdo colectivo una distribución irregular a lo largo del año, disponiendo la empresa en defecto de pacto de un 10% de la jornada para su distribución irregular. En cualquier caso, esto es, ya sea con distribución irregular de jornada regulada en el convenio colectivo o bien acordada por la empresa, las personas trabajadoras deben conocer con cinco días de antelación la distribución irregular de la misma.</p>
<p class='parrafo'>2. Explica el Tribunal Supremo en su sentencia de 11 de diciembre de 2019, Recurso 147/2018, que «el art. 34.2 ET permite la distribución irregular de la jornada acordada en convenio colectivo o acuerdo de empresa, sin limitación alguna; el límite del 10% solo opera en defecto de pacto y, por consiguiente, en el convenio se podría haber pactado cualquier porcentaje de horas o días de distribución irregular.</p>
<p class='parrafo'>Sin embargo, como pusimos de relieve en nuestra STS de 16 de abril de 2014, Rec. 183/2013, no sucede lo mismo en relación al plazo de preaviso porque, en un párrafo distinto de ese mismo precepto estatutario, junto a la garantía del descanso diario y semanal, se establece la garantía del preaviso de cinco días, y ese plazo, que, ampliándolo, igualmente podría haberse mejorado, no cabe empeorarlo, como hace el convenio, reduciéndolo hasta 48 horas. La previsión legal constituye una disposición de derecho necesario relativo en cuanto contempla que 'el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la prestación resultante'. Y tal exigencia no se aplica, únicamente, a la distribución irregular que el artículo 34.2 ET ha previsto que pueda utilizar el empresario, cuando no existe previsión convencional o pacto de empresa en la materia. Al contrario, la necesidad del preaviso de cinco días a que nos referimos, así como el respeto a los períodos mínimos de descanso diario y semanal, se impone a toda distribución irregular de la jornada con independencia de cual sea su fuente reguladora. En definitiva, la norma vigente (el artículo 34.2 ET) reconoce, en términos amplios, la posibilidad de que la autonomía colectiva establezca un sistema de distribución irregular del tiempo de trabajo, siempre que tal regulación respete la jornada anual aplicable, los descansos mínimos semanal y diario y se preavise al trabajador con cinco días de antelación del día y hora de la prestación laboral resultante de la distribución irregular.»</p>
<p class='parrafo'>3. Debe traerse a colación también el apartado 8 del artículo 34 ET, que dispone que «Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.</p>
<p class='parrafo'>Señalábamos en la sentencia de esta Sala de 27 de julio de 2020, autos de CCO 42/2020, que las diversas medidas que pueden establecerse en normas colectivas relativas a la flexibilidad horaria, son medidas que con arreglo al art. 34.8 del E.T tienen por objeto para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, (…) lo que implica que de cara abordar cualquier interpretación de una norma convencional que trascienda a dichas medidas debe ponderarse la especial naturaleza de tales medidas que se adoptan con fundamento en los arts. 9.2 y 14 CE para garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres - en este sentido basta la lectura de las exposiciones de motivos tanto de la Ley 39/1999, como de la LO 3/2007 de Igualdad efectiva de mujeres y hombres, como del ya citado RD Ley 6/2.019-, debe propiciarse aquel criterio hermenéutico más favorable al ejercicio del derecho de conciliación –en este mismo sentido STS de 13-11.2019 (rec.75/2.018)–.</p>
<p class='parrafo'>En este sentido, recordábamos en la SAN de 21-1-2020 –proc. 245 /2020– que:</p>
<p class='parrafo_2'>“La STC 26/2011 afirma que 'la dimensión constitucional de todas aquellas medidas normativas tendentes a facilitar la compatibilidad de la vida laboral y familiar de los trabajadores, tanto desde la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón de sexo o por razón de las circunstancias personales (art. 14 CE) como desde la del mandato de protección a la familia y a la infancia (art. 39 CE), ha de prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa en cada caso concreto, habida cuenta de que el efectivo logro de la conciliación laboral y familiar constituye una finalidad de relevancia constitucional fomentada en nuestro ordenamiento a partir de la Ley 39/1999, que adoptó medidas tendentes a lograr una efectiva participación del varón trabajador en la vida familiar a través de un reparto equilibrado de las responsabilidades familiares, objetivo que se ha visto reforzado por disposiciones legislativas ulteriores, entre las que cabe especialmente destacar las previstas en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en cuya exposición de motivos se señala que las medidas en materia laboral que se establecen en esta ley pretenden favorecer la conciliación de la vida personal, profesional y familiar de los trabajadores, y fomentar una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de las obligaciones familiares.'”»</p>
<p class='parrafo_2'>4. Con estos mimbres legales y jurisprudenciales, en los que se pone de manifiesto la necesidad de armonizar adecuadamente el tiempo de trabajo, tanto desde la perspectiva empresarial como desde la de las personas trabajadoras, hemos de analizar los preceptos del convenio colectivo impugnados por la parte demandante, artículos 91, 98, 99 y 104. Todos ellos están incluidos en el Capítulo VI del Convenio que regula la jornada, y en concreto el artículo 91 se incluye en la Sección III, «Jornada trabajadores sujetos a turnos», y específicamente en el apartado «A) Jornada a turnos general»; el artículo 98 se contiene en el apartado «B) Disposiciones específicas Dirección Servicios Aeroportuarios», de la misma sección, mientras que el artículo 99 figura en el apartado «C) Disposiciones específicas Dirección Técnica»; por último el artículo 104 se inserta en la «Sección IV. Jornada irregular».</p>
<p class='articulo'>Cuarto. Jornada a turnos general.</p>
<p class='parrafo'>1. El artículo 91 del convenio colectivo de personal de tierra de Iberia dispone lo siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>«91. Cambios</p>
<p class='parrafo'>La Dirección podrá realizar hasta dos cambios de turno por trabajador y mes, de forma equitativa.</p>
<p class='parrafo'>En las unidades no sometidas a disponibilidad, los cambios de turno que se deban o estén en función de cargas programadas de trabajo previstas en cuadrantes, se fijarán en estos y se mantendrán si tales cargas de trabajo no sufriesen modificación.</p>
<p class='parrafo'>Los cambios de turno debidos a incidencias no previsibles requerirán un preaviso de 48 horas, salvo circunstancias excepcionales.</p>
<p class='parrafo'>Se entiende por cambio, la variación de turno que se pueda imponer a un trabajador en relación con la programación efectuada para el mismo al comienzo de cada temporada. Se considerará un solo cambio cuando se altere el turno en uno o varios días consecutivos dentro de la misma semana de programación. Si existieran alteraciones en varios días no consecutivos o si en éstos hubiera turnos diferentes, se considerará un cambio por cada alteración. En cualquier caso, la vuelta al turno original que tenga programado en la semana en que se realice el mismo no tendrá consideración de nuevo cambio.</p>
<p class='parrafo'>A los únicos efectos de cambios de turno, el servicio de madrugue se tendrá en cuenta, para el cómputo del número de cambios, a excepción del pase del servicio de madrugue al turno B o viceversa.»</p>
<p class='parrafo_2'>2. Para un adecuado análisis del precepto hemos de tener en cuenta también los artículos que le preceden, en concreto el artículo 85 que establece que en los centros de trabajo con 8 horas de jornada diaria y 1.712 horas de jornada anual, la dirección programa anualmente y por temporada 121 días libres que incluyen 103 descansos semanales y 18 días libres festivos, y precisa que «la programación definitiva se realizará en función de las cargas de trabajo al menos 15 días antes al mes natural en que deba tener efecto». Quiere ello decir que el convenio establece la manera en que debe determinarse la jornada, de tal forma que el personal conoce la distribución regular de su jornada mensual con 15 días de antelación a su efectividad.</p>
<p class='parrafo'>Además el párrafo cuarto del artículo impugnado precisa lo que se entiende por cambio, que no es más que la variación del turno programado que tenía el/la trabajador/a al comienzo de cada temporada, es decir, del juego combinado de ambos preceptos resulta que las personas trabajadoras tienen determinada su jornada de trabajo («programación» en términos del convenio) al inicio de cada temporada y mensualmente con 15 días de antelación, por lo que cualquier cambio sobre esa jornada previamente determinada supone redistribuir lo ya distribuido previamente, y como el cambio nace de la voluntad de la empresa nos encontramos ante una distribución irregular de la jornada, sujeta por lo tanto, y con independencia de su origen legal o convencional, al límite de preaviso de 5 días contenido en el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores y que el precepto impugnado no respeta.</p>
<p class='articulo'>Quinto. Jornada de trabajadores en Dirección de Servicios Aeroportuarios.</p>
<p class='parrafo'>1. El siguiente precepto impugnado es el artículo 98, que regula la jornada de trabajadores fijos a tiempo completo (FITC), no sujetos a jornada irregular y que prestan servicios en régimen de flexibilidad en la Dirección de Servicios Aeroportuarios, en los Centros de Trabajo de los Aeropuertos.</p>
<p class='parrafo'>El apartado 2 del artículo contiene la regulación de la distribución de la jornada, disponiendo lo siguiente: «La distribución de la jornada será potestad de la Dirección de la Compañía, en función de sus necesidades, y se realizará, con carácter anual, para cada Aeropuerto/Terminal de Carga, pudiendo hacerse en una Temporada (A) o en dos Temporadas (A y B), conforme a los siguientes parámetros:</p>
<p class='parrafo_2'>– Temporada A:</p>
<p class='parrafo_2'>La empresa determinará el número de horas de jornada diaria a realizar por Aeropuerto en turnos de entre 6 y 8 horas, pudiendo fijarse la duración de la jornada con fracciones de hasta quince minutos.</p>
<p class='parrafo'>El número de horas de jornada diaria, establecido conforme al apartado anterior, será el mismo durante toda la temporada. No obstante lo anterior, durante la vigencia del XXI Convenio Colectivo, para los aeropuertos de Madrid y Barcelona, en caso de que haya dos temporadas A, el número de horas podrá variar en cada una de ellas.</p>
<p class='parrafo_2'>– Temporada B:</p>
<p class='parrafo_2'>La empresa determinará el número de horas de jornada diaria a realizar en horarios de entre 6 y 9 horas, con el ajuste que sea preciso para alcanzar, sin superar, las 1.712 horas de jornada anual efectiva. El número de horas de cada jornada podrá variar diariamente.</p>
<p class='parrafo'>En cualquiera de las dos temporadas, el trabajador percibirá la dieta regulada en el artículo 127 que corresponda al turno/horario realizado, no obstante la duración de la jornada diaria que se establezca.</p>
<p class='parrafo'>Se podrá programar hasta un máximo de seis meses en Temporada B.»</p>
<p class='parrafo_2'>2. En cuanto a la programación de la jornada anual, el apartado 3.1 dispone que la empresa establecerá y publicará con carácter anual el número de días de presencia hasta un máximo de 226, los días libres y vacaciones, las horas de jornada en la Temporada A y la definición de los meses de Temporada A para cada Aeropuerto/Terminal de Carga, siendo 6 el número mínimo de meses que deberá tener esta temporada. Los meses de las temporadas A o B podrán ser programados de forma continuada, o alternándose entre ellos, pero siempre respetando el periodo mínimo de 6 meses para la temporada A y sin que la alternancia pueda generar más de tres temporadas al año. Los apartados 3.2 y 3.3 regulan respectivamente la programación de la Temporada A y la de la Temporada B, precisándose respecto a la programación mensual que en la Temporada A «con una antelación mínima de 15 días sobre el comienzo de cada mes, se publicarán los turnos definitivos de cada trabajador, con una movilidad o flexibilidad sobre la hora de entrada publicada al inicio de la temporada, de más/menos 1 hora (en el caso de los turnos básicos, esta flexibilidad de más/menos 1 hora se aplicará dentro de las franjas horarias definidas en el Anexo III), en función de las necesidades operativas, sin que tal flexibilidad tenga la consideración de cambio a ningún efecto. Dicha flexibilidad de más/menos 1 hora no será de aplicación al servicio de madrugue; y en cuanto a la Temporada B que con una antelación mínima de 15 días sobre el comienzo de cada mes, se publicarán los horarios de cada trabajador, en función de las necesidades operativas».</p>
<p class='parrafo'>3. Los cambios aparecen regulados en el apartado 4 del artículo 98:</p>
<p class='parrafo_2'>«Cambios. Sobre la programación mensual definitiva publicada, la empresa podrá realizar, hasta dos cambios de turnos (temporada A) u horarios (temporada B) por trabajador y mes, de forma equitativa.</p>
<p class='parrafo'>Los referidos cambios debidos a incidencias no previsibles requerirán un preaviso de, al menos, 48 horas, salvo circunstancias excepcionales.</p>
<p class='parrafo'>Se entiende por cambio la variación de los turnos (temporada A) u horarios (temporada B) que se pueda imponer a un trabajador en relación con la programación mensual definitiva efectuada. A estos efectos:</p>
<p class='parrafo_2'>– Temporada A: Se considerará un solo cambio cuando se altere el turno en uno o varios días consecutivos dentro de la misma semana de programación. Si existieran alteraciones en varios días no consecutivos o si en estos hubiera turnos diferentes, se considerará un cambio por cada alteración. En cualquier caso, la vuelta al turno original que tenga programado, en la semana en que se realice el mismo no tendrá consideración de nuevo cambio.</p>
<p class='parrafo'>– Temporada B: Se considerará un solo cambio las modificaciones de horarios y/o jornadas que se produzcan en una semana natural, se modifique un solo día o varios de dicha semana natural.</p>
<p class='parrafo_2'>A estos únicos efectos, el servicio de madrugue se tendrá en cuenta, para el cómputo del número de cambios, a excepción del pase del servicio de madrugue al turno B o viceversa.</p>
<p class='parrafo'>Se establece la posibilidad de cambiar turnos y/o bloques horarios entre los trabajadores fijos de jornada regular y los fijos de jornada irregular, siempre que coincidan el número de horas a realizar y permita este cambio cubrir los servicios asignados por la Compañía.</p>
<p class='parrafo'>No obstante lo anterior, dichos cambios no alterarán, en ningún caso, la condición de trabajador fijo de jornada regular/fijo de jornada irregular, ni generará de ningún modo la adquisición de los derechos y condiciones aplicables al trabajador con el que se realice el cambio».</p>
<p class='parrafo_2'>4. De acuerdo con la literalidad del precepto, los cambios operan sobre la programación mensual definitiva, esto es, sobre la jornada determinada por la empresa, por lo que cualquier alteración de la misma supone, como en el caso anterior, una redistribución de la jornada definitiva previamente fijada por la dirección de la empresa, esto es, una distribución irregular de la jornada y sujeta, por ello, al reclamado límite de preaviso de 5 días contemplado en el Estatuto de los Trabajadores.</p>
<p class='articulo'>Sexto. Jornada de personas trabajadoras en Dirección Técnica.</p>
<p class='parrafo'>1. El siguiente precepto impugnado es el artículo 99, que regula la jornada de trabajadores no sujetos a jornada fraccionada que prestan servicios en régimen de flexibilidad en la Dirección Técnica. En la Dirección Técnica, se establece, con pleno respeto del régimen legal de jornadas y descansos, una redistribución de la jornada laboral para el personal en régimen de turnos tal y como se detalla en el presente artículo.</p>
<p class='parrafo'>Dos son los extremos que impugna la parte demandante, el primero es el apartado 6.1, en concreto el inciso «lo cual será comunicado al trabajador con al menos 48 horas de antelación» contenido en el párrafo tercero del citado apartado que regula los turnos en los siguientes términos:</p>
<p class='parrafo_2'>«El régimen de flexibilidad para la Dirección Técnica incluirá al margen del sistema de bolsa de horas la posibilidad de realizar, por parte de la Empresa, hasta dos cambios de turno programado por trabajador y mes de acuerdo con el régimen previsto en el artículo 91 del presente Convenio Colectivo.</p>
<p class='parrafo'>La Dirección Técnica, en el momento de fijar los turnos aplicables por temporada, indicará los departamentos/secciones en las que se programará un turno de noche (con respeto en todo caso de la normativa legal sobre el trabajo nocturno). En las secciones/departamentos que, teniendo un turno de «noche» programado en cuadrante no se requiera su realización, éste pasará a realizarse como otro turno, salvo que por necesidades de la producción se requiera su realización, lo cual le será comunicado al trabajador con al menos 48 horas de antelación. El cambio del turno de «noche» a otro turno no implicará la modificación de la cantidad que en concepto de plus de flexibilidad se venga percibiendo.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, el cambio de turno derivado de la no realización del turno de noche, no computará a los efectos de lo establecido en el antes citado Artículo 91 del Convenio Colectivo, ni estará comprendido dentro del uso de la bolsa de horas».</p>
<p class='parrafo_2'>2. Ya hemos resuelto en el fundamento de derecho tercero que el preaviso de 48 horas para los cambios contemplados en el artículo 91 del convenio no se ajustan al Estatuto de los Trabajadores, por lo que la remisión a dicho precepto resulta ineficaz. Además el párrafo tercero regula una redistribución del turno de noche programado y no realizado, que pasaría a realizarse como otro turno, si bien este nuevo turno puede ser modificado nuevamente con 48 horas de antelación por necesidades de la producción que requiera su realización (parece que se refiere al inicial turno de noche programado), encontrándonos como en los casos anteriores con una doble redistribución de la jornada que queda sujeta a la decisión empresarial y por ello debe ajustarse al canon de preaviso del artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores.</p>
<p class='parrafo'>3. El segundo extremo del artículo 99 del convenio e impugna es el contenido en el apartado 6.3.1, que regula los tiempos de aviso dentro de los criterios de gestión de la bolsa de horas, y cuyo párrafo primero dice que «Como principio general, los avisos al trabajador que se encuentre en su turno de trabajo, se realizarán con la mayor antelación posible a partir del momento de la identificación de la necesidad (variación no previsible de la carga de trabajo). Los avisos con plazos inferiores a 24 horas se reservarán a casos imprevistos como los siguientes: AOG, riesgo de incumplimiento con impacto en TAT comprometido con el cliente, o inoperatividad de las instalaciones, equipos, u otras razones que afecten al proceso productivo en supuestos de relevancia para el negocio. No obstante, en estos casos en los que el aviso se produzca con menos de 24 horas, se dará oportuna justificación a la representación de los trabajadores». Añade el segundo párrafo lo siguiente: «En el supuesto de que el trabajador sea requerido en su tiempo libre o en su tiempo de descanso y se encuentre fuera de su centro de trabajo, con el fin de acudir a la cobertura de alguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, se le abonará la cantidad establecida al efecto en el Anexo I, sin perjuicio del abono de las horas correspondientes por uso de la bolsa horas».</p>
<p class='parrafo'>4. Se establece así la posibilidad de que la empresa modifique los turnos asignados al personal en régimen de flexibilidad en la dirección técnica, sin plazo alguno de preaviso pues se limita a señalar que los avisos se realizarán «con la mayor antelación posible» y precisa determinados supuestos (AOG, inoperatividad de las instalaciones, etc.) en los que se puede avisar con menos de 24 horas de antelación. Del segundo párrafo se deduce que estos llamamientos se pueden realizar incluso si la persona trabajadora se encuentra en su tiempo libe o en su tiempo de descanso. En definitiva, la empresa tiene una libertad casi total para modificar los turnos de los trabajadores dentro de la bolsa de horas, que no es más que una distribución flexible, o irregular, de una parte de la jornada anual de 1.712 horas que tiene este personal.</p>
<p class='parrafo'>Se afirma por la empresa que esta previsión convencional en la práctica no se aplica en virtud de acuerdo de la comisión de seguimiento del convenio de 22 de enero de 2021, sin embargo la prueba practicada lo que acredita es que el acuerdo se produce en el seno de la comisión de seguimiento del acuerdo de flexibilidad de la dirección técnica, que no es ni la comisión mixta prevista en el artículo 25 del convenio, ni la comisión negociadora que se cita precisamente en el artículo 99.7, no teniendo por ello competencia para derogar el precepto impugnado, y también se ha probado que es de aplicación durante el período de ERTE de fuerza mayor, por lo que su vigencia persiste extramuros del citado ERTE. En definitiva, el sistema de modificación de turnos contemplado en el artículo 99.6.3.1 párrafo primero del convenio colectivo de aplicación no se ajusta al preaviso mínimo contemplado en el artículo 34.2 ET.</p>
<p class='articulo'>Séptimo. Jornada irregular.</p>
<p class='parrafo'>1. El último artículo convencional que se impugna es el 104, que regula la jornada irregular. Es la empresa la que fija los días de presencia con carácter anual en función de sus necesidades, entre un mínimo de 215 y un máximo de 234 días de presencia, programando igualmente los descansos semanales y 18 festivos, todo ello dentro del máximo de jornada anual de 1.712 horas. Igualmente se programan, también anualmente y por temporada, los días libres incluyendo descansos semanales y festivos, entre 99 y 120 días como máximo, y se libran un mínimo de 11 domingos al año, completándose así los 365 días del año. Se prevé además que «la jornada diaria podrá tener una duración máxima de hasta 9 horas y una duración mínima de 5 horas, respetándose en cualquier caso el descanso mínimo entre jornadas previsto en el Estatuto de los Trabajadores, y que la Empresa programará los horarios mensuales con 15 días de antelación».</p>
<p class='parrafo'>Los cambios se regulan de la siguiente manera: «De producirse cambios en la programación de vuelos de las Empresas aéreas, o incremento o reducción de los mismos, la Empresa podrá variar el horario y/o la jornada establecida, con un preaviso de una semana, hasta un máximo de tres cambios al mes, sin que ello implique en ningún caso modificación sustancial de las condiciones de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>Se define como un cambio, las modificaciones de horarios y/o jornadas que se produzcan en una semana natural, se modifique un solo día o varios de dicha semana natural.</p>
<p class='parrafo'>Adicionalmente, y sin que compute en el número de cambios mensuales, podrán modificarse, igualmente, los horarios y/o jornadas, con un preaviso de 48 horas salvo circunstancias excepcionales, si se dieran incidencias imprevistas».</p>
<p class='parrafo'>2. De la lectura de los párrafos transcritos resulta que existen tres tipos de cambios en horarios y/o jornadas: los que se preavisan con una semana de antelación por modificación en la programación de vuelos de las empresas aéreas o por incremento o reducción de los mismos; los que se preavisan con 48 horas de antelación si se dan incidencias imprevistas; y los que no están sujetos a plazo alguno debido a circunstancias excepcionales.</p>
<p class='parrafo'>Los dos últimos supuestos no se ajustan a lo previsto en el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores, y sin que las razones dadas por la empresa para justificar su validez, referidas a que se trata de incrementos o disminuciones de la carga de trabajo imprevisibles, aleatorios y perentorios sean atendibles. Por una parte el convenio regula el preaviso de una semana en todo lo relativo a cambios que proceden de las empresas aéreas, lo que revela la posibilidad de tomar en consideración las distintas situaciones que inciden en la actividad del personal de tierra de la empresa demandada y ajustar así al preaviso legal el régimen de cambios. Los fenómenos meteorológicos adversos se predicen cada vez con mayor antelación y exactitud, por lo que gran parte de ellos podrían ajustarse al preaviso legal. Respecto a situaciones verdaderamente imprevistas (ceniza volcánica en suspensión que afecta a la operatividad aérea por cambio de la dirección del viento, desplazamiento de autoridades del Estado, etc.), pueden atenderse adecuadamente a través de otras formas de organización del personal como pueden ser guardias, retenes, horas extraordinarias, etc.</p>
<p class='parrafo'>Todo lo expuesto lleva a la estimación de la demanda.</p>
<p class='parrafo_2'>Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,</p>
<p class='centro_redonda'>FALLAMOS</p>
<p class='parrafo_2'>En la demanda de impugnación de convenio colectivo promovida por Coordinadora Estatal Sector Handling Aéreo (CESHA), frente a Iberia LAE, S.A. Operadora, S.U., estimamos la demanda y declaramos la nulidad parcial del XXI Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España SA, Operadora S unipersonal, en los siguientes extremos:</p>
<p class='parrafo_2'>– Artículo 91, párrafo tercero: «Los cambios de turno debidos a incidencias no previsibles requerirán un preaviso de 48 horas, salvo circunstancias excepcionales».</p>
<p class='parrafo'>– Artículo 98.3.4, párrafo segundo: «Los referidos cambios debidos a incidencias no previsibles requerirán un preaviso de, al menos, 48 horas, salvo circunstancias excepcionales».</p>
<p class='parrafo'>– Artículo 99.6.1, párrafo tercero, la expresión «lo cual le será comunicado al trabajador con al menos 48 horas de antelación».</p>
<p class='parrafo'>– Artículo 99.6.3.1, párrafo primero, las frases «Los avisos con plazos inferiores a 24 horas se reservarán a casos imprevistos como los siguientes: AOG, riesgo de incumplimiento con impacto en TAT comprometido con el cliente, o inoperatividad de las instalaciones, equipos, u otras razones que afecten al proceso productivo en supuestos de relevancia para el negocio. No obstante, en estos casos en los que el aviso se produzca con menos de 24 horas, se dará oportuna justificación a la representación de los trabajadores».</p>
<p class='parrafo'>– Artículo 104.3, párrafo decimotercero: «Adicionalmente, y sin que compute en el número de cambios mensuales, podrán modificarse, igualmente, los horarios y/o jornadas, con un preaviso de 48 horas salvo circunstancias excepcionales, si se dieran incidencias imprevistas».</p>
<p class='parrafo_2'>Se condena a la parte demandada a estar y pasar por la declaración anterior. Comuníquese a la autoridad laboral y procédase a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» una vez firme la presente.</p>
<p class='parrafo'>Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que, contra la misma cabe recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el plazo de cinco días hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante manifestación de la parte o de su abogado, graduado social o representante al serle notificada, o mediante escrito presentado en esta Sala dentro del plazo arriba señalado.</p>
<p class='parrafo'>Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el Recurso de Casación, el recurrente, si no goza del beneficio de Justicia Gratuita, deberá acreditar haber hecho el depósito de 600 euros previsto en art. 229.1.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, haber consignado la cantidad objeto de condena de conformidad con el art. 230 del mismo texto legal, todo ello en la cuenta corriente que la Sala tiene abierta en el Banco de Santander Sucursal de la Calle Barquillo, 49, si es por transferencia con el n.º 0049 3569 92 0005001274 haciendo constar en las observaciones el n.º 2419 0000 00 0280 21 (IBAN ES55); si es en efectivo en la cuenta n.º 2419 0000 00 0280 21 (IBAN ES55), pudiéndose sustituir la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista.</p>
<p class='parrafo'>Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al libro de sentencias.</p>
<p class='parrafo_2'>Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.</p>
</texto>
</documento>
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Thu Jan 20 08:12:31 +0000 2022
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Visto el fallo de la Sentencia de fecha 22 de diciembre de 2021 dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, recaída en el procedimiento n.º 280/2021, seguido por demanda de la Coordinadora Estatal Sector Handling Aéreo (CESHA) contra la empresa Iberia LAE, S.A., Operadora y los sindicatos Unión General de Trabajadores, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Asociación Sindical Española de Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico, Unión Sindical Obrera, y siendo parte el Ministerio Fiscal, sobre impugnación de Convenio colectivo,
Y teniendo en consideración los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.
En el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de julio de 2020 se publicó la resolución de la Dirección General de Trabajo, de 2 de julio de 2020, en la que se ordenaba inscribir en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de ese Centro Directivo y publicar en el «Boletín Oficial del Estado» el XXI Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A., Operadora S. Unipersonal (código de convenio número: 90002660011981).
Segundo.
El 28 de diciembre de 2021 tuvo entrada en la Oficina de Asistencia en Materia de Registros del Departamento la sentencia antecitada de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en cuyo fallo se declara la nulidad parcial del XXI Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora S. Unipersonal, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de julio de 2020.
Fundamentos de Derecho
Primero.
De conformidad con lo establecido en el artículo 166.3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, cuando la sentencia sea anulatoria, en todo o en parte, del convenio colectivo impugnado y éste hubiera sido publicado, también se publicará en el Boletín Oficial en que aquél se hubiere insertado.
En consecuencia, esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de dicha Sentencia de la Audiencia Nacional dictada el día 22 de diciembre de 2021, recaída en el procedimiento n.º 280/2021 y relativa al Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A., Operadora S. Unipersonal, en el correspondiente Registro de convenios, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de enero de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez Barbero.
AUDIENCIA NACIONAL
Sala de lo Social
MADRID
Letrada de la Administración de Justicia D.ª Marta Jaureguizar Serrano
Sentencia n.º 262/2021
Fecha de Juicio: 1/12/2021.
Fecha Sentencia: 22/12/2021.
Fecha Auto Aclaración:
Tipo y núm. Procedimiento: Impugnación de Convenios 280/2021.
Materia: Impug. Convenios.
Ponente: José Luis Niño Romero.
Demandante/s: Coordinadora Estatal Sector Handling Aéreo (CESHA).
Demandado/s: Iberia LAE, SA, Operadora, SU, Unión General de Trabajadores (UGT), Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), Asociación Sindical Española de Técnicos Mantenimiento Aeronáutico (ASETMA), Unión Sindical Obrera (USO), Ministerio Fiscal.
Resolución de la Sentencia: Estimatoria.
Breve Resumen de la Sentencia: Se reclama la nulidad parcial de determinados artículos del convenio del personal de tierra de Iberia, en concreto de los artículos 91, 98, 99 y 104, que establecen un preaviso de 48 horas para que la empresa comunique cambios de turno/horario/jornada por incidencias no previsibles. La parte demandante entiende que se trata de un supuesto de distribución irregular de jornada (DIJ) del artículo 34.2 ET y por ello debe respetarse el plazo de preaviso de 5 días allí previsto, al ser una norma de derecho mínimo necesario relativo. La empresa entiende que, salvo el supuesto del artículo 99 que lo reconoce, no estamos ante una DIJ pues los cambios no afectan a la jornada sino al turno o al horario, y además se trataría de cambios no previsibles para los que la empresa debe poder actuar.
Estimar demanda: la empresa establece la jornada correspondiente a cada supuesto regulado en los citados preceptos, lo que hace para un período determinado (mes/año) y con una antelación a su efectividad, generalmente de 15 días al mes en que tiene efecto, por lo que el personal ya conoce la distribución «regular» de la jornada realizada por la empresa. Si posteriormente esa programación se cambia, estamos entonces ante una distribución irregular de jornada pues se modifica por la propia empresa lo inicialmente programado, lo que encaja en el artículo 34.2 ET que exige un preaviso de 5 días, lo que no se respeta en el Convenio colectivo. Derecho a la conciliación de la vida personal y familiar de las personas trabajadoras. Además el propio convenio contempla un preaviso de 7 días para determinados supuestos de jornada irregular que permiten entender que la empresa puede cumplir con el artículo 34.2 ET en la mayoría de los casos.
Aud. Nacional Sala de lo Social.
Goya, 14 (Madrid).
Tfno.: 914007258.
Correo electrónico:
Equipo/usuario: MAD.
NIG: 28079 24 4 2021 0000289.
Modelo: ANS105 Sentencia.
IMC Impugnación de Convenios 0000280/2021.
Procedimiento de origen: /
Sobre: Impug. Convenios.
Ponente Ilmo. Sr: Jose Luis Niño Romero.
Sentencia 262/2021
Ilmo. Sr. Presidente: D. José Pablo Aramendi Sánchez
Ilmos/as. Sres./Sras. Magistrados/as:
D.ª Emilia Ruiz-Jarabo Quemada.
D. José Luis Niño Romero.
En Madrid, a veintidós de diciembre de dos mil veintiuno.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres./as. Magistrados/as citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
Han dictado la siguiente
SENTENCIA
En el procedimiento Impugnación de Convenios 0000280/2021 seguido por demanda de Coordinadora Estatal Sector Handling Aéreo (CESHA) (Letrado Alberto Moreno Solé) contra Iberia LAE, SA, Operadora, SU (Letrado Adriano Gómez García-Bernal), Unión General de Trabajadores (no comparece), Confederación Sindical de Comisiones Obreras (no comparece), Asociación Sindical Española de Técnicos Mantenimiento Aeronáutico (no comparece), Unión Sindical Obrera (no comparece), Ministerio Fiscal sobre Impug. Convenios. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. José Luis Niño Romero.
Antecedentes de hecho
Primero.
Según consta en autos, el día 28.09.2021 se presentó demanda, en nombre y representación de la parte actora, Coordinadora Estatal Sector Handling Aéreo (CESHA), en materia de impugnación de convenio colectivo, que la dirigió inicialmente frente a Iberia LAE, S.A. Operadora, S.U., Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unión General de Trabajadores (UGT), Unión Sindical Obrera (USO) y Asociación Sindical Española de Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico (ASETMA).
Segundo.
La Sala acordó el registro de la demanda con el número 280/2021 y designó ponente señalándose el día 1 de diciembre de 2021 para los actos de conciliación y, en su caso, juicio.
Tercero.
Abierto el acto del juicio, el letrado de la parte actora se afirmó y ratificó en su escrito de demanda solicitando se dicte sentencia por la que la que:
A) Que se declare la nulidad parcial del tercer párrafo del artículo 91 del XXI convenio colectivo del personal de tierra, Iberia, Líneas Aéreas de España SA, operadora S Unipersonal, que establece que: «Los cambios de turno debidos a incidencias no previsibles requerirán un preaviso de 48 horas, salvo circunstancias excepcionales», condenando a la empresa a estar y pasar por dicha declaración.
B) Que se declare la nulidad parcial de lo expuesto en el segundo párrafo del punto 3.4. del artículo 98 del XXI convenio colectivo del personal de tierra, IBERIA, Líneas Aéreas de España SA, operadora S unipersonal, que establece que: «Los referidos cambios debidos a incidencias no previsibles requerirán un preaviso de, al menos, 48 horas, salvo circunstancias excepcionales», condenando a la empresa a estar y pasar por dicha declaración.
C) Que se declare la nulidad parcial de lo expuesto en el punto 6.1. párrafo tercero de los cuatro del artículo 99 del XXI convenio colectivo del personal de tierra, Iberia, Líneas Aéreas de España SA, operadora S unipersonal, que establece que: «lo cual le será comunicado al trabajador con al menos 48 horas de antelación. Así como del mismo artículo 99: apartado 6.3.1: «Los avisos con plazos inferiores a 24 horas se reservarán a casos imprevistos como los siguientes: AOG, riesgo de incumplimiento con impacto en TAT comprometido con el cliente, o inoperatividad de las instalaciones, equipos, u otras razones que afecten al proceso productivo en supuestos de relevancia para el negocio. No obstante, en estos casos en los que el aviso se produzca con menos de 24 horas, se dará oportuna justificación a la representación de los trabajadores. »condenando a la empresa a estar y pasar por dicha declaración.
D) Que se declare la nulidad parcial de lo expuesto en el apartado 3 del artículo 104 del XXI convenio colectivo del personal de tierra, IBERIA, Líneas Aéreas de España SA, operadora S unipersonal, párrafo treceavo, que establece que «Adicionalmente, y sin que compute en el número de cambios mensuales, podrán modificarse, igualmente, los horarios y/o jornadas, con un preaviso de 48 horas salvo circunstancias excepcionales, si se dieran incidencias imprevistas.», condenando a la empresa a estar y pasar por dicha declaración.
La empresa demandada se opuso a la demanda, al entender que en el caso de los artículos 91 y 98 del Convenio colectivo no nos encontramos ante un supuesto de distribución irregular de jornada, sino que son cambios de turnos y de horarios y por ello no es de aplicación el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores (ET); respecto al artículo 99, señaló que el supuesto previsto en el apartado 6.1 responde a la misma situación expuesta de los artículos 91 y 98, mientras que en el caso del apartado 6.3.1 no se aplica en la práctica pues se acordó en la comisión de seguimiento del convenio colectivo de 22 de enero de 2021 un plazo de preaviso de 5 días; por último en referencia al artículo 104 del Convenio impugnado señaló que se justifica porque existen incrementos y disminuciones de la carga de trabajo imprevisibles, aleatorios y perentorios para la empresa.
Seguidamente se procedió a la fase de prueba proponiéndose y practicándose la documental, tras lo cual las partes elevaron sus conclusiones a definitivas.
El Ministerio Fiscal en su informe interesó la estimación de la demanda al entender que los artículos impugnados vulneran el artículo 34.2 ET así como el derecho a la conciliación de la vida personal y familiar.
Cuarto.
En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado todas las formalidades legales.
Resultado y así se declaran, los siguientes
Hechos probados
Primero.
El sindicato demandante, Coordinadora Estatal Sector Handling Aéreo (CESHA), cuenta con afiliación en la empresa demandada representación en los siguientes comités de empresa:
Comité de Empresa de Barajas: 2 miembros de 27.
Comité de Empresa de Barcelona: 3 miembros de 25.
Comité de Empresa de Tenerife: 4 miembros de 17.
Segundo.
La relaciones laborales del personal de tierra que presta servicios en la empresa demandada, Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A., Operadora S Unipersonal, se rigen por el XXI Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora S. Unipersonal (código de convenio 90002660011981), publicado en el BOE de 15 de julio de 2020.
El Capítulo VI está dedicado a la Jornada. La Sección III regula la jornada de trabajadores sujetos a turnos. El apartado A) se refiere a la jornada a tunos en general, dedicándose el artículo 91 a los cambios. El apartado B) regula Disposiciones específicas Dirección Servicios Aeroportuarios en el artículo 98, mientras que el artículo 99 contiene Disposiciones específicas Dirección Técnica. La Sección V regula la Jornada irregular en el artículo 104.
Tercero.
El día 22 de enero de 2021 se celebró una reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de flexibilidad de la Dirección Técnica, con el siguiente orden del día: Aplicación del Artículo 99.6 (2) y (3) del XXI Convenio Colectivo de Tierra durante el periodo de ERTE de Fuerza Mayor-Bolsa de horas. Se hace constar lo siguiente:
Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión de Seguimiento, analizando y velando por el cumplimiento de lo pactado en materia de flexibilidad, establece las siguientes garantías para la aplicación de la Bolsa de horas durante el periodo en el que esté vigente el ERTE por fuerza mayor:
• Se podrá utilizar la Bolsa de horas previa comprobación, por parte de la Compañía, de que no haya trabajadores afectados por el citado ERTE –adscritos a la Dirección Técnica– con el mismo conocimiento o cualificación/competencia que se requiere para realizar las tareas Imprevistas o imprevisibles que se tratan de cubrir.
• Cumplimiento del preaviso de 5 días.
• Aprobación previa del Director correspondiente con el visto bueno de Recursos Humanos.
• A través de la Comisión de Seguimiento, se realizará el seguimiento para el cumplimiento de todas las garantías y será llevado de manera directa a través de la Comisión de Seguimiento, según el procedimiento que determina el Articulo 99.7 (Comisión de Seguimiento) del XXI Convenio Colectivo de Tierra. La Comisión de Seguimiento se reunirá de forma mensual para analizar y recibir información de los movimientos efectuados en aplicación de la Bolsa de horas y circunstancias que la justifican durante el periodo de vigencia del ERTE por fuerza mayor.
En consecuencia, resultara viable la utilización de la Bolsa de horas en la Dirección Técnica durante la aplicación del ERTE por fuerza mayor con los límites convencionales y legales establecidos.
La Representación Social (RS) manifiesta su disconformidad con la utilización de la Bolsa de horas, en los términos establecidos por la empresa en esta reunión, mientras no prevalezca como garantía la desafectación al ERTE de todo aquel trabajador capacitado que requiera las variaciones no previsibles de carga de trabajo que se traten de cubrir.
De la misma manera, la RS manifiesta su disconformidad al seguimiento mensual que dispone la empresa en la aplicación de la Bolsa de horas, pues entendemos que, al ser una variación no previsible de trabajo, la comunicación e información debe ser trasladada a la Comisión de Seguimiento de forma inmediata, para su valoración y justificación.
La Representación de la Empresa (RE) por su parte manifiesta que todo queda perfectamente establecido en el procedimiento interno que se acompaña como Anexo a esta Acta.
Cuarto.
Al descriptor 56 constan las comunicaciones habidas entre la empresa demandada y la autoridad aeroportuaria competente de la República Argentina, respecto a la programación de los vuelos regulares del mes de octubre de 2021. Así el 8 de septiembre de 2021 la empresa demandada comunicó a la autoridad gubernativa competente la programación inicial de vuelos de Iberia en la modalidad Pax/Cargo, si bien el 29 de septiembre fue limitada la relación de vuelos debido a las restricciones existentes tal como figura en el documento citado.
El día 2 de octubre de 2021 la Dirección Nacional de Transporte Aéreo de Argentina comunicó a la empresa demandada que la Decisión Administrativa N° 951 de fecha 30 de septiembre del año en curso de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja sin efecto el límite de capacidad de pasajeros en los vuelos aprobados entre el 1 y 15 de octubre de 2021.
Al descriptor 57 figuran diferentes comunicaciones de aerolíneas por las que comunicaban cancelaciones de distintos vuelos al aeropuerto de La Palma en los meses de octubre y noviembre de 2021, indicándose en algunos casos como motivo de la anulación la situación de la ceniza volcánica en la isla de La Palma.
Al descriptor 58 figura una solicitud a Aena de la Subdelegación del Gobierno de Granada, para la utilización de la Sala de Autoridades del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén los días 19 y 20 de octubre de 2021 en relación con los vuelos ANE-8936 y ANE-8933.
Al descriptor 59 consta una comunicación a la empresa demandada de la aerolínea Air Algerie del día 11 de noviembre de 2021, en relación con las necesidades de prestación de servicio en tierra para el vuelo AH2642/2643 del día 12 de noviembre de 2021 en el aeropuerto de Málaga.
Al descriptor 60 consta una comunicación a la empresa demandada de la aerolínea Turkish Airlines del día 16 de septiembre de 2021 en relación con los vuelos que se reflejan en la comunicación para los siguientes días 19, 20 y 21 de septiembre de 2021.
Se han cumplido las previsiones legales.
Fundamentos de Derecho
Primero. Prueba de los hechos.
1. De conformidad con el artículo 97.2 de la LRJS los hechos declarados probados han resultado acreditados de la prueba practicada a instancia de las partes, según se especifica a continuación:
El hecho primero, conforme y descriptor 4.
El hecho segundo, por conformidad y del documento obrante al descriptor 2.
El hecho tercero de la prueba documental que figura en el descriptor 54.
El cuarto, de los documentos que constan en los descriptores 56 a 60.
Segundo. Pretensiones de las partes.
1. La demandante en el presente procedimiento interesa que se declare la nulidad parcial de los siguientes artículos del XXI Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora S Unipersonal: del artículo 91, tercer párrafo, la expresión «Los cambios de turno debidos a incidencias no previsibles requerirán un preaviso de 48 horas, salvo circunstancias excepcionales»; del artículo 98.3.4, párrafo segundo, la expresión «Los referidos cambios debidos a incidencias no previsibles requerirán un preaviso de, al menos, 48 horas, salvo circunstancias excepcionales»; del artículo 99.6.1, párrafo tercero, la expresión «lo cual le será comunicado al trabajador con al menos 48 horas de antelación», así como del mismo artículo 99 6.3.1 «Los avisos con plazos inferiores a 24 horas se reservarán a casos imprevistos como los siguientes: AOG, riesgo de incumplimiento con impacto en TAT comprometido con el cliente, o inoperatividad de las instalaciones, equipos, u otras razones que afecten al proceso productivo en supuestos de relevancia para el negocio. No obstante, en estos casos en los que el aviso se produzca con menos de 24 horas, se dará oportuna justificación a la representación de los trabajadores»; y finalmente del artículo 104.3, párrafo décimo tercero «Adicionalmente, y sin que compute en el número de cambios mensuales, podrán modificarse, igualmente, los horarios y/o jornadas, con un preaviso de 48 horas salvo circunstancias excepcionales, si se dieran incidencias imprevistas».
Alega en apoyo de la pretensión anulatoria que el preaviso contemplado en los citados artículos del convenio colectivo no respeta el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que contempla un preaviso de cinco días. Señala que es un precepto de derecho necesario relativo que no puede empeorarse para el trabajador, ni por convenio colectivo, ni por acuerdo de empresa, ni con pacto contractual entre el trabajador y el empresario, de acuerdo con la jurisprudencia unificada del Tribunal Supremo, pero sí que puede mejorarse para las personas trabajadoras
2. La parte demandada, Iberia, Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima Operadora, Sociedad Unipersonal, se opuso a la demanda, alegando que en el caso de los artículos 91 y 98 del Convenio colectivo no nos encontramos ante un supuesto de distribución irregular de jornada, sino que son cambios de turnos y de horarios y por ello no es de aplicación el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores (ET); respecto al artículo 99, señaló que el supuesto previsto en el apartado 6.1 responde a la misma situación expuesta de los artículos 91 y 98, mientras que en el caso del apartado 6.3.1 no se aplica en la práctica pues se acordó en la comisión de seguimiento del convenio colectivo de 22 de enero de 2021 un plazo de preaviso de 5 días; por último en referencia al artículo 104 del Convenio impugnado señaló que se justifica porque existen incrementos y disminuciones de la carga de trabajo imprevisibles, aleatorios y perentorios para la empresa.
En apoyo de su postura ha citado la empresa la SAN de 27 de octubre de 2017, autos IMC 233/2017, confirmada por STS de 10 de abril de 2019, Recurso 50/2018, sin que sea un caso idéntico al presente, ya que en dicho proceso se analizaba la posible discriminación del personal a tiempo parcial respecto al personal a tiempo completo por el diferente tratamiento que se contenía en el convenio colectivo respecto a los turnos de trabajo, lo que no es objeto de este procedimiento. Además se circunscribía la discusión al trabajo a turnos regulado en el artículo 28 del convenio colectivo allí analizado, y en el presente caso la impugnación es de la jornada de trabajo que no del trabajo a turnos.
Tercero. Distribución de jornada. Regulación legal y doctrina.
1. En el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores encontramos la regulación de la jornada de trabajo. Así el apartado 1 señala que la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo. Se precisa en el apartado 2 lo siguiente:
«Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. En defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez por ciento de la jornada de trabajo.
Dicha distribución deberá respetar en todo caso los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la prestación de trabajo resultante de aquella.»
De acuerdo con la regulación legal la concreción de la jornada laboral se contiene en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo, pudiendo establecerse en convenio o acuerdo colectivo una distribución irregular a lo largo del año, disponiendo la empresa en defecto de pacto de un 10% de la jornada para su distribución irregular. En cualquier caso, esto es, ya sea con distribución irregular de jornada regulada en el convenio colectivo o bien acordada por la empresa, las personas trabajadoras deben conocer con cinco días de antelación la distribución irregular de la misma.
2. Explica el Tribunal Supremo en su sentencia de 11 de diciembre de 2019, Recurso 147/2018, que «el art. 34.2 ET permite la distribución irregular de la jornada acordada en convenio colectivo o acuerdo de empresa, sin limitación alguna; el límite del 10% solo opera en defecto de pacto y, por consiguiente, en el convenio se podría haber pactado cualquier porcentaje de horas o días de distribución irregular.
Sin embargo, como pusimos de relieve en nuestra STS de 16 de abril de 2014, Rec. 183/2013, no sucede lo mismo en relación al plazo de preaviso porque, en un párrafo distinto de ese mismo precepto estatutario, junto a la garantía del descanso diario y semanal, se establece la garantía del preaviso de cinco días, y ese plazo, que, ampliándolo, igualmente podría haberse mejorado, no cabe empeorarlo, como hace el convenio, reduciéndolo hasta 48 horas. La previsión legal constituye una disposición de derecho necesario relativo en cuanto contempla que 'el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la prestación resultante'. Y tal exigencia no se aplica, únicamente, a la distribución irregular que el artículo 34.2 ET ha previsto que pueda utilizar el empresario, cuando no existe previsión convencional o pacto de empresa en la materia. Al contrario, la necesidad del preaviso de cinco días a que nos referimos, así como el respeto a los períodos mínimos de descanso diario y semanal, se impone a toda distribución irregular de la jornada con independencia de cual sea su fuente reguladora. En definitiva, la norma vigente (el artículo 34.2 ET) reconoce, en términos amplios, la posibilidad de que la autonomía colectiva establezca un sistema de distribución irregular del tiempo de trabajo, siempre que tal regulación respete la jornada anual aplicable, los descansos mínimos semanal y diario y se preavise al trabajador con cinco días de antelación del día y hora de la prestación laboral resultante de la distribución irregular.»
3. Debe traerse a colación también el apartado 8 del artículo 34 ET, que dispone que «Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.
Señalábamos en la sentencia de esta Sala de 27 de julio de 2020, autos de CCO 42/2020, que las diversas medidas que pueden establecerse en normas colectivas relativas a la flexibilidad horaria, son medidas que con arreglo al art. 34.8 del E.T tienen por objeto para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, (…) lo que implica que de cara abordar cualquier interpretación de una norma convencional que trascienda a dichas medidas debe ponderarse la especial naturaleza de tales medidas que se adoptan con fundamento en los arts. 9.2 y 14 CE para garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres - en este sentido basta la lectura de las exposiciones de motivos tanto de la Ley 39/1999, como de la LO 3/2007 de Igualdad efectiva de mujeres y hombres, como del ya citado RD Ley 6/2.019-, debe propiciarse aquel criterio hermenéutico más favorable al ejercicio del derecho de conciliación –en este mismo sentido STS de 13-11.2019 (rec.75/2.018)–.
En este sentido, recordábamos en la SAN de 21-1-2020 –proc. 245 /2020– que:
“La STC 26/2011 afirma que 'la dimensión constitucional de todas aquellas medidas normativas tendentes a facilitar la compatibilidad de la vida laboral y familiar de los trabajadores, tanto desde la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón de sexo o por razón de las circunstancias personales (art. 14 CE) como desde la del mandato de protección a la familia y a la infancia (art. 39 CE), ha de prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa en cada caso concreto, habida cuenta de que el efectivo logro de la conciliación laboral y familiar constituye una finalidad de relevancia constitucional fomentada en nuestro ordenamiento a partir de la Ley 39/1999, que adoptó medidas tendentes a lograr una efectiva participación del varón trabajador en la vida familiar a través de un reparto equilibrado de las responsabilidades familiares, objetivo que se ha visto reforzado por disposiciones legislativas ulteriores, entre las que cabe especialmente destacar las previstas en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en cuya exposición de motivos se señala que las medidas en materia laboral que se establecen en esta ley pretenden favorecer la conciliación de la vida personal, profesional y familiar de los trabajadores, y fomentar una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de las obligaciones familiares.'”»
4. Con estos mimbres legales y jurisprudenciales, en los que se pone de manifiesto la necesidad de armonizar adecuadamente el tiempo de trabajo, tanto desde la perspectiva empresarial como desde la de las personas trabajadoras, hemos de analizar los preceptos del convenio colectivo impugnados por la parte demandante, artículos 91, 98, 99 y 104. Todos ellos están incluidos en el Capítulo VI del Convenio que regula la jornada, y en concreto el artículo 91 se incluye en la Sección III, «Jornada trabajadores sujetos a turnos», y específicamente en el apartado «A) Jornada a turnos general»; el artículo 98 se contiene en el apartado «B) Disposiciones específicas Dirección Servicios Aeroportuarios», de la misma sección, mientras que el artículo 99 figura en el apartado «C) Disposiciones específicas Dirección Técnica»; por último el artículo 104 se inserta en la «Sección IV. Jornada irregular».
Cuarto. Jornada a turnos general.
1. El artículo 91 del convenio colectivo de personal de tierra de Iberia dispone lo siguiente:
«91. Cambios
La Dirección podrá realizar hasta dos cambios de turno por trabajador y mes, de forma equitativa.
En las unidades no sometidas a disponibilidad, los cambios de turno que se deban o estén en función de cargas programadas de trabajo previstas en cuadrantes, se fijarán en estos y se mantendrán si tales cargas de trabajo no sufriesen modificación.
Los cambios de turno debidos a incidencias no previsibles requerirán un preaviso de 48 horas, salvo circunstancias excepcionales.
Se entiende por cambio, la variación de turno que se pueda imponer a un trabajador en relación con la programación efectuada para el mismo al comienzo de cada temporada. Se considerará un solo cambio cuando se altere el turno en uno o varios días consecutivos dentro de la misma semana de programación. Si existieran alteraciones en varios días no consecutivos o si en éstos hubiera turnos diferentes, se considerará un cambio por cada alteración. En cualquier caso, la vuelta al turno original que tenga programado en la semana en que se realice el mismo no tendrá consideración de nuevo cambio.
A los únicos efectos de cambios de turno, el servicio de madrugue se tendrá en cuenta, para el cómputo del número de cambios, a excepción del pase del servicio de madrugue al turno B o viceversa.»
2. Para un adecuado análisis del precepto hemos de tener en cuenta también los artículos que le preceden, en concreto el artículo 85 que establece que en los centros de trabajo con 8 horas de jornada diaria y 1.712 horas de jornada anual, la dirección programa anualmente y por temporada 121 días libres que incluyen 103 descansos semanales y 18 días libres festivos, y precisa que «la programación definitiva se realizará en función de las cargas de trabajo al menos 15 días antes al mes natural en que deba tener efecto». Quiere ello decir que el convenio establece la manera en que debe determinarse la jornada, de tal forma que el personal conoce la distribución regular de su jornada mensual con 15 días de antelación a su efectividad.
Además el párrafo cuarto del artículo impugnado precisa lo que se entiende por cambio, que no es más que la variación del turno programado que tenía el/la trabajador/a al comienzo de cada temporada, es decir, del juego combinado de ambos preceptos resulta que las personas trabajadoras tienen determinada su jornada de trabajo («programación» en términos del convenio) al inicio de cada temporada y mensualmente con 15 días de antelación, por lo que cualquier cambio sobre esa jornada previamente determinada supone redistribuir lo ya distribuido previamente, y como el cambio nace de la voluntad de la empresa nos encontramos ante una distribución irregular de la jornada, sujeta por lo tanto, y con independencia de su origen legal o convencional, al límite de preaviso de 5 días contenido en el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores y que el precepto impugnado no respeta.
Quinto. Jornada de trabajadores en Dirección de Servicios Aeroportuarios.
1. El siguiente precepto impugnado es el artículo 98, que regula la jornada de trabajadores fijos a tiempo completo (FITC), no sujetos a jornada irregular y que prestan servicios en régimen de flexibilidad en la Dirección de Servicios Aeroportuarios, en los Centros de Trabajo de los Aeropuertos.
El apartado 2 del artículo contiene la regulación de la distribución de la jornada, disponiendo lo siguiente: «La distribución de la jornada será potestad de la Dirección de la Compañía, en función de sus necesidades, y se realizará, con carácter anual, para cada Aeropuerto/Terminal de Carga, pudiendo hacerse en una Temporada (A) o en dos Temporadas (A y B), conforme a los siguientes parámetros:
– Temporada A:
La empresa determinará el número de horas de jornada diaria a realizar por Aeropuerto en turnos de entre 6 y 8 horas, pudiendo fijarse la duración de la jornada con fracciones de hasta quince minutos.
El número de horas de jornada diaria, establecido conforme al apartado anterior, será el mismo durante toda la temporada. No obstante lo anterior, durante la vigencia del XXI Convenio Colectivo, para los aeropuertos de Madrid y Barcelona, en caso de que haya dos temporadas A, el número de horas podrá variar en cada una de ellas.
– Temporada B:
La empresa determinará el número de horas de jornada diaria a realizar en horarios de entre 6 y 9 horas, con el ajuste que sea preciso para alcanzar, sin superar, las 1.712 horas de jornada anual efectiva. El número de horas de cada jornada podrá variar diariamente.
En cualquiera de las dos temporadas, el trabajador percibirá la dieta regulada en el artículo 127 que corresponda al turno/horario realizado, no obstante la duración de la jornada diaria que se establezca.
Se podrá programar hasta un máximo de seis meses en Temporada B.»
2. En cuanto a la programación de la jornada anual, el apartado 3.1 dispone que la empresa establecerá y publicará con carácter anual el número de días de presencia hasta un máximo de 226, los días libres y vacaciones, las horas de jornada en la Temporada A y la definición de los meses de Temporada A para cada Aeropuerto/Terminal de Carga, siendo 6 el número mínimo de meses que deberá tener esta temporada. Los meses de las temporadas A o B podrán ser programados de forma continuada, o alternándose entre ellos, pero siempre respetando el periodo mínimo de 6 meses para la temporada A y sin que la alternancia pueda generar más de tres temporadas al año. Los apartados 3.2 y 3.3 regulan respectivamente la programación de la Temporada A y la de la Temporada B, precisándose respecto a la programación mensual que en la Temporada A «con una antelación mínima de 15 días sobre el comienzo de cada mes, se publicarán los turnos definitivos de cada trabajador, con una movilidad o flexibilidad sobre la hora de entrada publicada al inicio de la temporada, de más/menos 1 hora (en el caso de los turnos básicos, esta flexibilidad de más/menos 1 hora se aplicará dentro de las franjas horarias definidas en el Anexo III), en función de las necesidades operativas, sin que tal flexibilidad tenga la consideración de cambio a ningún efecto. Dicha flexibilidad de más/menos 1 hora no será de aplicación al servicio de madrugue; y en cuanto a la Temporada B que con una antelación mínima de 15 días sobre el comienzo de cada mes, se publicarán los horarios de cada trabajador, en función de las necesidades operativas».
3. Los cambios aparecen regulados en el apartado 4 del artículo 98:
«Cambios. Sobre la programación mensual definitiva publicada, la empresa podrá realizar, hasta dos cambios de turnos (temporada A) u horarios (temporada B) por trabajador y mes, de forma equitativa.
Los referidos cambios debidos a incidencias no previsibles requerirán un preaviso de, al menos, 48 horas, salvo circunstancias excepcionales.
Se entiende por cambio la variación de los turnos (temporada A) u horarios (temporada B) que se pueda imponer a un trabajador en relación con la programación mensual definitiva efectuada. A estos efectos:
– Temporada A: Se considerará un solo cambio cuando se altere el turno en uno o varios días consecutivos dentro de la misma semana de programación. Si existieran alteraciones en varios días no consecutivos o si en estos hubiera turnos diferentes, se considerará un cambio por cada alteración. En cualquier caso, la vuelta al turno original que tenga programado, en la semana en que se realice el mismo no tendrá consideración de nuevo cambio.
– Temporada B: Se considerará un solo cambio las modificaciones de horarios y/o jornadas que se produzcan en una semana natural, se modifique un solo día o varios de dicha semana natural.
A estos únicos efectos, el servicio de madrugue se tendrá en cuenta, para el cómputo del número de cambios, a excepción del pase del servicio de madrugue al turno B o viceversa.
Se establece la posibilidad de cambiar turnos y/o bloques horarios entre los trabajadores fijos de jornada regular y los fijos de jornada irregular, siempre que coincidan el número de horas a realizar y permita este cambio cubrir los servicios asignados por la Compañía.
No obstante lo anterior, dichos cambios no alterarán, en ningún caso, la condición de trabajador fijo de jornada regular/fijo de jornada irregular, ni generará de ningún modo la adquisición de los derechos y condiciones aplicables al trabajador con el que se realice el cambio».
4. De acuerdo con la literalidad del precepto, los cambios operan sobre la programación mensual definitiva, esto es, sobre la jornada determinada por la empresa, por lo que cualquier alteración de la misma supone, como en el caso anterior, una redistribución de la jornada definitiva previamente fijada por la dirección de la empresa, esto es, una distribución irregular de la jornada y sujeta, por ello, al reclamado límite de preaviso de 5 días contemplado en el Estatuto de los Trabajadores.
Sexto. Jornada de personas trabajadoras en Dirección Técnica.
1. El siguiente precepto impugnado es el artículo 99, que regula la jornada de trabajadores no sujetos a jornada fraccionada que prestan servicios en régimen de flexibilidad en la Dirección Técnica. En la Dirección Técnica, se establece, con pleno respeto del régimen legal de jornadas y descansos, una redistribución de la jornada laboral para el personal en régimen de turnos tal y como se detalla en el presente artículo.
Dos son los extremos que impugna la parte demandante, el primero es el apartado 6.1, en concreto el inciso «lo cual será comunicado al trabajador con al menos 48 horas de antelación» contenido en el párrafo tercero del citado apartado que regula los turnos en los siguientes términos:
«El régimen de flexibilidad para la Dirección Técnica incluirá al margen del sistema de bolsa de horas la posibilidad de realizar, por parte de la Empresa, hasta dos cambios de turno programado por trabajador y mes de acuerdo con el régimen previsto en el artículo 91 del presente Convenio Colectivo.
La Dirección Técnica, en el momento de fijar los turnos aplicables por temporada, indicará los departamentos/secciones en las que se programará un turno de noche (con respeto en todo caso de la normativa legal sobre el trabajo nocturno). En las secciones/departamentos que, teniendo un turno de «noche» programado en cuadrante no se requiera su realización, éste pasará a realizarse como otro turno, salvo que por necesidades de la producción se requiera su realización, lo cual le será comunicado al trabajador con al menos 48 horas de antelación. El cambio del turno de «noche» a otro turno no implicará la modificación de la cantidad que en concepto de plus de flexibilidad se venga percibiendo.
Asimismo, el cambio de turno derivado de la no realización del turno de noche, no computará a los efectos de lo establecido en el antes citado Artículo 91 del Convenio Colectivo, ni estará comprendido dentro del uso de la bolsa de horas».
2. Ya hemos resuelto en el fundamento de derecho tercero que el preaviso de 48 horas para los cambios contemplados en el artículo 91 del convenio no se ajustan al Estatuto de los Trabajadores, por lo que la remisión a dicho precepto resulta ineficaz. Además el párrafo tercero regula una redistribución del turno de noche programado y no realizado, que pasaría a realizarse como otro turno, si bien este nuevo turno puede ser modificado nuevamente con 48 horas de antelación por necesidades de la producción que requiera su realización (parece que se refiere al inicial turno de noche programado), encontrándonos como en los casos anteriores con una doble redistribución de la jornada que queda sujeta a la decisión empresarial y por ello debe ajustarse al canon de preaviso del artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores.
3. El segundo extremo del artículo 99 del convenio e impugna es el contenido en el apartado 6.3.1, que regula los tiempos de aviso dentro de los criterios de gestión de la bolsa de horas, y cuyo párrafo primero dice que «Como principio general, los avisos al trabajador que se encuentre en su turno de trabajo, se realizarán con la mayor antelación posible a partir del momento de la identificación de la necesidad (variación no previsible de la carga de trabajo). Los avisos con plazos inferiores a 24 horas se reservarán a casos imprevistos como los siguientes: AOG, riesgo de incumplimiento con impacto en TAT comprometido con el cliente, o inoperatividad de las instalaciones, equipos, u otras razones que afecten al proceso productivo en supuestos de relevancia para el negocio. No obstante, en estos casos en los que el aviso se produzca con menos de 24 horas, se dará oportuna justificación a la representación de los trabajadores». Añade el segundo párrafo lo siguiente: «En el supuesto de que el trabajador sea requerido en su tiempo libre o en su tiempo de descanso y se encuentre fuera de su centro de trabajo, con el fin de acudir a la cobertura de alguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, se le abonará la cantidad establecida al efecto en el Anexo I, sin perjuicio del abono de las horas correspondientes por uso de la bolsa horas».
4. Se establece así la posibilidad de que la empresa modifique los turnos asignados al personal en régimen de flexibilidad en la dirección técnica, sin plazo alguno de preaviso pues se limita a señalar que los avisos se realizarán «con la mayor antelación posible» y precisa determinados supuestos (AOG, inoperatividad de las instalaciones, etc.) en los que se puede avisar con menos de 24 horas de antelación. Del segundo párrafo se deduce que estos llamamientos se pueden realizar incluso si la persona trabajadora se encuentra en su tiempo libe o en su tiempo de descanso. En definitiva, la empresa tiene una libertad casi total para modificar los turnos de los trabajadores dentro de la bolsa de horas, que no es más que una distribución flexible, o irregular, de una parte de la jornada anual de 1.712 horas que tiene este personal.
Se afirma por la empresa que esta previsión convencional en la práctica no se aplica en virtud de acuerdo de la comisión de seguimiento del convenio de 22 de enero de 2021, sin embargo la prueba practicada lo que acredita es que el acuerdo se produce en el seno de la comisión de seguimiento del acuerdo de flexibilidad de la dirección técnica, que no es ni la comisión mixta prevista en el artículo 25 del convenio, ni la comisión negociadora que se cita precisamente en el artículo 99.7, no teniendo por ello competencia para derogar el precepto impugnado, y también se ha probado que es de aplicación durante el período de ERTE de fuerza mayor, por lo que su vigencia persiste extramuros del citado ERTE. En definitiva, el sistema de modificación de turnos contemplado en el artículo 99.6.3.1 párrafo primero del convenio colectivo de aplicación no se ajusta al preaviso mínimo contemplado en el artículo 34.2 ET.
Séptimo. Jornada irregular.
1. El último artículo convencional que se impugna es el 104, que regula la jornada irregular. Es la empresa la que fija los días de presencia con carácter anual en función de sus necesidades, entre un mínimo de 215 y un máximo de 234 días de presencia, programando igualmente los descansos semanales y 18 festivos, todo ello dentro del máximo de jornada anual de 1.712 horas. Igualmente se programan, también anualmente y por temporada, los días libres incluyendo descansos semanales y festivos, entre 99 y 120 días como máximo, y se libran un mínimo de 11 domingos al año, completándose así los 365 días del año. Se prevé además que «la jornada diaria podrá tener una duración máxima de hasta 9 horas y una duración mínima de 5 horas, respetándose en cualquier caso el descanso mínimo entre jornadas previsto en el Estatuto de los Trabajadores, y que la Empresa programará los horarios mensuales con 15 días de antelación».
Los cambios se regulan de la siguiente manera: «De producirse cambios en la programación de vuelos de las Empresas aéreas, o incremento o reducción de los mismos, la Empresa podrá variar el horario y/o la jornada establecida, con un preaviso de una semana, hasta un máximo de tres cambios al mes, sin que ello implique en ningún caso modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Se define como un cambio, las modificaciones de horarios y/o jornadas que se produzcan en una semana natural, se modifique un solo día o varios de dicha semana natural.
Adicionalmente, y sin que compute en el número de cambios mensuales, podrán modificarse, igualmente, los horarios y/o jornadas, con un preaviso de 48 horas salvo circunstancias excepcionales, si se dieran incidencias imprevistas».
2. De la lectura de los párrafos transcritos resulta que existen tres tipos de cambios en horarios y/o jornadas: los que se preavisan con una semana de antelación por modificación en la programación de vuelos de las empresas aéreas o por incremento o reducción de los mismos; los que se preavisan con 48 horas de antelación si se dan incidencias imprevistas; y los que no están sujetos a plazo alguno debido a circunstancias excepcionales.
Los dos últimos supuestos no se ajustan a lo previsto en el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores, y sin que las razones dadas por la empresa para justificar su validez, referidas a que se trata de incrementos o disminuciones de la carga de trabajo imprevisibles, aleatorios y perentorios sean atendibles. Por una parte el convenio regula el preaviso de una semana en todo lo relativo a cambios que proceden de las empresas aéreas, lo que revela la posibilidad de tomar en consideración las distintas situaciones que inciden en la actividad del personal de tierra de la empresa demandada y ajustar así al preaviso legal el régimen de cambios. Los fenómenos meteorológicos adversos se predicen cada vez con mayor antelación y exactitud, por lo que gran parte de ellos podrían ajustarse al preaviso legal. Respecto a situaciones verdaderamente imprevistas (ceniza volcánica en suspensión que afecta a la operatividad aérea por cambio de la dirección del viento, desplazamiento de autoridades del Estado, etc.), pueden atenderse adecuadamente a través de otras formas de organización del personal como pueden ser guardias, retenes, horas extraordinarias, etc.
Todo lo expuesto lleva a la estimación de la demanda.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
En la demanda de impugnación de convenio colectivo promovida por Coordinadora Estatal Sector Handling Aéreo (CESHA), frente a Iberia LAE, S.A. Operadora, S.U., estimamos la demanda y declaramos la nulidad parcial del XXI Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España SA, Operadora S unipersonal, en los siguientes extremos:
– Artículo 91, párrafo tercero: «Los cambios de turno debidos a incidencias no previsibles requerirán un preaviso de 48 horas, salvo circunstancias excepcionales».
– Artículo 98.3.4, párrafo segundo: «Los referidos cambios debidos a incidencias no previsibles requerirán un preaviso de, al menos, 48 horas, salvo circunstancias excepcionales».
– Artículo 99.6.1, párrafo tercero, la expresión «lo cual le será comunicado al trabajador con al menos 48 horas de antelación».
– Artículo 99.6.3.1, párrafo primero, las frases «Los avisos con plazos inferiores a 24 horas se reservarán a casos imprevistos como los siguientes: AOG, riesgo de incumplimiento con impacto en TAT comprometido con el cliente, o inoperatividad de las instalaciones, equipos, u otras razones que afecten al proceso productivo en supuestos de relevancia para el negocio. No obstante, en estos casos en los que el aviso se produzca con menos de 24 horas, se dará oportuna justificación a la representación de los trabajadores».
– Artículo 104.3, párrafo decimotercero: «Adicionalmente, y sin que compute en el número de cambios mensuales, podrán modificarse, igualmente, los horarios y/o jornadas, con un preaviso de 48 horas salvo circunstancias excepcionales, si se dieran incidencias imprevistas».
Se condena a la parte demandada a estar y pasar por la declaración anterior. Comuníquese a la autoridad laboral y procédase a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» una vez firme la presente.
Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que, contra la misma cabe recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el plazo de cinco días hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante manifestación de la parte o de su abogado, graduado social o representante al serle notificada, o mediante escrito presentado en esta Sala dentro del plazo arriba señalado.
Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el Recurso de Casación, el recurrente, si no goza del beneficio de Justicia Gratuita, deberá acreditar haber hecho el depósito de 600 euros previsto en art. 229.1.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, haber consignado la cantidad objeto de condena de conformidad con el art. 230 del mismo texto legal, todo ello en la cuenta corriente que la Sala tiene abierta en el Banco de Santander Sucursal de la Calle Barquillo, 49, si es por transferencia con el n.º 0049 3569 92 0005001274 haciendo constar en las observaciones el n.º 2419 0000 00 0280 21 (IBAN ES55); si es en efectivo en la cuenta n.º 2419 0000 00 0280 21 (IBAN ES55), pudiéndose sustituir la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista.
Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al libro de sentencias.
Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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El sindicato CESHA denunció el convenio colectivo del personal de tierra de Iberia y la Audiencia Nacional le ha dado la razón: nada de 48h de preaviso para cambios de turno u horario en causas imprevistas, el ET es claro y tienen que ser, mínimo, 5 días.
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TRIBUNAL_SUPREMO
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Ministerio de Trabajo y Economía Social
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El sindicato CESHA denunció el convenio colectivo del personal de tierra de Iberia y la Audiencia Nacional le ha dado la razón: nada de 48h de preaviso para cambios de turno u horario en causas imprevistas, el ET es claro y tienen que ser, mínimo, 5 días.
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[
"382",
"1684",
"4046"
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2013-01-09
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BOE-B-2013-659
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Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, por el que se licita el Acuerdo Marco de suministro de papel de fibra reciclada y papel de fibra virgen para fotocopiadoras e impresoras.
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<titulo>Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, por el que se licita el Acuerdo Marco de suministro de papel de fibra reciclada y papel de fibra virgen para fotocopiadoras e impresoras.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<departamento codigo='8020'>Comunidad Autónoma de Aragón</departamento>
<numero_anuncio>A120086500</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20130109</fecha_publicacion>
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<analisis>
<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
<tipo codigo='1'>Suministros</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas>Hasta las 14 horas del día 21 de enero de 2013</fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas>31 de enero de 2013, a las 9 horas</fecha_apertura_ofertas>
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<ambito_geografico>Aragón</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>30000000 Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software</materias_cpv>
<observaciones>Acuerdo Marco
Se amplía plazo y apertura por anuncio núm. A130002743 (BOE núm. 24, de 28 de enero de 2013)
Suministro Periódico de Bienes</observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Departamento de Hacienda y Administración Pública.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización. Servicio de Contratación Centralizada.</dd>
<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Servicio de Contratación Centralizada.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>P.º M.ª Agustín, 36, Edificio Pignatelli, puerta 24, planta 1.ª.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Zaragoza 50004.</dd>
<dt>4) Teléfono: </dt>
<dd>976713873 y 976714450.</dd>
<dt>5) Telefax: </dt>
<dd>976713836.</dd>
<dt>6) Correo electrónico: </dt>
<dd>[email protected].</dd>
<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>http://www.aragon.es/ContratacionPublica.</dd>
<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
<dd>18 de enero de 2013.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>d) Número de expediente: </dt>
<dd>SCC 62/2012.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Suministros (Art. 9.3a. TRLCSP).</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Acuerdo Marco de suministro, por precio unitario, de papel de fibra reciclada y papel de fibra virgen para fotocopiadoras e impresoras, con destino a los Departamentos y Organismos Públicos de la Diputación General de Aragón.</dd>
<dt>c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: </dt>
<dd>No.</dd>
<dt>d) Lugar de ejecución/entrega: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Domicilio: </dt>
<dd>Comunidad Autónoma de Aragón.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
<dd>12 meses.</dd>
<dt>f) Admisión de prórroga: </dt>
<dd>Sí.</dd>
<dt>g) Establecimiento de un acuerdo marco: </dt>
<dd>Sí.</dd>
<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>301976435.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Anticipada. Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
<dd>Varios criterios. Ver Anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>1.060.312,00 euros IVA excluido.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) </dt>
<dd> Importe neto: 530.156,00 euros. Importe total: 641.488,76 euros. </dd>
</dl>
</dd>
<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
<dd> Definitiva (%): 5% del importe de licitación, IVA excluido: 26.507,80 euros.</dd>
<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
<dd>La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
<dd>Hasta las 14 horas del día 21 de enero de 2013.</dd>
<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Registro General del Gobierno de Aragón.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>P.º M.ª Agustín, 36, Edificio Pignatelli.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Zaragoza 50004.</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
</dd>
<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Descripción: </dt>
<dd>Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización.</dd>
<dt>b) Dirección: </dt>
<dd>Sala Pirineos, puerta 28, planta 3.ª, P.º M.ª Agustín, 36, Edificio Pignatelli.</dd>
<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Zaragoza.</dd>
<dt>d) Fecha y hora: </dt>
<dd>31 de enero de 2013, a las 9 horas.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
<dd>A cuenta del adjudicatario.</dd>
<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
<dd>11 de diciembre de 2012.</dd>
<dt>12. Otras informaciones: </dt>
<dd>La calificación de la documentación administrativa se realizará el 25 de enero de 2013.</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Zaragoza, 14 de diciembre de 2012.- La Secretaria General Técnica del Departamento de Hacienda y Administración Pública, Laura Moreno Casado.</p>
</texto>
</documento>
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Wed Jan 09 09:41:13 +0000 2013
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1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Departamento de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización. Servicio de Contratación Centralizada.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Servicio de Contratación Centralizada.
2) Domicilio:
P.º M.ª Agustín, 36, Edificio Pignatelli, puerta 24, planta 1.ª.
3) Localidad y código postal:
Zaragoza 50004.
4) Teléfono:
976713873 y 976714450.
5) Telefax:
976713836.
6) Correo electrónico:
[email protected].
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.aragon.es/ContratacionPublica.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
18 de enero de 2013.
d) Número de expediente:
SCC 62/2012.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministros (Art. 9.3a. TRLCSP).
b) Descripción:
Acuerdo Marco de suministro, por precio unitario, de papel de fibra reciclada y papel de fibra virgen para fotocopiadoras e impresoras, con destino a los Departamentos y Organismos Públicos de la Diputación General de Aragón.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Comunidad Autónoma de Aragón.
e) Plazo de ejecución/entrega:
12 meses.
f) Admisión de prórroga:
Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco:
Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
301976435.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Anticipada. Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Varios criterios. Ver Anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Valor estimado del contrato:
1.060.312,00 euros IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 530.156,00 euros. Importe total: 641.488,76 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5% del importe de licitación, IVA excluido: 26.507,80 euros.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
Hasta las 14 horas del día 21 de enero de 2013.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro General del Gobierno de Aragón.
2) Domicilio:
P.º M.ª Agustín, 36, Edificio Pignatelli.
3) Localidad y código postal:
Zaragoza 50004.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización.
b) Dirección:
Sala Pirineos, puerta 28, planta 3.ª, P.º M.ª Agustín, 36, Edificio Pignatelli.
c) Localidad y código postal:
Zaragoza.
d) Fecha y hora:
31 de enero de 2013, a las 9 horas.
10. Gastos de publicidad:
A cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
11 de diciembre de 2012.
12. Otras informaciones:
La calificación de la documentación administrativa se realizará el 25 de enero de 2013.
Zaragoza, 14 de diciembre de 2012.- La Secretaria General Técnica del Departamento de Hacienda y Administración Pública, Laura Moreno Casado.
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El Gobierno de Aragón gasta 641.488,76 euros al aaño en folios #BOE
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Comunidad Autónoma de Aragón
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Licitación del Gobierno de Aragón por importe total de 641.488,76 euros al año en papel de fibra reciclada y papel de fibra virgen para fotocopiadoras e impresoras.
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[] | 712
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2014-07-30
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DEROGA
Real Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre
DEROGA
Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio
MODIFICA
la disposición adicional 1.2 del Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio
DE CONFORMIDAD con
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre
CITA
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
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BOE-A-2014-8138
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Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.
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<texto>Real Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre</texto>
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<texto>Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio</texto>
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<texto>la disposición adicional 1.2 del Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio</texto>
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<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre</texto>
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<palabra codigo='330'>CITA</palabra>
<texto>Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre</texto>
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<texto>
<p class='parrafo'>En nuestro ordenamiento, la primera regulación de las prácticas de los estudiantes universitarios se abordó en el Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, sobre Programas de Cooperación Educativa. En líneas generales, el objetivo fundamental de esta norma era conseguir una formación integral del alumno universitario a través de programas de cooperación educativa con las empresas para la formación de los alumnos de los dos últimos cursos de una Facultad, Escuela Técnica Superior o Escuela Universitaria concreta o para un grupo de estos centros con características comunes. El programa no establecía relación contractual alguna sobre el estudiante y la empresa, toda vez que, por su naturaleza, dicha relación era estrictamente académica y no laboral.</p>
<p class='parrafo'>Con posterioridad, el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecieron directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, vertebró las enseñanzas universitarias en una estructura cíclica, incorporando al sistema el cómputo del haber académico por créditos. Con la finalidad de adecuar el período durante el cual los alumnos podían realizar prácticas en empresas al sistema de créditos introducido por el Real Decreto 1497/1987, de 17 de noviembre, se aprobó el Real Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre, que modificó el Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, disponiendo que los programas de cooperación educativa se podrían establecer con las empresas para la formación de los alumnos que hubieran superado el 50 por ciento de los créditos necesarios para obtener el título universitario cuyas enseñanzas estuviese cursando.</p>
<p class='parrafo'>En la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, introducida (por exigencias del proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior) con la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y desarrollada por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se ha puesto un especial énfasis en la realización de prácticas externas por los estudiantes universitarios, previendo que los planes de estudios de Grado contendrán «toda la formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir», entre la que se mencionan «las prácticas externas» (artículo 12.2), y que «si se programan prácticas externas, estas tendrán una extensión máxima de 60 créditos y deberán ofrecerse preferentemente en la segunda mitad del plan de estudios» (artículo 12.6).</p>
<p class='parrafo'>En este mismo sentido, el Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado por Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, reconoce en su artículo 8 el derecho de los estudiantes de Grado a «disponer de la posibilidad de realización de prácticas, curriculares o extracurriculares, que podrán realizarse en entidades externas y en los centros, estructuras o servicios de la Universidad, según la modalidad prevista y garantizando que sirvan a la finalidad formativa de las mismas» (apartado f) y a «contar con tutela efectiva, académica y profesional (…) en las prácticas externas que se prevean en el plan de estudios» (apartado g). Con mayor detalle, el artículo 24 de este Estatuto regula las prácticas académicas externas, sus clases y sus características generales, así como la extensión de su realización a todos los estudiantes matriculados en cualquier enseñanza impartida por las universidades o centros adscritos a las mismas.</p>
<p class='parrafo'>El tiempo transcurrido desde la aprobación del Real Decreto 1497/1981 hace necesaria una nueva regulación más acorde con lo establecido en la legislación vigente y que desarrolle, precise y aclare algunos de los aspectos previstos en la misma, tales como los objetivos de las prácticas, las entidades colaboradoras y los destinatarios, requisitos, tutorías y contenidos de los convenios de cooperación educativa. Además, dicha regulación ha de promover la incorporación de estudiantes en prácticas en el ámbito de las administraciones públicas y en el de las empresas privadas, impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales, fomentando su capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando<strong> </strong>respuesta al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del conocimiento.</p>
<p class='parrafo'>Este real decreto ha sido informado favorablemente por el Consejo de Universidades, por la Conferencia General de Política Universitaria y por el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado.</p>
<p class='parrafo'>En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 11 de julio de 2014,</p>
<p class='centro_redonda'>DISPONGO:</p>
<p class='articulo'>Artículo 1. Objeto.</p>
<p class='parrafo'>El objeto del presente real decreto es el desarrollo de la regulación de las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.</p>
<p class='articulo'>Artículo 2. Definición, naturaleza y caracteres de las prácticas externas.</p>
<p class='parrafo'>1. Las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por las Universidades, cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.</p>
<p class='parrafo'>2. Podrán realizarse en la propia universidad o en entidades colaboradoras, tales como, empresas, instituciones y entidades públicas y privadas en el ámbito nacional e internacional.</p>
<p class='parrafo'>3. Dado el carácter formativo de las prácticas académicas externas, de su realización no se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>4. Asimismo, y en el caso de que al término de los estudios el estudiante se incorporase a la plantilla de la entidad colaboradora, el tiempo de las prácticas no se computará a efectos de antigüedad ni eximirá del período de prueba salvo que en el oportuno convenio colectivo aplicable estuviera expresamente estipulado algo distinto.</p>
<p class='parrafo'>5. En el ámbito de las Administraciones Públicas, Entidades de Derecho Público y demás Organismos Públicos, la realización en los mismos de las prácticas académicas externas no podrá tener la consideración de mérito para el acceso a la función pública ni será computada a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios previos.</p>
<p class='articulo'>Artículo 3. Fines.</p>
<p class='parrafo'>Con la realización de las prácticas académicas externas se pretenden alcanzar los siguientes fines:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su aprendizaje teórico y práctico.</p>
<p class='parrafo'>b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos.</p>
<p class='parrafo'>c) Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas.</p>
<p class='parrafo'>d) Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su empleabilidad futura.</p>
<p class='parrafo'>e) Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento.</p>
<p class='articulo'>Artículo 4. Modalidades de prácticas académicas externas.</p>
<p class='parrafo'>Las prácticas académicas externas serán curriculares y extracurriculares.</p>
<p class='parrafo_2'>a)<em> </em>Las prácticas curriculares se configuran como actividades académicas integrantes del Plan de Estudios de que se trate.</p>
<p class='parrafo'>b) Las prácticas extracurriculares, son aquellas que los estudiantes podrán realizar con carácter voluntario durante su periodo de formación y que, aun teniendo los mismos fines que las prácticas curriculares, no forman parte del correspondiente Plan de Estudios. No obstante serán contempladas en el Suplemento Europeo al Título conforme determine la normativa vigente.</p>
<p class='articulo'>Artículo 5. Duración y horarios de realización de las prácticas.</p>
<p class='parrafo'>1.<em> </em>La duración de las prácticas será la siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de estudios correspondiente en los términos establecidos por el artículo 12.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.</p>
<p class='parrafo'>b)<em> </em>Las prácticas externas extracurriculares tendrán una duración preferentemente no superior al cincuenta por ciento del curso académico, sin perjuicio de lo que fijen las universidades, procurando el aseguramiento del correcto desarrollo y seguimiento de las actividades académicas del estudiante.</p>
<p class='parrafo_2'>2.<em> </em>Los horarios de realización de las prácticas se establecerán de acuerdo con las características de las mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora. Los horarios, en todo caso, se procurará que sean compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada por el estudiante en la universidad.</p>
<p class='articulo'>Artículo 6. El proyecto formativo.</p>
<p class='parrafo'>1.<em> </em>El proyecto formativo en que se concreta la realización de cada práctica académica externa deberá fijar los objetivos educativos y las actividades a desarrollar. Los objetivos se establecerán considerando las competencias básicas, genéricas y/o específicas que debe adquirir el estudiante. Asimismo los contenidos de la práctica se definirán de forma que aseguren la relación directa de las competencias a adquirir con los estudios cursados.</p>
<p class='parrafo'>2. En todo caso, se procurará que el proyecto formativo se conforme siguiendo los principios de inclusión, igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.</p>
<p class='articulo'>Artículo 7. Convenios de Cooperación Educativa.</p>
<p class='parrafo'>1.<em> </em>Para la realización de las prácticas externas, las universidades o, en su caso, las entidades gestoras de prácticas a ellas vinculadas, suscribirán Convenios de Cooperación Educativa con las entidades colaboradoras previstas en el artículo 2.2 del presente real decreto y fomentarán que éstas sean accesibles para la realización de prácticas de estudiantes con discapacidad procurando la disposición de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios que aseguren la igualdad de oportunidades.</p>
<p class='parrafo'><em>2.</em> Los convenios establecerán el marco regulador de las relaciones entre el estudiante, la entidad colaboradora, la universidad y, en su caso, la entidad gestora de prácticas vinculada a esta última. En sus estipulaciones básicas o en los anexos que las desarrollen deberán integrar al menos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) El proyecto formativo objeto de la práctica a realizar por el estudiante.</p>
<p class='parrafo'>b)<em> </em>El régimen de permisos a que tenga derecho con arreglo a la normativa vigente.</p>
<p class='parrafo'>c)<em> </em>Las condiciones de rescisión anticipada de la práctica en caso de incumplimiento de sus términos.</p>
<p class='parrafo'>d)<em> </em>En su caso, el régimen de suscripción y pago de seguros, tanto de accidentes como de responsabilidad civil, o garantía financiera equivalente.</p>
<p class='parrafo'>e)<em> </em>La existencia, en su caso, de una bolsa o ayuda de estudios para el estudiante y la forma de su satisfacción.</p>
<p class='parrafo'>f)<em> </em>La protección de sus datos.</p>
<p class='parrafo'>g) La regulación de los eventuales conflictos surgidos en su desarrollo.</p>
<p class='parrafo'>h) Los términos del reconocimiento de la universidad a la labor realizada por los tutores de la entidad colaboradora.</p>
<p class='articulo'>Artículo 8. Destinatarios de las prácticas y requisitos para su realización.</p>
<p class='parrafo'>1.<em> </em>Podrán realizar prácticas académicas externas:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Los estudiantes matriculados en cualquier enseñanza impartida por la Universidad o por los Centros adscritos a la misma.</p>
<p class='parrafo'>b) Los estudiantes de otras universidades españolas o extranjeras que, en virtud de programas de movilidad académica o de convenios establecidos entre las mismas, se encuentren cursando estudios en la Universidad o en los Centros adscritos a la misma.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Para la realización de las prácticas externas los estudiantes deberán cumplir, en su caso, los siguientes requisitos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Estar matriculado en la enseñanza universitaria a la que se vinculan las competencias básicas, genéricas y/o específicas a adquirir por el estudiante en la realización de la práctica.</p>
<p class='parrafo'>b) En el caso de prácticas externas curriculares, estar matriculado en la asignatura vinculada, según el Plan de Estudios de que se trate.</p>
<p class='parrafo'>c) No mantener ninguna relación contractual con la empresa, institución o entidad pública o privada o la propia universidad en la que se van a realizar las prácticas, salvo autorización con arreglo a la normativa interna de cada Universidad.</p>
<p class='articulo'>Artículo 9. Derechos y deberes de los estudiantes en prácticas.</p>
<p class='parrafo'>1.<em> </em>Durante la realización de las prácticas académicas externas, los estudiantes tendrán los siguientes derechos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) A la tutela, durante el período de duración de la correspondiente práctica, por un profesor de la universidad y por un profesional que preste servicios en la empresa, institución o entidad donde se realice la misma.</p>
<p class='parrafo'>b) A la evaluación de acuerdo con los criterios establecidos por la Universidad.</p>
<p class='parrafo'>c) A la obtención de un informe por parte de la entidad colaboradora donde ha realizado las prácticas, con mención expresa de la actividad desarrollada, su duración y, en su caso, su rendimiento.</p>
<p class='parrafo'>d) A percibir, en los casos en que así se estipule, la aportación económica de la entidad colaboradora, en concepto de bolsa o ayuda al estudio.</p>
<p class='parrafo'>e) A la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la legislación reguladora de la materia.</p>
<p class='parrafo'>f) A recibir, por parte de la entidad colaboradora, información de la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales.</p>
<p class='parrafo'>g) A cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y participación, previa comunicación con antelación suficiente a la entidad colaboradora.</p>
<p class='parrafo'>h) A disponer de los recursos necesarios para el acceso de los estudiantes con discapacidad a la tutela, a la información, a la evaluación y al propio desempeño de las prácticas en igualdad de condiciones.</p>
<p class='parrafo'>i) A conciliar, en el caso de los estudiantes con discapacidad, la realización de las prácticas con aquellas actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de discapacidad.</p>
<p class='parrafo'>j) Aquellos otros derechos previstos en la normativa vigente y/o en los correspondientes Convenios de Cooperación Educativa suscritos por la Universidad y, en su caso, la entidad gestora de prácticas vinculada a la mima, con la entidad colaboradora.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Asimismo y, durante la realización de las prácticas académicas externas los estudiantes deberán atender al cumplimiento de los siguientes deberes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por la universidad.</p>
<p class='parrafo'>b) Conocer y cumplir el Proyecto Formativo de las prácticas siguiendo las indicaciones del tutor asignado por la entidad colaboradora bajo la supervisión del tutor académico de la universidad.</p>
<p class='parrafo'>c) Mantener contacto con el tutor académico de la universidad durante el desarrollo de la práctica y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir en el mismo, así como hacer entrega de los documentos e informes de seguimiento intermedio y la memoria final que le sean requeridos.</p>
<p class='parrafo'>d) Incorporarse a la entidad colaboradora de que se trate en la fecha acordada, cumplir el horario previsto en el proyecto educativo y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales de la misma.</p>
<p class='parrafo'>e) Desarrollar el Proyecto Formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas con la entidad colaboradora conforme a las líneas establecidas en el mismo.</p>
<p class='parrafo'>f) Elaboración de la memoria final de las prácticas, prevista en el artículo 14 de este real decreto y, en su caso, del informe intermedio.</p>
<p class='parrafo'>g) Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la entidad colaboradora y guardar secreto profesional sobre sus actividades, durante su estancia y finalizada ésta.</p>
<p class='parrafo'>h) Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política de la entidad colaboradora, salvaguardando el buen nombre de la universidad a la que pertenece.</p>
<p class='parrafo'>i) Cualquier otro deber previsto en la normativa vigente y/o en los correspondientes Convenios de Cooperación Educativa suscrito por la Universidad y, en su caso, la entidad gestora de prácticas vinculada a la misma, con la entidad colaboradora.</p>
<p class='articulo'>Artículo 10. Tutorías y requisitos para ejercerlas.</p>
<p class='parrafo'>1.<em> </em>Para la realización de las prácticas externas los estudiantes contarán con un tutor de la entidad colaboradora y un tutor académico de la universidad.</p>
<p class='parrafo'>2. El tutor designado por la entidad colaboradora deberá ser una persona vinculada a la misma, con experiencia profesional y con los conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva. No podrá coincidir con la persona que desempeña las funciones de tutor académico de la universidad.</p>
<p class='parrafo'>3. La designación de tutor académico de la universidad se hará de acuerdo con los procedimientos establecidos por la misma:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Para las prácticas curriculares el tutor deberá ser un profesor de la universidad, con preferencia de la propia facultad, escuela o centro universitario en el que se encuentre matriculado el estudiante y, en todo caso, afín a la enseñanza a la que se vincula la práctica.</p>
<p class='parrafo'>b) En el caso de las prácticas extracurriculares, el tutor académico será preferentemente un profesor de la universidad que imparta docencia en la misma rama de conocimiento de la enseñanza cursada.</p>
<p class='parrafo_2'>4. Las universidades facilitarán a los tutores de estudiantes con discapacidad la información y la formación necesarias para el desempeño de esta función.</p>
<p class='articulo'>Artículo 11. Derechos y deberes del tutor de la entidad colaboradora.</p>
<p class='parrafo'>1.<em> </em>El tutor de la entidad colaboradora tendrá los siguientes derechos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Al reconocimiento de su actividad colaboradora, por parte de la universidad, en los términos previstos en el convenio de cooperación educativa.</p>
<p class='parrafo'>b) A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas así como del Proyecto Formativo y de las condiciones de su desarrollo.</p>
<p class='parrafo'>c) Tener acceso a la universidad para obtener la información y el apoyo necesarios para el cumplimiento de los fines propios de su función.</p>
<p class='parrafo'>d) Aquellas otras consideraciones específicas que la universidad pueda establecer.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Asimismo tendrá los siguientes deberes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Acoger al estudiante y organizar la actividad a desarrollar con arreglo a lo establecido en el Proyecto Formativo.</p>
<p class='parrafo'>b) Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica con una relación basada en el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje.</p>
<p class='parrafo'>c) Informar al estudiante de la organización y funcionamiento de la entidad y de la normativa de interés, especialmente la relativa a la seguridad y riesgos laborales.</p>
<p class='parrafo'>d) Coordinar con el tutor académico de la universidad el desarrollo de las actividades establecidas en el convenio de cooperación educativa, incluyendo aquellas modificaciones del plan formativo que puedan ser necesarias para el normal desarrollo de la práctica, así como la comunicación y resolución de posibles incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la misma y el control de permisos para la realización de exámenes.</p>
<p class='parrafo'>e) Emitir el informe final, y en su caso, el informe intermedio a que se refiere el artículo 13 de este real decreto.</p>
<p class='parrafo'>f) Proporcionar la formación complementaria que precise el estudiante para la realización de las prácticas.</p>
<p class='parrafo'>g) Proporcionar al estudiante los medios materiales indispensables para el desarrollo de la práctica.</p>
<p class='parrafo'>h) Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y emprendimiento por parte del estudiante.</p>
<p class='parrafo'>i) Facilitar al tutor académico de la universidad el acceso a la entidad para el cumplimiento de los fines propios de su función.</p>
<p class='parrafo'>j) Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca del estudiante como consecuencia de su actividad como tutor.</p>
<p class='parrafo'>k) Prestar ayuda y asistencia al estudiante, durante su estancia en la entidad, para la resolución de aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el desempeño de las actividades que realiza en la misma.</p>
<p class='articulo'>Artículo 12. Derechos y deberes del tutor académico de la universidad.</p>
<p class='parrafo'>1.<em> </em>El tutor académico de la universidad tendrá los siguientes derechos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Al reconocimiento efectivo de su actividad académica en los términos que establezca la universidad, de acuerdo con su normativa interna, sin que de dicho reconocimiento puedan derivarse en ningún caso efectos económico- retributivos.</p>
<p class='parrafo'>b) A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas así como del Proyecto Formativo y de las condiciones bajo las que se desarrollará la estancia del estudiante a tutelar.</p>
<p class='parrafo'>c) Tener acceso a la entidad para el cumplimiento de los fines propios de su función.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Asimismo, tendrá los siguientes deberes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Velar por el normal desarrollo del Proyecto Formativo, garantizando la compatibilidad del horario de realización de las prácticas con las obligaciones académicas, formativas y de representación y participación del estudiante.</p>
<p class='parrafo'>b) Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello con el tutor de la entidad colaboradora y vistos, en su caso, los informes de seguimiento.</p>
<p class='parrafo'>c) Autorizar las modificaciones que se produzcan en el Proyecto Formativo.</p>
<p class='parrafo'>d) Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas del estudiante tutelado de acuerdo con lo que se establece en el artículo 15 de este real decreto.</p>
<p class='parrafo'>e) Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca como consecuencia de su actividad como tutor.</p>
<p class='parrafo'>f) Informar al órgano responsable de las prácticas externas en la universidad de las posibles incidencias surgidas.</p>
<p class='parrafo'>g) Supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada disposición de los recursos de apoyo necesarios para asegurar que los estudiantes con discapacidad realicen sus prácticas en condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.</p>
<p class='articulo'>Artículo 13. Informe de seguimiento intermedio e informe final del tutor de la entidad colaboradora.</p>
<p class='parrafo'>1.<em> </em>El tutor de la entidad colaboradora realizará y remitirá al tutor académico de la universidad un informe final, a la conclusión de las prácticas, que recogerá el número de horas realizadas por el estudiante y en el cual podrá valorar los siguientes aspectos referidos, en su caso, tanto a las competencias genéricas como a las específicas, previstas en el correspondiente proyecto formativo:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Capacidad técnica.</p>
<p class='parrafo'>b) Capacidad de aprendizaje.</p>
<p class='parrafo'>c) Administración de trabajos.</p>
<p class='parrafo'>d) Habilidades de comunicación oral y escrita. En el caso de estudiantes con discapacidad que tengan dificultades en la expresión oral, deberá indicarse el grado de autonomía para esta habilidad y si requiere de algún tipo de recurso técnico y/o humano para la misma.</p>
<p class='parrafo'>e) Sentido de la responsabilidad.</p>
<p class='parrafo'>f) Facilidad de adaptación.</p>
<p class='parrafo'>g) Creatividad e iniciativa.</p>
<p class='parrafo'>h) Implicación personal.</p>
<p class='parrafo'>i) Motivación.</p>
<p class='parrafo'>j) Receptividad a las críticas.</p>
<p class='parrafo'>k) Puntualidad.</p>
<p class='parrafo'>l) Relaciones con su entorno laboral.</p>
<p class='parrafo'>m) Capacidad de trabajo en equipo.</p>
<p class='parrafo'>n) Aquellos otros aspectos que se consideren oportunos.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Una vez transcurrida la mitad del período de duración de las prácticas, podrá elaborarse un informe intermedio de seguimiento, cuando así se establezca, de acuerdo con la normativa de cada universidad.</p>
<p class='articulo'>Artículo 14. Informe de seguimiento intermedio y memoria final de las prácticas del estudiante.</p>
<p class='parrafo'>1.<em> </em>El estudiante elaborará y hará entrega al tutor académico de la universidad una memoria final, a la conclusión de las prácticas, en los que deberán figurar, entre otros, los siguientes aspectos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Datos personales del estudiante.</p>
<p class='parrafo'>b) Entidad colaboradora donde ha realizado las prácticas y lugar de ubicación.</p>
<p class='parrafo'>c) Descripción concreta y detallada de las tareas, trabajos desarrollados y departamentos de la entidad a los que ha estado asignado.</p>
<p class='parrafo'>d) Valoración de las tareas desarrolladas con los conocimientos y competencias adquiridos en relación con los estudios universitarios.</p>
<p class='parrafo'>e) Relación de los problemas planteados y el procedimiento seguido para su resolución.</p>
<p class='parrafo'>f) Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las prácticas.</p>
<p class='parrafo'>g) Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora.</p>
<p class='parrafo_2'>2. El estudiante elaborará, en su caso, un informe de seguimiento intermedio, preferentemente una vez transcurrida la mitad del período de duración de las prácticas, que recoja la valoración del desarrollo del Proyecto Formativo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 15. Evaluación de las prácticas.</p>
<p class='parrafo'>El tutor académico de la universidad evaluará las prácticas desarrolladas de conformidad con los procedimientos que establezca la universidad, cumplimentando el correspondiente informe de valoración.</p>
<p class='articulo'>Artículo 16. Reconocimiento académico y acreditación.</p>
<p class='parrafo'>1. El reconocimiento académico de las prácticas externas se realizará de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por la universidad.</p>
<p class='parrafo'>2. Finalizadas las prácticas externas, la universidad emitirá, a solicitud del estudiante, un documento acreditativo de las mismas que contendrá, al menos, los siguientes aspectos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Titular del documento.</p>
<p class='parrafo'>b) Entidad colaboradora donde se realizaron las prácticas.</p>
<p class='parrafo'>c) Descripción de la práctica especificando su duración y fechas de realización.</p>
<p class='parrafo'>d) Actividades realizadas.</p>
<p class='parrafo'>e) Aquellos otros que la universidad considere conveniente.</p>
<p class='parrafo_2'>3. La universidad procurará que el modelo de documento acreditativo de las prácticas externas facilite la comunicación con las entidades colaboradoras y favorezca la movilidad internacional de los estudiantes mediante la adopción de un formato similar al utilizado para los programas de movilidad europeos</p>
<p class='parrafo'>4. El Suplemento Europeo al Título recogerá las prácticas externas realizadas.</p>
<p class='articulo'>Artículo 17. Oferta, difusión y adjudicación de las prácticas externas.</p>
<p class='parrafo'>1.<em> </em>Las universidades establecerán procedimientos de configuración de la oferta, difusión, solicitud y adjudicación de las prácticas externas de conformidad con criterios objetivos previamente fijados y garantizando, en todo caso, los principios de transparencia, publicidad, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades.</p>
<p class='parrafo'>2. En la organización y desarrollo de las prácticas se procurará que la realización de las mismas conlleven el menor sobreesfuerzo económico para los estudiantes.</p>
<p class='parrafo'>3. Las universidades otorgarán prioridad a los estudiantes que realizan prácticas curriculares frente a los que solicitan prácticas extracurriculares. Asimismo se otorgará prioridad en la elección y en la adjudicación de prácticas a los estudiantes con discapacidad, con objeto de que puedan optar a empresas en las que estén aseguradas todas las medidas de accesibilidad universal, incluidas las referidas al transporte para su traslado y acceso a las mismas.</p>
<p class='parrafo'>4. Las ofertas de prácticas externas deberán contener, en la medida de lo posible, los siguientes datos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Nombre o razón social de la entidad colaboradora donde se realizará la práctica.</p>
<p class='parrafo'>b) Centro, localidad y dirección donde tendrán lugar.</p>
<p class='parrafo'>c) Fechas de comienzo y fin de las prácticas así como su duración en horas.</p>
<p class='parrafo'>d) Número de horas diarias de dedicación o jornada y horario asignado.</p>
<p class='parrafo'>e) Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar.</p>
<p class='articulo'>Artículo 18. Garantía de calidad de las prácticas externas.</p>
<p class='parrafo'>1.<em> </em>El Sistema Interno de Garantía de Calidad de cada universidad articulará los procedimientos que garanticen la calidad de las prácticas externas que realicen los estudiantes. Los citados procedimientos incluirán mecanismos, instrumentos y órganos o unidades dedicados a la recogida y análisis de información sobre el desarrollo de las prácticas y la revisión de su planificación.</p>
<p class='parrafo'>2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las Comunidades Autónomas y el Consejo de Universidades, y con el consentimiento de las entidades colaboradoras, promoverá la difusión pública de la relación de las entidades colaboradoras en las que realicen prácticas académicas externas los estudiantes de cada universidad, así como el reconocimiento público de aquellas empresas, instituciones o entidades cuyas prácticas alcancen mayores niveles de calidad.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional única. Referencias genéricas.</p>
<p class='parrafo'>Todas las referencias a cargos, puestos o personas para los que en este real decreto se utiliza la forma de masculino genérico deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y hombres.</p>
<p class='articulo'>Disposición derogatoria única. Derogación normativa.</p>
<p class='parrafo'>Quedan derogados el Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, sobre Programas de Cooperación Educativa, y el Real Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre, por el que se actualiza el anterior.</p>
<p class='articulo'>Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por estas modificaciones.</p>
<p class='parrafo'>Se modifica la redacción del apartado 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por estas modificaciones, que queda redactado de la siguiente forma:</p>
<p class='sangrado_2'>«2. La implantación del resto de modificaciones incorporadas en este real decreto queda diferida de forma indefinida, sin perjuicio de la aplicación de las modificaciones que las Administraciones educativas decidan implantar, y en cualquier caso sin perjuicio de la implantación de las modificaciones introducidas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que se implantarán según el calendario recogido en la disposición final quinta de dicha Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.»</p>
<p class='articulo'>Disposición final segunda. Título competencial.</p>
<p class='parrafo'>El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la misma, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.</p>
<p class='articulo'>Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo normativo.</p>
<p class='parrafo'>Se autoriza al Ministro de Educación, Cultura y Deporte a dictar normas y a adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y aplicación del presente real decreto.</p>
<p class='articulo'>Disposición final cuarta. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo'>El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dado en Madrid, el 11 de julio de 2014.</p>
<p class='firma_rey'>FELIPE R.</p>
<p class='firma_ministro'>El Ministro de Educación, Cultura y Deporte,</p>
<p class='firma_ministro'>JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA</p>
</texto>
</documento>
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Wed Jul 30 08:20:34 +0000 2014
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En nuestro ordenamiento, la primera regulación de las prácticas de los estudiantes universitarios se abordó en el Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, sobre Programas de Cooperación Educativa. En líneas generales, el objetivo fundamental de esta norma era conseguir una formación integral del alumno universitario a través de programas de cooperación educativa con las empresas para la formación de los alumnos de los dos últimos cursos de una Facultad, Escuela Técnica Superior o Escuela Universitaria concreta o para un grupo de estos centros con características comunes. El programa no establecía relación contractual alguna sobre el estudiante y la empresa, toda vez que, por su naturaleza, dicha relación era estrictamente académica y no laboral.
Con posterioridad, el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecieron directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, vertebró las enseñanzas universitarias en una estructura cíclica, incorporando al sistema el cómputo del haber académico por créditos. Con la finalidad de adecuar el período durante el cual los alumnos podían realizar prácticas en empresas al sistema de créditos introducido por el Real Decreto 1497/1987, de 17 de noviembre, se aprobó el Real Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre, que modificó el Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, disponiendo que los programas de cooperación educativa se podrían establecer con las empresas para la formación de los alumnos que hubieran superado el 50 por ciento de los créditos necesarios para obtener el título universitario cuyas enseñanzas estuviese cursando.
En la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, introducida (por exigencias del proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior) con la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y desarrollada por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se ha puesto un especial énfasis en la realización de prácticas externas por los estudiantes universitarios, previendo que los planes de estudios de Grado contendrán «toda la formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir», entre la que se mencionan «las prácticas externas» (artículo 12.2), y que «si se programan prácticas externas, estas tendrán una extensión máxima de 60 créditos y deberán ofrecerse preferentemente en la segunda mitad del plan de estudios» (artículo 12.6).
En este mismo sentido, el Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado por Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, reconoce en su artículo 8 el derecho de los estudiantes de Grado a «disponer de la posibilidad de realización de prácticas, curriculares o extracurriculares, que podrán realizarse en entidades externas y en los centros, estructuras o servicios de la Universidad, según la modalidad prevista y garantizando que sirvan a la finalidad formativa de las mismas» (apartado f) y a «contar con tutela efectiva, académica y profesional (…) en las prácticas externas que se prevean en el plan de estudios» (apartado g). Con mayor detalle, el artículo 24 de este Estatuto regula las prácticas académicas externas, sus clases y sus características generales, así como la extensión de su realización a todos los estudiantes matriculados en cualquier enseñanza impartida por las universidades o centros adscritos a las mismas.
El tiempo transcurrido desde la aprobación del Real Decreto 1497/1981 hace necesaria una nueva regulación más acorde con lo establecido en la legislación vigente y que desarrolle, precise y aclare algunos de los aspectos previstos en la misma, tales como los objetivos de las prácticas, las entidades colaboradoras y los destinatarios, requisitos, tutorías y contenidos de los convenios de cooperación educativa. Además, dicha regulación ha de promover la incorporación de estudiantes en prácticas en el ámbito de las administraciones públicas y en el de las empresas privadas, impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales, fomentando su capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando respuesta al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del conocimiento.
Este real decreto ha sido informado favorablemente por el Consejo de Universidades, por la Conferencia General de Política Universitaria y por el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 11 de julio de 2014,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El objeto del presente real decreto es el desarrollo de la regulación de las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.
Artículo 2. Definición, naturaleza y caracteres de las prácticas externas.
1. Las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por las Universidades, cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.
2. Podrán realizarse en la propia universidad o en entidades colaboradoras, tales como, empresas, instituciones y entidades públicas y privadas en el ámbito nacional e internacional.
3. Dado el carácter formativo de las prácticas académicas externas, de su realización no se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo.
4. Asimismo, y en el caso de que al término de los estudios el estudiante se incorporase a la plantilla de la entidad colaboradora, el tiempo de las prácticas no se computará a efectos de antigüedad ni eximirá del período de prueba salvo que en el oportuno convenio colectivo aplicable estuviera expresamente estipulado algo distinto.
5. En el ámbito de las Administraciones Públicas, Entidades de Derecho Público y demás Organismos Públicos, la realización en los mismos de las prácticas académicas externas no podrá tener la consideración de mérito para el acceso a la función pública ni será computada a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios previos.
Artículo 3. Fines.
Con la realización de las prácticas académicas externas se pretenden alcanzar los siguientes fines:
a) Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su aprendizaje teórico y práctico.
b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos.
c) Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas.
d) Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su empleabilidad futura.
e) Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento.
Artículo 4. Modalidades de prácticas académicas externas.
Las prácticas académicas externas serán curriculares y extracurriculares.
a) Las prácticas curriculares se configuran como actividades académicas integrantes del Plan de Estudios de que se trate.
b) Las prácticas extracurriculares, son aquellas que los estudiantes podrán realizar con carácter voluntario durante su periodo de formación y que, aun teniendo los mismos fines que las prácticas curriculares, no forman parte del correspondiente Plan de Estudios. No obstante serán contempladas en el Suplemento Europeo al Título conforme determine la normativa vigente.
Artículo 5. Duración y horarios de realización de las prácticas.
1. La duración de las prácticas será la siguiente:
a) Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de estudios correspondiente en los términos establecidos por el artículo 12.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
b) Las prácticas externas extracurriculares tendrán una duración preferentemente no superior al cincuenta por ciento del curso académico, sin perjuicio de lo que fijen las universidades, procurando el aseguramiento del correcto desarrollo y seguimiento de las actividades académicas del estudiante.
2. Los horarios de realización de las prácticas se establecerán de acuerdo con las características de las mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora. Los horarios, en todo caso, se procurará que sean compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada por el estudiante en la universidad.
Artículo 6. El proyecto formativo.
1. El proyecto formativo en que se concreta la realización de cada práctica académica externa deberá fijar los objetivos educativos y las actividades a desarrollar. Los objetivos se establecerán considerando las competencias básicas, genéricas y/o específicas que debe adquirir el estudiante. Asimismo los contenidos de la práctica se definirán de forma que aseguren la relación directa de las competencias a adquirir con los estudios cursados.
2. En todo caso, se procurará que el proyecto formativo se conforme siguiendo los principios de inclusión, igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
Artículo 7. Convenios de Cooperación Educativa.
1. Para la realización de las prácticas externas, las universidades o, en su caso, las entidades gestoras de prácticas a ellas vinculadas, suscribirán Convenios de Cooperación Educativa con las entidades colaboradoras previstas en el artículo 2.2 del presente real decreto y fomentarán que éstas sean accesibles para la realización de prácticas de estudiantes con discapacidad procurando la disposición de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios que aseguren la igualdad de oportunidades.
2. Los convenios establecerán el marco regulador de las relaciones entre el estudiante, la entidad colaboradora, la universidad y, en su caso, la entidad gestora de prácticas vinculada a esta última. En sus estipulaciones básicas o en los anexos que las desarrollen deberán integrar al menos:
a) El proyecto formativo objeto de la práctica a realizar por el estudiante.
b) El régimen de permisos a que tenga derecho con arreglo a la normativa vigente.
c) Las condiciones de rescisión anticipada de la práctica en caso de incumplimiento de sus términos.
d) En su caso, el régimen de suscripción y pago de seguros, tanto de accidentes como de responsabilidad civil, o garantía financiera equivalente.
e) La existencia, en su caso, de una bolsa o ayuda de estudios para el estudiante y la forma de su satisfacción.
f) La protección de sus datos.
g) La regulación de los eventuales conflictos surgidos en su desarrollo.
h) Los términos del reconocimiento de la universidad a la labor realizada por los tutores de la entidad colaboradora.
Artículo 8. Destinatarios de las prácticas y requisitos para su realización.
1. Podrán realizar prácticas académicas externas:
a) Los estudiantes matriculados en cualquier enseñanza impartida por la Universidad o por los Centros adscritos a la misma.
b) Los estudiantes de otras universidades españolas o extranjeras que, en virtud de programas de movilidad académica o de convenios establecidos entre las mismas, se encuentren cursando estudios en la Universidad o en los Centros adscritos a la misma.
2. Para la realización de las prácticas externas los estudiantes deberán cumplir, en su caso, los siguientes requisitos:
a) Estar matriculado en la enseñanza universitaria a la que se vinculan las competencias básicas, genéricas y/o específicas a adquirir por el estudiante en la realización de la práctica.
b) En el caso de prácticas externas curriculares, estar matriculado en la asignatura vinculada, según el Plan de Estudios de que se trate.
c) No mantener ninguna relación contractual con la empresa, institución o entidad pública o privada o la propia universidad en la que se van a realizar las prácticas, salvo autorización con arreglo a la normativa interna de cada Universidad.
Artículo 9. Derechos y deberes de los estudiantes en prácticas.
1. Durante la realización de las prácticas académicas externas, los estudiantes tendrán los siguientes derechos:
a) A la tutela, durante el período de duración de la correspondiente práctica, por un profesor de la universidad y por un profesional que preste servicios en la empresa, institución o entidad donde se realice la misma.
b) A la evaluación de acuerdo con los criterios establecidos por la Universidad.
c) A la obtención de un informe por parte de la entidad colaboradora donde ha realizado las prácticas, con mención expresa de la actividad desarrollada, su duración y, en su caso, su rendimiento.
d) A percibir, en los casos en que así se estipule, la aportación económica de la entidad colaboradora, en concepto de bolsa o ayuda al estudio.
e) A la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la legislación reguladora de la materia.
f) A recibir, por parte de la entidad colaboradora, información de la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales.
g) A cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y participación, previa comunicación con antelación suficiente a la entidad colaboradora.
h) A disponer de los recursos necesarios para el acceso de los estudiantes con discapacidad a la tutela, a la información, a la evaluación y al propio desempeño de las prácticas en igualdad de condiciones.
i) A conciliar, en el caso de los estudiantes con discapacidad, la realización de las prácticas con aquellas actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de discapacidad.
j) Aquellos otros derechos previstos en la normativa vigente y/o en los correspondientes Convenios de Cooperación Educativa suscritos por la Universidad y, en su caso, la entidad gestora de prácticas vinculada a la mima, con la entidad colaboradora.
2. Asimismo y, durante la realización de las prácticas académicas externas los estudiantes deberán atender al cumplimiento de los siguientes deberes:
a) Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por la universidad.
b) Conocer y cumplir el Proyecto Formativo de las prácticas siguiendo las indicaciones del tutor asignado por la entidad colaboradora bajo la supervisión del tutor académico de la universidad.
c) Mantener contacto con el tutor académico de la universidad durante el desarrollo de la práctica y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir en el mismo, así como hacer entrega de los documentos e informes de seguimiento intermedio y la memoria final que le sean requeridos.
d) Incorporarse a la entidad colaboradora de que se trate en la fecha acordada, cumplir el horario previsto en el proyecto educativo y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales de la misma.
e) Desarrollar el Proyecto Formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas con la entidad colaboradora conforme a las líneas establecidas en el mismo.
f) Elaboración de la memoria final de las prácticas, prevista en el artículo 14 de este real decreto y, en su caso, del informe intermedio.
g) Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la entidad colaboradora y guardar secreto profesional sobre sus actividades, durante su estancia y finalizada ésta.
h) Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política de la entidad colaboradora, salvaguardando el buen nombre de la universidad a la que pertenece.
i) Cualquier otro deber previsto en la normativa vigente y/o en los correspondientes Convenios de Cooperación Educativa suscrito por la Universidad y, en su caso, la entidad gestora de prácticas vinculada a la misma, con la entidad colaboradora.
Artículo 10. Tutorías y requisitos para ejercerlas.
1. Para la realización de las prácticas externas los estudiantes contarán con un tutor de la entidad colaboradora y un tutor académico de la universidad.
2. El tutor designado por la entidad colaboradora deberá ser una persona vinculada a la misma, con experiencia profesional y con los conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva. No podrá coincidir con la persona que desempeña las funciones de tutor académico de la universidad.
3. La designación de tutor académico de la universidad se hará de acuerdo con los procedimientos establecidos por la misma:
a) Para las prácticas curriculares el tutor deberá ser un profesor de la universidad, con preferencia de la propia facultad, escuela o centro universitario en el que se encuentre matriculado el estudiante y, en todo caso, afín a la enseñanza a la que se vincula la práctica.
b) En el caso de las prácticas extracurriculares, el tutor académico será preferentemente un profesor de la universidad que imparta docencia en la misma rama de conocimiento de la enseñanza cursada.
4. Las universidades facilitarán a los tutores de estudiantes con discapacidad la información y la formación necesarias para el desempeño de esta función.
Artículo 11. Derechos y deberes del tutor de la entidad colaboradora.
1. El tutor de la entidad colaboradora tendrá los siguientes derechos:
a) Al reconocimiento de su actividad colaboradora, por parte de la universidad, en los términos previstos en el convenio de cooperación educativa.
b) A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas así como del Proyecto Formativo y de las condiciones de su desarrollo.
c) Tener acceso a la universidad para obtener la información y el apoyo necesarios para el cumplimiento de los fines propios de su función.
d) Aquellas otras consideraciones específicas que la universidad pueda establecer.
2. Asimismo tendrá los siguientes deberes:
a) Acoger al estudiante y organizar la actividad a desarrollar con arreglo a lo establecido en el Proyecto Formativo.
b) Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica con una relación basada en el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje.
c) Informar al estudiante de la organización y funcionamiento de la entidad y de la normativa de interés, especialmente la relativa a la seguridad y riesgos laborales.
d) Coordinar con el tutor académico de la universidad el desarrollo de las actividades establecidas en el convenio de cooperación educativa, incluyendo aquellas modificaciones del plan formativo que puedan ser necesarias para el normal desarrollo de la práctica, así como la comunicación y resolución de posibles incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la misma y el control de permisos para la realización de exámenes.
e) Emitir el informe final, y en su caso, el informe intermedio a que se refiere el artículo 13 de este real decreto.
f) Proporcionar la formación complementaria que precise el estudiante para la realización de las prácticas.
g) Proporcionar al estudiante los medios materiales indispensables para el desarrollo de la práctica.
h) Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y emprendimiento por parte del estudiante.
i) Facilitar al tutor académico de la universidad el acceso a la entidad para el cumplimiento de los fines propios de su función.
j) Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca del estudiante como consecuencia de su actividad como tutor.
k) Prestar ayuda y asistencia al estudiante, durante su estancia en la entidad, para la resolución de aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el desempeño de las actividades que realiza en la misma.
Artículo 12. Derechos y deberes del tutor académico de la universidad.
1. El tutor académico de la universidad tendrá los siguientes derechos:
a) Al reconocimiento efectivo de su actividad académica en los términos que establezca la universidad, de acuerdo con su normativa interna, sin que de dicho reconocimiento puedan derivarse en ningún caso efectos económico- retributivos.
b) A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas así como del Proyecto Formativo y de las condiciones bajo las que se desarrollará la estancia del estudiante a tutelar.
c) Tener acceso a la entidad para el cumplimiento de los fines propios de su función.
2. Asimismo, tendrá los siguientes deberes:
a) Velar por el normal desarrollo del Proyecto Formativo, garantizando la compatibilidad del horario de realización de las prácticas con las obligaciones académicas, formativas y de representación y participación del estudiante.
b) Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello con el tutor de la entidad colaboradora y vistos, en su caso, los informes de seguimiento.
c) Autorizar las modificaciones que se produzcan en el Proyecto Formativo.
d) Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas del estudiante tutelado de acuerdo con lo que se establece en el artículo 15 de este real decreto.
e) Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca como consecuencia de su actividad como tutor.
f) Informar al órgano responsable de las prácticas externas en la universidad de las posibles incidencias surgidas.
g) Supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada disposición de los recursos de apoyo necesarios para asegurar que los estudiantes con discapacidad realicen sus prácticas en condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
Artículo 13. Informe de seguimiento intermedio e informe final del tutor de la entidad colaboradora.
1. El tutor de la entidad colaboradora realizará y remitirá al tutor académico de la universidad un informe final, a la conclusión de las prácticas, que recogerá el número de horas realizadas por el estudiante y en el cual podrá valorar los siguientes aspectos referidos, en su caso, tanto a las competencias genéricas como a las específicas, previstas en el correspondiente proyecto formativo:
a) Capacidad técnica.
b) Capacidad de aprendizaje.
c) Administración de trabajos.
d) Habilidades de comunicación oral y escrita. En el caso de estudiantes con discapacidad que tengan dificultades en la expresión oral, deberá indicarse el grado de autonomía para esta habilidad y si requiere de algún tipo de recurso técnico y/o humano para la misma.
e) Sentido de la responsabilidad.
f) Facilidad de adaptación.
g) Creatividad e iniciativa.
h) Implicación personal.
i) Motivación.
j) Receptividad a las críticas.
k) Puntualidad.
l) Relaciones con su entorno laboral.
m) Capacidad de trabajo en equipo.
n) Aquellos otros aspectos que se consideren oportunos.
2. Una vez transcurrida la mitad del período de duración de las prácticas, podrá elaborarse un informe intermedio de seguimiento, cuando así se establezca, de acuerdo con la normativa de cada universidad.
Artículo 14. Informe de seguimiento intermedio y memoria final de las prácticas del estudiante.
1. El estudiante elaborará y hará entrega al tutor académico de la universidad una memoria final, a la conclusión de las prácticas, en los que deberán figurar, entre otros, los siguientes aspectos:
a) Datos personales del estudiante.
b) Entidad colaboradora donde ha realizado las prácticas y lugar de ubicación.
c) Descripción concreta y detallada de las tareas, trabajos desarrollados y departamentos de la entidad a los que ha estado asignado.
d) Valoración de las tareas desarrolladas con los conocimientos y competencias adquiridos en relación con los estudios universitarios.
e) Relación de los problemas planteados y el procedimiento seguido para su resolución.
f) Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las prácticas.
g) Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora.
2. El estudiante elaborará, en su caso, un informe de seguimiento intermedio, preferentemente una vez transcurrida la mitad del período de duración de las prácticas, que recoja la valoración del desarrollo del Proyecto Formativo.
Artículo 15. Evaluación de las prácticas.
El tutor académico de la universidad evaluará las prácticas desarrolladas de conformidad con los procedimientos que establezca la universidad, cumplimentando el correspondiente informe de valoración.
Artículo 16. Reconocimiento académico y acreditación.
1. El reconocimiento académico de las prácticas externas se realizará de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por la universidad.
2. Finalizadas las prácticas externas, la universidad emitirá, a solicitud del estudiante, un documento acreditativo de las mismas que contendrá, al menos, los siguientes aspectos:
a) Titular del documento.
b) Entidad colaboradora donde se realizaron las prácticas.
c) Descripción de la práctica especificando su duración y fechas de realización.
d) Actividades realizadas.
e) Aquellos otros que la universidad considere conveniente.
3. La universidad procurará que el modelo de documento acreditativo de las prácticas externas facilite la comunicación con las entidades colaboradoras y favorezca la movilidad internacional de los estudiantes mediante la adopción de un formato similar al utilizado para los programas de movilidad europeos
4. El Suplemento Europeo al Título recogerá las prácticas externas realizadas.
Artículo 17. Oferta, difusión y adjudicación de las prácticas externas.
1. Las universidades establecerán procedimientos de configuración de la oferta, difusión, solicitud y adjudicación de las prácticas externas de conformidad con criterios objetivos previamente fijados y garantizando, en todo caso, los principios de transparencia, publicidad, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades.
2. En la organización y desarrollo de las prácticas se procurará que la realización de las mismas conlleven el menor sobreesfuerzo económico para los estudiantes.
3. Las universidades otorgarán prioridad a los estudiantes que realizan prácticas curriculares frente a los que solicitan prácticas extracurriculares. Asimismo se otorgará prioridad en la elección y en la adjudicación de prácticas a los estudiantes con discapacidad, con objeto de que puedan optar a empresas en las que estén aseguradas todas las medidas de accesibilidad universal, incluidas las referidas al transporte para su traslado y acceso a las mismas.
4. Las ofertas de prácticas externas deberán contener, en la medida de lo posible, los siguientes datos:
a) Nombre o razón social de la entidad colaboradora donde se realizará la práctica.
b) Centro, localidad y dirección donde tendrán lugar.
c) Fechas de comienzo y fin de las prácticas así como su duración en horas.
d) Número de horas diarias de dedicación o jornada y horario asignado.
e) Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar.
Artículo 18. Garantía de calidad de las prácticas externas.
1. El Sistema Interno de Garantía de Calidad de cada universidad articulará los procedimientos que garanticen la calidad de las prácticas externas que realicen los estudiantes. Los citados procedimientos incluirán mecanismos, instrumentos y órganos o unidades dedicados a la recogida y análisis de información sobre el desarrollo de las prácticas y la revisión de su planificación.
2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las Comunidades Autónomas y el Consejo de Universidades, y con el consentimiento de las entidades colaboradoras, promoverá la difusión pública de la relación de las entidades colaboradoras en las que realicen prácticas académicas externas los estudiantes de cada universidad, así como el reconocimiento público de aquellas empresas, instituciones o entidades cuyas prácticas alcancen mayores niveles de calidad.
Disposición adicional única. Referencias genéricas.
Todas las referencias a cargos, puestos o personas para los que en este real decreto se utiliza la forma de masculino genérico deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y hombres.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogados el Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, sobre Programas de Cooperación Educativa, y el Real Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre, por el que se actualiza el anterior.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por estas modificaciones.
Se modifica la redacción del apartado 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por estas modificaciones, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. La implantación del resto de modificaciones incorporadas en este real decreto queda diferida de forma indefinida, sin perjuicio de la aplicación de las modificaciones que las Administraciones educativas decidan implantar, y en cualquier caso sin perjuicio de la implantación de las modificaciones introducidas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que se implantarán según el calendario recogido en la disposición final quinta de dicha Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.»
Disposición final segunda. Título competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la misma, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo normativo.
Se autoriza al Ministro de Educación, Cultura y Deporte a dictar normas y a adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y aplicación del presente real decreto.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 11 de julio de 2014.
FELIPE R.
El Ministro de Educación, Cultura y Deporte,
JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA
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2. El decreto incluye una dispos. final primera que modifica otro decreto, el de enseñanzas mínimas en secundaria
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"114"
] |
DECRETO_LEY
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Decreto que incluye una disposición final, primera que modifica otro decreto, el de enseñanzas mínimas en secundaria
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"221",
"2263",
"3125",
"3214",
"3805",
"7090"
] | 714
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2013-07-30
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BOE-B-2013-29642
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Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la formalización del contrato de 'Servicio de apoyo administrativo para Red.es '.
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<identificador>BOE-B-2013-29642</identificador>
<titulo>Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la formalización del contrato de 'Servicio de apoyo administrativo para Red.es '.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>181</diario_numero>
<seccion>5</seccion>
<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='9207'>Otros Poderes Adjudicadores</departamento>
<numero_anuncio>A130045428</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20130730</fecha_publicacion>
<letra_imagen>B</letra_imagen>
<pagina_inicial>39620</pagina_inicial>
<pagina_final>39620</pagina_final>
<suplemento_letra_imagen></suplemento_letra_imagen>
<suplemento_pagina_inicial></suplemento_pagina_inicial>
<suplemento_pagina_final></suplemento_pagina_final>
<url_pdf>/boe/dias/2013/07/30/pdfs/BOE-B-2013-29642.pdf</url_pdf>
</metadatos>
<analisis>
<modalidad codigo='F'>Formalización contrato</modalidad>
<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo=''></procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas></fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas></fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>158.906,88</importe>
<ambito_geografico>Sin definir</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Entidad Pública Empresarial Red.es.</dd>
<dt>c) Número de expediente: </dt>
<dd>028/13-SG.</dd>
<dt>d) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>www.red.es.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Servicio.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Prestación de un servicio de apoyo en tareas administrativas, para aquellas direcciones de Red.es que así lo requieran de manera puntual.</dd>
<dt>d) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>79500000; 72253000; 71356300;</dd>
<dt>g) Medio de publicación del anuncio de licitación: </dt>
<dd>Perfil del Contratante.</dd>
<dt>h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: </dt>
<dd>30/04/2013.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Simplificado.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación.</dt>
<dd> Importe neto: 131.328 euros. Importe total: 158.906,88 euros. </dd>
<dt>6. Formalización del contrato:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha de adjudicación: </dt>
<dd>19/07/2013.</dd>
<dt>b) Fecha de formalización del contrato: </dt>
<dd>19/07/2013.</dd>
<dt>c) Contratista: </dt>
<dd>Crezca Servicios Auxiliares, S.L.</dd>
<dt>d) Importe o canon de adjudicación: </dt>
<dd> Importe neto: 131.328 euros. Importe total: 158.906,88 euros. </dd>
</dl>
</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 23 de julio de 2013.- Don Luis Santa-María Pérez, Secretario General.</p>
</texto>
</documento>
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Tue Jul 30 08:19:13 +0000 2013
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1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente:
028/13-SG.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.red.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicio.
b) Descripción:
Prestación de un servicio de apoyo en tareas administrativas, para aquellas direcciones de Red.es que así lo requieran de manera puntual.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
79500000; 72253000; 71356300;
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Perfil del Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
30/04/2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Simplificado.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 131.328 euros. Importe total: 158.906,88 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
19/07/2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
19/07/2013.
c) Contratista:
Crezca Servicios Auxiliares, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 131.328 euros. Importe total: 158.906,88 euros.
Madrid, 23 de julio de 2013.- Don Luis Santa-María Pérez, Secretario General.
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En Red.es necesitan gente para tareas administrativas. ¿Funcionarios? No, mejor contratan a una empresa #BOE
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Otros Poderes Adjudicadores
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Contrato de Red.es para la prestación de un servicio de apoyo en tareas administrativas por importe total de 158.906,88 euros.
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[] | 716
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2015-05-19
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BOE-B-2015-15768
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Mejora local. Construcción de glorietas en la carretera N-260. Tramo: La Seo d'Urgell. Provincia de Lleida. Único criterio de adjudicación. Expediente: 39-L-4160; 51.14/15.
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<identificador>BOE-B-2015-15768</identificador>
<titulo>Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Mejora local. Construcción de glorietas en la carretera N-260. Tramo: La Seo d'Urgell. Provincia de Lleida. Único criterio de adjudicación. Expediente: 39-L-4160; 51.14/15.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>119</diario_numero>
<seccion>5</seccion>
<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='3210'>Ministerio de Fomento</departamento>
<numero_anuncio>A150022525</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20150519</fecha_publicacion>
<letra_imagen>B</letra_imagen>
<pagina_inicial>21893</pagina_inicial>
<pagina_final>21894</pagina_final>
<suplemento_letra_imagen></suplemento_letra_imagen>
<suplemento_pagina_inicial></suplemento_pagina_inicial>
<suplemento_pagina_final></suplemento_pagina_final>
<url_pdf>/boe/dias/2015/05/19/pdfs/BOE-B-2015-15768.pdf</url_pdf>
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<analisis>
<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
<tipo codigo='3'>Obras</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas>Hasta las 11:00 horas del 15 de Junio de 2015</fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas>6 de Julio de 2015 a las 10:00</fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>1.471.026,39</importe>
<ambito_geografico>Cataluña</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>45000000 Trabajos de construcción</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Dirección General de Carreteras.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Dirección General de Carreteras.</dd>
<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Dirección General de Carreteras.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Paseo de la Castellana 67 - Despacho B750.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid, 28071, España.</dd>
<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>http://contrataciondel estado.es.</dd>
<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
<dd>Hasta las 14:00 horas del 5 de Junio de 2015.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>d) Número de expediente: </dt>
<dd>39-L-4160; 51.14/15.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Obras.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Mejora local. Construcción de glorietas en la carretera N-260. Tramo: La Seo d'Urgell. Provincia de Lleida. Único criterio de adjudicación.</dd>
<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
<dd>6 meses.</dd>
<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>45230000 (Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación).</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>1.215.724,29 euros.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) </dt>
<dd> Importe neto: 1.215.724,29 euros. Importe total: 1.471.026,39 euros. </dd>
</dl>
</dd>
<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
<dd> Definitiva (%): 5.</dd>
<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
<dd>G4e (Con firmes de mezclas bituminosas. (Desde 840.000 euros hasta 2.400.000 euros)).</dd>
<dt>c) Otros requisitos específicos: </dt>
<dd>Capacidad de obrar; No prohibición para contratar; No estar incurso en incompatibilidades; Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; Cumplimiento con las obligaciones tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
<dd>Hasta las 11:00 horas del 15 de Junio de 2015.</dd>
<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
<dd>Manual.</dd>
<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Dirección General de Carreteras.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Paseo de la Castellana, 67 - Despacho B750.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid, 28071, España.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
<dd>No.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Descripción: </dt>
<dd>Apertura sobre oferta económica.</dd>
<dt>b) Dirección: </dt>
<dd>Paseo de la Castellana, n.º 67, 1.ª planta (sala de proyecciones) (Ministerio de Fomento).</dd>
<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid, 28071, España.</dd>
<dt>d) Fecha y hora: </dt>
<dd>6 de Julio de 2015 a las 10:00.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
<dd>3.000,00 euros.</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 14 de mayo de 2015.- Director General de Carreteras.</p>
</texto>
</documento>
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Tue May 19 08:00:26 +0000 2015
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1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Dirección General de Carreteras.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Dirección General de Carreteras.
2) Domicilio:
Paseo de la Castellana 67 - Despacho B750.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28071, España.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondel estado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Hasta las 14:00 horas del 5 de Junio de 2015.
d) Número de expediente:
39-L-4160; 51.14/15.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Obras.
b) Descripción:
Mejora local. Construcción de glorietas en la carretera N-260. Tramo: La Seo d'Urgell. Provincia de Lleida. Único criterio de adjudicación.
e) Plazo de ejecución/entrega:
6 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
45230000 (Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
1.215.724,29 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 1.215.724,29 euros. Importe total: 1.471.026,39 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G4e (Con firmes de mezclas bituminosas. (Desde 840.000 euros hasta 2.400.000 euros)).
c) Otros requisitos específicos:
Capacidad de obrar; No prohibición para contratar; No estar incurso en incompatibilidades; Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; Cumplimiento con las obligaciones tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
Hasta las 11:00 horas del 15 de Junio de 2015.
b) Modalidad de presentación:
Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Dirección General de Carreteras.
2) Domicilio:
Paseo de la Castellana, 67 - Despacho B750.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28071, España.
e) Admisión de variantes:
No.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección:
Paseo de la Castellana, n.º 67, 1.ª planta (sala de proyecciones) (Ministerio de Fomento).
c) Localidad y código postal:
Madrid, 28071, España.
d) Fecha y hora:
6 de Julio de 2015 a las 10:00.
10. Gastos de publicidad:
3.000,00 euros.
Madrid, 14 de mayo de 2015.- Director General de Carreteras.
|
Para que veas, @malvartinez, que a veces también leo cosas y me acuerdo de ti. ¡Más rotondas! @NacionRotonda #BOE
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Ministerio de Fomento
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Licitación para la construcción de glorietas en la carretera N-260. Valor estimado de 1.215.724,29 euros
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[] | 718
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2013-07-17
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BOE-B-2013-27636
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Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio público de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
|
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<documento fecha_actualizacion='20200821115601'>
<metadatos>
<identificador>BOE-B-2013-27636</identificador>
<titulo>Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio público de Interrupción Voluntaria del Embarazo.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>170</diario_numero>
<seccion>5</seccion>
<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='8040'>Comunidad Autónoma de Cantabria</departamento>
<numero_anuncio>A130042178</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20130717</fecha_publicacion>
<letra_imagen>B</letra_imagen>
<pagina_inicial>36884</pagina_inicial>
<pagina_final>36885</pagina_final>
<suplemento_letra_imagen></suplemento_letra_imagen>
<suplemento_pagina_inicial></suplemento_pagina_inicial>
<suplemento_pagina_final></suplemento_pagina_final>
<url_pdf>/boe/dias/2013/07/17/pdfs/BOE-B-2013-27636.pdf</url_pdf>
</metadatos>
<analisis>
<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
<tipo codigo='21'>Gestión de Servicios Públicos</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas>9 de agosto de 2013, a las 13:00 horas</fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas>28 de agosto de 2013, a las 9:00</fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe></importe>
<ambito_geografico>Cantabria</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>85000000 Servicios de salud y asistencia social</materias_cpv>
<observaciones>Varios lotes
Acuerdo marco</observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Servicio Cántabro de Salud.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Subdirección de Asistencia Sanitaria.</dd>
<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Servicio Cántabro de Salud.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Avenida Cardenal Herrera Oria, s/n.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Santander 39011.</dd>
<dt>4) Teléfono: </dt>
<dd>942202796, 942202797.</dd>
<dt>5) Telefax: </dt>
<dd>942202841</dd>
<dt>6) Correo electrónico: </dt>
<dd>[email protected] ; [email protected].</dd>
<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>https://aplicaciones5.cantabria.es/PerfilContratante/inicioPerfilContratanteSCS.do.</dd>
<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
<dd>9 de agosto de 2013.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>d) Número de expediente: </dt>
<dd>2012.2.00.0.8.03.0002.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Gestión de servicio público.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Acuerdo Marco para la Interrupción Voluntaria del Embarazo.</dd>
<dt>c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: </dt>
<dd>Sí. 2 lotes.</dd>
<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
<dd>Ver pliegos.</dd>
<dt>g) Establecimiento de un acuerdo marco: </dt>
<dd>Sí.</dd>
<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>85140000-2, 85111100-1.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
<dd>Ver pliegos.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>1.288.000,00 €.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) </dt>
<dd>Importe total: Indeterminado. </dd>
</dl>
</dd>
<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
<dd> Definitiva (%): 5% del importe de los contratos derivados del acuerdo marco.</dd>
<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
<dd>No.</dd>
<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
<dd>Ver pliegos.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
<dd>9 de agosto de 2013, a las 13:00 horas.</dd>
<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Servicio Cántabro de Salud. Registro General.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Avenida Cardenal Herrera Oria, s/n.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Santander 39011.</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
</dd>
<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Descripción: </dt>
<dd>Sobre B. Aspectos cuantificables de la oferta o de valoración automática.</dd>
<dt>b) Dirección: </dt>
<dd>Avenida Cardenal Herrera Oria, s/n.</dd>
<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Santander 39011.</dd>
<dt>d) Fecha y hora: </dt>
<dd>28 de agosto de 2013, a las 9:00.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
<dd>Serán por cuenta del adjudicatario.</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Santander, 27 de junio de 2013.- El Director gerente, Carlos León Rodríguez.</p>
</texto>
</documento>
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Wed Jul 17 13:16:09 +0000 2013
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1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Servicio Cántabro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección de Asistencia Sanitaria.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Servicio Cántabro de Salud.
2) Domicilio:
Avenida Cardenal Herrera Oria, s/n.
3) Localidad y código postal:
Santander 39011.
4) Teléfono:
942202796, 942202797.
5) Telefax:
942202841
6) Correo electrónico:
[email protected] ; [email protected].
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
https://aplicaciones5.cantabria.es/PerfilContratante/inicioPerfilContratanteSCS.do.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
9 de agosto de 2013.
d) Número de expediente:
2012.2.00.0.8.03.0002.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Gestión de servicio público.
b) Descripción:
Acuerdo Marco para la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
Sí. 2 lotes.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Ver pliegos.
g) Establecimiento de un acuerdo marco:
Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
85140000-2, 85111100-1.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Ver pliegos.
4. Valor estimado del contrato:
1.288.000,00 €.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe total: Indeterminado.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5% del importe de los contratos derivados del acuerdo marco.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Ver pliegos.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
9 de agosto de 2013, a las 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Servicio Cántabro de Salud. Registro General.
2) Domicilio:
Avenida Cardenal Herrera Oria, s/n.
3) Localidad y código postal:
Santander 39011.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Sobre B. Aspectos cuantificables de la oferta o de valoración automática.
b) Dirección:
Avenida Cardenal Herrera Oria, s/n.
c) Localidad y código postal:
Santander 39011.
d) Fecha y hora:
28 de agosto de 2013, a las 9:00.
10. Gastos de publicidad:
Serán por cuenta del adjudicatario.
Santander, 27 de junio de 2013.- El Director gerente, Carlos León Rodríguez.
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Cantabria licita el servicio de abortos A ver si esta vez gana alguna clínica cántabra, porque
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Comunidad Autónoma de Cantabria
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Cantabria licita el servicio de abortos con un valor estimado de 1.288.000,00 euros.
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[] | 719
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2020-01-20
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BOE-B-2020-2066
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SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO
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<documento fecha_actualizacion='20200120071607'>
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<identificador>BOE-B-2020-2066</identificador>
<titulo>SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>17</diario_numero>
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<numero_anuncio>A200002208</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20200120</fecha_publicacion>
<letra_imagen>B</letra_imagen>
<pagina_inicial>2817</pagina_inicial>
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<analisis></analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>EDICTO</p>
<p class='parrafo'>Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 14 de enero de 2020, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A13/20 del ramo de sector público local (Ayuntamiento de Fresno de Torote), ámbito territorial de la provincia de Madrid, que en dicho Tribunal se sigue juicio con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos como consecuencia de las retribuciones percibidas por cinco trabajadores eventuales del Ayuntamiento en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de julio de 2015, por importe de 158.465,06 euros, lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 14 de enero de 2020.- El Letrado Secretario, Carlos Cubillo Rodríguez.</p>
</texto>
</documento>
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Mon Jan 20 07:56:27 +0000 2020
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EDICTO
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 14 de enero de 2020, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A13/20 del ramo de sector público local (Ayuntamiento de Fresno de Torote), ámbito territorial de la provincia de Madrid, que en dicho Tribunal se sigue juicio con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos como consecuencia de las retribuciones percibidas por cinco trabajadores eventuales del Ayuntamiento en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de julio de 2015, por importe de 158.465,06 euros, lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días.
Madrid, 14 de enero de 2020.- El Letrado Secretario, Carlos Cubillo Rodríguez.
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El Tribunal de Cuentas investiga más de 150.000 euros que recibieron cinco eventuales del Ayuntamiento de Fresno de la Torre (Madrid) entre 2014 y 2015. #BOE
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TRIBUNAL_DE_CUENTAS
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TRIBUNAL DE CUENTAS
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El Tribunal de Cuentas investiga más de 150.000 euros que recibieron cinco eventuales del Ayuntamiento de Fresno de la Torre (Madrid) entre 2014 y 2015.
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2019-06-25
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EN RELACIÓN con
la anulación del art. 58 bis.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio
DICTADA
en el Recurso 1405/2019
DECLARA
inconstitucional y nulo el art. 58 bis.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, en la redacción dada por la disposición final 3.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre
DECLARA
,
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BOE-A-2019-9548
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Pleno. Sentencia 76/2019, de 22 de mayo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 1405-2019. Interpuesto por el Defensor del Pueblo respecto del apartado primero del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, incorporado por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Protección de datos personales, principio de seguridad jurídica, vertiente negativa de la libertad ideológica y derecho a la participación política: nulidad del precepto legal que posibilita la recopilación por los partidos políticos de datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos.
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<documento fecha_actualizacion='20221003105601'>
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<identificador>BOE-A-2019-9548</identificador>
<titulo>Pleno. Sentencia 76/2019, de 22 de mayo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 1405-2019. Interpuesto por el Defensor del Pueblo respecto del apartado primero del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, incorporado por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Protección de datos personales, principio de seguridad jurídica, vertiente negativa de la libertad ideológica y derecho a la participación política: nulidad del precepto legal que posibilita la recopilación por los partidos políticos de datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>151</diario_numero>
<seccion>T</seccion>
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<departamento codigo='1410'>Tribunal Constitucional</departamento>
<rango codigo='1240'>Sentencia</rango>
<numero_oficial>76/2019</numero_oficial>
<fecha_disposicion>20190522</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20190625</fecha_publicacion>
<fecha_vigencia></fecha_vigencia>
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<estatus_legislativo>L</estatus_legislativo>
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<judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
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<estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
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<analisis>
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<materia codigo='683' orden=''>Censo Electoral</materia>
<materia codigo='3685' orden=''>Ficheros con datos personales</materia>
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<alerta codigo='111' orden=''>Derecho Constitucional</alerta>
<alerta codigo='130' orden=''>Telecomunicaciones</alerta>
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<anteriores>
<anterior orden='3070' referencia='BOE-A-2019-3423'>
<palabra codigo='331'>EN RELACIÓN con</palabra>
<texto>la anulación del art. 58 bis.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio</texto>
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<palabra codigo='693'>DICTADA</palabra>
<texto>en el Recurso 1405/2019</texto>
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<palabra codigo='470'>DECLARA</palabra>
<texto>inconstitucional y nulo el art. 58 bis.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, en la redacción dada por la disposición final 3.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre</texto>
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<palabra codigo='470'>DECLARA</palabra>
<texto>,</texto>
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</anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>ECLI:ES:TC:2019:76.</p>
<p class='parrafo_2'>El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el Magistrado don Juan José González Rivas, Presidente, la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, los Magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la Magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado</p>
<p class='centro_redonda'>EN NOMBRE DEL REY</p>
<p class='parrafo_2'>la siguiente</p>
<p class='centro_redonda'>SENTENCIA</p>
<p class='parrafo_2'>En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1405-2019 interpuesto por el Defensor del Pueblo contra el apartado 1 del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, incorporado a esta por la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Ha comparecido y formulado alegaciones el abogado del Estado. Ha sido ponente el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón.</p>
<p class='centro_negrita'>I. Antecedentes</p>
<p class='parrafo_2'>1. Mediante escrito presentado en este Tribunal el 5 de marzo de 2019, el Defensor del Pueblo en funciones interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el apartado 1 del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, incorporado a esta por la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.</p>
<p class='parrafo'>Los motivos del recurso pueden resumirse como sigue:</p>
<p class='parrafo_2'>a) El Defensor del Pueblo argumenta que el legislador no limita el tratamiento de datos personales que revelen opiniones políticas por parte de los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales, y no establece cuáles son las garantías a las que se refiere el precepto impugnado, ni los criterios para determinarlas, ni el vehículo normativo que deba contenerlas, ni la autoridad o poder público que deba establecerlas, y ni siquiera realiza referencia alguna a los derechos de los titulares de los datos ni al modo y condiciones en que estos pueden ejercitarlos. De este modo, cualquier dato personal relativo a opiniones políticas, aun siendo un dato sensible especialmente protegido, puede ser objeto de tratamiento sin que hubiera sido aportado para este fin, o sin que su titular lo consienta, o sin que tenga noticia del tratamiento ni de su finalidad y sin que sepa en qué condiciones puede ejercer sus derechos de oposición y cancelación. Todo es posible, señala el recurso, al no haber precisado el legislador como debía, por mor del artículo 53.1 CE, en qué consisten y cuáles son esas «garantías adecuadas», con lo que los poderes de disposición y control sobre los datos personales que forman parte del contenido esencial del derecho del artículo 18.4 CE quedan en cuestión, propiciándose una situación evidente de inseguridad jurídica contraria a su artículo 9.3 que, en el contexto tecnológico actual, afecta también al derecho a la libertad ideológica del artículo 16 y al derecho a la participación política del artículo 23.1, todos ellos de la Constitución.</p>
<p class='parrafo'>b) Argumenta también el recurso que el poder de disposición y control sobre los datos personales (STC 292/2000, FJ 7) adquiere una relevancia extraordinaria cuando los datos concernidos son, como ocurre en este caso, los relativos a las opiniones políticas, los cuales, por su vinculación con otros derechos y libertades, como la ideológica (artículo 16.1 CE) y las de expresión y comunicación [artículo 20.1.a) y d) CE], así como el principio de igualdad (artículo 14 CE), pertenecen a la categoría de datos especialmente protegidos.</p>
<p class='parrafo'>Ya el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, de 28 de enero de 1981, incluye en las «categorías particulares de datos» a los datos personales «que revelen […] las opiniones políticas» (artículo 6), los cuales «no podrán tratarse a menos que el derecho interno prevea las garantías apropiadas», admitiendo como única excepción a la regla anterior el supuesto de que «constituya una medida necesaria en una sociedad democrática» para la protección de la seguridad del Estado, de la seguridad pública, para los intereses monetarios del Estado, la represión de las infracciones penales o para la protección de la persona concernida y los derechos y libertades de otras personas. En términos similares se pronuncia el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo a la garantía de la intimidad individual y familiar, aplicable al tráfico de datos de carácter personal.</p>
<p class='parrafo'>Por su parte, el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, de protección de datos (RGPD), prohíbe el tratamiento de las que denomina categorías especiales de datos personales, entre las que se encuentran las que revelen opiniones políticas (artículo 9.1), prohibición que, no obstante, admite algunas excepciones. Así, el apartado g) del número 1 del mismo precepto autoriza el tratamiento cuando «es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado». Y el apartado a) autoriza el tratamiento en el supuesto de que el interesado hubiera dado su consentimiento explícito para ello, si bien esta excepción puede enervarse «cuando el Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada en el apartado 1 no puede ser levantada por el interesado».</p>
<p class='parrafo'>El Defensor del Pueblo señala que, precisamente en esta línea limitativa frente el tratamiento de datos sensibles y especialmente protegidos, el artículo 9.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, dispone que «a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico», aunque en el párrafo segundo admite que «lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo de los restantes supuestos contemplados en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 cuando así proceda».</p>
<p class='parrafo'>c) Sin embargo, sostiene el Defensor del Pueblo, esta línea normativa acorde con la regulación internacional y europea se rompe con la tramitación de una enmienda de adición (núm. 331), que incorpora una nueva disposición final tercera que modifica la Ley Orgánica de régimen electoral general (LOREG) y le añade el nuevo artículo 58 <em>bis</em>, cuyo apartado primero, lejos de atender a la protección especial que en el contexto tecnológico actual debe proporcionarse a los datos que revelen opiniones políticas de las personas, abre la puerta a su tratamiento por los partidos políticos. El precepto ampara el tratamiento (la recopilación lo es), en principio prohibido, de datos personales relativos a opiniones políticas. Lo ampara genéricamente en el «interés público», no en un interés público esencial como pide la norma europea. Y para obtener este amparo basta con la oferta de unas inciertas e indeterminadas «garantías adecuadas» que ni el precepto ni la norma en la que se inserta la LOREG concretan en absoluto. Y lo hace a favor de los partidos políticos «en el marco de sus actividades electorales», otro concepto indeterminado que no tiene por qué coincidir con el periodo legalmente previsto en cada proceso de elecciones con la campaña electoral.</p>
<p class='parrafo'>La mencionada enmienda se justificó en el contenido del considerando 56 del Reglamento Europeo 2016/679/UE, cuyo tenor literal es el siguiente: «Si, en el marco de actividades electorales, el funcionamiento del sistema democrático exige en un Estado miembro que los partidos políticos recopilen datos personales sobre las opiniones políticas de las personas, puede autorizarse el tratamiento de estos datos por razones de interés público, siempre que se ofrezcan garantías adecuadas». Sin embargo, el mero valor interpretativo y no normativo del considerando no solo no proporciona amparo al precepto impugnado, sino que confirma las dudas que suscita, ya que la referencia al interés público al que genéricamente alude el artículo 58 bis.1 LOREG se vincula en el considerando citado al que se daría si lo «exige el funcionamiento del sistema democrático» y no cualquier otro.</p>
<p class='parrafo'>A juicio del Defensor del Pueblo, la genérica mención al «interés público» sin especificarlo no basta para fundamentar la intromisión que en el derecho a la protección de datos de carácter personal implica el amparo que se otorga al tratamiento de los datos relativos a opiniones políticas a favor de los partidos políticos en el también impreciso marco de sus actividades electorales. Además, la determinación de las «garantías adecuadas» a las que alude el precepto sin concretarlas implica necesariamente la regulación de las facultades atribuidas a los sujetos concernidos, esto es, a los titulares de los datos, así como las posibilidades de actuación que les correspondan, en definitiva, las facultades de disposición y control respecto de esos datos cuya recopilación se autoriza, lo que sin duda es parte integrante del contenido esencial del derecho a la protección de datos del artículo 18.4 CE. Esa regulación debe contenerse en la ley por imperativo del artículo 53.1 CE, sin que quepa derivarla en ningún caso, ni explícita ni implícitamente, como aquí ocurre, a otro poder, operador o instancia, y sin que el legislador pueda abdicar de su deber de regular concreta y pormenorizadamente las restricciones al derecho fundamental que se derivan de la autorización concedida a los partidos políticos para recopilar datos personales relativos a las opiniones políticas. Así pues, de acuerdo con lo afirmado en el fundamento jurídico 10 de la STC 292/2000, el Defensor del Pueblo concluye que la mera mención al interés público y a la garantías adecuadas sin concretar ni cuál es aquel ni cuáles sean estas implica una intromisión directa en el derecho a la protección de datos personales, contraria, por tanto, a los artículos 18.4 y 53.1 CE. Dicho de otro modo, no se respeta el contenido esencial del derecho a la protección de datos cuando se ampara la recopilación de datos relativos a opiniones políticas sin fijar los límites de tal amparo; y no se respeta el principio de reserva de ley cuando el legislador abdica de su deber de concretar las condiciones y requisitos en las que ese tratamiento en principio prohibido deviene en legítimo.</p>
<p class='parrafo'>d) La inconcreción de la norma respecto de las garantías que han de rodear la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas por parte de los partidos políticos también produce una afectación indeseable respecto de la libertad ideológica garantizada por el artículo 16 CE, al que se han referido las SSTC 19/1985, de 13 de febrero, y 20/1990, de 15 de febrero. La redacción del artículo 58 bis.1, en cuanto ampara la recopilación por los partidos políticos de las opiniones políticas expresadas por los ciudadanos siempre que se «ofrezcan garantías adecuadas» pero sin establecer dichas garantías, supone una injerencia indebida en la libertad ideológica, al posibilitar el tratamiento de las opiniones políticas para un fin distinto del que motivó su expresión o manifestación y sin que quepa predecir las consecuencias que puedan derivarse de dicho tratamiento, el cual, además, con la tecnología disponible para el tratamiento combinado y masivo de datos procedentes de fuentes diversas, es potencialmente revelador de la propia ideología y contrario a la garantía del artículo 16.2 CE.</p>
<p class='parrafo'>A juicio del Defensor del Pueblo resulta indicativo que la enmienda núm. 331, origen del precepto, incluía un número 2 con las siguientes previsiones: «2. Cuando la difusión de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes se base en la elaboración sistemática y exhaustiva de perfiles electorales de personas físicas, deberá realizarse una previa evaluación de impacto relativa a la protección de datos personales en los términos previstos en el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/79. Dicha difusión no podrá realizarse cuando se identifique un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas y no se adopten las medidas necesarias para impedirlo.–Quedan prohibidas las actividades de propaganda electoral basadas en la elaboración de perfiles electorales en redes sociales o equivalentes cuando no se informe a sus destinatarios sobre su finalidad, la identidad del responsable, o la entidad contratada para su realización y los criterios de selección.» Este punto 2 de la enmienda, que no superó el trámite y no figura en el texto finalmente aprobado, evidencia la preocupación por las consecuencias que sobre los derechos de los electores puede tener la elaboración sistemática y exhaustiva de perfiles electorales. Pese a ello, el legislador, aun siendo consciente del riesgo que las nuevas tecnologías y el tratamiento masivo de datos puede suponer para los derechos y libertades de las personas y, en lo que aquí interesa, para la libertad ideológica y el derecho a no hacer pública la propia, ha abdicado de su deber de incluir detalladamente las garantías adecuadas para la recopilación de datos personales que revelen opiniones políticas. No solo se ampara la recopilación, sino también se autoriza a los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales a utilizar datos personales (incluidos los relativos a opiniones políticas) obtenidos en páginas <em>web</em> y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el período electoral (artículo 58 bis.2 LOREG). En razón de todo ello, se considera que el artículo 58 bis.1 LOREG resulta contrario al artículo 16 CE.</p>
<p class='parrafo'>e) También está comprometido el derecho a la participación política en los asuntos públicos que garantiza el artículo 23 CE. Esta libertad difícilmente puede darse en un entorno tecnológico en el que las modernas técnicas de análisis de la conducta sobre la base del tratamiento masivo de datos y la inteligencia artificial permiten procedimientos complejos orientados a modificar, forzar o desviar la voluntad de los electores y sin que estos sean conscientes de ello. A los poderes públicos les corresponde «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social» (artículo 9 CE). Y si bien el Tribunal Constitucional tiene declarado que «en rigor, en el ámbito de los procesos electorales, solo en casos muy extremos cabrá admitir la posibilidad de que un mensaje tenga capacidad suficiente para forzar o desviar la voluntad de los electores, dado el carácter íntimo de la decisión del voto y los medios legales existentes para garantizar la libertad del sufragio» (STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 16), en el contexto actual, muy diferente al de hace dos décadas, la garantía de la libertad de sufragio exigiría una acción positiva del legislador para que la misma no se viera comprometida. Nuevamente aquí la inconcreción del artículo 58 bis.1 LOREG respecto de los límites precisos en los que los partidos políticos pueden recopilar datos personales relativos a opiniones políticas de los ciudadanos y el uso que puedan darle a esa recopilación genera una afectación negativa de la libertad de sufragio, contraria al artículo 23.1 CE.</p>
<p class='parrafo'>f) Por último, se fundamenta la vulneración del principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE). El nuevo artículo 58 <em>bis</em>.1 LOREG declara amparada la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos con una total imprecisión. Un «interés público» genérico, las «actividades electorales» que los partidos pueden realizar en cualquier momento y no solo durante la campaña electoral y unas «garantías adecuadas» que, en el mejor de los casos, un operador jurídico avezado tendría serias dificultades para deducir de la interpretación conjunta de la normativa electoral y de la vigente en materia de protección de datos personales tanto nacional (de aplicación solo supletoria artículo 2.3 de la Ley Orgánica de protección de datos (LOPD), como proveniente del Derecho internacional y europeo derivado.</p>
<p class='parrafo'>Hay que fiar al criterio del operador jurídico de turno la determinación de si los sujetos legitimados para realizar la recopilación de datos son exclusivamente los partidos políticos a los que literalmente alude el precepto o si también lo están los restantes sujetos que pueden concurrir al proceso electoral de acuerdo con la LOREG, esto es, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores. También hay que colegir si los datos recopilados pueden ser comunicados o transferidos a terceros, o si hay que entender prohibida tal práctica al tratarse de una habilitación de tratamiento excepcional.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, hay que determinar el marco en el que se habilita el tratamiento y la finalidad del mismo, pues las actividades electorales pueden realizarlas los partidos durante el período electoral definido en la LOREG o en cualquier otro momento, y si se circunscriben o no a los actos de propaganda y de campaña, como podría parecer, dada la inserción del precepto en la sección quinta del capítulo VI del título I de la LOREG. También la determinación de las fuentes en las que pueden recogerse los datos personales que pueden ser objeto de tratamiento exige sopesar si estas son las páginas <em>web</em> y otras fuentes accesibles al público a las que hace referencia el número 2 del precepto aquí impugnado, o si pueden ser cualesquiera otras, ya que su tenor no establece límite alguno al respecto.</p>
<p class='parrafo'>Finalmente, habrá de determinarse si ese amparo habilita o no a la realización de las restantes operaciones o conjunto de operaciones que a tenor del artículo 4.2 RGPD constituyen el tratamiento. La literalidad del precepto parece apuntar a ello, aunque la mera recopilación de los datos sin una ulterior operación de organización, estructuración, consulta o utilización, entre otras operaciones incluidas en el concepto de tratamiento (artículo 4.2 RGPD), carece de sentido.</p>
<p class='parrafo'>Si a estas y otras dificultades habrá de enfrentarse el operador jurídico que aplique la norma o el que supervise su aplicación o el que la enjuicie, mayores serán las que padezca el titular de los datos personales afectados, a quien la norma y el ordenamiento en el que se inserta, el electoral, no proporciona indicación alguna respecto de sus poderes de disposición y control sobre los mismos, ni sobre las condiciones de su ejercicio.</p>
<p class='parrafo'>Sin desconocer la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la infracción del principio de seguridad jurídica (STC 150/1990, FJ 8), el Defensor del Pueblo entiende que, en el contexto tecnológico actual y frente a los riesgos evidentes que el tratamiento masivo de la información puede suponer para la intimidad personal, la protección de datos personales, la libertad ideológica y la libertad de participación política, resulta inexcusable –en términos propios del Tribunal– el esfuerzo del legislador por alumbrar una normativa abarcable y comprensible para la mayoría de los ciudadanos a los que va dirigida; puesto que una legislación confusa, oscura e incompleta dificulta su aplicación y, además de socavar la certeza del Derecho y la confianza de los ciudadanos en el mismo, puede terminar por empañar el valor de la justicia. En razón de todo ello, se considera que el artículo 58 <em>bis</em>.1 LOREG resulta contrario al artículo 9.3 CE.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Por providencia de 12 de marzo de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de la sección primera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. También se ordenó publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado», lo que se produjo en su núm. 64, de 15 de marzo de 2019.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Por escrito registrado en el Tribunal el 18 de marzo de 2019, el presidente del Senado comunicó el acuerdo de la mesa de la cámara de personarse en el proceso y ofrecer su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC. Idéntica comunicación realizó la presidenta del Congreso de los Diputados mediante escrito registrado el día 8 de abril de 2019.</p>
<p class='parrafo_2'>4. Por escrito registrado en el Tribunal el 18 de marzo de 2019, el abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, se personó en el procedimiento y solicitó prórroga del plazo para formular alegaciones por ocho días más, que le fue concedida por diligencia de ordenación de misma fecha.</p>
<p class='parrafo_2'>5. El 10 de abril de 2019 se registró el escrito de alegaciones del abogado del Estado, que solicitó que se desestimara en su integridad el recurso interpuesto, con arreglo a los siguientes argumentos.</p>
<p class='parrafo_2'>a) Para responder a la demanda altera el orden de las imputaciones de inconstitucionalidad, y comienza por la relativa a la inseguridad jurídica, pues considera que, de no existir esa vulneración, esto es, de cumplirse el requisito de la exigencia de «garantías adecuadas», decaerían las alegaciones sobre la supuesta vulneración de derechos fundamentales.</p>
<p class='parrafo'>b) Para determinar las «garantías adecuadas» para la aplicación del precepto impugnado, afirma que debe acudirse a las previsiones del precepto impugnado y de la Ley Orgánica de protección de datos (LOPD), y que así lo ha entendido la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en dos documentos de indudable trascendencia, que el abogado del Estado manifiesta que hace suyos. Es lógico, se dice, que la reforma de la LOREG, al incluir el apartado impugnado, no desarrolle las garantías adecuadas por la aplicación supletoria de la LOPD en la que se encuentran perfectamente previstas. Para explicar el fundamento de la previsión normativa impugnada es preciso conocer el contexto en que se adopta, que, frente a lo que afirma el Defensor del Pueblo, tiene por finalidad asegurar que la recopilación de este tipo de datos, en procesos electorales, es de indudable interés público y que la ley, al regularla, incrementa las garantías frente a situaciones de hecho en que se proceda a recopilar estos datos contraviniendo los derechos fundamentales implicados.</p>
<p class='parrafo'>Las garantías adecuadas constan en la literalidad del precepto, en la fundamentación de la enmienda en el reglamento y, supletoriamente en la LOPD, como ha entendido la Circular 1/2019, de 7 de marzo, de la AEPD:</p>
<p class='parrafo_2'>– En primer lugar, el precepto impugnado tiene por objeto acabar con la desregulación previa de la recopilación por los partidos políticos de datos relativos a las opiniones políticas. Establece claramente el interés público de esta recopilación, fundamentado en el mejor desarrollo de los procesos electorales, elemento básico en una democracia representativa; limita la posibilidad de recopilación de estos datos a los procesos electorales, es decir, en el estricto periodo electoral; y limita la habilitación a los partidos políticos concurrentes a unas elecciones, pues ninguna otra organización podrá proceder a recopilar este tipo de datos.</p>
<p class='parrafo'>– Como se deduce de la motivación de la enmienda, el precepto pretende evitar situaciones como la que causó el caso denominado «Cambridge analytica» en el que se produjo una utilización indebida de datos de los ciudadanos. De la enmienda se deduce también que la base jurídica que determina los límites de recopilación de datos es el considerando 56 del Reglamento (UE) 2016/679 y normativa de desarrollo.</p>
<p class='parrafo_2'>En consecuencia, no es correcta la afirmación de que el precepto legal no establece un mínimo suficiente de garantías adecuadas para poder llevar a cabo la recopilación de datos.</p>
<p class='parrafo_2'>– En tercer lugar, el precepto impugnado no puede ser interpretado ni aplicado aisladamente sino en el ámbito de la LOPD y del Reglamento de protección de datos, dado su carácter expresamente supletorio. Una explicación exhaustiva a esta cuestión se encuentra en el informe elaborado por los servicios jurídicos de la AEPD que, como entidad independiente, tiene por finalidad asegurar que no se produce una vulneración del artículo 19.3 CE (sic). La AEPD ha emitido dos documentos de imprescindible análisis en los que, sin innovar la ley, que le está vedado, lleva a cabo una interpretación conforme de este precepto: el informe de la asesoría jurídica de la agencia núm. 210070/2018, publicado en la página web<em> </em>de la AEPD; y la Circular 1/2019, de 7 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas y envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería por parte de partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores al amparo del artículo 58 <em>bis</em> de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 60, de 11 de marzo de 2019, y que reproduce parcialmente en su escrito.</p>
<p class='parrafo_2'>Concluye que, por la aplicación directa del reglamento y supletoria de la LOPD, queda perfectamente concretada, frente a lo que se afirma de contrario, la constitucionalidad del precepto impugnado que, en lo que se refiere a las «garantías adecuadas», debe integrarse con lo expresado en las citadas normas tal y como ha sido interpretado por la AEPD en la circular mencionada. Por ello, no resulta de aplicación el fundamento jurídico 10 de la STC 292/2000. En ningún caso este precepto vulnera, como se afirma en el último fundamento jurídico de la demanda, las exigencias de la seguridad jurídica (artículo 9.3 CE), tal y como han sido interpretadas por el Tribunal, entre otras, en la STC 136/2011, de 13 de septiembre, citada en la demanda. Por el contrario, debe aplicarse la jurisprudencia constitucional que dispone que «cada norma singular no constituye un elemento aislado e incomunicado en el mundo del Derecho», de forma que solo en casos excepcionales de incertidumbre razonablemente insuperable podría concluirse que una norma infringe el principio de seguridad jurídica (STC 150/1990, FJ 8). El operador jurídico que debe aplicar la disposición impugnada puede conocer, mediante la aplicación directa del reglamento y la supletoria de la LOPD, el régimen de «garantías adecuadas» necesario para aplicar este precepto: lo contrario supondría tener que reiterar innecesariamente en la LOREG el contenido de las normas mencionadas, cuando, como ha entendido la AEPD, dichas garantías se encuentran perfectamente determinadas.</p>
<p class='parrafo'>c) A la luz de las alegaciones anteriores, se señala que decaen el resto de los argumentos invocados en la demanda:</p>
<p class='parrafo_2'>– El hecho de que las garantías, como concreta la AEPD, se encuentren desarrolladas en el reglamento y la propia LOPD, priva de fundamento a la impugnación según la cual la definición de las garantías adecuadas debe hacerse por ley, de acuerdo con el artículo 18.4 CE en conexión con el artículo 53 CE.</p>
<p class='parrafo'>– El precepto en ningún caso vulnera la libertad ideológica (artículo 16 CE), puesto que no se obliga a ciudadano alguno a manifestar su opinión política conforme al fundamento jurídico 12 de la STC 20/1990, y en ningún caso el tratamiento de las opiniones políticas expresadas se podrá utilizar para un fin distinto del que motivó su expresión o manifestación.</p>
<p class='parrafo'>– No se acierta a comprender cómo se vulnera el artículo 23 CE, pues la recopilación de datos por parte de los partidos políticos en nada afecta a este derecho, ni se persigue forzar una determinada voluntad. Al contrario, se persigue que sean los partidos políticos, todos ellos, justamente los garantes del pluralismo político, los que puedan llevar a cabo el legítimo fin en una democracia de conocer, exclusivamente en los procesos electorales, la opinión de los electores para conformar su estrategia electoral, lo que redunda en un mejor funcionamiento del sistema democrático.</p>
<p class='parrafo_2'>6. Por providencia de 21 de mayo de 2019 se señaló para deliberación y votación de la presente sentencia el día 22 de mayo de 2019.</p>
<p class='centro_negrita'>II. Fundamentos jurídicos</p>
<p class='parrafo_2'>1. El Defensor del Pueblo ha interpuesto el presente recurso de inconstitucionalidad contra el apartado primero del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, incorporado a esta por la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. El artículo 58 bis dispone lo siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>«Artículo cincuenta y ocho bis. Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales.</p>
<p class='parrafo_2'>1. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas.</p>
<p class='parrafo'>2. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral.</p>
<p class='parrafo'>3. El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial.</p>
<p class='parrafo'>4. Las actividades divulgativas anteriormente referidas identificarán de modo destacado su naturaleza electoral.</p>
<p class='parrafo'>5. Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición.»</p>
<p class='parrafo_2'>El recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo impugna esa modificación normativa por lo que respecta exclusivamente a su apartado 1, por considerar que vulnera diversos preceptos constitucionales, en concreto los artículos 9.3, 16, 18.4, 23 y 53.1 CE. Por su parte, el abogado del Estado solicita la desestimación integra del recurso.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Antes que nada debemos identificar el núcleo de la controversia, pues como correctamente aprecia el abogado del Estado, en la demanda del Defensor del Pueblo late una impugnación central, de las que las demás son más bien complementarias. No obstante, esa impugnación central no es, como afirma el abogado del Estado, la relativa al principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE), sino la que se refiere al artículo 18.4 CE en conexión con el artículo 53.1 CE.</p>
<p class='parrafo'>La disposición legal recurrida autoriza a los partidos políticos a recopilar datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas en el marco de sus actividades electorales. Como ha quedado expuesto en los antecedentes, la demanda alega que dicha disposición es inconstitucional por las siguientes razones: (i) no ha determinado por sí misma la finalidad del tratamiento, más allá de la genérica mención al «interés público»; (ii) no ha limitado el tratamiento regulando pormenorizadamente las restricciones al derecho fundamental, indicando por ejemplo las fuentes de las que pueden recogerse los datos personales y las operaciones que pueden realizarse con ellos; y (iii) no ha establecido ella misma las garantías adecuadas para proteger los derechos fundamentales afectados. Debido a esas insuficiencias, el precepto impugnado habría incurrido en una doble y simultánea vulneración, la de los artículos 18.4 y 53.1 CE, por infringir la reserva de ley y por no respetar el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos personales.</p>
<p class='parrafo'>Alrededor de la impugnación referida a la posible vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales (artículo 18.4 en conexión con el artículo 53.1 CE) se articulan en el recurso de inconstitucionalidad otros motivos, unos relativos también a la infracción de otros derechos fundamentales sustantivos, como los derechos a la libertad ideológica (artículo 16 CE) y de participación política (artículo 23 CE), y otro referido al principio general de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE).</p>
<p class='parrafo'>Por su parte, el abogado del Estado rechaza esa impugnación argumentando en esencia que la finalidad del tratamiento es el mejor funcionamiento del sistema democrático, y que las garantías adecuadas se desprenden de la literalidad del precepto o bien están previstas en el marco regulatorio establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, de protección de datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, tal como ha concretado la Circular 1/2019, de 7 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, la Circular 1/2019).</p>
<p class='parrafo'>El enjuiciamiento constitucional que nos demanda la impugnación central se circunscribe, pues, a resolver si el legislador ha vulnerado la reserva de ley y el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos personales (artículo 18.4 CE en conexión con el artículo 53.1 CE), por renunciar a establecer el marco en el que se habilita el tratamiento, la finalidad del mismo y las garantías adecuadas frente al concreto uso de la informática previsto en la norma impugnada.</p>
<p class='parrafo'>Podemos asumir, por tanto, ya que no lo controvierten las alegaciones de las partes, que el apartado 1 del artículo 58 bis de la Ley Orgánica del régimen electoral general (LOREG) constituye una injerencia en el derecho fundamental a la protección de datos personales garantizado por el artículo 18.4 CE. Lo que está en discusión es si la citada disposición legal cumple con las exigencias que derivan de la Constitución y de nuestra doctrina constitucional.</p>
<p class='parrafo_2'>3. En apoyo de su alegato, el Defensor del Pueblo cita nuestra jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la protección de datos personales, y en concreto el pronunciamiento específico sobre las garantías adecuadas que a este respecto se contiene en el fundamento jurídico 10 de la STC 292/2000, de 30 de noviembre; el artículo 8 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 14 de noviembre de 1950; el artículo 6 del Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981 y, por último, el «Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)», y en especial los apartados 1 y 2 del artículo 9.</p>
<p class='parrafo'>Los diversos instrumentos jurídico-internacionales que alega el Defensor del Pueblo, si bien «no constituyen canon para el enjuiciamiento de la adecuación a la Constitución de normas dotadas de rango legal» (por todas, STC 140/2018, de 20 de diciembre, FJ 6), pueden tener relevancia a la hora de interpretar las disposiciones que sí integran el parámetro de constitucionalidad. Como hemos declarado reiteradamente a lo largo de nuestra jurisprudencia, las disposiciones de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos válidamente celebrados y publicados oficialmente en España constituyen, a tenor del artículo 10.2 CE, valiosos criterios hermenéuticos del sentido y alcance mínimo de los derechos y libertades que la Constitución reconoce. De suerte que los mencionados instrumentos normativos pueden ser tenidos en cuenta, y lo serán más adelante, para corroborar el sentido y alcance del específico derecho fundamental que ha reconocido nuestra Constitución en orden a la protección de los datos personales.</p>
<p class='parrafo'>Por lo que respecta al Reglamento (UE) 2016/679, que entró en vigor el 25 de mayo de 2018 y al que ya se ha referido la STC 58/2018, de 4 de junio, FJ 5, debemos señalar que si bien tiene también valor interpretativo a los efectos del artículo 10.2 CE, de la misma forma que en el pasado se lo atribuimos a la Directiva 95/46/CE que ha sido sustituida por aquel (SSTC 94/1998, de 4 de mayo, FJ 4; 144/1999, de 22 de julio, FJ 8; 202/1999, de 8 de noviembre, FJ 5; 70/2009, de 23 de marzo, FJ 2, y 29/2013, de 11 de febrero, FJ 5). No obstante, la eficacia jurídica del Reglamento (UE) 2016/679 que alega el Defensor del Pueblo no se agota, desde luego, en el valor hermenéutico que despliega a los efectos del artículo 10.2 CE, esto es, en el plano de la constitucionalidad, pues en el seno de nuestro ordenamiento jurídico representa sobre todo un acto jurídico «obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro», como luce al final del texto, con las características inherentes al Derecho de la Unión Europea.</p>
<p class='parrafo'>A este Tribunal le corresponde aplicar la Constitución. Cuando, como ocurre en este proceso, se le demanda el enjuiciamiento constitucional del desarrollo legislativo de un derecho fundamental que se halla en la actualidad parcialmente determinado por el Derecho de la Unión Europea, como es la protección de datos personales, «[l]as exigencias derivadas del Derecho de la Unión no pueden ser irrelevantes a la hora de establecer los márgenes constitucionalmente admisibles de libertad de apreciación política» (STC 1/2012, de 13 de enero, FJ 9). Sin que ello implique de forma alguna que el análisis de constitucionalidad pueda o deba incluir un examen sobre la compatibilidad entre el reglamento europeo y la ley interna, ni que un eventual juicio de incompatibilidad pueda derivar en la declaración de inconstitucionalidad de una ley interna por oposición a una disposición de Derecho de la Unión, pues cualquier análisis de compatibilidad entre el Derecho de la Unión Europea y la Ley Orgánica 3/2018 se dirimirá en términos de legalidad ordinaria y selección del derecho aplicable en un primer término, y no en clave de contradicción con la Constitución de la norma interna eventualmente contraria al Derecho de la Unión («mutatis mutandis», STC 140/2018, FJ 6).</p>
<p class='parrafo_2'>4. Para un correcto enjuiciamiento constitucional de la impugnación central, antes de formular en el fundamento jurídico siguiente el parámetro de constitucionalidad aplicable, debemos exponer sucintamente el régimen jurídico del tratamiento de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas. Ello implica aludir al contenido tanto del Reglamento (UE) 2016/679 o Reglamento general de protección de datos (en adelante, RGPD) como de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDyGDD), pues en la actualidad ambas fuentes configuran conjuntamente, de forma directa o supletoria, el desarrollo del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal que exigen los artículos 18.4 y 81.1 CE, dado que el artículo 2.3 LOPDyGDD declara la supletoriedad del reglamento general y de la Ley Orgánica 3/2018, a falta de legislación específica, también para los tratamientos a los que el reglamento general no resulte directamente aplicable por afectar a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con el apartado 1 del artículo 9 RGPD, está prohibido el tratamiento de datos personales que revelen las opiniones políticas, del mismo modo que lo está el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física. No obstante, el apartado 2 del mismo precepto autoriza el tratamiento de todos esos datos cuando concurra alguna de las diez circunstancias allí previstas [letras a) a j)]. Algunas de esas circunstancias tienen un ámbito de aplicación acotado (laboral, social, asociativo, sanitario, judicial, etc.) o responden a una finalidad determinada, por lo que, en sí mismas, delimitan los tratamientos específicos que autorizan como excepción a la regla general. Además, la eficacia habilitante de varios de los supuestos allí previstos está condicionada a que el Derecho de la Unión o el de los Estados miembros los prevean y regulen expresamente en su ámbito de competencias: es el caso de las circunstancias recogidas en las letras a), b), g), h), i) y j).</p>
<p class='parrafo'>El tratamiento de las categorías especiales de datos personales es uno de los ámbitos en los que de manera expresa el Reglamento general de protección de datos ha reconocido a los Estados miembros «margen de maniobra» a la hora de «especificar sus normas», tal como lo califica su considerando 10. Este margen de configuración legislativa se extiende tanto a la determinación de las causas habilitantes para el tratamiento de datos personales especialmente protegidos –es decir, a la identificación de los fines de interés público esencial y la apreciación de la proporcionalidad del tratamiento al fin perseguido, respetando en lo esencial el derecho a la protección de datos– como al establecimiento de «medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado» [artículo 9.2.g) RGPD]. El reglamento contiene, por tanto, una obligación concreta de los Estados miembros de establecer tales garantías, en el caso de que habiliten para tratar los datos personales especialmente protegidos.</p>
<p class='parrafo'>Así, la primera circunstancia habilitante para el tratamiento de los datos personales especialmente protegidos, recogida en la letra a) del apartado 2 del artículo 9 RGPD, consiste en el consentimiento explícito del interesado: cuando «el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, excepto cuando el Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada en el apartado 1 no puede ser levantada por el interesado». Sin embargo, el legislador español ha optado por excluir plenamente la eficacia habilitante del consentimiento del afectado. Con arreglo al artículo 9.1 LOPDyGDD, «el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico».</p>
<p class='parrafo'>Y para «los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 fundados en el Derecho español», el artículo 9.2 LOPDyGDD señala que «deberán estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad».</p>
<p class='parrafo'>El Reglamento general de protección de datos no excluye de antemano que los Estados miembros puedan autorizar la recopilación de datos personales sobre las opiniones políticas en el marco de actividades electorales, si bien esa autorización está expresamente condicionada al establecimiento de «garantías adecuadas», como se desprende de su considerando 56: «Si, en el marco de actividades electorales, el funcionamiento del sistema democrático exige en un Estado miembro que los partidos políticos recopilen datos personales sobre las opiniones políticas de las personas, puede autorizarse el tratamiento de estos datos por razones de interés público, siempre que se ofrezcan garantías adecuadas».</p>
<p class='parrafo'>Finalmente, debe mencionarse que la finalidad de proteger la integridad del proceso democrático europeo ha llevado a las instituciones de la Unión Europea a establecer sanciones financieras para afrontar las situaciones en las que los partidos políticos europeos o las fundaciones políticas europeas, que se financian con cargo al presupuesto general de la Unión, se aprovechen de infracciones de las normas de protección de datos personales con el fin de influir en el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. El Reglamento (UE, Euratom) 2019/493 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2019, establece a tal fin un procedimiento de verificación relativo a las infracciones de las normas de protección de los datos personales en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo.</p>
<p class='parrafo'>En suma, el artículo 58 bis LOREG, cuyo apartado 1 es el objeto del presente recurso de inconstitucionalidad, contiene una modificación normativa introducida por el legislador orgánico para hacer posible un tratamiento de datos que, de no existir dicha habilitación, estaría prohibido tanto por el Derecho de la Unión como por nuestro ordenamiento jurídico, tal como se refleja en los artículos 9.1 RGPD y 9.2 LOPDyGDD.</p>
<p class='parrafo_2'>5. La impugnación tiene por objeto un precepto legal, cuya doble singularidad estriba en el destinatario y el objeto de la habilitación. Por un lado, los sujetos habilitados para recopilar los datos personales no pueden considerarse «meras personas jurídico-privadas titulares del derecho de asociación contemplado en el artículo 22 CE» (STC 226/2016, de 22 de diciembre, FJ 6), pues son instrumento fundamental para la participación política (artículo 6 CE) y ejercen «cierta función pública» (STC 3/1981, de 2 de febrero, FJ 2) en su condición de «organizaciones sociales de relevancia constitucional» (STC 18/1984, de 7 de febrero, FJ 3). Por ello, este Tribunal debe velar por que, en este como en otros ámbitos, la actuación de los partidos políticos tenga bajo sus pies un suelo firme de Estado de Derecho, ajeno a la incertidumbre y la arbitrariedad. Por otro lado, los datos personales que pueden recopilarse integran una categoría especial de datos, que, como la información relativa a la salud (STC 70/2009, FJ 2), son especialmente sensibles y, por tanto, dignos de especial protección para la garantía de los derechos fundamentales.</p>
<p class='parrafo'>Teniendo presente tanto la especial sensibilidad de los datos personales afectados como la especial posición constitucional de los sujetos autorizados a recopilarlos, debemos precisar a continuación los parámetros de enjuiciamiento que permitan resolver el contenido central de la impugnación: la vulneración por el legislador de la reserva de ley y el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos personales (artículo 18.4 CE en conexión con el artículo 53.1 CE).</p>
<p class='parrafo_2'>a) Como ya se indicó, en la presente impugnación no está en discusión cuál es el derecho fundamental principalmente afectado, el derecho fundamental a la protección de datos personales; ni tampoco lo están la definición de su contenido, su alcance o sus límites, aspectos que fueron abordados en detalle en los fundamentos jurídicos 5 a 9 de la ya citada STC 292/2000, a los que ahora nos remitimos íntegramente.</p>
<p class='parrafo'>A los efectos del presente proceso bastará recordar que «el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso», y que estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos, «se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular». A su vez, «ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos», «exigiendo del titular del fichero que le informe de qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos, y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; y, en su caso, requerirle para que los rectifique o los cancele» (STC 292/2000, FJ 7).</p>
<p class='parrafo'>b) El artículo 18.4 CE no solo «consagra un derecho fundamental autónomo a controlar el flujo de informaciones que conciernen a cada persona» (SSTC 11/1998, de 13 de enero, FJ 5; 96/2012, FJ 6, y 151/2014, de 25 de septiembre, FJ 7), sino también, como se desprende de su último inciso («para garantizar […] el pleno ejercicio de sus derechos»), un derecho instrumental ordenado a la protección de otros derechos fundamentales, esto es, «un instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno disfrute de los restantes derechos de los ciudadanos» (STC 292/2000, de 30 de septiembre, FJ 5). Así, hemos afirmado el carácter instrumental del derecho fundamental reconocido en el artículo 18.4 CE para la garantía de la libertad sindical (SSTC 11/1998, de 13 de enero, FJ 5; 60/1998, de 16 de marzo, FJ 1; 124/1998, de 15 de junio, FJ 2; y 126/1998, de 15 de junio, FJ 2), y así también debemos entenderlo, desde luego, con respecto a la libertad ideológica.</p>
<p class='parrafo'>Por tanto, el derecho fundamental afectado es el de protección de datos personales, desde una doble perspectiva, como derecho fundamental autónomo dirigido a controlar el flujo de informaciones que concierne a cada persona, y como derecho fundamental instrumental ordenado a la protección del también derecho fundamental a la libertad ideológica.</p>
<p class='parrafo'>c) La libertad ideológica consagrada en el artículo 16 CE tiene una dimensión positiva, pues se protege «sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley» (apartado 1), y también una dimensión negativa, pues incluye el derecho de toda persona a no «ser obligado a declarar sobre su ideología» (apartado 2).</p>
<p class='parrafo'>En síntesis, la libertad ideológica comprende «la proclamación de ideas o posiciones políticas propias o adhesión a las ajenas» (STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 9), tanto individual como colectivamente, así como la posibilidad de abandonarlas o cambiarlas por otras en todo momento, pero también el secreto o silencio sobre las ideas o posiciones políticas propias, sin ser objeto de coacción o perturbación alguna antes o después de su proclamación o modificación, ni derivada del silencio libremente elegido.</p>
<p class='parrafo'>Este Tribunal ha tenido ocasión de destacar la importancia del derecho consagrado en el artículo 16.1 CE. Como afirmamos en la STC 20/1990, de 20 de febrero, FJ 3: «sin la libertad ideológica consagrada en el artículo 16.1 CE, no serían posibles los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico que se propugnan en el artículo 1.1 de la misma para constituir el Estado social y democrático de derecho que en dicho precepto se instaura».</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, en la STC 120/1992, de 27 de junio, FJ 8, aludimos a la faceta externa de ese derecho en los siguientes términos: «la libertad ideológica […] no se agota en una dimensión interna del derecho a adoptar una determinada posición intelectual ante la vida y cuanto le concierne y a representar o enjuiciar la realidad según personales convicciones. Comprende, además, una dimensión externa de agere licere, con arreglo a las propias ideas sin sufrir por ello sanción o demérito ni padecer la compulsión o la injerencia de los poderes públicos».</p>
<p class='parrafo'>d) Como los demás derechos, el derecho fundamental a la protección de datos personales no tiene carácter absoluto. Puede ser restringido por medio de la ley, siempre que ello responda a un fin de interés general, y los requisitos y el alcance de la restricción estén suficientemente precisados en la ley y respeten el principio de proporcionalidad. A los efectos del presente proceso deben destacarse dos requisitos de esos límites:</p>
<p class='parrafo_2'>– En primer lugar, toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas debe responder a un fin constitucionalmente legítimo o encaminarse a la protección o la salvaguarda de un bien constitucionalmente relevante, pues «si bien este Tribunal ha declarado que la Constitución no impide al Estado proteger derechos o bienes jurídicos a costa del sacrificio de otros igualmente reconocidos y, por tanto, que el legislador pueda imponer limitaciones al contenido de los derechos fundamentales o a su ejercicio, también hemos precisado que, en tales supuestos, esas limitaciones han de estar justificadas en la protección de otros derechos o bienes constitucionales (SSTC 104/2000, de 13 de abril, FJ 8 y las allí citadas) y, además, han de ser proporcionadas al fin perseguido con ellas (SSTC 11/1981, FJ 5, y 196/1987, FJ 6)» (STC 292/2000, FJ 15).</p>
<p class='parrafo'>– En segundo lugar, por mandato expreso de la Constitución, toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas, ora incida directamente sobre su desarrollo (artículo 81.1 CE), ora limite o condicione su ejercicio (artículo 53.1 CE), precisa una habilitación legal (por todas, STC 49/1999, de 5 de abril, FJ 4). En la STC 49/1999, FJ 4, definimos la función constitucional de esa reserva de ley en los siguientes términos:</p>
<p class='parrafo_2'>«Esa reserva de ley a que, con carácter general, somete la Constitución española la regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en su Título I, desempeña una doble función, a saber: de una parte, asegura que los derechos que la Constitución atribuye a los ciudadanos no se vean afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes; y, de otra, en un Ordenamiento jurídico como el nuestro en el que los Jueces y Magistrados se hallan sometidos 'únicamente al imperio de la Ley' y no existe, en puridad, la vinculación al precedente (SSTC 8/1981, 34/1995, 47/1995 y 96/1996) constituye, en definitiva, el único modo efectivo de garantizar las exigencias de seguridad jurídica en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Por eso, en lo que a nuestro Ordenamiento se refiere, hemos caracterizado la seguridad jurídica como una suma de legalidad y certeza del Derecho (STC 27/1981, fundamento jurídico 10).»</p>
<p class='parrafo_2'>Esta doble función de la reserva de ley se traduce en una doble exigencia: por un lado, la necesaria intervención de la ley para habilitar la injerencia; y, por otro lado, esa norma legal «ha de reunir todas aquellas características indispensables como garantía de la seguridad jurídica», esto es, «ha de expresar todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de la intervención» (STC 49/1999, FJ 4). En otras palabras, «no sólo excluye apoderamientos a favor de las normas reglamentarias […], sino que también implica otras exigencias respecto al contenido de la Ley que establece tales límites» (STC 292/2000, FJ 15).</p>
<p class='parrafo'>La segunda exigencia mencionada constituye la dimensión cualitativa de la reserva de ley, y se concreta en las exigencias de previsibilidad y certeza de las medidas restrictivas en el ámbito de los derechos fundamentales. En la STC 292/2000, FJ 15, señalamos que, aun teniendo un fundamento constitucional, las limitaciones del derecho fundamental establecidas por una ley «pueden vulnerar la Constitución si adolecen de falta de certeza y previsibilidad en los propios límites que imponen y su modo de aplicación», pues «la falta de precisión de la ley en los presupuestos materiales de la limitación de un derecho fundamental es susceptible de generar una indeterminación sobre los casos a los que se aplica tal restricción»; «al producirse este resultado, más allá de toda interpretación razonable, la ley ya no cumple su función de garantía del propio derecho fundamental que restringe, pues deja que en su lugar opere simplemente la voluntad de quien ha de aplicarla». En la misma sentencia y fundamento jurídico precisamos también el tipo de vulneración que acarrea la falta de certeza y previsibilidad en los propios límites: «no sólo lesionaría el principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE), concebida como certeza sobre el ordenamiento aplicable y expectativa razonablemente fundada de la persona sobre cuál ha de ser la actuación del poder aplicando el Derecho (STC 104/2000, FJ 7, por todas), sino que al mismo tiempo dicha ley estaría lesionando el contenido esencial del derecho fundamental así restringido, dado que la forma en que se han fijado sus límites lo hacen irreconocible e imposibilitan, en la práctica, su ejercicio (SSTC 11/1981, FJ 15; 142/1993, de 22 de abril, FJ 4, y 341/1993, de 18 de noviembre, FJ 7)».</p>
<p class='parrafo_2'>6. A la vista de los potenciales efectos intrusivos en el derecho fundamental afectado que resultan del tratamiento de datos personales, la jurisprudencia de este Tribunal le exige al legislador que, además de cumplir los requisitos anteriormente mencionados, también establezca garantías adecuadas de tipo técnico, organizativo y procedimental, que prevengan los riesgos de distinta probabilidad y gravedad y mitiguen sus efectos, pues solo así se puede procurar el respeto del contenido esencial del propio derecho fundamental. En este fundamento jurídico precisaremos la naturaleza y el alcance de este específico requisito constitucional.</p>
<p class='parrafo_2'>a) La necesidad de establecer las garantías adecuadas para procurar el respeto del contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos personales fue señalada específicamente en el fundamento jurídico 10 de la STC 292/2000, que ha sido correctamente invocado por el Defensor del Pueblo. Del mencionado fundamento jurídico se extraen las siguientes conclusiones:</p>
<p class='parrafo_2'>– La previsión legal y la legitimidad del fin perseguido son requisitos necesarios pero no suficientes para fundamentar la validez constitucional de una regulación del tratamiento de datos personales, pues para ello se requieren también «garantías adecuadas frente al uso potencialmente invasor de la vida privada del ciudadano a través de su tratamiento informático».</p>
<p class='parrafo'>– Esas garantías son necesarias «para el reconocimiento e identidad constitucionales del derecho fundamental a la protección de datos» y «para que los intereses jurídicamente protegibles, que constituyen la razón de ser del aludido derecho fundamental, resulten real, concreta y efectivamente protegidos».</p>
<p class='parrafo'>– La mera inexistencia de «garantías adecuadas» o de las «mínimas exigibles a la Ley» constituye de por sí una injerencia en el derecho fundamental, de gravedad similar a la que causarían intromisiones directas en su contenido nuclear.</p>
<p class='parrafo'>– La exigencia de «garantías adecuadas» se fundamenta, por tanto, en el respeto del contenido esencial del derecho fundamental.</p>
<p class='parrafo_2'>Asimismo, del examen conjunto de los fundamentos jurídicos 7 y 10 de la STC 292/2000 se deduce que las «garantías adecuadas» o «garantías mínimas exigibles a una ley sometida al insoslayable respeto al contenido esencial del derecho fundamental cuyo ejercicio regula» deben diferenciarse también del «haz de facultades que componen el contenido del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal», que, como se indicó antes, son aquellas que otorgan al titular del derecho fundamental «un poder de disposición y de control sobre los datos personales».</p>
<p class='parrafo'>b) Esta doctrina sobre las garantías adecuadas es también la que sigue la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la sentencia de la Gran Sala de 8 de abril de 2014, asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, apartado 54, el Tribunal de Justicia señaló lo siguiente: «la normativa de la Unión de que se trate debe establecer reglas claras y precisas que regulen el alcance y la aplicación de la medida en cuestión y establezcan unas exigencias mínimas de modo que las personas cuyos datos se hayan conservado dispongan de garantías suficientes que permitan proteger de manera eficaz sus datos de carácter personal contra los riesgos de abuso y contra cualquier acceso o utilización ilícitos respecto de tales datos (véanse, por analogía, en lo que respecta al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Liberty y otros c. Reino Unido de 1 de julio de 2008, núm. 58243/00, §§62 y 63; Rotaru c. Rumanía, antes citada, §§ 57 a 59, y S y Marper c. Reino Unido, antes citada, §99).»</p>
<p class='parrafo'>En la citada sentencia, la constatación de la carencia de, por un lado, reglas claras y precisas que regulasen el alcance de la injerencia en los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 7 y 8 de la Carta de derechos fundamentales y de, por otro lado, garantías suficientes que permitieran una protección eficaz de los datos conservados fundamentó la declaración de invalidez de la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE.</p>
<p class='parrafo'>c) La necesidad de disponer de garantías adecuadas es especialmente importante cuando el tratamiento afecta a categorías especiales de datos, también llamados datos sensibles, pues el uso de estos últimos es susceptible de comprometer más directamente la dignidad, la libertad y el libre desarrollo de la personalidad.</p>
<p class='parrafo'>La exigencia de especial protección de esta categoría de datos está prevista en el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, de 28 de enero de 1981 (instrumento de ratificación publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 274, de 15 de noviembre de 1985), cuyo artículo 6 establece lo siguiente: «Los datos de carácter personal que revelen el origen racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas u otras convicciones, así como los datos de carácter personal relativos a la salud o a la vida sexual, no podrán tratarse automáticamente a menos que el derecho interno prevea garantías apropiadas. […].» Esa exigencia ha sido igualmente afirmada por la Agencia Española de Protección de Datos. De acuerdo con el preámbulo de su Circular 1/2019, esas garantías adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales de los afectados «adquieren una especial relevancia tanto por la importancia de los datos personales objeto de tratamiento como por tratarse de tratamientos a gran escala de categorías especiales que entrañarán un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas difícilmente mitigable si no se toman medidas adecuadas». Asimismo, como ya se indicó en el fundamento jurídico 4 de esta sentencia, el Reglamento (UE) 2016/679 reitera la exigencia de que el legislador que regule el tratamiento de datos personales relativos a las opiniones políticas establezca dichas garantías adecuadas [artículo 9.2.g) y considerando 56].</p>
<p class='parrafo'>Las garantías adecuadas deben velar por que el tratamiento de datos se realice en condiciones que aseguren la transparencia, la supervisión y la tutela judicial efectiva, y deben procurar que los datos no se recojan de forma desproporcionada y no se utilicen para fines distintos de los que justificaron su obtención. La naturaleza y el alcance de las garantías que resulten constitucionalmente exigibles en cada caso dependerán de tres factores esencialmente: el tipo de tratamiento de datos que se pretende llevar a cabo; la naturaleza de los datos; y la probabilidad y la gravedad de los riesgos de abuso y de utilización ilícita que, a su vez, están vinculadas al tipo de tratamiento y a la categoría de datos de que se trate. Así, no plantean los mismos problemas una recogida de datos con fines estadísticos que una recogida de datos con un fin concreto. Tampoco supone el mismo grado de injerencia la recopilación y el procesamiento de datos anónimos que la recopilación y el procesamiento de datos personales que se toman individualmente y no se anonimizan, como no es lo mismo el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, la salud, la vida sexual o la orientación sexual de una persona física, que el tratamiento de otro tipo de datos.</p>
<p class='parrafo'>El nivel y la naturaleza de las garantías adecuadas no se pueden determinar de una vez para todas, pues, por un lado, deben revisarse y actualizarse cuando sea necesario y, por otro lado, el principio de proporcionalidad obliga a verificar si, con el desarrollo de la tecnología, aparecen posibilidades de tratamiento que resultan menos intrusivas o potencialmente menos peligrosas para los derechos fundamentales.</p>
<p class='parrafo'>d) En conclusión, las opiniones políticas son datos personales sensibles cuya necesidad de protección es, en esa medida, superior a la de otros datos personales. Una protección adecuada y específica frente a su tratamiento constituye, en suma, una exigencia constitucional, sin perjuicio de que, como se ha visto, también represente una exigencia derivada del Derecho de la Unión Europea. Por tanto, el legislador está constitucionalmente obligado a adecuar la protección que dispensa a dichos datos personales, en su caso, imponiendo mayores exigencias a fin de que puedan ser objeto de tratamiento y previendo garantías específicas en su tratamiento, además de las que puedan ser comunes o generales.</p>
<p class='parrafo_2'>7. Sentado lo anterior, estamos en situación de enjuiciar los tres elementos que aglutina la impugnación central del recurso de inconstitucionalidad y que confluyen en una doble vulneración de los artículos 18.4 y 53.1 CE: (i) que la disposición legal recurrida no haya determinado por sí misma la finalidad del tratamiento de datos personales que revelen opiniones políticas, más allá de la genérica mención al «interés público»; (ii) que no haya limitado el tratamiento regulando pormenorizadamente las restricciones al derecho fundamental; y (iii) que no haya establecido ella misma las garantías adecuadas para proteger los derechos fundamentales afectados.</p>
<p class='parrafo_2'>a) La primera tacha de inconstitucionalidad que se dirige a la disposición legal impugnada es que no especifica el interés público esencial que fundamenta la restricción del derecho fundamental.</p>
<p class='parrafo'>Constituye una constatación elemental la de que la disposición legal impugnada no identifica en ningún momento ese interés público esencial. Presupone que ha de existir, pero no llega a especificarlo («se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas»).</p>
<p class='parrafo'>Tampoco se especifica en la justificación de la enmienda de la que la disposición legal trae causa. La enmienda de adición núm. 331 firmada por el grupo parlamentario socialista («Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 13-2, de 18 de abril de 2018, pág. 209) ofrece como motivación la siguiente escueta referencia: «Adecuar el Reglamento a las especificidades nacionales y establecer salvaguardas para impedir casos como el que vincula a Cambridge Analytica con el uso ilícito de datos de 50 millones de usuarios de facebook para mercadotecnia electoral».</p>
<p class='parrafo'>Y, como ya se indicó, tampoco lo identifica el Reglamento general de protección de datos, pues su considerando 56 –que reproducimos en el fundamento jurídico 4– se limita a prever la posibilidad de que en algún Estado miembro se aprecie una finalidad legítima en la recogida de datos personales relativos a las opiniones personales de las personas, sin identificarla por sí misma para el conjunto de los Estados miembros.</p>
<p class='parrafo'>Por su parte, el abogado del Estado, al final de su escrito, arguye que la habilitación que contiene el precepto legal impugnado persigue que los partidos políticos puedan llevar a cabo el legítimo fin en una democracia de conocer, exclusivamente en los procesos electorales, la opinión de los electores para conformar su estrategia electoral, lo que redundaría en un mejor funcionamiento del sistema democrático.</p>
<p class='parrafo'>En la ya citada STC 292/2000, en la que también se enjuició una injerencia legislativa en el derecho a la protección de datos personales, rechazamos que la identificación de los fines legítimos de la restricción pudiera realizarse mediante conceptos genéricos o fórmulas vagas:</p>
<p class='parrafo_2'>«16. […] De igual modo, respecto al derecho a la protección de datos personales cabe estimar que la legitimidad constitucional de la restricción de este derecho no puede estar basada, por sí sola, en la actividad de la Administración Pública. Ni es suficiente que la Ley apodere a ésta para que precise en cada caso sus límites, limitándose a indicar que deberá hacer tal precisión cuando concurra algún derecho o bien constitucionalmente protegido. Es el legislador quien debe determinar cuándo concurre ese bien o derecho que justifica la restricción del derecho a la protección de datos personales y en qué circunstancias puede limitarse y, además, es él quien debe hacerlo mediante reglas precisas que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y sus consecuencias. Pues en otro caso el legislador habría trasladado a la administración el desempeño de una función que sólo a él compete en materia de derechos fundamentales en virtud de la reserva de Ley del artículo 53.1 CE, esto es, establecer claramente el límite y su regulación.</p>
<p class='parrafo'>17. En el caso presente, el empleo por la LOPD en su artículo 24.1 de la expresión 'funciones de control y verificación', abre un espacio de incertidumbre tan amplio que provoca una doble y perversa consecuencia. De un lado, al habilitar la LOPD a la administración para que restrinja derechos fundamentales invocando semejante expresión está renunciando a fijar ella misma los límites, apoderando a la administración para hacerlo. Y de un modo tal que, como señala el Defensor del Pueblo, permite reconducir a las mismas prácticamente toda actividad administrativa, ya que toda actividad administrativa que implique entablar una relación jurídica con un administrado, que así será prácticamente en todos los casos en los que la administración necesite de datos personales de alguien, conllevará de ordinario la potestad de la administración de verificar y controlar que ese administrado ha actuado conforme al régimen jurídico administrativo de la relación jurídica entablada con la administración. Lo que, a la vista del motivo de restricción del derecho a ser informado del artículo 5 LOPD, deja en la más absoluta incertidumbre al ciudadano sobre en qué casos concurrirá esa circunstancia (si no en todos) y sume en la ineficacia cualquier mecanismo de tutela jurisdiccional que deba enjuiciar semejante supuesto de restricción de derechos fundamentales sin otro criterio complementario que venga en ayuda de su control de la actuación administrativa en esta materia.</p>
<p class='parrafo'>Iguales reproches merece, asimismo, el empleo en el artículo 24.2 LOPD de la expresión 'interés público' como fundamento de la imposición de límites a los derechos fundamentales del artículo 18.1 y 4 CE, pues encierra un grado de incertidumbre aún mayor. Basta reparar en que toda actividad administrativa, en último término, persigue la salvaguardia de intereses generales, cuya consecución constituye la finalidad a la que debe servir con objetividad la administración con arreglo al artículo 103.1 CE.»</p>
<p class='parrafo_2'>Esta argumentación es plenamente trasladable al presente enjuiciamiento. De igual modo, por tanto, debemos concluir que la legitimidad constitucional de la restricción del derecho fundamental a la protección de datos personales no puede estar basada, por sí sola, en la invocación genérica de un indeterminado «interés público». Pues en otro caso el legislador habría trasladado a los partidos políticos –a quienes la disposición impugnada habilita para recopilar datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas en el marco de sus actividades electorales– el desempeño de una función que solo a él compete en materia de derechos fundamentales en virtud de la reserva de ley del artículo 53.1 CE, esto es, establecer claramente sus límites y su regulación.</p>
<p class='parrafo'>Tampoco puede aceptarse, por igualmente imprecisa, la finalidad aducida por el abogado del Estado, que se refiere al funcionamiento del sistema democrático, pues también encierra un grado elevado de incertidumbre y puede suponer un razonamiento circular. Por un lado, los partidos políticos son de por sí «cauces necesarios para el funcionamiento del sistema democrático» (por todas, STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 5); y, por otro lado, todo el funcionamiento del sistema democrático persigue, en último término, la salvaguardia de los fines, valores y bienes constitucionales, pero ello no alcanza a identificar la razón por la cual haya de restringirse el derecho fundamental afectado.</p>
<p class='parrafo'>Finalmente, debe precisarse que no es necesario que se pueda sospechar, con mayor o menor fundamento, que la restricción persiga una finalidad inconstitucional, o que los datos que se recopilen y procesen resultarán lesivos para la esfera privada y el ejercicio de los derechos de los particulares. Es suficiente con constatar que, al no poderse identificar con la suficiente precisión la finalidad del tratamiento de datos, tampoco puede enjuiciarse el carácter constitucionalmente legítimo de esa finalidad, ni, en su caso, la proporcionalidad de la medida prevista de acuerdo con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.</p>
<p class='parrafo'>b) La segunda tacha de inconstitucionalidad que se dirige a la disposición legal impugnada es que no limita el tratamiento regulando pormenorizadamente las restricciones al derecho fundamental. La disposición legal impugnada solo recoge una condición limitativa del tratamiento de datos que autoriza: la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas solo podrá llevarse a cabo «en el marco de sus actividades electorales». Se trata de una condición que apenas contribuye a constreñir el uso de la habilitación conferida. De una parte, el desarrollo de las actividades electorales no tiene por qué contraerse al proceso electoral, expresión que, en cambio, es la utilizada en el apartado 2 del artículo 58 bis LOREG. De otra, los procesos electorales son relativamente frecuentes en nuestro sistema político. Más allá de la citada condición («en el marco de sus actividades electorales»), la disposición legal impugnada carece de reglas sobre el alcance y contenido de los tratamientos de datos que autoriza.</p>
<p class='parrafo'>En definitiva, desde las exigencias de certeza que han de presidir cualquier injerencia en un derecho fundamental, es también patente que el apartado 1 del artículo 58 bis LOREG, al no hacer referencia alguna a los presupuestos y condiciones del tratamiento de datos personales relativos a las opiniones políticas, resulta insuficiente para determinar si las operaciones que puedan llevar a cabo los partidos políticos serán o no «el fruto previsible de la razonable aplicación de lo decidido por el legislador» (SSTC 49/1999, de 5 de abril, FJ 4; y 154/2014, de 22 de septiembre, FJ 7).</p>
<p class='parrafo'>En realidad, las dos primeras tachas de inconstitucionalidad dirigidas contra el precepto impugnado están íntimamente relacionadas. La falta de reglas precisas y claras sobre los presupuestos y condiciones del tratamiento de datos personales relativos a las opiniones políticas tampoco contribuye a identificar la finalidad de la restricción del derecho fundamental que se reconoce a los partidos políticos, y viceversa.</p>
<p class='parrafo'>Por todo ello, debemos concluir que el legislador no ha precisado qué finalidad o bien constitucional justifica la restricción del derecho a la protección de datos personales ni ha determinado en qué supuestos y condiciones puede limitarse, mediante reglas precisas que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y sus consecuencias.</p>
<p class='parrafo_2'>8. El tercer aspecto de la impugnación central, sobre el que versa la mayor parte de las alegaciones de las partes, gira en torno a la cuestión de si la norma impugnada ha previsto garantías adecuadas frente a la recopilación de datos personales que autoriza. El Defensor del Pueblo sostiene que no es el caso, argumentando que la propia ley habilitante debe prever tales garantías adecuadas, mientras que el abogado del Estado defiende lo contrario y sostiene que tales garantías adecuadas se deducen por una triple vía: la literalidad del precepto impugnado, el sentido de la enmienda de adición de la que trae causa el precepto impugnado, así como las dos normas que regulan la protección de datos personales en España, el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018.</p>
<p class='parrafo'>Por tanto, la resolución de la presente impugnación exige que aclaremos una duda suscitada con respecto al alcance de nuestra doctrina sobre las garantías adecuadas, que consiste en determinar si las garantías adecuadas frente al uso de la informática deben contenerse en la propia ley que autoriza y regula ese uso o pueden encontrarse también en otras fuentes normativas.</p>
<p class='parrafo'>La cuestión solo puede tener una respuesta constitucional. La previsión de las garantías adecuadas no puede deferirse a un momento posterior a la regulación legal del tratamiento de datos personales de que se trate. Las garantías adecuadas deben estar incorporadas a la propia regulación legal del tratamiento, ya sea directamente o por remisión expresa y perfectamente delimitada a fuentes externas que posean el rango normativo adecuado. Solo ese entendimiento es compatible con la doble exigencia que dimana del artículo 53.1 CE para el legislador de los derechos fundamentales: la reserva de ley para la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en el capítulo segundo del título primero de la Constitución y el respeto del contenido esencial de dichos derechos fundamentales.</p>
<p class='parrafo'>Según reiterada doctrina constitucional, la reserva de ley no se limita a exigir que una ley habilite la medida restrictiva de derechos fundamentales, sino que también es preciso, conforme tanto a exigencias denominadas –unas veces– de predeterminación normativa y –otras– de calidad de la ley como al respeto al contenido esencial del derecho, que en esa regulación el legislador, que viene obligado de forma primaria a ponderar los derechos o intereses en pugna, predetermine los supuestos, las condiciones y las garantías en que procede la adopción de medidas restrictivas de derechos fundamentales. Ese mandato de predeterminación respecto de elementos esenciales, vinculados también en último término al juicio de proporcionalidad de la limitación del derecho fundamental, no puede quedar deferido a un ulterior desarrollo legal o reglamentario, ni tampoco se puede dejar en manos de los propios particulares.</p>
<p class='parrafo'>El análisis realizado hasta ahora apoya la impugnación presentada por el Defensor del Pueblo, pero no la resuelve por completo, pues el abogado del Estado rechaza la tercera queja mencionada argumentando que las garantías adecuadas sí existen, y se deducen por una triple vía: en concreto, de la literalidad del precepto impugnado, del sentido de la enmienda de adición de la que trae causa el precepto impugnado, así como de las dos normas que regulan la protección de datos personales en España, la LOPDyGDD y el RGPD, tal como las ha concretado la Circular 1/2019. Debemos, pues, dar contestación a cada uno de esos argumentos.</p>
<p class='parrafo'>Ninguna de las tres interpretaciones puede ser compartida, como se razona a continuación:</p>
<p class='parrafo_2'>a) La lectura del apartado impugnado o del precepto legal en su totalidad, reproducido en el fundamento jurídico primero, permite descartar la primera de las interpretaciones, pues su redacción literal ni contiene ni especifica en forma alguna las imprescindibles garantías y se limita a reconocer que deben ofrecerse «garantías adecuadas», sin más precisiones. Esa falta de regulación por el legislador se erige, de hecho, en el presupuesto, y en la razón de ser, de la aprobación de la Circular 1/2019, de 7 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, pues, como se indica en su preámbulo, «[p]recisamente por la existencia de un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas dichas garantías, al no haberse establecido por el legislador, deben identificarse por esta Agencia Española de Protección de Datos».</p>
<p class='parrafo'>b) Tampoco se puede acoger la segunda interpretación avanzada por el abogado del Estado, pues convertiría el contenido o la justificación de las enmiendas de las que traen causa las disposiciones legales en parte integrante de su programa normativo a pesar de que ese contenido o esa justificación no se hubiera incorporado a su tenor literal.</p>
<p class='parrafo'>El contenido y la justificación de las enmiendas presentadas, debatidas y, en su caso, aprobadas total o parcialmente durante la elaboración de un texto legislativo (SSTC 110/2017, de 19 de octubre, FJ 3; y 63/2018, de 7 de junio, FJ 9, por todas) constituyen, como los demás trabajos y debates parlamentarios (SSTC 108/1986, de 29 de julio, FJ 13; 109/1988, de 29 de mayo, FJ 2; 15/2000, de 20 de enero, FJ 7; y 90/2009, de 20 de abril, FJ 6, por todas), importante elemento hermenéutico para desentrañar el alcance y el sentido de las normas, pero no pueden suplir o sanar las insuficiencias constitucionales de que adolezcan estas últimas.</p>
<p class='parrafo'>Por lo demás, el examen de la concreta enmienda núm. 331 de la que trae causa la disposición incorporada al ordenamiento jurídico como artículo 58 bis LOREG permite constatar, sin duda, que ofrece aspectos importantes para la interpretación del precepto. Pero su formulación y su justificación estaban desprovistas de indicación alguna sobre el contenido, la naturaleza y la extensión de las eventuales garantías adecuadas necesarias para respetar el contenido esencial del derecho fundamental.</p>
<p class='parrafo'>La referencia que la propia enmienda realizaba al considerando 56 del Reglamento (UE) 2016/679, lejos de definir o aludir a las garantías adecuadas, perseguía poner de manifiesto su adecuación al marco normativo europeo. Cabe reiterar que el considerando 56 se limita a prever que «[s]i, en el marco de actividades electorales, el funcionamiento del sistema democrático exige en un Estado miembro que los partidos políticos recopilen datos personales sobre las opiniones políticas de las personas, puede autorizarse el tratamiento de estos datos por razones de interés público, siempre que se ofrezcan garantías adecuadas». Ello es insuficiente desde el punto de vista del cumplimiento de las exigencias derivadas del marco constitucional que este Tribunal debe salvaguardar, que es de lo que aquí se trata.</p>
<p class='parrafo'>c) Las garantías adecuadas frente a la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas tampoco se encuentran establecidas en el doble marco normativo que resulta aplicable, el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018; garantías que, según el abogado del Estado, la Circular 1/2019 solo habría codificado, sin innovarlas en ningún momento.</p>
<p class='parrafo'>Las premisas lógicas para esta interpretación son el entendimiento de que el artículo 58 bis LOREG suple la exigencia constitucional de establecer ella misma las garantías adecuadas, en primer lugar, con una remisión implícita a fuentes normativas externas, dado que resulta evidente que el precepto impugnado no contiene una cláusula de remisión expresa; y, en segundo lugar, que el citado precepto legal identifica implícitamente las normas a las que se remite, y tales normas son justamente el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018. Sin embargo, ambas premisas no pueden admitirse a la vista de los términos en los que está redactado el precepto impugnado. En cualquier caso, incluso de aceptar a efectos dialécticos las referidas premisas lógicas, su consecuencia, esto es, la interpretación de que el precepto impugnado contiene una remisión implícita al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018 e integra su regulación incompleta con las garantías allí previstas, no sería compatible con nuestra doctrina constitucional sobre la reserva de ley que dimana del artículo 53.1 CE. En efecto, como expondremos a continuación, la insuficiencia de la ley no puede ser colmada por vía interpretativa a partir de las pautas e indicaciones que se puedan extraer de los citados textos normativos (i). Tampoco puede ser colmada por el titular de una potestad normativa limitada como es la Agencia Española de Protección de Datos (ii) o mediante una interpretación conforme (iii). Finalmente, una remisión implícita como la pretendida tampoco resultaría coherente con el marco regulador europeo (iv), perspectiva que, como se dijo, no puede ser irrelevante para nuestro enjuiciamiento constitucional.</p>
<p class='parrafo_2'>(i) Es evidente que si la norma incluyera una remisión para la integración de la ley con las garantías adecuadas establecidas en normas de rango inferior a la ley, sería considerada como una deslegalización que sacrifica la reserva de ley ex artículo 53.1 CE, y, por este solo motivo, debería ser declarada inconstitucional y nula. La norma dispondría de una remisión en blanco para la determinación de un elemento, consistente en el nivel adecuado de garantías, que es imprescindible para mantener indemne el contenido esencial del derecho fundamental afectado y poder así controlar el respeto del principio de proporcionalidad.</p>
<p class='parrafo'>Pero lo mismo ocurre si, como sostiene el abogado del Estado, la norma incluye una remisión para la integración de la ley con las garantías adecuadas establecidas en dos textos normativos sin mayores precisiones, esto es, sin reglas claras y precisas que delimiten efectiva y eficazmente las garantías adecuadas que se consideran aplicables; más aún, cuando tales textos normativos, por un lado, se componen de noventa y nueve artículos (el RGPD) y noventa y siete artículos, veintidós disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y dieciséis disposiciones finales (la LOPDyGDD), y, por otro lado, ninguna de ellas se refiere específicamente a las garantías adecuadas para la protección de la categoría especial de datos que son los relativos a las opiniones políticas de las personas. Eso dejaría la decisión en manos, no del legislador, sino exclusivamente a disposición de la determinación reglamentaria del Gobierno o bien, en ausencia de este último, del aplicador del derecho, el cual tendría que deducir por su cuenta cuáles de las garantías previstas en ambas normas de remisión resultan aplicables al tratamiento en cuestión. Todo ello supondría una insuficiencia manifiesta en el contenido mínimo exigible, en condiciones de certeza y previsibilidad, a la configuración legal del derecho fundamental a la protección de datos personales.</p>
<p class='parrafo'>(ii) La insuficiencia legal que venimos analizando tampoco puede ser colmada, en ejercicio de sus potestades, por la Agencia Española de Protección de Datos. La agencia es la autoridad administrativa independiente a la que se encomienda la interpretación y aplicación de la normativa de protección de datos (arts. 57 y 58 RGPD y 44 y sigs. LOPDyGDD), y su potestad normativa, mediante la aprobación de circulares, está circunscrita al dictado de «disposiciones que fijen los criterios a que responderá la actuación de esta autoridad» en la aplicación de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018 (artículo 55.1 LOPDyGDD). Por tanto, la circunstancia de que, con posterioridad a la interposición del presente recurso contra la ley, la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos haya aprobado la Circular 1/2019, de 7 de marzo, para abordar esa laguna, tal como se indicó anteriormente, no puede subsanar la insuficiencia constitucional de la que adolece el artículo 58 <em>bis</em> LOREG introducido por la Ley Orgánica 3/2018 por lo que se refiere a la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas en el marco de actividades electorales. Una interpretación distinta vaciaría de contenido el principio de reserva legal que consagra la Constitución y que de forma reiterada ha invocado nuestra jurisprudencia previa en materia de protección de datos personales.</p>
<p class='parrafo'>(iii) La falta de previsión legal de un elemento cuya previsión es necesaria para que se pueda considerar que se respeta el contenido esencial, tampoco se puede superar con la técnica de la interpretación conforme, pues esta técnica, que viene impuesta por el principio de conservación de la ley, se aplica cuanto existen «varias interpretaciones posibles igualmente razonables» y permite descartar aquella o aquellas que darían lugar a que el precepto incurriera en inconstitucionalidad [SSTC 168/2016, de 6 de octubre, FJ 4.b); y 97/2018, de 19 de septiembre, FJ 7, por todas]. En el presente caso no estamos ante «varias interpretaciones posibles igualmente razonables», sino ante la insuficiencia de regulación detectada en una norma de desarrollo de un derecho fundamental.</p>
<p class='parrafo'>(iv) Por último, debemos recordar que el Reglamento general de protección de datos establece las garantías mínimas, comunes o generales para el tratamiento de datos personales que no son especiales. En cambio, no establece por sí mismo el régimen jurídico aplicable a los tratamientos de datos personales especiales, ni en el ámbito de los Estados miembros ni para el Derecho de la Unión. Por ende, tampoco fija las garantías que deben observar los diversos tratamientos posibles de datos sensibles, adecuadas a los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que existan en cada caso; tratamientos y categorías especiales de datos que son, o pueden ser, muy diversos entre sí. El reglamento se limita a contemplar la posibilidad de que el legislador de la Unión Europea o el de los Estados miembros, cada uno en su ámbito de competencias, prevean y regulen tales tratamientos, y a indicar las pautas que deben observar en su regulación. Una de esas pautas es que el Derecho del Estado miembro establezca «medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado» [artículo 9.2.g) RGPD] y que «se ofrezcan garantías adecuadas» (considerando 56 RGPD). Es patente que ese establecimiento de medidas adecuadas y específicas solo puede ser expreso. Si la norma interna que regula el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas, no prevé esas garantías adecuadas, sino que, todo lo más, se remite implícitamente a las garantías generales contenidas en el Reglamento general de protección de datos, no puede considerarse que haya llevado a cabo la tarea normativa que aquel le exige.</p>
<p class='parrafo_2'>9. De lo anterior se concluye que la ley no ha identificado la finalidad de la injerencia para cuya realización se habilita a los partidos políticos, ni ha delimitado los presupuestos ni las condiciones de esa injerencia, ni ha establecido las garantías adecuadas que para la debida protección del derecho fundamental a la protección de datos personales reclama nuestra doctrina, por lo que se refiere a la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas por los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales.</p>
<p class='parrafo'>De esta forma, se han producido tres vulneraciones del artículo 18.4 CE en conexión con el artículo 53.1 CE, autónomas e independientes entre sí, todas ellas vinculadas a la insuficiencia de la ley y que solo el legislador puede remediar, y redundando las tres en la infracción del mandato de preservación del contenido esencial del derecho fundamental que impone el artículo 53.1 CE, en la medida en que, por una parte, la insuficiente adecuación de la norma legal impugnada a los requerimientos de certeza crea, para todos aquellos a los que recopilación de datos personales pudiera aplicarse, un peligro, en el que reside precisamente dicha vulneración y, por otra parte, la indeterminación de la finalidad del tratamiento y la inexistencia de «garantías adecuadas» o las «mínimas exigibles a la Ley» constituyen en sí mismas injerencias en el derecho fundamental de gravedad similar a la que causaría una intromisión directa en su contenido nuclear.</p>
<p class='parrafo'>La estimación del presente recurso por este motivo hace innecesario que nos pronunciemos sobre los demás motivos de impugnación.</p>
<p class='parrafo_2'>10. La necesidad de delimitar el objeto de nuestro pronunciamiento y su alcance nos impone precisar finalmente el contenido de nuestro fallo estimatorio del presente recurso de inconstitucionalidad, por cuanto las tachas formuladas por el Defensor del Pueblo se han limitado al apartado 1 del artículo 58 bis LOREG.</p>
<p class='parrafo'>La declaración de inconstitucionalidad y nulidad se basa, como se ha dicho en el fundamento jurídico anterior, en que la Ley Orgánica 3/2018 no ha fijado por sí misma, como le impone el artículo 53.1 CE, las garantías adecuadas por lo que respecta específicamente a la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas por los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales. Ello constituye una injerencia en el derecho fundamental a la protección de datos personales de gravedad similar a la que causaría una intromisión directa en su contenido nuclear. Por lo que en coherencia con este fundamento, y con plena coincidencia con el suplico del recurso de inconstitucionalidad, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad debe extenderse a la totalidad del apartado 1 del artículo 58 bis LOREG, incorporado a esta por la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.</p>
<p class='centro_redonda'>FALLO</p>
<p class='parrafo_2'>En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,</p>
<p class='centro_redonda'>Ha decidido</p>
<p class='parrafo_2'>Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar contrario a la Constitución y nulo el apartado 1 del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, incorporado a esta por la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.</p>
<p class='parrafo_2'>Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dada en Madrid, a veintidós de mayo de dos mil diecinueve.–Juan José González Rivas.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.</p>
</texto>
</documento>
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Tue Jun 25 07:02:19 +0000 2019
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ECLI:ES:TC:2019:76.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el Magistrado don Juan José González Rivas, Presidente, la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, los Magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la Magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1405-2019 interpuesto por el Defensor del Pueblo contra el apartado 1 del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, incorporado a esta por la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Ha comparecido y formulado alegaciones el abogado del Estado. Ha sido ponente el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en este Tribunal el 5 de marzo de 2019, el Defensor del Pueblo en funciones interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el apartado 1 del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, incorporado a esta por la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
Los motivos del recurso pueden resumirse como sigue:
a) El Defensor del Pueblo argumenta que el legislador no limita el tratamiento de datos personales que revelen opiniones políticas por parte de los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales, y no establece cuáles son las garantías a las que se refiere el precepto impugnado, ni los criterios para determinarlas, ni el vehículo normativo que deba contenerlas, ni la autoridad o poder público que deba establecerlas, y ni siquiera realiza referencia alguna a los derechos de los titulares de los datos ni al modo y condiciones en que estos pueden ejercitarlos. De este modo, cualquier dato personal relativo a opiniones políticas, aun siendo un dato sensible especialmente protegido, puede ser objeto de tratamiento sin que hubiera sido aportado para este fin, o sin que su titular lo consienta, o sin que tenga noticia del tratamiento ni de su finalidad y sin que sepa en qué condiciones puede ejercer sus derechos de oposición y cancelación. Todo es posible, señala el recurso, al no haber precisado el legislador como debía, por mor del artículo 53.1 CE, en qué consisten y cuáles son esas «garantías adecuadas», con lo que los poderes de disposición y control sobre los datos personales que forman parte del contenido esencial del derecho del artículo 18.4 CE quedan en cuestión, propiciándose una situación evidente de inseguridad jurídica contraria a su artículo 9.3 que, en el contexto tecnológico actual, afecta también al derecho a la libertad ideológica del artículo 16 y al derecho a la participación política del artículo 23.1, todos ellos de la Constitución.
b) Argumenta también el recurso que el poder de disposición y control sobre los datos personales (STC 292/2000, FJ 7) adquiere una relevancia extraordinaria cuando los datos concernidos son, como ocurre en este caso, los relativos a las opiniones políticas, los cuales, por su vinculación con otros derechos y libertades, como la ideológica (artículo 16.1 CE) y las de expresión y comunicación [artículo 20.1.a) y d) CE], así como el principio de igualdad (artículo 14 CE), pertenecen a la categoría de datos especialmente protegidos.
Ya el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, de 28 de enero de 1981, incluye en las «categorías particulares de datos» a los datos personales «que revelen […] las opiniones políticas» (artículo 6), los cuales «no podrán tratarse a menos que el derecho interno prevea las garantías apropiadas», admitiendo como única excepción a la regla anterior el supuesto de que «constituya una medida necesaria en una sociedad democrática» para la protección de la seguridad del Estado, de la seguridad pública, para los intereses monetarios del Estado, la represión de las infracciones penales o para la protección de la persona concernida y los derechos y libertades de otras personas. En términos similares se pronuncia el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo a la garantía de la intimidad individual y familiar, aplicable al tráfico de datos de carácter personal.
Por su parte, el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, de protección de datos (RGPD), prohíbe el tratamiento de las que denomina categorías especiales de datos personales, entre las que se encuentran las que revelen opiniones políticas (artículo 9.1), prohibición que, no obstante, admite algunas excepciones. Así, el apartado g) del número 1 del mismo precepto autoriza el tratamiento cuando «es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado». Y el apartado a) autoriza el tratamiento en el supuesto de que el interesado hubiera dado su consentimiento explícito para ello, si bien esta excepción puede enervarse «cuando el Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada en el apartado 1 no puede ser levantada por el interesado».
El Defensor del Pueblo señala que, precisamente en esta línea limitativa frente el tratamiento de datos sensibles y especialmente protegidos, el artículo 9.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, dispone que «a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico», aunque en el párrafo segundo admite que «lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo de los restantes supuestos contemplados en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 cuando así proceda».
c) Sin embargo, sostiene el Defensor del Pueblo, esta línea normativa acorde con la regulación internacional y europea se rompe con la tramitación de una enmienda de adición (núm. 331), que incorpora una nueva disposición final tercera que modifica la Ley Orgánica de régimen electoral general (LOREG) y le añade el nuevo artículo 58 bis, cuyo apartado primero, lejos de atender a la protección especial que en el contexto tecnológico actual debe proporcionarse a los datos que revelen opiniones políticas de las personas, abre la puerta a su tratamiento por los partidos políticos. El precepto ampara el tratamiento (la recopilación lo es), en principio prohibido, de datos personales relativos a opiniones políticas. Lo ampara genéricamente en el «interés público», no en un interés público esencial como pide la norma europea. Y para obtener este amparo basta con la oferta de unas inciertas e indeterminadas «garantías adecuadas» que ni el precepto ni la norma en la que se inserta la LOREG concretan en absoluto. Y lo hace a favor de los partidos políticos «en el marco de sus actividades electorales», otro concepto indeterminado que no tiene por qué coincidir con el periodo legalmente previsto en cada proceso de elecciones con la campaña electoral.
La mencionada enmienda se justificó en el contenido del considerando 56 del Reglamento Europeo 2016/679/UE, cuyo tenor literal es el siguiente: «Si, en el marco de actividades electorales, el funcionamiento del sistema democrático exige en un Estado miembro que los partidos políticos recopilen datos personales sobre las opiniones políticas de las personas, puede autorizarse el tratamiento de estos datos por razones de interés público, siempre que se ofrezcan garantías adecuadas». Sin embargo, el mero valor interpretativo y no normativo del considerando no solo no proporciona amparo al precepto impugnado, sino que confirma las dudas que suscita, ya que la referencia al interés público al que genéricamente alude el artículo 58 bis.1 LOREG se vincula en el considerando citado al que se daría si lo «exige el funcionamiento del sistema democrático» y no cualquier otro.
A juicio del Defensor del Pueblo, la genérica mención al «interés público» sin especificarlo no basta para fundamentar la intromisión que en el derecho a la protección de datos de carácter personal implica el amparo que se otorga al tratamiento de los datos relativos a opiniones políticas a favor de los partidos políticos en el también impreciso marco de sus actividades electorales. Además, la determinación de las «garantías adecuadas» a las que alude el precepto sin concretarlas implica necesariamente la regulación de las facultades atribuidas a los sujetos concernidos, esto es, a los titulares de los datos, así como las posibilidades de actuación que les correspondan, en definitiva, las facultades de disposición y control respecto de esos datos cuya recopilación se autoriza, lo que sin duda es parte integrante del contenido esencial del derecho a la protección de datos del artículo 18.4 CE. Esa regulación debe contenerse en la ley por imperativo del artículo 53.1 CE, sin que quepa derivarla en ningún caso, ni explícita ni implícitamente, como aquí ocurre, a otro poder, operador o instancia, y sin que el legislador pueda abdicar de su deber de regular concreta y pormenorizadamente las restricciones al derecho fundamental que se derivan de la autorización concedida a los partidos políticos para recopilar datos personales relativos a las opiniones políticas. Así pues, de acuerdo con lo afirmado en el fundamento jurídico 10 de la STC 292/2000, el Defensor del Pueblo concluye que la mera mención al interés público y a la garantías adecuadas sin concretar ni cuál es aquel ni cuáles sean estas implica una intromisión directa en el derecho a la protección de datos personales, contraria, por tanto, a los artículos 18.4 y 53.1 CE. Dicho de otro modo, no se respeta el contenido esencial del derecho a la protección de datos cuando se ampara la recopilación de datos relativos a opiniones políticas sin fijar los límites de tal amparo; y no se respeta el principio de reserva de ley cuando el legislador abdica de su deber de concretar las condiciones y requisitos en las que ese tratamiento en principio prohibido deviene en legítimo.
d) La inconcreción de la norma respecto de las garantías que han de rodear la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas por parte de los partidos políticos también produce una afectación indeseable respecto de la libertad ideológica garantizada por el artículo 16 CE, al que se han referido las SSTC 19/1985, de 13 de febrero, y 20/1990, de 15 de febrero. La redacción del artículo 58 bis.1, en cuanto ampara la recopilación por los partidos políticos de las opiniones políticas expresadas por los ciudadanos siempre que se «ofrezcan garantías adecuadas» pero sin establecer dichas garantías, supone una injerencia indebida en la libertad ideológica, al posibilitar el tratamiento de las opiniones políticas para un fin distinto del que motivó su expresión o manifestación y sin que quepa predecir las consecuencias que puedan derivarse de dicho tratamiento, el cual, además, con la tecnología disponible para el tratamiento combinado y masivo de datos procedentes de fuentes diversas, es potencialmente revelador de la propia ideología y contrario a la garantía del artículo 16.2 CE.
A juicio del Defensor del Pueblo resulta indicativo que la enmienda núm. 331, origen del precepto, incluía un número 2 con las siguientes previsiones: «2. Cuando la difusión de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes se base en la elaboración sistemática y exhaustiva de perfiles electorales de personas físicas, deberá realizarse una previa evaluación de impacto relativa a la protección de datos personales en los términos previstos en el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/79. Dicha difusión no podrá realizarse cuando se identifique un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas y no se adopten las medidas necesarias para impedirlo.–Quedan prohibidas las actividades de propaganda electoral basadas en la elaboración de perfiles electorales en redes sociales o equivalentes cuando no se informe a sus destinatarios sobre su finalidad, la identidad del responsable, o la entidad contratada para su realización y los criterios de selección.» Este punto 2 de la enmienda, que no superó el trámite y no figura en el texto finalmente aprobado, evidencia la preocupación por las consecuencias que sobre los derechos de los electores puede tener la elaboración sistemática y exhaustiva de perfiles electorales. Pese a ello, el legislador, aun siendo consciente del riesgo que las nuevas tecnologías y el tratamiento masivo de datos puede suponer para los derechos y libertades de las personas y, en lo que aquí interesa, para la libertad ideológica y el derecho a no hacer pública la propia, ha abdicado de su deber de incluir detalladamente las garantías adecuadas para la recopilación de datos personales que revelen opiniones políticas. No solo se ampara la recopilación, sino también se autoriza a los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales a utilizar datos personales (incluidos los relativos a opiniones políticas) obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el período electoral (artículo 58 bis.2 LOREG). En razón de todo ello, se considera que el artículo 58 bis.1 LOREG resulta contrario al artículo 16 CE.
e) También está comprometido el derecho a la participación política en los asuntos públicos que garantiza el artículo 23 CE. Esta libertad difícilmente puede darse en un entorno tecnológico en el que las modernas técnicas de análisis de la conducta sobre la base del tratamiento masivo de datos y la inteligencia artificial permiten procedimientos complejos orientados a modificar, forzar o desviar la voluntad de los electores y sin que estos sean conscientes de ello. A los poderes públicos les corresponde «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social» (artículo 9 CE). Y si bien el Tribunal Constitucional tiene declarado que «en rigor, en el ámbito de los procesos electorales, solo en casos muy extremos cabrá admitir la posibilidad de que un mensaje tenga capacidad suficiente para forzar o desviar la voluntad de los electores, dado el carácter íntimo de la decisión del voto y los medios legales existentes para garantizar la libertad del sufragio» (STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 16), en el contexto actual, muy diferente al de hace dos décadas, la garantía de la libertad de sufragio exigiría una acción positiva del legislador para que la misma no se viera comprometida. Nuevamente aquí la inconcreción del artículo 58 bis.1 LOREG respecto de los límites precisos en los que los partidos políticos pueden recopilar datos personales relativos a opiniones políticas de los ciudadanos y el uso que puedan darle a esa recopilación genera una afectación negativa de la libertad de sufragio, contraria al artículo 23.1 CE.
f) Por último, se fundamenta la vulneración del principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE). El nuevo artículo 58 bis.1 LOREG declara amparada la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos con una total imprecisión. Un «interés público» genérico, las «actividades electorales» que los partidos pueden realizar en cualquier momento y no solo durante la campaña electoral y unas «garantías adecuadas» que, en el mejor de los casos, un operador jurídico avezado tendría serias dificultades para deducir de la interpretación conjunta de la normativa electoral y de la vigente en materia de protección de datos personales tanto nacional (de aplicación solo supletoria artículo 2.3 de la Ley Orgánica de protección de datos (LOPD), como proveniente del Derecho internacional y europeo derivado.
Hay que fiar al criterio del operador jurídico de turno la determinación de si los sujetos legitimados para realizar la recopilación de datos son exclusivamente los partidos políticos a los que literalmente alude el precepto o si también lo están los restantes sujetos que pueden concurrir al proceso electoral de acuerdo con la LOREG, esto es, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores. También hay que colegir si los datos recopilados pueden ser comunicados o transferidos a terceros, o si hay que entender prohibida tal práctica al tratarse de una habilitación de tratamiento excepcional.
Asimismo, hay que determinar el marco en el que se habilita el tratamiento y la finalidad del mismo, pues las actividades electorales pueden realizarlas los partidos durante el período electoral definido en la LOREG o en cualquier otro momento, y si se circunscriben o no a los actos de propaganda y de campaña, como podría parecer, dada la inserción del precepto en la sección quinta del capítulo VI del título I de la LOREG. También la determinación de las fuentes en las que pueden recogerse los datos personales que pueden ser objeto de tratamiento exige sopesar si estas son las páginas web y otras fuentes accesibles al público a las que hace referencia el número 2 del precepto aquí impugnado, o si pueden ser cualesquiera otras, ya que su tenor no establece límite alguno al respecto.
Finalmente, habrá de determinarse si ese amparo habilita o no a la realización de las restantes operaciones o conjunto de operaciones que a tenor del artículo 4.2 RGPD constituyen el tratamiento. La literalidad del precepto parece apuntar a ello, aunque la mera recopilación de los datos sin una ulterior operación de organización, estructuración, consulta o utilización, entre otras operaciones incluidas en el concepto de tratamiento (artículo 4.2 RGPD), carece de sentido.
Si a estas y otras dificultades habrá de enfrentarse el operador jurídico que aplique la norma o el que supervise su aplicación o el que la enjuicie, mayores serán las que padezca el titular de los datos personales afectados, a quien la norma y el ordenamiento en el que se inserta, el electoral, no proporciona indicación alguna respecto de sus poderes de disposición y control sobre los mismos, ni sobre las condiciones de su ejercicio.
Sin desconocer la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la infracción del principio de seguridad jurídica (STC 150/1990, FJ 8), el Defensor del Pueblo entiende que, en el contexto tecnológico actual y frente a los riesgos evidentes que el tratamiento masivo de la información puede suponer para la intimidad personal, la protección de datos personales, la libertad ideológica y la libertad de participación política, resulta inexcusable –en términos propios del Tribunal– el esfuerzo del legislador por alumbrar una normativa abarcable y comprensible para la mayoría de los ciudadanos a los que va dirigida; puesto que una legislación confusa, oscura e incompleta dificulta su aplicación y, además de socavar la certeza del Derecho y la confianza de los ciudadanos en el mismo, puede terminar por empañar el valor de la justicia. En razón de todo ello, se considera que el artículo 58 bis.1 LOREG resulta contrario al artículo 9.3 CE.
2. Por providencia de 12 de marzo de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de la sección primera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. También se ordenó publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado», lo que se produjo en su núm. 64, de 15 de marzo de 2019.
3. Por escrito registrado en el Tribunal el 18 de marzo de 2019, el presidente del Senado comunicó el acuerdo de la mesa de la cámara de personarse en el proceso y ofrecer su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC. Idéntica comunicación realizó la presidenta del Congreso de los Diputados mediante escrito registrado el día 8 de abril de 2019.
4. Por escrito registrado en el Tribunal el 18 de marzo de 2019, el abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, se personó en el procedimiento y solicitó prórroga del plazo para formular alegaciones por ocho días más, que le fue concedida por diligencia de ordenación de misma fecha.
5. El 10 de abril de 2019 se registró el escrito de alegaciones del abogado del Estado, que solicitó que se desestimara en su integridad el recurso interpuesto, con arreglo a los siguientes argumentos.
a) Para responder a la demanda altera el orden de las imputaciones de inconstitucionalidad, y comienza por la relativa a la inseguridad jurídica, pues considera que, de no existir esa vulneración, esto es, de cumplirse el requisito de la exigencia de «garantías adecuadas», decaerían las alegaciones sobre la supuesta vulneración de derechos fundamentales.
b) Para determinar las «garantías adecuadas» para la aplicación del precepto impugnado, afirma que debe acudirse a las previsiones del precepto impugnado y de la Ley Orgánica de protección de datos (LOPD), y que así lo ha entendido la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en dos documentos de indudable trascendencia, que el abogado del Estado manifiesta que hace suyos. Es lógico, se dice, que la reforma de la LOREG, al incluir el apartado impugnado, no desarrolle las garantías adecuadas por la aplicación supletoria de la LOPD en la que se encuentran perfectamente previstas. Para explicar el fundamento de la previsión normativa impugnada es preciso conocer el contexto en que se adopta, que, frente a lo que afirma el Defensor del Pueblo, tiene por finalidad asegurar que la recopilación de este tipo de datos, en procesos electorales, es de indudable interés público y que la ley, al regularla, incrementa las garantías frente a situaciones de hecho en que se proceda a recopilar estos datos contraviniendo los derechos fundamentales implicados.
Las garantías adecuadas constan en la literalidad del precepto, en la fundamentación de la enmienda en el reglamento y, supletoriamente en la LOPD, como ha entendido la Circular 1/2019, de 7 de marzo, de la AEPD:
– En primer lugar, el precepto impugnado tiene por objeto acabar con la desregulación previa de la recopilación por los partidos políticos de datos relativos a las opiniones políticas. Establece claramente el interés público de esta recopilación, fundamentado en el mejor desarrollo de los procesos electorales, elemento básico en una democracia representativa; limita la posibilidad de recopilación de estos datos a los procesos electorales, es decir, en el estricto periodo electoral; y limita la habilitación a los partidos políticos concurrentes a unas elecciones, pues ninguna otra organización podrá proceder a recopilar este tipo de datos.
– Como se deduce de la motivación de la enmienda, el precepto pretende evitar situaciones como la que causó el caso denominado «Cambridge analytica» en el que se produjo una utilización indebida de datos de los ciudadanos. De la enmienda se deduce también que la base jurídica que determina los límites de recopilación de datos es el considerando 56 del Reglamento (UE) 2016/679 y normativa de desarrollo.
En consecuencia, no es correcta la afirmación de que el precepto legal no establece un mínimo suficiente de garantías adecuadas para poder llevar a cabo la recopilación de datos.
– En tercer lugar, el precepto impugnado no puede ser interpretado ni aplicado aisladamente sino en el ámbito de la LOPD y del Reglamento de protección de datos, dado su carácter expresamente supletorio. Una explicación exhaustiva a esta cuestión se encuentra en el informe elaborado por los servicios jurídicos de la AEPD que, como entidad independiente, tiene por finalidad asegurar que no se produce una vulneración del artículo 19.3 CE (sic). La AEPD ha emitido dos documentos de imprescindible análisis en los que, sin innovar la ley, que le está vedado, lleva a cabo una interpretación conforme de este precepto: el informe de la asesoría jurídica de la agencia núm. 210070/2018, publicado en la página web de la AEPD; y la Circular 1/2019, de 7 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas y envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería por parte de partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores al amparo del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 60, de 11 de marzo de 2019, y que reproduce parcialmente en su escrito.
Concluye que, por la aplicación directa del reglamento y supletoria de la LOPD, queda perfectamente concretada, frente a lo que se afirma de contrario, la constitucionalidad del precepto impugnado que, en lo que se refiere a las «garantías adecuadas», debe integrarse con lo expresado en las citadas normas tal y como ha sido interpretado por la AEPD en la circular mencionada. Por ello, no resulta de aplicación el fundamento jurídico 10 de la STC 292/2000. En ningún caso este precepto vulnera, como se afirma en el último fundamento jurídico de la demanda, las exigencias de la seguridad jurídica (artículo 9.3 CE), tal y como han sido interpretadas por el Tribunal, entre otras, en la STC 136/2011, de 13 de septiembre, citada en la demanda. Por el contrario, debe aplicarse la jurisprudencia constitucional que dispone que «cada norma singular no constituye un elemento aislado e incomunicado en el mundo del Derecho», de forma que solo en casos excepcionales de incertidumbre razonablemente insuperable podría concluirse que una norma infringe el principio de seguridad jurídica (STC 150/1990, FJ 8). El operador jurídico que debe aplicar la disposición impugnada puede conocer, mediante la aplicación directa del reglamento y la supletoria de la LOPD, el régimen de «garantías adecuadas» necesario para aplicar este precepto: lo contrario supondría tener que reiterar innecesariamente en la LOREG el contenido de las normas mencionadas, cuando, como ha entendido la AEPD, dichas garantías se encuentran perfectamente determinadas.
c) A la luz de las alegaciones anteriores, se señala que decaen el resto de los argumentos invocados en la demanda:
– El hecho de que las garantías, como concreta la AEPD, se encuentren desarrolladas en el reglamento y la propia LOPD, priva de fundamento a la impugnación según la cual la definición de las garantías adecuadas debe hacerse por ley, de acuerdo con el artículo 18.4 CE en conexión con el artículo 53 CE.
– El precepto en ningún caso vulnera la libertad ideológica (artículo 16 CE), puesto que no se obliga a ciudadano alguno a manifestar su opinión política conforme al fundamento jurídico 12 de la STC 20/1990, y en ningún caso el tratamiento de las opiniones políticas expresadas se podrá utilizar para un fin distinto del que motivó su expresión o manifestación.
– No se acierta a comprender cómo se vulnera el artículo 23 CE, pues la recopilación de datos por parte de los partidos políticos en nada afecta a este derecho, ni se persigue forzar una determinada voluntad. Al contrario, se persigue que sean los partidos políticos, todos ellos, justamente los garantes del pluralismo político, los que puedan llevar a cabo el legítimo fin en una democracia de conocer, exclusivamente en los procesos electorales, la opinión de los electores para conformar su estrategia electoral, lo que redunda en un mejor funcionamiento del sistema democrático.
6. Por providencia de 21 de mayo de 2019 se señaló para deliberación y votación de la presente sentencia el día 22 de mayo de 2019.
II. Fundamentos jurídicos
1. El Defensor del Pueblo ha interpuesto el presente recurso de inconstitucionalidad contra el apartado primero del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, incorporado a esta por la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. El artículo 58 bis dispone lo siguiente:
«Artículo cincuenta y ocho bis. Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales.
1. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas.
2. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral.
3. El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial.
4. Las actividades divulgativas anteriormente referidas identificarán de modo destacado su naturaleza electoral.
5. Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición.»
El recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo impugna esa modificación normativa por lo que respecta exclusivamente a su apartado 1, por considerar que vulnera diversos preceptos constitucionales, en concreto los artículos 9.3, 16, 18.4, 23 y 53.1 CE. Por su parte, el abogado del Estado solicita la desestimación integra del recurso.
2. Antes que nada debemos identificar el núcleo de la controversia, pues como correctamente aprecia el abogado del Estado, en la demanda del Defensor del Pueblo late una impugnación central, de las que las demás son más bien complementarias. No obstante, esa impugnación central no es, como afirma el abogado del Estado, la relativa al principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE), sino la que se refiere al artículo 18.4 CE en conexión con el artículo 53.1 CE.
La disposición legal recurrida autoriza a los partidos políticos a recopilar datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas en el marco de sus actividades electorales. Como ha quedado expuesto en los antecedentes, la demanda alega que dicha disposición es inconstitucional por las siguientes razones: (i) no ha determinado por sí misma la finalidad del tratamiento, más allá de la genérica mención al «interés público»; (ii) no ha limitado el tratamiento regulando pormenorizadamente las restricciones al derecho fundamental, indicando por ejemplo las fuentes de las que pueden recogerse los datos personales y las operaciones que pueden realizarse con ellos; y (iii) no ha establecido ella misma las garantías adecuadas para proteger los derechos fundamentales afectados. Debido a esas insuficiencias, el precepto impugnado habría incurrido en una doble y simultánea vulneración, la de los artículos 18.4 y 53.1 CE, por infringir la reserva de ley y por no respetar el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos personales.
Alrededor de la impugnación referida a la posible vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales (artículo 18.4 en conexión con el artículo 53.1 CE) se articulan en el recurso de inconstitucionalidad otros motivos, unos relativos también a la infracción de otros derechos fundamentales sustantivos, como los derechos a la libertad ideológica (artículo 16 CE) y de participación política (artículo 23 CE), y otro referido al principio general de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE).
Por su parte, el abogado del Estado rechaza esa impugnación argumentando en esencia que la finalidad del tratamiento es el mejor funcionamiento del sistema democrático, y que las garantías adecuadas se desprenden de la literalidad del precepto o bien están previstas en el marco regulatorio establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, de protección de datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, tal como ha concretado la Circular 1/2019, de 7 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, la Circular 1/2019).
El enjuiciamiento constitucional que nos demanda la impugnación central se circunscribe, pues, a resolver si el legislador ha vulnerado la reserva de ley y el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos personales (artículo 18.4 CE en conexión con el artículo 53.1 CE), por renunciar a establecer el marco en el que se habilita el tratamiento, la finalidad del mismo y las garantías adecuadas frente al concreto uso de la informática previsto en la norma impugnada.
Podemos asumir, por tanto, ya que no lo controvierten las alegaciones de las partes, que el apartado 1 del artículo 58 bis de la Ley Orgánica del régimen electoral general (LOREG) constituye una injerencia en el derecho fundamental a la protección de datos personales garantizado por el artículo 18.4 CE. Lo que está en discusión es si la citada disposición legal cumple con las exigencias que derivan de la Constitución y de nuestra doctrina constitucional.
3. En apoyo de su alegato, el Defensor del Pueblo cita nuestra jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la protección de datos personales, y en concreto el pronunciamiento específico sobre las garantías adecuadas que a este respecto se contiene en el fundamento jurídico 10 de la STC 292/2000, de 30 de noviembre; el artículo 8 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 14 de noviembre de 1950; el artículo 6 del Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981 y, por último, el «Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)», y en especial los apartados 1 y 2 del artículo 9.
Los diversos instrumentos jurídico-internacionales que alega el Defensor del Pueblo, si bien «no constituyen canon para el enjuiciamiento de la adecuación a la Constitución de normas dotadas de rango legal» (por todas, STC 140/2018, de 20 de diciembre, FJ 6), pueden tener relevancia a la hora de interpretar las disposiciones que sí integran el parámetro de constitucionalidad. Como hemos declarado reiteradamente a lo largo de nuestra jurisprudencia, las disposiciones de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos válidamente celebrados y publicados oficialmente en España constituyen, a tenor del artículo 10.2 CE, valiosos criterios hermenéuticos del sentido y alcance mínimo de los derechos y libertades que la Constitución reconoce. De suerte que los mencionados instrumentos normativos pueden ser tenidos en cuenta, y lo serán más adelante, para corroborar el sentido y alcance del específico derecho fundamental que ha reconocido nuestra Constitución en orden a la protección de los datos personales.
Por lo que respecta al Reglamento (UE) 2016/679, que entró en vigor el 25 de mayo de 2018 y al que ya se ha referido la STC 58/2018, de 4 de junio, FJ 5, debemos señalar que si bien tiene también valor interpretativo a los efectos del artículo 10.2 CE, de la misma forma que en el pasado se lo atribuimos a la Directiva 95/46/CE que ha sido sustituida por aquel (SSTC 94/1998, de 4 de mayo, FJ 4; 144/1999, de 22 de julio, FJ 8; 202/1999, de 8 de noviembre, FJ 5; 70/2009, de 23 de marzo, FJ 2, y 29/2013, de 11 de febrero, FJ 5). No obstante, la eficacia jurídica del Reglamento (UE) 2016/679 que alega el Defensor del Pueblo no se agota, desde luego, en el valor hermenéutico que despliega a los efectos del artículo 10.2 CE, esto es, en el plano de la constitucionalidad, pues en el seno de nuestro ordenamiento jurídico representa sobre todo un acto jurídico «obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro», como luce al final del texto, con las características inherentes al Derecho de la Unión Europea.
A este Tribunal le corresponde aplicar la Constitución. Cuando, como ocurre en este proceso, se le demanda el enjuiciamiento constitucional del desarrollo legislativo de un derecho fundamental que se halla en la actualidad parcialmente determinado por el Derecho de la Unión Europea, como es la protección de datos personales, «[l]as exigencias derivadas del Derecho de la Unión no pueden ser irrelevantes a la hora de establecer los márgenes constitucionalmente admisibles de libertad de apreciación política» (STC 1/2012, de 13 de enero, FJ 9). Sin que ello implique de forma alguna que el análisis de constitucionalidad pueda o deba incluir un examen sobre la compatibilidad entre el reglamento europeo y la ley interna, ni que un eventual juicio de incompatibilidad pueda derivar en la declaración de inconstitucionalidad de una ley interna por oposición a una disposición de Derecho de la Unión, pues cualquier análisis de compatibilidad entre el Derecho de la Unión Europea y la Ley Orgánica 3/2018 se dirimirá en términos de legalidad ordinaria y selección del derecho aplicable en un primer término, y no en clave de contradicción con la Constitución de la norma interna eventualmente contraria al Derecho de la Unión («mutatis mutandis», STC 140/2018, FJ 6).
4. Para un correcto enjuiciamiento constitucional de la impugnación central, antes de formular en el fundamento jurídico siguiente el parámetro de constitucionalidad aplicable, debemos exponer sucintamente el régimen jurídico del tratamiento de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas. Ello implica aludir al contenido tanto del Reglamento (UE) 2016/679 o Reglamento general de protección de datos (en adelante, RGPD) como de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDyGDD), pues en la actualidad ambas fuentes configuran conjuntamente, de forma directa o supletoria, el desarrollo del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal que exigen los artículos 18.4 y 81.1 CE, dado que el artículo 2.3 LOPDyGDD declara la supletoriedad del reglamento general y de la Ley Orgánica 3/2018, a falta de legislación específica, también para los tratamientos a los que el reglamento general no resulte directamente aplicable por afectar a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea.
De acuerdo con el apartado 1 del artículo 9 RGPD, está prohibido el tratamiento de datos personales que revelen las opiniones políticas, del mismo modo que lo está el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física. No obstante, el apartado 2 del mismo precepto autoriza el tratamiento de todos esos datos cuando concurra alguna de las diez circunstancias allí previstas [letras a) a j)]. Algunas de esas circunstancias tienen un ámbito de aplicación acotado (laboral, social, asociativo, sanitario, judicial, etc.) o responden a una finalidad determinada, por lo que, en sí mismas, delimitan los tratamientos específicos que autorizan como excepción a la regla general. Además, la eficacia habilitante de varios de los supuestos allí previstos está condicionada a que el Derecho de la Unión o el de los Estados miembros los prevean y regulen expresamente en su ámbito de competencias: es el caso de las circunstancias recogidas en las letras a), b), g), h), i) y j).
El tratamiento de las categorías especiales de datos personales es uno de los ámbitos en los que de manera expresa el Reglamento general de protección de datos ha reconocido a los Estados miembros «margen de maniobra» a la hora de «especificar sus normas», tal como lo califica su considerando 10. Este margen de configuración legislativa se extiende tanto a la determinación de las causas habilitantes para el tratamiento de datos personales especialmente protegidos –es decir, a la identificación de los fines de interés público esencial y la apreciación de la proporcionalidad del tratamiento al fin perseguido, respetando en lo esencial el derecho a la protección de datos– como al establecimiento de «medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado» [artículo 9.2.g) RGPD]. El reglamento contiene, por tanto, una obligación concreta de los Estados miembros de establecer tales garantías, en el caso de que habiliten para tratar los datos personales especialmente protegidos.
Así, la primera circunstancia habilitante para el tratamiento de los datos personales especialmente protegidos, recogida en la letra a) del apartado 2 del artículo 9 RGPD, consiste en el consentimiento explícito del interesado: cuando «el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, excepto cuando el Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada en el apartado 1 no puede ser levantada por el interesado». Sin embargo, el legislador español ha optado por excluir plenamente la eficacia habilitante del consentimiento del afectado. Con arreglo al artículo 9.1 LOPDyGDD, «el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico».
Y para «los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 fundados en el Derecho español», el artículo 9.2 LOPDyGDD señala que «deberán estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad».
El Reglamento general de protección de datos no excluye de antemano que los Estados miembros puedan autorizar la recopilación de datos personales sobre las opiniones políticas en el marco de actividades electorales, si bien esa autorización está expresamente condicionada al establecimiento de «garantías adecuadas», como se desprende de su considerando 56: «Si, en el marco de actividades electorales, el funcionamiento del sistema democrático exige en un Estado miembro que los partidos políticos recopilen datos personales sobre las opiniones políticas de las personas, puede autorizarse el tratamiento de estos datos por razones de interés público, siempre que se ofrezcan garantías adecuadas».
Finalmente, debe mencionarse que la finalidad de proteger la integridad del proceso democrático europeo ha llevado a las instituciones de la Unión Europea a establecer sanciones financieras para afrontar las situaciones en las que los partidos políticos europeos o las fundaciones políticas europeas, que se financian con cargo al presupuesto general de la Unión, se aprovechen de infracciones de las normas de protección de datos personales con el fin de influir en el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. El Reglamento (UE, Euratom) 2019/493 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2019, establece a tal fin un procedimiento de verificación relativo a las infracciones de las normas de protección de los datos personales en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo.
En suma, el artículo 58 bis LOREG, cuyo apartado 1 es el objeto del presente recurso de inconstitucionalidad, contiene una modificación normativa introducida por el legislador orgánico para hacer posible un tratamiento de datos que, de no existir dicha habilitación, estaría prohibido tanto por el Derecho de la Unión como por nuestro ordenamiento jurídico, tal como se refleja en los artículos 9.1 RGPD y 9.2 LOPDyGDD.
5. La impugnación tiene por objeto un precepto legal, cuya doble singularidad estriba en el destinatario y el objeto de la habilitación. Por un lado, los sujetos habilitados para recopilar los datos personales no pueden considerarse «meras personas jurídico-privadas titulares del derecho de asociación contemplado en el artículo 22 CE» (STC 226/2016, de 22 de diciembre, FJ 6), pues son instrumento fundamental para la participación política (artículo 6 CE) y ejercen «cierta función pública» (STC 3/1981, de 2 de febrero, FJ 2) en su condición de «organizaciones sociales de relevancia constitucional» (STC 18/1984, de 7 de febrero, FJ 3). Por ello, este Tribunal debe velar por que, en este como en otros ámbitos, la actuación de los partidos políticos tenga bajo sus pies un suelo firme de Estado de Derecho, ajeno a la incertidumbre y la arbitrariedad. Por otro lado, los datos personales que pueden recopilarse integran una categoría especial de datos, que, como la información relativa a la salud (STC 70/2009, FJ 2), son especialmente sensibles y, por tanto, dignos de especial protección para la garantía de los derechos fundamentales.
Teniendo presente tanto la especial sensibilidad de los datos personales afectados como la especial posición constitucional de los sujetos autorizados a recopilarlos, debemos precisar a continuación los parámetros de enjuiciamiento que permitan resolver el contenido central de la impugnación: la vulneración por el legislador de la reserva de ley y el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos personales (artículo 18.4 CE en conexión con el artículo 53.1 CE).
a) Como ya se indicó, en la presente impugnación no está en discusión cuál es el derecho fundamental principalmente afectado, el derecho fundamental a la protección de datos personales; ni tampoco lo están la definición de su contenido, su alcance o sus límites, aspectos que fueron abordados en detalle en los fundamentos jurídicos 5 a 9 de la ya citada STC 292/2000, a los que ahora nos remitimos íntegramente.
A los efectos del presente proceso bastará recordar que «el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso», y que estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos, «se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular». A su vez, «ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos», «exigiendo del titular del fichero que le informe de qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos, y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; y, en su caso, requerirle para que los rectifique o los cancele» (STC 292/2000, FJ 7).
b) El artículo 18.4 CE no solo «consagra un derecho fundamental autónomo a controlar el flujo de informaciones que conciernen a cada persona» (SSTC 11/1998, de 13 de enero, FJ 5; 96/2012, FJ 6, y 151/2014, de 25 de septiembre, FJ 7), sino también, como se desprende de su último inciso («para garantizar […] el pleno ejercicio de sus derechos»), un derecho instrumental ordenado a la protección de otros derechos fundamentales, esto es, «un instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno disfrute de los restantes derechos de los ciudadanos» (STC 292/2000, de 30 de septiembre, FJ 5). Así, hemos afirmado el carácter instrumental del derecho fundamental reconocido en el artículo 18.4 CE para la garantía de la libertad sindical (SSTC 11/1998, de 13 de enero, FJ 5; 60/1998, de 16 de marzo, FJ 1; 124/1998, de 15 de junio, FJ 2; y 126/1998, de 15 de junio, FJ 2), y así también debemos entenderlo, desde luego, con respecto a la libertad ideológica.
Por tanto, el derecho fundamental afectado es el de protección de datos personales, desde una doble perspectiva, como derecho fundamental autónomo dirigido a controlar el flujo de informaciones que concierne a cada persona, y como derecho fundamental instrumental ordenado a la protección del también derecho fundamental a la libertad ideológica.
c) La libertad ideológica consagrada en el artículo 16 CE tiene una dimensión positiva, pues se protege «sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley» (apartado 1), y también una dimensión negativa, pues incluye el derecho de toda persona a no «ser obligado a declarar sobre su ideología» (apartado 2).
En síntesis, la libertad ideológica comprende «la proclamación de ideas o posiciones políticas propias o adhesión a las ajenas» (STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 9), tanto individual como colectivamente, así como la posibilidad de abandonarlas o cambiarlas por otras en todo momento, pero también el secreto o silencio sobre las ideas o posiciones políticas propias, sin ser objeto de coacción o perturbación alguna antes o después de su proclamación o modificación, ni derivada del silencio libremente elegido.
Este Tribunal ha tenido ocasión de destacar la importancia del derecho consagrado en el artículo 16.1 CE. Como afirmamos en la STC 20/1990, de 20 de febrero, FJ 3: «sin la libertad ideológica consagrada en el artículo 16.1 CE, no serían posibles los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico que se propugnan en el artículo 1.1 de la misma para constituir el Estado social y democrático de derecho que en dicho precepto se instaura».
Asimismo, en la STC 120/1992, de 27 de junio, FJ 8, aludimos a la faceta externa de ese derecho en los siguientes términos: «la libertad ideológica […] no se agota en una dimensión interna del derecho a adoptar una determinada posición intelectual ante la vida y cuanto le concierne y a representar o enjuiciar la realidad según personales convicciones. Comprende, además, una dimensión externa de agere licere, con arreglo a las propias ideas sin sufrir por ello sanción o demérito ni padecer la compulsión o la injerencia de los poderes públicos».
d) Como los demás derechos, el derecho fundamental a la protección de datos personales no tiene carácter absoluto. Puede ser restringido por medio de la ley, siempre que ello responda a un fin de interés general, y los requisitos y el alcance de la restricción estén suficientemente precisados en la ley y respeten el principio de proporcionalidad. A los efectos del presente proceso deben destacarse dos requisitos de esos límites:
– En primer lugar, toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas debe responder a un fin constitucionalmente legítimo o encaminarse a la protección o la salvaguarda de un bien constitucionalmente relevante, pues «si bien este Tribunal ha declarado que la Constitución no impide al Estado proteger derechos o bienes jurídicos a costa del sacrificio de otros igualmente reconocidos y, por tanto, que el legislador pueda imponer limitaciones al contenido de los derechos fundamentales o a su ejercicio, también hemos precisado que, en tales supuestos, esas limitaciones han de estar justificadas en la protección de otros derechos o bienes constitucionales (SSTC 104/2000, de 13 de abril, FJ 8 y las allí citadas) y, además, han de ser proporcionadas al fin perseguido con ellas (SSTC 11/1981, FJ 5, y 196/1987, FJ 6)» (STC 292/2000, FJ 15).
– En segundo lugar, por mandato expreso de la Constitución, toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas, ora incida directamente sobre su desarrollo (artículo 81.1 CE), ora limite o condicione su ejercicio (artículo 53.1 CE), precisa una habilitación legal (por todas, STC 49/1999, de 5 de abril, FJ 4). En la STC 49/1999, FJ 4, definimos la función constitucional de esa reserva de ley en los siguientes términos:
«Esa reserva de ley a que, con carácter general, somete la Constitución española la regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en su Título I, desempeña una doble función, a saber: de una parte, asegura que los derechos que la Constitución atribuye a los ciudadanos no se vean afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes; y, de otra, en un Ordenamiento jurídico como el nuestro en el que los Jueces y Magistrados se hallan sometidos 'únicamente al imperio de la Ley' y no existe, en puridad, la vinculación al precedente (SSTC 8/1981, 34/1995, 47/1995 y 96/1996) constituye, en definitiva, el único modo efectivo de garantizar las exigencias de seguridad jurídica en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Por eso, en lo que a nuestro Ordenamiento se refiere, hemos caracterizado la seguridad jurídica como una suma de legalidad y certeza del Derecho (STC 27/1981, fundamento jurídico 10).»
Esta doble función de la reserva de ley se traduce en una doble exigencia: por un lado, la necesaria intervención de la ley para habilitar la injerencia; y, por otro lado, esa norma legal «ha de reunir todas aquellas características indispensables como garantía de la seguridad jurídica», esto es, «ha de expresar todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de la intervención» (STC 49/1999, FJ 4). En otras palabras, «no sólo excluye apoderamientos a favor de las normas reglamentarias […], sino que también implica otras exigencias respecto al contenido de la Ley que establece tales límites» (STC 292/2000, FJ 15).
La segunda exigencia mencionada constituye la dimensión cualitativa de la reserva de ley, y se concreta en las exigencias de previsibilidad y certeza de las medidas restrictivas en el ámbito de los derechos fundamentales. En la STC 292/2000, FJ 15, señalamos que, aun teniendo un fundamento constitucional, las limitaciones del derecho fundamental establecidas por una ley «pueden vulnerar la Constitución si adolecen de falta de certeza y previsibilidad en los propios límites que imponen y su modo de aplicación», pues «la falta de precisión de la ley en los presupuestos materiales de la limitación de un derecho fundamental es susceptible de generar una indeterminación sobre los casos a los que se aplica tal restricción»; «al producirse este resultado, más allá de toda interpretación razonable, la ley ya no cumple su función de garantía del propio derecho fundamental que restringe, pues deja que en su lugar opere simplemente la voluntad de quien ha de aplicarla». En la misma sentencia y fundamento jurídico precisamos también el tipo de vulneración que acarrea la falta de certeza y previsibilidad en los propios límites: «no sólo lesionaría el principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE), concebida como certeza sobre el ordenamiento aplicable y expectativa razonablemente fundada de la persona sobre cuál ha de ser la actuación del poder aplicando el Derecho (STC 104/2000, FJ 7, por todas), sino que al mismo tiempo dicha ley estaría lesionando el contenido esencial del derecho fundamental así restringido, dado que la forma en que se han fijado sus límites lo hacen irreconocible e imposibilitan, en la práctica, su ejercicio (SSTC 11/1981, FJ 15; 142/1993, de 22 de abril, FJ 4, y 341/1993, de 18 de noviembre, FJ 7)».
6. A la vista de los potenciales efectos intrusivos en el derecho fundamental afectado que resultan del tratamiento de datos personales, la jurisprudencia de este Tribunal le exige al legislador que, además de cumplir los requisitos anteriormente mencionados, también establezca garantías adecuadas de tipo técnico, organizativo y procedimental, que prevengan los riesgos de distinta probabilidad y gravedad y mitiguen sus efectos, pues solo así se puede procurar el respeto del contenido esencial del propio derecho fundamental. En este fundamento jurídico precisaremos la naturaleza y el alcance de este específico requisito constitucional.
a) La necesidad de establecer las garantías adecuadas para procurar el respeto del contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos personales fue señalada específicamente en el fundamento jurídico 10 de la STC 292/2000, que ha sido correctamente invocado por el Defensor del Pueblo. Del mencionado fundamento jurídico se extraen las siguientes conclusiones:
– La previsión legal y la legitimidad del fin perseguido son requisitos necesarios pero no suficientes para fundamentar la validez constitucional de una regulación del tratamiento de datos personales, pues para ello se requieren también «garantías adecuadas frente al uso potencialmente invasor de la vida privada del ciudadano a través de su tratamiento informático».
– Esas garantías son necesarias «para el reconocimiento e identidad constitucionales del derecho fundamental a la protección de datos» y «para que los intereses jurídicamente protegibles, que constituyen la razón de ser del aludido derecho fundamental, resulten real, concreta y efectivamente protegidos».
– La mera inexistencia de «garantías adecuadas» o de las «mínimas exigibles a la Ley» constituye de por sí una injerencia en el derecho fundamental, de gravedad similar a la que causarían intromisiones directas en su contenido nuclear.
– La exigencia de «garantías adecuadas» se fundamenta, por tanto, en el respeto del contenido esencial del derecho fundamental.
Asimismo, del examen conjunto de los fundamentos jurídicos 7 y 10 de la STC 292/2000 se deduce que las «garantías adecuadas» o «garantías mínimas exigibles a una ley sometida al insoslayable respeto al contenido esencial del derecho fundamental cuyo ejercicio regula» deben diferenciarse también del «haz de facultades que componen el contenido del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal», que, como se indicó antes, son aquellas que otorgan al titular del derecho fundamental «un poder de disposición y de control sobre los datos personales».
b) Esta doctrina sobre las garantías adecuadas es también la que sigue la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la sentencia de la Gran Sala de 8 de abril de 2014, asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, apartado 54, el Tribunal de Justicia señaló lo siguiente: «la normativa de la Unión de que se trate debe establecer reglas claras y precisas que regulen el alcance y la aplicación de la medida en cuestión y establezcan unas exigencias mínimas de modo que las personas cuyos datos se hayan conservado dispongan de garantías suficientes que permitan proteger de manera eficaz sus datos de carácter personal contra los riesgos de abuso y contra cualquier acceso o utilización ilícitos respecto de tales datos (véanse, por analogía, en lo que respecta al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Liberty y otros c. Reino Unido de 1 de julio de 2008, núm. 58243/00, §§62 y 63; Rotaru c. Rumanía, antes citada, §§ 57 a 59, y S y Marper c. Reino Unido, antes citada, §99).»
En la citada sentencia, la constatación de la carencia de, por un lado, reglas claras y precisas que regulasen el alcance de la injerencia en los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 7 y 8 de la Carta de derechos fundamentales y de, por otro lado, garantías suficientes que permitieran una protección eficaz de los datos conservados fundamentó la declaración de invalidez de la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE.
c) La necesidad de disponer de garantías adecuadas es especialmente importante cuando el tratamiento afecta a categorías especiales de datos, también llamados datos sensibles, pues el uso de estos últimos es susceptible de comprometer más directamente la dignidad, la libertad y el libre desarrollo de la personalidad.
La exigencia de especial protección de esta categoría de datos está prevista en el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, de 28 de enero de 1981 (instrumento de ratificación publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 274, de 15 de noviembre de 1985), cuyo artículo 6 establece lo siguiente: «Los datos de carácter personal que revelen el origen racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas u otras convicciones, así como los datos de carácter personal relativos a la salud o a la vida sexual, no podrán tratarse automáticamente a menos que el derecho interno prevea garantías apropiadas. […].» Esa exigencia ha sido igualmente afirmada por la Agencia Española de Protección de Datos. De acuerdo con el preámbulo de su Circular 1/2019, esas garantías adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales de los afectados «adquieren una especial relevancia tanto por la importancia de los datos personales objeto de tratamiento como por tratarse de tratamientos a gran escala de categorías especiales que entrañarán un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas difícilmente mitigable si no se toman medidas adecuadas». Asimismo, como ya se indicó en el fundamento jurídico 4 de esta sentencia, el Reglamento (UE) 2016/679 reitera la exigencia de que el legislador que regule el tratamiento de datos personales relativos a las opiniones políticas establezca dichas garantías adecuadas [artículo 9.2.g) y considerando 56].
Las garantías adecuadas deben velar por que el tratamiento de datos se realice en condiciones que aseguren la transparencia, la supervisión y la tutela judicial efectiva, y deben procurar que los datos no se recojan de forma desproporcionada y no se utilicen para fines distintos de los que justificaron su obtención. La naturaleza y el alcance de las garantías que resulten constitucionalmente exigibles en cada caso dependerán de tres factores esencialmente: el tipo de tratamiento de datos que se pretende llevar a cabo; la naturaleza de los datos; y la probabilidad y la gravedad de los riesgos de abuso y de utilización ilícita que, a su vez, están vinculadas al tipo de tratamiento y a la categoría de datos de que se trate. Así, no plantean los mismos problemas una recogida de datos con fines estadísticos que una recogida de datos con un fin concreto. Tampoco supone el mismo grado de injerencia la recopilación y el procesamiento de datos anónimos que la recopilación y el procesamiento de datos personales que se toman individualmente y no se anonimizan, como no es lo mismo el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, la salud, la vida sexual o la orientación sexual de una persona física, que el tratamiento de otro tipo de datos.
El nivel y la naturaleza de las garantías adecuadas no se pueden determinar de una vez para todas, pues, por un lado, deben revisarse y actualizarse cuando sea necesario y, por otro lado, el principio de proporcionalidad obliga a verificar si, con el desarrollo de la tecnología, aparecen posibilidades de tratamiento que resultan menos intrusivas o potencialmente menos peligrosas para los derechos fundamentales.
d) En conclusión, las opiniones políticas son datos personales sensibles cuya necesidad de protección es, en esa medida, superior a la de otros datos personales. Una protección adecuada y específica frente a su tratamiento constituye, en suma, una exigencia constitucional, sin perjuicio de que, como se ha visto, también represente una exigencia derivada del Derecho de la Unión Europea. Por tanto, el legislador está constitucionalmente obligado a adecuar la protección que dispensa a dichos datos personales, en su caso, imponiendo mayores exigencias a fin de que puedan ser objeto de tratamiento y previendo garantías específicas en su tratamiento, además de las que puedan ser comunes o generales.
7. Sentado lo anterior, estamos en situación de enjuiciar los tres elementos que aglutina la impugnación central del recurso de inconstitucionalidad y que confluyen en una doble vulneración de los artículos 18.4 y 53.1 CE: (i) que la disposición legal recurrida no haya determinado por sí misma la finalidad del tratamiento de datos personales que revelen opiniones políticas, más allá de la genérica mención al «interés público»; (ii) que no haya limitado el tratamiento regulando pormenorizadamente las restricciones al derecho fundamental; y (iii) que no haya establecido ella misma las garantías adecuadas para proteger los derechos fundamentales afectados.
a) La primera tacha de inconstitucionalidad que se dirige a la disposición legal impugnada es que no especifica el interés público esencial que fundamenta la restricción del derecho fundamental.
Constituye una constatación elemental la de que la disposición legal impugnada no identifica en ningún momento ese interés público esencial. Presupone que ha de existir, pero no llega a especificarlo («se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas»).
Tampoco se especifica en la justificación de la enmienda de la que la disposición legal trae causa. La enmienda de adición núm. 331 firmada por el grupo parlamentario socialista («Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 13-2, de 18 de abril de 2018, pág. 209) ofrece como motivación la siguiente escueta referencia: «Adecuar el Reglamento a las especificidades nacionales y establecer salvaguardas para impedir casos como el que vincula a Cambridge Analytica con el uso ilícito de datos de 50 millones de usuarios de facebook para mercadotecnia electoral».
Y, como ya se indicó, tampoco lo identifica el Reglamento general de protección de datos, pues su considerando 56 –que reproducimos en el fundamento jurídico 4– se limita a prever la posibilidad de que en algún Estado miembro se aprecie una finalidad legítima en la recogida de datos personales relativos a las opiniones personales de las personas, sin identificarla por sí misma para el conjunto de los Estados miembros.
Por su parte, el abogado del Estado, al final de su escrito, arguye que la habilitación que contiene el precepto legal impugnado persigue que los partidos políticos puedan llevar a cabo el legítimo fin en una democracia de conocer, exclusivamente en los procesos electorales, la opinión de los electores para conformar su estrategia electoral, lo que redundaría en un mejor funcionamiento del sistema democrático.
En la ya citada STC 292/2000, en la que también se enjuició una injerencia legislativa en el derecho a la protección de datos personales, rechazamos que la identificación de los fines legítimos de la restricción pudiera realizarse mediante conceptos genéricos o fórmulas vagas:
«16. […] De igual modo, respecto al derecho a la protección de datos personales cabe estimar que la legitimidad constitucional de la restricción de este derecho no puede estar basada, por sí sola, en la actividad de la Administración Pública. Ni es suficiente que la Ley apodere a ésta para que precise en cada caso sus límites, limitándose a indicar que deberá hacer tal precisión cuando concurra algún derecho o bien constitucionalmente protegido. Es el legislador quien debe determinar cuándo concurre ese bien o derecho que justifica la restricción del derecho a la protección de datos personales y en qué circunstancias puede limitarse y, además, es él quien debe hacerlo mediante reglas precisas que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y sus consecuencias. Pues en otro caso el legislador habría trasladado a la administración el desempeño de una función que sólo a él compete en materia de derechos fundamentales en virtud de la reserva de Ley del artículo 53.1 CE, esto es, establecer claramente el límite y su regulación.
17. En el caso presente, el empleo por la LOPD en su artículo 24.1 de la expresión 'funciones de control y verificación', abre un espacio de incertidumbre tan amplio que provoca una doble y perversa consecuencia. De un lado, al habilitar la LOPD a la administración para que restrinja derechos fundamentales invocando semejante expresión está renunciando a fijar ella misma los límites, apoderando a la administración para hacerlo. Y de un modo tal que, como señala el Defensor del Pueblo, permite reconducir a las mismas prácticamente toda actividad administrativa, ya que toda actividad administrativa que implique entablar una relación jurídica con un administrado, que así será prácticamente en todos los casos en los que la administración necesite de datos personales de alguien, conllevará de ordinario la potestad de la administración de verificar y controlar que ese administrado ha actuado conforme al régimen jurídico administrativo de la relación jurídica entablada con la administración. Lo que, a la vista del motivo de restricción del derecho a ser informado del artículo 5 LOPD, deja en la más absoluta incertidumbre al ciudadano sobre en qué casos concurrirá esa circunstancia (si no en todos) y sume en la ineficacia cualquier mecanismo de tutela jurisdiccional que deba enjuiciar semejante supuesto de restricción de derechos fundamentales sin otro criterio complementario que venga en ayuda de su control de la actuación administrativa en esta materia.
Iguales reproches merece, asimismo, el empleo en el artículo 24.2 LOPD de la expresión 'interés público' como fundamento de la imposición de límites a los derechos fundamentales del artículo 18.1 y 4 CE, pues encierra un grado de incertidumbre aún mayor. Basta reparar en que toda actividad administrativa, en último término, persigue la salvaguardia de intereses generales, cuya consecución constituye la finalidad a la que debe servir con objetividad la administración con arreglo al artículo 103.1 CE.»
Esta argumentación es plenamente trasladable al presente enjuiciamiento. De igual modo, por tanto, debemos concluir que la legitimidad constitucional de la restricción del derecho fundamental a la protección de datos personales no puede estar basada, por sí sola, en la invocación genérica de un indeterminado «interés público». Pues en otro caso el legislador habría trasladado a los partidos políticos –a quienes la disposición impugnada habilita para recopilar datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas en el marco de sus actividades electorales– el desempeño de una función que solo a él compete en materia de derechos fundamentales en virtud de la reserva de ley del artículo 53.1 CE, esto es, establecer claramente sus límites y su regulación.
Tampoco puede aceptarse, por igualmente imprecisa, la finalidad aducida por el abogado del Estado, que se refiere al funcionamiento del sistema democrático, pues también encierra un grado elevado de incertidumbre y puede suponer un razonamiento circular. Por un lado, los partidos políticos son de por sí «cauces necesarios para el funcionamiento del sistema democrático» (por todas, STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 5); y, por otro lado, todo el funcionamiento del sistema democrático persigue, en último término, la salvaguardia de los fines, valores y bienes constitucionales, pero ello no alcanza a identificar la razón por la cual haya de restringirse el derecho fundamental afectado.
Finalmente, debe precisarse que no es necesario que se pueda sospechar, con mayor o menor fundamento, que la restricción persiga una finalidad inconstitucional, o que los datos que se recopilen y procesen resultarán lesivos para la esfera privada y el ejercicio de los derechos de los particulares. Es suficiente con constatar que, al no poderse identificar con la suficiente precisión la finalidad del tratamiento de datos, tampoco puede enjuiciarse el carácter constitucionalmente legítimo de esa finalidad, ni, en su caso, la proporcionalidad de la medida prevista de acuerdo con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
b) La segunda tacha de inconstitucionalidad que se dirige a la disposición legal impugnada es que no limita el tratamiento regulando pormenorizadamente las restricciones al derecho fundamental. La disposición legal impugnada solo recoge una condición limitativa del tratamiento de datos que autoriza: la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas solo podrá llevarse a cabo «en el marco de sus actividades electorales». Se trata de una condición que apenas contribuye a constreñir el uso de la habilitación conferida. De una parte, el desarrollo de las actividades electorales no tiene por qué contraerse al proceso electoral, expresión que, en cambio, es la utilizada en el apartado 2 del artículo 58 bis LOREG. De otra, los procesos electorales son relativamente frecuentes en nuestro sistema político. Más allá de la citada condición («en el marco de sus actividades electorales»), la disposición legal impugnada carece de reglas sobre el alcance y contenido de los tratamientos de datos que autoriza.
En definitiva, desde las exigencias de certeza que han de presidir cualquier injerencia en un derecho fundamental, es también patente que el apartado 1 del artículo 58 bis LOREG, al no hacer referencia alguna a los presupuestos y condiciones del tratamiento de datos personales relativos a las opiniones políticas, resulta insuficiente para determinar si las operaciones que puedan llevar a cabo los partidos políticos serán o no «el fruto previsible de la razonable aplicación de lo decidido por el legislador» (SSTC 49/1999, de 5 de abril, FJ 4; y 154/2014, de 22 de septiembre, FJ 7).
En realidad, las dos primeras tachas de inconstitucionalidad dirigidas contra el precepto impugnado están íntimamente relacionadas. La falta de reglas precisas y claras sobre los presupuestos y condiciones del tratamiento de datos personales relativos a las opiniones políticas tampoco contribuye a identificar la finalidad de la restricción del derecho fundamental que se reconoce a los partidos políticos, y viceversa.
Por todo ello, debemos concluir que el legislador no ha precisado qué finalidad o bien constitucional justifica la restricción del derecho a la protección de datos personales ni ha determinado en qué supuestos y condiciones puede limitarse, mediante reglas precisas que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y sus consecuencias.
8. El tercer aspecto de la impugnación central, sobre el que versa la mayor parte de las alegaciones de las partes, gira en torno a la cuestión de si la norma impugnada ha previsto garantías adecuadas frente a la recopilación de datos personales que autoriza. El Defensor del Pueblo sostiene que no es el caso, argumentando que la propia ley habilitante debe prever tales garantías adecuadas, mientras que el abogado del Estado defiende lo contrario y sostiene que tales garantías adecuadas se deducen por una triple vía: la literalidad del precepto impugnado, el sentido de la enmienda de adición de la que trae causa el precepto impugnado, así como las dos normas que regulan la protección de datos personales en España, el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018.
Por tanto, la resolución de la presente impugnación exige que aclaremos una duda suscitada con respecto al alcance de nuestra doctrina sobre las garantías adecuadas, que consiste en determinar si las garantías adecuadas frente al uso de la informática deben contenerse en la propia ley que autoriza y regula ese uso o pueden encontrarse también en otras fuentes normativas.
La cuestión solo puede tener una respuesta constitucional. La previsión de las garantías adecuadas no puede deferirse a un momento posterior a la regulación legal del tratamiento de datos personales de que se trate. Las garantías adecuadas deben estar incorporadas a la propia regulación legal del tratamiento, ya sea directamente o por remisión expresa y perfectamente delimitada a fuentes externas que posean el rango normativo adecuado. Solo ese entendimiento es compatible con la doble exigencia que dimana del artículo 53.1 CE para el legislador de los derechos fundamentales: la reserva de ley para la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en el capítulo segundo del título primero de la Constitución y el respeto del contenido esencial de dichos derechos fundamentales.
Según reiterada doctrina constitucional, la reserva de ley no se limita a exigir que una ley habilite la medida restrictiva de derechos fundamentales, sino que también es preciso, conforme tanto a exigencias denominadas –unas veces– de predeterminación normativa y –otras– de calidad de la ley como al respeto al contenido esencial del derecho, que en esa regulación el legislador, que viene obligado de forma primaria a ponderar los derechos o intereses en pugna, predetermine los supuestos, las condiciones y las garantías en que procede la adopción de medidas restrictivas de derechos fundamentales. Ese mandato de predeterminación respecto de elementos esenciales, vinculados también en último término al juicio de proporcionalidad de la limitación del derecho fundamental, no puede quedar deferido a un ulterior desarrollo legal o reglamentario, ni tampoco se puede dejar en manos de los propios particulares.
El análisis realizado hasta ahora apoya la impugnación presentada por el Defensor del Pueblo, pero no la resuelve por completo, pues el abogado del Estado rechaza la tercera queja mencionada argumentando que las garantías adecuadas sí existen, y se deducen por una triple vía: en concreto, de la literalidad del precepto impugnado, del sentido de la enmienda de adición de la que trae causa el precepto impugnado, así como de las dos normas que regulan la protección de datos personales en España, la LOPDyGDD y el RGPD, tal como las ha concretado la Circular 1/2019. Debemos, pues, dar contestación a cada uno de esos argumentos.
Ninguna de las tres interpretaciones puede ser compartida, como se razona a continuación:
a) La lectura del apartado impugnado o del precepto legal en su totalidad, reproducido en el fundamento jurídico primero, permite descartar la primera de las interpretaciones, pues su redacción literal ni contiene ni especifica en forma alguna las imprescindibles garantías y se limita a reconocer que deben ofrecerse «garantías adecuadas», sin más precisiones. Esa falta de regulación por el legislador se erige, de hecho, en el presupuesto, y en la razón de ser, de la aprobación de la Circular 1/2019, de 7 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, pues, como se indica en su preámbulo, «[p]recisamente por la existencia de un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas dichas garantías, al no haberse establecido por el legislador, deben identificarse por esta Agencia Española de Protección de Datos».
b) Tampoco se puede acoger la segunda interpretación avanzada por el abogado del Estado, pues convertiría el contenido o la justificación de las enmiendas de las que traen causa las disposiciones legales en parte integrante de su programa normativo a pesar de que ese contenido o esa justificación no se hubiera incorporado a su tenor literal.
El contenido y la justificación de las enmiendas presentadas, debatidas y, en su caso, aprobadas total o parcialmente durante la elaboración de un texto legislativo (SSTC 110/2017, de 19 de octubre, FJ 3; y 63/2018, de 7 de junio, FJ 9, por todas) constituyen, como los demás trabajos y debates parlamentarios (SSTC 108/1986, de 29 de julio, FJ 13; 109/1988, de 29 de mayo, FJ 2; 15/2000, de 20 de enero, FJ 7; y 90/2009, de 20 de abril, FJ 6, por todas), importante elemento hermenéutico para desentrañar el alcance y el sentido de las normas, pero no pueden suplir o sanar las insuficiencias constitucionales de que adolezcan estas últimas.
Por lo demás, el examen de la concreta enmienda núm. 331 de la que trae causa la disposición incorporada al ordenamiento jurídico como artículo 58 bis LOREG permite constatar, sin duda, que ofrece aspectos importantes para la interpretación del precepto. Pero su formulación y su justificación estaban desprovistas de indicación alguna sobre el contenido, la naturaleza y la extensión de las eventuales garantías adecuadas necesarias para respetar el contenido esencial del derecho fundamental.
La referencia que la propia enmienda realizaba al considerando 56 del Reglamento (UE) 2016/679, lejos de definir o aludir a las garantías adecuadas, perseguía poner de manifiesto su adecuación al marco normativo europeo. Cabe reiterar que el considerando 56 se limita a prever que «[s]i, en el marco de actividades electorales, el funcionamiento del sistema democrático exige en un Estado miembro que los partidos políticos recopilen datos personales sobre las opiniones políticas de las personas, puede autorizarse el tratamiento de estos datos por razones de interés público, siempre que se ofrezcan garantías adecuadas». Ello es insuficiente desde el punto de vista del cumplimiento de las exigencias derivadas del marco constitucional que este Tribunal debe salvaguardar, que es de lo que aquí se trata.
c) Las garantías adecuadas frente a la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas tampoco se encuentran establecidas en el doble marco normativo que resulta aplicable, el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018; garantías que, según el abogado del Estado, la Circular 1/2019 solo habría codificado, sin innovarlas en ningún momento.
Las premisas lógicas para esta interpretación son el entendimiento de que el artículo 58 bis LOREG suple la exigencia constitucional de establecer ella misma las garantías adecuadas, en primer lugar, con una remisión implícita a fuentes normativas externas, dado que resulta evidente que el precepto impugnado no contiene una cláusula de remisión expresa; y, en segundo lugar, que el citado precepto legal identifica implícitamente las normas a las que se remite, y tales normas son justamente el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018. Sin embargo, ambas premisas no pueden admitirse a la vista de los términos en los que está redactado el precepto impugnado. En cualquier caso, incluso de aceptar a efectos dialécticos las referidas premisas lógicas, su consecuencia, esto es, la interpretación de que el precepto impugnado contiene una remisión implícita al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018 e integra su regulación incompleta con las garantías allí previstas, no sería compatible con nuestra doctrina constitucional sobre la reserva de ley que dimana del artículo 53.1 CE. En efecto, como expondremos a continuación, la insuficiencia de la ley no puede ser colmada por vía interpretativa a partir de las pautas e indicaciones que se puedan extraer de los citados textos normativos (i). Tampoco puede ser colmada por el titular de una potestad normativa limitada como es la Agencia Española de Protección de Datos (ii) o mediante una interpretación conforme (iii). Finalmente, una remisión implícita como la pretendida tampoco resultaría coherente con el marco regulador europeo (iv), perspectiva que, como se dijo, no puede ser irrelevante para nuestro enjuiciamiento constitucional.
(i) Es evidente que si la norma incluyera una remisión para la integración de la ley con las garantías adecuadas establecidas en normas de rango inferior a la ley, sería considerada como una deslegalización que sacrifica la reserva de ley ex artículo 53.1 CE, y, por este solo motivo, debería ser declarada inconstitucional y nula. La norma dispondría de una remisión en blanco para la determinación de un elemento, consistente en el nivel adecuado de garantías, que es imprescindible para mantener indemne el contenido esencial del derecho fundamental afectado y poder así controlar el respeto del principio de proporcionalidad.
Pero lo mismo ocurre si, como sostiene el abogado del Estado, la norma incluye una remisión para la integración de la ley con las garantías adecuadas establecidas en dos textos normativos sin mayores precisiones, esto es, sin reglas claras y precisas que delimiten efectiva y eficazmente las garantías adecuadas que se consideran aplicables; más aún, cuando tales textos normativos, por un lado, se componen de noventa y nueve artículos (el RGPD) y noventa y siete artículos, veintidós disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y dieciséis disposiciones finales (la LOPDyGDD), y, por otro lado, ninguna de ellas se refiere específicamente a las garantías adecuadas para la protección de la categoría especial de datos que son los relativos a las opiniones políticas de las personas. Eso dejaría la decisión en manos, no del legislador, sino exclusivamente a disposición de la determinación reglamentaria del Gobierno o bien, en ausencia de este último, del aplicador del derecho, el cual tendría que deducir por su cuenta cuáles de las garantías previstas en ambas normas de remisión resultan aplicables al tratamiento en cuestión. Todo ello supondría una insuficiencia manifiesta en el contenido mínimo exigible, en condiciones de certeza y previsibilidad, a la configuración legal del derecho fundamental a la protección de datos personales.
(ii) La insuficiencia legal que venimos analizando tampoco puede ser colmada, en ejercicio de sus potestades, por la Agencia Española de Protección de Datos. La agencia es la autoridad administrativa independiente a la que se encomienda la interpretación y aplicación de la normativa de protección de datos (arts. 57 y 58 RGPD y 44 y sigs. LOPDyGDD), y su potestad normativa, mediante la aprobación de circulares, está circunscrita al dictado de «disposiciones que fijen los criterios a que responderá la actuación de esta autoridad» en la aplicación de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018 (artículo 55.1 LOPDyGDD). Por tanto, la circunstancia de que, con posterioridad a la interposición del presente recurso contra la ley, la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos haya aprobado la Circular 1/2019, de 7 de marzo, para abordar esa laguna, tal como se indicó anteriormente, no puede subsanar la insuficiencia constitucional de la que adolece el artículo 58 bis LOREG introducido por la Ley Orgánica 3/2018 por lo que se refiere a la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas en el marco de actividades electorales. Una interpretación distinta vaciaría de contenido el principio de reserva legal que consagra la Constitución y que de forma reiterada ha invocado nuestra jurisprudencia previa en materia de protección de datos personales.
(iii) La falta de previsión legal de un elemento cuya previsión es necesaria para que se pueda considerar que se respeta el contenido esencial, tampoco se puede superar con la técnica de la interpretación conforme, pues esta técnica, que viene impuesta por el principio de conservación de la ley, se aplica cuanto existen «varias interpretaciones posibles igualmente razonables» y permite descartar aquella o aquellas que darían lugar a que el precepto incurriera en inconstitucionalidad [SSTC 168/2016, de 6 de octubre, FJ 4.b); y 97/2018, de 19 de septiembre, FJ 7, por todas]. En el presente caso no estamos ante «varias interpretaciones posibles igualmente razonables», sino ante la insuficiencia de regulación detectada en una norma de desarrollo de un derecho fundamental.
(iv) Por último, debemos recordar que el Reglamento general de protección de datos establece las garantías mínimas, comunes o generales para el tratamiento de datos personales que no son especiales. En cambio, no establece por sí mismo el régimen jurídico aplicable a los tratamientos de datos personales especiales, ni en el ámbito de los Estados miembros ni para el Derecho de la Unión. Por ende, tampoco fija las garantías que deben observar los diversos tratamientos posibles de datos sensibles, adecuadas a los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que existan en cada caso; tratamientos y categorías especiales de datos que son, o pueden ser, muy diversos entre sí. El reglamento se limita a contemplar la posibilidad de que el legislador de la Unión Europea o el de los Estados miembros, cada uno en su ámbito de competencias, prevean y regulen tales tratamientos, y a indicar las pautas que deben observar en su regulación. Una de esas pautas es que el Derecho del Estado miembro establezca «medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado» [artículo 9.2.g) RGPD] y que «se ofrezcan garantías adecuadas» (considerando 56 RGPD). Es patente que ese establecimiento de medidas adecuadas y específicas solo puede ser expreso. Si la norma interna que regula el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas, no prevé esas garantías adecuadas, sino que, todo lo más, se remite implícitamente a las garantías generales contenidas en el Reglamento general de protección de datos, no puede considerarse que haya llevado a cabo la tarea normativa que aquel le exige.
9. De lo anterior se concluye que la ley no ha identificado la finalidad de la injerencia para cuya realización se habilita a los partidos políticos, ni ha delimitado los presupuestos ni las condiciones de esa injerencia, ni ha establecido las garantías adecuadas que para la debida protección del derecho fundamental a la protección de datos personales reclama nuestra doctrina, por lo que se refiere a la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas por los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales.
De esta forma, se han producido tres vulneraciones del artículo 18.4 CE en conexión con el artículo 53.1 CE, autónomas e independientes entre sí, todas ellas vinculadas a la insuficiencia de la ley y que solo el legislador puede remediar, y redundando las tres en la infracción del mandato de preservación del contenido esencial del derecho fundamental que impone el artículo 53.1 CE, en la medida en que, por una parte, la insuficiente adecuación de la norma legal impugnada a los requerimientos de certeza crea, para todos aquellos a los que recopilación de datos personales pudiera aplicarse, un peligro, en el que reside precisamente dicha vulneración y, por otra parte, la indeterminación de la finalidad del tratamiento y la inexistencia de «garantías adecuadas» o las «mínimas exigibles a la Ley» constituyen en sí mismas injerencias en el derecho fundamental de gravedad similar a la que causaría una intromisión directa en su contenido nuclear.
La estimación del presente recurso por este motivo hace innecesario que nos pronunciemos sobre los demás motivos de impugnación.
10. La necesidad de delimitar el objeto de nuestro pronunciamiento y su alcance nos impone precisar finalmente el contenido de nuestro fallo estimatorio del presente recurso de inconstitucionalidad, por cuanto las tachas formuladas por el Defensor del Pueblo se han limitado al apartado 1 del artículo 58 bis LOREG.
La declaración de inconstitucionalidad y nulidad se basa, como se ha dicho en el fundamento jurídico anterior, en que la Ley Orgánica 3/2018 no ha fijado por sí misma, como le impone el artículo 53.1 CE, las garantías adecuadas por lo que respecta específicamente a la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas por los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales. Ello constituye una injerencia en el derecho fundamental a la protección de datos personales de gravedad similar a la que causaría una intromisión directa en su contenido nuclear. Por lo que en coherencia con este fundamento, y con plena coincidencia con el suplico del recurso de inconstitucionalidad, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad debe extenderse a la totalidad del apartado 1 del artículo 58 bis LOREG, incorporado a esta por la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar contrario a la Constitución y nulo el apartado 1 del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, incorporado a esta por la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintidós de mayo de dos mil diecinueve.–Juan José González Rivas.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
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Hoy, en el #BOE, la sentencia del Constitucional que anula la ley que permitía a los partidos recopilar datos de las opiniones de los ciudadanos. La ley se aprobó en diciembre y fue el Defensor del Pueblo quien la llevó al TC
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"111",
"130"
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TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL
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Tribunal Constitucional
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Sentencia del Constitucional que anula la ley que permitía a los partidos recopilar datos de las opiniones de los ciudadanos. La ley se aprobó en diciembre y fue el Defensor del Pueblo quien la llevó al TC
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"683",
"3685",
"4506",
"5706",
"5904"
] | 722
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2016-10-14
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DE CONFORMIDAD con
el art. 8.1 de la Ley 1/1998, de 7 de enero
CITA
Ley 19/2014, de 29 de diciembre
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BOE-A-2016-9419
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Código de conducta de los miembros del Parlamento de Cataluña.
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<texto>en BOE num. 67 de 20 de marzo de 2017</texto>
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<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2016, de conformidad con el artículo 8.1 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, ha aprobado la versión en castellano del Código de conducta de los miembros del Parlamento de Cataluña, ratificado por el Pleno del Parlamento en la sesión del día 28 de julio de 2016:</p>
<p class='centro_negrita' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS MIEMBROS DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>PREÁMBULO</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El título V de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece los principios éticos y las reglas de conducta básicas a los que deben ajustar su actuación los altos cargos de la Generalidad y dispone que las instituciones y los organismos públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley elaboren un código de conducta que concrete y desarrolle aquellos principios de actuación, establezca principios adicionales, en su caso, y determine las consecuencias que puede tener su incumplimiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La disposición adicional quinta de la Ley 19/2014 regula el régimen específico del Parlamento de Cataluña en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el que se incluye el desarrollo de las reglas de buen gobierno en el ámbito parlamentario, que el propio Parlamento debe establecer de acuerdo con el principio de autonomía institucional que le reconoce el artículo 58.1 del Estatuto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La reforma del Reglamento del Parlamento para adaptarlo a los requerimientos de la Ley de transparencia introduce, entre los deberes de los diputados, varias obligaciones en materia de buen gobierno y establece también que el Parlamento elabore y apruebe un código de conducta con el contenido mínimo que determina el artículo 15 del Reglamento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las reglas de buen gobierno, entre las que destaca de manera especial el Código de conducta, son una exigencia derivada de una demanda social de mayor transparencia que debe garantizar, como elemento esencial, que las personas que ejercen cargos públicos electos sean un ejemplo referencial de buena praxis en el ejercicio al máximo nivel de la función representativa y de servicio público.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La elaboración de códigos de conducta en el ámbito parlamentario tiene numerosos referentes, especialmente en el ámbito del derecho comparado de las democracias occidentales y de la Unión Europea. También existen informes y libros blancos en esta materia que recomiendan la aplicación de medidas de buen gobierno y reglas éticas pensadas para alcanzar las máximas expectativas sociales de un comportamiento ejemplar de los cargos públicos y, de manera especial, los miembros de las cámaras legislativas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los códigos de conducta se han visto muy a menudo como meras declaraciones programáticas, no se han percibido como verdaderas reglas obligatorias de conducta y con unas garantías efectivas de control y exigencia. Pero esta percepción debe cambiar forzosamente con la entrada en vigor de la Ley de transparencia, porque su contenido pone de relieve un cambio sustancial en el modo de valorar los códigos de conducta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los códigos de conducta no pueden tener un valor meramente declarativo, de deseo o recomendación y deben convertirse en instrumentos de contenido vinculante, que tengan como objetivo garantizar la integridad, honorabilidad, transparencia y responsabilidad de los cargos públicos electos. Este cambio de enfoque se produce porque los códigos se convierten en instrumentos de existencia obligatoria, que tienen como finalidad desarrollar y concretar las reglas de conducta que establece la Ley de transparencia y deben determinar las consecuencias de su incumplimiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Este Código de conducta aborda todos los ámbitos esenciales que integran el concepto de buen gobierno. En primer lugar, define los principios básicos a los que los diputados deben ajustar siempre su actuación, entre los que cabe destacar los de integridad, honorabilidad, objetividad, imparcialidad, transparencia, responsabilidad y austeridad. En segundo lugar, establece las reglas básicas del comportamiento de los cargos electos para con los ciudadanos, los empleados públicos, las demás instituciones y los medios de comunicación. Finalmente, complementa el régimen de incompatibilidades por razón del cargo definido por la ley, regula las situaciones de conflicto de intereses y establece las consecuencias de un eventual incumplimiento.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO I</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Objeto y ámbito de aplicación</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 1. Objeto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Código de conducta de los miembros del Parlamento de Cataluña tiene como objeto desarrollar el mandato del artículo 15 del Reglamento del Parlamento en aplicación del apartado 2.f de la disposición adicional quinta de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 2. Ámbito de aplicación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Código de conducta se aplica a los diputados del Parlamento de Cataluña.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO II</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Principios generales de actuación y ejercicio del cargo</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 3. Interés público.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los diputados del Parlamento deben ejercer los derechos y cumplir los deberes inherentes a su cargo de acuerdo con el interés público.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La actuación de los diputados no puede estar inducida o comprometida por el fin de buscar u obtener cualquier tipo de recompensa o beneficio particular o de terceros que no sea conforme al interés general de los ciudadanos o un determinado sector de la sociedad.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 4. Integridad y honestidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los diputados del Parlamento deben ejercer siempre sus atribuciones con integridad y honestidad, velando para no incurrir en ningún conflicto de intereses ni en ningún otro tipo de situación que pueda condicionar indebidamente el ejercicio de su cargo representativo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los diputados del Parlamento tienen la obligación de declarar cualquier interés privado que pueda tener relación con sus actividades públicas y deben adoptar todas las medidas necesarias para evitar incurrir en ninguna situación de conflicto de intereses.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La obligación establecida en el apartado 2 debe hacerse efectiva en el momento de adquirir la plena condición de diputado. Asimismo, a lo largo de la legislatura el diputado está obligado a comunicar las variaciones de los intereses privados que puedan tener relación con su actividad pública.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 5. Transparencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los diputados del Parlamento deben actuar de acuerdo con el principio de transparencia y deben cumplir las obligaciones de información y publicidad relativas al ejercicio del cargo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 6. Austeridad y rendición de cuentas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los diputados del Parlamento y los grupos parlamentarios deben gestionar los recursos que el Parlamento pone a su alcance con el cumplimiento estricto de las obligaciones que establece la normativa contable y presupuestaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los diputados del Parlamento deben garantizar que utilizan los recursos que el Parlamento pone a su alcance de manera racional, adecuada y eficiente en el ejercicio de sus funciones.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 7. Actitud ejemplar.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El comportamiento de los diputados del Parlamento debe responder siempre a la confianza pública de la que son depositarios como cargos electos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los diputados del Parlamento deben mantener en todo momento una conducta respetuosa con los demás diputados y con los ciudadanos, y una actitud escrupulosa y ejemplar de acuerdo con el principio de igualdad sin discriminación por razón de género, orientación sexual, creencias, ideología, origen o condición social, etnia, lengua o cualquier otra. Este comportamiento debe implicar siempre la utilización de un lenguaje adecuado, así como un sistema de relación fundado en la interacción constructiva, cordial y dialogante con todas las personas y todos los colectivos sin exclusión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Los diputados del Parlamento deben tener un trato adecuado y respetuoso con todas las personas que prestan servicios en el Parlamento. Este trato debe respetar siempre los derechos que los Estatutos del régimen y el gobierno interiores reconocen al personal al servicio del Parlamento.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 8. Relaciones con los medios de comunicación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La colaboración entre los diputados del Parlamento y los medios de comunicación debe orientarse a favor del derecho a la información y el derecho de los ciudadanos a poder tener una opinión informada. Esta colaboración no incluye las informaciones confidenciales o sobre las que el Reglamento del Parlamento o las leyes establecen una restricción en interés de otros derechos o bienes jurídicos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En las comparecencias públicas ante los medios de comunicación, los diputados del Parlamento deben cuidar la actitud, el lenguaje empleado y el trato hacia los profesionales de la información, así como las demás personas que están presentes, con el fin de preservar la dignidad de la institución parlamentaria.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 9. Publicidad de la agenda parlamentaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los diputados del Parlamento deben hacer pública su agenda parlamentaria en el Portal de la Transparencia del Parlamento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La publicidad de la agenda parlamentaria debe incluir, en todo caso, las reuniones, los contactos y las audiencias que los diputados mantienen, en el ejercicio de sus funciones, con cualquier persona, entidad u organización que tenga la condición de grupo de interés y pueda influir en la tramitación de las iniciativas parlamentarias o el ejercicio del derecho de voto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La agenda parlamentaria debe estar actualizada y debe hacerse publicidad de la misma con periodicidad quincenal como mínimo. Deben indicarse las personas, entidades y organizaciones concernidas, así como la fecha y el objeto de la reunión, el acto o la actividad.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 10. Trabajo parlamentario.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los diputados del Parlamento tienen el deber de asistir a las reuniones, las sesiones, los debates y las votaciones del Pleno, de las comisiones o de los demás órganos parlamentarios de los cuales son miembros. Para ampliar la transparencia debe publicarse la asistencia, la orientación de voto y las propuestas parlamentarias de los diputados, tanto en las sesiones plenarias como en las comisiones de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los diputados del Parlamento no pueden promover actuaciones amparadas en el ejercicio de su cargo que impliquen un abuso de derecho o fraude de ley.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Los diputados del Parlamento deben ser especialmente cuidadosos y diligentes en la aplicación de las reglas de cortesía y deben respetar las normas parlamentarias de orden y disciplina.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 11. Derechos de los ciudadanos y de los comparecientes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los diputados del Parlamento deben respetar siempre los derechos de los ciudadanos a los que hagan referencia directa con motivo del ejercicio del cargo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En el caso de comparecientes o candidatos a ser designados o propuestos por el Parlamento, los diputados deben formular las preguntas y realizar las intervenciones respetando siempre los derechos fundamentales de los comparecientes.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO III</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Régimen de incompatibilidades</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 12. Régimen general y declaraciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los diputados del Parlamento están sujetos al régimen de incompatibilidades legalmente establecido y a las obligaciones de declaración de actividades y de bienes que establece el Reglamento en esta materia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El contenido de las declaraciones de los diputados, debidamente actualizado, debe hacerse público en el Portal de la Transparencia en los términos que establece el Reglamento.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 13. Dedicación y retribución.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los diputados del Parlamento ejercen el cargo con dedicación exclusiva, sin perjuicio del ejercicio de las actividades públicas o privadas que permite su régimen de incompatibilidades.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El reconocimiento de una situación de compatibilidad comporta los efectos retributivos establecidos legalmente y, en su caso, una reducción de los derechos económicos de los diputados del Parlamento en función de la naturaleza de la actividad declarada compatible, que debe ser fijada por la Mesa de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.2 del Reglamento del Parlamento.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO IV</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Conflicto de intereses</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 14. Disposición general.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los diputados del Parlamento y los grupos parlamentarios deben velar por el cumplimiento estricto de los preceptos y las reglas que establecen el Reglamento del Parlamento y este Código de conducta en materia de conflictos de intereses.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. A efectos de lo establecido en este Código de conducta, existe conflicto de intereses si se da uno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 y se puede deducir razonablemente que puede condicionar el ejercicio del cargo parlamentario en perjuicio del interés general.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Lo establecido en el apartado 2 no afecta en ningún caso la participación y la actuación de los diputados en el ejercicio de la función legislativa, salvo que se trate de iniciativas legislativas con objeto o contenido singular o particular. Tampoco afecta al ejercicio de las demás funciones parlamentarias si el objeto o el contenido de la iniciativa legislativa tiene carácter general o se refiere a un colectivo indeterminado de destinatarios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. La situación de conflicto de intereses conlleva el deber de abstención del diputado en la toma de decisiones que tengan relación directa.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 15. Intereses personales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Son intereses personales del diputado, al efecto de lo establecido en el artículo 14:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Los intereses propios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Los intereses de su entorno familiar, incluido el cónyuge o el conviviente con una relación de afectividad análoga y los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Los intereses de las personas jurídicas, las entidades privadas, las organizaciones, las plataformas o las redes sociales con las que esté vinculado por una relación laboral, profesional o mercantil mientras ejerce el mandato, si se trata de una actividad compatible, o en los tres años anteriores a la elección.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Los intereses de las personas jurídicas, entidades privadas, organizaciones, plataformas o redes sociales con las que los familiares a que se refiere la letra b están vinculados por una relación laboral o profesional mientras ejerce el mandato o en el año anterior a la elección.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 16. Prevención de conflictos de intereses.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los diputados del Parlamento, mediante la Mesa del Parlamento, pueden pedir un informe a la Comisión del Estatuto de los Diputados si creen que pueden incurrir en una situación de conflicto de intereses.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La Mesa del Parlamento debe pedir el parecer de la Comisión del Estatuto de los Diputados si lo considera necesario o si un diputado le ha expresado dudas sobre la posibilidad de estar incluido en una situación de conflicto de intereses.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 17. Declaración de intereses económicos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los diputados del Parlamento deben presentar a la Comisión del Estatuto de los Diputados una declaración de intereses económicos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La declaración de intereses económicos se presentará bajo la responsabilidad personal de los diputados, con el fin de prever posibles conflictos de intereses y cumplir el principio de transparencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La declaración de intereses económicos debe mantenerse actualizada. Es responsabilidad de cada diputado actualizar la declaración en el plazo de un mes a contar desde el momento en que se haya producido cualquier situación o cambio que afecte la declaración.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. La declaración de intereses económicos es complementaria de la declaración de actividades y de bienes que deben formular los diputados del Parlamento de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Parlamento.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 18. Contenido de la información.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La declaración de intereses económicos debe contener una información precisa y detallada sobre:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Las actividades profesionales del diputado durante el mandato y los tres años anteriores a la elección, así como la pertenencia, durante este periodo, a consejos y órganos de la administración de empresas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y demás organismos con personalidad jurídica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Las asignaciones que, en su caso, pueda percibir el diputado por el ejercicio de un mandato en otro parlamento o por razón de un cargo representativo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Las actividades remuneradas que el diputado cumpla durante el ejercicio de su mandato, por cuenta propia o por cuenta ajena.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) La pertenencia a consejos u órganos de administración de empresas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y demás organismos con personalidad jurídica, o cualquier otra actividad extraparlamentaria directiva o gestora, remunerada o no, que el diputado ejerza.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Las actividades ocasionales remuneradas de cualquier tipo, incluidas las literarias, artísticas, académicas o de asesoría, si la remuneración, en conjunto, excede los 5.000 euros en un año natural.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) La participación en empresas o sociedades durante el mandato y los tres años anteriores a la elección, si otorga al diputado una influencia relevante en la entidad de que se trate.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) El apoyo económico, personal o material prestado por terceros al diputado que complemente los medios facilitados por el Parlamento y por los grupos parlamentarios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>h) Los demás intereses de contenido económico que pueden influir en el ejercicio de las funciones del diputado.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El desempeño de las actividades a que se refiere el apartado 1 se entiende, en cualquier caso, sin perjuicio de la aplicación del régimen de incompatibilidades establecido para los diputados del Parlamento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El Parlamento debe facilitar a los diputados un modelo de declaración de intereses económicos a fin de garantizar que sigan la misma pauta en cuanto al contenido, estructura y alcance de la información de la declaración.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. La Mesa del Parlamento, a fin de poder garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 15.b, puede instar a los diputados a pedir a las personas concernidas la información o documentación necesarias para que el Parlamento pueda tener conocimiento de las mismas. A esta información le es aplicable, en todo caso, la legislación de protección de datos personales.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 19. Publicidad de la información.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La información de la declaración de intereses económicos es pública y debe poder accederse a ella mediante el Portal de la Transparencia del Parlamento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La información de la declaración de intereses económicos publicada en el Portal de la Transparencia debe recoger íntegramente el contenido de la declaración.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El Parlamento debe velar, en todo caso, por que el tratamiento de los datos personales de terceras personas distintas al diputado sea absolutamente conforme a la legislación de protección de datos personales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. El régimen de publicidad a que se refiere este artículo también incluye las declaraciones de actividades y de bienes.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 20. Plazo de presentación y efectos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La declaración de intereses económicos debe presentarse en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de constitución del Parlamento o la de adquisición de la condición de diputado, si es posterior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La falta de la declaración de intereses económicos da lugar a la aplicación del régimen sancionador que establece el capítulo V.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 21. Declaración complementaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La declaración de intereses económicos de los diputados del Parlamento se puede complementar voluntariamente con la información relacionada con las actividades profesionales realizadas en los años inmediatamente anteriores a la elección, especialmente en el sector de los servicios, las profesiones liberales y las actividades de consultoría, y también con información sobre las actividades profesionales y empresariales del cónyuge o el conviviente con una relación de afectividad análoga.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La Mesa del Parlamento puede requerir la aportación de la información a que se refiere el apartado 1 si es necesaria para garantizar el cumplimiento de este Código de conducta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El Parlamento y el diputado requerido deben velar por que los datos personales de terceras personas se traten de acuerdo con la legislación de protección de datos personales.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 22. Obsequios, ofertas de hospitalidad y distinciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los diputados del Parlamento no pueden aceptar ningún obsequio o regalo de valor, ni favor o servicio que les sea ofrecido por razón del cargo. Se entiende por obsequio o regalo de valor el que supera el importe estimado de 150 euros.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los diputados, si en virtud de las reglas de cortesía reciben obsequios o regalos de valor, deben entregarlos al Parlamento, el cual debe llevar un registro de los mismos que debe ser de consulta pública en el Portal de la Transparencia. Los obsequios y regalos se han enajenar periódicamente y los rendimientos obtenidos deben destinarse a la financiación de actividades o servicios sociales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Los diputados del Parlamento no pueden aceptar ninguna oferta de hospitalidad, invitación u otros servicios que impliquen un gasto económico a cargo de terceros, en beneficio propio o del entorno familiar de los diputados. No se incluye en este supuesto la invitación a intervenir o participar en actos u otras manifestaciones en representación del Parlamento o en ejercicio del cargo de diputado, o en representación del partido, de un sindicato, de un colegio profesional, de una fundación o de una asociación a que pertenezca el diputado, si no existe ningún conflicto directo o indirecto de intereses por razón de quién ofrezca la hospitalidad, la invitación u otros servicios que comporten gasto económico a cargo de terceros.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Los diputados del Parlamento no pueden aceptar ninguna distinción, aunque sea meramente honorífica, si puede condicionar su actuación como representantes del interés general.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 23. Gastos por actividades.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los gastos originados por el cumplimiento de actividades que llevan a cabo los diputados en ejercicio del cargo y autorizados por la Mesa del Parlamento deben hacerse efectivos sobre el coste real y efectivo acreditado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los servicios del Parlamento deben pagar directamente o mediante reembolso el importe de las facturas, o documento equivalente, presentadas previamente correspondientes a gastos por actividades de los diputados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Los diputados no pueden percibir dietas o gastos de representación no previstos en la estructura salarial.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 24. Obligaciones derivadas del Registro de grupos de interés del Parlamento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los diputados deben cumplir las obligaciones que establecen las normas reguladoras del Registro de grupos de interés del Parlamento y el artículo 9 de este Código de conducta.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO V</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Instrumentos de garantía del Código de conducta</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 25. Medidas de garantía.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La Mesa del Parlamento debe garantizar el cumplimiento de este Código de conducta y adoptar, si procede, las medidas necesarias en caso de contravención.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Corresponde a la Mesa del Parlamento:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Velar siempre por que los diputados cumplan las obligaciones de este Código de conducta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Verificar el cumplimiento de la obligación de hacer la declaración de intereses económicos y que el contenido de la declaración se ajusta al que establece el artículo 18.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Intervenir en caso de incumplimiento o de riesgo de incumplimiento de las obligaciones establecidas por este Código de conducta, especialmente las relativas a situaciones de conflicto de intereses, y proponer las medidas necesarias de prevención o corrección.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La Mesa del Parlamento debe supervisar el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de los diputados y de las obligaciones inherentes a las declaraciones de actividades, de bienes y del Registro de intereses, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento y sin perjuicio de las funciones que este atribuye a la Comisión del Estatuto de los Diputados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La Comisión del Estatuto de los Diputados es el órgano encargado de emitir un informe para determinar si hay conflicto de intereses y, en general, sobre la aplicación de este Código de conducta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. La Mesa del Parlamento debe aprobar un informe anual de sus actuaciones respecto a la aplicación de este Código de conducta. Este informe debe publicarse en el Portal de la Transparencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. En los asuntos que afecten un miembro de la Mesa, el diputado afectado debe abstenerse de intervenir.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 26. Procedimiento interno de verificación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Si existen motivos para creer que un diputado del Parlamento puede haber infringido este Código de conducta, la Mesa del Parlamento, a iniciativa propia o de un grupo parlamentario, puede iniciar el procedimiento de verificación y pedir de forma motivada un informe a la Comisión del Estatuto de los Diputados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La Comisión del Estatuto de los Diputados, mediante una información reservada, debe examinar los hechos y valorar si concurren circunstancias suficientes que indiquen la existencia de una posible infracción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Si la Comisión del Estatuto de los Diputados decide investigar los hechos porque considera que se ha podido cometer una infracción, debe formular, previa audiencia del diputado afectado, un informe, recomendación o propuesta que debe elevar a la Mesa del Parlamento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Los servicios del Parlamento deben elaborar anualmente un informe que debe tener como objeto comprobar que las declaraciones tributarias de los diputados coincidan con la declaración de actividades y de bienes y la declaración de intereses económicos.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 27. Régimen sancionador.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Si la Mesa del Parlamento, a la vista de las conclusiones del informe de la Comisión del Estatuto de los Diputados, considera que se ha cometido una infracción, puede imponer al diputado las sanciones siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Una amonestación pública.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Una multa de 600 a 12.000 euros.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Si la Mesa del Parlamento, de acuerdo con las conclusiones del informe de la Comisión del Estatuto de los Diputados, considera que la infracción es mucho grave, puede proponer al Pleno que acuerde la suspensión temporal del ejercicio de la función parlamentaria mientras el diputado no resuelva la situación de incumplimiento. La decisión del Pleno no puede ser objeto de solicitud de reconsideración, pero sí que puede solicitarse la reconsideración de la propuesta de la Mesa al Pleno.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Si la infracción se sanciona con una multa, el importe de la misma puede hacerse efectivo mediante la retención de la asignación económica del diputado en un porcentaje máximo del 30% mensual.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Los informes de la Comisión del Estatuto de los Diputados a que se refiere el artículo 26.3 y las resoluciones de la Mesa del Parlamento en materia sancionadora deben publicarse en el Portal de la Transparencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. La aplicación del régimen sancionador se entiende sin perjuicio de la obligación del diputado de adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para resolver y eliminar la situación de incumplimiento en la que haya incurrido, de las cuales debe dar cuenta a la Comisión del Estatuto de los Diputados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Las infracciones de este Código de conducta en materia de orden y disciplina deben sancionarse de acuerdo con lo establecido específicamente por el título VII del Reglamento, y no es aplicable lo que establece este artículo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. La aplicación del régimen sancionador que establece este Código de conducta se entiende sin perjuicio de las otras consecuencias jurídicas que el Reglamento del Parlamento puede vincular al cumplimiento de las obligaciones que establece.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 28. Motivación y graduación de las sanciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las sanciones impuestas por la Mesa del Parlamento de acuerdo con el artículo 27 deben ser motivadas e indicar claramente los hechos y los fundamentos jurídicos que justifican su imposición.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las resoluciones sancionadoras deben notificarse al diputado así como a la persona interesada si se ha formulado una denuncia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Las sanciones establecidas por el artículo 27.1 y 2 pueden ser acumulativas en función de la gravedad de la infracción. En cualquier caso, deben tenerse en cuenta todas las circunstancias concurrentes para valorar y determinar la responsabilidad, especialmente si existe intencionalidad, reincidencia o reiteración, y los perjuicios causados, si procede.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Son infracciones muy graves:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Facilitar intencionadamente información parcial u omitir o manipular información relevante en aquello que afecta el cumplimiento de las obligaciones que establece este Código de conducta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Incumplir el deber de abstención en caso de conflicto de intereses.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Aceptar obsequios o regalos de valor ostensiblemente superior al que establece el artículo 22.1. Se entiende por valor ostensiblemente superior el que supera cuatro veces el importe máximo que establece dicho artículo 22.1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Son infracciones graves:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Dar información incompleta sobre el cumplimiento de las obligaciones que establece este Código de conducta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Incumplir los plazos establecidos para la presentación de las declaraciones que deben formular los diputados de acuerdo con el Reglamento y este Código de conducta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Incumplir el deber de publicidad de la agenda parlamentaria a que refiere el artículo 9.2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Facilitar datos parciales o incompletos en el caso de las declaraciones complementarias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Aceptar obsequios, regalos, favores, ofertas de hospitalidad u otros servicios de carácter personal que contravengan las reglas que establece este Código de conducta, sin perjuicio de lo que establece la letra c del apartado 4.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Son infracciones leves las conductas que comporten incumplimiento de otros principios y reglas de conducta distintos a los establecidos por los apartados 4 y 5.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 29. Petición de reconsideración.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El diputado que haya sido sancionado puede pedir a la Mesa del Parlamento, mediante escrito motivado, la reconsideración de la decisión adoptada. La solicitud de reconsideración debe formularse en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la sanción y la Mesa debe resolverla en el plazo de quince días. La sanción no es firme hasta que se resuelva la solicitud de reconsideración.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las sanciones firmes impuestas de acuerdo con este Código de conducta pueden ser objeto de amparo en los términos que establece la Ley orgánica del Tribunal Constitucional.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición transitoria. Medidas de publicidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las disposiciones sobre publicidad incluidas en los artículos 9 y 10 entran en vigor en el momento en que se cumplan las condiciones técnicas del Portal de la Transparencia y de la web del Parlamento necesarias para que sean efectivas.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición final. Aplicación y modificación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Mesa del Parlamento debe adoptar las medidas necesarias para la aplicación de este Código de conducta. También corresponde a la Mesa formular propuestas de modificación del Código, que debe tramitar la Comisión del Reglamento, de acuerdo con lo establecido por el artículo 15 del Reglamento.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Palacio del Parlamento, 28 de julio de 2016.–La Presidenta del Parlamento, Carme Forcadell i Lluís.–El Secretario Segundo, David Pérez Ibáñez.</p>
<p class='publicado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 7177, de 4 de agosto de 2016)</p>
</texto>
</documento>
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Fri Oct 14 08:23:31 +0000 2016
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La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2016, de conformidad con el artículo 8.1 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, ha aprobado la versión en castellano del Código de conducta de los miembros del Parlamento de Cataluña, ratificado por el Pleno del Parlamento en la sesión del día 28 de julio de 2016:
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS MIEMBROS DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA
PREÁMBULO
El título V de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece los principios éticos y las reglas de conducta básicas a los que deben ajustar su actuación los altos cargos de la Generalidad y dispone que las instituciones y los organismos públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley elaboren un código de conducta que concrete y desarrolle aquellos principios de actuación, establezca principios adicionales, en su caso, y determine las consecuencias que puede tener su incumplimiento.
La disposición adicional quinta de la Ley 19/2014 regula el régimen específico del Parlamento de Cataluña en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el que se incluye el desarrollo de las reglas de buen gobierno en el ámbito parlamentario, que el propio Parlamento debe establecer de acuerdo con el principio de autonomía institucional que le reconoce el artículo 58.1 del Estatuto.
La reforma del Reglamento del Parlamento para adaptarlo a los requerimientos de la Ley de transparencia introduce, entre los deberes de los diputados, varias obligaciones en materia de buen gobierno y establece también que el Parlamento elabore y apruebe un código de conducta con el contenido mínimo que determina el artículo 15 del Reglamento.
Las reglas de buen gobierno, entre las que destaca de manera especial el Código de conducta, son una exigencia derivada de una demanda social de mayor transparencia que debe garantizar, como elemento esencial, que las personas que ejercen cargos públicos electos sean un ejemplo referencial de buena praxis en el ejercicio al máximo nivel de la función representativa y de servicio público.
La elaboración de códigos de conducta en el ámbito parlamentario tiene numerosos referentes, especialmente en el ámbito del derecho comparado de las democracias occidentales y de la Unión Europea. También existen informes y libros blancos en esta materia que recomiendan la aplicación de medidas de buen gobierno y reglas éticas pensadas para alcanzar las máximas expectativas sociales de un comportamiento ejemplar de los cargos públicos y, de manera especial, los miembros de las cámaras legislativas.
Los códigos de conducta se han visto muy a menudo como meras declaraciones programáticas, no se han percibido como verdaderas reglas obligatorias de conducta y con unas garantías efectivas de control y exigencia. Pero esta percepción debe cambiar forzosamente con la entrada en vigor de la Ley de transparencia, porque su contenido pone de relieve un cambio sustancial en el modo de valorar los códigos de conducta.
Los códigos de conducta no pueden tener un valor meramente declarativo, de deseo o recomendación y deben convertirse en instrumentos de contenido vinculante, que tengan como objetivo garantizar la integridad, honorabilidad, transparencia y responsabilidad de los cargos públicos electos. Este cambio de enfoque se produce porque los códigos se convierten en instrumentos de existencia obligatoria, que tienen como finalidad desarrollar y concretar las reglas de conducta que establece la Ley de transparencia y deben determinar las consecuencias de su incumplimiento.
Este Código de conducta aborda todos los ámbitos esenciales que integran el concepto de buen gobierno. En primer lugar, define los principios básicos a los que los diputados deben ajustar siempre su actuación, entre los que cabe destacar los de integridad, honorabilidad, objetividad, imparcialidad, transparencia, responsabilidad y austeridad. En segundo lugar, establece las reglas básicas del comportamiento de los cargos electos para con los ciudadanos, los empleados públicos, las demás instituciones y los medios de comunicación. Finalmente, complementa el régimen de incompatibilidades por razón del cargo definido por la ley, regula las situaciones de conflicto de intereses y establece las consecuencias de un eventual incumplimiento.
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1. Objeto.
El Código de conducta de los miembros del Parlamento de Cataluña tiene como objeto desarrollar el mandato del artículo 15 del Reglamento del Parlamento en aplicación del apartado 2.f de la disposición adicional quinta de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El Código de conducta se aplica a los diputados del Parlamento de Cataluña.
CAPÍTULO II
Principios generales de actuación y ejercicio del cargo
Artículo 3. Interés público.
1. Los diputados del Parlamento deben ejercer los derechos y cumplir los deberes inherentes a su cargo de acuerdo con el interés público.
2. La actuación de los diputados no puede estar inducida o comprometida por el fin de buscar u obtener cualquier tipo de recompensa o beneficio particular o de terceros que no sea conforme al interés general de los ciudadanos o un determinado sector de la sociedad.
Artículo 4. Integridad y honestidad.
1. Los diputados del Parlamento deben ejercer siempre sus atribuciones con integridad y honestidad, velando para no incurrir en ningún conflicto de intereses ni en ningún otro tipo de situación que pueda condicionar indebidamente el ejercicio de su cargo representativo.
2. Los diputados del Parlamento tienen la obligación de declarar cualquier interés privado que pueda tener relación con sus actividades públicas y deben adoptar todas las medidas necesarias para evitar incurrir en ninguna situación de conflicto de intereses.
3. La obligación establecida en el apartado 2 debe hacerse efectiva en el momento de adquirir la plena condición de diputado. Asimismo, a lo largo de la legislatura el diputado está obligado a comunicar las variaciones de los intereses privados que puedan tener relación con su actividad pública.
Artículo 5. Transparencia.
Los diputados del Parlamento deben actuar de acuerdo con el principio de transparencia y deben cumplir las obligaciones de información y publicidad relativas al ejercicio del cargo.
Artículo 6. Austeridad y rendición de cuentas.
1. Los diputados del Parlamento y los grupos parlamentarios deben gestionar los recursos que el Parlamento pone a su alcance con el cumplimiento estricto de las obligaciones que establece la normativa contable y presupuestaria.
2. Los diputados del Parlamento deben garantizar que utilizan los recursos que el Parlamento pone a su alcance de manera racional, adecuada y eficiente en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 7. Actitud ejemplar.
1. El comportamiento de los diputados del Parlamento debe responder siempre a la confianza pública de la que son depositarios como cargos electos.
2. Los diputados del Parlamento deben mantener en todo momento una conducta respetuosa con los demás diputados y con los ciudadanos, y una actitud escrupulosa y ejemplar de acuerdo con el principio de igualdad sin discriminación por razón de género, orientación sexual, creencias, ideología, origen o condición social, etnia, lengua o cualquier otra. Este comportamiento debe implicar siempre la utilización de un lenguaje adecuado, así como un sistema de relación fundado en la interacción constructiva, cordial y dialogante con todas las personas y todos los colectivos sin exclusión.
3. Los diputados del Parlamento deben tener un trato adecuado y respetuoso con todas las personas que prestan servicios en el Parlamento. Este trato debe respetar siempre los derechos que los Estatutos del régimen y el gobierno interiores reconocen al personal al servicio del Parlamento.
Artículo 8. Relaciones con los medios de comunicación.
1. La colaboración entre los diputados del Parlamento y los medios de comunicación debe orientarse a favor del derecho a la información y el derecho de los ciudadanos a poder tener una opinión informada. Esta colaboración no incluye las informaciones confidenciales o sobre las que el Reglamento del Parlamento o las leyes establecen una restricción en interés de otros derechos o bienes jurídicos.
2. En las comparecencias públicas ante los medios de comunicación, los diputados del Parlamento deben cuidar la actitud, el lenguaje empleado y el trato hacia los profesionales de la información, así como las demás personas que están presentes, con el fin de preservar la dignidad de la institución parlamentaria.
Artículo 9. Publicidad de la agenda parlamentaria.
1. Los diputados del Parlamento deben hacer pública su agenda parlamentaria en el Portal de la Transparencia del Parlamento.
2. La publicidad de la agenda parlamentaria debe incluir, en todo caso, las reuniones, los contactos y las audiencias que los diputados mantienen, en el ejercicio de sus funciones, con cualquier persona, entidad u organización que tenga la condición de grupo de interés y pueda influir en la tramitación de las iniciativas parlamentarias o el ejercicio del derecho de voto.
3. La agenda parlamentaria debe estar actualizada y debe hacerse publicidad de la misma con periodicidad quincenal como mínimo. Deben indicarse las personas, entidades y organizaciones concernidas, así como la fecha y el objeto de la reunión, el acto o la actividad.
Artículo 10. Trabajo parlamentario.
1. Los diputados del Parlamento tienen el deber de asistir a las reuniones, las sesiones, los debates y las votaciones del Pleno, de las comisiones o de los demás órganos parlamentarios de los cuales son miembros. Para ampliar la transparencia debe publicarse la asistencia, la orientación de voto y las propuestas parlamentarias de los diputados, tanto en las sesiones plenarias como en las comisiones de trabajo.
2. Los diputados del Parlamento no pueden promover actuaciones amparadas en el ejercicio de su cargo que impliquen un abuso de derecho o fraude de ley.
3. Los diputados del Parlamento deben ser especialmente cuidadosos y diligentes en la aplicación de las reglas de cortesía y deben respetar las normas parlamentarias de orden y disciplina.
Artículo 11. Derechos de los ciudadanos y de los comparecientes.
1. Los diputados del Parlamento deben respetar siempre los derechos de los ciudadanos a los que hagan referencia directa con motivo del ejercicio del cargo.
2. En el caso de comparecientes o candidatos a ser designados o propuestos por el Parlamento, los diputados deben formular las preguntas y realizar las intervenciones respetando siempre los derechos fundamentales de los comparecientes.
CAPÍTULO III
Régimen de incompatibilidades
Artículo 12. Régimen general y declaraciones.
1. Los diputados del Parlamento están sujetos al régimen de incompatibilidades legalmente establecido y a las obligaciones de declaración de actividades y de bienes que establece el Reglamento en esta materia.
2. El contenido de las declaraciones de los diputados, debidamente actualizado, debe hacerse público en el Portal de la Transparencia en los términos que establece el Reglamento.
Artículo 13. Dedicación y retribución.
1. Los diputados del Parlamento ejercen el cargo con dedicación exclusiva, sin perjuicio del ejercicio de las actividades públicas o privadas que permite su régimen de incompatibilidades.
2. El reconocimiento de una situación de compatibilidad comporta los efectos retributivos establecidos legalmente y, en su caso, una reducción de los derechos económicos de los diputados del Parlamento en función de la naturaleza de la actividad declarada compatible, que debe ser fijada por la Mesa de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.2 del Reglamento del Parlamento.
CAPÍTULO IV
Conflicto de intereses
Artículo 14. Disposición general.
1. Los diputados del Parlamento y los grupos parlamentarios deben velar por el cumplimiento estricto de los preceptos y las reglas que establecen el Reglamento del Parlamento y este Código de conducta en materia de conflictos de intereses.
2. A efectos de lo establecido en este Código de conducta, existe conflicto de intereses si se da uno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 y se puede deducir razonablemente que puede condicionar el ejercicio del cargo parlamentario en perjuicio del interés general.
3. Lo establecido en el apartado 2 no afecta en ningún caso la participación y la actuación de los diputados en el ejercicio de la función legislativa, salvo que se trate de iniciativas legislativas con objeto o contenido singular o particular. Tampoco afecta al ejercicio de las demás funciones parlamentarias si el objeto o el contenido de la iniciativa legislativa tiene carácter general o se refiere a un colectivo indeterminado de destinatarios.
4. La situación de conflicto de intereses conlleva el deber de abstención del diputado en la toma de decisiones que tengan relación directa.
Artículo 15. Intereses personales.
Son intereses personales del diputado, al efecto de lo establecido en el artículo 14:
a) Los intereses propios.
b) Los intereses de su entorno familiar, incluido el cónyuge o el conviviente con una relación de afectividad análoga y los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad.
c) Los intereses de las personas jurídicas, las entidades privadas, las organizaciones, las plataformas o las redes sociales con las que esté vinculado por una relación laboral, profesional o mercantil mientras ejerce el mandato, si se trata de una actividad compatible, o en los tres años anteriores a la elección.
d) Los intereses de las personas jurídicas, entidades privadas, organizaciones, plataformas o redes sociales con las que los familiares a que se refiere la letra b están vinculados por una relación laboral o profesional mientras ejerce el mandato o en el año anterior a la elección.
Artículo 16. Prevención de conflictos de intereses.
1. Los diputados del Parlamento, mediante la Mesa del Parlamento, pueden pedir un informe a la Comisión del Estatuto de los Diputados si creen que pueden incurrir en una situación de conflicto de intereses.
2. La Mesa del Parlamento debe pedir el parecer de la Comisión del Estatuto de los Diputados si lo considera necesario o si un diputado le ha expresado dudas sobre la posibilidad de estar incluido en una situación de conflicto de intereses.
Artículo 17. Declaración de intereses económicos.
1. Los diputados del Parlamento deben presentar a la Comisión del Estatuto de los Diputados una declaración de intereses económicos.
2. La declaración de intereses económicos se presentará bajo la responsabilidad personal de los diputados, con el fin de prever posibles conflictos de intereses y cumplir el principio de transparencia.
3. La declaración de intereses económicos debe mantenerse actualizada. Es responsabilidad de cada diputado actualizar la declaración en el plazo de un mes a contar desde el momento en que se haya producido cualquier situación o cambio que afecte la declaración.
4. La declaración de intereses económicos es complementaria de la declaración de actividades y de bienes que deben formular los diputados del Parlamento de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Parlamento.
Artículo 18. Contenido de la información.
1. La declaración de intereses económicos debe contener una información precisa y detallada sobre:
a) Las actividades profesionales del diputado durante el mandato y los tres años anteriores a la elección, así como la pertenencia, durante este periodo, a consejos y órganos de la administración de empresas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y demás organismos con personalidad jurídica.
b) Las asignaciones que, en su caso, pueda percibir el diputado por el ejercicio de un mandato en otro parlamento o por razón de un cargo representativo.
c) Las actividades remuneradas que el diputado cumpla durante el ejercicio de su mandato, por cuenta propia o por cuenta ajena.
d) La pertenencia a consejos u órganos de administración de empresas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y demás organismos con personalidad jurídica, o cualquier otra actividad extraparlamentaria directiva o gestora, remunerada o no, que el diputado ejerza.
e) Las actividades ocasionales remuneradas de cualquier tipo, incluidas las literarias, artísticas, académicas o de asesoría, si la remuneración, en conjunto, excede los 5.000 euros en un año natural.
f) La participación en empresas o sociedades durante el mandato y los tres años anteriores a la elección, si otorga al diputado una influencia relevante en la entidad de que se trate.
g) El apoyo económico, personal o material prestado por terceros al diputado que complemente los medios facilitados por el Parlamento y por los grupos parlamentarios.
h) Los demás intereses de contenido económico que pueden influir en el ejercicio de las funciones del diputado.
2. El desempeño de las actividades a que se refiere el apartado 1 se entiende, en cualquier caso, sin perjuicio de la aplicación del régimen de incompatibilidades establecido para los diputados del Parlamento.
3. El Parlamento debe facilitar a los diputados un modelo de declaración de intereses económicos a fin de garantizar que sigan la misma pauta en cuanto al contenido, estructura y alcance de la información de la declaración.
4. La Mesa del Parlamento, a fin de poder garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 15.b, puede instar a los diputados a pedir a las personas concernidas la información o documentación necesarias para que el Parlamento pueda tener conocimiento de las mismas. A esta información le es aplicable, en todo caso, la legislación de protección de datos personales.
Artículo 19. Publicidad de la información.
1. La información de la declaración de intereses económicos es pública y debe poder accederse a ella mediante el Portal de la Transparencia del Parlamento.
2. La información de la declaración de intereses económicos publicada en el Portal de la Transparencia debe recoger íntegramente el contenido de la declaración.
3. El Parlamento debe velar, en todo caso, por que el tratamiento de los datos personales de terceras personas distintas al diputado sea absolutamente conforme a la legislación de protección de datos personales.
4. El régimen de publicidad a que se refiere este artículo también incluye las declaraciones de actividades y de bienes.
Artículo 20. Plazo de presentación y efectos.
1. La declaración de intereses económicos debe presentarse en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de constitución del Parlamento o la de adquisición de la condición de diputado, si es posterior.
2. La falta de la declaración de intereses económicos da lugar a la aplicación del régimen sancionador que establece el capítulo V.
Artículo 21. Declaración complementaria.
1. La declaración de intereses económicos de los diputados del Parlamento se puede complementar voluntariamente con la información relacionada con las actividades profesionales realizadas en los años inmediatamente anteriores a la elección, especialmente en el sector de los servicios, las profesiones liberales y las actividades de consultoría, y también con información sobre las actividades profesionales y empresariales del cónyuge o el conviviente con una relación de afectividad análoga.
2. La Mesa del Parlamento puede requerir la aportación de la información a que se refiere el apartado 1 si es necesaria para garantizar el cumplimiento de este Código de conducta.
3. El Parlamento y el diputado requerido deben velar por que los datos personales de terceras personas se traten de acuerdo con la legislación de protección de datos personales.
Artículo 22. Obsequios, ofertas de hospitalidad y distinciones.
1. Los diputados del Parlamento no pueden aceptar ningún obsequio o regalo de valor, ni favor o servicio que les sea ofrecido por razón del cargo. Se entiende por obsequio o regalo de valor el que supera el importe estimado de 150 euros.
2. Los diputados, si en virtud de las reglas de cortesía reciben obsequios o regalos de valor, deben entregarlos al Parlamento, el cual debe llevar un registro de los mismos que debe ser de consulta pública en el Portal de la Transparencia. Los obsequios y regalos se han enajenar periódicamente y los rendimientos obtenidos deben destinarse a la financiación de actividades o servicios sociales.
3. Los diputados del Parlamento no pueden aceptar ninguna oferta de hospitalidad, invitación u otros servicios que impliquen un gasto económico a cargo de terceros, en beneficio propio o del entorno familiar de los diputados. No se incluye en este supuesto la invitación a intervenir o participar en actos u otras manifestaciones en representación del Parlamento o en ejercicio del cargo de diputado, o en representación del partido, de un sindicato, de un colegio profesional, de una fundación o de una asociación a que pertenezca el diputado, si no existe ningún conflicto directo o indirecto de intereses por razón de quién ofrezca la hospitalidad, la invitación u otros servicios que comporten gasto económico a cargo de terceros.
4. Los diputados del Parlamento no pueden aceptar ninguna distinción, aunque sea meramente honorífica, si puede condicionar su actuación como representantes del interés general.
Artículo 23. Gastos por actividades.
1. Los gastos originados por el cumplimiento de actividades que llevan a cabo los diputados en ejercicio del cargo y autorizados por la Mesa del Parlamento deben hacerse efectivos sobre el coste real y efectivo acreditado.
2. Los servicios del Parlamento deben pagar directamente o mediante reembolso el importe de las facturas, o documento equivalente, presentadas previamente correspondientes a gastos por actividades de los diputados.
3. Los diputados no pueden percibir dietas o gastos de representación no previstos en la estructura salarial.
Artículo 24. Obligaciones derivadas del Registro de grupos de interés del Parlamento.
Los diputados deben cumplir las obligaciones que establecen las normas reguladoras del Registro de grupos de interés del Parlamento y el artículo 9 de este Código de conducta.
CAPÍTULO V
Instrumentos de garantía del Código de conducta
Artículo 25. Medidas de garantía.
1. La Mesa del Parlamento debe garantizar el cumplimiento de este Código de conducta y adoptar, si procede, las medidas necesarias en caso de contravención.
2. Corresponde a la Mesa del Parlamento:
a) Velar siempre por que los diputados cumplan las obligaciones de este Código de conducta.
b) Verificar el cumplimiento de la obligación de hacer la declaración de intereses económicos y que el contenido de la declaración se ajusta al que establece el artículo 18.
c) Intervenir en caso de incumplimiento o de riesgo de incumplimiento de las obligaciones establecidas por este Código de conducta, especialmente las relativas a situaciones de conflicto de intereses, y proponer las medidas necesarias de prevención o corrección.
2. La Mesa del Parlamento debe supervisar el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de los diputados y de las obligaciones inherentes a las declaraciones de actividades, de bienes y del Registro de intereses, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento y sin perjuicio de las funciones que este atribuye a la Comisión del Estatuto de los Diputados.
3. La Comisión del Estatuto de los Diputados es el órgano encargado de emitir un informe para determinar si hay conflicto de intereses y, en general, sobre la aplicación de este Código de conducta.
4. La Mesa del Parlamento debe aprobar un informe anual de sus actuaciones respecto a la aplicación de este Código de conducta. Este informe debe publicarse en el Portal de la Transparencia.
5. En los asuntos que afecten un miembro de la Mesa, el diputado afectado debe abstenerse de intervenir.
Artículo 26. Procedimiento interno de verificación.
1. Si existen motivos para creer que un diputado del Parlamento puede haber infringido este Código de conducta, la Mesa del Parlamento, a iniciativa propia o de un grupo parlamentario, puede iniciar el procedimiento de verificación y pedir de forma motivada un informe a la Comisión del Estatuto de los Diputados.
2. La Comisión del Estatuto de los Diputados, mediante una información reservada, debe examinar los hechos y valorar si concurren circunstancias suficientes que indiquen la existencia de una posible infracción.
3. Si la Comisión del Estatuto de los Diputados decide investigar los hechos porque considera que se ha podido cometer una infracción, debe formular, previa audiencia del diputado afectado, un informe, recomendación o propuesta que debe elevar a la Mesa del Parlamento.
4. Los servicios del Parlamento deben elaborar anualmente un informe que debe tener como objeto comprobar que las declaraciones tributarias de los diputados coincidan con la declaración de actividades y de bienes y la declaración de intereses económicos.
Artículo 27. Régimen sancionador.
1. Si la Mesa del Parlamento, a la vista de las conclusiones del informe de la Comisión del Estatuto de los Diputados, considera que se ha cometido una infracción, puede imponer al diputado las sanciones siguientes:
a) Una amonestación pública.
b) Una multa de 600 a 12.000 euros.
2. Si la Mesa del Parlamento, de acuerdo con las conclusiones del informe de la Comisión del Estatuto de los Diputados, considera que la infracción es mucho grave, puede proponer al Pleno que acuerde la suspensión temporal del ejercicio de la función parlamentaria mientras el diputado no resuelva la situación de incumplimiento. La decisión del Pleno no puede ser objeto de solicitud de reconsideración, pero sí que puede solicitarse la reconsideración de la propuesta de la Mesa al Pleno.
3. Si la infracción se sanciona con una multa, el importe de la misma puede hacerse efectivo mediante la retención de la asignación económica del diputado en un porcentaje máximo del 30% mensual.
4. Los informes de la Comisión del Estatuto de los Diputados a que se refiere el artículo 26.3 y las resoluciones de la Mesa del Parlamento en materia sancionadora deben publicarse en el Portal de la Transparencia.
5. La aplicación del régimen sancionador se entiende sin perjuicio de la obligación del diputado de adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para resolver y eliminar la situación de incumplimiento en la que haya incurrido, de las cuales debe dar cuenta a la Comisión del Estatuto de los Diputados.
6. Las infracciones de este Código de conducta en materia de orden y disciplina deben sancionarse de acuerdo con lo establecido específicamente por el título VII del Reglamento, y no es aplicable lo que establece este artículo.
7. La aplicación del régimen sancionador que establece este Código de conducta se entiende sin perjuicio de las otras consecuencias jurídicas que el Reglamento del Parlamento puede vincular al cumplimiento de las obligaciones que establece.
Artículo 28. Motivación y graduación de las sanciones.
1. Las sanciones impuestas por la Mesa del Parlamento de acuerdo con el artículo 27 deben ser motivadas e indicar claramente los hechos y los fundamentos jurídicos que justifican su imposición.
2. Las resoluciones sancionadoras deben notificarse al diputado así como a la persona interesada si se ha formulado una denuncia.
3. Las sanciones establecidas por el artículo 27.1 y 2 pueden ser acumulativas en función de la gravedad de la infracción. En cualquier caso, deben tenerse en cuenta todas las circunstancias concurrentes para valorar y determinar la responsabilidad, especialmente si existe intencionalidad, reincidencia o reiteración, y los perjuicios causados, si procede.
4. Son infracciones muy graves:
a) Facilitar intencionadamente información parcial u omitir o manipular información relevante en aquello que afecta el cumplimiento de las obligaciones que establece este Código de conducta.
b) Incumplir el deber de abstención en caso de conflicto de intereses.
c) Aceptar obsequios o regalos de valor ostensiblemente superior al que establece el artículo 22.1. Se entiende por valor ostensiblemente superior el que supera cuatro veces el importe máximo que establece dicho artículo 22.1.
5. Son infracciones graves:
a) Dar información incompleta sobre el cumplimiento de las obligaciones que establece este Código de conducta.
b) Incumplir los plazos establecidos para la presentación de las declaraciones que deben formular los diputados de acuerdo con el Reglamento y este Código de conducta.
c) Incumplir el deber de publicidad de la agenda parlamentaria a que refiere el artículo 9.2.
d) Facilitar datos parciales o incompletos en el caso de las declaraciones complementarias.
e) Aceptar obsequios, regalos, favores, ofertas de hospitalidad u otros servicios de carácter personal que contravengan las reglas que establece este Código de conducta, sin perjuicio de lo que establece la letra c del apartado 4.
6. Son infracciones leves las conductas que comporten incumplimiento de otros principios y reglas de conducta distintos a los establecidos por los apartados 4 y 5.
Artículo 29. Petición de reconsideración.
1. El diputado que haya sido sancionado puede pedir a la Mesa del Parlamento, mediante escrito motivado, la reconsideración de la decisión adoptada. La solicitud de reconsideración debe formularse en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la sanción y la Mesa debe resolverla en el plazo de quince días. La sanción no es firme hasta que se resuelva la solicitud de reconsideración.
2. Las sanciones firmes impuestas de acuerdo con este Código de conducta pueden ser objeto de amparo en los términos que establece la Ley orgánica del Tribunal Constitucional.
Disposición transitoria. Medidas de publicidad.
Las disposiciones sobre publicidad incluidas en los artículos 9 y 10 entran en vigor en el momento en que se cumplan las condiciones técnicas del Portal de la Transparencia y de la web del Parlamento necesarias para que sean efectivas.
Disposición final. Aplicación y modificación.
La Mesa del Parlamento debe adoptar las medidas necesarias para la aplicación de este Código de conducta. También corresponde a la Mesa formular propuestas de modificación del Código, que debe tramitar la Comisión del Reglamento, de acuerdo con lo establecido por el artículo 15 del Reglamento.
Palacio del Parlamento, 28 de julio de 2016.–La Presidenta del Parlamento, Carme Forcadell i Lluís.–El Secretario Segundo, David Pérez Ibáñez.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 7177, de 4 de agosto de 2016)
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CORRECCION de erratas
en DOGC num. 7315, de 23 de febrero de 2017
CORRECCION de erratas
en BOE num. 67 de 20 de marzo de 2017
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"665",
"2510",
"5377"
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2018-05-14
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BOE-A-2018-6430
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Resolución de 24 de abril de 2018, por la que se resuelve con carácter provisional la renovación de los conciertos educativos de los centros privados concertados para las enseñanzas postobligatorias.
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<titulo>Resolución de 24 de abril de 2018, por la que se resuelve con carácter provisional la renovación de los conciertos educativos de los centros privados concertados para las enseñanzas postobligatorias.</titulo>
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<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Estatuto de autonomía de Cataluña del 2006 establece el modelo de interés público como garantía del derecho de todas las personas a una educación de calidad y a acceder en condiciones de igualdad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El sistema educativo de Cataluña, entendido como servicio de interés general de acuerdo con el Estatuto, ha de permitir que todos los centros sostenidos con fondos públicos, que conforman centros públicos y centros privados concertados, trabajen juntos con unos objetivos compartidos desde la cooperación y la corresponsabilidad, respetando la naturaleza jurídica de las diversas instituciones que lo prestan.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La disposición adicional octava de la Ley 12/2009, del 10 de julio, de Educación, establece que en función de las necesidades de escolarización derivadas de la programación educativa, de acuerdo con lo que establece el artículo 200, se pueden concertar enseñanzas de bachillerato y formación profesional en los centros que las imparten.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por Resolución ENS/1478/2014, de 20 de junio (DOGC número 6.653, del 30), se elevó a definitiva la Resolución ENS/1029/2014, de 7 de mayo (DOGC número 6.623, del 15), por la que se resuelve con carácter provisional la renovación de los conciertos educativos de los centros privados concertados para las enseñanzas postobligatorias por un período de cuatro cursos escolares a contar a partir del inicio del curso escolar 2014-2015. Por tanto, al final del curso escolar 2017-2018 finaliza la duración de los conciertos educativos para las enseñanzas postobligatorias y procede su renovación por un período de cuatro cursos escolares.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De acuerdo con lo que dispone el Decreto 56/1993, de 23 de febrero, sobre conciertos educativos, los centros que quieran renovar sus conciertos lo solicitaran al Departamento de Enseñanza.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Analizadas las solicitudes presentadas, los datos y las previsiones de las que se puede disponer antes de la preinscripción de los alumnos para el curso 2018-2019, hay que proceder, dentro de lo que prevén la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación; el Decreto 56/1993, de 23 de febrero, sobre conciertos educativos, y el resto de la normativa aplicable, a la aprobación provisional de la renovación de los conciertos educativos de los centros privados concertados para las enseñanzas postobligatorias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Centros Concertados y Centros Privados, y de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 417/2016, de 3 de noviembre, por el que se nombran Ministros del Gobierno, que actúa en virtud de la habilitación contenida en el artículo 6 y el apartado sexto del anexo del Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, por el que el Gobierno de la Nación crea y designa a los órganos y autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno, a la Administración de la Generalitat de Cataluña y al Parlamento de Cataluña, autorizadas por el Acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución, resuelvo:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Aprobar, con carácter provisional, la renovación para cuatro cursos escolares de los conciertos educativos de bachillerato de los centros privados concertados que se detallan en el anexo 1 de esta Resolución, con las unidades que para cada uno se especifican, a contar a partir del inicio del curso escolar 2018-2019.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Aprobar, con carácter provisional, la renovación para cuatro cursos escolares de los conciertos educativos de ciclos formativos de grado medio y de ciclos formativos de grado superior de los centros privados concertados que se detallan en el anexo 2 de esta Resolución, con las unidades que para cada uno se especifican, a contar a partir del inicio del curso escolar 2018-2019.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La concertación de las unidades de cada uno de los dos cursos de bachillerato queda sujeta a conseguir el número de alumnos siguiente:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De 30 a 40 alumnos: 1 unidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De 41 a 80 alumnos: 2 unidades.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De 81 a 120 alumnos: 3 unidades.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De 121 a 160 alumnos 4 unidades.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De 161 a 200 alumnos: 5 unidades.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De 201 a 240 alumnos: 6 unidades.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De 241 a 280 alumnos: 7 unidades.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si no se llega a un mínimo de 30 alumnos no se podrá concertar la unidad.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. La concertación de las unidades de cada uno de los cursos de los ciclos formativos de grado medio y de grado superior queda sujeto a conseguir el número de alumnos siguiente:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De 18 a 35 alumnos: 1 unidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De 36 a 70 alumnos: 2 unidades.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De 71 a 105 alumnos: 3 unidades.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De 106 a 140 alumnos: 4 unidades.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De 141 a 175 alumnos: 5 unidades.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De 176 a 210 alumnos: 6 unidades.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si no se llega a un mínimo de 18 alumnos no es podrá concertar la unidad.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. No obstante, se podrán tener en consideración otras relaciones alumnos/unidad en virtud de las enseñanzas y de las características de las zonas donde se imparten.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. De acuerdo con lo que disponen los apartados 1, 4 y 5 del artículo 31 del Decreto 56/1993, de 23 de febrero, sobre conciertos educativos, una vez finalizado el período de preinscripción de alumnos para el curso 2018-2019, y en función de los datos de preinscripción, el Departamento de Enseñanza antes que se inicie el período de matriculación, resolverá definitivamente las renovaciones de los conciertos educativos para las enseñanzas postobligatorias, que se publicará en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya». Los centros que no hayan conseguido la relación mencionada en los puntos anteriores, se les denegará con carácter definitivo la renovación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Los conciertos aprobados por esta disposición son de carácter singular. Los centros que subscriban estos conciertos pueden percibir de los alumnos de bachillerato o de ciclos formativos de grado superior la cantidad de hasta 36,00 euros por alumno y mes durante 10 meses por curso escolar durante la vigencia del concierto, como financiación complementaria de los módulos económicos establecidos. Por lo que hace a los ciclos formativos de grado medio, los centros educativos han de impartir las enseñanzas de manera gratuita.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. La concesión de esta renovación de los conciertos educativos de los centros privados se hará con cargo a la aplicación presupuestaria EN0120 D/488000100/4210 y la aplicación presupuestaria EN0120 D/488000200/4210, del presupuesto del año 2017 prorrogado para el año 2018.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. La renovación de los conciertos educativos que se aprueban mediante esta disposición tiene efectos a partir del 1 de septiembre de 2018.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>10. Esta resolución se inscribirá en el Registro de centros.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer una reclamación ante el órgano que dicta este acto en el plazo de 10 días a contar del día siguiente de su publicación en el DOCG, la cual se resolverá en la resolución indicada en el apartado 6, que aprobará con carácter definitivo la renovación de los conciertos educativos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, 24 de abril de 2018.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo.</p>
<p class='anexo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO 1</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>BATX: Bachillerato.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>BATX: U1-U2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>U1: Unidades concertadas de primer curso de Bachillerato.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>U2: Unidades concertadas de segundo curso de Bachillerato.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>USD: Unidades solicitadas denegadas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Causas de denegación (CD):</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>(1) Las unidades para las que se solicita concierto no están autorizadas y, según lo que disponen el artículo 3.2 del Decreto 56/1993, de 23 de febrero, sobre conciertos educativos, y el artículo 14 de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, es requisito imprescindible que los centros estén autorizados para impartir las enseñanzas que constituyen el objeto del concierto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>(2) La solicitud implica un incremento de la oferta de una enseñanza que no es obligatoria ni básica, y la consignación presupuestaria no permite asumir el gasto generado por este incremento de la oferta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>(3) De acuerdo con el número de alumnos necesarios para disponer de concierto establecido en los apartados 3 y 4 de esta Resolución, la previsión de matrícula no justifica la concertación de la unidad.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Consorcio de Educación de Barcelona</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Amor de Dios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08008531.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: El Clot.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08009260.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 6-6.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Escola Pia de Sarrià-Calassanç.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08004286.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 4-4.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Escola Pia Sant Antoni.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08005746.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Escola Professional Salesiana.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08014279.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 4-4.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Escola Tècnico-Professional Xavier.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08031927.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: FEDAC-Amilcar.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08007469.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Gravi.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08011448.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: IPSE.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08005761.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Jesús Maria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08007721.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Joan Pelegrí.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08013640.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 6-6.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: La Salle Barceloneta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08010961.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: La Salle Congrés.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08007597.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 5-5.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: La Salle Horta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08009934.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: L’Esperança.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08008267.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Lestonnac.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08005394.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: López Vicuña.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08035015.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Mare de Déu dels Àngels.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08008371.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Maristes Anna Ravell.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08003361.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Monlau.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08037395.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Montseny-Poblenou.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08035076.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Palcam.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08010468.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Proa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08006118.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Providencia del Corazón de Jesús.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08008504.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Roca.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08044326.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Sagrada Família.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08007494.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Sagrat Cor-Diputació.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08005266.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 6-6.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Sagrat Cor-Sarrià.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08004717.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Santa Maria dels Apòstols.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08008191.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Santa Teresa de Lisieux.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08009508.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Santapau-Pifma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08037346.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Santíssima Trinitat.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08014310.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Stucom.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08032361.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Valldaura.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08008474.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Vedruna-Gràcia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08006908.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Servicios Territoriales en El Baix Llobregat</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Nazaret.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08017086.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Gavà (Baix Llobregat).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Santo Ángel.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08017451.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Virgen de la Salud.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08026245.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Salesians Sant Vicenç dels Horts.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08032063.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Viladecans (Baix Llobregat).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Goar.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08032555.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 1-1.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Servicios Territoriales en Barcelona Comarcas</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Badalona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Badalonès.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08000761.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Badalona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Cultural.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08000918.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 4-4.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Badalona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Joan Maragall.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08034916.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Badalona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Mare de Déu de l’Assumpció.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08001108.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Dolmen.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08038673.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Jaume Balmes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08038867.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Joan XXIII.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08018871.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Pare Enric d’Ossó.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08018315.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Xaloc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08018561.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Sant Gabriel.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08025174.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 4-4.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Servicios Territoriales en la Cataluña Central</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Berga (Berguedà).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Xarxa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08070520.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Igualada (Anoia).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Igualada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08019551.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Manlleu (Osona).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: La Salle Manlleu.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08019952.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Manresa (Bages).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Joviat.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08020036.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Navàs (Bages).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Diocesana.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08022276.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Solsona (Solsonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Arrels II.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 25004309.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Vic (Osona).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Escorial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08030947.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: </p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2018-2019 BATX: 3-2. USD: 1.CD: (3).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2019-2022 BATX: 3-3.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Vic (Osona).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Sant Miquel dels Sants.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08030959.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Servicios Territoriales en Girona</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Girona (Gironès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Bell-lloc del Pla.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 17001590.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Servicios Territoriales en Lleida</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Lleida (Segrià).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Episcopal-Mare de Déu de l’Acadèmia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 25002647.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Mollerussa (Pla d’Urgell).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: La Salle.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 25003184.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Servicios Territoriales en El Maresme-Vallès Oriental</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Arenys de Mar (Maresme).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: La Presentació.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08000131.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Calella (Maresme).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Freta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08035787.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Mataró (Maresme).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Escola Pia de Mataró.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08021107.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 7-7.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Mataró (Maresme).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Freta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08034141.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Servicios Territoriales en Tarragona</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Reus (Baix Camp).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Puigcerver.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 43002511.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Reus (Baix Camp).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Sant Josep.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 43002442.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Tarragona (Tarragonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Joan XXIII.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 43003151.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Servicios Territoriales en El Vallès Occidental</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Montcada i Reixac (Vallès Occidental).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: La Salle Montcada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08021740.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Sabadell (Vallès Occidental).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Jaume Viladoms Centre Educatiu.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08024303.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 4-4.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Sabadell (Vallès Occidental).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Ramar 2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08037668.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Sabadell (Vallès Occidental).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Sant Nicolau.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08024169.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: El Pinar de Nuestra Señora.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08026075.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Terrassa (Vallès Occidental).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Cingle.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08032075.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Terrassa (Vallès Occidental).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Mare de Déu del Carme.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08029672.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.</p>
<p class='anexo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO 2</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM: Ciclo formativo de grado medio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM: N1-N2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>N1: Unidades concertadas de ciclo formativo de grado medio de primer curso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>N2: Unidades concertadas de ciclo formativo de grado medio de segundo curso.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 0101: Conducción de actividades fisico-deportivas en el medio natural.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: Curas auxiliares de enfermería.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AF10: Preimpresión digital.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: Gestión administrativa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG11: Gestión administrativa (ámbito jurídico).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG12: Gestión administrativa (ámbito sanitario).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AR10: Producción agropecuaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AR30: Aprovechamiento y conservación del medio natural.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AR50: Jardinería y floristería.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM CM10: Actividades comerciales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM EE10: Instalaciones eléctricas y automáticas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM EE30: Instalaciones de telecomunicaciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM FM20: Mecanización.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM HT10: Cocina y gastronomía.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM HT30: Servicios en restauración.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IA30: Aceites de oliva y vinos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: Sistemas microinformáticos y redes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IM10: Mantenimiento electromecánico.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IM30: Instalaciones frigoríficas y de climatización.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IP10: Peluquería y cosmética capilar.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IP20: Estética y belleza.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IS10: Video disc-jokey y sonido.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SA20: Farmacia y parafarmacia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SA30: Emergencias sanitarias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SC10: Atención a personas en situación de dependencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM TM10: Electromecánica de vehículos automóviles.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM TM20: Carrocería.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS: Ciclo formativo de grado superior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS: G1 - G2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>G1: Unidades concertadas de ciclo formativo de grado superior de primer curso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>G2: Unidades concertadas de ciclo formativo de grado superior de segundo curso.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS 0151: Animación de actividades físicas y deportivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS 1651: Dietética.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AEA0: Enseñanza y animación sociodeportiva.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AFA0: Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGA0: Asistencia a la dirección.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: Administración y finanzas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ARA0: Gestión forestal y del medio natural.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ARC0: Ganadería y asistencia en sanidad animal</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMA0: Gestión de ventas y espacios comerciales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMB0: Comercio internacional.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMC0: Transporte y logística.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMD0: Márqueting y publicidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMD2: Márqueting y publicidad (promoción turística).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS EAA0: Eficiencia energética y energía solar térmica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS EAC0: Energías renovables.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS EEA0: Sistemas electrotécnicos y automatizados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS EEB0: Automatización y robótica industrial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS EED0: Sistemas de telecomunicaciones e informáticos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS FMB0: Programación de la producción en fabricación mecánica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS FMC0: Diseño en fabricación mecánica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS HTA0: Agencia de viajes y gestión de eventos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS HTB0: Gestión de alojamientos turísticos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS HTD0: Dirección de cocina.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS HTF0: Guía, información y asistencia turísticas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS HTF1: Guía, información y asistencia turísticas (animación turística).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICA0: Administración de sistemas informáticos en la red.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICB0: Desarrollo de aplicaciones multiplataforma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICC0: Desarrollo de aplicaciones web.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS IMA0: Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS IMC0: Mecatrónica industrial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS IPA0: Asesoría de imagen personal y corporativa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS IPB0: Estética integral y bienestar.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ISA0: Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ISB0: Iluminación, captación y tratamiento de imagen.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ISC0: Sonido para audiovisuales y espectáculos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ISD0: Producción de audiovisuales y espectáculos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ISE0: Animaciones en 3D, juegos y entornos interactivos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS QUD0: Laboratorio de análisis y control de calidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAA0: Prótesis dentales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAC0: Anatomía diagnóstica y citodiagnóstica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAD0: Documentación y administración sanitaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAE0: Laboratorio clínico y biomédico.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAG0: Audiología protésica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAH0: Higiene bucodental.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAI0: Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCA0: Animación sociocultural y turística.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCB0: Educación infantil.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCC0: Integración social.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCE0: Mediación comunicativa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS TMA0: Automoción.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Consorcio de Educación de Barcelona</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: AF Centre d’estudis.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08014139.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMC0: 0-0. USD: 1. CD: (2).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMD0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAD0: 0-0. USD: 1. CD: (2).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Bemen 3.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08031897.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM CM10: 0-0. USD: 1. CD: (2).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 2-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICA0: 1-0.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICB0: 0-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCC0: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Ceir-Arco Aragó.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08041741.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM EE10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS EEA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCB0: 2-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCC0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Ceir-Arco Villarroel.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08032211.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SA20: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM TM10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM TM20: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAD0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCC0: 2-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCE0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS TMA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Centre Català Comercial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08033638.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS HTA0: 0-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS HTF0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCC0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Centre d’Estudis Catalunya.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08036871.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SA30: 0-0. USD: 2. CD: (2).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS 1651: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAD0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCC0: 0-0. USD: 2. CD: (2).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Centre d’Estudis Politècnics.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08032208.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM CM10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMD0: 4-4.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS HTA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICB0: 2-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICC0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Comercial Català.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08044909.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCC0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: El Clot.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08009260.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM CM10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM EE10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 2-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IM30: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SA30: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM TM10: 1-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMD0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS EAC0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS EEB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICB0: 0-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICC0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS IMA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS IMC0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAE0: 2-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAG0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS TMA0: 2-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Escola Professional Salesiana.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08014279.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AF10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM EE10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM EE30: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM FM20: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 3-3.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM TM10: 2-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AFA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS EAC0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS EEB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS EED0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS FMB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS FMC0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Escola Tècnico-Professional Xavier.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08031927.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SA20: 2-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS 1651: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS HTF1: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCB0: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Joan Pelegrí.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08013640.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM CM10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS QUD0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: La Salle Barceloneta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08010961.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM CM10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IS10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM TM10: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: L’Esperança.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08008267.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: López Vicuña.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08035015.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG11: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SA20: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMD0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAH0: 2-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Molina.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08010882.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Monlau.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08037395.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM TM10: 6-6.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMD0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS TMA0: 6-6.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Palcam.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08010468.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM CM10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Prat.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08013767.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMC0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMD0: 2-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMD2: 0-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS HTB0: 0-0. USD: 2. CD: (2).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS HTF0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Roca.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08044326.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 3.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM CM10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 2-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM TM10: 2-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCB0: 2-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCC0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS TMA0: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Sagrat Cor-Sarrià.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08004717.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG12: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCB0: 2-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCC0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Sant Francesc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08003658.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM CM10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMD0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCB0: 2-2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Sant Ignasi.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08004067.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM HT10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM HT30: 1-0.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AEA0: 1-0.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS 0151: 0-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMD0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS HTB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS HTD0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ISA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ISB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ISD0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ISE0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCC0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Santa Maria dels Apòstols.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08008191.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM 1601: 2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Santapau-Pifma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08037346.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SC10: 0-0. USD: 2. CD: (2).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AEA0: 0-0. USD: 1. CD: (2).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS 0151: 0-0. USD: 1. CD: (2).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMA0: 0-0. USD: 2. CD: (2).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS EEB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Santíssima Trinitat.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08014310.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Solc Nou.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08036755.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SA20: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCB0: 2-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCC0: 0-0. USD: 1. CD: (2).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Sopeña Barcelona.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08014255.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IP10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SA30: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAD0: 1-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCC0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Stucom.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08032361.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM CM10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 2-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 2-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMD0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICB0: 1-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICC0: 1-0.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Barcelona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Villar.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08037589.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IS10: 3-3. USD: 1. CD: (2).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ISC0: 2-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ISD0: 2-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ISE0: 0-0. USD: 1. CD: (2).</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Servicios Territoriales en El Baix Llobregat</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Gavà (Baix Llobregat).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: CEFP Núria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08031976.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMD0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICC0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Salesians Sant Vicenç dels Horts.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08032063.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM CM10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM EE10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM FM20: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM TM20: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS EEB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Viladecans (Baix Llobregat).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Sant Gabriel.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08031231.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 0101: 1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM TM10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM TM20: 1-0. USD: 1. CD: (2) i (3).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AEA0: 1-0.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS 0151: 0-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS TMA0: 0-0. USD: 1. CD: (1).</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Servicios Territoriales en Barcelona Comarcas</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Badalona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Badalonès.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08000761.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Badalona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Cultural.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08000918.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Badalona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Joan Maragall.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08034916.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SA20: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Badalona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Llefià.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08000712.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM EE10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS EEB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICC0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Badalona (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Sant Domènec Savio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08000499.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM CM10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM FM20: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Dolmen.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08038673.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 0. USD: 1. CD: (2).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAE0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Jaume Balmes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08038867.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IP10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IP20: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SA20: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AEA0: 0-0. USD: 1. CD: (2).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS 0151: 0-0. USD: 1. CD: (2).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMD0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS EED0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS IPA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Joan XXIII.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08018871.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 0101: 2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AEA0: 2-0.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS 0151: 0-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICC0: 0-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Miquel Servet.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08031988.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SA20: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAD0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Sant Josep Obrer.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08018601.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Xaloc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08018561.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM EE10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IM10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS EAA0: 1-0.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS EEB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS IMA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS IMC0: 1-0.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Túrbula.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08025137.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AEA0: 0-0. USD: 1. CD: (2).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAH0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Català Comercial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08032051.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Vilanova i la Geltrú (Garraf).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Santa Teresa de Jesús.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08031502.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM CM10: 1-1.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Servicios Territoriales en la Cataluña Central</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Berga (Berguedà).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Xarxa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08070520.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IM10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Igualada (Anoia).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Igualada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08019551.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 0101: 2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Les Masies de Voltregà (Osona).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: EFA Quintanes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08032154.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AR10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AR30: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AR50: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ARA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ARC0: 0-0. USD: 2. CD: (2).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Manlleu (Osona).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: La Salle Manlleu.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08019952.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM EE10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM FM20: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS FMB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS IMC0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Manresa (Bages).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Joviat.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08020036.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM HT10: 2-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM HT30: 0-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SA30: 2-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS 1651: 0-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AEA0: 2-0.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS 0151: 0-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS HTD0: 0-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICB0: 0-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAH0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAI0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Navàs (Bages).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Diocesana.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08022276.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS EEB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCC0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Sant Vicenç de Castellet (Bages).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Montserrat.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08028540.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Solsona (Solsonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Arrels II.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 25004309.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 0101: 1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM CM10: 1-0.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IM10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-0.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Servicios Territoriales en Girona</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Roses (Alt Empordà).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Empordà-San José.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 17003124.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM CM10: 1-1.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Servicios Territoriales en Lleida</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: La Seu d’Urgell (Alt Urgell).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: La Salle.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 25004152.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM TM10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS TMA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Lleida (Segrià).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Episcopal-Mare de Déu de l’Acadèmia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 25002647.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM EE10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS EEA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCC0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Lleida (Segrià).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Ilerna.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 25002775.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 3.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IS10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMD0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICC0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ISE0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAH0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Lleida (Segrià).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Martínez.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 25002751.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: CFPS SCB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Mollerussa (Pla d’Urgell).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: La Salle.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 25003184.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM EE10: 1-0.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM EE30: 0-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM TM10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMB0: 0-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS EED0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Tàrrega (Urgell).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Vedruna Tàrrega.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 25004486.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Servicios Territoriales en El Maresme-Vallès Oriental</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Calella (Maresme).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Freta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08035787.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SA20: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAH0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Granollers (Vallès Oriental).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Educem II.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08068586.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SA20: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Mataró (Maresme).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Escola Pia de Mataró.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08021107.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 0101: 1. USD: 1. CD: (2).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AEA0: 1-0.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS 0151: 0-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMD0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICC0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Mataró (Maresme).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Freta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08034141.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AEA0: 1-0.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS 0151: 0-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAE0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAH0: 2-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCB0: 1-1.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Servicios Territoriales en Tarragona</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: L’Arboç (Baix Penedès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Esc.Fam.Agr.Campjoliu.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 43006290.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM IA30: 0-0. USD: 1. CD: (3).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Reus (Baix Camp).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Maria Rosa Molas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 43002351.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Tarragona (Tarragonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Espallargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 43003719.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IP10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IP20: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS IPB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Tarragona (Tarragonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Joan Roig.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 43003410.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Tarragona (Tarragonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Joan XXIII.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 43003151.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM CM10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IM10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMD0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS EEA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Tarragona (Tarragonès).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Mare de Déu del Carme.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 43003495.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Servicios Territoriales en Les Terres de l’Ebre</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Tortosa (Baix Ebre).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Nuestra Señora de la Consolación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 43004311.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM 1601: 1.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Servicios Territoriales en El Vallès Occidental</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Rubí (Vallès Occidental).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Regina Carmeli.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08023803.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 0101: 0. USD: 1. CD: (2).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM AG10: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Sabadell (Vallès Occidental).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Jaume Viladoms.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08035805.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 2-2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS ICA0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Sabadell (Vallès Occidental).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Taulé Viñas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08024467.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 0101: 2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM CM10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AEA0: 1-0.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS 0151: 0-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS AGB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMD0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: El Pinar de Nuestra Señora.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08026075.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM 1601: 2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SAC0: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS SCB0: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Terrassa (Vallès Occidental).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Cingle.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08032075.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM 1601: 2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Terrassa (Vallès Occidental).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Cultura Pràctica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08030017.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM HT30: 1-0. USD: 1. CD: (3).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM SC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Terrassa (Vallès Occidental).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Edgar.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08038120.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM 1601: 5. USD: 1. CD: (2).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Terrassa (Vallès Occidental).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Denominación: Sant Domènec Savio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código: 08029763.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Enseñanzas y unidades concertadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM CM10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM EE10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM FM20: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPM IC10: 1-1.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CFPS CMA0: 1-1.</p>
</texto>
</documento>
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Mon May 14 10:01:57 +0000 2018
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El Estatuto de autonomía de Cataluña del 2006 establece el modelo de interés público como garantía del derecho de todas las personas a una educación de calidad y a acceder en condiciones de igualdad.
El sistema educativo de Cataluña, entendido como servicio de interés general de acuerdo con el Estatuto, ha de permitir que todos los centros sostenidos con fondos públicos, que conforman centros públicos y centros privados concertados, trabajen juntos con unos objetivos compartidos desde la cooperación y la corresponsabilidad, respetando la naturaleza jurídica de las diversas instituciones que lo prestan.
La disposición adicional octava de la Ley 12/2009, del 10 de julio, de Educación, establece que en función de las necesidades de escolarización derivadas de la programación educativa, de acuerdo con lo que establece el artículo 200, se pueden concertar enseñanzas de bachillerato y formación profesional en los centros que las imparten.
Por Resolución ENS/1478/2014, de 20 de junio (DOGC número 6.653, del 30), se elevó a definitiva la Resolución ENS/1029/2014, de 7 de mayo (DOGC número 6.623, del 15), por la que se resuelve con carácter provisional la renovación de los conciertos educativos de los centros privados concertados para las enseñanzas postobligatorias por un período de cuatro cursos escolares a contar a partir del inicio del curso escolar 2014-2015. Por tanto, al final del curso escolar 2017-2018 finaliza la duración de los conciertos educativos para las enseñanzas postobligatorias y procede su renovación por un período de cuatro cursos escolares.
De acuerdo con lo que dispone el Decreto 56/1993, de 23 de febrero, sobre conciertos educativos, los centros que quieran renovar sus conciertos lo solicitaran al Departamento de Enseñanza.
Analizadas las solicitudes presentadas, los datos y las previsiones de las que se puede disponer antes de la preinscripción de los alumnos para el curso 2018-2019, hay que proceder, dentro de lo que prevén la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación; el Decreto 56/1993, de 23 de febrero, sobre conciertos educativos, y el resto de la normativa aplicable, a la aprobación provisional de la renovación de los conciertos educativos de los centros privados concertados para las enseñanzas postobligatorias.
En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Centros Concertados y Centros Privados, y de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 417/2016, de 3 de noviembre, por el que se nombran Ministros del Gobierno, que actúa en virtud de la habilitación contenida en el artículo 6 y el apartado sexto del anexo del Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, por el que el Gobierno de la Nación crea y designa a los órganos y autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno, a la Administración de la Generalitat de Cataluña y al Parlamento de Cataluña, autorizadas por el Acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución, resuelvo:
1. Aprobar, con carácter provisional, la renovación para cuatro cursos escolares de los conciertos educativos de bachillerato de los centros privados concertados que se detallan en el anexo 1 de esta Resolución, con las unidades que para cada uno se especifican, a contar a partir del inicio del curso escolar 2018-2019.
2. Aprobar, con carácter provisional, la renovación para cuatro cursos escolares de los conciertos educativos de ciclos formativos de grado medio y de ciclos formativos de grado superior de los centros privados concertados que se detallan en el anexo 2 de esta Resolución, con las unidades que para cada uno se especifican, a contar a partir del inicio del curso escolar 2018-2019.
3. La concertación de las unidades de cada uno de los dos cursos de bachillerato queda sujeta a conseguir el número de alumnos siguiente:
De 30 a 40 alumnos: 1 unidad.
De 41 a 80 alumnos: 2 unidades.
De 81 a 120 alumnos: 3 unidades.
De 121 a 160 alumnos 4 unidades.
De 161 a 200 alumnos: 5 unidades.
De 201 a 240 alumnos: 6 unidades.
De 241 a 280 alumnos: 7 unidades.
Si no se llega a un mínimo de 30 alumnos no se podrá concertar la unidad.
4. La concertación de las unidades de cada uno de los cursos de los ciclos formativos de grado medio y de grado superior queda sujeto a conseguir el número de alumnos siguiente:
De 18 a 35 alumnos: 1 unidad.
De 36 a 70 alumnos: 2 unidades.
De 71 a 105 alumnos: 3 unidades.
De 106 a 140 alumnos: 4 unidades.
De 141 a 175 alumnos: 5 unidades.
De 176 a 210 alumnos: 6 unidades.
Si no se llega a un mínimo de 18 alumnos no es podrá concertar la unidad.
5. No obstante, se podrán tener en consideración otras relaciones alumnos/unidad en virtud de las enseñanzas y de las características de las zonas donde se imparten.
6. De acuerdo con lo que disponen los apartados 1, 4 y 5 del artículo 31 del Decreto 56/1993, de 23 de febrero, sobre conciertos educativos, una vez finalizado el período de preinscripción de alumnos para el curso 2018-2019, y en función de los datos de preinscripción, el Departamento de Enseñanza antes que se inicie el período de matriculación, resolverá definitivamente las renovaciones de los conciertos educativos para las enseñanzas postobligatorias, que se publicará en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya». Los centros que no hayan conseguido la relación mencionada en los puntos anteriores, se les denegará con carácter definitivo la renovación.
7. Los conciertos aprobados por esta disposición son de carácter singular. Los centros que subscriban estos conciertos pueden percibir de los alumnos de bachillerato o de ciclos formativos de grado superior la cantidad de hasta 36,00 euros por alumno y mes durante 10 meses por curso escolar durante la vigencia del concierto, como financiación complementaria de los módulos económicos establecidos. Por lo que hace a los ciclos formativos de grado medio, los centros educativos han de impartir las enseñanzas de manera gratuita.
8. La concesión de esta renovación de los conciertos educativos de los centros privados se hará con cargo a la aplicación presupuestaria EN0120 D/488000100/4210 y la aplicación presupuestaria EN0120 D/488000200/4210, del presupuesto del año 2017 prorrogado para el año 2018.
9. La renovación de los conciertos educativos que se aprueban mediante esta disposición tiene efectos a partir del 1 de septiembre de 2018.
10. Esta resolución se inscribirá en el Registro de centros.
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer una reclamación ante el órgano que dicta este acto en el plazo de 10 días a contar del día siguiente de su publicación en el DOCG, la cual se resolverá en la resolución indicada en el apartado 6, que aprobará con carácter definitivo la renovación de los conciertos educativos.
Madrid, 24 de abril de 2018.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo.
ANEXO 1
BATX: Bachillerato.
BATX: U1-U2.
U1: Unidades concertadas de primer curso de Bachillerato.
U2: Unidades concertadas de segundo curso de Bachillerato.
USD: Unidades solicitadas denegadas.
Causas de denegación (CD):
(1) Las unidades para las que se solicita concierto no están autorizadas y, según lo que disponen el artículo 3.2 del Decreto 56/1993, de 23 de febrero, sobre conciertos educativos, y el artículo 14 de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, es requisito imprescindible que los centros estén autorizados para impartir las enseñanzas que constituyen el objeto del concierto.
(2) La solicitud implica un incremento de la oferta de una enseñanza que no es obligatoria ni básica, y la consignación presupuestaria no permite asumir el gasto generado por este incremento de la oferta.
(3) De acuerdo con el número de alumnos necesarios para disponer de concierto establecido en los apartados 3 y 4 de esta Resolución, la previsión de matrícula no justifica la concertación de la unidad.
Consorcio de Educación de Barcelona
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Amor de Dios.
Código: 08008531.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: El Clot.
Código: 08009260.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 6-6.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Escola Pia de Sarrià-Calassanç.
Código: 08004286.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 4-4.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Escola Pia Sant Antoni.
Código: 08005746.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Escola Professional Salesiana.
Código: 08014279.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 4-4.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Escola Tècnico-Professional Xavier.
Código: 08031927.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: FEDAC-Amilcar.
Código: 08007469.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Gravi.
Código: 08011448.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: IPSE.
Código: 08005761.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Jesús Maria.
Código: 08007721.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Joan Pelegrí.
Código: 08013640.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 6-6.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: La Salle Barceloneta.
Código: 08010961.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: La Salle Congrés.
Código: 08007597.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 5-5.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: La Salle Horta.
Código: 08009934.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: L’Esperança.
Código: 08008267.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Lestonnac.
Código: 08005394.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: López Vicuña.
Código: 08035015.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 1-1.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Mare de Déu dels Àngels.
Código: 08008371.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Maristes Anna Ravell.
Código: 08003361.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Monlau.
Código: 08037395.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Montseny-Poblenou.
Código: 08035076.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Palcam.
Código: 08010468.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Proa.
Código: 08006118.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Providencia del Corazón de Jesús.
Código: 08008504.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Roca.
Código: 08044326.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Sagrada Família.
Código: 08007494.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Sagrat Cor-Diputació.
Código: 08005266.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 6-6.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Sagrat Cor-Sarrià.
Código: 08004717.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Santa Maria dels Apòstols.
Código: 08008191.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Santa Teresa de Lisieux.
Código: 08009508.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Santapau-Pifma.
Código: 08037346.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Santíssima Trinitat.
Código: 08014310.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Stucom.
Código: 08032361.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Valldaura.
Código: 08008474.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Vedruna-Gràcia.
Código: 08006908.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
Servicios Territoriales en El Baix Llobregat
Municipio: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).
Denominación: Nazaret.
Código: 08017086.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Gavà (Baix Llobregat).
Denominación: Santo Ángel.
Código: 08017451.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
Municipio: Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).
Denominación: Virgen de la Salud.
Código: 08026245.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
Municipio: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).
Denominación: Salesians Sant Vicenç dels Horts.
Código: 08032063.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Viladecans (Baix Llobregat).
Denominación: Goar.
Código: 08032555.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 1-1.
Servicios Territoriales en Barcelona Comarcas
Municipio: Badalona (Barcelonès).
Denominación: Badalonès.
Código: 08000761.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
Municipio: Badalona (Barcelonès).
Denominación: Cultural.
Código: 08000918.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 4-4.
Municipio: Badalona (Barcelonès).
Denominación: Joan Maragall.
Código: 08034916.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Badalona (Barcelonès).
Denominación: Mare de Déu de l’Assumpció.
Código: 08001108.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
Municipio: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Denominación: Dolmen.
Código: 08038673.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
Municipio: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Denominación: Jaume Balmes.
Código: 08038867.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
Municipio: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Denominación: Joan XXIII.
Código: 08018871.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
Municipio: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Denominación: Pare Enric d’Ossó.
Código: 08018315.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Denominación: Xaloc.
Código: 08018561.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).
Denominación: Sant Gabriel.
Código: 08025174.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 4-4.
Servicios Territoriales en la Cataluña Central
Municipio: Berga (Berguedà).
Denominación: Xarxa.
Código: 08070520.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 1-1.
Municipio: Igualada (Anoia).
Denominación: Igualada.
Código: 08019551.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 1-1.
Municipio: Manlleu (Osona).
Denominación: La Salle Manlleu.
Código: 08019952.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
Municipio: Manresa (Bages).
Denominación: Joviat.
Código: 08020036.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Navàs (Bages).
Denominación: Diocesana.
Código: 08022276.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 1-1.
Municipio: Solsona (Solsonès).
Denominación: Arrels II.
Código: 25004309.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 1-1.
Municipio: Vic (Osona).
Denominación: Escorial.
Código: 08030947.
Enseñanzas y unidades concertadas:
2018-2019 BATX: 3-2. USD: 1.CD: (3).
2019-2022 BATX: 3-3.
Municipio: Vic (Osona).
Denominación: Sant Miquel dels Sants.
Código: 08030959.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
Servicios Territoriales en Girona
Municipio: Girona (Gironès).
Denominación: Bell-lloc del Pla.
Código: 17001590.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Servicios Territoriales en Lleida
Municipio: Lleida (Segrià).
Denominación: Episcopal-Mare de Déu de l’Acadèmia.
Código: 25002647.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
Municipio: Mollerussa (Pla d’Urgell).
Denominación: La Salle.
Código: 25003184.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Servicios Territoriales en El Maresme-Vallès Oriental
Municipio: Arenys de Mar (Maresme).
Denominación: La Presentació.
Código: 08000131.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Calella (Maresme).
Denominación: Freta.
Código: 08035787.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
Municipio: Mataró (Maresme).
Denominación: Escola Pia de Mataró.
Código: 08021107.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 7-7.
Municipio: Mataró (Maresme).
Denominación: Freta.
Código: 08034141.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Servicios Territoriales en Tarragona
Municipio: Reus (Baix Camp).
Denominación: Puigcerver.
Código: 43002511.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Reus (Baix Camp).
Denominación: Sant Josep.
Código: 43002442.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Tarragona (Tarragonès).
Denominación: Joan XXIII.
Código: 43003151.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Servicios Territoriales en El Vallès Occidental
Municipio: Montcada i Reixac (Vallès Occidental).
Denominación: La Salle Montcada.
Código: 08021740.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
Municipio: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominación: Jaume Viladoms Centre Educatiu.
Código: 08024303.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 4-4.
Municipio: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominación: Ramar 2.
Código: 08037668.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
Municipio: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominación: Sant Nicolau.
Código: 08024169.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).
Denominación: El Pinar de Nuestra Señora.
Código: 08026075.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominación: Cingle.
Código: 08032075.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 2-2.
Municipio: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominación: Mare de Déu del Carme.
Código: 08029672.
Enseñanzas y unidades concertadas: BATX: 3-3.
ANEXO 2
CFPM: Ciclo formativo de grado medio.
CFPM: N1-N2.
N1: Unidades concertadas de ciclo formativo de grado medio de primer curso.
N2: Unidades concertadas de ciclo formativo de grado medio de segundo curso.
CFPM 0101: Conducción de actividades fisico-deportivas en el medio natural.
CFPM 1601: Curas auxiliares de enfermería.
CFPM AF10: Preimpresión digital.
CFPM AG10: Gestión administrativa.
CFPM AG11: Gestión administrativa (ámbito jurídico).
CFPM AG12: Gestión administrativa (ámbito sanitario).
CFPM AR10: Producción agropecuaria.
CFPM AR30: Aprovechamiento y conservación del medio natural.
CFPM AR50: Jardinería y floristería.
CFPM CM10: Actividades comerciales.
CFPM EE10: Instalaciones eléctricas y automáticas.
CFPM EE30: Instalaciones de telecomunicaciones.
CFPM FM20: Mecanización.
CFPM HT10: Cocina y gastronomía.
CFPM HT30: Servicios en restauración.
CFPM IA30: Aceites de oliva y vinos.
CFPM IC10: Sistemas microinformáticos y redes.
CFPM IM10: Mantenimiento electromecánico.
CFPM IM30: Instalaciones frigoríficas y de climatización.
CFPM IP10: Peluquería y cosmética capilar.
CFPM IP20: Estética y belleza.
CFPM IS10: Video disc-jokey y sonido.
CFPM SA20: Farmacia y parafarmacia.
CFPM SA30: Emergencias sanitarias.
CFPM SC10: Atención a personas en situación de dependencia.
CFPM TM10: Electromecánica de vehículos automóviles.
CFPM TM20: Carrocería.
CFPS: Ciclo formativo de grado superior.
CFPS: G1 - G2.
G1: Unidades concertadas de ciclo formativo de grado superior de primer curso.
G2: Unidades concertadas de ciclo formativo de grado superior de segundo curso.
CFPS 0151: Animación de actividades físicas y deportivas.
CFPS 1651: Dietética.
CFPS AEA0: Enseñanza y animación sociodeportiva.
CFPS AFA0: Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia.
CFPS AGA0: Asistencia a la dirección.
CFPS AGB0: Administración y finanzas.
CFPS ARA0: Gestión forestal y del medio natural.
CFPS ARC0: Ganadería y asistencia en sanidad animal
CFPS CMA0: Gestión de ventas y espacios comerciales.
CFPS CMB0: Comercio internacional.
CFPS CMC0: Transporte y logística.
CFPS CMD0: Márqueting y publicidad.
CFPS CMD2: Márqueting y publicidad (promoción turística).
CFPS EAA0: Eficiencia energética y energía solar térmica.
CFPS EAC0: Energías renovables.
CFPS EEA0: Sistemas electrotécnicos y automatizados.
CFPS EEB0: Automatización y robótica industrial.
CFPS EED0: Sistemas de telecomunicaciones e informáticos.
CFPS FMB0: Programación de la producción en fabricación mecánica.
CFPS FMC0: Diseño en fabricación mecánica.
CFPS HTA0: Agencia de viajes y gestión de eventos.
CFPS HTB0: Gestión de alojamientos turísticos.
CFPS HTD0: Dirección de cocina.
CFPS HTF0: Guía, información y asistencia turísticas.
CFPS HTF1: Guía, información y asistencia turísticas (animación turística).
CFPS ICA0: Administración de sistemas informáticos en la red.
CFPS ICB0: Desarrollo de aplicaciones multiplataforma.
CFPS ICC0: Desarrollo de aplicaciones web.
CFPS IMA0: Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.
CFPS IMC0: Mecatrónica industrial.
CFPS IPA0: Asesoría de imagen personal y corporativa.
CFPS IPB0: Estética integral y bienestar.
CFPS ISA0: Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos.
CFPS ISB0: Iluminación, captación y tratamiento de imagen.
CFPS ISC0: Sonido para audiovisuales y espectáculos.
CFPS ISD0: Producción de audiovisuales y espectáculos.
CFPS ISE0: Animaciones en 3D, juegos y entornos interactivos.
CFPS QUD0: Laboratorio de análisis y control de calidad.
CFPS SAA0: Prótesis dentales.
CFPS SAC0: Anatomía diagnóstica y citodiagnóstica.
CFPS SAD0: Documentación y administración sanitaria.
CFPS SAE0: Laboratorio clínico y biomédico.
CFPS SAG0: Audiología protésica.
CFPS SAH0: Higiene bucodental.
CFPS SAI0: Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear.
CFPS SCA0: Animación sociocultural y turística.
CFPS SCB0: Educación infantil.
CFPS SCC0: Integración social.
CFPS SCE0: Mediación comunicativa.
CFPS TMA0: Automoción.
Consorcio de Educación de Barcelona
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: AF Centre d’estudis.
Código: 08014139.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPS AGB0: 1-1.
CFPS CMB0: 1-1.
CFPS CMC0: 0-0. USD: 1. CD: (2).
CFPS CMD0: 1-1.
CFPS SAD0: 0-0. USD: 1. CD: (2).
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Bemen 3.
Código: 08031897.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM CM10: 0-0. USD: 1. CD: (2).
CFPM IC10: 2-2.
CFPM SC10: 1-1.
CFPS ICA0: 1-0.
CFPS ICB0: 0-1.
CFPS SCA0: 1-1.
CFPS SCB0: 1-1.
CFPS SCC0: 2-2.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Ceir-Arco Aragó.
Código: 08041741.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM EE10: 1-1.
CFPS EEA0: 1-1.
CFPS SCB0: 2-2.
CFPS SCC0: 1-1.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Ceir-Arco Villarroel.
Código: 08032211.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 1601: 2.
CFPM SA20: 1-1.
CFPM TM10: 1-1.
CFPM TM20: 1-1.
CFPS SAD0: 1-1.
CFPS SCB0: 1-1.
CFPS SCC0: 2-2.
CFPS SCE0: 1-1.
CFPS TMA0: 1-1.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Centre Català Comercial.
Código: 08033638.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM SC10: 1-1.
CFPS HTA0: 0-1.
CFPS HTF0: 1-1.
CFPS SCC0: 1-1.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Centre d’Estudis Catalunya.
Código: 08036871.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 1601: 2.
CFPM SA30: 0-0. USD: 2. CD: (2).
CFPM SC10: 1-1.
CFPS 1651: 1-1.
CFPS SAD0: 1-1.
CFPS SCC0: 0-0. USD: 2. CD: (2).
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Centre d’Estudis Politècnics.
Código: 08032208.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM AG10: 1-1.
CFPM CM10: 1-1.
CFPS AGA0: 1-1.
CFPS AGB0: 1-1.
CFPS CMB0: 1-1.
CFPS CMD0: 4-4.
CFPS HTA0: 1-1.
CFPS ICB0: 2-2.
CFPS ICC0: 1-1.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Comercial Català.
Código: 08044909.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPS SCB0: 1-1.
CFPS SCC0: 1-1.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: El Clot.
Código: 08009260.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 1601: 1.
CFPM CM10: 1-1.
CFPM EE10: 1-1.
CFPM IC10: 2-2.
CFPM IM30: 1-1.
CFPM SA30: 1-1.
CFPM TM10: 1-2.
CFPS CMD0: 1-1.
CFPS EAC0: 1-1.
CFPS EEB0: 1-1.
CFPS ICA0: 1-1.
CFPS ICB0: 0-1.
CFPS ICC0: 1-1.
CFPS IMA0: 1-1.
CFPS IMC0: 1-1.
CFPS SAE0: 2-2.
CFPS SAG0: 1-1.
CFPS TMA0: 2-1.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Escola Professional Salesiana.
Código: 08014279.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM AF10: 1-1.
CFPM AG10: 1-1.
CFPM EE10: 1-1.
CFPM EE30: 1-1.
CFPM FM20: 1-1.
CFPM IC10: 3-3.
CFPM SC10: 1-1.
CFPM TM10: 2-2.
CFPS AFA0: 1-1.
CFPS AGB0: 1-1.
CFPS EAC0: 1-1.
CFPS EEB0: 1-1.
CFPS EED0: 1-1.
CFPS FMB0: 1-1.
CFPS FMC0: 1-1.
CFPS ICA0: 1-1.
CFPS ICB0: 1-1.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Escola Tècnico-Professional Xavier.
Código: 08031927.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 1601: 2.
CFPM AG10: 1-1.
CFPM SA20: 2-2.
CFPS 1651: 1-1.
CFPS AGB0: 1-1.
CFPS CMB0: 1-1.
CFPS HTF1: 1-1.
CFPS SCB0: 2-2.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Joan Pelegrí.
Código: 08013640.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM CM10: 1-1.
CFPM IC10: 1-1.
CFPS QUD0: 1-1.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: La Salle Barceloneta.
Código: 08010961.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM AG10: 1-1.
CFPM CM10: 1-1.
CFPM IC10: 1-1.
CFPM IS10: 1-1.
CFPM TM10: 1-1.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: L’Esperança.
Código: 08008267.
Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM AG10: 1-1.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: López Vicuña.
Código: 08035015.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 1601: 2.
CFPM AG11: 1-1.
CFPM SA20: 1-1.
CFPM SC10: 1-1.
CFPS CMB0: 1-1.
CFPS CMD0: 1-1.
CFPS SAH0: 2-2.
CFPS SCB0: 1-1.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Molina.
Código: 08010882.
Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM AG10: 1-1.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Monlau.
Código: 08037395.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM AG10: 1-1.
CFPM IC10: 1-1.
CFPM TM10: 6-6.
CFPS CMD0: 1-1.
CFPS ICA0: 1-1.
CFPS ICB0: 1-1.
CFPS TMA0: 6-6.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Palcam.
Código: 08010468.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM AG10: 1-1.
CFPM CM10: 1-1.
CFPM IC10: 1-1.
CFPS AGB0: 1-1.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Prat.
Código: 08013767.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPS AGB0: 1-1.
CFPS CMB0: 1-1.
CFPS CMC0: 1-1.
CFPS CMD0: 2-1.
CFPS CMD2: 0-1.
CFPS HTB0: 0-0. USD: 2. CD: (2).
CFPS HTF0: 1-1.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Roca.
Código: 08044326.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 1601: 3.
CFPM AG10: 1-1.
CFPM CM10: 1-1.
CFPM IC10: 2-2.
CFPM TM10: 2-2.
CFPS AGB0: 1-1.
CFPS ICA0: 1-1.
CFPS ICB0: 1-1.
CFPS SCB0: 2-2.
CFPS SCC0: 1-1.
CFPS TMA0: 2-2.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Sagrat Cor-Sarrià.
Código: 08004717.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM AG12: 1-1.
CFPM SC10: 1-1.
CFPS SCB0: 2-2.
CFPS SCC0: 1-1.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Sant Francesc.
Código: 08003658.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 1601: 1.
CFPM CM10: 1-1.
CFPM IC10: 1-1.
CFPM SC10: 1-1.
CFPS AGB0: 1-1.
CFPS CMB0: 1-1.
CFPS CMD0: 1-1.
CFPS ICA0: 1-1.
CFPS SCB0: 2-2.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Sant Ignasi.
Código: 08004067.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM HT10: 1-1.
CFPM HT30: 1-0.
CFPS AEA0: 1-0.
CFPS 0151: 0-1.
CFPS CMD0: 1-1.
CFPS HTB0: 1-1.
CFPS HTD0: 1-1.
CFPS ISA0: 1-1.
CFPS ISB0: 1-1.
CFPS ISD0: 1-1.
CFPS ISE0: 1-1.
CFPS SCC0: 1-1.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Santa Maria dels Apòstols.
Código: 08008191.
Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM 1601: 2.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Santapau-Pifma.
Código: 08037346.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM AG10: 1-1.
CFPM SC10: 0-0. USD: 2. CD: (2).
CFPS AEA0: 0-0. USD: 1. CD: (2).
CFPS 0151: 0-0. USD: 1. CD: (2).
CFPS AGB0: 1-1.
CFPS CMA0: 0-0. USD: 2. CD: (2).
CFPS EEB0: 1-1.
CFPS SCB0: 1-1.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Santíssima Trinitat.
Código: 08014310.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 1601: 1.
CFPM AG10: 1-1.
CFPS AGB0: 1-1.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Solc Nou.
Código: 08036755.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 1601: 2.
CFPM SA20: 1-1.
CFPS SCB0: 2-2.
CFPS SCC0: 0-0. USD: 1. CD: (2).
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Sopeña Barcelona.
Código: 08014255.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 1601: 2.
CFPM IP10: 1-1.
CFPM SA30: 1-1.
CFPS SAD0: 1-2.
CFPS SCC0: 1-1.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Stucom.
Código: 08032361.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM AG10: 1-1.
CFPM CM10: 1-1.
CFPM IC10: 2-2.
CFPS AGB0: 2-2.
CFPS CMA0: 1-1.
CFPS CMD0: 1-1.
CFPS ICA0: 1-1.
CFPS ICB0: 1-2.
CFPS ICC0: 1-0.
Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Villar.
Código: 08037589.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM IS10: 3-3. USD: 1. CD: (2).
CFPS ISC0: 2-2.
CFPS ISD0: 2-2.
CFPS ISE0: 0-0. USD: 1. CD: (2).
Servicios Territoriales en El Baix Llobregat
Municipio: Gavà (Baix Llobregat).
Denominación: CEFP Núria.
Código: 08031976.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 1601: 2.
CFPM AG10: 1-1.
CFPM IC10: 1-1.
CFPS AGA0: 1-1.
CFPS AGB0: 1-1.
CFPS CMD0: 1-1.
CFPS ICC0: 1-1.
CFPS SCB0: 1-1.
Municipio: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).
Denominación: Salesians Sant Vicenç dels Horts.
Código: 08032063.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM AG10: 1-1.
CFPM CM10: 1-1.
CFPM EE10: 1-1.
CFPM FM20: 1-1.
CFPM TM20: 1-1.
CFPS AGB0: 1-1.
CFPS EEB0: 1-1.
Municipio: Viladecans (Baix Llobregat).
Denominación: Sant Gabriel.
Código: 08031231.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 0101: 1.
CFPM TM10: 1-1.
CFPM TM20: 1-0. USD: 1. CD: (2) i (3).
CFPS AEA0: 1-0.
CFPS 0151: 0-1.
CFPS TMA0: 0-0. USD: 1. CD: (1).
Servicios Territoriales en Barcelona Comarcas
Municipio: Badalona (Barcelonès).
Denominación: Badalonès.
Código: 08000761.
Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM AG10: 1-1.
Municipio: Badalona (Barcelonès).
Denominación: Cultural.
Código: 08000918.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM IC10: 1-1.
CFPS AGB0: 1-1.
CFPS ICA0: 1-1.
Municipio: Badalona (Barcelonès).
Denominación: Joan Maragall.
Código: 08034916.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 1601: 2.
CFPM AG10: 1-1.
CFPM SA20: 1-1.
Municipio: Badalona (Barcelonès).
Denominación: Llefià.
Código: 08000712.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM EE10: 1-1.
CFPM IC10: 1-1.
CFPS EEB0: 1-1.
CFPS ICC0: 1-1.
Municipio: Badalona (Barcelonès).
Denominación: Sant Domènec Savio.
Código: 08000499.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM AG10: 1-1.
CFPM CM10: 1-1.
CFPM FM20: 1-1.
Municipio: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Denominación: Dolmen.
Código: 08038673.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 1601: 0. USD: 1. CD: (2).
CFPS AGB0: 1-1.
CFPS SAE0: 1-1.
CFPS SCB0: 1-1.
Municipio: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Denominación: Jaume Balmes.
Código: 08038867.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM IP10: 1-1.
CFPM IP20: 1-1.
CFPM SA20: 1-1.
CFPS AEA0: 0-0. USD: 1. CD: (2).
CFPS 0151: 0-0. USD: 1. CD: (2).
CFPS CMD0: 1-1.
CFPS EED0: 1-1.
CFPS IPA0: 1-1.
Municipio: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Denominación: Joan XXIII.
Código: 08018871.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 0101: 2.
CFPM 1601: 1.
CFPM AG10: 1-1.
CFPM IC10: 1-1.
CFPS AEA0: 2-0.
CFPS 0151: 0-1.
CFPS AGB0: 1-1.
CFPS ICA0: 1-1.
CFPS ICC0: 0-1.
CFPS SCB0: 1-1.
Municipio: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Denominación: Miquel Servet.
Código: 08031988.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 1601: 2.
CFPM SA20: 1-1.
CFPS SAD0: 1-1.
Municipio: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Denominación: Sant Josep Obrer.
Código: 08018601.
Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM AG10: 1-1.
Municipio: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Denominación: Xaloc.
Código: 08018561.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM EE10: 1-1.
CFPM IM10: 1-1.
CFPS EAA0: 1-0.
CFPS EEB0: 1-1.
CFPS IMA0: 1-1.
CFPS IMC0: 1-0.
Municipio: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).
Denominación: Túrbula.
Código: 08025137.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPS AEA0: 0-0. USD: 1. CD: (2).
CFPS SAA0: 1-1.
CFPS SAH0: 1-1.
Municipio: Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).
Denominación: Català Comercial.
Código: 08032051.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 1601: 2.
CFPM IC10: 1-1.
CFPM SC10: 1-1.
Municipio: Vilanova i la Geltrú (Garraf).
Denominación: Santa Teresa de Jesús.
Código: 08031502.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM AG10: 1-1.
CFPM CM10: 1-1.
Servicios Territoriales en la Cataluña Central
Municipio: Berga (Berguedà).
Denominación: Xarxa.
Código: 08070520.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM AG10: 1-1.
CFPM IC10: 1-1.
CFPM IM10: 1-1.
CFPS AGB0: 1-1.
Municipio: Igualada (Anoia).
Denominación: Igualada.
Código: 08019551.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 0101: 2.
CFPS SCB0: 1-1.
Municipio: Les Masies de Voltregà (Osona).
Denominación: EFA Quintanes.
Código: 08032154.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM AR10: 1-1.
CFPM AR30: 1-1.
CFPM AR50: 1-1.
CFPS ARA0: 1-1.
CFPS ARC0: 0-0. USD: 2. CD: (2).
Municipio: Manlleu (Osona).
Denominación: La Salle Manlleu.
Código: 08019952.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM EE10: 1-1.
CFPM FM20: 1-1.
CFPM IC10: 1-1.
CFPS FMB0: 1-1.
CFPS ICA0: 1-1.
CFPS IMC0: 1-1.
Municipio: Manresa (Bages).
Denominación: Joviat.
Código: 08020036.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 1601: 2.
CFPM HT10: 2-2.
CFPM HT30: 0-2.
CFPM SA30: 2-2.
CFPS 1651: 0-1.
CFPS AEA0: 2-0.
CFPS 0151: 0-2.
CFPS HTD0: 0-1.
CFPS ICB0: 0-1.
CFPS SAH0: 1-1.
CFPS SAI0: 1-1.
Municipio: Navàs (Bages).
Denominación: Diocesana.
Código: 08022276.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 1601: 1.
CFPS EEB0: 1-1.
CFPS SCB0: 1-1.
CFPS SCC0: 1-1.
Municipio: Sant Vicenç de Castellet (Bages).
Denominación: Montserrat.
Código: 08028540.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM AG10: 1-1.
CFPM SC10: 1-1.
Municipio: Solsona (Solsonès).
Denominación: Arrels II.
Código: 25004309.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 0101: 1.
CFPM CM10: 1-0.
CFPM IC10: 1-1.
CFPM IM10: 1-1.
CFPS AGB0: 1-0.
Servicios Territoriales en Girona
Municipio: Roses (Alt Empordà).
Denominación: Empordà-San José.
Código: 17003124.
Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM CM10: 1-1.
Servicios Territoriales en Lleida
Municipio: La Seu d’Urgell (Alt Urgell).
Denominación: La Salle.
Código: 25004152.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM AG10: 1-1.
CFPM TM10: 1-1.
CFPS AGB0: 1-1.
CFPS TMA0: 1-1.
Municipio: Lleida (Segrià).
Denominación: Episcopal-Mare de Déu de l’Acadèmia.
Código: 25002647.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM EE10: 1-1.
CFPS AGB0: 1-1.
CFPS EEA0: 1-1.
CFPS SCB0: 1-1.
CFPS SCC0: 1-1.
Municipio: Lleida (Segrià).
Denominación: Ilerna.
Código: 25002775.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 1601: 3.
CFPM AG10: 1-1.
CFPM IC10: 1-1.
CFPM IS10: 1-1.
CFPS AGB0: 1-1.
CFPS CMD0: 1-1.
CFPS ICB0: 1-1.
CFPS ICC0: 1-1.
CFPS ISE0: 1-1.
CFPS SAH0: 1-1.
Municipio: Lleida (Segrià).
Denominación: Martínez.
Código: 25002751.
Enseñanzas y unidades concertadas: CFPS SCB0: 1-1.
Municipio: Mollerussa (Pla d’Urgell).
Denominación: La Salle.
Código: 25003184.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM AG10: 1-1.
CFPM EE10: 1-0.
CFPM EE30: 0-1.
CFPM TM10: 1-1.
CFPS AGB0: 1-1.
CFPS CMB0: 0-1.
CFPS EED0: 1-1.
Municipio: Tàrrega (Urgell).
Denominación: Vedruna Tàrrega.
Código: 25004486.
Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM AG10: 1-1.
Servicios Territoriales en El Maresme-Vallès Oriental
Municipio: Calella (Maresme).
Denominación: Freta.
Código: 08035787.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 1601: 1.
CFPM AG10: 1-1.
CFPM IC10: 1-1.
CFPM SA20: 1-1.
CFPS AGB0: 1-1.
CFPS SAH0: 1-1.
CFPS SCB0: 1-1.
Municipio: Granollers (Vallès Oriental).
Denominación: Educem II.
Código: 08068586.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM AG10: 1-1.
CFPM SA20: 1-1.
CFPS AGB0: 1-1.
CFPS ICB0: 1-1.
Municipio: Mataró (Maresme).
Denominación: Escola Pia de Mataró.
Código: 08021107.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 0101: 1. USD: 1. CD: (2).
CFPM AG10: 1-1.
CFPM IC10: 1-1.
CFPS AEA0: 1-0.
CFPS 0151: 0-1.
CFPS AGB0: 1-1.
CFPS CMD0: 1-1.
CFPS ICB0: 1-1.
CFPS ICC0: 1-1.
Municipio: Mataró (Maresme).
Denominación: Freta.
Código: 08034141.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 1601: 1.
CFPM SC10: 1-1.
CFPS AEA0: 1-0.
CFPS 0151: 0-1.
CFPS SAE0: 1-1.
CFPS SAH0: 2-2.
CFPS SCB0: 1-1.
Servicios Territoriales en Tarragona
Municipio: L’Arboç (Baix Penedès).
Denominación: Esc.Fam.Agr.Campjoliu.
Código: 43006290.
Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM IA30: 0-0. USD: 1. CD: (3).
Municipio: Reus (Baix Camp).
Denominación: Maria Rosa Molas.
Código: 43002351.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM AG10: 1-1.
CFPM IC10: 1-1.
Municipio: Tarragona (Tarragonès).
Denominación: Espallargas.
Código: 43003719.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM IP10: 1-1.
CFPM IP20: 1-1.
CFPS IPB0: 1-1.
Municipio: Tarragona (Tarragonès).
Denominación: Joan Roig.
Código: 43003410.
Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM AG10: 1-1.
Municipio: Tarragona (Tarragonès).
Denominación: Joan XXIII.
Código: 43003151.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM AG10: 1-1.
CFPM CM10: 1-1.
CFPM IM10: 1-1.
CFPS AGB0: 1-1.
CFPS CMD0: 1-1.
CFPS EEA0: 1-1.
Municipio: Tarragona (Tarragonès).
Denominación: Mare de Déu del Carme.
Código: 43003495.
Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM AG10: 1-1.
Servicios Territoriales en Les Terres de l’Ebre
Municipio: Tortosa (Baix Ebre).
Denominación: Nuestra Señora de la Consolación.
Código: 43004311.
Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM 1601: 1.
Servicios Territoriales en El Vallès Occidental
Municipio: Rubí (Vallès Occidental).
Denominación: Regina Carmeli.
Código: 08023803.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 0101: 0. USD: 1. CD: (2).
CFPM 1601: 2.
CFPM AG10: 1-1.
Municipio: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominación: Jaume Viladoms.
Código: 08035805.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 1601: 1.
CFPM IC10: 2-2.
CFPM SC10: 1-1.
CFPS AGB0: 1-1.
CFPS ICA0: 1-1.
CFPS SCB0: 1-1.
Municipio: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominación: Taulé Viñas.
Código: 08024467.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 0101: 2.
CFPM CM10: 1-1.
CFPS AEA0: 1-0.
CFPS 0151: 0-1.
CFPS AGB0: 1-1.
CFPS CMD0: 1-1.
Municipio: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).
Denominación: El Pinar de Nuestra Señora.
Código: 08026075.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 1601: 2.
CFPS SAC0: 1-1.
CFPS SCB0: 1-1.
Municipio: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominación: Cingle.
Código: 08032075.
Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM 1601: 2.
Municipio: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominación: Cultura Pràctica.
Código: 08030017.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM HT30: 1-0. USD: 1. CD: (3).
CFPM SC10: 1-1.
Municipio: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominación: Edgar.
Código: 08038120.
Enseñanzas y unidades concertadas: CFPM 1601: 5. USD: 1. CD: (2).
Municipio: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominación: Sant Domènec Savio.
Código: 08029763.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM CM10: 1-1.
CFPM EE10: 1-1.
CFPM FM20: 1-1.
CFPM IC10: 1-1.
CFPS CMA0: 1-1.
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El Gobierno, vía 155, ya renovó los conciertos en escuelas catalanas que segregan por sexos ( y la noticia ( Hoy, en #BOE, lo mismo pero en enseñanzas postobligatorias >
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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El Gobierno, vía 155, ya renovó los conciertos en escuelas catalanas que segregan por sexos. Hoy se publica lo mismo pero en enseñanzas postobligatorias
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2014-09-06
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BOE-B-2014-31022
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Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, por la que se convoca concurso para la contratación del servicio de asistencia técnica a la oficina técnica de seguimiento y control de calidad (OTSCC) del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para una actuación global e integrada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
|
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<documento fecha_actualizacion='20181023201505'>
<metadatos>
<identificador>BOE-B-2014-31022</identificador>
<titulo>Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, por la que se convoca concurso para la contratación del servicio de asistencia técnica a la oficina técnica de seguimiento y control de calidad (OTSCC) del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para una actuación global e integrada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>217</diario_numero>
<seccion>5</seccion>
<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='8040'>Comunidad Autónoma de Cantabria</departamento>
<numero_anuncio>A140044393</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20140906</fecha_publicacion>
<letra_imagen>B</letra_imagen>
<pagina_inicial>41975</pagina_inicial>
<pagina_final>41976</pagina_final>
<suplemento_letra_imagen></suplemento_letra_imagen>
<suplemento_pagina_inicial></suplemento_pagina_inicial>
<suplemento_pagina_final></suplemento_pagina_final>
<url_pdf>/boe/dias/2014/09/06/pdfs/BOE-B-2014-31022.pdf</url_pdf>
</metadatos>
<analisis>
<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
<tramitacion codigo='2'>Urgente</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas>09/10/14</fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas>Apertura de proposiciones figurará en el perfil del contratante http://cantabria.es y página web del Hospital: http://suministros.humv.es</fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>813.120,00</importe>
<ambito_geografico>Cantabria</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Gerencia de atención especializada, Área 1. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Servicio de Compras y Suministros.</dd>
<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Pabellón 21.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Avenida de Valdecilla, s/n.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Santander, 39008.</dd>
<dt>4) Teléfono: </dt>
<dd>942 203591.</dd>
<dt>5) Telefax: </dt>
<dd>942 203426.</dd>
<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>http://cantabria.es y en la página web del Hospital http://suministros.humv.es.</dd>
<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
<dd>09/10/14.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>d) Número de expediente: </dt>
<dd>HV/2014/0/0033.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Servicios.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Contratación del servicio de asistencia técnica a la oficina técnica de seguimiento y control de calidad (OTSCC) del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para una actuación global e integrada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.</dd>
<dt>d) Lugar de ejecución/entrega: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Domicilio: </dt>
<dd>Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.</dd>
<dt>2) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Santander, 39008.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
<dd>24 meses.</dd>
<dt>f) Admisión de prórroga: </dt>
<dd>No.</dd>
<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>79411000-8, 79421100-2, 71210000-3, 71356200-0.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Urgente.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>672.000,00 euros.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) </dt>
<dd> Importe neto: 672.000,00 euros. Importe total: 813.120,00 euros. </dd>
</dl>
</dd>
<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
<dd> Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación.</dd>
<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
<dd>Ver Pliego de Condiciones.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
<dd>09/10/14.</dd>
<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Registro General del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Planta baja del Pabellón 21.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Avenida de Valdecilla, s/n.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Santander, 39008.</dd>
<dt>4) Dirección electrónica: </dt>
<dd>[email protected].</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
</dd>
<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Descripción: </dt>
<dd>Servicio Cántabro de Salud.</dd>
<dt>b) Dirección: </dt>
<dd>Cardenal Herrera Oria, s/n. Planta baja.</dd>
<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Santander, 39011.</dd>
<dt>d) Fecha y hora: </dt>
<dd>Apertura de proposiciones figurará en el perfil del contratante http://cantabria.es y página web del Hospital: http://suministros.humv.es.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
<dd>Serán por cuenta del adjudicatario.</dd>
<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
<dd>27/08/14.</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Santander, 1 de septiembre de 2014.- Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resol. 20/12/10. BOC extra n.º 36, del 31-12-10). Director Gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, D. César Pascual Fernández.</p>
</texto>
</documento>
|
Sat Sep 06 07:50:40 +0000 2014
|
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Gerencia de atención especializada, Área 1. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Compras y Suministros.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Pabellón 21.
2) Domicilio:
Avenida de Valdecilla, s/n.
3) Localidad y código postal:
Santander, 39008.
4) Teléfono:
942 203591.
5) Telefax:
942 203426.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://cantabria.es y en la página web del Hospital http://suministros.humv.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
09/10/14.
d) Número de expediente:
HV/2014/0/0033.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Contratación del servicio de asistencia técnica a la oficina técnica de seguimiento y control de calidad (OTSCC) del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para una actuación global e integrada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
2) Localidad y código postal:
Santander, 39008.
e) Plazo de ejecución/entrega:
24 meses.
f) Admisión de prórroga:
No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
79411000-8, 79421100-2, 71210000-3, 71356200-0.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Urgente.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
672.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 672.000,00 euros. Importe total: 813.120,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Ver Pliego de Condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
09/10/14.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro General del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Planta baja del Pabellón 21.
2) Domicilio:
Avenida de Valdecilla, s/n.
3) Localidad y código postal:
Santander, 39008.
4) Dirección electrónica:
[email protected].
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Servicio Cántabro de Salud.
b) Dirección:
Cardenal Herrera Oria, s/n. Planta baja.
c) Localidad y código postal:
Santander, 39011.
d) Fecha y hora:
Apertura de proposiciones figurará en el perfil del contratante http://cantabria.es y página web del Hospital: http://suministros.humv.es.
10. Gastos de publicidad:
Serán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
27/08/14.
Santander, 1 de septiembre de 2014.- Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resol. 20/12/10. BOC extra n.º 36, del 31-12-10). Director Gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, D. César Pascual Fernández.
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Se contrata a una empresa para supervisar el trabajo de otra empresa en un hospital público. Gestionando #BOE
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Comunidad Autónoma de Cantabria
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Contratación del servicio de asistencia técnica a la oficina técnica de seguimiento y control de calidad (OTSCC) del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado por importe total de 813.120,00 euros.
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[] | 726
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2015-05-19
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BOE-B-2015-15764
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Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la que se convoca licitación para la contratación de las obras para la ejecución de aseos en el Centro de Internamiento de Extranjeros del Complejo Policial de Zona Franca en la Jefatura Superior de Policía de Cataluña.
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<documento fecha_actualizacion='20200821132601'>
<metadatos>
<identificador>BOE-B-2015-15764</identificador>
<titulo>Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la que se convoca licitación para la contratación de las obras para la ejecución de aseos en el Centro de Internamiento de Extranjeros del Complejo Policial de Zona Franca en la Jefatura Superior de Policía de Cataluña.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>119</diario_numero>
<seccion>5</seccion>
<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='7320'>Ministerio del Interior</departamento>
<numero_anuncio>A150022889</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20150519</fecha_publicacion>
<letra_imagen>B</letra_imagen>
<pagina_inicial>21886</pagina_inicial>
<pagina_final>21887</pagina_final>
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<url_pdf>/boe/dias/2015/05/19/pdfs/BOE-B-2015-15764.pdf</url_pdf>
</metadatos>
<analisis>
<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
<tipo codigo='3'>Obras</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas>22 de Junio de 2015</fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas>2 de Julio de 2015, a las 10:15 horas</fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>546.667,79</importe>
<ambito_geografico>Cataluña</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>45000000 Trabajos de construcción</materias_cpv>
<observaciones>Construcción</observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Ministerio del Interior-Secretaría de Estado de Seguridad.</dd>
<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Ministerio del Interior.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Amador de los Ríos, 7.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>28010 Madrid.</dd>
<dt>4) Teléfono: </dt>
<dd>915371388.</dd>
<dt>5) Telefax: </dt>
<dd>915371653.</dd>
<dt>6) Correo electrónico: </dt>
<dd>[email protected].</dd>
<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>www.contrataciondel estado.es.</dd>
<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
<dd>16 de junio de 2015.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>d) Número de expediente: </dt>
<dd>M-15-035.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Obras.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Obras para la ejecución de aseos.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
<dd>Único criterio mejor precio ofertado.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>451.791,56 euros.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) </dt>
<dd>Importe total: 546.667,79 euros. </dd>
</dl>
</dd>
<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
<dd> Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.</dd>
<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
<dd>Grupo C sbugrupo 4 categoría D.</dd>
<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
<dd>Ver apartado 7 del Cuadro de características.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
<dd>22 de Junio de 2015, en horario del Registro general.</dd>
<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Registro general del Ministerio del Interior.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Amador de los Ríos, 7, planta baja.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid 28010.</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
</dd>
<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Descripción: </dt>
<dd>Apertura pública sobre n.º 2.</dd>
<dt>b) Dirección: </dt>
<dd>Amador de los Ríos, 7, entreplanta.</dd>
<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid.</dd>
<dt>d) Fecha y hora: </dt>
<dd>2 de Julio de 2015, a las 10:15 horas.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
<dd>Ver apartado 16 del Cuadro de característicias.</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 11 de mayo de 2015.- Secretario de Estado de Seguridad, P.D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril, Modificada por Orden INT/1797/2010), Subdirector General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, don Felipe del Pozo Blanco.</p>
</texto>
</documento>
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Tue May 19 07:57:43 +0000 2015
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1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Ministerio del Interior-Secretaría de Estado de Seguridad.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Ministerio del Interior.
2) Domicilio:
Amador de los Ríos, 7.
3) Localidad y código postal:
28010 Madrid.
4) Teléfono:
915371388.
5) Telefax:
915371653.
6) Correo electrónico:
[email protected].
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.contrataciondel estado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
16 de junio de 2015.
d) Número de expediente:
M-15-035.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Obras.
b) Descripción:
Obras para la ejecución de aseos.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Único criterio mejor precio ofertado.
4. Valor estimado del contrato:
451.791,56 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe total: 546.667,79 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C sbugrupo 4 categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Ver apartado 7 del Cuadro de características.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
22 de Junio de 2015, en horario del Registro general.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro general del Ministerio del Interior.
2) Domicilio:
Amador de los Ríos, 7, planta baja.
3) Localidad y código postal:
Madrid 28010.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Apertura pública sobre n.º 2.
b) Dirección:
Amador de los Ríos, 7, entreplanta.
c) Localidad y código postal:
Madrid.
d) Fecha y hora:
2 de Julio de 2015, a las 10:15 horas.
10. Gastos de publicidad:
Ver apartado 16 del Cuadro de característicias.
Madrid, 11 de mayo de 2015.- Secretario de Estado de Seguridad, P.D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril, Modificada por Orden INT/1797/2010), Subdirector General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, don Felipe del Pozo Blanco.
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Hoy que hablamos de CIEs, Interior licita las obras para hacer aseos en el de la Zona Franca de Barcelona #BOE
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Ministerio del Interior
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Interior licita las obras para la ejecución de aseos en Barcelona por importe total de 546.667,79 euros.
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[] | 727
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2013-03-19
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BOE-A-2013-3050
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Resolución GRI/2935/2012, de 27 de diciembre, por la que se da conformidad al cambio de nombre del municipio de Roda de Barà, que pasa a denominarse Roda de Berà.
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<documento fecha_actualizacion='20220119112602'>
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<identificador>BOE-A-2013-3050</identificador>
<titulo>Resolución GRI/2935/2012, de 27 de diciembre, por la que se da conformidad al cambio de nombre del municipio de Roda de Barà, que pasa a denominarse Roda de Berà.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<rango codigo='1370'>Resolución</rango>
<numero_oficial>GRI/2935/2012</numero_oficial>
<fecha_disposicion>20121227</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20130319</fecha_publicacion>
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</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>El día 21 de mayo de 2012, el Ayuntamiento de Roda de Barà inició un expediente de cambio de nombre del municipio de Roda de Barà por el de Roda de Berà. Este cambio de denominación tiene por objeto adecuar la denominación del municipio a la normativa lingüística y a la tradición toponomástica catalana.</p>
<p class='parrafo'>La propuesta de cambio de nombre del municipio se ha sometido a información pública mediante la publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» y el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona», y la exposición en el tablero de anuncios de la corporación durante un periodo de 30 días, sin que se haya presentada ninguna alegación.</p>
<p class='parrafo'>En sesión de 27 de septiembre de 2012, el Pleno del Ayuntamiento de Roda de Barà aprobó, con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, el cambio de denominación del municipio, que pasa a denominarse Roda de Berà.</p>
<p class='parrafo'>En fecha 3 de octubre de 2012, tuvo entrada en el Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales el certificado del acuerdo de aprobación del cambio de denominación del municipio, junto con una copia diligenciada del expediente administrativo donde figura, entre otros documentos, el informe emitido por el Instituto de Estudios Catalanes el 7 de junio de 2012, relativo a la corrección de la forma normativa del nombre Roda de Berà.</p>
<p class='parrafo'>Visto lo que disponen los artículos 30 a 32 del Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, y los artículos 2 a 4 del Decreto 139/2007, de 26 de junio, por el que se regulan la denominación, los símbolos y el Registro de entes locales de Cataluña, y de acuerdo con el informe del Instituto de Estudios Catalanes, resuelvo:</p>
<p class='parrafo_2'>1. Dar conformidad al cambio de nombre del municipio de Roda de Barà, que pasa a denominarse Roda de Berà.</p>
<p class='parrafo'>2. Incorporar esta modificación en el Registro de entes locales de Cataluña del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales.</p>
<p class='parrafo'>3. Comunicar a la Administración del Estado este cambio de nombre a los efectos de lo previsto en el artículo 32.2 del Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña.</p>
<p class='parrafo'>4. Publicar esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.</p>
<p class='parrafo_2'>Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, los entes locales y las personas interesadas pueden interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.</p>
<p class='parrafo'>Con carácter previo, los entes locales pueden formular requerimiento ante la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de la publicación, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.</p>
<p class='parrafo'>Las personas interesadas pueden interponer recurso potestativo de reposición ante la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya», de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.</p>
<p class='parrafo_2'>Barcelona, 27 de diciembre de 2012.–La Vicepresidenta del Gobierno y Consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales, Joana Ortega i Alemany.</p>
</texto>
</documento>
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Tue Mar 19 08:56:52 +0000 2013
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El día 21 de mayo de 2012, el Ayuntamiento de Roda de Barà inició un expediente de cambio de nombre del municipio de Roda de Barà por el de Roda de Berà. Este cambio de denominación tiene por objeto adecuar la denominación del municipio a la normativa lingüística y a la tradición toponomástica catalana.
La propuesta de cambio de nombre del municipio se ha sometido a información pública mediante la publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» y el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona», y la exposición en el tablero de anuncios de la corporación durante un periodo de 30 días, sin que se haya presentada ninguna alegación.
En sesión de 27 de septiembre de 2012, el Pleno del Ayuntamiento de Roda de Barà aprobó, con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, el cambio de denominación del municipio, que pasa a denominarse Roda de Berà.
En fecha 3 de octubre de 2012, tuvo entrada en el Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales el certificado del acuerdo de aprobación del cambio de denominación del municipio, junto con una copia diligenciada del expediente administrativo donde figura, entre otros documentos, el informe emitido por el Instituto de Estudios Catalanes el 7 de junio de 2012, relativo a la corrección de la forma normativa del nombre Roda de Berà.
Visto lo que disponen los artículos 30 a 32 del Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, y los artículos 2 a 4 del Decreto 139/2007, de 26 de junio, por el que se regulan la denominación, los símbolos y el Registro de entes locales de Cataluña, y de acuerdo con el informe del Instituto de Estudios Catalanes, resuelvo:
1. Dar conformidad al cambio de nombre del municipio de Roda de Barà, que pasa a denominarse Roda de Berà.
2. Incorporar esta modificación en el Registro de entes locales de Cataluña del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales.
3. Comunicar a la Administración del Estado este cambio de nombre a los efectos de lo previsto en el artículo 32.2 del Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña.
4. Publicar esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, los entes locales y las personas interesadas pueden interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Con carácter previo, los entes locales pueden formular requerimiento ante la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de la publicación, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Las personas interesadas pueden interponer recurso potestativo de reposición ante la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya», de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Barcelona, 27 de diciembre de 2012.–La Vicepresidenta del Gobierno y Consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales, Joana Ortega i Alemany.
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Registrado ya en el #BOE: Roda de Barà es Roda de Berà
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ERRORES_MODIFICACIONES_BOE
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Comunidad Autónoma de Cataluña
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Roda de Barà es Roda de Berà
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[] | 728
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2015-09-19
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BOE-A-2015-10090
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Resolución de 31 de julio de 2015, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-Alta Velocidad, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
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<titulo>Resolución de 31 de julio de 2015, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-Alta Velocidad, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>225</diario_numero>
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<departamento codigo='3210'>Ministerio de Fomento</departamento>
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<fecha_disposicion>20150731</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20150919</fecha_publicacion>
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<alertas></alertas>
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<anteriores></anteriores>
<posteriores></posteriores>
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</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 136.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y de conformidad con lo establecido en la Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» por las entidades del sector público estatal empresarial y fundacional que no tengan obligación de publicar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, se hacen públicas las cuentas anuales individuales e informe de auditoría de cuentas de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, correspondientes al ejercicio 2014.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid 31 de julio de 2015.–El Presidente de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-Alta Velocidad, Gonzalo Ferre Moltó.</p>
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Sat Sep 19 07:04:11 +0000 2015
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 136.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y de conformidad con lo establecido en la Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» por las entidades del sector público estatal empresarial y fundacional que no tengan obligación de publicar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, se hacen públicas las cuentas anuales individuales e informe de auditoría de cuentas de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, correspondientes al ejercicio 2014.
Madrid 31 de julio de 2015.–El Presidente de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-Alta Velocidad, Gonzalo Ferre Moltó.
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Tribunal de Cuentas investiga transferencias realizadas desde una cuenta de la Consejería de Fomento de Guadalajara
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[] |
TRIBUNAL_DE_CUENTAS
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Ministerio de Fomento
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Tribunal de Cuentas investiga transferencias realizadas desde una cuenta de la Consejería de Fomento de Guadalajara
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[] | 730
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2014-12-29
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DEROGA
Disposición adicional 14ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto
DEROGA
Art. 44 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto
MODIFICA
Art. 35.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo
MODIFICA
Arts. 1 a 9, 14, 16 y las disposiciones adicionales 6 y 7 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto
MODIFICA
Art. 9.3.e) de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo
MODIFICA
Art. 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre
MODIFICA
La Subsección 2ª de la Sección 4ª del Capítulo VII del Título I y la Disposición adicional 11ª de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
CITA
Ley 19/2013, de 9 de diciembre
|
BOE-A-2014-13568
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Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
|
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<documento fecha_actualizacion='20190617182602'>
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<identificador>BOE-A-2014-13568</identificador>
<titulo>Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>314</diario_numero>
<seccion>1</seccion>
<subseccion></subseccion>
<departamento codigo='7723'>Jefatura del Estado</departamento>
<rango codigo='1300'>Ley</rango>
<numero_oficial>35/2014</numero_oficial>
<fecha_disposicion>20141226</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20141229</fecha_publicacion>
<fecha_vigencia>20150101</fecha_vigencia>
<fecha_derogacion></fecha_derogacion>
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<analisis>
<notas></notas>
<materias>
<materia codigo='1754' orden=''>Cotización a la Seguridad Social</materia>
<materia codigo='3166' orden=''>Empresas</materia>
<materia codigo='4113' orden=''>Impuesto sobre Sociedades</materia>
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<alerta codigo='112' orden=''>Derecho Mercantil</alerta>
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<alerta codigo='128' orden=''>Sistema tributario</alerta>
<alerta codigo='131' orden=''>Trabajo y empleo</alerta>
</alertas>
<referencias>
<anteriores>
<anterior orden='1010' referencia='BOE-A-2011-13242'>
<palabra codigo='210'>DEROGA</palabra>
<texto>Disposición adicional 14ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto</texto>
</anterior>
<anterior orden='1010' referencia='BOE-A-2000-15060'>
<palabra codigo='210'>DEROGA</palabra>
<texto>Art. 44 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto</texto>
</anterior>
<anterior orden='2015' referencia='BOE-A-2011-4117'>
<palabra codigo='270'>MODIFICA</palabra>
<texto>Art. 35.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo</texto>
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<palabra codigo='270'>MODIFICA</palabra>
<texto>Arts. 1 a 9, 14, 16 y las disposiciones adicionales 6 y 7 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto</texto>
</anterior>
<anterior orden='2015' referencia='BOE-A-2004-4456'>
<palabra codigo='270'>MODIFICA</palabra>
<texto>Art. 9.3.e) de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo</texto>
</anterior>
<anterior orden='2015' referencia='BOE-A-1995-24292'>
<palabra codigo='270'>MODIFICA</palabra>
<texto>Art. 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre</texto>
</anterior>
<anterior orden='2015' referencia='BOE-A-1994-14960'>
<palabra codigo='270'>MODIFICA</palabra>
<texto>La Subsección 2ª de la Sección 4ª del Capítulo VII del Título I y la Disposición adicional 11ª de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio</texto>
</anterior>
<anterior orden='5020' referencia='BOE-A-2013-12887'>
<palabra codigo='330'>CITA</palabra>
<texto>Ley 19/2013, de 9 de diciembre</texto>
</anterior>
</anteriores>
<posteriores>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2015-2712'>
<palabra codigo='202'>CORRECCION de erratas</palabra>
<texto>en BOE num. 63, de 14 de marzo de 2015</texto>
</posterior>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2017-3125'>
<palabra codigo='440'>SE DICTA DE CONFORMIDAD</palabra>
<texto>sobre cumplimiento del requerimiento de la disposición adicional 4.b): Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo</texto>
</posterior>
</posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='centro_redonda'>FELIPE VI</p>
<p class='centro_redonda'>REY DE ESPAÑA</p>
<p class='parrafo_2'>A todos los que la presente vieren y entendieren.</p>
<p class='parrafo'>Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:</p>
<p class='centro_redonda'>PREÁMBULO</p>
<p class='centro_redonda'>I</p>
<p class='parrafo_2'>La presente ley da cumplimiento al Programa Nacional de Reformas del Reino de España de 2013, que prevé una nueva regulación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con el objetivo de modernizar el funcionamiento y gestión de estas entidades privadas, reforzando los niveles de transparencia y eficiencia, y contribuyendo en mayor medida a la lucha contra el absentismo laboral injustificado y a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>El sistema de la Seguridad Social dispensa la protección pública contemplada en el artículo 41 de la Constitución Española a través de entidades con naturaleza de Entidades de Derecho Público dotadas de capacidad jurídica, pero también a través de entidades privadas a las que el Estado autoriza para colaborar en el ejercicio de determinadas funciones del sector administrativo.</p>
<p class='parrafo'>El ejercicio de estas funciones de naturaleza administrativa se realiza por determinadas entidades privadas por el interés cualificado que ostentan en la materia, reservándose el Estado las funciones de dirección y tutela de esas funciones públicas.</p>
<p class='parrafo'>Las entidades privadas autorizadas son las empresas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social y las hasta ahora denominadas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, que pasan a denominarse por la presente ley como Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales se regulan en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en el Capítulo VII del Título I, titulado «Gestión de la Seguridad Social», y dentro del mismo, en la Sección Cuarta. La figura jurídica a la que responde la participación privada en la gestión de funciones públicas es la denominada colaboración en la gestión de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social se definen como asociaciones de empresarios, de naturaleza privada, sin ánimo de lucro, cuyo objeto exclusivo es la colaboración en la gestión de la Seguridad Social y cuyo ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional.</p>
<p class='parrafo'>La colaboración en la gestión se desarrolla en relación con varias prestaciones. Así se pueden citar en la actualidad las siguientes: gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria derivada de las contingencias profesionales; realización de actividades de prevención de riesgos laborales de la Seguridad Social; gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes; gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural; gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave; y gestión de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos.</p>
<p class='parrafo'>Para el desarrollo de la referida colaboración gestionan cuotas del sistema que periódicamente les son transferidas por la Tesorería General de la Seguridad Social. Para el mismo objeto tienen adscritos bienes inmuebles de la Seguridad Social, que están inscritos a nombre de dicho Servicio Común de la Administración de la Seguridad Social, como titular del patrimonio único de la misma.</p>
<p class='parrafo'>Igualmente, cuentan con un patrimonio histórico, afecto a dicho objeto, en el que se integran los recursos y bienes obtenidos en su anterior naturaleza de entidad aseguradora, y que tradicionalmente se ha venido utilizando para afrontar los supuestos de responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados.</p>
<p class='parrafo'>La repercusión de la gestión en las diferentes prestaciones por parte de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social ha sido positiva para el sistema, incluso en períodos de crisis, donde éstas han sido capaces de generar excedentes y aportar importantes recursos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>Sin embargo, la normativa vigente requiere una adaptación a la realidad actual en aras a la consecución de los principios de seguridad jurídica, coordinación, eficacia, eficiencia, transparencia y competencia. Principios todos ellos que están siendo materializados de manera generalizada en la reforma de las Administraciones Públicas.</p>
<p class='parrafo'>La presente ley regula la naturaleza y funcionamiento de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, así como el contenido y forma de ejercicio de las funciones públicas delegadas en las mismas con el objetivo del refuerzo de los citados principios.</p>
<p class='parrafo'>Se pretende profundizar en la colaboración en aquellos aspectos relativos a la gestión de la Seguridad Social, dotándolas de instrumentos que permitan mejorar la gestión de las distintas prestaciones de manera que revierta en beneficio de los trabajadores protegidos.</p>
<p class='parrafo'>Se persigue, a su vez, que esa mejor atención permita reducir el absentismo laboral injustificado y, por tanto, mejorar la competitividad de las empresas y, consecuentemente, la de la economía en su conjunto.</p>
<p class='centro_redonda'>II</p>
<p class='parrafo_2'>La presente ley, con absoluto respeto a su carácter de entidades privadas, tiene por finalidad regular en su integridad el régimen jurídico de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y de las funciones que desarrollan como entidades asociativas privadas colaboradoras en la gestión de la protección pública.</p>
<p class='parrafo'>De esta manera, se pretende, por un lado, cubrir las lagunas legales existentes y, por otro, integrar la dispersión de la pluralidad de normas de distinto rango que conforman su régimen jurídico actual.</p>
<p class='parrafo'>La ley moderniza el régimen jurídico de aplicación, de dos formas: por un lado, se articulan distintos mecanismos para que la gestión se desarrolle con la debida eficacia y eficiencia, en beneficio de los ciudadanos, y, por otro lado, se confiere mayor relevancia y distintas facultades a los destinatarios de la colaboración, los trabajadores por cuenta ajena protegidos, las empresas asociadas y los trabajadores por cuenta propia o autónomos.</p>
<p class='parrafo'>Por último, la ley da cumplimiento al mandato establecido en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que dispuso se reformara el marco normativo de las Mutuas.</p>
<p class='centro_redonda'>III</p>
<p class='parrafo_2'>La estructura de la ley responde a la necesidad de modificar el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en la materia, porque el régimen jurídico de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social debe ubicarse junto con las instituciones que integran el Sistema. A tal efecto se modifica la Subsección 2.ª de la Sección Cuarta del Capítulo VII del Título I, lugar donde se alberga el régimen jurídico de aquellas.</p>
<p class='parrafo'>El apartado Uno del artículo único de la Ley comprende 11 artículos que sustituyen en su integridad al articulado de la mencionada Subsección 2.ª, siendo de destacar los aspectos que seguidamente se señalan.</p>
<p class='parrafo'>En primer lugar, se define la naturaleza jurídica de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, así como las funciones que las mismas desarrollan en colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a quien corresponde su titularidad. Asimismo, se detallan las diferentes contingencias o prestaciones que gestionan, en concordancia con el artículo 72 de la Ley General de la Seguridad Social, que las distribuye en función de la clase de vínculo con la Mutua, convenio de asociación o documento de adhesión.</p>
<p class='parrafo'>También se aclara que todas las prestaciones y servicios que las Mutuas dispensan son prestaciones y servicios de la Seguridad Social y, por tanto, sujetos al régimen jurídico de aplicación común. Asimismo, se establece que la prestación de asistencia sanitaria deriva de la cobertura de las contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). Se trata, por tanto, de una prestación contributiva, prevista con tal carácter en el texto refundido de Ley General de la Seguridad Social. También se aclara que las Mutuas pueden realizar las actividades preventivas de Seguridad Social a favor de los empresarios asociados y de los trabajadores autónomos adheridos que protejan las contingencias profesionales, entre las que se incluyen las actividades de asesoramiento a las empresas asociadas al objeto de que adapten sus puestos de trabajo y estructuras para la recolocación de los trabajadores que hayan sufrido una incapacidad sobrevenida.</p>
<p class='parrafo'>La presente ley atribuye a la jurisdicción del orden social el conocimiento de las reclamaciones que tengan por objeto prestaciones de la Seguridad Social, incluidas las asistenciales, o se fundamenten en la gestión de las mismas, como son las de carácter indemnizatorio, con la finalidad de residenciar en el orden jurisdiccional especializado la materia e identificar a los titulares y legitimados, superando así las incertidumbres existentes.</p>
<p class='parrafo'>El artículo 71 mejora la regulación de la estructura interna de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social estableciendo los órganos de gobierno, su composición y funciones. Es de destacar que por vez primera se regula la figura del Presidente y la posición que ocupa dentro de la Mutua. Asimismo, se aplica a este ámbito el principio de transparencia que viene propugnando el Gobierno mediante distintas medidas legislativas, como por ejemplo la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En este sentido, se atribuyen a los empresarios asociados las facultades de impugnación de acuerdos lesivos o contrarios a derecho, así como la exigencia de responsabilidad directa a los miembros de los distintos órganos directivos. En esta línea, se regulan los supuestos que originan la responsabilidad personal y directa, atribuyéndose ésta al autor de los actos que incurra en dolo o culpa grave, posponiendo al rango de subsidiaria la responsabilidad mancomunada, lo que mejorará los niveles de corrección en la gestión.</p>
<p class='parrafo'>Como elemento novedoso se articula la participación de los agentes sociales a través de las Comisiones de Control y Seguimiento, a las que se incorpora una representación de las asociaciones profesionales de los trabajadores autónomos, dada la importancia cada vez mayor de este colectivo en la gestión de las Mutuas.</p>
<p class='parrafo'>Los aspectos económicos se regulan en la presente ley con el propósito de superar ciertas incoherencias existentes y otorgar seguridad jurídica. Se establecen las distintas clases de recursos que se transfieren a las Mutuas por la Tesorería General de la Seguridad Social para su mantenimiento y el ejercicio de sus funciones. Estos recursos consisten en cuotas de la Seguridad Social, así como los rendimientos y plusvalías que aquellas generan, resultantes de su inversión en los activos autorizados.</p>
<p class='parrafo'>Al objeto de potenciar el aprovechamiento de los centros asistenciales adscritos a las Mutuas, se facilita su utilización por los Servicios Públicos de Salud, por las Entidades Gestoras y por otras Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. A tal efecto se establece que dichos ingresos generarán crédito en el presupuesto de gastos de la Mutua que preste el servicio, en los conceptos correspondientes a los gastos de la misma naturaleza.</p>
<p class='parrafo'>La ley regula el resultado económico y las reservas a constituir con cargo a éste, definiéndolas con detalle. Se establece la obligación de limitar, con un nivel máximo de cobertura, tanto la dotación de la Reserva de Estabilización de las Contingencias Profesionales como la correspondiente a la Reserva de Estabilización por Cese de Actividad de los trabajadores autónomos y se mantiene la limitación existente en la Reserva de Estabilización ahora denominada de Contingencias Comunes.</p>
<p class='parrafo'>Se define el destino del excedente resultante para cada una de las contingencias una vez descontadas las reservas correspondientes. Así el 80 por ciento del excedente proveniente de contingencias profesionales se destinará al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, anteriormente denominado Fondo de Prevención y Rehabilitación, situado en la Tesorería General de la Seguridad Social, y cuyos fondos se aplicarán, entre otras funciones, a actividades en investigación, desarrollo e innovación que mejoren las técnicas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores para la recuperación de los trabajadores y a incentivar acciones en prevención. Del 20 por ciento restante, la mitad debe dirigirse a la Reserva complementaria y el otro 10 por ciento a la Reserva de asistencia social. En cuanto al excedente por la gestión de las contingencias comunes, éste debe incorporarse íntegramente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>Finalmente, se regulan los supuestos de medidas cautelares, su contenido y efectos, las causas que originan la responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados y su forma de exigirse, así como las causas de disolución y liquidación de las Mutuas y los procedimientos correspondientes.</p>
<p class='centro_redonda'>IV</p>
<p class='parrafo_2'>El apartado Dos del artículo único modifica la disposición adicional undécima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que regula las particularidades de la gestión por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.</p>
<p class='parrafo'>La nueva regulación articula distintos mecanismos existentes para elevar los niveles de coordinación y eficacia con los Servicios Públicos de Salud, a quienes corresponde dispensar la asistencia sanitaria en estos casos. A tal efecto se facilita a las Mutuas la facultad de realizar las actividades de control y seguimiento desde la baja médica. Por otro lado, se mejora la coordinación antes mencionada, mediante la figura de la propuesta de alta médica, debidamente fundamentada, estableciéndose un procedimiento de plazos breves para obtener una respuesta más ágil. Esta coordinación se concretará asimismo en la articulación de procedimientos de incorporación de la información clínica generada por las Mutuas a la historia clínica electrónica de los pacientes atendidos, a los efectos de evitar duplicidades y generar sinergias con los Servicios Públicos de Salud.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, la modificación de la disposición undécima preserva la colaboración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social con los organismos competentes de las Comunidades Autónomas mediante la suscripción de convenios que han demostrado ser instrumentos de gran eficacia en la mejora de la gestión y del control de la incapacidad temporal.</p>
<p class='centro_redonda'>V</p>
<p class='parrafo_2'>La ley termina con seis disposiciones adicionales, seis transitorias, una derogatoria y seis finales. Entre las mismas destacan la disposición final primera, que modifica el artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y la disposición final segunda, que modifica la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.</p>
<p class='parrafo'>La disposición final primera modifica el artículo 32 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al objeto de impedir que las Mutuas puedan desarrollar, directa o indirectamente, funciones de los Servicios de Prevención Ajenos. La problemática que se ha suscitado en este ámbito, que afecta al ejercicio de la colaboración y al propio mercado de los servicios de prevención ajenos, aconseja que las Mutuas se desvinculen totalmente de esta actividad y a tal efecto, la disposición transitoria tercera regula el plazo para realizar la desinversión en las mencionadas sociedades, que vencerá el 31 de marzo de 2015, y la forma de acreditar su cumplimiento.</p>
<p class='parrafo'>La disposición final segunda modifica el régimen jurídico del sistema de protección de los trabajadores autónomos frente al cese de actividad, regulado en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, al objeto de suavizar los requisitos y formalidades que en la actualidad se exigen y que impiden en la práctica el legítimo disfrute del derecho, así como para ampliar su ámbito a beneficiarios excluidos del mismo y que sin embargo se encuentran en la situación de necesidad. Simultáneamente se elimina la obligación de proteger las contingencias profesionales para acceder a la protección, porque supone una carga económica para el autónomo que no guarda relación financiera ni material con el sistema de protección por cese de actividad; serán las normas del Régimen Especial correspondiente las que regulen el carácter voluntario u obligatorio de la protección frente a las contingencias profesionales según aconsejen las características y riesgos de la actividad.</p>
<p class='parrafo'>Se mantiene el carácter voluntario de acceso al sistema de protección. No obstante, la disposición adicional segunda establece que en el plazo de cinco años el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un estudio sobre la evolución de los principales parámetros que configuran el sistema de protección para, en función de sus resultados, valorar la conveniencia de convertirlo en obligatorio o mantener su carácter voluntario, así como para valorar su régimen financiero. Se trata de una medida prudente como exige la toma de decisiones de la indicada naturaleza, que deben basarse en estrictos motivos financieros y debidamente justificados. En la misma línea se modifica el sistema de financiación y en orden a dotarlo de seguridad jurídica, objetividad y transparencia, se establece una fórmula matemática que se aplicará para adaptar el tipo de cotización según sus necesidades financieras, situándolo entre un mínimo del 2,2 por ciento y un máximo del 4 por ciento, que no se podrá rebasar.</p>
<p class='parrafo'>En cuanto a las modificaciones de carácter sustantivo, se reduce el excesivo nivel de pérdidas que en la actualidad se exige al autónomo para incurrir en la situación de necesidad, entre el 20 y el 30 por ciento de los ingresos, para situar el requisito en el 10 por ciento. La situación de pérdidas a la que se refiere la letra a) 1.º) del apartado 1 del artículo 5 de la ley mencionada, se acreditará mediante la entrega de la documentación contable, de la forma que se determine reglamentariamente en atención a las distintas obligaciones de mantenimiento de registros contables o fiscales de los autónomos, así como de las declaraciones del IVA, IRPF y demás documentos preceptivos.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo se amplía la cobertura a los autónomos que por las características de su actividad se asimilan a los trabajadores económicamente dependientes, pero que carecen de la calificación legal por ausencia de las formalidades establecidas al efecto. Y en general, se mejoran la claridad y sistemática de la regulación, para elevar sus niveles de seguridad jurídica y dar coherencia a la materia.</p>
<p class='articulo'>Artículo único. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.</p>
<p class='parrafo'>El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se modifica en los siguientes términos:</p>
<p class='parrafo_2'>Uno. La Subsección 2.ª de la Sección Cuarta del Capítulo VII del Título I queda redactada del siguiente modo:</p>
<p class='subseccion'>«Subsección 2.ª Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social</p>
<p class='sangrado_articulo'>Artículo 68. Definición y objeto.</p>
<p class='sangrado'>1. Son Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social las asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el Registro especial dependiente de éste, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en esta ley.</p>
<p class='sangrado'>Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, una vez constituidas, adquieren personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. El ámbito de actuación de las mismas se extiende a todo el territorio del Estado.</p>
<p class='sangrado'>2. Es objeto de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social el desarrollo, mediante la colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de las siguientes actividades de la Seguridad Social:</p>
<p class='sangrado_2'>a) La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.</p>
<p class='sangrado'>b) La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.</p>
<p class='sangrado'>c) La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.</p>
<p class='sangrado'>d) La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.</p>
<p class='sangrado'>e) La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.</p>
<p class='sangrado'>f) Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.</p>
<p class='sangrado_2'>3. Las prestaciones y los servicios atribuidos a la gestión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social forman parte de la acción protectora del Sistema y se dispensarán a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de los trabajadores por cuenta propia adheridos conforme a las normas del régimen de la Seguridad Social en el que estén encuadrados y con el mismo alcance que dispensan las Entidades Gestoras en los supuestos atribuidos a las mismas, con las siguientes particularidades:</p>
<p class='sangrado_2'>a) Respecto de las contingencias profesionales, corresponderá a las Mutuas la determinación inicial del carácter profesional de la contingencia, sin perjuicio de su posible revisión o calificación por la Entidad Gestora competente de acuerdo con las normas de aplicación.</p>
<p class='sangrado'>Los actos que dicten las Mutuas, por los que reconozcan, suspendan, anulen o extingan derechos en los supuestos atribuidos a las mismas, serán motivados y se formalizarán por escrito, estando supeditada su eficacia a la notificación al interesado. Asimismo se notificarán al empresario cuando el beneficiario mantenga relación laboral y produzcan efectos en la misma.</p>
<p class='sangrado'>Las prestaciones sanitarias comprendidas en la protección de las contingencias profesionales serán dispensadas a través de los medios e instalaciones gestionados por las Mutuas, mediante convenios con otras Mutuas o con las Administraciones Públicas Sanitarias, así como mediante conciertos con medios privados, en los términos establecidos en el artículo 199 y en las normas reguladoras del funcionamiento de las Entidades.</p>
<p class='sangrado'>b) La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes se desarrollará en los términos y condiciones establecidos en la disposición adicional undécima.</p>
<p class='sangrado'>c) Las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social son prestaciones asistenciales a favor de los empresarios asociados y de sus trabajadores dependientes, así como de los trabajadores por cuenta propia adheridos, que no generan derechos subjetivos, dirigidas a asistir a los mismos en el control y, en su caso, reducción de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de la Seguridad Social. También comprenderán actividades de asesoramiento a las empresas asociadas y a los trabajadores autónomos al objeto de que adapten sus puestos de trabajo y estructuras para la recolocación de los trabajadores accidentados o con patologías de origen profesional, así como actividades de investigación, desarrollo e innovación a realizar directamente por las Mutuas, dirigidas a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado'>Corresponderá al órgano de dirección y tutela de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, establecer la planificación periódica de las actividades preventivas de la Seguridad Social que desarrollarán aquéllas, sus criterios, contenido y orden de preferencias, así como tutelar su desarrollo y evaluar su eficacia y eficiencia. Las Comunidades Autónomas que ostenten competencia de ejecución compartida en materia de actividades de prevención de riesgos laborales, y sin perjuicio de lo establecido en sus respectivos Estatutos de Autonomía, podrán comunicar al órgano de tutela de las Mutuas las actividades que consideren que deban desarrollarse en sus respectivos ámbitos territoriales para que se incorporen a la planificación de las actividades preventivas de la Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado_2'>4. Las reclamaciones que tengan por objeto prestaciones y servicios de la Seguridad Social objeto de la colaboración en su gestión o que tengan su fundamento en las mismas, incluidas las de carácter indemnizatorio, se sustanciarán ante el orden jurisdiccional social de conformidad con lo establecido en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.</p>
<p class='sangrado'>5. Las obligaciones económicas que se atribuyan a las Mutuas serán pagadas con cargo a los recursos públicos adscritos para el desarrollo de la colaboración, sin perjuicio de que aquellas obligaciones que tengan por objeto pensiones se financien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.3.</p>
<p class='sangrado'>6. La colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni comprenderá actividades de captación de empresas asociadas o de trabajadores adheridos. Tampoco podrá dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de éstos en las obligaciones que les correspondan por su condición de empresarios.</p>
<p class='sangrado'>7. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.</p>
<p class='sangrado_articulo'>Artículo 69. Constitución de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado'>1. La constitución de una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:</p>
<p class='sangrado_2'>a) Que concurran un mínimo de cincuenta empresarios, quienes a su vez cuenten con un mínimo de treinta mil trabajadores y un volumen de cotización por contingencias profesionales no inferior a 20 millones de euros.</p>
<p class='sangrado'>b) Que limiten su actividad al ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 68.</p>
<p class='sangrado'>c) Que presten fianza, en la cuantía que establezcan las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.</p>
<p class='sangrado'>d) Que exista autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, previa aprobación de los Estatutos de la Mutua, e inscripción en el registro administrativo dependiente del mismo.</p>
<p class='sangrado_2'>2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, una vez comprobada la concurrencia de los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del apartado anterior y que los estatutos se ajustan al ordenamiento jurídico, autorizará la constitución de la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social y ordenará su inscripción en el Registro de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social dependiente del mismo. La Orden de autorización se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, en la que asimismo se consignará su número de registro, adquiriendo desde entonces personalidad jurídica.</p>
<p class='sangrado'>3. La denominación de la Mutua incluirá la expresión “Mutua Colaboradora con la Seguridad Social”, seguida del número con el que haya sido inscrita. La denominación deberá ser utilizada en todos los centros y dependencias de la entidad, así como en sus relaciones con sus asociados, adheridos y trabajadores protegidos, y con terceros.</p>
<p class='sangrado_articulo'>Artículo 70. Régimen económico-financiero.</p>
<p class='sangrado'>1. El sostenimiento y funcionamiento de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, así como de las actividades, prestaciones y servicios comprendidos en su objeto, se financiarán mediante las cuotas de la Seguridad Social adscritas a las mismas, los rendimientos, incrementos, contraprestaciones y compensaciones obtenidos tanto de la inversión financiera de estos recursos como de la enajenación y desadscripción por cualquier título de los bienes muebles e inmuebles de la Seguridad Social adscritos a aquéllas y, en general, mediante cualquier ingreso obtenido en virtud del ejercicio de la colaboración o por el empleo de los medios de la misma.</p>
<p class='sangrado'>La Tesorería General de la Seguridad Social entregará a las Mutuas las cuotas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ingresadas en aquélla por los empresarios asociados a cada una o por los trabajadores por cuenta propia adheridos, así como la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, la cuota por cese en la actividad de los trabajadores autónomos y el resto de cotizaciones que correspondan por las contingencias y prestaciones que gestionen, previa deducción de las aportaciones destinadas a las Entidades Públicas del Sistema por el reaseguro obligatorio y por la gestión de los servicios comunes, así como de las cantidades que, en su caso, se establezcan legalmente.</p>
<p class='sangrado'>2. Los derechos de crédito que se generen a consecuencia de prestaciones o servicios que dispensen las Mutuas a favor de personas no protegidas por las mismas o, cuando estando protegidas, corresponda a un tercero su pago por cualquier título, así como los originados por prestaciones indebidamente satisfechas, son recursos públicos del Sistema de la Seguridad Social adscritos a aquéllas.</p>
<p class='sangrado'>El importe de estos créditos será liquidado por las Mutuas, las cuales reclamarán su pago del sujeto obligado en la forma y condiciones establecidas en la norma o concierto del que nazca la obligación y hasta obtener su pago o, en su defecto, el título jurídico que habilite la exigibilidad del crédito, el cual comunicarán a la Tesorería General de la Seguridad Social para su recaudación con arreglo al procedimiento establecido en esta ley y en sus normas de desarrollo.</p>
<p class='sangrado'>Los ingresos por servicios previstos en el artículo 68.3.a) dispensados a trabajadores no incluidos en el ámbito de actuación de la Mutua, generarán crédito en el presupuesto de gastos de la Mutua que presta el servicio, en los conceptos correspondientes a los gastos de la misma naturaleza que los que se originaron por la prestación de dichos servicios.</p>
<p class='sangrado'>El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en todos los procedimientos dirigidos al cobro de la deuda, podrá autorizar el pago de los derechos de crédito en forma distinta a la de su ingreso en metálico y determinará el importe líquido del crédito que resulte extinguido, así como los términos y condiciones aplicables hasta la extinción del derecho. Cuando el sujeto obligado sea una Administración Pública o una entidad de la misma naturaleza y las deudas tengan su causa en la dispensación de asistencia sanitaria, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá asimismo autorizar el pago mediante dación de bienes, sin perjuicio de la aplicación del resto de facultades que se atribuyen al mismo hasta la extinción del derecho.</p>
<p class='sangrado'>3. Son gastos de administración de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social los derivados del sostenimiento y funcionamiento de los servicios administrativos de la colaboración y comprenderán los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros y las amortizaciones de bienes inventariables. Estarán limitados anualmente al importe resultante de aplicar sobre los ingresos de cada ejercicio el porcentaje que corresponda de la escala que se establecerá reglamentariamente.</p>
<p class='sangrado_articulo'>Artículo 71. Órganos de gobierno y participación.</p>
<p class='sangrado'>1. Los órganos de gobierno de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social son la Junta General, la Junta Directiva y el Director Gerente.</p>
<p class='sangrado'>El órgano de participación institucional es la Comisión de Control y Seguimiento.</p>
<p class='sangrado'>La Comisión de Prestaciones Especiales es el órgano a quien corresponde la concesión de los beneficios de la asistencia social potestativa prevista en el artículo 75 bis.1.b).</p>
<p class='sangrado'>2. La Junta General es el órgano de gobierno superior de la Mutua y estará integrada por todos los empresarios asociados, por una representación de los trabajadores por cuenta propia adheridos en los términos que reglamentariamente se establezcan, y por un representante de los trabajadores dependientes de la Mutua. Carecerán de derecho a voto aquellos empresarios asociados, así como los representantes de los trabajadores por cuenta propia adheridos, que no estén al corriente en el pago de las cotizaciones sociales.</p>
<p class='sangrado'>La Junta General se reunirá con carácter ordinario una vez al año para aprobar el anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y con carácter extraordinario las veces que sea convocada por la Junta Directiva cumplidos los requisitos que reglamentariamente se establezcan para su convocatoria y celebración.</p>
<p class='sangrado'>Es competencia de la Junta General, en todo caso, la designación y renovación de los miembros de la Junta Directiva, ser informada sobre las dotaciones y aplicaciones del patrimonio histórico, la reforma de los Estatutos, la fusión, absorción y disolución de la Entidad, la designación de los liquidadores y la exigencia de responsabilidad a los miembros de la Junta Directiva.</p>
<p class='sangrado'>Reglamentariamente se regulará el procedimiento y requisitos de convocatoria de las Juntas Generales y el régimen de deliberación y adopción de sus acuerdos, así como el ejercicio por los asociados de las acciones de impugnación de los acuerdos que sean contrarios a la ley, a los reglamentos e instrucciones de aplicación a la Mutua o lesionen el interés de la entidad en beneficio de uno o varios asociados o de terceros, así como los intereses de la Seguridad Social. La acción de impugnación caducará en el plazo de un año desde la fecha de su adopción.</p>
<p class='sangrado'>3. La Junta Directiva es el órgano colegiado al que corresponde el gobierno directo de la Mutua. Estará compuesta por entre diez y veinte empresarios asociados, de los cuales el treinta por ciento corresponderá a aquellas empresas que cuenten con mayor número de trabajadores, determinadas con arreglo a los tramos que se establecerán reglamentariamente, y un trabajador por cuenta propia adherido, todos ellos designados por la Junta General. También formará parte el representante de los trabajadores mencionado en el apartado 2. El nombramiento como miembro de la Junta Directiva estará supeditado a la confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a excepción del representante de los trabajadores, y entre sus miembros se designará al Presidente de la misma.</p>
<p class='sangrado'>Es competencia de la Junta Directiva la convocatoria de la Junta General, la ejecución de los acuerdos adoptados por la misma, la formulación de los anteproyectos de presupuestos y de las cuentas anuales, que deberán ser firmados por el Presidente de la entidad, así como la exigencia de responsabilidad al Director Gerente y demás funciones que se establezcan no reservadas a la Junta General. Reglamentariamente se regulará el régimen de funcionamiento de la Junta Directiva y de exigencia de responsabilidad.</p>
<p class='sangrado'>Corresponde al Presidente de la Junta Directiva la representación de la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, la convocatoria de las reuniones a la misma y moderar sus deliberaciones. El Director Gerente mantendrá informado al Presidente de la gestión de la Mutua y seguirá las indicaciones que el mismo, en su caso, le imparta. El régimen de indemnizaciones que se establezca regulará las que correspondan al Presidente de la Mutua por las funciones específicas atribuidas y que en ningún caso podrán superar en su conjunto las retribuciones del Director Gerente.</p>
<p class='sangrado'>No podrá recaer simultáneamente en la misma persona más de un cargo de la Junta Directiva, ya sea por sí misma o en representación de otras empresas asociadas, ni podrán formar parte de la Junta las personas o empresas que mantengan relación laboral o de servicios con la Mutua, a excepción del representante de los trabajadores.</p>
<p class='sangrado'>4. El Director Gerente es el órgano que ejerce la dirección ejecutiva de la Mutua y a quien corresponde desarrollar sus objetivos generales y la dirección ordinaria de la entidad, sin perjuicio de estar sujeto a los criterios e instrucciones que, en su caso, le impartan la Junta Directiva y el Presidente de la misma.</p>
<p class='sangrado'>El Director Gerente estará vinculado mediante contrato de alta dirección regulado por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. Será nombrado por la Junta Directiva, estando supeditada la eficacia del nombramiento y la del contrato de trabajo a la confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado'>No podrán ocupar el cargo de Director Gerente las personas que pertenezcan al Consejo de Administración o desempeñen actividad remunerada en cualquier empresa asociada a la Mutua, sean titulares de una participación igual o superior al 10 por ciento del capital social de aquellas o bien la titularidad corresponda al cónyuge o hijos de aquél. Tampoco podrán ser designadas las personas que hayan sido suspendidas de sus funciones en virtud de expediente sancionador hasta que se extinga la suspensión.</p>
<p class='sangrado'>El resto del personal que ejerza funciones ejecutivas dependerá del Director Gerente, estará vinculado por contratos de alta dirección y también estará sujeto al régimen de incompatibilidades y limitaciones previstas para el Director Gerente.</p>
<p class='sangrado'>A efectos retributivos, así como para la determinación del número máximo de personas que ejerzan funciones ejecutivas en las Mutuas, la Ministra de Empleo y Seguridad Social clasificará a las Mutuas por grupos en función de su volumen de cuotas, número de trabajadores protegidos y eficiencia en la gestión.</p>
<p class='sangrado'>Las retribuciones del Director Gerente y del personal que ejerza funciones ejecutivas en las Mutuas se clasificarán en básicas y complementarias y estarán sujetas a los límites máximos fijados para cada grupo por el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. Asimismo estarán también sujetos a los límites previstos en el citado Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, el número máximo de personas que ejerzan funciones ejecutivas en cada Mutua.</p>
<p class='sangrado'>Las retribuciones básicas del Director Gerente y del personal que ejerza funciones ejecutivas incluyen su retribución mínima obligatoria y se fijarán por la Junta Directiva conforme al grupo de clasificación en que resulte catalogada la Mutua.</p>
<p class='sangrado'>Las retribuciones complementarias del Director Gerente y del personal que ejerza funciones ejecutivas comprenden un complemento del puesto y un complemento variable que se fijarán por la Junta Directiva de la Mutua.</p>
<p class='sangrado'>El complemento del puesto se asignará teniendo en cuenta la situación retributiva del directivo en comparación con puestos similares del mercado de referencia, la estructura organizativa dependiente del puesto, el peso relativo del puesto dentro de la organización y el nivel de responsabilidad.</p>
<p class='sangrado'>El complemento variable, que tendrá carácter potestativo, retribuirá la consecución de unos objetivos previamente establecidos por la Junta Directiva de la Mutua de conformidad con los criterios que pueda fijar el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estos objetivos tendrán carácter anual y deberán estar fundamentados en los resultados del ejercicio generados por la Mutua en la gestión de las diferentes actividades de la Seguridad Social en las que colabora.</p>
<p class='sangrado'>En ningún caso, la retribución total puede exceder del doble de la retribución básica y ningún puesto podrá tener una retribución total superior a la que tenía con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado'>El personal no directivo estará sujeto a relación laboral ordinaria, regulada en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. En cualquier caso, ningún miembro del personal de la Mutua podrá obtener unas retribuciones totales superiores a las del Director Gerente. En todo caso, las retribuciones del conjunto del personal estarán sujetas a las disposiciones sobre la masa salarial y a las limitaciones o restricciones que establezcan, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año.</p>
<p class='sangrado'>Con cargo a los recursos públicos, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social no podrán satisfacer indemnizaciones por extinción de la relación laboral con su personal, cualquiera que sea la forma de dicha relación y la causa de su extinción, que superen las establecidas en las disposiciones legales y reglamentarias reguladoras de dicha relación. Asimismo, las Mutuas no podrán establecer planes de pensiones para su personal, ni seguros colectivos que instrumenten compromisos por pensiones, ni planes de previsión social empresarial sin la aprobación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Los planes de pensiones, los contratos de seguros y los planes de previsión social empresarial, y las aportaciones y primas periódicas que se realicen estarán sujetos a los límites y criterios que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado establezcan en esta materia para el sector público.</p>
<p class='sangrado'>5. La Comisión de Control y Seguimiento es el órgano de participación de los agentes sociales, al que corresponde conocer e informar de la gestión que realiza la entidad en las distintas modalidades de colaboración, proponer medidas para mejorar el desarrollo de las mismas en el marco de los principios y objetivos de la Seguridad Social, informar el anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y conocer los criterios que mantiene y aplica la Mutua en el desarrollo de su objeto social.</p>
<p class='sangrado'>Para desarrollar esa labor, la Comisión dispondrá periódicamente de los informes sobre litigiosidad, reclamaciones y recursos, así como de los requerimientos de los órganos de supervisión y dirección y tutela, junto con su cumplimiento. Anualmente elaborará una serie de recomendaciones que serán enviadas tanto a la Junta Directiva como al órgano de dirección y tutela.</p>
<p class='sangrado'>El Ministerio de Empleo y Seguridad Social regulará la composición y régimen de funcionamiento de las Comisiones de Control y Seguimiento, previo informe del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado'>La Comisión estará compuesta por un máximo de doce miembros designados por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como por una representación de las asociaciones profesionales de los trabajadores autónomos. Será Presidente de la Comisión el que en cada momento lo sea de la propia Mutua.</p>
<p class='sangrado'>No podrá formar parte de la Comisión de Control y Seguimiento ningún miembro de la Junta Directiva, a excepción del Presidente, o persona que trabaje para la Entidad.</p>
<p class='sangrado'>6. La Comisión de Prestaciones Especiales será competente para la concesión de los beneficios derivados de la Reserva de asistencia social que tenga establecidos la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social a favor de los trabajadores protegidos o adheridos y sus derechohabientes que hayan sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y se encuentren en especial estado o situación de necesidad. Los beneficios serán potestativos e independientes de los comprendidos en la acción protectora de la Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado'>La Comisión estará integrada por el número de miembros que se establezca reglamentariamente, los cuales estarán distribuidos, por partes iguales, entre los representantes de los trabajadores de las empresas asociadas y los representantes de empresarios asociados, siendo estos últimos designados por la Junta Directiva; asimismo tendrán representación los trabajadores adheridos. El Presidente será designado por la Comisión entre sus miembros.</p>
<p class='sangrado'>7. No podrán formar parte de la Junta Directiva, de la Comisión de Control y Seguimiento ni de la Comisión de Prestaciones Especiales de una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social las personas que formen parte de cualquiera de estos órganos en otra Mutua, por sí mismas o en representación de empresas asociadas o de organizaciones sociales, así como aquellas que ejerzan funciones ejecutivas en otra entidad.</p>
<p class='sangrado'>8. Los cargos anteriores o sus representantes en los mismos, así como las personas que ejerzan funciones ejecutivas en las Mutuas no podrán comprar ni vender para sí mismos cualquier activo patrimonial de la entidad ni celebrar contratos de ejecución de obras, de realización de servicios o de entrega de suministros, excepto las empresas de servicios financieros o de suministros esenciales, que requerirán para contratar autorización previa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ni celebrar contratos en los que concurran conflictos de intereses. Tampoco podrán realizar esos actos quienes estén vinculados a aquellos cargos o personas mediante relación de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado, ni las personas jurídicas en las que cualquiera de las mencionadas personas, cargos o parientes sean titulares, directa o indirectamente, de un porcentaje igual o superior al 10 por ciento del capital social, ejerzan en las mismas funciones que impliquen poder de decisión o formen parte de sus órganos de administración o gobierno.</p>
<p class='sangrado'>La condición de miembro de la Junta Directiva, de la Comisión de Control y Seguimiento y de las Comisiones de Prestaciones Especiales será gratuita, sin perjuicio de que la Mutua en la que se integren les indemnice y compense por los gastos de asistencia a las reuniones de los respectivos órganos, en los términos que se establezcan reglamentariamente.</p>
<p class='sangrado'>9. Los miembros de la Junta Directiva, el Director Gerente y las personas que ejerzan funciones ejecutivas serán responsables directos frente a la Seguridad Social, la Mutua y los empresarios asociados de los daños que causen por sus actos u omisiones contrarios a las normas jurídicas de aplicación, a los Estatutos o a las instrucciones dictadas por el órgano de tutela, así como por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa grave. Se entenderán como acto propio las acciones y omisiones comprendidas en los respectivos ámbitos funcionales o de competencias.</p>
<p class='sangrado'>La responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva será solidaria. No obstante, estarán exentos aquellos miembros que prueben que, no habiendo intervenido en la adopción o ejecución del acto, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a él.</p>
<p class='sangrado'>Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, mediante la responsabilidad mancomunada regulada en el artículo 75 ter.4, responderán directamente de los actos lesivos en cuya ejecución concurra culpa leve o en los que no exista responsable directo. Asimismo, responderán subsidiariamente en los supuestos de insuficiencia patrimonial de los responsables directos.</p>
<p class='sangrado'>10. Los derechos de crédito que nazcan de las responsabilidades establecidas en este artículo, así como de la responsabilidad mancomunada que asumen los empresarios asociados, prevista en el artículo 75 ter.4, son recursos públicos de la Seguridad Social adscritos a las Mutuas en las que concurrieron los hechos origen de la responsabilidad.</p>
<p class='sangrado'>Corresponde al órgano de dirección y tutela la declaración de las responsabilidades establecidas en el párrafo anterior, de las obligaciones objeto de las mismas, así como determinar su importe líquido, reclamar su pago con arreglo a las normas que regulan la colaboración de las entidades y determinar los medios de pago, que podrán incluir la dación de bienes, las modalidades, formas, términos y condiciones aplicables hasta su extinción. Cuando el Tribunal de Cuentas inicie procedimiento de reintegro por alcance por los mismos hechos, el órgano de dirección y tutela acordará la suspensión del procedimiento administrativo hasta que aquel adopte resolución firme, cuyas disposiciones de naturaleza material producirán plenos efectos en el procedimiento administrativo.</p>
<p class='sangrado'>El órgano de dirección y tutela podrá solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la recaudación ejecutiva de los derechos de crédito derivados de estas responsabilidades, a cuyo efecto trasladará a la misma el acto de liquidación de aquellos y la determinación de los sujetos obligados. Las cantidades que se obtengan se ingresarán en las cuentas que dieron lugar a la exigencia de la responsabilidad en los términos que establezca el órgano de dirección y tutela.</p>
<p class='sangrado'>El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en aplicación de sus facultades de dirección y tutela, podrá reclamar el pago o ejercitar las acciones legales que sean necesarias para la declaración o exigencia de las responsabilidades generadas con motivo del desarrollo de la colaboración, así como comparecer y ser parte en los procesos legales que afecten a las responsabilidades establecidas.</p>
<p class='sangrado_articulo'>Artículo 72. Empresarios asociados y trabajadores por cuenta propia adheridos.</p>
<p class='sangrado'>1. Los empresarios y los trabajadores por cuenta propia, en el momento de cumplir ante la Tesorería General de la Seguridad Social sus respectivas obligaciones de inscripción de empresa, afiliación y alta, harán constar la Entidad Gestora o la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social por la que hayan optado para proteger los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y la protección por cese de actividad, de acuerdo con las normas reguladoras del Régimen de la Seguridad Social en el que se encuadren, y comunicarán a aquella sus posteriores modificaciones. Corresponderá a la Tesorería General de la Seguridad Social el reconocimiento de tales declaraciones y de sus efectos legales, en los términos establecidos reglamentariamente y sin perjuicio de las particularidades que se disponen en los apartados siguientes en caso de optarse a favor de una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado'>La opción a favor de una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social se realizará en la forma y tendrá el alcance que se establecen seguidamente:</p>
<p class='sangrado_2'>a) Los empresarios que opten por una Mutua para la protección de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de la Seguridad Social deberán formalizar con la misma el convenio de asociación y proteger en la misma entidad a todos los trabajadores correspondientes a los centros de trabajo situados en la misma provincia, entendiéndose por éstos la definición contenida en el Estatuto de los Trabajadores.</p>
<p class='sangrado'>Igualmente, los empresarios asociados podrán optar porque la misma Mutua gestione la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes respecto de los trabajadores protegidos frente a las contingencias profesionales.</p>
<p class='sangrado'>El convenio de asociación es el instrumento por el que se formaliza la asociación a la Mutua y tendrá un periodo de vigencia de un año, que podrá prorrogarse por periodos de igual duración. Reglamentariamente se regulará el procedimiento para formalizar el convenio, su contenido y efectos.</p>
<p class='sangrado'>b) Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, cuya acción protectora incluya voluntaria u obligatoriamente la prestación económica por incapacidad temporal, podrán optar por adherirse a una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social para la gestión de la misma. No obstante, los trabajadores que se hayan incorporado al Régimen Especial a partir del día 1 de enero de 1998, deberán formalizar la misma con una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, así como aquellos adheridos a una Mutua desde la indicada fecha que cambien de entidad.</p>
<p class='sangrado'>Los trabajadores autónomos adheridos a una Mutua de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior y que asimismo cubran las contingencias profesionales, voluntaria u obligatoriamente, deberán formalizar su protección con la misma Mutua. Igualmente deberán adherirse aquellos que cubran exclusivamente las contingencias profesionales.</p>
<p class='sangrado'>Los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar podrán optar por proteger las contingencias profesionales con la Entidad Gestora o con una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. En todo caso, la protección de las contingencias comunes deberán formalizarla con la Entidad Gestora de la Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado'>La protección se formalizará mediante documento de adhesión, por el cual el trabajador por cuenta propia se incorpora al ámbito gestor de la Mutua de forma externa a la base asociativa de la misma y sin adquirir los derechos y obligaciones derivados de la asociación. El periodo de vigencia de la adhesión será de un año, pudiendo prorrogarse por periodos de igual duración. El procedimiento para formalizar el documento de adhesión, su contenido y efectos, se regulará reglamentariamente.</p>
<p class='sangrado'>c) Los trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos deberán formalizar la gestión por cese de actividad, regulada en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, con la Mutua a la que se encuentren adheridos mediante la suscripción del Anexo correspondiente al documento de adhesión, en los términos que establezcan las normas reglamentarias que regulan la colaboración. Por su parte, los trabajadores autónomos comprendidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar formalizarán la protección con la Entidad Gestora o con la Mutua con quien protejan las contingencias profesionales.</p>
<p class='sangrado_2'>2. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social deberán aceptar toda proposición de asociación y de adhesión que se les formule, sin que la falta de pago de las cotizaciones sociales les excuse del cumplimiento de la obligación ni constituya causa de resolución del convenio o documento suscrito, o sus anexos.</p>
<p class='sangrado'>3. La información y datos sobre los empresarios asociados, los trabajadores por cuenta propia adheridos y los trabajadores protegidos que obren en poder de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y, en general, los generados en el desarrollo de su actividad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social, tienen carácter reservado y están sometidos al régimen establecido en el artículo 66, sin que, en consecuencia, puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos establecidos en dicho artículo.</p>
<p class='sangrado_articulo'>Artículo 73. Competencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado'>1. De conformidad con lo establecido en el artículo 5, corresponden al Ministerio de Empleo y Seguridad Social las facultades de dirección y tutela sobre las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, las cuales se ejercerán a través del órgano administrativo al que se atribuyan las funciones.</p>
<p class='sangrado'>2. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social serán objeto anualmente de una auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 168.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que será realizada por la Intervención General de la Seguridad Social. Asimismo anualmente realizará una auditoría de cumplimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 de la referida Ley.</p>
<p class='sangrado'>3. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social elaborarán anualmente sus anteproyectos de presupuestos de ingresos y gastos de la gestión de la Seguridad Social y los remitirán al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su integración en el Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social. Igualmente, estarán sujetas al régimen contable establecido en el Título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que regula la contabilidad en el sector público estatal, en los términos de aplicación a las Entidades del sistema de la Seguridad Social, sin perjuicio de presentar en sus cuentas anuales el resultado económico alcanzado como consecuencia de la gestión de cada una de las actividades señaladas en el artículo 75.1, conforme a las disposiciones que establezca el organismo competente con sujeción a lo dispuesto en la citada Ley. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social deberán rendir sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el Título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.</p>
<p class='sangrado'>4. La inspección de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social será ejercida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con arreglo a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que comunicará al órgano de dirección y tutela el resultado de las actuaciones desarrolladas y los informes y propuestas que resulten de las mismas.</p>
<p class='sangrado'>5. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social estarán obligadas a facilitar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social cuantos datos e información les solicite en orden al adecuado conocimiento del estado de la colaboración y de las funciones y actividades que desarrollan, así como sobre la gestión y administración del patrimonio histórico, y deberán cumplir las instrucciones que imparta el órgano de dirección y tutela.</p>
<p class='sangrado'>Los empresarios asociados, sus trabajadores y los trabajadores por cuenta propia adheridos tendrán derecho a ser informados por las Mutuas acerca de los datos referentes a ellos que obren en las mismas. Asimismo podrán dirigirse al órgano de dirección y tutela formulando quejas y peticiones con motivo de las deficiencias que aprecien en el desarrollo de las funciones atribuidas, a cuyo efecto las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social mantendrán en todos sus Centros administrativos o asistenciales Libros de Reclamaciones a disposición de los interesados, destinadas al mencionado órgano administrativo, sin perjuicio de que los mismos puedan utilizar los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y aquellos que se establezcan reglamentariamente.</p>
<p class='sangrado'>En cualquiera de los casos, la Mutua dará contestación directamente a las quejas y reclamaciones que reciba y deberá comunicar éstas junto con la respuesta dada al órgano de dirección y tutela.</p>
<p class='sangrado'>6. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social editará anualmente, para conocimiento general, un informe comprensivo de las actividades desarrolladas por las Mutuas durante el ejercicio en el desarrollo de su colaboración en la gestión, en los distintos ámbitos autorizados, así como de los recursos y medios públicos adscritos, su gestión y aplicaciones. Igualmente editará un informe sobre las quejas y peticiones formuladas ante la misma, de conformidad con lo establecido en el apartado anterior, y su incidencia en los ámbitos de la gestión atribuidos.</p>
<p class='sangrado_articulo'>Artículo 74. Patrimonio y régimen de la contratación.</p>
<p class='sangrado'>1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 17 y 80.1, los ingresos establecidos en el apartado 1 del artículo 70, así como los bienes muebles e inmuebles en que puedan invertirse los mismos, y, en general, los derechos, acciones y recursos relacionados con ellos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están adscritos a las Mutuas para el desarrollo de las funciones de la Seguridad Social atribuidas, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado'>La adquisición por cualquier título de los inmuebles necesarios para el desarrollo de las funciones atribuidas y su enajenación se acordará por las Mutuas, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, correspondiendo a la Tesorería General de la Seguridad Social la formalización del acto en los términos autorizados, y se titularán e inscribirán en el Registro de la Propiedad a nombre del Servicio Común. La adquisición llevará implícita su adscripción a la Mutua autorizada. Igualmente las entidades podrán solicitar autorización para que se les adscriban inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social adscritos a las Entidades Gestoras, los Servicios Comunes u otras Mutuas, así como para la desadscripción de aquellos afectados, lo que requerirá conformidad de los interesados y obligará a compensar económicamente a la entidad cedente por aquella que reciba la posesión de los bienes.</p>
<p class='sangrado'>Corresponde a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social la conservación, disfrute, mejora y defensa de los bienes adscritos, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Respecto de los bienes inmuebles, corresponderá a aquellas el ejercicio de las acciones posesorias y a la Tesorería General de la Seguridad Social el ejercicio de las acciones dominicales.</p>
<p class='sangrado'>No obstante la titularidad pública del patrimonio, dada la gestión singularizada del mismo y el régimen económico-financiero establecido para las actividades de la colaboración, los bienes que integran el patrimonio adscrito estarán sujetos a los resultados de la gestión, pudiendo liquidarse para atender las necesidades de la misma y el pago de prestaciones u otras obligaciones derivadas de las expresadas actividades, sin perjuicio de la responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados. El producto que se obtenga de la enajenación de los indicados bienes o de su cambio de adscripción a favor de otra Mutua o de las Entidades Públicas del Sistema, se ingresará en la Mutua de la que procedan.</p>
<p class='sangrado'>2. Los bienes incorporados al patrimonio de las Mutuas con anterioridad a 1 de enero de 1967 o durante el período comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que en este último caso se trate de bienes que provengan del 20 por 100 del exceso de excedentes, así como los que procedan de recursos distintos de los que tengan su origen en las cuotas de Seguridad Social, constituyen el patrimonio histórico de las Mutuas, cuya propiedad les corresponde en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a que se refiere el artículo 73.1.</p>
<p class='sangrado'>Este patrimonio histórico se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la entidad, sin que de su dedicación al mismo puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan gravamen para el patrimonio único de la Seguridad Social. Considerando la estricta afectación de este patrimonio a los fines de colaboración de las Mutuas con la Seguridad Social, ni los bienes ni los rendimientos que, en su caso, produzcan pueden desviarse hacia la realización de actividades mercantiles.</p>
<p class='sangrado'>Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el párrafo anterior, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente, formarán parte del patrimonio histórico de las Mutuas los ingresos a los que se refieren los apartados siguientes:</p>
<p class='sangrado_2'>a) Las Mutuas que cuenten con bienes inmuebles integrantes de su patrimonio histórico, destinados a ubicar centros y servicios sanitarios o administrativos adscritos al desarrollo de las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social que tienen encomendada, podrán imputar en sus correspondientes cuentas de resultados un canon o coste de compensación por la utilización de tales inmuebles.</p>
<p class='sangrado'>b) Las Mutuas que posean inmuebles vacíos que pertenezcan a su patrimonio histórico, que por las circunstancias concurrentes no puedan ser utilizados para la ubicación de centros y servicios sanitarios o administrativos para el desarrollo de actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social y sean susceptibles de ser alquilados a terceros, podrán hacerlo a precios de mercado.</p>
<p class='sangrado'>c) Las Mutuas podrán percibir de las empresas que contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social parte de los incentivos contemplados en el artículo 75 bis.1.a) de esta ley, previo acuerdo de las partes. Reglamentariamente se establecerá el límite máximo de participación de las Mutuas en dichos incentivos.</p>
<p class='sangrado_2'>3. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social ajustarán su actividad contractual a las normas de +aplicación a los poderes adjudicadores que no revisten el carácter de Administración Pública, contenidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y sus normas de desarrollo.</p>
<p class='sangrado'>El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará los pliegos generales que regirán la contratación, así como las instrucciones de aplicación a los procedimientos que tengan por objeto contratos no sujetos a regulación armonizada, previo informe del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado'>En los procedimientos de contratación se garantizarán los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, pudiendo licitar en los mismos los empresarios asociados y los trabajadores adheridos, en cuyo caso no podrán formar parte de los órganos de contratación, por sí mismos ni a través de mandatarios. Tampoco podrán formar parte de los órganos de contratación las personas vinculadas al licitador por parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado, ni las sociedades en las que las mismas ostenten una participación, directa o indirecta, igual o superior al 10 por ciento del capital social o ejerzan en las mismas funciones que impliquen el ejercicio de poder de decisión.</p>
<p class='sangrado'>Reglamentariamente se regularán las especialidades de aplicación a las operaciones que supongan inversiones reales, inversiones financieras o a la actividad contractual excluida del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.</p>
<p class='sangrado'>4. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, gozarán de exención tributaria, en los términos que se establecen para las entidades gestoras en el artículo 65.1.</p>
<p class='sangrado_articulo'>Artículo 75. Resultado económico y reservas.</p>
<p class='sangrado'>1. El resultado económico patrimonial se determinará anualmente por la diferencia entre los ingresos y los gastos imputables a las actividades comprendidas en cada uno de los siguientes ámbitos de la gestión:</p>
<p class='sangrado_2'>a) Gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, de la prestación económica por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave y de las actividades preventivas de la Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado'>b) Gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.</p>
<p class='sangrado'>c) Gestión de la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, sin perjuicio de que la Mutua actúe en este ámbito exclusivamente como organismo gestor.</p>
<p class='sangrado_2'>En el ámbito de la gestión de las contingencias profesionales se constituirá una provisión para contingencias en tramitación, que comprenderá la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por invalidez y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentre pendiente al cierre del ejercicio.</p>
<p class='sangrado'>2. En cada uno de los ámbitos mencionados en el apartado 1 se constituirá una Reserva de Estabilización que se dotará con el resultado económico positivo obtenido anualmente, cuyo destino será corregir las posibles desigualdades de los resultados económicos generados entre los diferentes ejercicios en cada uno de los ámbitos. Las cuantías de las Reservas serán las siguientes:</p>
<p class='sangrado_2'>a) La Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales tendrá una cuantía mínima equivalente al 30 por ciento de la media anual de las cuotas ingresadas en el último trienio por las contingencias y prestaciones señaladas en el apartado 1.a), el cual, voluntariamente, podrá elevarse hasta el 45 por ciento, que constituirá el nivel máximo de dotación de la reserva.</p>
<p class='sangrado'>b) La Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes tendrá una cuantía mínima equivalente al 5 por ciento de las cuotas ingresadas durante el ejercicio económico por las mencionadas contingencias, la cual podrá incrementarse voluntariamente hasta el 25 por ciento, que constituirá el nivel máximo de cobertura.</p>
<p class='sangrado'>c) La Reserva de Estabilización por Cese de Actividad tendrá una cuantía mínima equivalente al 5 por ciento de las cuotas ingresadas por esta contingencia durante el ejercicio, que podrá incrementarse voluntariamente hasta el 25 por ciento de las mismas cuotas, que constituirá el nivel máximo de cobertura.</p>
<p class='sangrado'>Asimismo, las Mutuas ingresarán en la Tesorería General de la Seguridad Social, la dotación de la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad, que constituirá la misma, con la finalidad de garantizar la suficiencia financiera de este sistema de protección. La cuantía se corresponderá con la diferencia entre el importe destinado a la Reserva de Estabilización por Cese de Actividad y la totalidad del resultado neto positivo.</p>
<p class='sangrado_2'>3. Los resultados negativos obtenidos en los ámbitos previstos en las letras a) y b) del apartado 1 se cancelarán aplicando la respectiva Reserva de Estabilización. En caso de que la misma se sitúe por debajo de su nivel mínimo de cobertura, se repondrá hasta el mencionado nivel con cargo a la Reserva Complementaria prevista en el artículo 75 bis.1.b).</p>
<p class='sangrado'>Cuando después de realizadas las operaciones establecidas en el párrafo anterior persista el déficit en el ámbito de la gestión de las contingencias profesionales o la dotación de la Reserva de Estabilización Especifica sea inferior al mínimo obligatorio, se aplicará a la cancelación del déficit y a dotar la Reserva hasta el mencionado nivel mínimo obligatorio, el tramo de dotación voluntaria de la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes y, en caso de insuficiencia, será de aplicación, en su caso, lo establecido en el artículo 75 ter.</p>
<p class='sangrado'>Respecto del ámbito de la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, en el supuesto de que después de aplicada la Reserva Complementaria prevista en el párrafo primero persista el déficit o la dotación de la Reserva Específica se sitúe en una cuantía inferior a su nivel mínimo obligatorio, se aplicará a la cancelación del déficit y a dotar la Reserva de Estabilización específica de este ámbito, hasta situarla en su nivel mínimo de cobertura, la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales. En caso de que una vez aplicada esta última Reserva, la misma se sitúe en los niveles previstos en la letra a) del apartado 1 del artículo 75 ter, resultarán de aplicación las medidas establecidas en este artículo.</p>
<p class='sangrado'>Asimismo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá establecer las condiciones en las que autorizar, en su caso, la aplicación de un porcentaje adicional sobre la fracción de cuota que financia la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes a las Mutuas que acrediten una insuficiencia financiera del coeficiente general en base a circunstancias estructurales en los términos que se determinen.</p>
<p class='sangrado'>4. El resultado negativo de la gestión de las prestaciones por cese en la actividad se cancelará aplicando la Reserva específica constituida en las Mutuas y, en caso de insuficiencia, se aplicará la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad constituida en la Tesorería General de la Seguridad Social hasta extinguir el déficit y reponer hasta su nivel mínimo de dotación aquella Reserva, en los términos que se establezcan reglamentariamente.</p>
<p class='sangrado_articulo'>Artículo 75 bis. Excedentes y Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado'>1. El excedente que resulte después de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales se aplicará de la siguiente forma:</p>
<p class='sangrado_2'>a) El 80 por ciento del excedente obtenido en el ámbito señalado en el artículo 75.1.a), se ingresará con anterioridad al 31 de julio de cada ejercicio en la cuenta especial del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, abierta en el Banco de España a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social y a disposición del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado'>El Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social estará integrado por el metálico depositado en la cuenta especial, por los valores mobiliarios y demás bienes muebles e inmuebles en que aquellos fondos se inviertan y, en general, por los recursos, rendimientos e incrementos que tengan su origen en el excedente de los recursos de la Seguridad Social generado por las Mutuas. Los rendimientos y gastos que produzcan los activos financieros y los de la cuenta especial se imputarán a la misma, salvo que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social disponga otra cosa.</p>
<p class='sangrado'>El Fondo estará sujeto a la dirección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y adscrito a los fines de la Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado'>El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá aplicar los recursos del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social a la creación o renovación de centros asistenciales y de rehabilitación adscritos a las Mutuas, a actividades de investigación, desarrollo e innovación de técnicas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores de patologías derivadas de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales a desarrollar en los centros asistenciales adscritos a las Mutuas, así como a incentivar en las empresas la adopción de medidas y procesos que contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social, mediante un sistema que se regulará reglamentariamente y, en su caso, a dispensar servicios relacionados con la prevención y el control de las contingencias profesionales. Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran estarán sujetos al régimen establecido en el artículo 74.1.</p>
<p class='sangrado'>La Tesorería General de la Seguridad Social podrá materializar los fondos depositados en la cuenta especial en activos financieros emitidos por personas jurídicas públicas, así como enajenar los mismos en las cantidades, plazos y demás condiciones que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hasta que el mismo disponga su uso para las aplicaciones expresadas.</p>
<p class='sangrado'>Igualmente la Tesorería General de la Seguridad Social podrá disponer de los fondos depositados en la cuenta especial, con carácter transitorio, para atender a los fines propios del Sistema de la Seguridad Social, así como a las necesidades o desfases de tesorería, en la forma y condiciones que establezca el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hasta su aplicación por el mismo Ministerio a los fines señalados.</p>
<p class='sangrado'>b) El 10 por ciento del excedente señalado en el apartado 1 se aplicará a la dotación de la Reserva Complementaria que constituirán las Mutuas, cuyos recursos se podrán destinar al pago de exceso de gastos de administración, de gastos procesales derivados de pretensiones que no tengan por objeto prestaciones de Seguridad Social y de sanciones administrativas, en el caso de que no resulte necesaria su aplicación a los fines establecidos en el artículo 75.3.</p>
<p class='sangrado'>El 10 por ciento del excedente señalado en el apartado 1 se aplicará a la dotación de la Reserva de Asistencia Social, que se destinará al pago de prestaciones de asistencia social autorizadas, que comprenderán, entre otras, acciones de rehabilitación y de recuperación y reorientación profesional y medidas de apoyo a la adaptación de medios esenciales y puestos de trabajo, a favor de los trabajadores accidentados protegidos por las mismas y, en particular, para aquellos con discapacidad sobrevenida, así como, en su caso, ayudas a sus derechohabientes, las cuales serán ajenas y complementarias a las incluidas en la acción protectora de la Seguridad Social. Reglamentariamente se desarrollará el régimen de las aplicaciones de estas Reservas.</p>
<p class='sangrado'>En el caso de la Reserva Complementaria, el importe máximo de la misma no podrá superar la cuantía equivalente al 25 por ciento del nivel máximo de la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales al que se refiere el apartado 2.a) del artículo 75 de esta ley.</p>
<p class='sangrado'>En ningún caso la Reserva Complementaria y la Reserva de Asistencia Social podrán aplicarse al pago de gastos indebidos, por no corresponder a prestaciones, servicios u otros conceptos comprendidos en la colaboración, o a retribuciones o indemnizaciones del personal de las Mutuas por cuantía superior a la establecida en las normas de aplicación, los cuales serán pagados en la forma establecida en el artículo 75 ter.4.</p>
<p class='sangrado_2'>2. El excedente que resulte después de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes se ingresará en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado'>3. El excedente que resulte después de dotar la Reserva de Estabilización por Cese de Actividad se ingresará en la Tesorería General de la Seguridad Social con destino a la dotación de la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad, cuya finalidad será la cancelación de los déficits que puedan generar las Mutuas en este ámbito de la gestión después de aplicada su Reserva de Estabilización por Cese de Actividad, así como la reposición de la misma al nivel mínimo obligatorio, en los términos establecidos en el artículo 75.4, sin perjuicio de ser de aplicación a la misma las previsiones establecidas en los párrafos quinto y sexto, del apartado 1.a) de este artículo, sobre materialización y disposiciones transitorias de los fondos.</p>
<p class='sangrado_articulo'>Artículo 75 ter. Medidas cautelares y responsabilidad mancomunada.</p>
<p class='sangrado'>1. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá adoptar las medidas cautelares establecidas en el apartado 2 cuando la Mutua se halle en alguna de las siguientes situaciones:</p>
<p class='sangrado_2'>a) Cuando la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales no alcance el 80 por ciento de su cuantía mínima.</p>
<p class='sangrado'>b) Cuando concurran circunstancias de hecho, determinadas en virtud de comprobaciones de la Administración General del Estado, que muestren la existencia de desequilibrio económico-financiero en la Entidad, que, a su vez, ponga en peligro la solvencia o liquidez de la misma, los intereses de los asociados, de los beneficiarios y de la Seguridad Social o el cumplimiento de obligaciones contraídas. Asimismo, cuando aquéllas comprobaciones determinen la insuficiencia o irregularidad de la contabilidad o de la administración, en términos que impidan conocer la situación real de la Mutua.</p>
<p class='sangrado_2'>2. Las medidas cautelares que podrán adoptarse serán adecuadas y proporcionales en función de las características de la situación, y consistirán en:</p>
<p class='sangrado_2'>a) Requerir a la entidad para que en el plazo de un mes presente un plan de viabilidad, rehabilitación o saneamiento a corto o medio plazo, aprobado por su Junta Directiva, en el que se propongan las medidas adecuadas de carácter financiero, administrativo o de otro orden, y formule previsión de los resultados y sus efectos, fijando asimismo los plazos para su ejecución, con la finalidad de superar la situación que dio origen a dicho requerimiento, garantizando en todo caso los derechos de los trabajadores protegidos y de la Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado'>La duración del plan no será superior a tres años, según las circunstancias, y concretará la forma y periodicidad de las actuaciones a realizar.</p>
<p class='sangrado'>El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará o denegará el plan propuesto en el plazo de un mes desde su presentación y, en su caso, fijará la periodicidad con la que la entidad deberá informar de su desarrollo.</p>
<p class='sangrado'>b) Convocar los órganos de gobierno de la entidad, designando la persona que deba presidir la reunión y dar cuenta de la situación.</p>
<p class='sangrado'>c) Suspender en sus funciones a todos o algunos de los directivos de la entidad, debiendo ésta designar las personas que, aceptadas previamente por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hayan de sustituirlos interinamente. Si la entidad no lo hiciera, podrá dicho Ministerio proceder a su designación.</p>
<p class='sangrado'>d) Ordenar la ejecución de medidas correctoras de las tendencias desfavorables registradas en su desarrollo económico y en el cumplimiento de sus fines sociales durante los últimos ejercicios analizados.</p>
<p class='sangrado'>e) Intervenir la entidad para comprobar y garantizar el correcto cumplimiento de órdenes concretas emanadas del citado Ministerio cuando, en otro caso, pudieran infringirse tales órdenes y de ello derivarse perjuicio mediato o inmediato para los trabajadores protegidos o la Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado'>f) Ordenar el cese en la colaboración en caso de infracción calificada como muy grave conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.</p>
<p class='sangrado_2'>3. Para adoptar las medidas cautelares previstas en el apartado anterior, se instruirá el correspondiente procedimiento administrativo con audiencia previa de la entidad interesada. Tales medidas cesarán por acuerdo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social cuando hayan desaparecido las causas que las motivaron.</p>
<p class='sangrado'>Las medidas cautelares son independientes de las sanciones que legalmente procedan por los mismos hechos, y de la responsabilidad mancomunada regulada en el apartado siguiente.</p>
<p class='sangrado'>4. La responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados a las Mutuas tendrá por objeto las siguientes obligaciones:</p>
<p class='sangrado_2'>a) La reposición de la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales hasta el nivel mínimo de cobertura, cuando la misma no alcance el 80 por ciento de su cuantía mínima, después de aplicarse las Reservas en la forma establecida en el artículo 75 y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social lo entienda necesario para garantizar la adecuada dispensación por la entidad de las prestaciones de la Seguridad Social o el cumplimento de sus obligaciones.</p>
<p class='sangrado'>b) Los gastos indebidos por no corresponder a prestaciones, servicios u otros conceptos comprendidos en la colaboración en la gestión de la Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado'>c) Los excesos en los gastos de administración y por sanciones económicas impuestas.</p>
<p class='sangrado'>d) Las retribuciones o indemnizaciones del personal al servicio de la Mutua por cuantía superior a la establecida en las normas que regulen la relación laboral de aplicación o por superar las limitaciones legalmente establecidas.</p>
<p class='sangrado'>e) La cancelación del déficit que resulte de la liquidación de la Mutua, por la inexistencia de recursos suficientes una vez agotados los patrimonios en liquidación, incluido el patrimonio previsto en el artículo 74.2.</p>
<p class='sangrado'>f) Las obligaciones contraídas por la Mutua cuando la misma no las cumpla en la forma establecida legalmente.</p>
<p class='sangrado'>g) Las obligaciones atribuidas a la Mutua en virtud de la responsabilidad directa o subsidiaria, establecidas en el artículo 71.9.</p>
<p class='sangrado_2'>La responsabilidad mancomunada se extenderá hasta el pago de las obligaciones contraídas durante el periodo de tiempo en el que haya permanecido asociado el empresario o sean consecuencia de operaciones realizadas durante el mismo. En caso de cese en la asociación, la responsabilidad prescribirá a los cinco años del cierre del ejercicio en que finalizó aquella.</p>
<p class='sangrado'>El sistema que se aplique para determinar las derramas salvaguardará la igualdad de los derechos y obligaciones de los empresarios asociados y será proporcional al importe de las cuotas de la Seguridad Social que les corresponda satisfacer por las contingencias protegidas por la Mutua.</p>
<p class='sangrado'>Las derramas tienen el carácter de recursos públicos de la Seguridad Social. La declaración de los créditos que resulten de la derrama y, en general, de la aplicación de la responsabilidad mancomunada se realizará por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, quién establecerá el importe líquido de los mismos, reclamará su pago y determinará la forma, los medios, modalidades y condiciones aplicables hasta su extinción, en los términos establecidos en el artículo 71.10.</p>
<p class='sangrado'>5. Asimismo, la Mutua podrá hacer frente a esta responsabilidad mediante el patrimonio previsto en el artículo 74.2. En el caso de que este patrimonio no fuera suficiente para atender la citada responsabilidad a corto plazo, podrá autorizarse por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a propuesta de la Junta General de la Mutua, un plan de viabilidad y/o un aplazamiento en el que podrá no ser necesaria la constitución de garantías, en las condiciones y plazos que reglamentariamente se establezcan.</p>
<p class='sangrado_articulo'>Artículo 76. Disolución y liquidación.</p>
<p class='sangrado'>Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social cesarán en la colaboración en la gestión de la misma, produciéndose la disolución de la Entidad, en los supuestos siguientes:</p>
<p class='sangrado_2'>a) Acuerdo adoptado en Junta General Extraordinaria.</p>
<p class='sangrado'>b) Fusión o absorción de la Mutua.</p>
<p class='sangrado'>c) Ausencia de alguno de los requisitos exigidos para su constitución o funcionamiento.</p>
<p class='sangrado'>d) Acuerdo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por incumplimiento del plan de viabilidad, rehabilitación o saneamiento previsto en el artículo 75 ter.2.a), dentro del plazo establecido en la resolución que apruebe el mismo.</p>
<p class='sangrado'>e) En el supuesto previsto en el artículo 75 ter.2.f).</p>
<p class='sangrado'>f) Cuando exista insuficiencia del patrimonio previsto en el artículo 74.2 para hacer frente al total de la responsabilidad mancomunada prevista en el artículo 75 ter.5, o se incumplan el plan de viabilidad o el aplazamiento del mencionado artículo.</p>
<p class='sangrado_2'>En los supuestos anteriores y conforme al procedimiento que se regulará reglamentariamente, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social acordará la disolución de la Mutua, iniciándose seguidamente el proceso liquidatorio, cuyas operaciones y resultado requerirán la aprobación del mismo Ministerio. Los excedentes que resulten se ingresarán en la Tesorería General de la Seguridad Social para los fines del Sistema, excepto los que se obtengan de la liquidación del patrimonio histórico, que se aplicarán a los fines establecidos en los Estatutos una vez extinguidas las obligaciones de la Mutua.</p>
<p class='sangrado'>Aprobada la liquidación, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social acordará el cese de la Entidad como Mutua en liquidación, ordenará la cancelación de su inscripción registral y publicará el acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.</p>
<p class='sangrado'>En los supuestos de fusión y absorción no se iniciará proceso liquidatorio de las Mutuas integradas. La Mutua resultante de la fusión o la absorbente se subrogará en los derechos y obligaciones de las que se extingan.»</p>
<p class='parrafo_2'>Dos. La disposición adicional undécima queda redactada en los siguientes términos:</p>
<p class='sangrado_articulo'>«Disposición adicional undécima. Gestión por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.</p>
<p class='sangrado'>1. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social desarrollarán la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de los trabajadores por cuenta propia adheridos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 72.1.a), párrafo segundo, y 72.1.b), párrafo primero, y en las normas contenidas en el Capítulo IV del Título II, así como en sus disposiciones de aplicación y desarrollo, con las particularidades previstas en los Regímenes Especiales y Sistemas en que aquellos estuvieran encuadrados y en la presente disposición.</p>
<p class='sangrado'>2. Corresponde a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social la función de declaración del derecho a la prestación económica, así como las de denegación, suspensión, anulación y declaración de extinción del mismo, sin perjuicio del control sanitario de las altas y bajas médicas por parte de los servicios públicos de salud y de los efectos atribuidos a los partes médicos en esta ley y en sus normas de desarrollo.</p>
<p class='sangrado'>Los actos que se dicten en el ejercicio de las funciones mencionadas en el párrafo anterior serán motivados y se formalizarán por escrito, estando supeditada su eficacia a la notificación al beneficiario. Asimismo se notificarán al empresario en los supuestos en que el beneficiario mantenga relación laboral.</p>
<p class='sangrado'>Recibido el parte médico de baja, la Mutua comprobará el cumplimiento por el beneficiario de los requisitos de afiliación, alta, periodo de carencia y restantes exigidos en el Régimen de la Seguridad Social correspondiente y determinará el importe del subsidio, adoptando el acuerdo de declaración inicial del derecho a la prestación.</p>
<p class='sangrado'>Durante el plazo de dos meses siguientes a la liquidación y pago del subsidio, los pagos que se realicen tendrán carácter provisional, pudiendo las Mutuas regularizar los pagos provisionales, que adquirirán el carácter de definitivos cuando transcurra el mencionado plazo de dos meses.</p>
<p class='sangrado'>3. Cuando las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, con base en el contenido de los partes médicos y de los informes emitidos en el proceso, así como a través de la información obtenida de las actuaciones de control y seguimiento o de las asistencias sanitarias previstas en el apartado 5, consideren que el beneficiario podría no estar impedido para el trabajo, podrán formular propuestas motivadas de alta médica a través de los médicos dependientes de las mismas, dirigidas a la Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud. Las Mutuas comunicarán simultáneamente al trabajador afectado y al Instituto Nacional de la Seguridad Social, para su conocimiento, que se ha enviado la mencionada propuesta de alta.</p>
<p class='sangrado'>La Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud estará obligada a comunicar a la Mutua y al Instituto Nacional de la Seguridad Social, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde el siguiente a la recepción de la propuesta de alta, la estimación de la misma, con la emisión del alta, o su denegación, en cuyo caso acompañará informe médico motivado que la justifique. La estimación de la propuesta de alta dará lugar a que la mutua notifique la extinción del derecho al trabajador y a la empresa, señalando la fecha de efectos de la misma.</p>
<p class='sangrado'>En el supuesto de que la Inspección Médica considere necesario citar al trabajador para revisión médica, ésta se realizará dentro del plazo de cinco días previsto en el párrafo anterior y no suspenderá el cumplimiento de la obligación establecida en el mismo. No obstante, en el caso de incomparecencia del trabajador el día señalado para la revisión médica, se comunicará la inasistencia en el mismo día a la Mutua que realizó la propuesta. La Mutua dispondrá de un plazo de cuatro días para comprobar si la incomparecencia fue justificada y suspenderá el pago del subsidio con efectos desde el día siguiente al de la incomparecencia. En caso de que el trabajador justifique la incomparecencia, la Mutua acordará levantar la suspensión y repondrá el derecho al subsidio, y en caso de que la considere no justificada, adoptará el acuerdo de extinción del derecho en la forma establecida en el apartado 2 y lo notificará al trabajador y a la empresa, consignando la fecha de efectos del mismo, que se corresponderá con el primer día siguiente al de su notificación al trabajador.</p>
<p class='sangrado'>Cuando la Inspección Médica del Servicio Público de Salud hubiera desestimado la propuesta de alta formulada por la Mutua o bien no conteste a la misma en la forma y plazo establecidos, ésta podrá solicitar la emisión del parte de alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina, de acuerdo con las atribuciones conferidas en la disposición adicional quincuagésima segunda. En ambos casos, el plazo para resolver la solicitud será de cuatro días siguientes al de su recepción.</p>
<p class='sangrado'>4. Las comunicaciones que se realicen entre los médicos de las Mutuas, los pertenecientes al Servicio Público de Salud y las Entidades Gestoras se realizarán preferentemente por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, siendo válidas y eficaces desde el momento en que se reciban en el centro donde aquéllos desarrollen sus funciones.</p>
<p class='sangrado'>Igualmente las Mutuas comunicarán las incidencias que se produzcan en sus relaciones con el Servicio Público de Salud o cuando la empresa incumpla sus obligaciones al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que adoptará, en su caso, las medidas que correspondan.</p>
<p class='sangrado'>Las Mutuas no podrán desarrollar las funciones de gestión de la prestación a través de medios concertados, sin perjuicio de recabar, en los términos establecidos en el apartado 5, los servicios de los Centros sanitarios autorizados para realizar pruebas diagnósticas o tratamientos terapéuticos y rehabilitadores que las mismas soliciten.</p>
<p class='sangrado'>5. Son actos de control y seguimiento de la prestación económica, aquellos dirigidos a comprobar la concurrencia de los hechos que originan la situación de necesidad y de los requisitos que condicionan el nacimiento o mantenimiento del derecho, así como los exámenes y reconocimientos médicos. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social podrán realizar los mencionados actos a partir del día de la baja médica y, respecto de las citaciones para examen o reconocimiento médico, la incomparecencia injustificada del beneficiario será causa de extinción del derecho a la prestación económica, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 bis, en los términos que se establezcan reglamentariamente, sin perjuicio de la suspensión cautelar prevista en el apartado 3 del artículo 132.</p>
<p class='sangrado'>Asimismo las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social podrán realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, con la finalidad de evitar la prolongación innecesaria de los procesos previstos en esta disposición, previa autorización del médico del Servicio Público de Salud y consentimiento informado del paciente. Los resultados de estas pruebas y tratamientos se pondrán a disposición del facultativo del Servicio Público de Salud que asista al trabajador a través de los servicios de interoperabilidad del Sistema Nacional de Salud, para su incorporación en la historia clínica electrónica del paciente.</p>
<p class='sangrado'>Las pruebas diagnósticas y los tratamientos terapéuticos y rehabilitadores se realizarán principalmente en los Centros asistenciales gestionados por las Mutuas para dispensar la asistencia derivada de las contingencias profesionales, en el margen que permita su aprovechamiento, utilizando los medios destinados a la asistencia de patologías de origen profesional, y, con carácter subsidiario, podrán realizarse en centros concertados, autorizados para dispensar sus servicios en el ámbito de las contingencias profesionales, con sujeción a lo establecido en el párrafo anterior y en los términos que se establezcan reglamentariamente. En ningún caso las pruebas y tratamientos supondrán la asunción de la prestación de asistencia sanitaria derivada de contingencias comunes ni dará lugar a la dotación de recursos destinados a esta última.</p>
<p class='sangrado'>6. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social podrán celebrar convenios y acuerdos con las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y con los Servicios Públicos de Salud, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para la realización en los Centros asistenciales que gestionan, de reconocimientos médicos, pruebas diagnósticas, informes, tratamientos sanitarios y rehabilitadores, incluidas intervenciones quirúrgicas, que aquellos les soliciten, en el margen que permita su destino a las funciones de la colaboración. Los convenios y acuerdos autorizados fijarán las compensaciones económicas que hayan de satisfacerse como compensación a la Mutua por los servicios dispensados, así como la forma y condiciones de pago.</p>
<p class='sangrado'>Con carácter subsidiario respecto de los convenios y acuerdos previstos en el párrafo anterior, siempre que los Centros asistenciales que gestionan dispongan de un margen de aprovechamiento que lo permita, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social podrán celebrar conciertos con entidades privadas, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y mediante compensación económica conforme a lo que se establezca reglamentariamente, para la realización de las pruebas y los tratamientos señalados a favor de las personas que aquellos les soliciten, los cuales se supeditarán a que las actuaciones que se establezcan no perjudiquen los servicios a que los Centros están destinados, ni perturben la debida atención a los trabajadores protegidos ni a los que remitan las entidades públicas, ni minoren los niveles de calidad establecidos para los mismos.</p>
<p class='sangrado'>Los derechos de créditos que generen los convenios, acuerdos y conciertos son recursos públicos de la Seguridad Social, siendo de aplicación a los mismos lo dispuesto en el artículo 70.2.</p>
<p class='sangrado'>7. Sin perjuicio de los mecanismos y procedimientos regulados en los apartados anteriores, las entidades gestoras de la Seguridad Social o las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social podrán establecer acuerdos de colaboración, con el fin de mejorar la eficacia en la gestión y el control de la incapacidad temporal, con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria o los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas.»</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional primera. Denominación de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>Todas las referencias a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social realizadas en las normas legales y reglamentarias, se entenderán hechas a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional segunda. Revisión del sistema de protección por cese de actividad.</p>
<p class='parrafo'>En el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un estudio sobre la evolución de los principales parámetros que configuran el sistema de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos y su incidencia económica, al objeto de revisar, en su caso, el régimen de voluntariedad del sistema así como su régimen financiero.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional tercera.</p>
<p class='parrafo'>Las referencias a la Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud hechas en esta ley y en su normativa de desarrollo se entenderán referidas a los órganos de las Comunidades Autónomas que tengan atribuidas, en su caso, las funciones de inspección médica.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional cuarta. Actualización de la cotización por contingencias profesionales.</p>
<p class='parrafo'>El Gobierno abordará en el plazo de un año una actualización de la regulación de la cotización por contingencias profesionales en relación con los siguientes aspectos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Actualización de la Tarifa de cotización por contingencias profesionales, cumpliendo con lo establecido legalmente en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, respecto de la revisión de los tipos de cotización por actividades económicas y la reducción del número de situaciones contempladas en el denominado Cuadro II de dicha tarifa. La citada actualización se hará en función de la peligrosidad y los riesgos para las distintas actividades, industrias y tareas.</p>
<p class='parrafo'>b) Modificación del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. La modificación deberá tener como objetivos, entre otros, agilizar y simplificar el proceso de solicitud, reconocimiento y abono del incentivo, y la implantación de un sistema objetivo centrado en el comportamiento de la siniestralidad. Con la modificación se pretende incentivar en las empresas la adopción de medidas y procesos que contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional quinta.</p>
<p class='parrafo'>El Gobierno, en el plazo de tres años, presentará en el Congreso de los Diputados un informe de evaluación de la gestión de las Mutuas, a efectos de determinar si las funciones que tienen asignadas se están ejecutando con eficiencia en comparación con la gestión que se realiza por las entidades gestoras de la Seguridad Social y, en su caso, proponer los cambios que sean precisos.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional sexta. Retribuciones del personal facultativo de las Mutuas.</p>
<p class='parrafo'>No obstante lo establecido con carácter general en el artículo 71.4 de la Ley General de la Seguridad Social en la redacción dada por esta ley, en relación con la limitación de las retribuciones del personal de las Mutuas y sus Centros Mancomunados, excepcionalmente, con el objetivo de que las Mutuas puedan prestar unos servicios médicos más especializados, el personal facultativo al servicio de las mismas podrá percibir unas retribuciones por encima del límite de retribuciones totales fijado para el Director Gerente de la Mutua para la que preste servicios, debiéndose respetar, en todo caso, las disposiciones sobre la masa salarial y las limitaciones o restricciones que establezcan, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año.</p>
<p class='articulo'>Disposición transitoria primera. Aplicación de los plazos de vigencia de los convenios de asociación y de los documentos de adhesión.</p>
<p class='parrafo'>La aplicación del plazo de vigencia establecido en el artículo 72.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social a los convenios de asociación formalizados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, se realizará computando, como periodo de tiempo consumido, el que haya transcurrido desde la fecha de suscripción de aquel convenio hasta el último día de los dos meses siguientes al de la entrada en vigor de esta ley. No obstante, los convenios de asociación cuyo plazo de vigencia, computado en la forma mencionada, supere el establecido en el mencionado artículo 72.1.a), finalizarán durante el año en que se produzca la entrada en vigor de esta ley, el último día del mes coincidente con el de la suscripción, excepto aquellos cuya extinción se produzca entre el día 1 de enero y los dos meses mencionados, que finalizarán el último día de los mismos.</p>
<p class='parrafo'>Respecto de los documentos de adhesión, el plazo de vigencia previsto en el artículo 72.1.b) de la Ley General de la Seguridad Social se computará deduciendo el periodo de tiempo consumido desde la fecha de suscripción del Documento de Adhesión hasta la entrada en vigor de esta ley. En el caso de que, conforme a esta forma de cómputo, los documentos hayan vencido con anterioridad al día 1 de enero del siguiente año al de la entrada en vigor, los trabajadores autónomos afectados dispondrán de un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de esta ley para solicitar el cambio de Mutua, que producirá sus efectos a partir del 1 de enero del siguiente año.</p>
<p class='articulo'>Disposición transitoria segunda. Regularización de las Reservas de Estabilización.</p>
<p class='parrafo'>Lo dispuesto en el artículo 75.2 de la Ley General de la Seguridad Social respecto al régimen de dotación de las Reservas de Estabilización de Contingencias Profesionales, de Contingencias Comunes y por Cese de Actividad, será de aplicación a la liquidación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2014. A tal efecto las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social aplicarán los excesos que, en su caso, resulten sobre los límites establecidos a los Fondos y a la Reserva previstos en el artículo 75 bis de la Ley General de la Seguridad Social, e ingresarán en la Tesorería General de la Seguridad Social, con anterioridad al 31 de julio de 2015, las cantidades destinadas a aquellos, con destino a los fines establecidos en el artículo mencionado.</p>
<p class='articulo'>Disposición transitoria tercera. Régimen de desinversión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención.</p>
<p class='parrafo'>1. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social que al amparo de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales hubiesen aportado capital de su patrimonio histórico en las sociedades mercantiles de prevención constituidas por las mismas, deberán presentar las propuestas de venta con anterioridad al 31 de marzo de 2015 y enajenar la totalidad de las participaciones como fecha límite el 30 de junio de ese mismo año.</p>
<p class='parrafo'>El proceso de venta se iniciará previa determinación de los bienes, derechos y obligaciones de las sociedades constituidas y su valoración, a la que deberá prestar su conformidad el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al objeto de que no se generen perjuicios a los derechos, bienes o intereses de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>2. Finalizado el plazo establecido, si las Mutuas no hubieran enajenado el cien por cien de sus participaciones en las referidas sociedades, estas últimas entrarán en causa de disolución. Durante el mes de julio de 2015 la Mutua trasladará al Ministerio de Empleo y Seguridad Social el acuerdo de disolución debidamente inscrito en el Registro Mercantil, junto con los documentos que requiera el Departamento, y le dará cuenta de las actuaciones desarrolladas y previstas para la liquidación de la sociedad y el plazo estimado para finalizar el proceso liquidatorio, resultados previstos y aplicaciones. Asimismo la Mutua aportará en su momento al Ministerio de Empleo y Seguridad Social los documentos definitivos que acrediten la liquidación de la sociedad.</p>
<p class='parrafo'>3. Durante el periodo de tiempo que medie hasta la total desinversión, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social no podrán celebrar contratos con la sociedad de prevención propia ni de otra Mutua, ni realizar aportaciones a las mismas o contraer obligaciones a favor o en beneficio de aquellas, excepto autorización expresa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.3.e) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, las rentas generadas como consecuencia del régimen de desinversión previsto en esta disposición, estarán sometidas al régimen fiscal previsto en el apartado 2 del artículo 121 del citado texto refundido.</p>
<p class='articulo'>Disposición transitoria cuarta. Integración del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley, la Tesorería General de la Seguridad Social integrará en el Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social previsto en el artículo 75 bis.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social, la totalidad del metálico, saldo, valores y demás bienes muebles o inmuebles existentes en el Fondo de Prevención y Rehabilitación o resultantes de las inversiones procedentes de sus fondos, el cual quedará extinguido.</p>
<p class='articulo'>Disposición transitoria quinta. Adaptación de Estatutos.</p>
<p class='parrafo'>En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de las normas reglamentarias a las que se refiere el segundo párrafo de la disposición final quinta, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social deberán adaptar sus Estatutos a lo establecido en esta ley y en las referidas normas reglamentarias, y remitirlos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su aprobación.</p>
<p class='articulo'>Disposición transitoria sexta. Aplicación de las normas en materia de retribuciones.</p>
<p class='parrafo'>La eventual diferencia entre las retribuciones actualmente percibidas y las resultantes de la aplicación de lo previsto en el artículo 71.4 de la ley General de la Seguridad Social que pudiera existir a la entrada en vigor de esta ley, será absorbida por terceras partes en los tres ejercicios siguientes.</p>
<p class='articulo'>Disposición derogatoria única. Derogación normativa.</p>
<p class='parrafo'>Quedan derogados la disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, el artículo 44 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley.</p>
<p class='articulo'>Disposición final primera. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.</p>
<p class='parrafo'>El artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, queda modificado en los siguientes términos:</p>
<p class='sangrado_articulo'>«Artículo 32. Prohibición de participación en actividades mercantiles de prevención.</p>
<p class='sangrado'>Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social no podrán desarrollar las funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos, ni participar con cargo a su patrimonio histórico en el capital social de una sociedad mercantil en cuyo objeto figure la actividad de prevención.»</p>
<p class='articulo'>Disposición final segunda. Modificación de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.</p>
<p class='parrafo'>La Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, se modifica en los siguientes términos:</p>
<p class='parrafo_2'>Uno. El artículo 1 queda redactado del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_articulo'>«Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.</p>
<p class='sangrado'>1. El sistema específico de protección por el cese de actividad tiene por objeto dispensar a los trabajadores autónomos, afiliados a la Seguridad Social y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, las prestaciones y medidas establecidas en esta ley ante la situación de cese total en la actividad que originó el alta en el Régimen Especial, no obstante poder y querer ejercer una actividad económica o profesional a título lucrativo.</p>
<p class='sangrado'>2. El cese de actividad podrá ser definitivo o temporal. El cese temporal comporta la interrupción de todas las actividades que originaron el alta en el Régimen Especial en el que el trabajador autónomo figure encuadrado, en los supuestos regulados en el artículo 5.</p>
<p class='sangrado'>3. El régimen de protección de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios se regirá por lo dispuesto en la disposición adicional octava.»</p>
<p class='parrafo_2'>Dos. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_articulo'>«Artículo 2. Régimen jurídico.</p>
<p class='sangrado'>La protección por cese de actividad forma parte de la acción protectora del Sistema de la Seguridad Social, es de carácter voluntario y se rige por lo dispuesto en esta ley y en sus normas de desarrollo, así como, supletoriamente, por las normas que regulan el Régimen Especial de la Seguridad Social de encuadramiento.»</p>
<p class='parrafo_2'>Tres. La letra a) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 3 quedan redactados del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_2'>«a) La prestación económica por cese total, temporal o definitivo, de la actividad.»</p>
<p class='sangrado_2'>«2. El sistema de protección por cese de actividad comprenderá, además, medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios del mismo, cuya gestión corresponderá a las entidades previstas en el artículo 14.5.»</p>
<p class='parrafo_2'>Cuatro. Las letras a) y e) del apartado 1 del artículo 4 quedan redactadas del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_2'>«a) Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, en su caso.»</p>
<p class='sangrado_2'>«e) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.»</p>
<p class='parrafo_2'>Cinco. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_articulo'>«Artículo 5. Situación legal de cese de actividad.</p>
<p class='sangrado'>1. Se encontrarán en situación legal de cese de actividad todos aquellos trabajadores autónomos que cesen en el ejercicio de su actividad por alguna de las causas siguientes:</p>
<p class='sangrado_2'>a) Por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional.</p>
<p class='sangrado'>En caso de establecimiento abierto al público se exigirá el cierre del mismo durante la percepción del subsidio o bien su transmisión a terceros. No obstante, el autónomo titular del inmueble donde se ubica el establecimiento podrá realizar sobre el mismo los actos de disposición o disfrute que correspondan a su derecho, siempre que no supongan la continuidad del autónomo en la actividad económica o profesional finalizada.</p>
<p class='sangrado'>Se entenderá que existen motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:</p>
<p class='sangrado_2'>1.º Pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad en un año completo, superiores al 10 por ciento de los ingresos obtenidos en el mismo periodo, excluido el primer año de inicio de la actividad.</p>
<p class='sangrado'>2.º Ejecuciones judiciales o administrativas tendentes al cobro de las deudas reconocidas por los órganos ejecutivos, que comporten al menos el 30 por ciento de los ingresos del ejercicio económico inmediatamente anterior.</p>
<p class='sangrado'>3.º La declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad, en los términos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.</p>
<p class='sangrado_2'>b) Por fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la actividad económica o profesional.</p>
<p class='sangrado'>c) Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional y no venga motivada por la comisión de infracciones penales.</p>
<p class='sangrado'>d) La violencia de género determinante del cese temporal o definitivo de la actividad de la trabajadora autónoma.</p>
<p class='sangrado'>e) Por divorcio o separación matrimonial, mediante resolución judicial, en los supuestos en que el autónomo ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su excónyuge o de la persona de la que se ha separado, en función de las cuales estaba incluido en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado_2'>2. La situación legal de cese de la actividad respecto de los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos por aplicación de la disposición adicional vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se producirá cuando cesen involuntariamente en el cargo de consejero o administrador de la sociedad o en la prestación de servicios a la misma y la sociedad haya incurrido en pérdidas en los términos previstos en el apartado 1.a).1.º o bien haya disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital social.</p>
<p class='sangrado'>3. Se encontrarán en situación legal de cese de actividad los trabajadores autónomos económicamente dependientes que, sin perjuicio de lo previsto en el primer apartado de este artículo, cesen su actividad por extinción del contrato suscrito con el cliente del que dependan económicamente, en los siguientes supuestos:</p>
<p class='sangrado_2'>a) Por la terminación de la duración convenida en el contrato o conclusión de la obra o servicio.</p>
<p class='sangrado'>b) Por incumplimiento contractual grave del cliente, debidamente acreditado.</p>
<p class='sangrado'>c) Por rescisión de la relación contractual adoptada por causa justificada por el cliente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.</p>
<p class='sangrado'>d) Por rescisión de la relación contractual adoptada por causa injustificada por el cliente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.</p>
<p class='sangrado'>e) Por muerte, incapacidad o jubilación del cliente, siempre que impida la continuación de la actividad.</p>
<p class='sangrado_2'>La situación legal de cese de actividad establecida en este apartado será también de aplicación a los trabajadores autónomos que carezcan del reconocimiento de económicamente dependientes, siempre que su actividad cumpla las condiciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, por la que se aprueba el Estatuto del Trabajo Autónomo, y en el artículo 2 del Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.</p>
<p class='sangrado'>4. En ningún caso se considerará en situación legal de cese de actividad:</p>
<p class='sangrado_2'>a) A aquellos que cesen o interrumpan voluntariamente su actividad, salvo en el supuesto previsto en el apartado 3.b) del presente artículo.</p>
<p class='sangrado'>b) A los trabajadores autónomos previstos en el apartado 3 que tras cesar su relación con el cliente y percibir la prestación por cese de actividad, vuelvan a contratar con el mismo cliente en el plazo de un año, a contar desde el momento en que se extinguió la prestación, en cuyo caso deberán reintegrar la prestación recibida.»</p>
<p class='parrafo_2'>Seis. El apartado 1 y el primer párrafo del apartado 2 del artículo 6 quedan redactados del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_2'>«1. Las situaciones legales de cese de actividad de los trabajadores autónomos se acreditarán mediante declaración jurada del solicitante, en la que se consignará el motivo o motivos concurrentes y la fecha de efectos del cese, a la que acompañará los documentos que seguidamente se establecen, sin perjuicio de aportarse, si aquel lo estima conveniente, cualquier medio de prueba admitido legalmente:</p>
<p class='sangrado_2'>a) Los motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos se acreditarán mediante los documentos contables, profesionales, fiscales, administrativos o judiciales que justifiquen la falta de viabilidad de la actividad.</p>
<p class='sangrado'>En todo caso se deberán aportar los documentos que acrediten el cierre del establecimiento en los términos establecidos en el artículo 5.1.a), la baja en el censo de actividades económicas y la baja en el Régimen Especial de la Seguridad Social en el que estuviera encuadrado el solicitante. En el caso de que la actividad requiriera el otorgamiento de autorizaciones o licencias administrativas, se acompañará la comunicación de solicitud de baja correspondiente y, en su caso, la concesión de la misma, o bien el acuerdo de su retirada.</p>
<p class='sangrado'>Sin perjuicio de los documentos señalados en el párrafo anterior, la concurrencia de motivos económicos se considerará acreditada mediante la aportación, en los términos que reglamentariamente se establezcan, de la documentación contable que confeccione el trabajador autónomo, en la que se registre el nivel de pérdidas exigido en los términos del artículo 5.1.a).1.º, así como mediante las declaraciones del IVA, del IRPF y demás documentos preceptivos que, a su vez, justifiquen las partidas correspondientes consignadas en las cuentas aportadas. En todo caso, las partidas que se consignen corresponderán a conceptos admitidos en las normas que regulan la contabilidad.</p>
<p class='sangrado'>El trabajador autónomo podrá formular su solicitud aportando datos estimados de cierre, al objeto de agilizar la instrucción del procedimiento, e incorporará los definitivos con carácter previo al dictado de la resolución.</p>
<p class='sangrado'>b) El cese de actividad de los socios de las entidades capitalistas se acreditará mediante el acuerdo adoptado en junta, por el que se disponga el cese en el cargo de administrador o consejero junto con el certificado emitido por el Registro Mercantil que acredite la inscripción del acuerdo. En el supuesto de cese en la prestación de servicios se requerirá la aportación del documento que lo acredite así como el acuerdo de la Junta de reducción del capital por pérdidas.</p>
<p class='sangrado'>En ambos casos se requerirá la acreditación de la situación de pérdidas o de disminución del patrimonio neto en los términos establecidos en el artículo 5.2.</p>
<p class='sangrado'>c) La pérdida de la licencia administrativa que habilitó el ejercicio de la actividad mediante resolución correspondiente.</p>
<p class='sangrado'>d) La violencia de género, por la declaración escrita de la solicitante de haber cesado o interrumpido su actividad económica o profesional, a la que se adjuntará la orden de protección o, en su defecto, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios sobre la condición de víctima de violencia de género. De tratarse de una trabajadora autónoma económicamente dependiente, aquella declaración podrá ser sustituida por la comunicación escrita del cliente del que dependa económicamente en la que se hará constar el cese o la interrupción de la actividad. Tanto la declaración como la comunicación han de contener la fecha a partir de la cual se ha producido el cese o la interrupción.</p>
<p class='sangrado'>e) El divorcio o acuerdo de separación matrimonial de los familiares incursos en la situación prevista en el artículo 5.1.e) se acreditará mediante la correspondiente resolución judicial, a la que acompañarán la documentación correspondiente en la que se constate la pérdida de ejercicio de las funciones de ayuda familiar directa en el negocio, que venían realizándose con anterioridad a la ruptura o separación matrimoniales.»</p>
<p class='sangrado_2'>«2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1 del presente artículo, las situaciones legales de cese de actividad de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como de los mencionados en el artículo 5.3, se acreditarán a través de los siguientes medios:»</p>
<p class='parrafo_2'>Siete. El apartado 1 del artículo 7 queda redactado del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_2'>«1. Los trabajadores autónomos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4 deberán solicitar a la misma Mutua Colaboradora con la Seguridad Social a la que se encuentren adheridos el reconocimiento del derecho a la protección por cese de actividad.</p>
<p class='sangrado'>Respecto de los trabajadores por cuenta propia que no se encuentren adheridos a una Mutua, será de aplicación lo establecido en la disposición adicional cuarta.</p>
<p class='sangrado'>Dicho reconocimiento supondrá el nacimiento del derecho al disfrute de la correspondiente prestación económica, a partir del segundo mes posterior a aquel en que se produjo el hecho causante del cese de actividad. Cuando el trabajador autónomo económicamente dependiente haya finalizado su relación con el cliente principal, para tener derecho al disfrute de la prestación, no podrá tener actividad con otros clientes a partir del día en que inicie el cobro de la prestación.»</p>
<p class='parrafo_2'>Ocho. Se añade una letra e) al apartado 3 del artículo 8, con la siguiente redacción:</p>
<p class='sangrado_2'>«e) En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, los períodos de veda obligatoria aprobados por la autoridad competente no se tendrán en cuenta para el cómputo del período de 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese de actividad, siempre y cuando en esos períodos de veda no se hubiera percibido la prestación por cese de actividad.»</p>
<p class='parrafo_2'>Nueve. El apartado 1 del artículo 9 queda redactado del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_2'>«1. La base reguladora de la prestación económica por cese de actividad será el promedio de las bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese. En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar la base reguladora se calculará sobre la totalidad de la base de cotización por esta contingencia, sin aplicación de los coeficientes correctores de cotización, y además, los períodos de veda obligatoria aprobados por la autoridad competente no se tendrán en cuenta para el computo del período de 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese de actividad, siempre y cuando en esos períodos de veda no se hubiera percibido la prestación por cese de actividad.»</p>
<p class='parrafo_2'>Diez. El artículo 14 queda redactado del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_2'>«1. La protección por cese de actividad se financiará exclusivamente con cargo a la cotización por dicha contingencia. La fecha de efectos de la cobertura comenzará a partir del primer día del mismo mes en que sea formalizada.</p>
<p class='sangrado'>2. La base de cotización por cese de actividad se corresponderá con la base de cotización del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que hubiere elegido, como propia, el trabajador autónomo con arreglo a lo establecido en las normas de aplicación, o bien la que le corresponda como trabajador por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.</p>
<p class='sangrado'>3. El tipo de cotización correspondiente a la protección de la Seguridad Social por cese de actividad, aplicable a la base determinada en el apartado anterior, se establecerá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley General de la Seguridad Social. No obstante, al objeto de mantener la sostenibilidad financiera del sistema de protección, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio establecerá el tipo de cotización aplicable al ejercicio al que se refieran de acuerdo con las siguientes reglas:</p>
<p class='sangrado_2'>a) El tipo de cotización expresado en tanto por cien será el que resulte de la siguiente fórmula:</p>
<p class='sangrado_2'>TC<sub>t </sub>= G /BC*100</p>
<p class='sangrado_2'>Siendo:</p>
<p class='sangrado_2'>t = año al que se refieran los Presupuestos Generales del Estado en el que estará en vigor el nuevo tipo de cotización</p>
<p class='sangrado'>TC<sub>t</sub> = tipo de cotización aplicable para el año t</p>
<p class='sangrado'>G = suma del gasto por prestaciones de cese de actividad de los meses comprendidos desde 1 de agosto del año t-2 hasta el 31 de julio del año t-1</p>
<p class='sangrado'>BC= suma de las bases de cotización por cese de actividad de los meses comprendidos desde 1 de agosto del año t-2 hasta el 31 de julio del año t-1.</p>
<p class='sangrado_2'>b) No obstante lo anterior, no corresponderá aplicar el tipo resultante de la fórmula, manteniéndose el tipo vigente, cuando:</p>
<p class='sangrado_2'>1.º Suponga incrementar el tipo de cotización vigente en menos de 0,5 puntos porcentuales.</p>
<p class='sangrado'>2.º Suponga reducir el tipo de cotización vigente en menos de 0,5 puntos porcentuales, o cuando siendo la reducción del tipo mayor de 0,5 puntos porcentuales las reservas de esta prestación a las que se refiere el artículo 16.2 de la presente Ley previstas al cierre del año t–1 no superen el gasto presupuestado por la prestación de cese de actividad para el año t.</p>
<p class='sangrado_2'>c) En todo caso, el tipo de cotización a fijar anualmente no podrá ser inferior al 2,2 por ciento ni superior al 4 por ciento.</p>
<p class='sangrado'>Cuando el tipo de cotización a fijar en aplicación de lo previsto en este apartado exceda del 4 por ciento, se procederá necesariamente a revisar al alza todos los períodos de carencia previstos en el apartado 1 del artículo 8 de la presente Ley, que quedarán fijados en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dicha revisión al alza será al menos de dos meses.</p>
<p class='sangrado_2'>4. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal podrá emitir opinión conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, respecto a la aplicación por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de lo previsto en los apartados anteriores, así como respecto a la sostenibilidad financiera del sistema de protección por cese de actividad.</p>
<p class='sangrado'>5. Las medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad, a las que se refiere el artículo 3.2 de esta ley, se financiarán con un 1 por ciento de los ingresos establecidos en este artículo. Dichas medidas serán gestionadas por el Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma competente y por el Instituto Social de la Marina, en proporción al número de beneficiarios que gestionen.»</p>
<p class='parrafo_2'>Once. El artículo 16 queda redactado del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_articulo'>«Artículo 16. Órgano gestor.</p>
<p class='sangrado'>1. Salvo lo establecido en el artículo anterior y en la disposición adicional cuarta, corresponde a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social la gestión de las funciones y servicios derivados de la protección por cese de actividad, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los órganos competentes en materia de sanciones por infracciones en el orden social y de las competencias de dirección y tutela atribuidas al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el artículo 73.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.</p>
<p class='sangrado'>A tal fin, la gestión de la prestación por cese de actividad corresponderá a la Mutua con quien el trabajador autónomo haya formalizado el documento de adhesión, mediante la suscripción del Anexo correspondiente. El procedimiento de formalización de la protección por cese de actividad, su periodo de vigencia y efectos se regirán por las normas de aplicación a la colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado'>2. El resultado positivo anual que las Mutuas obtengan de la gestión del sistema de protección se destinará a la constitución de una Reserva de Estabilización por Cese de Actividad, cuyo nivel mínimo de dotación equivaldrá al 5 por ciento de las cuotas ingresadas durante el ejercicio por esta contingencia, que podrá incrementarse voluntariamente hasta alcanzar el 25 por ciento de las mismas cuotas, que constituirá el nivel máximo de dotación, y cuya finalidad será atender los posibles resultados negativos futuros que se produzcan en esta gestión.</p>
<p class='sangrado'>Una vez dotada con cargo al cierre del ejercicio la Reserva de Estabilización en los términos establecidos, el excedente se ingresará en la Tesorería General de la Seguridad Social, con destino a la dotación de una Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad, cuya finalidad será asimismo la cancelación de los déficits que puedan generar las Mutuas después de aplicada su reserva de cese de actividad, y la reposición de la misma hasta el nivel mínimo señalado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75.4 de la mencionada Ley General de la Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado'>En ningún caso será de aplicación el sistema de responsabilidad mancomunada establecido para los empresarios asociados.»</p>
<p class='parrafo_2'>Doce. El párrafo primero de la disposición adicional sexta queda redactado del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_2'>«Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, tendrán derecho a las prestaciones por cese de actividad siempre que cumplan las condiciones generales establecidas en esta ley y las particulares que seguidamente se disponen:»</p>
<p class='parrafo_2'>Trece. La letra c) del apartado 1 de la disposición adicional séptima queda redactada del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_2'>«c) Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional y no venga motivada por la comisión de infracciones penales.»</p>
<p class='articulo'>Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.</p>
<p class='parrafo'>El artículo 9.3.e) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, queda modificado en los siguientes términos:</p>
<p class='sangrado_2'>«e) Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, reguladas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.»</p>
<p class='articulo'>Disposición final cuarta. Modificación del apartado 1 del artículo 35 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.</p>
<p class='sangrado_articulo'>«Artículo 35. Sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas y de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado'>1. Las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales adscritas a la Administración General del Estado, así como las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, adaptarán su gestión a los principios enunciados de esta ley.»</p>
<p class='articulo'>Disposición final quinta. Habilitación al Gobierno.</p>
<p class='parrafo'>Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente ley.</p>
<p class='parrafo'>En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley el Gobierno aprobará cuantas normas reglamentarias sean necesarias en relación con el régimen de funcionamiento de los órganos de gobierno, gastos de administración, procedimiento de formalización de los convenios de asociación y documentos de adhesión, así como su contenido y efectos, régimen de retribuciones y de aplicación de las reservas de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.</p>
<p class='articulo'>Disposición final sexta. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo'>La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2015.</p>
<p class='parrafo'>No obstante, las reglas contenidas en el apartado 3 del artículo 14 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, en la redacción dada por esta ley, serán de aplicación a efectos del cálculo del tipo de cotización correspondiente al ejercicio 2016.</p>
<p class='parrafo_2'>Por tanto,</p>
<p class='parrafo'>Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 26 de diciembre de 2014.</p>
<p class='firma_rey'>FELIPE R.</p>
<p class='firma_ministro'>El Presidente del Gobierno,</p>
<p class='firma_ministro'>MARIANO RAJOY BREY</p>
</texto>
</documento>
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Mon Dec 29 07:40:23 +0000 2014
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FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:
PREÁMBULO
I
La presente ley da cumplimiento al Programa Nacional de Reformas del Reino de España de 2013, que prevé una nueva regulación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con el objetivo de modernizar el funcionamiento y gestión de estas entidades privadas, reforzando los niveles de transparencia y eficiencia, y contribuyendo en mayor medida a la lucha contra el absentismo laboral injustificado y a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.
El sistema de la Seguridad Social dispensa la protección pública contemplada en el artículo 41 de la Constitución Española a través de entidades con naturaleza de Entidades de Derecho Público dotadas de capacidad jurídica, pero también a través de entidades privadas a las que el Estado autoriza para colaborar en el ejercicio de determinadas funciones del sector administrativo.
El ejercicio de estas funciones de naturaleza administrativa se realiza por determinadas entidades privadas por el interés cualificado que ostentan en la materia, reservándose el Estado las funciones de dirección y tutela de esas funciones públicas.
Las entidades privadas autorizadas son las empresas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social y las hasta ahora denominadas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, que pasan a denominarse por la presente ley como Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales se regulan en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en el Capítulo VII del Título I, titulado «Gestión de la Seguridad Social», y dentro del mismo, en la Sección Cuarta. La figura jurídica a la que responde la participación privada en la gestión de funciones públicas es la denominada colaboración en la gestión de la Seguridad Social.
Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social se definen como asociaciones de empresarios, de naturaleza privada, sin ánimo de lucro, cuyo objeto exclusivo es la colaboración en la gestión de la Seguridad Social y cuyo ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional.
La colaboración en la gestión se desarrolla en relación con varias prestaciones. Así se pueden citar en la actualidad las siguientes: gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria derivada de las contingencias profesionales; realización de actividades de prevención de riesgos laborales de la Seguridad Social; gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes; gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural; gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave; y gestión de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
Para el desarrollo de la referida colaboración gestionan cuotas del sistema que periódicamente les son transferidas por la Tesorería General de la Seguridad Social. Para el mismo objeto tienen adscritos bienes inmuebles de la Seguridad Social, que están inscritos a nombre de dicho Servicio Común de la Administración de la Seguridad Social, como titular del patrimonio único de la misma.
Igualmente, cuentan con un patrimonio histórico, afecto a dicho objeto, en el que se integran los recursos y bienes obtenidos en su anterior naturaleza de entidad aseguradora, y que tradicionalmente se ha venido utilizando para afrontar los supuestos de responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados.
La repercusión de la gestión en las diferentes prestaciones por parte de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social ha sido positiva para el sistema, incluso en períodos de crisis, donde éstas han sido capaces de generar excedentes y aportar importantes recursos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Sin embargo, la normativa vigente requiere una adaptación a la realidad actual en aras a la consecución de los principios de seguridad jurídica, coordinación, eficacia, eficiencia, transparencia y competencia. Principios todos ellos que están siendo materializados de manera generalizada en la reforma de las Administraciones Públicas.
La presente ley regula la naturaleza y funcionamiento de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, así como el contenido y forma de ejercicio de las funciones públicas delegadas en las mismas con el objetivo del refuerzo de los citados principios.
Se pretende profundizar en la colaboración en aquellos aspectos relativos a la gestión de la Seguridad Social, dotándolas de instrumentos que permitan mejorar la gestión de las distintas prestaciones de manera que revierta en beneficio de los trabajadores protegidos.
Se persigue, a su vez, que esa mejor atención permita reducir el absentismo laboral injustificado y, por tanto, mejorar la competitividad de las empresas y, consecuentemente, la de la economía en su conjunto.
II
La presente ley, con absoluto respeto a su carácter de entidades privadas, tiene por finalidad regular en su integridad el régimen jurídico de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y de las funciones que desarrollan como entidades asociativas privadas colaboradoras en la gestión de la protección pública.
De esta manera, se pretende, por un lado, cubrir las lagunas legales existentes y, por otro, integrar la dispersión de la pluralidad de normas de distinto rango que conforman su régimen jurídico actual.
La ley moderniza el régimen jurídico de aplicación, de dos formas: por un lado, se articulan distintos mecanismos para que la gestión se desarrolle con la debida eficacia y eficiencia, en beneficio de los ciudadanos, y, por otro lado, se confiere mayor relevancia y distintas facultades a los destinatarios de la colaboración, los trabajadores por cuenta ajena protegidos, las empresas asociadas y los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
Por último, la ley da cumplimiento al mandato establecido en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que dispuso se reformara el marco normativo de las Mutuas.
III
La estructura de la ley responde a la necesidad de modificar el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en la materia, porque el régimen jurídico de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social debe ubicarse junto con las instituciones que integran el Sistema. A tal efecto se modifica la Subsección 2.ª de la Sección Cuarta del Capítulo VII del Título I, lugar donde se alberga el régimen jurídico de aquellas.
El apartado Uno del artículo único de la Ley comprende 11 artículos que sustituyen en su integridad al articulado de la mencionada Subsección 2.ª, siendo de destacar los aspectos que seguidamente se señalan.
En primer lugar, se define la naturaleza jurídica de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, así como las funciones que las mismas desarrollan en colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a quien corresponde su titularidad. Asimismo, se detallan las diferentes contingencias o prestaciones que gestionan, en concordancia con el artículo 72 de la Ley General de la Seguridad Social, que las distribuye en función de la clase de vínculo con la Mutua, convenio de asociación o documento de adhesión.
También se aclara que todas las prestaciones y servicios que las Mutuas dispensan son prestaciones y servicios de la Seguridad Social y, por tanto, sujetos al régimen jurídico de aplicación común. Asimismo, se establece que la prestación de asistencia sanitaria deriva de la cobertura de las contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). Se trata, por tanto, de una prestación contributiva, prevista con tal carácter en el texto refundido de Ley General de la Seguridad Social. También se aclara que las Mutuas pueden realizar las actividades preventivas de Seguridad Social a favor de los empresarios asociados y de los trabajadores autónomos adheridos que protejan las contingencias profesionales, entre las que se incluyen las actividades de asesoramiento a las empresas asociadas al objeto de que adapten sus puestos de trabajo y estructuras para la recolocación de los trabajadores que hayan sufrido una incapacidad sobrevenida.
La presente ley atribuye a la jurisdicción del orden social el conocimiento de las reclamaciones que tengan por objeto prestaciones de la Seguridad Social, incluidas las asistenciales, o se fundamenten en la gestión de las mismas, como son las de carácter indemnizatorio, con la finalidad de residenciar en el orden jurisdiccional especializado la materia e identificar a los titulares y legitimados, superando así las incertidumbres existentes.
El artículo 71 mejora la regulación de la estructura interna de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social estableciendo los órganos de gobierno, su composición y funciones. Es de destacar que por vez primera se regula la figura del Presidente y la posición que ocupa dentro de la Mutua. Asimismo, se aplica a este ámbito el principio de transparencia que viene propugnando el Gobierno mediante distintas medidas legislativas, como por ejemplo la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En este sentido, se atribuyen a los empresarios asociados las facultades de impugnación de acuerdos lesivos o contrarios a derecho, así como la exigencia de responsabilidad directa a los miembros de los distintos órganos directivos. En esta línea, se regulan los supuestos que originan la responsabilidad personal y directa, atribuyéndose ésta al autor de los actos que incurra en dolo o culpa grave, posponiendo al rango de subsidiaria la responsabilidad mancomunada, lo que mejorará los niveles de corrección en la gestión.
Como elemento novedoso se articula la participación de los agentes sociales a través de las Comisiones de Control y Seguimiento, a las que se incorpora una representación de las asociaciones profesionales de los trabajadores autónomos, dada la importancia cada vez mayor de este colectivo en la gestión de las Mutuas.
Los aspectos económicos se regulan en la presente ley con el propósito de superar ciertas incoherencias existentes y otorgar seguridad jurídica. Se establecen las distintas clases de recursos que se transfieren a las Mutuas por la Tesorería General de la Seguridad Social para su mantenimiento y el ejercicio de sus funciones. Estos recursos consisten en cuotas de la Seguridad Social, así como los rendimientos y plusvalías que aquellas generan, resultantes de su inversión en los activos autorizados.
Al objeto de potenciar el aprovechamiento de los centros asistenciales adscritos a las Mutuas, se facilita su utilización por los Servicios Públicos de Salud, por las Entidades Gestoras y por otras Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. A tal efecto se establece que dichos ingresos generarán crédito en el presupuesto de gastos de la Mutua que preste el servicio, en los conceptos correspondientes a los gastos de la misma naturaleza.
La ley regula el resultado económico y las reservas a constituir con cargo a éste, definiéndolas con detalle. Se establece la obligación de limitar, con un nivel máximo de cobertura, tanto la dotación de la Reserva de Estabilización de las Contingencias Profesionales como la correspondiente a la Reserva de Estabilización por Cese de Actividad de los trabajadores autónomos y se mantiene la limitación existente en la Reserva de Estabilización ahora denominada de Contingencias Comunes.
Se define el destino del excedente resultante para cada una de las contingencias una vez descontadas las reservas correspondientes. Así el 80 por ciento del excedente proveniente de contingencias profesionales se destinará al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, anteriormente denominado Fondo de Prevención y Rehabilitación, situado en la Tesorería General de la Seguridad Social, y cuyos fondos se aplicarán, entre otras funciones, a actividades en investigación, desarrollo e innovación que mejoren las técnicas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores para la recuperación de los trabajadores y a incentivar acciones en prevención. Del 20 por ciento restante, la mitad debe dirigirse a la Reserva complementaria y el otro 10 por ciento a la Reserva de asistencia social. En cuanto al excedente por la gestión de las contingencias comunes, éste debe incorporarse íntegramente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Finalmente, se regulan los supuestos de medidas cautelares, su contenido y efectos, las causas que originan la responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados y su forma de exigirse, así como las causas de disolución y liquidación de las Mutuas y los procedimientos correspondientes.
IV
El apartado Dos del artículo único modifica la disposición adicional undécima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que regula las particularidades de la gestión por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
La nueva regulación articula distintos mecanismos existentes para elevar los niveles de coordinación y eficacia con los Servicios Públicos de Salud, a quienes corresponde dispensar la asistencia sanitaria en estos casos. A tal efecto se facilita a las Mutuas la facultad de realizar las actividades de control y seguimiento desde la baja médica. Por otro lado, se mejora la coordinación antes mencionada, mediante la figura de la propuesta de alta médica, debidamente fundamentada, estableciéndose un procedimiento de plazos breves para obtener una respuesta más ágil. Esta coordinación se concretará asimismo en la articulación de procedimientos de incorporación de la información clínica generada por las Mutuas a la historia clínica electrónica de los pacientes atendidos, a los efectos de evitar duplicidades y generar sinergias con los Servicios Públicos de Salud.
Asimismo, la modificación de la disposición undécima preserva la colaboración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social con los organismos competentes de las Comunidades Autónomas mediante la suscripción de convenios que han demostrado ser instrumentos de gran eficacia en la mejora de la gestión y del control de la incapacidad temporal.
V
La ley termina con seis disposiciones adicionales, seis transitorias, una derogatoria y seis finales. Entre las mismas destacan la disposición final primera, que modifica el artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y la disposición final segunda, que modifica la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
La disposición final primera modifica el artículo 32 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al objeto de impedir que las Mutuas puedan desarrollar, directa o indirectamente, funciones de los Servicios de Prevención Ajenos. La problemática que se ha suscitado en este ámbito, que afecta al ejercicio de la colaboración y al propio mercado de los servicios de prevención ajenos, aconseja que las Mutuas se desvinculen totalmente de esta actividad y a tal efecto, la disposición transitoria tercera regula el plazo para realizar la desinversión en las mencionadas sociedades, que vencerá el 31 de marzo de 2015, y la forma de acreditar su cumplimiento.
La disposición final segunda modifica el régimen jurídico del sistema de protección de los trabajadores autónomos frente al cese de actividad, regulado en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, al objeto de suavizar los requisitos y formalidades que en la actualidad se exigen y que impiden en la práctica el legítimo disfrute del derecho, así como para ampliar su ámbito a beneficiarios excluidos del mismo y que sin embargo se encuentran en la situación de necesidad. Simultáneamente se elimina la obligación de proteger las contingencias profesionales para acceder a la protección, porque supone una carga económica para el autónomo que no guarda relación financiera ni material con el sistema de protección por cese de actividad; serán las normas del Régimen Especial correspondiente las que regulen el carácter voluntario u obligatorio de la protección frente a las contingencias profesionales según aconsejen las características y riesgos de la actividad.
Se mantiene el carácter voluntario de acceso al sistema de protección. No obstante, la disposición adicional segunda establece que en el plazo de cinco años el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un estudio sobre la evolución de los principales parámetros que configuran el sistema de protección para, en función de sus resultados, valorar la conveniencia de convertirlo en obligatorio o mantener su carácter voluntario, así como para valorar su régimen financiero. Se trata de una medida prudente como exige la toma de decisiones de la indicada naturaleza, que deben basarse en estrictos motivos financieros y debidamente justificados. En la misma línea se modifica el sistema de financiación y en orden a dotarlo de seguridad jurídica, objetividad y transparencia, se establece una fórmula matemática que se aplicará para adaptar el tipo de cotización según sus necesidades financieras, situándolo entre un mínimo del 2,2 por ciento y un máximo del 4 por ciento, que no se podrá rebasar.
En cuanto a las modificaciones de carácter sustantivo, se reduce el excesivo nivel de pérdidas que en la actualidad se exige al autónomo para incurrir en la situación de necesidad, entre el 20 y el 30 por ciento de los ingresos, para situar el requisito en el 10 por ciento. La situación de pérdidas a la que se refiere la letra a) 1.º) del apartado 1 del artículo 5 de la ley mencionada, se acreditará mediante la entrega de la documentación contable, de la forma que se determine reglamentariamente en atención a las distintas obligaciones de mantenimiento de registros contables o fiscales de los autónomos, así como de las declaraciones del IVA, IRPF y demás documentos preceptivos.
Asimismo se amplía la cobertura a los autónomos que por las características de su actividad se asimilan a los trabajadores económicamente dependientes, pero que carecen de la calificación legal por ausencia de las formalidades establecidas al efecto. Y en general, se mejoran la claridad y sistemática de la regulación, para elevar sus niveles de seguridad jurídica y dar coherencia a la materia.
Artículo único. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se modifica en los siguientes términos:
Uno. La Subsección 2.ª de la Sección Cuarta del Capítulo VII del Título I queda redactada del siguiente modo:
«Subsección 2.ª Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social
Artículo 68. Definición y objeto.
1. Son Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social las asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el Registro especial dependiente de éste, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en esta ley.
Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, una vez constituidas, adquieren personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. El ámbito de actuación de las mismas se extiende a todo el territorio del Estado.
2. Es objeto de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social el desarrollo, mediante la colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de las siguientes actividades de la Seguridad Social:
a) La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.
b) La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
c) La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
d) La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
e) La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
f) Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.
3. Las prestaciones y los servicios atribuidos a la gestión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social forman parte de la acción protectora del Sistema y se dispensarán a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de los trabajadores por cuenta propia adheridos conforme a las normas del régimen de la Seguridad Social en el que estén encuadrados y con el mismo alcance que dispensan las Entidades Gestoras en los supuestos atribuidos a las mismas, con las siguientes particularidades:
a) Respecto de las contingencias profesionales, corresponderá a las Mutuas la determinación inicial del carácter profesional de la contingencia, sin perjuicio de su posible revisión o calificación por la Entidad Gestora competente de acuerdo con las normas de aplicación.
Los actos que dicten las Mutuas, por los que reconozcan, suspendan, anulen o extingan derechos en los supuestos atribuidos a las mismas, serán motivados y se formalizarán por escrito, estando supeditada su eficacia a la notificación al interesado. Asimismo se notificarán al empresario cuando el beneficiario mantenga relación laboral y produzcan efectos en la misma.
Las prestaciones sanitarias comprendidas en la protección de las contingencias profesionales serán dispensadas a través de los medios e instalaciones gestionados por las Mutuas, mediante convenios con otras Mutuas o con las Administraciones Públicas Sanitarias, así como mediante conciertos con medios privados, en los términos establecidos en el artículo 199 y en las normas reguladoras del funcionamiento de las Entidades.
b) La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes se desarrollará en los términos y condiciones establecidos en la disposición adicional undécima.
c) Las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social son prestaciones asistenciales a favor de los empresarios asociados y de sus trabajadores dependientes, así como de los trabajadores por cuenta propia adheridos, que no generan derechos subjetivos, dirigidas a asistir a los mismos en el control y, en su caso, reducción de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de la Seguridad Social. También comprenderán actividades de asesoramiento a las empresas asociadas y a los trabajadores autónomos al objeto de que adapten sus puestos de trabajo y estructuras para la recolocación de los trabajadores accidentados o con patologías de origen profesional, así como actividades de investigación, desarrollo e innovación a realizar directamente por las Mutuas, dirigidas a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social.
Corresponderá al órgano de dirección y tutela de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, establecer la planificación periódica de las actividades preventivas de la Seguridad Social que desarrollarán aquéllas, sus criterios, contenido y orden de preferencias, así como tutelar su desarrollo y evaluar su eficacia y eficiencia. Las Comunidades Autónomas que ostenten competencia de ejecución compartida en materia de actividades de prevención de riesgos laborales, y sin perjuicio de lo establecido en sus respectivos Estatutos de Autonomía, podrán comunicar al órgano de tutela de las Mutuas las actividades que consideren que deban desarrollarse en sus respectivos ámbitos territoriales para que se incorporen a la planificación de las actividades preventivas de la Seguridad Social.
4. Las reclamaciones que tengan por objeto prestaciones y servicios de la Seguridad Social objeto de la colaboración en su gestión o que tengan su fundamento en las mismas, incluidas las de carácter indemnizatorio, se sustanciarán ante el orden jurisdiccional social de conformidad con lo establecido en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
5. Las obligaciones económicas que se atribuyan a las Mutuas serán pagadas con cargo a los recursos públicos adscritos para el desarrollo de la colaboración, sin perjuicio de que aquellas obligaciones que tengan por objeto pensiones se financien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.3.
6. La colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni comprenderá actividades de captación de empresas asociadas o de trabajadores adheridos. Tampoco podrá dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de éstos en las obligaciones que les correspondan por su condición de empresarios.
7. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.
Artículo 69. Constitución de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.
1. La constitución de una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que concurran un mínimo de cincuenta empresarios, quienes a su vez cuenten con un mínimo de treinta mil trabajadores y un volumen de cotización por contingencias profesionales no inferior a 20 millones de euros.
b) Que limiten su actividad al ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 68.
c) Que presten fianza, en la cuantía que establezcan las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.
d) Que exista autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, previa aprobación de los Estatutos de la Mutua, e inscripción en el registro administrativo dependiente del mismo.
2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, una vez comprobada la concurrencia de los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del apartado anterior y que los estatutos se ajustan al ordenamiento jurídico, autorizará la constitución de la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social y ordenará su inscripción en el Registro de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social dependiente del mismo. La Orden de autorización se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, en la que asimismo se consignará su número de registro, adquiriendo desde entonces personalidad jurídica.
3. La denominación de la Mutua incluirá la expresión “Mutua Colaboradora con la Seguridad Social”, seguida del número con el que haya sido inscrita. La denominación deberá ser utilizada en todos los centros y dependencias de la entidad, así como en sus relaciones con sus asociados, adheridos y trabajadores protegidos, y con terceros.
Artículo 70. Régimen económico-financiero.
1. El sostenimiento y funcionamiento de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, así como de las actividades, prestaciones y servicios comprendidos en su objeto, se financiarán mediante las cuotas de la Seguridad Social adscritas a las mismas, los rendimientos, incrementos, contraprestaciones y compensaciones obtenidos tanto de la inversión financiera de estos recursos como de la enajenación y desadscripción por cualquier título de los bienes muebles e inmuebles de la Seguridad Social adscritos a aquéllas y, en general, mediante cualquier ingreso obtenido en virtud del ejercicio de la colaboración o por el empleo de los medios de la misma.
La Tesorería General de la Seguridad Social entregará a las Mutuas las cuotas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ingresadas en aquélla por los empresarios asociados a cada una o por los trabajadores por cuenta propia adheridos, así como la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, la cuota por cese en la actividad de los trabajadores autónomos y el resto de cotizaciones que correspondan por las contingencias y prestaciones que gestionen, previa deducción de las aportaciones destinadas a las Entidades Públicas del Sistema por el reaseguro obligatorio y por la gestión de los servicios comunes, así como de las cantidades que, en su caso, se establezcan legalmente.
2. Los derechos de crédito que se generen a consecuencia de prestaciones o servicios que dispensen las Mutuas a favor de personas no protegidas por las mismas o, cuando estando protegidas, corresponda a un tercero su pago por cualquier título, así como los originados por prestaciones indebidamente satisfechas, son recursos públicos del Sistema de la Seguridad Social adscritos a aquéllas.
El importe de estos créditos será liquidado por las Mutuas, las cuales reclamarán su pago del sujeto obligado en la forma y condiciones establecidas en la norma o concierto del que nazca la obligación y hasta obtener su pago o, en su defecto, el título jurídico que habilite la exigibilidad del crédito, el cual comunicarán a la Tesorería General de la Seguridad Social para su recaudación con arreglo al procedimiento establecido en esta ley y en sus normas de desarrollo.
Los ingresos por servicios previstos en el artículo 68.3.a) dispensados a trabajadores no incluidos en el ámbito de actuación de la Mutua, generarán crédito en el presupuesto de gastos de la Mutua que presta el servicio, en los conceptos correspondientes a los gastos de la misma naturaleza que los que se originaron por la prestación de dichos servicios.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en todos los procedimientos dirigidos al cobro de la deuda, podrá autorizar el pago de los derechos de crédito en forma distinta a la de su ingreso en metálico y determinará el importe líquido del crédito que resulte extinguido, así como los términos y condiciones aplicables hasta la extinción del derecho. Cuando el sujeto obligado sea una Administración Pública o una entidad de la misma naturaleza y las deudas tengan su causa en la dispensación de asistencia sanitaria, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá asimismo autorizar el pago mediante dación de bienes, sin perjuicio de la aplicación del resto de facultades que se atribuyen al mismo hasta la extinción del derecho.
3. Son gastos de administración de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social los derivados del sostenimiento y funcionamiento de los servicios administrativos de la colaboración y comprenderán los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros y las amortizaciones de bienes inventariables. Estarán limitados anualmente al importe resultante de aplicar sobre los ingresos de cada ejercicio el porcentaje que corresponda de la escala que se establecerá reglamentariamente.
Artículo 71. Órganos de gobierno y participación.
1. Los órganos de gobierno de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social son la Junta General, la Junta Directiva y el Director Gerente.
El órgano de participación institucional es la Comisión de Control y Seguimiento.
La Comisión de Prestaciones Especiales es el órgano a quien corresponde la concesión de los beneficios de la asistencia social potestativa prevista en el artículo 75 bis.1.b).
2. La Junta General es el órgano de gobierno superior de la Mutua y estará integrada por todos los empresarios asociados, por una representación de los trabajadores por cuenta propia adheridos en los términos que reglamentariamente se establezcan, y por un representante de los trabajadores dependientes de la Mutua. Carecerán de derecho a voto aquellos empresarios asociados, así como los representantes de los trabajadores por cuenta propia adheridos, que no estén al corriente en el pago de las cotizaciones sociales.
La Junta General se reunirá con carácter ordinario una vez al año para aprobar el anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y con carácter extraordinario las veces que sea convocada por la Junta Directiva cumplidos los requisitos que reglamentariamente se establezcan para su convocatoria y celebración.
Es competencia de la Junta General, en todo caso, la designación y renovación de los miembros de la Junta Directiva, ser informada sobre las dotaciones y aplicaciones del patrimonio histórico, la reforma de los Estatutos, la fusión, absorción y disolución de la Entidad, la designación de los liquidadores y la exigencia de responsabilidad a los miembros de la Junta Directiva.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento y requisitos de convocatoria de las Juntas Generales y el régimen de deliberación y adopción de sus acuerdos, así como el ejercicio por los asociados de las acciones de impugnación de los acuerdos que sean contrarios a la ley, a los reglamentos e instrucciones de aplicación a la Mutua o lesionen el interés de la entidad en beneficio de uno o varios asociados o de terceros, así como los intereses de la Seguridad Social. La acción de impugnación caducará en el plazo de un año desde la fecha de su adopción.
3. La Junta Directiva es el órgano colegiado al que corresponde el gobierno directo de la Mutua. Estará compuesta por entre diez y veinte empresarios asociados, de los cuales el treinta por ciento corresponderá a aquellas empresas que cuenten con mayor número de trabajadores, determinadas con arreglo a los tramos que se establecerán reglamentariamente, y un trabajador por cuenta propia adherido, todos ellos designados por la Junta General. También formará parte el representante de los trabajadores mencionado en el apartado 2. El nombramiento como miembro de la Junta Directiva estará supeditado a la confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a excepción del representante de los trabajadores, y entre sus miembros se designará al Presidente de la misma.
Es competencia de la Junta Directiva la convocatoria de la Junta General, la ejecución de los acuerdos adoptados por la misma, la formulación de los anteproyectos de presupuestos y de las cuentas anuales, que deberán ser firmados por el Presidente de la entidad, así como la exigencia de responsabilidad al Director Gerente y demás funciones que se establezcan no reservadas a la Junta General. Reglamentariamente se regulará el régimen de funcionamiento de la Junta Directiva y de exigencia de responsabilidad.
Corresponde al Presidente de la Junta Directiva la representación de la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, la convocatoria de las reuniones a la misma y moderar sus deliberaciones. El Director Gerente mantendrá informado al Presidente de la gestión de la Mutua y seguirá las indicaciones que el mismo, en su caso, le imparta. El régimen de indemnizaciones que se establezca regulará las que correspondan al Presidente de la Mutua por las funciones específicas atribuidas y que en ningún caso podrán superar en su conjunto las retribuciones del Director Gerente.
No podrá recaer simultáneamente en la misma persona más de un cargo de la Junta Directiva, ya sea por sí misma o en representación de otras empresas asociadas, ni podrán formar parte de la Junta las personas o empresas que mantengan relación laboral o de servicios con la Mutua, a excepción del representante de los trabajadores.
4. El Director Gerente es el órgano que ejerce la dirección ejecutiva de la Mutua y a quien corresponde desarrollar sus objetivos generales y la dirección ordinaria de la entidad, sin perjuicio de estar sujeto a los criterios e instrucciones que, en su caso, le impartan la Junta Directiva y el Presidente de la misma.
El Director Gerente estará vinculado mediante contrato de alta dirección regulado por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. Será nombrado por la Junta Directiva, estando supeditada la eficacia del nombramiento y la del contrato de trabajo a la confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
No podrán ocupar el cargo de Director Gerente las personas que pertenezcan al Consejo de Administración o desempeñen actividad remunerada en cualquier empresa asociada a la Mutua, sean titulares de una participación igual o superior al 10 por ciento del capital social de aquellas o bien la titularidad corresponda al cónyuge o hijos de aquél. Tampoco podrán ser designadas las personas que hayan sido suspendidas de sus funciones en virtud de expediente sancionador hasta que se extinga la suspensión.
El resto del personal que ejerza funciones ejecutivas dependerá del Director Gerente, estará vinculado por contratos de alta dirección y también estará sujeto al régimen de incompatibilidades y limitaciones previstas para el Director Gerente.
A efectos retributivos, así como para la determinación del número máximo de personas que ejerzan funciones ejecutivas en las Mutuas, la Ministra de Empleo y Seguridad Social clasificará a las Mutuas por grupos en función de su volumen de cuotas, número de trabajadores protegidos y eficiencia en la gestión.
Las retribuciones del Director Gerente y del personal que ejerza funciones ejecutivas en las Mutuas se clasificarán en básicas y complementarias y estarán sujetas a los límites máximos fijados para cada grupo por el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. Asimismo estarán también sujetos a los límites previstos en el citado Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, el número máximo de personas que ejerzan funciones ejecutivas en cada Mutua.
Las retribuciones básicas del Director Gerente y del personal que ejerza funciones ejecutivas incluyen su retribución mínima obligatoria y se fijarán por la Junta Directiva conforme al grupo de clasificación en que resulte catalogada la Mutua.
Las retribuciones complementarias del Director Gerente y del personal que ejerza funciones ejecutivas comprenden un complemento del puesto y un complemento variable que se fijarán por la Junta Directiva de la Mutua.
El complemento del puesto se asignará teniendo en cuenta la situación retributiva del directivo en comparación con puestos similares del mercado de referencia, la estructura organizativa dependiente del puesto, el peso relativo del puesto dentro de la organización y el nivel de responsabilidad.
El complemento variable, que tendrá carácter potestativo, retribuirá la consecución de unos objetivos previamente establecidos por la Junta Directiva de la Mutua de conformidad con los criterios que pueda fijar el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estos objetivos tendrán carácter anual y deberán estar fundamentados en los resultados del ejercicio generados por la Mutua en la gestión de las diferentes actividades de la Seguridad Social en las que colabora.
En ningún caso, la retribución total puede exceder del doble de la retribución básica y ningún puesto podrá tener una retribución total superior a la que tenía con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
El personal no directivo estará sujeto a relación laboral ordinaria, regulada en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. En cualquier caso, ningún miembro del personal de la Mutua podrá obtener unas retribuciones totales superiores a las del Director Gerente. En todo caso, las retribuciones del conjunto del personal estarán sujetas a las disposiciones sobre la masa salarial y a las limitaciones o restricciones que establezcan, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año.
Con cargo a los recursos públicos, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social no podrán satisfacer indemnizaciones por extinción de la relación laboral con su personal, cualquiera que sea la forma de dicha relación y la causa de su extinción, que superen las establecidas en las disposiciones legales y reglamentarias reguladoras de dicha relación. Asimismo, las Mutuas no podrán establecer planes de pensiones para su personal, ni seguros colectivos que instrumenten compromisos por pensiones, ni planes de previsión social empresarial sin la aprobación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Los planes de pensiones, los contratos de seguros y los planes de previsión social empresarial, y las aportaciones y primas periódicas que se realicen estarán sujetos a los límites y criterios que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado establezcan en esta materia para el sector público.
5. La Comisión de Control y Seguimiento es el órgano de participación de los agentes sociales, al que corresponde conocer e informar de la gestión que realiza la entidad en las distintas modalidades de colaboración, proponer medidas para mejorar el desarrollo de las mismas en el marco de los principios y objetivos de la Seguridad Social, informar el anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y conocer los criterios que mantiene y aplica la Mutua en el desarrollo de su objeto social.
Para desarrollar esa labor, la Comisión dispondrá periódicamente de los informes sobre litigiosidad, reclamaciones y recursos, así como de los requerimientos de los órganos de supervisión y dirección y tutela, junto con su cumplimiento. Anualmente elaborará una serie de recomendaciones que serán enviadas tanto a la Junta Directiva como al órgano de dirección y tutela.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social regulará la composición y régimen de funcionamiento de las Comisiones de Control y Seguimiento, previo informe del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
La Comisión estará compuesta por un máximo de doce miembros designados por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como por una representación de las asociaciones profesionales de los trabajadores autónomos. Será Presidente de la Comisión el que en cada momento lo sea de la propia Mutua.
No podrá formar parte de la Comisión de Control y Seguimiento ningún miembro de la Junta Directiva, a excepción del Presidente, o persona que trabaje para la Entidad.
6. La Comisión de Prestaciones Especiales será competente para la concesión de los beneficios derivados de la Reserva de asistencia social que tenga establecidos la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social a favor de los trabajadores protegidos o adheridos y sus derechohabientes que hayan sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y se encuentren en especial estado o situación de necesidad. Los beneficios serán potestativos e independientes de los comprendidos en la acción protectora de la Seguridad Social.
La Comisión estará integrada por el número de miembros que se establezca reglamentariamente, los cuales estarán distribuidos, por partes iguales, entre los representantes de los trabajadores de las empresas asociadas y los representantes de empresarios asociados, siendo estos últimos designados por la Junta Directiva; asimismo tendrán representación los trabajadores adheridos. El Presidente será designado por la Comisión entre sus miembros.
7. No podrán formar parte de la Junta Directiva, de la Comisión de Control y Seguimiento ni de la Comisión de Prestaciones Especiales de una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social las personas que formen parte de cualquiera de estos órganos en otra Mutua, por sí mismas o en representación de empresas asociadas o de organizaciones sociales, así como aquellas que ejerzan funciones ejecutivas en otra entidad.
8. Los cargos anteriores o sus representantes en los mismos, así como las personas que ejerzan funciones ejecutivas en las Mutuas no podrán comprar ni vender para sí mismos cualquier activo patrimonial de la entidad ni celebrar contratos de ejecución de obras, de realización de servicios o de entrega de suministros, excepto las empresas de servicios financieros o de suministros esenciales, que requerirán para contratar autorización previa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ni celebrar contratos en los que concurran conflictos de intereses. Tampoco podrán realizar esos actos quienes estén vinculados a aquellos cargos o personas mediante relación de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado, ni las personas jurídicas en las que cualquiera de las mencionadas personas, cargos o parientes sean titulares, directa o indirectamente, de un porcentaje igual o superior al 10 por ciento del capital social, ejerzan en las mismas funciones que impliquen poder de decisión o formen parte de sus órganos de administración o gobierno.
La condición de miembro de la Junta Directiva, de la Comisión de Control y Seguimiento y de las Comisiones de Prestaciones Especiales será gratuita, sin perjuicio de que la Mutua en la que se integren les indemnice y compense por los gastos de asistencia a las reuniones de los respectivos órganos, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
9. Los miembros de la Junta Directiva, el Director Gerente y las personas que ejerzan funciones ejecutivas serán responsables directos frente a la Seguridad Social, la Mutua y los empresarios asociados de los daños que causen por sus actos u omisiones contrarios a las normas jurídicas de aplicación, a los Estatutos o a las instrucciones dictadas por el órgano de tutela, así como por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa grave. Se entenderán como acto propio las acciones y omisiones comprendidas en los respectivos ámbitos funcionales o de competencias.
La responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva será solidaria. No obstante, estarán exentos aquellos miembros que prueben que, no habiendo intervenido en la adopción o ejecución del acto, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a él.
Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, mediante la responsabilidad mancomunada regulada en el artículo 75 ter.4, responderán directamente de los actos lesivos en cuya ejecución concurra culpa leve o en los que no exista responsable directo. Asimismo, responderán subsidiariamente en los supuestos de insuficiencia patrimonial de los responsables directos.
10. Los derechos de crédito que nazcan de las responsabilidades establecidas en este artículo, así como de la responsabilidad mancomunada que asumen los empresarios asociados, prevista en el artículo 75 ter.4, son recursos públicos de la Seguridad Social adscritos a las Mutuas en las que concurrieron los hechos origen de la responsabilidad.
Corresponde al órgano de dirección y tutela la declaración de las responsabilidades establecidas en el párrafo anterior, de las obligaciones objeto de las mismas, así como determinar su importe líquido, reclamar su pago con arreglo a las normas que regulan la colaboración de las entidades y determinar los medios de pago, que podrán incluir la dación de bienes, las modalidades, formas, términos y condiciones aplicables hasta su extinción. Cuando el Tribunal de Cuentas inicie procedimiento de reintegro por alcance por los mismos hechos, el órgano de dirección y tutela acordará la suspensión del procedimiento administrativo hasta que aquel adopte resolución firme, cuyas disposiciones de naturaleza material producirán plenos efectos en el procedimiento administrativo.
El órgano de dirección y tutela podrá solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la recaudación ejecutiva de los derechos de crédito derivados de estas responsabilidades, a cuyo efecto trasladará a la misma el acto de liquidación de aquellos y la determinación de los sujetos obligados. Las cantidades que se obtengan se ingresarán en las cuentas que dieron lugar a la exigencia de la responsabilidad en los términos que establezca el órgano de dirección y tutela.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en aplicación de sus facultades de dirección y tutela, podrá reclamar el pago o ejercitar las acciones legales que sean necesarias para la declaración o exigencia de las responsabilidades generadas con motivo del desarrollo de la colaboración, así como comparecer y ser parte en los procesos legales que afecten a las responsabilidades establecidas.
Artículo 72. Empresarios asociados y trabajadores por cuenta propia adheridos.
1. Los empresarios y los trabajadores por cuenta propia, en el momento de cumplir ante la Tesorería General de la Seguridad Social sus respectivas obligaciones de inscripción de empresa, afiliación y alta, harán constar la Entidad Gestora o la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social por la que hayan optado para proteger los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y la protección por cese de actividad, de acuerdo con las normas reguladoras del Régimen de la Seguridad Social en el que se encuadren, y comunicarán a aquella sus posteriores modificaciones. Corresponderá a la Tesorería General de la Seguridad Social el reconocimiento de tales declaraciones y de sus efectos legales, en los términos establecidos reglamentariamente y sin perjuicio de las particularidades que se disponen en los apartados siguientes en caso de optarse a favor de una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social.
La opción a favor de una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social se realizará en la forma y tendrá el alcance que se establecen seguidamente:
a) Los empresarios que opten por una Mutua para la protección de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de la Seguridad Social deberán formalizar con la misma el convenio de asociación y proteger en la misma entidad a todos los trabajadores correspondientes a los centros de trabajo situados en la misma provincia, entendiéndose por éstos la definición contenida en el Estatuto de los Trabajadores.
Igualmente, los empresarios asociados podrán optar porque la misma Mutua gestione la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes respecto de los trabajadores protegidos frente a las contingencias profesionales.
El convenio de asociación es el instrumento por el que se formaliza la asociación a la Mutua y tendrá un periodo de vigencia de un año, que podrá prorrogarse por periodos de igual duración. Reglamentariamente se regulará el procedimiento para formalizar el convenio, su contenido y efectos.
b) Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, cuya acción protectora incluya voluntaria u obligatoriamente la prestación económica por incapacidad temporal, podrán optar por adherirse a una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social para la gestión de la misma. No obstante, los trabajadores que se hayan incorporado al Régimen Especial a partir del día 1 de enero de 1998, deberán formalizar la misma con una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, así como aquellos adheridos a una Mutua desde la indicada fecha que cambien de entidad.
Los trabajadores autónomos adheridos a una Mutua de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior y que asimismo cubran las contingencias profesionales, voluntaria u obligatoriamente, deberán formalizar su protección con la misma Mutua. Igualmente deberán adherirse aquellos que cubran exclusivamente las contingencias profesionales.
Los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar podrán optar por proteger las contingencias profesionales con la Entidad Gestora o con una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. En todo caso, la protección de las contingencias comunes deberán formalizarla con la Entidad Gestora de la Seguridad Social.
La protección se formalizará mediante documento de adhesión, por el cual el trabajador por cuenta propia se incorpora al ámbito gestor de la Mutua de forma externa a la base asociativa de la misma y sin adquirir los derechos y obligaciones derivados de la asociación. El periodo de vigencia de la adhesión será de un año, pudiendo prorrogarse por periodos de igual duración. El procedimiento para formalizar el documento de adhesión, su contenido y efectos, se regulará reglamentariamente.
c) Los trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos deberán formalizar la gestión por cese de actividad, regulada en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, con la Mutua a la que se encuentren adheridos mediante la suscripción del Anexo correspondiente al documento de adhesión, en los términos que establezcan las normas reglamentarias que regulan la colaboración. Por su parte, los trabajadores autónomos comprendidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar formalizarán la protección con la Entidad Gestora o con la Mutua con quien protejan las contingencias profesionales.
2. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social deberán aceptar toda proposición de asociación y de adhesión que se les formule, sin que la falta de pago de las cotizaciones sociales les excuse del cumplimiento de la obligación ni constituya causa de resolución del convenio o documento suscrito, o sus anexos.
3. La información y datos sobre los empresarios asociados, los trabajadores por cuenta propia adheridos y los trabajadores protegidos que obren en poder de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y, en general, los generados en el desarrollo de su actividad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social, tienen carácter reservado y están sometidos al régimen establecido en el artículo 66, sin que, en consecuencia, puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos establecidos en dicho artículo.
Artículo 73. Competencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 5, corresponden al Ministerio de Empleo y Seguridad Social las facultades de dirección y tutela sobre las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, las cuales se ejercerán a través del órgano administrativo al que se atribuyan las funciones.
2. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social serán objeto anualmente de una auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 168.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que será realizada por la Intervención General de la Seguridad Social. Asimismo anualmente realizará una auditoría de cumplimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 de la referida Ley.
3. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social elaborarán anualmente sus anteproyectos de presupuestos de ingresos y gastos de la gestión de la Seguridad Social y los remitirán al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su integración en el Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social. Igualmente, estarán sujetas al régimen contable establecido en el Título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que regula la contabilidad en el sector público estatal, en los términos de aplicación a las Entidades del sistema de la Seguridad Social, sin perjuicio de presentar en sus cuentas anuales el resultado económico alcanzado como consecuencia de la gestión de cada una de las actividades señaladas en el artículo 75.1, conforme a las disposiciones que establezca el organismo competente con sujeción a lo dispuesto en la citada Ley. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social deberán rendir sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el Título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
4. La inspección de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social será ejercida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con arreglo a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que comunicará al órgano de dirección y tutela el resultado de las actuaciones desarrolladas y los informes y propuestas que resulten de las mismas.
5. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social estarán obligadas a facilitar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social cuantos datos e información les solicite en orden al adecuado conocimiento del estado de la colaboración y de las funciones y actividades que desarrollan, así como sobre la gestión y administración del patrimonio histórico, y deberán cumplir las instrucciones que imparta el órgano de dirección y tutela.
Los empresarios asociados, sus trabajadores y los trabajadores por cuenta propia adheridos tendrán derecho a ser informados por las Mutuas acerca de los datos referentes a ellos que obren en las mismas. Asimismo podrán dirigirse al órgano de dirección y tutela formulando quejas y peticiones con motivo de las deficiencias que aprecien en el desarrollo de las funciones atribuidas, a cuyo efecto las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social mantendrán en todos sus Centros administrativos o asistenciales Libros de Reclamaciones a disposición de los interesados, destinadas al mencionado órgano administrativo, sin perjuicio de que los mismos puedan utilizar los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y aquellos que se establezcan reglamentariamente.
En cualquiera de los casos, la Mutua dará contestación directamente a las quejas y reclamaciones que reciba y deberá comunicar éstas junto con la respuesta dada al órgano de dirección y tutela.
6. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social editará anualmente, para conocimiento general, un informe comprensivo de las actividades desarrolladas por las Mutuas durante el ejercicio en el desarrollo de su colaboración en la gestión, en los distintos ámbitos autorizados, así como de los recursos y medios públicos adscritos, su gestión y aplicaciones. Igualmente editará un informe sobre las quejas y peticiones formuladas ante la misma, de conformidad con lo establecido en el apartado anterior, y su incidencia en los ámbitos de la gestión atribuidos.
Artículo 74. Patrimonio y régimen de la contratación.
1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 17 y 80.1, los ingresos establecidos en el apartado 1 del artículo 70, así como los bienes muebles e inmuebles en que puedan invertirse los mismos, y, en general, los derechos, acciones y recursos relacionados con ellos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están adscritos a las Mutuas para el desarrollo de las funciones de la Seguridad Social atribuidas, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
La adquisición por cualquier título de los inmuebles necesarios para el desarrollo de las funciones atribuidas y su enajenación se acordará por las Mutuas, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, correspondiendo a la Tesorería General de la Seguridad Social la formalización del acto en los términos autorizados, y se titularán e inscribirán en el Registro de la Propiedad a nombre del Servicio Común. La adquisición llevará implícita su adscripción a la Mutua autorizada. Igualmente las entidades podrán solicitar autorización para que se les adscriban inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social adscritos a las Entidades Gestoras, los Servicios Comunes u otras Mutuas, así como para la desadscripción de aquellos afectados, lo que requerirá conformidad de los interesados y obligará a compensar económicamente a la entidad cedente por aquella que reciba la posesión de los bienes.
Corresponde a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social la conservación, disfrute, mejora y defensa de los bienes adscritos, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Respecto de los bienes inmuebles, corresponderá a aquellas el ejercicio de las acciones posesorias y a la Tesorería General de la Seguridad Social el ejercicio de las acciones dominicales.
No obstante la titularidad pública del patrimonio, dada la gestión singularizada del mismo y el régimen económico-financiero establecido para las actividades de la colaboración, los bienes que integran el patrimonio adscrito estarán sujetos a los resultados de la gestión, pudiendo liquidarse para atender las necesidades de la misma y el pago de prestaciones u otras obligaciones derivadas de las expresadas actividades, sin perjuicio de la responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados. El producto que se obtenga de la enajenación de los indicados bienes o de su cambio de adscripción a favor de otra Mutua o de las Entidades Públicas del Sistema, se ingresará en la Mutua de la que procedan.
2. Los bienes incorporados al patrimonio de las Mutuas con anterioridad a 1 de enero de 1967 o durante el período comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que en este último caso se trate de bienes que provengan del 20 por 100 del exceso de excedentes, así como los que procedan de recursos distintos de los que tengan su origen en las cuotas de Seguridad Social, constituyen el patrimonio histórico de las Mutuas, cuya propiedad les corresponde en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a que se refiere el artículo 73.1.
Este patrimonio histórico se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la entidad, sin que de su dedicación al mismo puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan gravamen para el patrimonio único de la Seguridad Social. Considerando la estricta afectación de este patrimonio a los fines de colaboración de las Mutuas con la Seguridad Social, ni los bienes ni los rendimientos que, en su caso, produzcan pueden desviarse hacia la realización de actividades mercantiles.
Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el párrafo anterior, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente, formarán parte del patrimonio histórico de las Mutuas los ingresos a los que se refieren los apartados siguientes:
a) Las Mutuas que cuenten con bienes inmuebles integrantes de su patrimonio histórico, destinados a ubicar centros y servicios sanitarios o administrativos adscritos al desarrollo de las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social que tienen encomendada, podrán imputar en sus correspondientes cuentas de resultados un canon o coste de compensación por la utilización de tales inmuebles.
b) Las Mutuas que posean inmuebles vacíos que pertenezcan a su patrimonio histórico, que por las circunstancias concurrentes no puedan ser utilizados para la ubicación de centros y servicios sanitarios o administrativos para el desarrollo de actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social y sean susceptibles de ser alquilados a terceros, podrán hacerlo a precios de mercado.
c) Las Mutuas podrán percibir de las empresas que contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social parte de los incentivos contemplados en el artículo 75 bis.1.a) de esta ley, previo acuerdo de las partes. Reglamentariamente se establecerá el límite máximo de participación de las Mutuas en dichos incentivos.
3. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social ajustarán su actividad contractual a las normas de +aplicación a los poderes adjudicadores que no revisten el carácter de Administración Pública, contenidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y sus normas de desarrollo.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará los pliegos generales que regirán la contratación, así como las instrucciones de aplicación a los procedimientos que tengan por objeto contratos no sujetos a regulación armonizada, previo informe del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.
En los procedimientos de contratación se garantizarán los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, pudiendo licitar en los mismos los empresarios asociados y los trabajadores adheridos, en cuyo caso no podrán formar parte de los órganos de contratación, por sí mismos ni a través de mandatarios. Tampoco podrán formar parte de los órganos de contratación las personas vinculadas al licitador por parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado, ni las sociedades en las que las mismas ostenten una participación, directa o indirecta, igual o superior al 10 por ciento del capital social o ejerzan en las mismas funciones que impliquen el ejercicio de poder de decisión.
Reglamentariamente se regularán las especialidades de aplicación a las operaciones que supongan inversiones reales, inversiones financieras o a la actividad contractual excluida del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
4. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, gozarán de exención tributaria, en los términos que se establecen para las entidades gestoras en el artículo 65.1.
Artículo 75. Resultado económico y reservas.
1. El resultado económico patrimonial se determinará anualmente por la diferencia entre los ingresos y los gastos imputables a las actividades comprendidas en cada uno de los siguientes ámbitos de la gestión:
a) Gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, de la prestación económica por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave y de las actividades preventivas de la Seguridad Social.
b) Gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
c) Gestión de la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, sin perjuicio de que la Mutua actúe en este ámbito exclusivamente como organismo gestor.
En el ámbito de la gestión de las contingencias profesionales se constituirá una provisión para contingencias en tramitación, que comprenderá la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por invalidez y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentre pendiente al cierre del ejercicio.
2. En cada uno de los ámbitos mencionados en el apartado 1 se constituirá una Reserva de Estabilización que se dotará con el resultado económico positivo obtenido anualmente, cuyo destino será corregir las posibles desigualdades de los resultados económicos generados entre los diferentes ejercicios en cada uno de los ámbitos. Las cuantías de las Reservas serán las siguientes:
a) La Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales tendrá una cuantía mínima equivalente al 30 por ciento de la media anual de las cuotas ingresadas en el último trienio por las contingencias y prestaciones señaladas en el apartado 1.a), el cual, voluntariamente, podrá elevarse hasta el 45 por ciento, que constituirá el nivel máximo de dotación de la reserva.
b) La Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes tendrá una cuantía mínima equivalente al 5 por ciento de las cuotas ingresadas durante el ejercicio económico por las mencionadas contingencias, la cual podrá incrementarse voluntariamente hasta el 25 por ciento, que constituirá el nivel máximo de cobertura.
c) La Reserva de Estabilización por Cese de Actividad tendrá una cuantía mínima equivalente al 5 por ciento de las cuotas ingresadas por esta contingencia durante el ejercicio, que podrá incrementarse voluntariamente hasta el 25 por ciento de las mismas cuotas, que constituirá el nivel máximo de cobertura.
Asimismo, las Mutuas ingresarán en la Tesorería General de la Seguridad Social, la dotación de la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad, que constituirá la misma, con la finalidad de garantizar la suficiencia financiera de este sistema de protección. La cuantía se corresponderá con la diferencia entre el importe destinado a la Reserva de Estabilización por Cese de Actividad y la totalidad del resultado neto positivo.
3. Los resultados negativos obtenidos en los ámbitos previstos en las letras a) y b) del apartado 1 se cancelarán aplicando la respectiva Reserva de Estabilización. En caso de que la misma se sitúe por debajo de su nivel mínimo de cobertura, se repondrá hasta el mencionado nivel con cargo a la Reserva Complementaria prevista en el artículo 75 bis.1.b).
Cuando después de realizadas las operaciones establecidas en el párrafo anterior persista el déficit en el ámbito de la gestión de las contingencias profesionales o la dotación de la Reserva de Estabilización Especifica sea inferior al mínimo obligatorio, se aplicará a la cancelación del déficit y a dotar la Reserva hasta el mencionado nivel mínimo obligatorio, el tramo de dotación voluntaria de la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes y, en caso de insuficiencia, será de aplicación, en su caso, lo establecido en el artículo 75 ter.
Respecto del ámbito de la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, en el supuesto de que después de aplicada la Reserva Complementaria prevista en el párrafo primero persista el déficit o la dotación de la Reserva Específica se sitúe en una cuantía inferior a su nivel mínimo obligatorio, se aplicará a la cancelación del déficit y a dotar la Reserva de Estabilización específica de este ámbito, hasta situarla en su nivel mínimo de cobertura, la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales. En caso de que una vez aplicada esta última Reserva, la misma se sitúe en los niveles previstos en la letra a) del apartado 1 del artículo 75 ter, resultarán de aplicación las medidas establecidas en este artículo.
Asimismo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá establecer las condiciones en las que autorizar, en su caso, la aplicación de un porcentaje adicional sobre la fracción de cuota que financia la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes a las Mutuas que acrediten una insuficiencia financiera del coeficiente general en base a circunstancias estructurales en los términos que se determinen.
4. El resultado negativo de la gestión de las prestaciones por cese en la actividad se cancelará aplicando la Reserva específica constituida en las Mutuas y, en caso de insuficiencia, se aplicará la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad constituida en la Tesorería General de la Seguridad Social hasta extinguir el déficit y reponer hasta su nivel mínimo de dotación aquella Reserva, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
Artículo 75 bis. Excedentes y Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social.
1. El excedente que resulte después de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales se aplicará de la siguiente forma:
a) El 80 por ciento del excedente obtenido en el ámbito señalado en el artículo 75.1.a), se ingresará con anterioridad al 31 de julio de cada ejercicio en la cuenta especial del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, abierta en el Banco de España a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social y a disposición del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
El Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social estará integrado por el metálico depositado en la cuenta especial, por los valores mobiliarios y demás bienes muebles e inmuebles en que aquellos fondos se inviertan y, en general, por los recursos, rendimientos e incrementos que tengan su origen en el excedente de los recursos de la Seguridad Social generado por las Mutuas. Los rendimientos y gastos que produzcan los activos financieros y los de la cuenta especial se imputarán a la misma, salvo que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social disponga otra cosa.
El Fondo estará sujeto a la dirección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y adscrito a los fines de la Seguridad Social.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá aplicar los recursos del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social a la creación o renovación de centros asistenciales y de rehabilitación adscritos a las Mutuas, a actividades de investigación, desarrollo e innovación de técnicas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores de patologías derivadas de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales a desarrollar en los centros asistenciales adscritos a las Mutuas, así como a incentivar en las empresas la adopción de medidas y procesos que contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social, mediante un sistema que se regulará reglamentariamente y, en su caso, a dispensar servicios relacionados con la prevención y el control de las contingencias profesionales. Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran estarán sujetos al régimen establecido en el artículo 74.1.
La Tesorería General de la Seguridad Social podrá materializar los fondos depositados en la cuenta especial en activos financieros emitidos por personas jurídicas públicas, así como enajenar los mismos en las cantidades, plazos y demás condiciones que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hasta que el mismo disponga su uso para las aplicaciones expresadas.
Igualmente la Tesorería General de la Seguridad Social podrá disponer de los fondos depositados en la cuenta especial, con carácter transitorio, para atender a los fines propios del Sistema de la Seguridad Social, así como a las necesidades o desfases de tesorería, en la forma y condiciones que establezca el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hasta su aplicación por el mismo Ministerio a los fines señalados.
b) El 10 por ciento del excedente señalado en el apartado 1 se aplicará a la dotación de la Reserva Complementaria que constituirán las Mutuas, cuyos recursos se podrán destinar al pago de exceso de gastos de administración, de gastos procesales derivados de pretensiones que no tengan por objeto prestaciones de Seguridad Social y de sanciones administrativas, en el caso de que no resulte necesaria su aplicación a los fines establecidos en el artículo 75.3.
El 10 por ciento del excedente señalado en el apartado 1 se aplicará a la dotación de la Reserva de Asistencia Social, que se destinará al pago de prestaciones de asistencia social autorizadas, que comprenderán, entre otras, acciones de rehabilitación y de recuperación y reorientación profesional y medidas de apoyo a la adaptación de medios esenciales y puestos de trabajo, a favor de los trabajadores accidentados protegidos por las mismas y, en particular, para aquellos con discapacidad sobrevenida, así como, en su caso, ayudas a sus derechohabientes, las cuales serán ajenas y complementarias a las incluidas en la acción protectora de la Seguridad Social. Reglamentariamente se desarrollará el régimen de las aplicaciones de estas Reservas.
En el caso de la Reserva Complementaria, el importe máximo de la misma no podrá superar la cuantía equivalente al 25 por ciento del nivel máximo de la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales al que se refiere el apartado 2.a) del artículo 75 de esta ley.
En ningún caso la Reserva Complementaria y la Reserva de Asistencia Social podrán aplicarse al pago de gastos indebidos, por no corresponder a prestaciones, servicios u otros conceptos comprendidos en la colaboración, o a retribuciones o indemnizaciones del personal de las Mutuas por cuantía superior a la establecida en las normas de aplicación, los cuales serán pagados en la forma establecida en el artículo 75 ter.4.
2. El excedente que resulte después de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes se ingresará en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
3. El excedente que resulte después de dotar la Reserva de Estabilización por Cese de Actividad se ingresará en la Tesorería General de la Seguridad Social con destino a la dotación de la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad, cuya finalidad será la cancelación de los déficits que puedan generar las Mutuas en este ámbito de la gestión después de aplicada su Reserva de Estabilización por Cese de Actividad, así como la reposición de la misma al nivel mínimo obligatorio, en los términos establecidos en el artículo 75.4, sin perjuicio de ser de aplicación a la misma las previsiones establecidas en los párrafos quinto y sexto, del apartado 1.a) de este artículo, sobre materialización y disposiciones transitorias de los fondos.
Artículo 75 ter. Medidas cautelares y responsabilidad mancomunada.
1. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá adoptar las medidas cautelares establecidas en el apartado 2 cuando la Mutua se halle en alguna de las siguientes situaciones:
a) Cuando la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales no alcance el 80 por ciento de su cuantía mínima.
b) Cuando concurran circunstancias de hecho, determinadas en virtud de comprobaciones de la Administración General del Estado, que muestren la existencia de desequilibrio económico-financiero en la Entidad, que, a su vez, ponga en peligro la solvencia o liquidez de la misma, los intereses de los asociados, de los beneficiarios y de la Seguridad Social o el cumplimiento de obligaciones contraídas. Asimismo, cuando aquéllas comprobaciones determinen la insuficiencia o irregularidad de la contabilidad o de la administración, en términos que impidan conocer la situación real de la Mutua.
2. Las medidas cautelares que podrán adoptarse serán adecuadas y proporcionales en función de las características de la situación, y consistirán en:
a) Requerir a la entidad para que en el plazo de un mes presente un plan de viabilidad, rehabilitación o saneamiento a corto o medio plazo, aprobado por su Junta Directiva, en el que se propongan las medidas adecuadas de carácter financiero, administrativo o de otro orden, y formule previsión de los resultados y sus efectos, fijando asimismo los plazos para su ejecución, con la finalidad de superar la situación que dio origen a dicho requerimiento, garantizando en todo caso los derechos de los trabajadores protegidos y de la Seguridad Social.
La duración del plan no será superior a tres años, según las circunstancias, y concretará la forma y periodicidad de las actuaciones a realizar.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará o denegará el plan propuesto en el plazo de un mes desde su presentación y, en su caso, fijará la periodicidad con la que la entidad deberá informar de su desarrollo.
b) Convocar los órganos de gobierno de la entidad, designando la persona que deba presidir la reunión y dar cuenta de la situación.
c) Suspender en sus funciones a todos o algunos de los directivos de la entidad, debiendo ésta designar las personas que, aceptadas previamente por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hayan de sustituirlos interinamente. Si la entidad no lo hiciera, podrá dicho Ministerio proceder a su designación.
d) Ordenar la ejecución de medidas correctoras de las tendencias desfavorables registradas en su desarrollo económico y en el cumplimiento de sus fines sociales durante los últimos ejercicios analizados.
e) Intervenir la entidad para comprobar y garantizar el correcto cumplimiento de órdenes concretas emanadas del citado Ministerio cuando, en otro caso, pudieran infringirse tales órdenes y de ello derivarse perjuicio mediato o inmediato para los trabajadores protegidos o la Seguridad Social.
f) Ordenar el cese en la colaboración en caso de infracción calificada como muy grave conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
3. Para adoptar las medidas cautelares previstas en el apartado anterior, se instruirá el correspondiente procedimiento administrativo con audiencia previa de la entidad interesada. Tales medidas cesarán por acuerdo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social cuando hayan desaparecido las causas que las motivaron.
Las medidas cautelares son independientes de las sanciones que legalmente procedan por los mismos hechos, y de la responsabilidad mancomunada regulada en el apartado siguiente.
4. La responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados a las Mutuas tendrá por objeto las siguientes obligaciones:
a) La reposición de la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales hasta el nivel mínimo de cobertura, cuando la misma no alcance el 80 por ciento de su cuantía mínima, después de aplicarse las Reservas en la forma establecida en el artículo 75 y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social lo entienda necesario para garantizar la adecuada dispensación por la entidad de las prestaciones de la Seguridad Social o el cumplimento de sus obligaciones.
b) Los gastos indebidos por no corresponder a prestaciones, servicios u otros conceptos comprendidos en la colaboración en la gestión de la Seguridad Social.
c) Los excesos en los gastos de administración y por sanciones económicas impuestas.
d) Las retribuciones o indemnizaciones del personal al servicio de la Mutua por cuantía superior a la establecida en las normas que regulen la relación laboral de aplicación o por superar las limitaciones legalmente establecidas.
e) La cancelación del déficit que resulte de la liquidación de la Mutua, por la inexistencia de recursos suficientes una vez agotados los patrimonios en liquidación, incluido el patrimonio previsto en el artículo 74.2.
f) Las obligaciones contraídas por la Mutua cuando la misma no las cumpla en la forma establecida legalmente.
g) Las obligaciones atribuidas a la Mutua en virtud de la responsabilidad directa o subsidiaria, establecidas en el artículo 71.9.
La responsabilidad mancomunada se extenderá hasta el pago de las obligaciones contraídas durante el periodo de tiempo en el que haya permanecido asociado el empresario o sean consecuencia de operaciones realizadas durante el mismo. En caso de cese en la asociación, la responsabilidad prescribirá a los cinco años del cierre del ejercicio en que finalizó aquella.
El sistema que se aplique para determinar las derramas salvaguardará la igualdad de los derechos y obligaciones de los empresarios asociados y será proporcional al importe de las cuotas de la Seguridad Social que les corresponda satisfacer por las contingencias protegidas por la Mutua.
Las derramas tienen el carácter de recursos públicos de la Seguridad Social. La declaración de los créditos que resulten de la derrama y, en general, de la aplicación de la responsabilidad mancomunada se realizará por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, quién establecerá el importe líquido de los mismos, reclamará su pago y determinará la forma, los medios, modalidades y condiciones aplicables hasta su extinción, en los términos establecidos en el artículo 71.10.
5. Asimismo, la Mutua podrá hacer frente a esta responsabilidad mediante el patrimonio previsto en el artículo 74.2. En el caso de que este patrimonio no fuera suficiente para atender la citada responsabilidad a corto plazo, podrá autorizarse por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a propuesta de la Junta General de la Mutua, un plan de viabilidad y/o un aplazamiento en el que podrá no ser necesaria la constitución de garantías, en las condiciones y plazos que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 76. Disolución y liquidación.
Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social cesarán en la colaboración en la gestión de la misma, produciéndose la disolución de la Entidad, en los supuestos siguientes:
a) Acuerdo adoptado en Junta General Extraordinaria.
b) Fusión o absorción de la Mutua.
c) Ausencia de alguno de los requisitos exigidos para su constitución o funcionamiento.
d) Acuerdo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por incumplimiento del plan de viabilidad, rehabilitación o saneamiento previsto en el artículo 75 ter.2.a), dentro del plazo establecido en la resolución que apruebe el mismo.
e) En el supuesto previsto en el artículo 75 ter.2.f).
f) Cuando exista insuficiencia del patrimonio previsto en el artículo 74.2 para hacer frente al total de la responsabilidad mancomunada prevista en el artículo 75 ter.5, o se incumplan el plan de viabilidad o el aplazamiento del mencionado artículo.
En los supuestos anteriores y conforme al procedimiento que se regulará reglamentariamente, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social acordará la disolución de la Mutua, iniciándose seguidamente el proceso liquidatorio, cuyas operaciones y resultado requerirán la aprobación del mismo Ministerio. Los excedentes que resulten se ingresarán en la Tesorería General de la Seguridad Social para los fines del Sistema, excepto los que se obtengan de la liquidación del patrimonio histórico, que se aplicarán a los fines establecidos en los Estatutos una vez extinguidas las obligaciones de la Mutua.
Aprobada la liquidación, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social acordará el cese de la Entidad como Mutua en liquidación, ordenará la cancelación de su inscripción registral y publicará el acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.
En los supuestos de fusión y absorción no se iniciará proceso liquidatorio de las Mutuas integradas. La Mutua resultante de la fusión o la absorbente se subrogará en los derechos y obligaciones de las que se extingan.»
Dos. La disposición adicional undécima queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición adicional undécima. Gestión por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
1. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social desarrollarán la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de los trabajadores por cuenta propia adheridos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 72.1.a), párrafo segundo, y 72.1.b), párrafo primero, y en las normas contenidas en el Capítulo IV del Título II, así como en sus disposiciones de aplicación y desarrollo, con las particularidades previstas en los Regímenes Especiales y Sistemas en que aquellos estuvieran encuadrados y en la presente disposición.
2. Corresponde a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social la función de declaración del derecho a la prestación económica, así como las de denegación, suspensión, anulación y declaración de extinción del mismo, sin perjuicio del control sanitario de las altas y bajas médicas por parte de los servicios públicos de salud y de los efectos atribuidos a los partes médicos en esta ley y en sus normas de desarrollo.
Los actos que se dicten en el ejercicio de las funciones mencionadas en el párrafo anterior serán motivados y se formalizarán por escrito, estando supeditada su eficacia a la notificación al beneficiario. Asimismo se notificarán al empresario en los supuestos en que el beneficiario mantenga relación laboral.
Recibido el parte médico de baja, la Mutua comprobará el cumplimiento por el beneficiario de los requisitos de afiliación, alta, periodo de carencia y restantes exigidos en el Régimen de la Seguridad Social correspondiente y determinará el importe del subsidio, adoptando el acuerdo de declaración inicial del derecho a la prestación.
Durante el plazo de dos meses siguientes a la liquidación y pago del subsidio, los pagos que se realicen tendrán carácter provisional, pudiendo las Mutuas regularizar los pagos provisionales, que adquirirán el carácter de definitivos cuando transcurra el mencionado plazo de dos meses.
3. Cuando las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, con base en el contenido de los partes médicos y de los informes emitidos en el proceso, así como a través de la información obtenida de las actuaciones de control y seguimiento o de las asistencias sanitarias previstas en el apartado 5, consideren que el beneficiario podría no estar impedido para el trabajo, podrán formular propuestas motivadas de alta médica a través de los médicos dependientes de las mismas, dirigidas a la Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud. Las Mutuas comunicarán simultáneamente al trabajador afectado y al Instituto Nacional de la Seguridad Social, para su conocimiento, que se ha enviado la mencionada propuesta de alta.
La Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud estará obligada a comunicar a la Mutua y al Instituto Nacional de la Seguridad Social, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde el siguiente a la recepción de la propuesta de alta, la estimación de la misma, con la emisión del alta, o su denegación, en cuyo caso acompañará informe médico motivado que la justifique. La estimación de la propuesta de alta dará lugar a que la mutua notifique la extinción del derecho al trabajador y a la empresa, señalando la fecha de efectos de la misma.
En el supuesto de que la Inspección Médica considere necesario citar al trabajador para revisión médica, ésta se realizará dentro del plazo de cinco días previsto en el párrafo anterior y no suspenderá el cumplimiento de la obligación establecida en el mismo. No obstante, en el caso de incomparecencia del trabajador el día señalado para la revisión médica, se comunicará la inasistencia en el mismo día a la Mutua que realizó la propuesta. La Mutua dispondrá de un plazo de cuatro días para comprobar si la incomparecencia fue justificada y suspenderá el pago del subsidio con efectos desde el día siguiente al de la incomparecencia. En caso de que el trabajador justifique la incomparecencia, la Mutua acordará levantar la suspensión y repondrá el derecho al subsidio, y en caso de que la considere no justificada, adoptará el acuerdo de extinción del derecho en la forma establecida en el apartado 2 y lo notificará al trabajador y a la empresa, consignando la fecha de efectos del mismo, que se corresponderá con el primer día siguiente al de su notificación al trabajador.
Cuando la Inspección Médica del Servicio Público de Salud hubiera desestimado la propuesta de alta formulada por la Mutua o bien no conteste a la misma en la forma y plazo establecidos, ésta podrá solicitar la emisión del parte de alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina, de acuerdo con las atribuciones conferidas en la disposición adicional quincuagésima segunda. En ambos casos, el plazo para resolver la solicitud será de cuatro días siguientes al de su recepción.
4. Las comunicaciones que se realicen entre los médicos de las Mutuas, los pertenecientes al Servicio Público de Salud y las Entidades Gestoras se realizarán preferentemente por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, siendo válidas y eficaces desde el momento en que se reciban en el centro donde aquéllos desarrollen sus funciones.
Igualmente las Mutuas comunicarán las incidencias que se produzcan en sus relaciones con el Servicio Público de Salud o cuando la empresa incumpla sus obligaciones al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que adoptará, en su caso, las medidas que correspondan.
Las Mutuas no podrán desarrollar las funciones de gestión de la prestación a través de medios concertados, sin perjuicio de recabar, en los términos establecidos en el apartado 5, los servicios de los Centros sanitarios autorizados para realizar pruebas diagnósticas o tratamientos terapéuticos y rehabilitadores que las mismas soliciten.
5. Son actos de control y seguimiento de la prestación económica, aquellos dirigidos a comprobar la concurrencia de los hechos que originan la situación de necesidad y de los requisitos que condicionan el nacimiento o mantenimiento del derecho, así como los exámenes y reconocimientos médicos. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social podrán realizar los mencionados actos a partir del día de la baja médica y, respecto de las citaciones para examen o reconocimiento médico, la incomparecencia injustificada del beneficiario será causa de extinción del derecho a la prestación económica, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 bis, en los términos que se establezcan reglamentariamente, sin perjuicio de la suspensión cautelar prevista en el apartado 3 del artículo 132.
Asimismo las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social podrán realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, con la finalidad de evitar la prolongación innecesaria de los procesos previstos en esta disposición, previa autorización del médico del Servicio Público de Salud y consentimiento informado del paciente. Los resultados de estas pruebas y tratamientos se pondrán a disposición del facultativo del Servicio Público de Salud que asista al trabajador a través de los servicios de interoperabilidad del Sistema Nacional de Salud, para su incorporación en la historia clínica electrónica del paciente.
Las pruebas diagnósticas y los tratamientos terapéuticos y rehabilitadores se realizarán principalmente en los Centros asistenciales gestionados por las Mutuas para dispensar la asistencia derivada de las contingencias profesionales, en el margen que permita su aprovechamiento, utilizando los medios destinados a la asistencia de patologías de origen profesional, y, con carácter subsidiario, podrán realizarse en centros concertados, autorizados para dispensar sus servicios en el ámbito de las contingencias profesionales, con sujeción a lo establecido en el párrafo anterior y en los términos que se establezcan reglamentariamente. En ningún caso las pruebas y tratamientos supondrán la asunción de la prestación de asistencia sanitaria derivada de contingencias comunes ni dará lugar a la dotación de recursos destinados a esta última.
6. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social podrán celebrar convenios y acuerdos con las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y con los Servicios Públicos de Salud, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para la realización en los Centros asistenciales que gestionan, de reconocimientos médicos, pruebas diagnósticas, informes, tratamientos sanitarios y rehabilitadores, incluidas intervenciones quirúrgicas, que aquellos les soliciten, en el margen que permita su destino a las funciones de la colaboración. Los convenios y acuerdos autorizados fijarán las compensaciones económicas que hayan de satisfacerse como compensación a la Mutua por los servicios dispensados, así como la forma y condiciones de pago.
Con carácter subsidiario respecto de los convenios y acuerdos previstos en el párrafo anterior, siempre que los Centros asistenciales que gestionan dispongan de un margen de aprovechamiento que lo permita, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social podrán celebrar conciertos con entidades privadas, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y mediante compensación económica conforme a lo que se establezca reglamentariamente, para la realización de las pruebas y los tratamientos señalados a favor de las personas que aquellos les soliciten, los cuales se supeditarán a que las actuaciones que se establezcan no perjudiquen los servicios a que los Centros están destinados, ni perturben la debida atención a los trabajadores protegidos ni a los que remitan las entidades públicas, ni minoren los niveles de calidad establecidos para los mismos.
Los derechos de créditos que generen los convenios, acuerdos y conciertos son recursos públicos de la Seguridad Social, siendo de aplicación a los mismos lo dispuesto en el artículo 70.2.
7. Sin perjuicio de los mecanismos y procedimientos regulados en los apartados anteriores, las entidades gestoras de la Seguridad Social o las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social podrán establecer acuerdos de colaboración, con el fin de mejorar la eficacia en la gestión y el control de la incapacidad temporal, con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria o los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas.»
Disposición adicional primera. Denominación de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.
Todas las referencias a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social realizadas en las normas legales y reglamentarias, se entenderán hechas a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.
Disposición adicional segunda. Revisión del sistema de protección por cese de actividad.
En el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un estudio sobre la evolución de los principales parámetros que configuran el sistema de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos y su incidencia económica, al objeto de revisar, en su caso, el régimen de voluntariedad del sistema así como su régimen financiero.
Disposición adicional tercera.
Las referencias a la Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud hechas en esta ley y en su normativa de desarrollo se entenderán referidas a los órganos de las Comunidades Autónomas que tengan atribuidas, en su caso, las funciones de inspección médica.
Disposición adicional cuarta. Actualización de la cotización por contingencias profesionales.
El Gobierno abordará en el plazo de un año una actualización de la regulación de la cotización por contingencias profesionales en relación con los siguientes aspectos:
a) Actualización de la Tarifa de cotización por contingencias profesionales, cumpliendo con lo establecido legalmente en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, respecto de la revisión de los tipos de cotización por actividades económicas y la reducción del número de situaciones contempladas en el denominado Cuadro II de dicha tarifa. La citada actualización se hará en función de la peligrosidad y los riesgos para las distintas actividades, industrias y tareas.
b) Modificación del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. La modificación deberá tener como objetivos, entre otros, agilizar y simplificar el proceso de solicitud, reconocimiento y abono del incentivo, y la implantación de un sistema objetivo centrado en el comportamiento de la siniestralidad. Con la modificación se pretende incentivar en las empresas la adopción de medidas y procesos que contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social.
Disposición adicional quinta.
El Gobierno, en el plazo de tres años, presentará en el Congreso de los Diputados un informe de evaluación de la gestión de las Mutuas, a efectos de determinar si las funciones que tienen asignadas se están ejecutando con eficiencia en comparación con la gestión que se realiza por las entidades gestoras de la Seguridad Social y, en su caso, proponer los cambios que sean precisos.
Disposición adicional sexta. Retribuciones del personal facultativo de las Mutuas.
No obstante lo establecido con carácter general en el artículo 71.4 de la Ley General de la Seguridad Social en la redacción dada por esta ley, en relación con la limitación de las retribuciones del personal de las Mutuas y sus Centros Mancomunados, excepcionalmente, con el objetivo de que las Mutuas puedan prestar unos servicios médicos más especializados, el personal facultativo al servicio de las mismas podrá percibir unas retribuciones por encima del límite de retribuciones totales fijado para el Director Gerente de la Mutua para la que preste servicios, debiéndose respetar, en todo caso, las disposiciones sobre la masa salarial y las limitaciones o restricciones que establezcan, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año.
Disposición transitoria primera. Aplicación de los plazos de vigencia de los convenios de asociación y de los documentos de adhesión.
La aplicación del plazo de vigencia establecido en el artículo 72.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social a los convenios de asociación formalizados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, se realizará computando, como periodo de tiempo consumido, el que haya transcurrido desde la fecha de suscripción de aquel convenio hasta el último día de los dos meses siguientes al de la entrada en vigor de esta ley. No obstante, los convenios de asociación cuyo plazo de vigencia, computado en la forma mencionada, supere el establecido en el mencionado artículo 72.1.a), finalizarán durante el año en que se produzca la entrada en vigor de esta ley, el último día del mes coincidente con el de la suscripción, excepto aquellos cuya extinción se produzca entre el día 1 de enero y los dos meses mencionados, que finalizarán el último día de los mismos.
Respecto de los documentos de adhesión, el plazo de vigencia previsto en el artículo 72.1.b) de la Ley General de la Seguridad Social se computará deduciendo el periodo de tiempo consumido desde la fecha de suscripción del Documento de Adhesión hasta la entrada en vigor de esta ley. En el caso de que, conforme a esta forma de cómputo, los documentos hayan vencido con anterioridad al día 1 de enero del siguiente año al de la entrada en vigor, los trabajadores autónomos afectados dispondrán de un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de esta ley para solicitar el cambio de Mutua, que producirá sus efectos a partir del 1 de enero del siguiente año.
Disposición transitoria segunda. Regularización de las Reservas de Estabilización.
Lo dispuesto en el artículo 75.2 de la Ley General de la Seguridad Social respecto al régimen de dotación de las Reservas de Estabilización de Contingencias Profesionales, de Contingencias Comunes y por Cese de Actividad, será de aplicación a la liquidación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2014. A tal efecto las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social aplicarán los excesos que, en su caso, resulten sobre los límites establecidos a los Fondos y a la Reserva previstos en el artículo 75 bis de la Ley General de la Seguridad Social, e ingresarán en la Tesorería General de la Seguridad Social, con anterioridad al 31 de julio de 2015, las cantidades destinadas a aquellos, con destino a los fines establecidos en el artículo mencionado.
Disposición transitoria tercera. Régimen de desinversión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención.
1. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social que al amparo de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales hubiesen aportado capital de su patrimonio histórico en las sociedades mercantiles de prevención constituidas por las mismas, deberán presentar las propuestas de venta con anterioridad al 31 de marzo de 2015 y enajenar la totalidad de las participaciones como fecha límite el 30 de junio de ese mismo año.
El proceso de venta se iniciará previa determinación de los bienes, derechos y obligaciones de las sociedades constituidas y su valoración, a la que deberá prestar su conformidad el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al objeto de que no se generen perjuicios a los derechos, bienes o intereses de la Seguridad Social.
2. Finalizado el plazo establecido, si las Mutuas no hubieran enajenado el cien por cien de sus participaciones en las referidas sociedades, estas últimas entrarán en causa de disolución. Durante el mes de julio de 2015 la Mutua trasladará al Ministerio de Empleo y Seguridad Social el acuerdo de disolución debidamente inscrito en el Registro Mercantil, junto con los documentos que requiera el Departamento, y le dará cuenta de las actuaciones desarrolladas y previstas para la liquidación de la sociedad y el plazo estimado para finalizar el proceso liquidatorio, resultados previstos y aplicaciones. Asimismo la Mutua aportará en su momento al Ministerio de Empleo y Seguridad Social los documentos definitivos que acrediten la liquidación de la sociedad.
3. Durante el periodo de tiempo que medie hasta la total desinversión, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social no podrán celebrar contratos con la sociedad de prevención propia ni de otra Mutua, ni realizar aportaciones a las mismas o contraer obligaciones a favor o en beneficio de aquellas, excepto autorización expresa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.3.e) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, las rentas generadas como consecuencia del régimen de desinversión previsto en esta disposición, estarán sometidas al régimen fiscal previsto en el apartado 2 del artículo 121 del citado texto refundido.
Disposición transitoria cuarta. Integración del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley, la Tesorería General de la Seguridad Social integrará en el Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social previsto en el artículo 75 bis.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social, la totalidad del metálico, saldo, valores y demás bienes muebles o inmuebles existentes en el Fondo de Prevención y Rehabilitación o resultantes de las inversiones procedentes de sus fondos, el cual quedará extinguido.
Disposición transitoria quinta. Adaptación de Estatutos.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de las normas reglamentarias a las que se refiere el segundo párrafo de la disposición final quinta, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social deberán adaptar sus Estatutos a lo establecido en esta ley y en las referidas normas reglamentarias, y remitirlos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su aprobación.
Disposición transitoria sexta. Aplicación de las normas en materia de retribuciones.
La eventual diferencia entre las retribuciones actualmente percibidas y las resultantes de la aplicación de lo previsto en el artículo 71.4 de la ley General de la Seguridad Social que pudiera existir a la entrada en vigor de esta ley, será absorbida por terceras partes en los tres ejercicios siguientes.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogados la disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, el artículo 44 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
El artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, queda modificado en los siguientes términos:
«Artículo 32. Prohibición de participación en actividades mercantiles de prevención.
Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social no podrán desarrollar las funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos, ni participar con cargo a su patrimonio histórico en el capital social de una sociedad mercantil en cuyo objeto figure la actividad de prevención.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
La Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, se modifica en los siguientes términos:
Uno. El artículo 1 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El sistema específico de protección por el cese de actividad tiene por objeto dispensar a los trabajadores autónomos, afiliados a la Seguridad Social y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, las prestaciones y medidas establecidas en esta ley ante la situación de cese total en la actividad que originó el alta en el Régimen Especial, no obstante poder y querer ejercer una actividad económica o profesional a título lucrativo.
2. El cese de actividad podrá ser definitivo o temporal. El cese temporal comporta la interrupción de todas las actividades que originaron el alta en el Régimen Especial en el que el trabajador autónomo figure encuadrado, en los supuestos regulados en el artículo 5.
3. El régimen de protección de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios se regirá por lo dispuesto en la disposición adicional octava.»
Dos. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 2. Régimen jurídico.
La protección por cese de actividad forma parte de la acción protectora del Sistema de la Seguridad Social, es de carácter voluntario y se rige por lo dispuesto en esta ley y en sus normas de desarrollo, así como, supletoriamente, por las normas que regulan el Régimen Especial de la Seguridad Social de encuadramiento.»
Tres. La letra a) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 3 quedan redactados del siguiente modo:
«a) La prestación económica por cese total, temporal o definitivo, de la actividad.»
«2. El sistema de protección por cese de actividad comprenderá, además, medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios del mismo, cuya gestión corresponderá a las entidades previstas en el artículo 14.5.»
Cuatro. Las letras a) y e) del apartado 1 del artículo 4 quedan redactadas del siguiente modo:
«a) Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, en su caso.»
«e) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.»
Cinco. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 5. Situación legal de cese de actividad.
1. Se encontrarán en situación legal de cese de actividad todos aquellos trabajadores autónomos que cesen en el ejercicio de su actividad por alguna de las causas siguientes:
a) Por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional.
En caso de establecimiento abierto al público se exigirá el cierre del mismo durante la percepción del subsidio o bien su transmisión a terceros. No obstante, el autónomo titular del inmueble donde se ubica el establecimiento podrá realizar sobre el mismo los actos de disposición o disfrute que correspondan a su derecho, siempre que no supongan la continuidad del autónomo en la actividad económica o profesional finalizada.
Se entenderá que existen motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1.º Pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad en un año completo, superiores al 10 por ciento de los ingresos obtenidos en el mismo periodo, excluido el primer año de inicio de la actividad.
2.º Ejecuciones judiciales o administrativas tendentes al cobro de las deudas reconocidas por los órganos ejecutivos, que comporten al menos el 30 por ciento de los ingresos del ejercicio económico inmediatamente anterior.
3.º La declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad, en los términos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
b) Por fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la actividad económica o profesional.
c) Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional y no venga motivada por la comisión de infracciones penales.
d) La violencia de género determinante del cese temporal o definitivo de la actividad de la trabajadora autónoma.
e) Por divorcio o separación matrimonial, mediante resolución judicial, en los supuestos en que el autónomo ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su excónyuge o de la persona de la que se ha separado, en función de las cuales estaba incluido en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social.
2. La situación legal de cese de la actividad respecto de los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos por aplicación de la disposición adicional vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se producirá cuando cesen involuntariamente en el cargo de consejero o administrador de la sociedad o en la prestación de servicios a la misma y la sociedad haya incurrido en pérdidas en los términos previstos en el apartado 1.a).1.º o bien haya disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital social.
3. Se encontrarán en situación legal de cese de actividad los trabajadores autónomos económicamente dependientes que, sin perjuicio de lo previsto en el primer apartado de este artículo, cesen su actividad por extinción del contrato suscrito con el cliente del que dependan económicamente, en los siguientes supuestos:
a) Por la terminación de la duración convenida en el contrato o conclusión de la obra o servicio.
b) Por incumplimiento contractual grave del cliente, debidamente acreditado.
c) Por rescisión de la relación contractual adoptada por causa justificada por el cliente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.
d) Por rescisión de la relación contractual adoptada por causa injustificada por el cliente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.
e) Por muerte, incapacidad o jubilación del cliente, siempre que impida la continuación de la actividad.
La situación legal de cese de actividad establecida en este apartado será también de aplicación a los trabajadores autónomos que carezcan del reconocimiento de económicamente dependientes, siempre que su actividad cumpla las condiciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, por la que se aprueba el Estatuto del Trabajo Autónomo, y en el artículo 2 del Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.
4. En ningún caso se considerará en situación legal de cese de actividad:
a) A aquellos que cesen o interrumpan voluntariamente su actividad, salvo en el supuesto previsto en el apartado 3.b) del presente artículo.
b) A los trabajadores autónomos previstos en el apartado 3 que tras cesar su relación con el cliente y percibir la prestación por cese de actividad, vuelvan a contratar con el mismo cliente en el plazo de un año, a contar desde el momento en que se extinguió la prestación, en cuyo caso deberán reintegrar la prestación recibida.»
Seis. El apartado 1 y el primer párrafo del apartado 2 del artículo 6 quedan redactados del siguiente modo:
«1. Las situaciones legales de cese de actividad de los trabajadores autónomos se acreditarán mediante declaración jurada del solicitante, en la que se consignará el motivo o motivos concurrentes y la fecha de efectos del cese, a la que acompañará los documentos que seguidamente se establecen, sin perjuicio de aportarse, si aquel lo estima conveniente, cualquier medio de prueba admitido legalmente:
a) Los motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos se acreditarán mediante los documentos contables, profesionales, fiscales, administrativos o judiciales que justifiquen la falta de viabilidad de la actividad.
En todo caso se deberán aportar los documentos que acrediten el cierre del establecimiento en los términos establecidos en el artículo 5.1.a), la baja en el censo de actividades económicas y la baja en el Régimen Especial de la Seguridad Social en el que estuviera encuadrado el solicitante. En el caso de que la actividad requiriera el otorgamiento de autorizaciones o licencias administrativas, se acompañará la comunicación de solicitud de baja correspondiente y, en su caso, la concesión de la misma, o bien el acuerdo de su retirada.
Sin perjuicio de los documentos señalados en el párrafo anterior, la concurrencia de motivos económicos se considerará acreditada mediante la aportación, en los términos que reglamentariamente se establezcan, de la documentación contable que confeccione el trabajador autónomo, en la que se registre el nivel de pérdidas exigido en los términos del artículo 5.1.a).1.º, así como mediante las declaraciones del IVA, del IRPF y demás documentos preceptivos que, a su vez, justifiquen las partidas correspondientes consignadas en las cuentas aportadas. En todo caso, las partidas que se consignen corresponderán a conceptos admitidos en las normas que regulan la contabilidad.
El trabajador autónomo podrá formular su solicitud aportando datos estimados de cierre, al objeto de agilizar la instrucción del procedimiento, e incorporará los definitivos con carácter previo al dictado de la resolución.
b) El cese de actividad de los socios de las entidades capitalistas se acreditará mediante el acuerdo adoptado en junta, por el que se disponga el cese en el cargo de administrador o consejero junto con el certificado emitido por el Registro Mercantil que acredite la inscripción del acuerdo. En el supuesto de cese en la prestación de servicios se requerirá la aportación del documento que lo acredite así como el acuerdo de la Junta de reducción del capital por pérdidas.
En ambos casos se requerirá la acreditación de la situación de pérdidas o de disminución del patrimonio neto en los términos establecidos en el artículo 5.2.
c) La pérdida de la licencia administrativa que habilitó el ejercicio de la actividad mediante resolución correspondiente.
d) La violencia de género, por la declaración escrita de la solicitante de haber cesado o interrumpido su actividad económica o profesional, a la que se adjuntará la orden de protección o, en su defecto, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios sobre la condición de víctima de violencia de género. De tratarse de una trabajadora autónoma económicamente dependiente, aquella declaración podrá ser sustituida por la comunicación escrita del cliente del que dependa económicamente en la que se hará constar el cese o la interrupción de la actividad. Tanto la declaración como la comunicación han de contener la fecha a partir de la cual se ha producido el cese o la interrupción.
e) El divorcio o acuerdo de separación matrimonial de los familiares incursos en la situación prevista en el artículo 5.1.e) se acreditará mediante la correspondiente resolución judicial, a la que acompañarán la documentación correspondiente en la que se constate la pérdida de ejercicio de las funciones de ayuda familiar directa en el negocio, que venían realizándose con anterioridad a la ruptura o separación matrimoniales.»
«2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1 del presente artículo, las situaciones legales de cese de actividad de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como de los mencionados en el artículo 5.3, se acreditarán a través de los siguientes medios:»
Siete. El apartado 1 del artículo 7 queda redactado del siguiente modo:
«1. Los trabajadores autónomos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4 deberán solicitar a la misma Mutua Colaboradora con la Seguridad Social a la que se encuentren adheridos el reconocimiento del derecho a la protección por cese de actividad.
Respecto de los trabajadores por cuenta propia que no se encuentren adheridos a una Mutua, será de aplicación lo establecido en la disposición adicional cuarta.
Dicho reconocimiento supondrá el nacimiento del derecho al disfrute de la correspondiente prestación económica, a partir del segundo mes posterior a aquel en que se produjo el hecho causante del cese de actividad. Cuando el trabajador autónomo económicamente dependiente haya finalizado su relación con el cliente principal, para tener derecho al disfrute de la prestación, no podrá tener actividad con otros clientes a partir del día en que inicie el cobro de la prestación.»
Ocho. Se añade una letra e) al apartado 3 del artículo 8, con la siguiente redacción:
«e) En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, los períodos de veda obligatoria aprobados por la autoridad competente no se tendrán en cuenta para el cómputo del período de 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese de actividad, siempre y cuando en esos períodos de veda no se hubiera percibido la prestación por cese de actividad.»
Nueve. El apartado 1 del artículo 9 queda redactado del siguiente modo:
«1. La base reguladora de la prestación económica por cese de actividad será el promedio de las bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese. En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar la base reguladora se calculará sobre la totalidad de la base de cotización por esta contingencia, sin aplicación de los coeficientes correctores de cotización, y además, los períodos de veda obligatoria aprobados por la autoridad competente no se tendrán en cuenta para el computo del período de 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese de actividad, siempre y cuando en esos períodos de veda no se hubiera percibido la prestación por cese de actividad.»
Diez. El artículo 14 queda redactado del siguiente modo:
«1. La protección por cese de actividad se financiará exclusivamente con cargo a la cotización por dicha contingencia. La fecha de efectos de la cobertura comenzará a partir del primer día del mismo mes en que sea formalizada.
2. La base de cotización por cese de actividad se corresponderá con la base de cotización del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que hubiere elegido, como propia, el trabajador autónomo con arreglo a lo establecido en las normas de aplicación, o bien la que le corresponda como trabajador por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
3. El tipo de cotización correspondiente a la protección de la Seguridad Social por cese de actividad, aplicable a la base determinada en el apartado anterior, se establecerá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley General de la Seguridad Social. No obstante, al objeto de mantener la sostenibilidad financiera del sistema de protección, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio establecerá el tipo de cotización aplicable al ejercicio al que se refieran de acuerdo con las siguientes reglas:
a) El tipo de cotización expresado en tanto por cien será el que resulte de la siguiente fórmula:
TCt = G /BC*100
Siendo:
t = año al que se refieran los Presupuestos Generales del Estado en el que estará en vigor el nuevo tipo de cotización
TCt = tipo de cotización aplicable para el año t
G = suma del gasto por prestaciones de cese de actividad de los meses comprendidos desde 1 de agosto del año t-2 hasta el 31 de julio del año t-1
BC= suma de las bases de cotización por cese de actividad de los meses comprendidos desde 1 de agosto del año t-2 hasta el 31 de julio del año t-1.
b) No obstante lo anterior, no corresponderá aplicar el tipo resultante de la fórmula, manteniéndose el tipo vigente, cuando:
1.º Suponga incrementar el tipo de cotización vigente en menos de 0,5 puntos porcentuales.
2.º Suponga reducir el tipo de cotización vigente en menos de 0,5 puntos porcentuales, o cuando siendo la reducción del tipo mayor de 0,5 puntos porcentuales las reservas de esta prestación a las que se refiere el artículo 16.2 de la presente Ley previstas al cierre del año t–1 no superen el gasto presupuestado por la prestación de cese de actividad para el año t.
c) En todo caso, el tipo de cotización a fijar anualmente no podrá ser inferior al 2,2 por ciento ni superior al 4 por ciento.
Cuando el tipo de cotización a fijar en aplicación de lo previsto en este apartado exceda del 4 por ciento, se procederá necesariamente a revisar al alza todos los períodos de carencia previstos en el apartado 1 del artículo 8 de la presente Ley, que quedarán fijados en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dicha revisión al alza será al menos de dos meses.
4. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal podrá emitir opinión conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, respecto a la aplicación por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de lo previsto en los apartados anteriores, así como respecto a la sostenibilidad financiera del sistema de protección por cese de actividad.
5. Las medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad, a las que se refiere el artículo 3.2 de esta ley, se financiarán con un 1 por ciento de los ingresos establecidos en este artículo. Dichas medidas serán gestionadas por el Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma competente y por el Instituto Social de la Marina, en proporción al número de beneficiarios que gestionen.»
Once. El artículo 16 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 16. Órgano gestor.
1. Salvo lo establecido en el artículo anterior y en la disposición adicional cuarta, corresponde a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social la gestión de las funciones y servicios derivados de la protección por cese de actividad, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los órganos competentes en materia de sanciones por infracciones en el orden social y de las competencias de dirección y tutela atribuidas al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el artículo 73.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
A tal fin, la gestión de la prestación por cese de actividad corresponderá a la Mutua con quien el trabajador autónomo haya formalizado el documento de adhesión, mediante la suscripción del Anexo correspondiente. El procedimiento de formalización de la protección por cese de actividad, su periodo de vigencia y efectos se regirán por las normas de aplicación a la colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social.
2. El resultado positivo anual que las Mutuas obtengan de la gestión del sistema de protección se destinará a la constitución de una Reserva de Estabilización por Cese de Actividad, cuyo nivel mínimo de dotación equivaldrá al 5 por ciento de las cuotas ingresadas durante el ejercicio por esta contingencia, que podrá incrementarse voluntariamente hasta alcanzar el 25 por ciento de las mismas cuotas, que constituirá el nivel máximo de dotación, y cuya finalidad será atender los posibles resultados negativos futuros que se produzcan en esta gestión.
Una vez dotada con cargo al cierre del ejercicio la Reserva de Estabilización en los términos establecidos, el excedente se ingresará en la Tesorería General de la Seguridad Social, con destino a la dotación de una Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad, cuya finalidad será asimismo la cancelación de los déficits que puedan generar las Mutuas después de aplicada su reserva de cese de actividad, y la reposición de la misma hasta el nivel mínimo señalado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75.4 de la mencionada Ley General de la Seguridad Social.
En ningún caso será de aplicación el sistema de responsabilidad mancomunada establecido para los empresarios asociados.»
Doce. El párrafo primero de la disposición adicional sexta queda redactado del siguiente modo:
«Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, tendrán derecho a las prestaciones por cese de actividad siempre que cumplan las condiciones generales establecidas en esta ley y las particulares que seguidamente se disponen:»
Trece. La letra c) del apartado 1 de la disposición adicional séptima queda redactada del siguiente modo:
«c) Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional y no venga motivada por la comisión de infracciones penales.»
Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
El artículo 9.3.e) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, queda modificado en los siguientes términos:
«e) Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, reguladas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.»
Disposición final cuarta. Modificación del apartado 1 del artículo 35 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.
«Artículo 35. Sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas y de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.
1. Las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales adscritas a la Administración General del Estado, así como las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, adaptarán su gestión a los principios enunciados de esta ley.»
Disposición final quinta. Habilitación al Gobierno.
Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente ley.
En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley el Gobierno aprobará cuantas normas reglamentarias sean necesarias en relación con el régimen de funcionamiento de los órganos de gobierno, gastos de administración, procedimiento de formalización de los convenios de asociación y documentos de adhesión, así como su contenido y efectos, régimen de retribuciones y de aplicación de las reservas de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2015.
No obstante, las reglas contenidas en el apartado 3 del artículo 14 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, en la redacción dada por esta ley, serán de aplicación a efectos del cálculo del tipo de cotización correspondiente al ejercicio 2016.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 26 de diciembre de 2014.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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Hoy, en el #BOE, la Ley de Mutuas que entrará en vigor el 1 de enero, como todo estos días
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"112",
"121",
"124",
"125",
"128",
"131"
] |
DECRETO_LEY
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Jefatura del Estado
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Ley de Mutuas que entrará en vigor el 1 de enero.
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CORRECCION de erratas
en BOE num. 63, de 14 de marzo de 2015
SE DICTA DE CONFORMIDAD
sobre cumplimiento del requerimiento de la disposición adicional 4.b): Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo
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[
"1754",
"3166",
"4113",
"4124",
"9351",
"5135",
"5278",
"5541",
"6230",
"6496",
"6499",
"8114",
"6876",
"6832"
] | 731
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2017-12-29
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BOE-A-2017-15788
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Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se modifica la de 12 de abril de 2017, por la que se concede subvención directa al Consejo General de la Abogacía Española en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita, para el ejercicio presupuestario 2017.
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<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Con fecha 18 de abril se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Resolución de 12 de abril de 2017, de esta Secretaría de Estado de Justicia, por la que, una vez instruido el procedimiento de concesión directa y acreditado que el Consejo General de la Abogacía Española cumplía con los requisitos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, se resolvía la concesión al Consejo General de la Abogacía Española de una subvención directa por importe de 33.894,67 miles de euros para la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El apartado noveno de la Resolución de 12 de abril de 2017, establece que la misma podrá modificarse como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, estableciendo también que la modificación de la resolución de concesión se dictará por el titular de la Secretaría de Estado de Justicia y deberá ser motivada. En base al mencionado apartado noveno, y teniendo en cuenta que finalmente el número de actuaciones profesionales de abogados del turno de oficio y de gastos devengados por la tramitación de expedientes de asistencia jurídica gratuita han sido superiores a los valorados en el momento de la concesión de la subvención, esta Secretaría de Estado, a propuesta de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, resuelve:</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Primero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Ampliar en 351.531,75 euros el importe de la subvención directa concedida al Consejo General de la Abogacía Española por Resolución de 12 de abril de 2017, para la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, en el ámbito del Ministerio de Justicia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De forma que la cantidad total de concesión de la subvención directa sea 34.246.201,75 euros, con cargo al crédito disponible en la aplicación presupuestaria 13.02.112.ª483 del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Justicia.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida en reposición en el plazo de un mes ante el Ministerio de Justicia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente, mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses de acuerdo con lo dispuesto en artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, 15 de diciembre de 2017.–La Secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín.</p>
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Fri Dec 29 07:28:01 +0000 2017
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Con fecha 18 de abril se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Resolución de 12 de abril de 2017, de esta Secretaría de Estado de Justicia, por la que, una vez instruido el procedimiento de concesión directa y acreditado que el Consejo General de la Abogacía Española cumplía con los requisitos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, se resolvía la concesión al Consejo General de la Abogacía Española de una subvención directa por importe de 33.894,67 miles de euros para la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia.
El apartado noveno de la Resolución de 12 de abril de 2017, establece que la misma podrá modificarse como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, estableciendo también que la modificación de la resolución de concesión se dictará por el titular de la Secretaría de Estado de Justicia y deberá ser motivada. En base al mencionado apartado noveno, y teniendo en cuenta que finalmente el número de actuaciones profesionales de abogados del turno de oficio y de gastos devengados por la tramitación de expedientes de asistencia jurídica gratuita han sido superiores a los valorados en el momento de la concesión de la subvención, esta Secretaría de Estado, a propuesta de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, resuelve:
Primero.
Ampliar en 351.531,75 euros el importe de la subvención directa concedida al Consejo General de la Abogacía Española por Resolución de 12 de abril de 2017, para la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, en el ámbito del Ministerio de Justicia.
De forma que la cantidad total de concesión de la subvención directa sea 34.246.201,75 euros, con cargo al crédito disponible en la aplicación presupuestaria 13.02.112.ª483 del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Justicia.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida en reposición en el plazo de un mes ante el Ministerio de Justicia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente, mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses de acuerdo con lo dispuesto en artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 15 de diciembre de 2017.–La Secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín.
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Cerrado el año, la cantidad a abonar por el Gobierno al Consejo Gral Abogacía por la justicia gratuita es de 34.246.201,75 euros. #BOE
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"138"
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Justicia
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Cerrado el año, la cantidad a abonar por el Gobierno al Consejo Gral Abogacía por la justicia gratuita es de 34.246.201,75 euros.
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2014-11-04
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BOE-B-2014-38748
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SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
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<texto>
<p class='parrafo'>Por el Procurador D. José Carlos García Rodríguez, en nombre y representación de Servicios de Difusión de TV TELE ELX SA, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Tercera del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital, que ha sido admitido a trámite por resolución de 31 de octubre de 2014 y figura registrado con el número 1/876/2014.</p>
<p class='parrafo'>Lo que se hace público a los efectos de que cualquier persona que tenga interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la actuación recurrida pueda personarse como demandado en el expresado recurso en el plazo de nueve días.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 31 de octubre de 2014.- La Secretaria Judicial, Aurelia Lorente Lamarca.</p>
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</documento>
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Tue Nov 04 06:51:34 +0000 2014
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Por el Procurador D. José Carlos García Rodríguez, en nombre y representación de Servicios de Difusión de TV TELE ELX SA, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Tercera del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital, que ha sido admitido a trámite por resolución de 31 de octubre de 2014 y figura registrado con el número 1/876/2014.
Lo que se hace público a los efectos de que cualquier persona que tenga interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la actuación recurrida pueda personarse como demandado en el expresado recurso en el plazo de nueve días.
Madrid, 31 de octubre de 2014.- La Secretaria Judicial, Aurelia Lorente Lamarca.
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Tele Elx recurre al Supremo el nuevo decreto de la TDT Ya le funcionó una vez cc @rterrasa
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TRIBUNAL_SUPREMO
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TRIBUNAL SUPREMO
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Tele Elx recurre al Supremo el Real Decreto 805/2014, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital.
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2022-02-24
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MODIFICA
el apartado 8 de la Resolución de 4 de junio de 2021
DE CONFORMIDAD con
el Reglamento (UE) 953/2021, de 14 de junio
DE CONFORMIDAD con
el art. 1 del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo
DE CONFORMIDAD con
el art. 52 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre
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BOE-A-2022-2926
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Resolución de 23 de febrero de 2022, por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España.
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<materia codigo='1508' orden=''>Administración electrónica</materia>
<materia codigo='230' orden=''>Análisis</materia>
<materia codigo='8044' orden=''>Certificado sanitario</materia>
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<materia codigo='3528' orden=''>Extranjeros</materia>
<materia codigo='3826' orden=''>Fronteras</materia>
<materia codigo='4778' orden=''>Libre circulación de personas</materia>
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<alerta codigo='143' orden=''>Administración electrónica</alerta>
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<alerta codigo='124' orden=''>Sanidad</alerta>
<alerta codigo='132' orden=''>Transportes y tráfico</alerta>
</alertas>
<referencias>
<anteriores>
<anterior orden='2015' referencia='BOE-A-2021-9352'>
<palabra codigo='270'>MODIFICA</palabra>
<texto>el apartado 8 de la Resolución de 4 de junio de 2021</texto>
</anterior>
<anterior orden='3060' referencia='DOUE-L-2021-80782'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>el Reglamento (UE) 953/2021, de 14 de junio</texto>
</anterior>
<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-2021-7351'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>el art. 1 del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo</texto>
</anterior>
<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-2011-15623'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>el art. 52 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre</texto>
</anterior>
</anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>La Resolución de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España establece el modo concreto en el que se llevan a cabo los procedimientos de prevención y control de la COVID-19 en estos puntos de entrada en España, con el fin de controlar la actual crisis sanitaria, tal y como prevé el artículo primero del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.</p>
<p class='parrafo'>El Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2021, establece un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE), a fin de facilitar el ejercicio, por sus titulares, de su derecho a la libre circulación durante la pandemia de COVID-19.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con dicho Reglamento, un certificado de recuperación confirma que, tras un resultado positivo de una prueba NAAT realizada por profesionales sanitarios o personal cualificado para la realización de pruebas, el titular se ha recuperado de una infección por el SARS-CoV-2. Sin embargo, la mejora en la calidad de los test rápidos de antígeno para SARS-CoV-2, unido a la alta demanda de test diagnósticos secundario a las altas tasas de circulación de ómicron en Europa, ha producido una sobrecarga de la capacidad de pruebas NAAT y un aumento del uso test rápidos de antígeno (RAT) para el diagnóstico de las infecciones por SARS-CoV-2, lo que ha motivado la revisión de dicho criterio para habilitar el uso de los test rápidos de antígeno con este fin.</p>
<p class='parrafo'>En consecuencia, se ha aprobado el Reglamento Delegado (UE) 2022/256 de la Comisión, de 22 de febrero de 2022, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la expedición de certificados de recuperación basados en pruebas rápidas de antígenos, a fin de que los estados miembros puedan emitir un certificado de recuperación tras el diagnóstico de la COVID-19 con un resultado positivo de una prueba NAAT o de una prueba rápida de antígenos (RAT) especificada en la lista común de pruebas rápidas de antígenos para el diagnóstico de la COVID-19 acordada por el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea (https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-02/covid-19_rat_common-list_en.pdf), realizada por profesionales sanitarios o personal cualificado para la realización de pruebas. A través de esta resolución, este criterio se hace extensivo a los certificados de recuperación de COVID-19 emitidos por terceros países y no cubiertos por la regulación de la Unión Europea.</p>
<p class='parrafo'>Desde el punto de vista competencial, cabe señalar que, con arreglo a lo previsto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, el Estado tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de sanidad exterior.</p>
<p class='parrafo'>Por su parte, el artículo 52.1 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, prevé que, en el marco de sus respectivas funciones, los titulares de los órganos superiores y órganos directivos con responsabilidades en salud pública del Ministerio de Sanidad con rango igual o superior al de Director General, tienen la consideración de autoridad sanitaria estatal. Así mismo, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del mencionado artículo 52, la autoridad sanitaria estatal, de acuerdo con sus competencias, tiene facultades para actuar en las actividades públicas o privadas para proteger la salud de la población.</p>
<p class='parrafo'>En su virtud y al amparo de lo contemplado en al artículo primero del citado Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, y de lo establecido en el artículo 52 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, resuelvo:</p>
<p class='articulo'>Primero. Modificación de la Resolución de 4 de junio de 2021 de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada a España.</p>
<p class='parrafo'>Se modifica el apartado octavo de la Resolución de 4 de junio de 2021, que queda redactado como sigue:</p>
<blockquote class='sangrado'>
<p class='parrafo_2'>«Octavo. Certificado de Recuperación.</p>
<p class='parrafo_2'>Se aceptarán como válidos los certificados de recuperación expedidos por la autoridad competente o por un servicio médico como mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica NAAT o test rápido de detección de antígeno con resultado positivo. El certificado tendrá una validez de 180 días después de la fecha del primer resultado positivo de prueba diagnóstica.</p>
<p class='parrafo'>Los test rápidos deberán ser los incluidos en la lista común de pruebas rápidas de antígenos para el diagnóstico de la COVID-19 acordada por el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea, realizada por profesionales sanitarios o por personal cualificado para la realización de pruebas.</p>
<p class='parrafo'>Se considerarán válidos los certificados de recuperación basados en pruebas rápidas de antígenos realizadas por profesionales sanitarios o por personal cualificado a partir del 1 de octubre de 2021, siempre que cumplan con los requisitos anteriormente expuestos.</p>
<p class='parrafo'>El certificado de recuperación deberá incluir, al menos, la siguiente información:</p>
<p class='parrafo_2'>1. Nombre y apellido del titular.</p>
<p class='parrafo'>2. Fecha del primer resultado positivo de prueba diagnóstica para SARS-CoV-2.</p>
<p class='parrafo'>3. Tipo de test realizado.</p>
<p class='parrafo'>4. País emisor.</p>
<p class='parrafo_2'>Los pasajeros que estén en posesión de un Certificado de recuperación que no sean un Certificado Covid Digital de la UE o equivalente, deberán aportar, además la prueba documental del test diagnóstico del que deriva dicho certificado de recuperación.»</p>
</blockquote>
<p class='articulo'>Segundo. Eficacia.</p>
<p class='parrafo'>La presente resolución producirá efectos desde el mismo día de su publicación.</p>
<p class='articulo'>Tercero. Recursos.</p>
<p class='parrafo'>La presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida en alzada ante la Secretaria de Estado de Sanidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 23 de febrero de 2022.–La Directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga.</p>
</texto>
</documento>
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Thu Feb 24 09:16:22 +0000 2022
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La Resolución de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España establece el modo concreto en el que se llevan a cabo los procedimientos de prevención y control de la COVID-19 en estos puntos de entrada en España, con el fin de controlar la actual crisis sanitaria, tal y como prevé el artículo primero del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
El Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2021, establece un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE), a fin de facilitar el ejercicio, por sus titulares, de su derecho a la libre circulación durante la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con dicho Reglamento, un certificado de recuperación confirma que, tras un resultado positivo de una prueba NAAT realizada por profesionales sanitarios o personal cualificado para la realización de pruebas, el titular se ha recuperado de una infección por el SARS-CoV-2. Sin embargo, la mejora en la calidad de los test rápidos de antígeno para SARS-CoV-2, unido a la alta demanda de test diagnósticos secundario a las altas tasas de circulación de ómicron en Europa, ha producido una sobrecarga de la capacidad de pruebas NAAT y un aumento del uso test rápidos de antígeno (RAT) para el diagnóstico de las infecciones por SARS-CoV-2, lo que ha motivado la revisión de dicho criterio para habilitar el uso de los test rápidos de antígeno con este fin.
En consecuencia, se ha aprobado el Reglamento Delegado (UE) 2022/256 de la Comisión, de 22 de febrero de 2022, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la expedición de certificados de recuperación basados en pruebas rápidas de antígenos, a fin de que los estados miembros puedan emitir un certificado de recuperación tras el diagnóstico de la COVID-19 con un resultado positivo de una prueba NAAT o de una prueba rápida de antígenos (RAT) especificada en la lista común de pruebas rápidas de antígenos para el diagnóstico de la COVID-19 acordada por el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea (https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-02/covid-19_rat_common-list_en.pdf), realizada por profesionales sanitarios o personal cualificado para la realización de pruebas. A través de esta resolución, este criterio se hace extensivo a los certificados de recuperación de COVID-19 emitidos por terceros países y no cubiertos por la regulación de la Unión Europea.
Desde el punto de vista competencial, cabe señalar que, con arreglo a lo previsto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, el Estado tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de sanidad exterior.
Por su parte, el artículo 52.1 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, prevé que, en el marco de sus respectivas funciones, los titulares de los órganos superiores y órganos directivos con responsabilidades en salud pública del Ministerio de Sanidad con rango igual o superior al de Director General, tienen la consideración de autoridad sanitaria estatal. Así mismo, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del mencionado artículo 52, la autoridad sanitaria estatal, de acuerdo con sus competencias, tiene facultades para actuar en las actividades públicas o privadas para proteger la salud de la población.
En su virtud y al amparo de lo contemplado en al artículo primero del citado Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, y de lo establecido en el artículo 52 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, resuelvo:
Primero. Modificación de la Resolución de 4 de junio de 2021 de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada a España.
Se modifica el apartado octavo de la Resolución de 4 de junio de 2021, que queda redactado como sigue:
«Octavo. Certificado de Recuperación.
Se aceptarán como válidos los certificados de recuperación expedidos por la autoridad competente o por un servicio médico como mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica NAAT o test rápido de detección de antígeno con resultado positivo. El certificado tendrá una validez de 180 días después de la fecha del primer resultado positivo de prueba diagnóstica.
Los test rápidos deberán ser los incluidos en la lista común de pruebas rápidas de antígenos para el diagnóstico de la COVID-19 acordada por el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea, realizada por profesionales sanitarios o por personal cualificado para la realización de pruebas.
Se considerarán válidos los certificados de recuperación basados en pruebas rápidas de antígenos realizadas por profesionales sanitarios o por personal cualificado a partir del 1 de octubre de 2021, siempre que cumplan con los requisitos anteriormente expuestos.
El certificado de recuperación deberá incluir, al menos, la siguiente información:
1. Nombre y apellido del titular.
2. Fecha del primer resultado positivo de prueba diagnóstica para SARS-CoV-2.
3. Tipo de test realizado.
4. País emisor.
Los pasajeros que estén en posesión de un Certificado de recuperación que no sean un Certificado Covid Digital de la UE o equivalente, deberán aportar, además la prueba documental del test diagnóstico del que deriva dicho certificado de recuperación.»
Segundo. Eficacia.
La presente resolución producirá efectos desde el mismo día de su publicación.
Tercero. Recursos.
La presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida en alzada ante la Secretaria de Estado de Sanidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 23 de febrero de 2022.–La Directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga.
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Desde hoy, quienes pasen el covid pueden tener certificado de recuperación (180 días) si el + salió en test de antígenos hecho por profesionales, no solo PCR. Es una de las 3 cosas que valen, junto a vacuna o test, para entrar desde algunos países #BOE
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"124",
"132"
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Sanidad
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Desde hoy, quienes pasen el covid pueden tener certificado de recuperación (180 días) si el positivo salió en test de antígenos hecho por profesionales, no solo PCR. Es una de las 3 cosas que valen, junto a vacuna o test, para entrar desde algunos países
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2021-11-19
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BOE-A-2021-19049
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Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la Fiesta 'Nit de l'Albà', de Elche (Alicante).
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<documento fecha_actualizacion='20211119071811'>
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<identificador>BOE-A-2021-19049</identificador>
<titulo>Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la Fiesta 'Nit de l'Albà', de Elche (Alicante).</titulo>
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<departamento codigo='5250'>Ministerio de Industria, Comercio y Turismo</departamento>
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<fecha_publicacion>20211119</fecha_publicacion>
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<analisis>
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<referencias>
<anteriores></anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden ICT/851/2019, de 25 de julio, por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional, que se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» número 188, de 7 de agosto de 2019,</p>
<p class='parrafo'>Esta Secretaría de Estado de Turismo, ha tenido a bien conceder el título de «Fiesta de Interés Turístico Nacional», a la siguiente fiesta:</p>
<p class='parrafo_2'>«Nit de l’Albà», de Elche (Alicante).</p>
<p class='parrafo_2'>Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 28 de octubre de 2021.–El Secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés Verelst.</p>
</texto>
</documento>
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Fri Nov 19 07:41:13 +0000 2021
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden ICT/851/2019, de 25 de julio, por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional, que se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» número 188, de 7 de agosto de 2019,
Esta Secretaría de Estado de Turismo, ha tenido a bien conceder el título de «Fiesta de Interés Turístico Nacional», a la siguiente fiesta:
«Nit de l’Albà», de Elche (Alicante).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 28 de octubre de 2021.–El Secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés Verelst.
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Aquí una ilicitana anunciando que la Nit de l'Albà es fiesta de interés turístico nacional, que lo dice el #BOE 🎆
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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Anuncio de que la Nit de l'Albà es fiesta de interés turístico nacional
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2015-06-27
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BOE-B-2015-20634
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Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Composición, edición y distribución de tarjetas censales con motivo de las elecciones a Cortes Generales 2015. Expediente: ELEC 1 GEN.
|
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<identificador>BOE-B-2015-20634</identificador>
<titulo>Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Composición, edición y distribución de tarjetas censales con motivo de las elecciones a Cortes Generales 2015. Expediente: ELEC 1 GEN.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>153</diario_numero>
<seccion>5</seccion>
<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='9221'>Ministerio de Economía y Competitividad</departamento>
<numero_anuncio>A150030142</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20150627</fecha_publicacion>
<letra_imagen>B</letra_imagen>
<pagina_inicial>28636</pagina_inicial>
<pagina_final>28637</pagina_final>
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<url_pdf>/boe/dias/2015/06/27/pdfs/BOE-B-2015-20634.pdf</url_pdf>
</metadatos>
<analisis>
<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas>Hasta las 13:00 horas del 3 de agosto de 2015</fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas>10 de septiembre de 2015, a las 13:00</fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>397.383,36</importe>
<ambito_geografico>Sin definir</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>22000000 Impresos y productos relacionados
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Instituto Nacional de Estadística INE.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Instituto Nacional de Estadística INE.</dd>
<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Secretaría de la Mesa de Contratación del INE.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Capitán Haya, 51.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid, 28020, España.</dd>
<dt>4) Teléfono: </dt>
<dd>915 83 86 52.</dd>
<dt>6) Correo electrónico: </dt>
<dd>[email protected].</dd>
<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>http://contrataciondelestado.es.</dd>
<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
<dd>Hasta las 13:00 horas del 3 de agosto de 2015.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>d) Número de expediente: </dt>
<dd>ELEC 1 GEN.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Servicios.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Composición, edición y distribución de tarjetas censales con motivo de las elecciones a Cortes Generales 2015.</dd>
<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
<dd>9 días.</dd>
<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>22100000 (Libros impresos, folletos y prospectos) y 22110000 (Libros impresos).</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>328.416,00 euros.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) </dt>
<dd> Importe neto: 328.416,00 euros. Importe total: 397.383,36 euros. </dd>
</dl>
</dd>
<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
<dd> Definitiva (%): 5.</dd>
<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
<dd>M4d (Artes gráficas. 'A partir de 600.000 euros') y V1d (Servicios de captura de información por medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 'A partir de 600.000 euros').</dd>
</dl>
</dd>
<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
<dd>Hasta las 13:00 horas del 3 de agosto de 2015.</dd>
<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
<dd>Manual.</dd>
<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>IRegistro General del INE.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Estébanez Calderón, 2.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid, 28020, España.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
<dd>No.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Descripción: </dt>
<dd>Apertura sobre oferta económica.</dd>
<dt>b) Dirección: </dt>
<dd>Capitán Haya, 51, 2,ª planta, sala 216 (Mesa de Contratación del INE).</dd>
<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid, 28020, España.</dd>
<dt>d) Fecha y hora: </dt>
<dd>10 de septiembre de 2015, a las 13:00.</dd>
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<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
<dd>19 de junio de 2015.</dd>
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<p class='parrafo_2'>Madrid, 19 de junio de 2015.- Presidente del Instituto Nacional de Estadística.</p>
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</documento>
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Sat Jun 27 07:42:14 +0000 2015
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1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Instituto Nacional de Estadística INE.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Instituto Nacional de Estadística INE.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Secretaría de la Mesa de Contratación del INE.
2) Domicilio:
Capitán Haya, 51.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28020, España.
4) Teléfono:
915 83 86 52.
6) Correo electrónico:
[email protected].
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Hasta las 13:00 horas del 3 de agosto de 2015.
d) Número de expediente:
ELEC 1 GEN.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Composición, edición y distribución de tarjetas censales con motivo de las elecciones a Cortes Generales 2015.
e) Plazo de ejecución/entrega:
9 días.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
22100000 (Libros impresos, folletos y prospectos) y 22110000 (Libros impresos).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
328.416,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 328.416,00 euros. Importe total: 397.383,36 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
M4d (Artes gráficas. 'A partir de 600.000 euros') y V1d (Servicios de captura de información por medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 'A partir de 600.000 euros').
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
Hasta las 13:00 horas del 3 de agosto de 2015.
b) Modalidad de presentación:
Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
IRegistro General del INE.
2) Domicilio:
Estébanez Calderón, 2.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28020, España.
e) Admisión de variantes:
No.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección:
Capitán Haya, 51, 2,ª planta, sala 216 (Mesa de Contratación del INE).
c) Localidad y código postal:
Madrid, 28020, España.
d) Fecha y hora:
10 de septiembre de 2015, a las 13:00.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
19 de junio de 2015.
Madrid, 19 de junio de 2015.- Presidente del Instituto Nacional de Estadística.
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El INE ya licita el contrato de impresión y distribución de tarjetas censales para las generales #calentando #BOE
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Ministerio de Economía y Competitividad
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El INE ya licita el contrato de impresión y distribución de tarjetas censales para las generales por importe total de 397.383,36 euros.
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[] | 737
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2015-12-30
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DICTADA
en el Recurso 4681/2015
DECLARA
la inconstitucionalidad y nulidad las disposiciones adicionales 21 y 22 de la Ley 7/2007, de 17 de julio, en la redacción dada por el art. 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio
DECLARA
,
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BOE-A-2015-14339
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Pleno. Sentencia 238/2015, de 19 de noviembre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 4681-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña. Derecho a la igualdad en el acceso a las funciones públicas, competencias sobre función pública: nulidad del precepto legal autonómico que regula la integración voluntaria de funcionarios públicos en los cuerpos superior de inspectores tributarios y técnico de gestores tributarios de la Generalitat de Cataluña.
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<titulo>Pleno. Sentencia 238/2015, de 19 de noviembre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 4681-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña. Derecho a la igualdad en el acceso a las funciones públicas, competencias sobre función pública: nulidad del precepto legal autonómico que regula la integración voluntaria de funcionarios públicos en los cuerpos superior de inspectores tributarios y técnico de gestores tributarios de la Generalitat de Cataluña.</titulo>
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<texto>
<p class='parrafo'>El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado</p>
<p class='centro_redonda'>EN NOMBRE DEL REY</p>
<p class='parrafo_2'>la siguiente</p>
<p class='centro_redonda'>SENTENCIA</p>
<p class='parrafo_2'>En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4681-2015, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra el art. 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, para la ordenación de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva a la Agencia, por cuanto añade a esta última las disposiciones adicionales vigésima primera y vigésima segunda. Han comparecido y formulado alegaciones la Generalitat y el Parlamento de Cataluña, representados por sus respectivos Letrados. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan José González Rivas, quien expresa el parecer del Tribunal.</p>
<p class='centro_negrita'>I. Antecedentes</p>
<p class='parrafo_2'>1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 31 de julio de 2015, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el art. 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, para la ordenación de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva a la Agencia, por cuanto añade a esta última las disposiciones adicionales vigésima primera y vigésima segunda. El Abogado del Estado invocó los arts. 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a fin de que se acordase la suspensión de los preceptos impugnados.</p>
<p class='parrafo'>El Abogado del Estado comienza transcribiendo la disposición adicional vigésima primera de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, incorporada por el impugnado art. 4 de la Ley 9/2015, cuyo texto es:</p>
<p class='sangrado_2'>«Vigésima primera. Integración voluntaria en el Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios de la Generalidad de Cataluña.</p>
<p class='sangrado_2'>1. Pueden optar por integrarse en el Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios de la Generalidad de Cataluña, mediante convocatorias específicas, los funcionarios que tengan asignadas funciones sustancialmente coincidentes con las propias del Cuerpo y que tengan destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña o que en el momento de la convocatoria presten servicios en la Administración de la Generalidad o en los entes del sector público que de ella dependen, si pertenecen a cuerpos y escalas del subgrupo A1 de otras administraciones públicas.</p>
<p class='sangrado'>2. Antes del 30 de junio de 2021 deben realizarse las convocatorias necesarias, hasta un máximo de cuatro, para el proceso de integración a que se refiere el apartado 1. Las convocatorias han de determinar los requisitos específicos de participación, el procedimiento a seguir, la tabla de homologaciones que debe aplicarse y los puestos de trabajo que deben adjudicarse, y han de prever una lista de reserva para que aquellos funcionarios que, a pesar de cumplir los requisitos exigidos por la convocatoria, no hayan podido integrarse en el Cuerpo, por insuficiencia del número de plazas convocadas, puedan integrarse en el mismo más adelante, en ocasión de vacante, sin tener que concurrir a una nueva convocatoria. La resolución de integración, que corresponde al presidente o presidenta de la Agencia Tributaria de Cataluña, conlleva la adjudicación del correspondiente puesto de trabajo.»</p>
<p class='parrafo_2'>Y señala a continuación que la Disposición Adicional vigésimo segunda recoge un contenido idéntico pero referido al Cuerpo de Gestión Tributaria de Cataluña.</p>
<p class='parrafo'>Acto seguido razona que «se trata de una Ley que tiene por objeto articular un nuevo procedimiento de acceso a la función pública autonómica», pues «las nuevas DA 21 y 22 de la Ley 7/2007 permiten integrarse en cuerpos de la Administración autonómica a funcionarios que no pertenecen a dicha Administración».</p>
<p class='parrafo'>Centrada así la cuestión, el Abogado del Estado expone la síntesis de la doctrina constitucional sobre la igualdad en el acceso a la función pública que realiza la STC 111/2014, de 26 de junio. Destaca que, según tal doctrina, el art. 23.2 CE consagra un derecho de configuración legal, de tal modo que compete al legislador establecer las condiciones de acceso a la función pública, pero respetando los principios de igualdad (art. 23.2 CE), mérito y capacidad (art. 103.3 CE). Y que de ahí se desprende que «el art, 23.2, en relación con el 103.3 CE, instituye un derecho de acceso en condiciones de igualdad, al que se opone la integración automática de determinados grupos en la función pública (STC 302/1993, de 21 de octubre), así como, en principio y salvo excepciones, las llamadas “pruebas restringidasˮ para el acceso a la función pública (SSTC 27/1991, de 14 de febrero; 151/1992, de 19 de octubre; 4/1993, de 14 de enero; 60/1994, de 28 de febrero; 16/1998, de 26 de enero; o 12/1999, de 11 de febrero)». (FJ 2)</p>
<p class='parrafo'>De otro lado, apela a que el régimen de acceso a la función pública establecido por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público (en adelante, LEEP), tiene carácter básico <em>ex</em> art. 149.1.18 CE. Resalta en concreto que, recapitulando la doctrina constitucional sobre este punto, en la STC 111/2014 (FJ 3) se afirma que «este Tribunal ha analizado extensamente sus precedentes normativos (art. 19 y disposición transitoria sexta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública), señalando el carácter materialmente básico tanto de la regla que garantiza que las convocatorias tienen que ser con carácter general abiertas o libres, rechazando los llamados turnos u oposiciones restringidas, como de las excepciones a dicha regla general, que participan de la misma naturaleza básica (STC 174/1998, de 23 de julio, FJ 4, y las allí citadas; en el mismo sentido, STC 38/2004, de 11 de marzo, FJ 3). Las mismas razones abonan el carácter materialmente básico de las vigentes normas de la Ley del estatuto básico del empleado público, según hemos confirmado en la STC 113/2010, de 24 de noviembre, FJ 3».</p>
<p class='parrafo'>Llegado a este punto, alega que los preceptos impugnados son inconstitucionales por dos motivos. De un lado, expone que el proceso de integración regulado en las disposiciones adicionales vigésima primera y vigésima segunda de la Ley 7/2007 infringe el principio de igualdad en el acceso a la función pública, ya que veda la participación a todo ciudadano que no sea funcionario de otra Administración pública y tenga destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña, o en el momento de la convocatoria preste servicios en la Administración de la Generalidad o en sus organismos dependientes, lo que, al excluir al resto de ciudadanos, implica una infracción directa del art. 23.2 CE y, por desconocer los arts. 55.1 y 61.1 LEEP, una infracción mediata del art. 149.1.18 CE.</p>
<p class='parrafo'>De otro, argumenta que este proceso de integración es automático, pues sin la superación de ninguna prueba selectiva y sin la consideración siquiera de un concurso de méritos permite el acceso a quienes cumplan los requisitos previstos en la convocatoria. Imputa esta inconstitucionalidad a aquel inciso del apartado 2 de ambas disposiciones adicionales según el cual las convocatorias «han de prever una lista de reserva para que aquellos funcionarios que, a pesar de cumplir los requisitos exigidos por la convocatoria, no hayan podido integrarse en el Cuerpo, por insuficiencia del número de plazas convocadas, puedan integrarse en el mismo más adelante, en ocasión de vacante». Esta integración automática, a juicio del Abogado del Estado, infringe directamente el art. 103.3 CE y, por desconocer los arts. 61.1 y 61.6 LEEP, el art. 149.1.18 CE.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Mediante providencia de 10 de septiembre de 2015 el Pleno, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno y, en su representación y defensa, por el Abogado del Estado, contra el art. 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, para la ordenación de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva a la Agencia, por cuanto añade a esta última las disposiciones adicionales vigésima primera y vigésima segunda; dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, así como a la Generalitat y al Parlamento de Cataluña, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes; tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 de la Constitución, lo que, conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso –31 de julio de 2015– para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros, lo que se comunicará a los Presidentes de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña; y publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de Cataluña».</p>
<p class='parrafo_2'>3. Mediante escrito registrado el día 23 de septiembre de 2015 el Presidente del Senado comunicó a este Tribunal el acuerdo de la Mesa de la Cámara en el sentido de darse por personada en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Idéntica comunicación efectuó el Presidente del Congreso de los Diputados el 24 de septiembre de 2015.</p>
<p class='parrafo_2'>4. Por escrito registrado el día 8 de octubre de 2015 el Abogado de la Generalitat de Cataluña, en la representación que le es propia, solicitó la íntegra desestimación del recurso. Destina su primera alegación a precisar que el objeto del recurso alcanza al art. 4 de la Ley 9/2015, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, solamente en cuanto añade a ésta las disposiciones adicionales vigésima primera y vigésima segunda.</p>
<p class='parrafo'>En la segunda, rubricada «sentido de la reforma introducida por la Ley 9/2015», sostiene que la Generalitat es competente <em>ex</em> art. 136 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) para ordenar y organizar la función pública catalana, en el marco de lo previsto en la LEEP. Añade que «mediante la modificación de la Ley 7/2007, que ocho años antes había creado la Agencia Tributaría de Cataluña, se pretende renovar el modelo de la estructura organizativa de la Agencia». En concreto, afirma que para «poder dar una respuesta ágil y eficaz al incremento significativo del volumen de trabajo y a las necesidades cambiantes de la Agencia, en la Ley se regula un régimen transitorio de acceso a los cuerpos tributarios y se prevé que miembros de otras Administraciones Públicas puedan pasar a ejercer las funciones de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva en la Agencia».</p>
<p class='parrafo'>Argumenta, en tercer lugar, que «el planteamiento del recurso parte de y se fundamenta en un error conceptual, cual es la consideración del proceso de integración de funcionarios de otras Administraciones en la Agencia Tributaria de Cataluña como un proceso de acceso a la función pública». Más precisamente, razona que «el recurso parte de un error conceptual al referirse indistintamente e incluso equiparar el acceso a la función pública en general, o el acceso a la condición de funcionario, con el acceso a un puesto de trabajo de la Agencia de una persona que ya ha adquirido la condición de funcionario de carrera, previa superación de los correspondientes procesos selectivos, y que presta sus servicios como tal en un cuerpo de otra Administración que tiene asignadas funciones sustancialmente coincidentes a las del puesto en que se integra». A su juicio, por tanto, no estamos ante una regulación legal que establece un procedimiento de acceso a la función pública, sino ante una regulación transitoria para la provisión de unos puestos de trabajo mediante movilidad interadministrativa. Y en este sentido destaca que «el [estatuto básico del empleado público], por su parte, tampoco prohíbe esta incorporación voluntaria o trasvase de una Administración a otra, sino que la prevé de forma genérica, en su art. 84 relativo a la movilidad interadministrativa, como una de las medidas orientadas a lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y a garantizar la eficacia del servicio».</p>
<p class='parrafo'>Por su parte, en la cuarta alegación expone que, al tratarse de un supuesto de regulación de provisión de puestos de trabajo mediante un procedimiento de movilidad interadministrativa, no son de aplicación las SSTC 302/1993 y 111/2014, ni tampoco los arts. 55 y 61.1 LEEP, unas y otros invocadas en el recurso para fundar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas. Añade, además, que «la integración voluntaria en la Agencia Tributaria de Cataluña, a que se refieren las disposiciones adicionales 21 y 22, no se trata de un procedimiento de provisión inédito o inusual en los textos legales autonómicos sobre función pública. En este sentido cabe recordar que tanto la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, como la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana, prevén sistemas de integración derivados de procedimientos de movilidad interadministrativa o de concurso de méritos».</p>
<p class='parrafo'>La quinta y última de las alegaciones se centra, en su parte inicial, en que «las disposiciones recurridas respetan absolutamente el principio de igualdad previsto en el art. 103.3 CE y recogido en el art. 78.1 del EBEP, relativo a los principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera, en tanto que tratan de igual forma a todas las personas funcionarias a las cuales van dirigidos los procesos de integración voluntaria. Desde la perspectiva del principio de igualdad, en el recurso se cuestiona que el proceso de integración … se limite a aquellos ‘‘que tengan destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña o que en el momento de la convocatoria presten servicio a la Administración catalana’’… A nuestro entender, cabe considerar que dicha limitación está justificada por razones de eficiencia en el funcionamiento de la Administración Pública y de facilidad de adaptación al servicio público que voluntariamente se pretende ejercer, derivadas de un conocimiento de la realidad cultural, lingüística, social y económica, y de la estructura y organización de la Administración tributaría de Cataluña».</p>
<p class='parrafo'>También argumenta, en un momento posterior, que «la afirmación de integración automática y sin previsión de realización de pruebas selectivas o valoración de los méritos es una presunción apriorística y gratuita, dado que todavía no se ha realizado ninguna convocatoria del proceso de integración… Es evidente que la convocatoria podrá determinar la necesidad de superación de alguna prueba, de realización de algún sistema de evaluación de las competencias profesionales, así como la acreditación de los conocimientos necesarios de lengua catalana (si no se acreditaren documentalmente), y otros aspectos del procedimiento a seguir que implicarán una valoración de méritos adecuadamente baremada. La previsión de existencia de listas de reserva en función de las plazas ofertadas y las puntuaciones obtenidas por los solicitantes es una prueba evidente de que los méritos y capacidades han de ser valorados y puntuados».</p>
<p class='parrafo_2'>5. Las alegaciones del Parlamento de Cataluña en las que solicita la desestimación del recurso se registraron el día 8 de octubre de 2015. El Letrado del Parlamento de Cataluña utiliza los mismos argumentos, y en gran medida el mismo modo de presentarlos, que el Abogado de la Generalitat de Cataluña.</p>
<p class='parrafo'>Luego de delimitar el objeto del recurso en idénticos términos, en una segunda alegación, rubricada «las previsiones de las DA 21 y DA 22 contienen un supuesto de movilidad funcionarial entre administraciones y no un sistema de ingreso <em>ex novo</em> a la función pública», afirma que «el recurso parte de un error conceptual al referirse indistintamente e incluso equiparar el acceso a la función pública en general, o el acceso a la condición de funcionario, con el acceso de una persona que ya ha adquirido la condición de funcionaría de carrera (previa superación de los correspondientes procesos selectivos) a un cuerpo de otra Administración que tenga asignadas funciones sustancialmente coincidentes con las de su cuerpo de origen».</p>
<p class='parrafo'>Por otro lado, la tercera y última alegación expone, de un lado, que «las disposiciones recurridas respetan absolutamente el principio de igualdad previsto en el art. 103.3 CE en tanto que tratan de igual forma a todas las personas a las cuales van dirigidas los procesos de integración voluntaria. Desde la perspectiva del principio de igualdad, únicamente podría cuestionarse la limitación de las convocatorias a los funcionarios pertenecientes a cuerpos y escalas del subgrupo A1 o A2 de otras Administraciones públicas destinados definitivamente al territorio de Cataluña. Aunque se puede considerar plenamente justificada esta limitación por razones de eficiencia en el funcionamiento de la Administración pública y de facilidad de adaptación, derivadas de un conocimiento de la realidad cultural, lingüística, social y económica, y de la estructura y organización de la Administración tributaría de Cataluña». Y de otro, con el fin de rechazar que se trate de un caso de integración automática, destaca que «es evidente que la convocatoria podría determinar la necesidad de superación de alguna prueba, de realización de alguna entrevista o evaluación de competencias profesionales, así como la acreditación de los conocimientos necesarios de lengua catalana (si no se acredita documentalmente), y otros aspectos del procedimiento a seguir que implicaran una valoración de méritos adecuadamente baremada».</p>
<p class='parrafo_2'>6. Próximo a finalizar el plazo de cinco meses que señala el art. 161.2 CE desde que se produjo la suspensión de los preceptos impugnados, el Pleno, mediante providencia de 9 de octubre de 2015, acordó oír a las partes personadas –Abogado del Estado y representaciones legales de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña– para que, en el plazo de cinco días, expusieran lo que considerasen conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de dicha suspensión.</p>
<p class='parrafo_2'>7. El Abogado del Estado, en escrito registrado el 21 de octubre de 2015, instó el mantenimiento de la suspensión. Por su parte, las representaciones legales de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña solicitaron, mediante sendos escritos registrados el 23 de octubre de 2015, el levantamiento de la suspensión.</p>
<p class='parrafo_2'>8. Mediante providencia de 18 de noviembre de 2015 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 19 del mismo mes y año.</p>
<p class='centro_negrita'>II. Fundamentos jurídicos</p>
<p class='parrafo_2'>1. El presente proceso constitucional tiene por objeto resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el artículo 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, para la ordenación de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva a la Agencia, por cuanto añade a esta última las disposiciones adicionales vigésima primera y vigésima segunda, cuya redacción es la siguiente:</p>
<p class='sangrado_2'>«Vigésima primera. Integración voluntaria en el Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios de la Generalidad de Cataluña.</p>
<p class='sangrado_2'>1. Pueden optar por integrarse en el Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios de la Generalidad de Cataluña, mediante convocatorias específicas, los funcionarios que tengan asignadas funciones sustancialmente coincidentes con las propias del Cuerpo y que tengan destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña o que en el momento de la convocatoria presten servicios en la Administración de la Generalidad o en los entes del sector público que de ella dependen, si pertenecen a cuerpos y escalas del subgrupo A1 de otras administraciones públicas.</p>
<p class='sangrado'>2. Antes del 30 de junio de 2021 deben realizarse las convocatorias necesarias, hasta un máximo de cuatro, para el proceso de integración a que se refiere el apartado 1. Las convocatorias han de determinar los requisitos específicos de participación, el procedimiento a seguir, la tabla de homologaciones que debe aplicarse y los puestos de trabajo que deben adjudicarse, y han de prever una lista de reserva para que aquellos funcionarios que, a pesar de cumplir los requisitos exigidos por la convocatoria, no hayan podido integrarse en el Cuerpo, por insuficiencia del número de plazas convocadas, puedan integrarse en el mismo más adelante, en ocasión de vacante, sin tener que concurrir a una nueva convocatoria. La resolución de integración, que corresponde al presidente o presidenta de la Agencia Tributaria de Cataluña, conlleva la adjudicación del correspondiente puesto de trabajo.»</p>
<p class='sangrado_2'>«Vigésima segunda. Integración voluntaria en el Cuerpo Técnico de Gestores Tributarios de la Generalidad de Cataluña.</p>
<p class='sangrado_2'>1. Pueden optar por integrarse en el Cuerpo Técnico de Gestores Tributarios de la Generalidad de Cataluña, mediante convocatorias específicas, los funcionarios que tengan asignadas funciones sustancialmente coincidentes con las propias del Cuerpo y que tengan destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña o que en el momento de la convocatoria presten servicios en la Administración de la Generalidad o en los entes del sector público que de ella dependen, si pertenecen a cuerpos y escalas del subgrupo A2 de otras administraciones públicas.</p>
<p class='sangrado'>2. Antes del 30 de junio de 2021 deben realizarse las convocatorias necesarias, hasta un máximo de cuatro, para el proceso de integración a que se refiere el apartado 1. Las convocatorias han de determinar los requisitos específicos de participación, el procedimiento a seguir, la tabla de homologaciones que debe aplicarse y los puestos de trabajo que deben adjudicarse, y han de prever una lista de reserva para que aquellos funcionarios que, a pesar de cumplir los requisitos exigidos por la convocatoria, no hayan podido integrarse en el Cuerpo, por insuficiencia del número de plazas convocadas, puedan integrarse en el mismo más adelante, en ocasión de vacante, sin tener que concurrir a una nueva convocatoria. La resolución de integración, que corresponde al presidente o presidenta de la Agencia Tributaria de Cataluña, conlleva la adjudicación del correspondiente puesto de trabajo.»</p>
<p class='parrafo_2'>Son dos las impugnaciones que articula el Abogado del Estado respecto de estas disposiciones legales. De un lado, alega que ambos preceptos, al regular sendos procedimientos restringidos de acceso a la función pública, vulneran las normas constitucionales que establecen el derecho fundamental de todos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes (arts. 23.2 y 103.3 CE) y, además, infringen el art. 149.1.18 CE, por no haberse respetado los requisitos de acceso a la función pública establecidos con carácter básico en los arts. 55.1 y 61.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público (LEEP). De otro, sostiene que el inciso «han de prever una lista de reserva para que aquellos funcionarios que, a pesar de cumplir los requisitos exigidos por la convocatoria, no hayan podido integrarse en el Cuerpo, por insuficiencia del número de plazas convocadas, puedan integrarse en el mismo más adelante, en ocasión de vacante, sin tener que concurrir a una nueva convocatoria», que aparece recogido en el apartado 2 de ambos preceptos, lesiona el art. 103.3 CE y, por ser incompatible con los arts. 61.1 y 61.6 LEEP, el art. 149.1.18 CE.</p>
<p class='parrafo'>Los Letrados de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña, del modo que consta en los antecedentes, se oponen a los motivos impugnatorios que sustentan este recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, solicitan su desestimación íntegra.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Con carácter previo al análisis de las cuestiones planteadas, y dado que algunas de las impugnaciones formuladas en el escrito de demanda se fundan en que los preceptos legales recurridos contradicen distintos artículos de la normativa básica estatal aprobada mediante la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público, se hace necesario poner de relieve que los arts. 55.1, 61 y disposición transitoria segunda LEEP han sido derogados en virtud del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto b<em>ásico del </em>empleado p<em>úblico, </em>que se ha publicado en el «BOE» del 31 de octubre de 2015 y, según su disposición final única, entró en vigor al día siguiente.</p>
<p class='parrafo'>Esta norma contempla una regulación idéntica a la que aquélla establecía, que se encuentra en los arts. 55.1, 61 y disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público. Deriva de todo ello que, debido a nuestra reiterada doctrina sobre el <em>ius superveniens</em> en relación al parámetro de control a utilizar en los recursos de inconstitucionalidad cuando tienen contenido competencial (por todas, STC 202/2015, de 24 de diciembre, FJ 2), sean estos últimos los preceptos a tener en cuenta para realizar el enjuiciamiento de las impugnaciones que invocan la vulneración de la legislación básica dictada al amparo del art. 149.1.18 CE.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Por lo que hace a la primera de las impugnaciones, existe una consolidada doctrina de este Tribunal acerca del acceso a la función pública mediante pruebas restringidas y su compatibilidad con las normas constitucionales, tanto desde la perspectiva del derecho fundamental a la igualdad en dicho acceso (art. 23.2 en relación al art. 103.3 CE) como desde la consideración de la competencia estatal básica sobre el régimen estatutario de los funcionarios públicos (art. 149.1.18 CE).</p>
<p class='parrafo'>La mayor claridad en la exposición de esta doctrina constitucional requiere comenzar por la dimensión competencial. La STC 111/2014, de 26 de junio, examinó, en cuanto a su carácter básico <em>ex</em> art. 149.1.18 CE, el régimen de acceso a la función pública establecido por la Ley del estatuto básico del empleado público. Centró su atención precisamente en que «el art. 55.1 LEEP califica como rectores del derecho al acceso al empleo público en general los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad», y en que «el art. 61 determina además el carácter abierto de los procesos selectivos, que garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva». También tuvo en cuenta que completaba «el bloque normativo la disposición transitoria segunda, que se ocupa del personal laboral fijo que desempeña funciones o puestos clasificados como propios de personal funcionario», permitiendo a este tipo de personal «participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos las funciones o los puestos que desempeñe».</p>
<p class='parrafo'>La STC 111/2014, delimitado así el conjunto normativo relevante, declaró que «el antedicho régimen de acceso a la función pública es formalmente básico (disposición final primera LEEP). Este Tribunal ha analizado extensamente sus precedentes normativos (art. 19 y disposición transitoria sexta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública), señalando el carácter materialmente básico tanto de la regla que garantiza que las convocatorias tienen que ser con carácter general abiertas o libres, rechazando los llamados turnos u oposiciones restringidas, como de las excepciones a dicha regla general, que participan de la misma naturaleza básica (STC 174/1998, de 23 de julio, FJ 4, y las allí citadas; en el mismo sentido, STC 38/2004, de 11 de marzo, FJ 3). Las mismas razones abonan el carácter materialmente básico de las vigentes normas de la Ley del estatuto básico del empleado público, según hemos confirmado en la STC 113/2010, de 24 de noviembre, FJ 3».</p>
<p class='parrafo'>El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto b<em>ásico del </em>empleado p<em>úblico</em>, se ha publicado en el «BOE» del 31 de octubre de 2015 y como ya hemos indicado, según su disposición final única, entró en vigor al día siguiente. Esta norma, en virtud de su disposición derogatoria única, ha derogado la LEEP, sustituyéndola por una regulación idéntica a la que ésta establecía, que se encuentra en los arts. 55.1, 61 y disposición transitoria segunda del texto refundido. Esta identidad determina, por las mismas razones indicadas en nuestra STC 111/2014, que los preceptos señalados del texto refundido deban considerarse formal y materialmente básicos.</p>
<p class='parrafo'>En conclusión, según la doctrina constitucional indicada, encaja en las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos la norma estatal que prevé que la adquisición de tal condición se verificará mediante convocatorias abiertas. Encajan también, por implicar una modulación de dicha norma, las excepciones que eventualmente se puedan prever a tal regla general. De este modo, el legislador autonómico no actuará dentro de sus competencias si regula supuestos de acceso a la función pública en que la participación no sea libre más allá de aquellos que encuentren amparo en la normativa básica. Así lo ha declarado este Tribunal a la vista tanto del régimen básico previsto en la Ley 30/1984 (por todas, SSTC 151/1992, de 19 de octubre, FJ 3, y 302/1993, de 21 de octubre, FJ 3) como del regulado en la LEEP (STC 111/2014, de 26 de junio, FJ 3), debiendo extender ahora esta declaración al previsto en el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público y actualmente vigente.</p>
<p class='parrafo_2'>4. Ahora bien, abandonando ya la perspectiva competencial y adentrándonos en la dimensión sustantiva, los supuestos de adquisición de la condición de funcionario de carrera en que se exceptúe la regla del carácter abierto, aun cuando estén contemplados en la normativa básica, podrán ser contrarios a la Constitución si desconocen el derecho fundamental de acceder en condiciones de igualdad a la función pública <em>ex</em> art. 23.2 CE. En este sentido resulta muy elocuente el pronunciamiento de la STC 151/1992, de 19 de octubre, FJ 3, según la cual «el derecho a la igualdad en el acceso a la función pública supone una limitación fundamental a la práctica de las pruebas restringidas para el acceso a la función pública, las cuales, en general, han de considerarse como un procedimiento proscrito por el referido precepto constitucional (STC 27/1991, fundamento jurídico 5º.c). Por ello mismo, en fin, la admisibilidad de estas pruebas, aun cuando el legislador estatal para casos singulares las haya previsto, debe ser verdaderamente excepcional y objeto de una interpretación restrictiva (por ejemplo, ATC 13/1983, fundamento jurídico 2)».</p>
<p class='parrafo'>Sobre las razones que pueden justificar, sin lesión del art. 23.2 CE, las pruebas restringidas para el acceso a la función pública, el Tribunal ha resuelto de un modo reiterado [SSTC 27/1991, de 14 de febrero, FJ 5 c); 60/1994, de 28 de febrero, FJ 5; 16/1998, de 26 de enero, FJ 5; y 12/1999, de 11 de febrero, FJ 3; 126/2008, de 27 de octubre, FJ 3, y 130/2009, de 1 de junio, FJ 3] que «no cabe excluir que, en determinados casos excepcionales, la diferencia de trato establecida en la Ley en favor de unos y en perjuicio de otros pueda considerarse como razonable, proporcionada y no arbitraria a los efectos de la desigualdad de trato que establece, siempre que dicha diferenciación se demuestre como un medio excepcional y adecuado para resolver una situación también excepcional, expresamente prevista en una norma con rango de Ley y con el objeto de alcanzar una finalidad constitucionalmente legitima, entre las que se integra también la propia eficacia de la Administración Pública».</p>
<p class='parrafo_2'>5. Precisado el canon de control de constitucionalidad aplicable, estamos ya en condiciones de resolver sobre la primera impugnación, relativa a la compatibilidad de los procesos de integración regulados en las disposiciones objeto del recurso con los arts. 23.2 y 149.1.18 CE. El punto de partida de nuestro razonamiento no puede ser otro que analizar si los preceptos impugnados regulan un supuesto de acceso a la función pública y, en tal caso, si tal acceso se verifica mediante una prueba restringida.</p>
<p class='parrafo_2'>a) Observa este Tribunal, en cuanto a lo primero, que el proceso de integración reglamentado en las disposiciones recurridas se configura como una modalidad de acceso a un cuerpo de funcionarios públicos de la Administración de la Generalitat de Cataluña. Son varias las razones que justifican esta conclusión.</p>
<p class='parrafo'>Las partes recurridas sostienen que el proceso de integración en los cuerpos de adscripción exclusiva a la Agencia Tributaria de Cataluña articulado en las disposiciones impugnadas, en lugar de ser un mecanismo de acceso a la función pública, es un sistema de provisión de puestos de trabajo, concretamente un supuesto de movilidad interadministrativa admitido por el art. 84 LEEP. Las partes recurridas afirman que no puede ser un supuesto de acceso a la función pública porque sus destinatarios ya han adquirido la condición de funcionarios de carrera, mediante procedimientos plenamente respetuosos con los principios de mérito y capacidad, en las administraciones públicas de origen.</p>
<p class='parrafo'>No cabe acoger este argumento porque resulta evidente que también quienes ya han adquirido la condición de funcionario de carrera mediante su integración en un determinado cuerpo de una Administración pública pueden optar, mediante su participación en los procedimientos previstos al efecto, a acceder de nuevo a la función pública, esta vez integrándose en otro cuerpo funcionarial de la misma o de otra Administración pública.</p>
<p class='parrafo'>Excluyendo ese argumento esgrimido por las partes recurridas, procede analizar las disposiciones impugnadas al efecto de determinar si en realidad los procesos de integración voluntaria que regulan son supuestos de acceso a la función pública o, por el contrario, mecanismos de provisión de puestos de trabajo. Hay dos razones que nos conducen a considerar que son lo primero.</p>
<p class='parrafo'>De un lado, la dicción del precepto así lo atestigua. Nuestro sistema de función pública se caracteriza porque la adquisición de la condición de funcionario de carrera se verifica mediante la integración en uno de los cuerpos de las Administraciones públicas, mientras que, una vez adquirida tal condición, la evolución dentro de la carrera administrativa se produce mediante la obtención, a través de los mecanismos de provisión legalmente previstos, de distintos puestos de trabajo. Basta con atender a que el proceso regulado en las disposiciones impugnadas está orientado a producir la integración de los seleccionados en un cuerpo de la Generalitat de Cataluña para concluir, conforme a la estructura y configuración característica de nuestro sistema de función pública, que se trata de un supuesto de acceso a la función pública y no un procedimiento de provisión de puestos de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>De otro lado, la articulación de este proceso de integración, en particular en cuanto al ámbito subjetivo de sus destinatarios, confirma de un modo indubitado que estamos ante un proceso de acceso a la función pública. Los destinatarios de dicho proceso son los funcionarios «que tengan destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña o que en el momento de la convocatoria presten servicios en la Administración de la Generalidad o en los entes del sector público que de ella dependen, si pertenecen a cuerpos y escalas del subgrupo A1 de otras administraciones públicas». Por tanto, podrán participar en estos procesos los funcionarios de otras Administraciones públicas (estatal o locales) «que en el momento de la convocatoria presten servicios en la Administración de la Generalidad o en los entes del sector público que de ella dependen». En otras palabras, estos procesos están abiertos también a los funcionarios de otras administraciones públicas que ya ocupen puestos de trabajo en la Administración de la Generalitat o en los entes del sector público que de ella dependen, entre ellos en la Agencia Tributaria de Cataluña. Por todo ello, el proceso de integración voluntaria que enjuiciamos necesariamente determina que los seleccionados no solo prestarán servicios en la Administración de la Generalitat o en los entes del sector público que de ella dependen, pues en el caso reseñado ya lo hacían antes, sino que además los prestarán como pertenecientes a un cuerpo funcionarial de dicha Administración autonómica. No estamos, por tanto, ante la mera provisión de un puesto de trabajo sino que se trata de un verdadero acceso a la función pública, mediante la integración en un cuerpo funcionarial de la Generalitat de Cataluña.</p>
<p class='parrafo'>Las representaciones de las partes recurridas alegan que tanto la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, como la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la función pública valenciana, prevén sistemas de integración similares. Este Tribunal, debido a la configuración del recurso de inconstitucionalidad como justicia rogada, no puede enjuiciar la constitucionalidad del régimen jurídico de normas que no han sido objeto de este concreto proceso.</p>
<p class='parrafo'>b) Avanzando más en el razonamiento, este Tribunal aprecia, respecto a la segunda cuestión que nos hemos propuesto examinar en este fundamento jurídico, que el sistema de acceso a la función pública que prevén los preceptos impugnados no es un mecanismo abierto a todos los sujetos que, cumpliendo los requisitos generales establecidos al efecto en la respectiva convocatoria, deseen participar en él, pues el apartado 1 de ambas disposiciones adicionales reduce el ámbito subjetivo de los potenciales candidatos en dos sentidos.</p>
<p class='parrafo'>En efecto, según la norma recurrida, solo son admitidos a tomar parte en el proceso de integración quienes ya sean funcionarios de otras administraciones públicas y, además de ello, «tengan destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña o que en el momento de la convocatoria presten servicios en la Administración de la Generalidad o en los entes del sector público que de ella dependen».</p>
<p class='parrafo'>Quedan excluidos, en consecuencia, los sujetos que no reúnan cumulativamente estas dos condiciones. De este modo, tendrán vedada la participación en este proceso de integración quienes, aunque tengan la titulación requerida y satisfagan el resto de exigencias específicas de la convocatoria, no sean funcionarios de una Administración pública distinta de la propia de la Generalitat de Cataluña. Resultan excluidos de participar, en virtud de esta primera exigencia, todo aquel que no sea funcionario y también los que, siendo funcionarios, lo son de algún cuerpo de la Administración de la Generalitat de Cataluña.</p>
<p class='parrafo'>Esta previsión reductora, por sí sola, ya convertiría en prueba restringida este proceso de acceso a la función pública. Pero el conjunto de los admitidos a participar se recorta aún más. Quedan también fuera de poder concurrir a este sistema de acceso a la función pública algunos funcionarios de una de dichas Administraciones públicas distintas de la Generalitat de Cataluña, a pesar de que realicen funciones sustancialmente coincidentes con las propias del Cuerpo al que se pretende acceder; concretamente aquellos que no tengan destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña ni presten al tiempo de la convocatoria, en virtud de alguna técnica de movilidad funcional, sus servicios en la Administración de la Generalitat o en los entes del sector público que de ella dependen.</p>
<p class='parrafo'>De este análisis se desprende que el sistema de acceso a la función pública en que consiste el proceso de integración reglamentado en las disposiciones impugnadas está vedado a varias categorías de personas que cumplen con los requisitos legales establecidos para la realización de los principios de mérito y capacidad, con lo que corresponde calificarla de «prueba restringida» de acceso a la función pública.</p>
<p class='parrafo_2'>6. Una vez establecido que las disposiciones impugnadas regulan sendas «pruebas restringidas» de acceso a la función pública, procede proyectar sobre ellas la doctrina constitucional reseñada en los fundamentos jurídicos segundo y tercero. Hay razones para comenzar por la dimensión competencial, pues si el legislador catalán no fuera competente para prever una «prueba restringida» no tendría sentido pronunciarse acerca de si la contemplada en el caso concreto responde a los criterios que, según nuestra doctrina, la convierte excepcionalmente en respetuosa del derecho fundamental a la igualdad en el acceso a los cargos y funciones públicas.</p>
<p class='parrafo'>Como adelantamos en el fundamento jurídico segundo, es constante la doctrina constitucional (por todas, STC 174/1998, de 23 de julio, y STC 111/2014, de 26 de junio) que afirma que la competencia básica estatal sobre el régimen estatutario de los funcionarios públicos (art. 149.1.18 CE) comprende la fijación del principio de igualdad como elemento esencial del acceso a dicha condición, de modo tal que los arts. 55.1 y 61 del texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público que establecen este principio en la actualidad son formal y materialmente básicos. Estas mismas resoluciones del Tribunal Constitucional, en los términos que igualmente se han indicado en el fundamento jurídico segundo, declaran que dicha competencia estatal básica alcanza también a la determinación de qué modulaciones admite tal principio en cada momento.</p>
<p class='parrafo'>El legislador básico que aprobó la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, incluyó, en aras de regularizar la situación de precariedad surgida de la necesidad de dotar de personal a las administraciones públicas de las Comunidades Autónomas que se acababan de crear, una modalidad de «prueba restringida» en el apartado 4 de la disposición transitoria sexta, según el que «los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán convocar pruebas específicas para el personal que, al amparo de lo establecido en disposiciones de carácter general promulgadas por las correspondientes Comunidades Autónomas tuviesen, con anterioridad al 15 de marzo de 1984, condición de contratados administrativos, en expectativa de acceso a su respectiva Función Pública. Se considerarán incluidos en el presente precepto los contratados mediante convocatorias públicas con anterioridad al 15 de marzo de 1984».</p>
<p class='parrafo'>De este modo, las «pruebas restringidas» para el acceso a la función pública autonómica traídas ante este Tribunal por motivos competenciales (por todas, SSTC 151/1992, de 19 de octubre, FJ 3; y 302/1993, de 21 de octubre, FJ 3) han sido enjuiciadas conforme a tal parámetro de constitucionalidad, determinando si la regulación de la ley autonómica respondía al supuesto general previsto como norma básica en dicha disposición estatal.</p>
<p class='parrafo'>Ahora bien, en los recursos de inconstitucionalidad de signo competencial el marco constitucional de reparto de atribuciones a tener en cuenta es el delimitado «por las normas del bloque de la constitucionalidad vigentes en el momento de dictar Sentencia» (por todas STC 1/2011, de 14 de febrero, FJ 2, y la doctrina allí citada). En la actualidad, junto a la disposición transitoria sexta de la Ley 30/1984, que nunca fue formalmente derogada, el legislador básico contempla otro supuesto posible de modulación del principio de igualdad en el acceso a la función pública en la disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público cuya redacción es la siguiente:</p>
<p class='sangrado_2'>«El personal laboral fijo que a la entrada en vigor del presente Estatuto esté desempeñando funciones de personal funcionario, o pase a desempeñarlos en virtud de pruebas de selección o promoción convocadas antes de dicha fecha, podrán seguir desempeñándolos.</p>
<p class='sangrado'>Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos las funciones o los puestos que desempeñe, siempre que posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición.»</p>
<p class='parrafo_2'>De todo ello resulta que el legislador básico establece el carácter abierto de los procesos selectivos de acceso a la función pública (art. 61.1 del texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público) y prevé, como únicas modulaciones del mismo, aparte «de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto» (art. 61.1 del texto refundido), solo dos supuestos excepcionales, que son los regulados en la disposición transitoria sexta de la Ley 30/1984 y en la disposición transitoria segunda del texto refundido.</p>
<p class='parrafo_2'>7. Llegados a este punto, y dado que para constatar la existencia de una inconstitucionalidad mediata o indirecta como la que aquí se suscita es necesario, además de que la norma estatal infringida por la Ley autonómica sea una norma básica en sentido material y formal, «que la contradicción entre ambas normas, estatal y autonómica, sea efectiva e insalvable por vía interpretativa» (por todas, SSTC 210/2014, de 18 de diciembre, FJ 4, y 200/2015, de 24 de septiembre, FJ 4), procede analizar en este momento si los preceptos autonómicos impugnados contradicen las normas básicas indicadas de un modo efectivo e insalvable por vía interpretativa.</p>
<p class='parrafo'>No estamos ante un supuesto de promoción interna, pues los destinatarios del proceso han de «pertenece[r] a cuerpos y escalas del subgrupo A1 de otras administraciones públicas» (disposición adicional vigésima primera) o «pertenece[r] a cuerpos y escalas del subgrupo A2 de otras administraciones públicas» (disposición adicional vigésima segunda), esto es, pertenecer a cuerpos del mismo subgrupo que el cuerpo al que proceden a integrarse. Resulta evidente que tampoco es un caso de discriminación positiva, pues no se determina ningún grupo en situación desfavorable que requiera un mejor trato que el resto de posibles participantes.</p>
<p class='parrafo'>De otro lado, los destinatarios de los procesos de integración regulados en las dos disposiciones impugnadas son funcionarios de carrera, no contratados administrativos y tampoco personal laboral, por lo que tales procesos no pueden hallar cobertura ni en la disposición transitoria sexta de la Ley 30/1984 (contratados administrativos) ni en la disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público (personal laboral).</p>
<p class='parrafo'>En conclusión, las disposiciones autonómicas impugnadas regulan sendas «pruebas restringidas» de acceso a la función pública, que son supuestos que exceptúan el carácter abierto de los procesos selectivos de acceso a la función pública establecido como norma básica por el art. 61.1 del texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público. Y lo hacen sin que encuentren apoyo en ninguna de las previsiones normativas mediante las que el legislador básico modula dicha regla básica. Todo ello conduce a resolver que las disposiciones impugnadas, por contradecir de un modo efectivo e insalvable por vía interpretativa la normativa básica estatal de acceso a la función pública, concretamente el art. 61.1 del texto refundido, vulneran la competencia atribuida al Estado sobre el régimen estatutario de los funcionarios (art. 149.1.18 CE).</p>
<p class='parrafo_2'>8. Los razonamientos expuestos conducen a que declaremos la inconstitucionalidad y nulidad de ambos preceptos impugnados, en la medida que disciplinan sendos supuestos de «pruebas restringidas» de acceso a la función pública sin cobertura en la normativa básica estatal, declaración que se proyecta no solo sobre su apartado primero sino también respecto de su apartado segundo, pues la regulación de éste, en la medida que se refiere a las circunstancias de las convocatorias llamadas a regir tales procesos, es meramente accesoria del mecanismo de «prueba restringida» establecido en el apartado primero.</p>
<p class='parrafo'>Declarada la inconstitucionalidad y nulidad de los dos apartados de las disposiciones adicionales impugnadas, resulta innecesario resolver acerca de las otras alegaciones formuladas en el escrito de interposición del presente recurso de inconstitucionalidad.</p>
<p class='parrafo_2'>9. Tras el enjuiciamiento definitivo de la ley recurrida, verificado dentro del plazo de cinco meses contemplado en el art. 161.2 CE, huelga cualquier pronunciamiento sobre el levantamiento o el mantenimiento de su suspensión (SSTC 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 6, y 207/2013, de 5 de diciembre, FJ 6).</p>
<p class='centro_redonda'>FALLO</p>
<p class='parrafo_2'>En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,</p>
<p class='centro_redonda'>Ha decidido</p>
<p class='parrafo_2'>Estimar el recurso de inconstitucionalidad núm. 4681-2015 y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, para la ordenación de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva a la Agencia, por cuanto añade a esta última las disposiciones adicionales vigésima primera y vigésima segunda.</p>
<p class='parrafo'>Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dada en Madrid, a diecinueve de noviembre de dos mil quince.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.</p>
</texto>
</documento>
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Wed Dec 30 12:20:12 +0000 2015
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El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4681-2015, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra el art. 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, para la ordenación de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva a la Agencia, por cuanto añade a esta última las disposiciones adicionales vigésima primera y vigésima segunda. Han comparecido y formulado alegaciones la Generalitat y el Parlamento de Cataluña, representados por sus respectivos Letrados. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan José González Rivas, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 31 de julio de 2015, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el art. 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, para la ordenación de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva a la Agencia, por cuanto añade a esta última las disposiciones adicionales vigésima primera y vigésima segunda. El Abogado del Estado invocó los arts. 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a fin de que se acordase la suspensión de los preceptos impugnados.
El Abogado del Estado comienza transcribiendo la disposición adicional vigésima primera de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, incorporada por el impugnado art. 4 de la Ley 9/2015, cuyo texto es:
«Vigésima primera. Integración voluntaria en el Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios de la Generalidad de Cataluña.
1. Pueden optar por integrarse en el Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios de la Generalidad de Cataluña, mediante convocatorias específicas, los funcionarios que tengan asignadas funciones sustancialmente coincidentes con las propias del Cuerpo y que tengan destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña o que en el momento de la convocatoria presten servicios en la Administración de la Generalidad o en los entes del sector público que de ella dependen, si pertenecen a cuerpos y escalas del subgrupo A1 de otras administraciones públicas.
2. Antes del 30 de junio de 2021 deben realizarse las convocatorias necesarias, hasta un máximo de cuatro, para el proceso de integración a que se refiere el apartado 1. Las convocatorias han de determinar los requisitos específicos de participación, el procedimiento a seguir, la tabla de homologaciones que debe aplicarse y los puestos de trabajo que deben adjudicarse, y han de prever una lista de reserva para que aquellos funcionarios que, a pesar de cumplir los requisitos exigidos por la convocatoria, no hayan podido integrarse en el Cuerpo, por insuficiencia del número de plazas convocadas, puedan integrarse en el mismo más adelante, en ocasión de vacante, sin tener que concurrir a una nueva convocatoria. La resolución de integración, que corresponde al presidente o presidenta de la Agencia Tributaria de Cataluña, conlleva la adjudicación del correspondiente puesto de trabajo.»
Y señala a continuación que la Disposición Adicional vigésimo segunda recoge un contenido idéntico pero referido al Cuerpo de Gestión Tributaria de Cataluña.
Acto seguido razona que «se trata de una Ley que tiene por objeto articular un nuevo procedimiento de acceso a la función pública autonómica», pues «las nuevas DA 21 y 22 de la Ley 7/2007 permiten integrarse en cuerpos de la Administración autonómica a funcionarios que no pertenecen a dicha Administración».
Centrada así la cuestión, el Abogado del Estado expone la síntesis de la doctrina constitucional sobre la igualdad en el acceso a la función pública que realiza la STC 111/2014, de 26 de junio. Destaca que, según tal doctrina, el art. 23.2 CE consagra un derecho de configuración legal, de tal modo que compete al legislador establecer las condiciones de acceso a la función pública, pero respetando los principios de igualdad (art. 23.2 CE), mérito y capacidad (art. 103.3 CE). Y que de ahí se desprende que «el art, 23.2, en relación con el 103.3 CE, instituye un derecho de acceso en condiciones de igualdad, al que se opone la integración automática de determinados grupos en la función pública (STC 302/1993, de 21 de octubre), así como, en principio y salvo excepciones, las llamadas “pruebas restringidasˮ para el acceso a la función pública (SSTC 27/1991, de 14 de febrero; 151/1992, de 19 de octubre; 4/1993, de 14 de enero; 60/1994, de 28 de febrero; 16/1998, de 26 de enero; o 12/1999, de 11 de febrero)». (FJ 2)
De otro lado, apela a que el régimen de acceso a la función pública establecido por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público (en adelante, LEEP), tiene carácter básico ex art. 149.1.18 CE. Resalta en concreto que, recapitulando la doctrina constitucional sobre este punto, en la STC 111/2014 (FJ 3) se afirma que «este Tribunal ha analizado extensamente sus precedentes normativos (art. 19 y disposición transitoria sexta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública), señalando el carácter materialmente básico tanto de la regla que garantiza que las convocatorias tienen que ser con carácter general abiertas o libres, rechazando los llamados turnos u oposiciones restringidas, como de las excepciones a dicha regla general, que participan de la misma naturaleza básica (STC 174/1998, de 23 de julio, FJ 4, y las allí citadas; en el mismo sentido, STC 38/2004, de 11 de marzo, FJ 3). Las mismas razones abonan el carácter materialmente básico de las vigentes normas de la Ley del estatuto básico del empleado público, según hemos confirmado en la STC 113/2010, de 24 de noviembre, FJ 3».
Llegado a este punto, alega que los preceptos impugnados son inconstitucionales por dos motivos. De un lado, expone que el proceso de integración regulado en las disposiciones adicionales vigésima primera y vigésima segunda de la Ley 7/2007 infringe el principio de igualdad en el acceso a la función pública, ya que veda la participación a todo ciudadano que no sea funcionario de otra Administración pública y tenga destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña, o en el momento de la convocatoria preste servicios en la Administración de la Generalidad o en sus organismos dependientes, lo que, al excluir al resto de ciudadanos, implica una infracción directa del art. 23.2 CE y, por desconocer los arts. 55.1 y 61.1 LEEP, una infracción mediata del art. 149.1.18 CE.
De otro, argumenta que este proceso de integración es automático, pues sin la superación de ninguna prueba selectiva y sin la consideración siquiera de un concurso de méritos permite el acceso a quienes cumplan los requisitos previstos en la convocatoria. Imputa esta inconstitucionalidad a aquel inciso del apartado 2 de ambas disposiciones adicionales según el cual las convocatorias «han de prever una lista de reserva para que aquellos funcionarios que, a pesar de cumplir los requisitos exigidos por la convocatoria, no hayan podido integrarse en el Cuerpo, por insuficiencia del número de plazas convocadas, puedan integrarse en el mismo más adelante, en ocasión de vacante». Esta integración automática, a juicio del Abogado del Estado, infringe directamente el art. 103.3 CE y, por desconocer los arts. 61.1 y 61.6 LEEP, el art. 149.1.18 CE.
2. Mediante providencia de 10 de septiembre de 2015 el Pleno, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno y, en su representación y defensa, por el Abogado del Estado, contra el art. 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, para la ordenación de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva a la Agencia, por cuanto añade a esta última las disposiciones adicionales vigésima primera y vigésima segunda; dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, así como a la Generalitat y al Parlamento de Cataluña, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes; tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 de la Constitución, lo que, conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso –31 de julio de 2015– para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros, lo que se comunicará a los Presidentes de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña; y publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de Cataluña».
3. Mediante escrito registrado el día 23 de septiembre de 2015 el Presidente del Senado comunicó a este Tribunal el acuerdo de la Mesa de la Cámara en el sentido de darse por personada en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Idéntica comunicación efectuó el Presidente del Congreso de los Diputados el 24 de septiembre de 2015.
4. Por escrito registrado el día 8 de octubre de 2015 el Abogado de la Generalitat de Cataluña, en la representación que le es propia, solicitó la íntegra desestimación del recurso. Destina su primera alegación a precisar que el objeto del recurso alcanza al art. 4 de la Ley 9/2015, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, solamente en cuanto añade a ésta las disposiciones adicionales vigésima primera y vigésima segunda.
En la segunda, rubricada «sentido de la reforma introducida por la Ley 9/2015», sostiene que la Generalitat es competente ex art. 136 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) para ordenar y organizar la función pública catalana, en el marco de lo previsto en la LEEP. Añade que «mediante la modificación de la Ley 7/2007, que ocho años antes había creado la Agencia Tributaría de Cataluña, se pretende renovar el modelo de la estructura organizativa de la Agencia». En concreto, afirma que para «poder dar una respuesta ágil y eficaz al incremento significativo del volumen de trabajo y a las necesidades cambiantes de la Agencia, en la Ley se regula un régimen transitorio de acceso a los cuerpos tributarios y se prevé que miembros de otras Administraciones Públicas puedan pasar a ejercer las funciones de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva en la Agencia».
Argumenta, en tercer lugar, que «el planteamiento del recurso parte de y se fundamenta en un error conceptual, cual es la consideración del proceso de integración de funcionarios de otras Administraciones en la Agencia Tributaria de Cataluña como un proceso de acceso a la función pública». Más precisamente, razona que «el recurso parte de un error conceptual al referirse indistintamente e incluso equiparar el acceso a la función pública en general, o el acceso a la condición de funcionario, con el acceso a un puesto de trabajo de la Agencia de una persona que ya ha adquirido la condición de funcionario de carrera, previa superación de los correspondientes procesos selectivos, y que presta sus servicios como tal en un cuerpo de otra Administración que tiene asignadas funciones sustancialmente coincidentes a las del puesto en que se integra». A su juicio, por tanto, no estamos ante una regulación legal que establece un procedimiento de acceso a la función pública, sino ante una regulación transitoria para la provisión de unos puestos de trabajo mediante movilidad interadministrativa. Y en este sentido destaca que «el [estatuto básico del empleado público], por su parte, tampoco prohíbe esta incorporación voluntaria o trasvase de una Administración a otra, sino que la prevé de forma genérica, en su art. 84 relativo a la movilidad interadministrativa, como una de las medidas orientadas a lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y a garantizar la eficacia del servicio».
Por su parte, en la cuarta alegación expone que, al tratarse de un supuesto de regulación de provisión de puestos de trabajo mediante un procedimiento de movilidad interadministrativa, no son de aplicación las SSTC 302/1993 y 111/2014, ni tampoco los arts. 55 y 61.1 LEEP, unas y otros invocadas en el recurso para fundar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas. Añade, además, que «la integración voluntaria en la Agencia Tributaria de Cataluña, a que se refieren las disposiciones adicionales 21 y 22, no se trata de un procedimiento de provisión inédito o inusual en los textos legales autonómicos sobre función pública. En este sentido cabe recordar que tanto la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, como la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana, prevén sistemas de integración derivados de procedimientos de movilidad interadministrativa o de concurso de méritos».
La quinta y última de las alegaciones se centra, en su parte inicial, en que «las disposiciones recurridas respetan absolutamente el principio de igualdad previsto en el art. 103.3 CE y recogido en el art. 78.1 del EBEP, relativo a los principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera, en tanto que tratan de igual forma a todas las personas funcionarias a las cuales van dirigidos los procesos de integración voluntaria. Desde la perspectiva del principio de igualdad, en el recurso se cuestiona que el proceso de integración … se limite a aquellos ‘‘que tengan destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña o que en el momento de la convocatoria presten servicio a la Administración catalana’’… A nuestro entender, cabe considerar que dicha limitación está justificada por razones de eficiencia en el funcionamiento de la Administración Pública y de facilidad de adaptación al servicio público que voluntariamente se pretende ejercer, derivadas de un conocimiento de la realidad cultural, lingüística, social y económica, y de la estructura y organización de la Administración tributaría de Cataluña».
También argumenta, en un momento posterior, que «la afirmación de integración automática y sin previsión de realización de pruebas selectivas o valoración de los méritos es una presunción apriorística y gratuita, dado que todavía no se ha realizado ninguna convocatoria del proceso de integración… Es evidente que la convocatoria podrá determinar la necesidad de superación de alguna prueba, de realización de algún sistema de evaluación de las competencias profesionales, así como la acreditación de los conocimientos necesarios de lengua catalana (si no se acreditaren documentalmente), y otros aspectos del procedimiento a seguir que implicarán una valoración de méritos adecuadamente baremada. La previsión de existencia de listas de reserva en función de las plazas ofertadas y las puntuaciones obtenidas por los solicitantes es una prueba evidente de que los méritos y capacidades han de ser valorados y puntuados».
5. Las alegaciones del Parlamento de Cataluña en las que solicita la desestimación del recurso se registraron el día 8 de octubre de 2015. El Letrado del Parlamento de Cataluña utiliza los mismos argumentos, y en gran medida el mismo modo de presentarlos, que el Abogado de la Generalitat de Cataluña.
Luego de delimitar el objeto del recurso en idénticos términos, en una segunda alegación, rubricada «las previsiones de las DA 21 y DA 22 contienen un supuesto de movilidad funcionarial entre administraciones y no un sistema de ingreso ex novo a la función pública», afirma que «el recurso parte de un error conceptual al referirse indistintamente e incluso equiparar el acceso a la función pública en general, o el acceso a la condición de funcionario, con el acceso de una persona que ya ha adquirido la condición de funcionaría de carrera (previa superación de los correspondientes procesos selectivos) a un cuerpo de otra Administración que tenga asignadas funciones sustancialmente coincidentes con las de su cuerpo de origen».
Por otro lado, la tercera y última alegación expone, de un lado, que «las disposiciones recurridas respetan absolutamente el principio de igualdad previsto en el art. 103.3 CE en tanto que tratan de igual forma a todas las personas a las cuales van dirigidas los procesos de integración voluntaria. Desde la perspectiva del principio de igualdad, únicamente podría cuestionarse la limitación de las convocatorias a los funcionarios pertenecientes a cuerpos y escalas del subgrupo A1 o A2 de otras Administraciones públicas destinados definitivamente al territorio de Cataluña. Aunque se puede considerar plenamente justificada esta limitación por razones de eficiencia en el funcionamiento de la Administración pública y de facilidad de adaptación, derivadas de un conocimiento de la realidad cultural, lingüística, social y económica, y de la estructura y organización de la Administración tributaría de Cataluña». Y de otro, con el fin de rechazar que se trate de un caso de integración automática, destaca que «es evidente que la convocatoria podría determinar la necesidad de superación de alguna prueba, de realización de alguna entrevista o evaluación de competencias profesionales, así como la acreditación de los conocimientos necesarios de lengua catalana (si no se acredita documentalmente), y otros aspectos del procedimiento a seguir que implicaran una valoración de méritos adecuadamente baremada».
6. Próximo a finalizar el plazo de cinco meses que señala el art. 161.2 CE desde que se produjo la suspensión de los preceptos impugnados, el Pleno, mediante providencia de 9 de octubre de 2015, acordó oír a las partes personadas –Abogado del Estado y representaciones legales de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña– para que, en el plazo de cinco días, expusieran lo que considerasen conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de dicha suspensión.
7. El Abogado del Estado, en escrito registrado el 21 de octubre de 2015, instó el mantenimiento de la suspensión. Por su parte, las representaciones legales de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña solicitaron, mediante sendos escritos registrados el 23 de octubre de 2015, el levantamiento de la suspensión.
8. Mediante providencia de 18 de noviembre de 2015 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 19 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. El presente proceso constitucional tiene por objeto resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el artículo 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, para la ordenación de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva a la Agencia, por cuanto añade a esta última las disposiciones adicionales vigésima primera y vigésima segunda, cuya redacción es la siguiente:
«Vigésima primera. Integración voluntaria en el Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios de la Generalidad de Cataluña.
1. Pueden optar por integrarse en el Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios de la Generalidad de Cataluña, mediante convocatorias específicas, los funcionarios que tengan asignadas funciones sustancialmente coincidentes con las propias del Cuerpo y que tengan destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña o que en el momento de la convocatoria presten servicios en la Administración de la Generalidad o en los entes del sector público que de ella dependen, si pertenecen a cuerpos y escalas del subgrupo A1 de otras administraciones públicas.
2. Antes del 30 de junio de 2021 deben realizarse las convocatorias necesarias, hasta un máximo de cuatro, para el proceso de integración a que se refiere el apartado 1. Las convocatorias han de determinar los requisitos específicos de participación, el procedimiento a seguir, la tabla de homologaciones que debe aplicarse y los puestos de trabajo que deben adjudicarse, y han de prever una lista de reserva para que aquellos funcionarios que, a pesar de cumplir los requisitos exigidos por la convocatoria, no hayan podido integrarse en el Cuerpo, por insuficiencia del número de plazas convocadas, puedan integrarse en el mismo más adelante, en ocasión de vacante, sin tener que concurrir a una nueva convocatoria. La resolución de integración, que corresponde al presidente o presidenta de la Agencia Tributaria de Cataluña, conlleva la adjudicación del correspondiente puesto de trabajo.»
«Vigésima segunda. Integración voluntaria en el Cuerpo Técnico de Gestores Tributarios de la Generalidad de Cataluña.
1. Pueden optar por integrarse en el Cuerpo Técnico de Gestores Tributarios de la Generalidad de Cataluña, mediante convocatorias específicas, los funcionarios que tengan asignadas funciones sustancialmente coincidentes con las propias del Cuerpo y que tengan destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña o que en el momento de la convocatoria presten servicios en la Administración de la Generalidad o en los entes del sector público que de ella dependen, si pertenecen a cuerpos y escalas del subgrupo A2 de otras administraciones públicas.
2. Antes del 30 de junio de 2021 deben realizarse las convocatorias necesarias, hasta un máximo de cuatro, para el proceso de integración a que se refiere el apartado 1. Las convocatorias han de determinar los requisitos específicos de participación, el procedimiento a seguir, la tabla de homologaciones que debe aplicarse y los puestos de trabajo que deben adjudicarse, y han de prever una lista de reserva para que aquellos funcionarios que, a pesar de cumplir los requisitos exigidos por la convocatoria, no hayan podido integrarse en el Cuerpo, por insuficiencia del número de plazas convocadas, puedan integrarse en el mismo más adelante, en ocasión de vacante, sin tener que concurrir a una nueva convocatoria. La resolución de integración, que corresponde al presidente o presidenta de la Agencia Tributaria de Cataluña, conlleva la adjudicación del correspondiente puesto de trabajo.»
Son dos las impugnaciones que articula el Abogado del Estado respecto de estas disposiciones legales. De un lado, alega que ambos preceptos, al regular sendos procedimientos restringidos de acceso a la función pública, vulneran las normas constitucionales que establecen el derecho fundamental de todos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes (arts. 23.2 y 103.3 CE) y, además, infringen el art. 149.1.18 CE, por no haberse respetado los requisitos de acceso a la función pública establecidos con carácter básico en los arts. 55.1 y 61.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público (LEEP). De otro, sostiene que el inciso «han de prever una lista de reserva para que aquellos funcionarios que, a pesar de cumplir los requisitos exigidos por la convocatoria, no hayan podido integrarse en el Cuerpo, por insuficiencia del número de plazas convocadas, puedan integrarse en el mismo más adelante, en ocasión de vacante, sin tener que concurrir a una nueva convocatoria», que aparece recogido en el apartado 2 de ambos preceptos, lesiona el art. 103.3 CE y, por ser incompatible con los arts. 61.1 y 61.6 LEEP, el art. 149.1.18 CE.
Los Letrados de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña, del modo que consta en los antecedentes, se oponen a los motivos impugnatorios que sustentan este recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, solicitan su desestimación íntegra.
2. Con carácter previo al análisis de las cuestiones planteadas, y dado que algunas de las impugnaciones formuladas en el escrito de demanda se fundan en que los preceptos legales recurridos contradicen distintos artículos de la normativa básica estatal aprobada mediante la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público, se hace necesario poner de relieve que los arts. 55.1, 61 y disposición transitoria segunda LEEP han sido derogados en virtud del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, que se ha publicado en el «BOE» del 31 de octubre de 2015 y, según su disposición final única, entró en vigor al día siguiente.
Esta norma contempla una regulación idéntica a la que aquélla establecía, que se encuentra en los arts. 55.1, 61 y disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público. Deriva de todo ello que, debido a nuestra reiterada doctrina sobre el ius superveniens en relación al parámetro de control a utilizar en los recursos de inconstitucionalidad cuando tienen contenido competencial (por todas, STC 202/2015, de 24 de diciembre, FJ 2), sean estos últimos los preceptos a tener en cuenta para realizar el enjuiciamiento de las impugnaciones que invocan la vulneración de la legislación básica dictada al amparo del art. 149.1.18 CE.
3. Por lo que hace a la primera de las impugnaciones, existe una consolidada doctrina de este Tribunal acerca del acceso a la función pública mediante pruebas restringidas y su compatibilidad con las normas constitucionales, tanto desde la perspectiva del derecho fundamental a la igualdad en dicho acceso (art. 23.2 en relación al art. 103.3 CE) como desde la consideración de la competencia estatal básica sobre el régimen estatutario de los funcionarios públicos (art. 149.1.18 CE).
La mayor claridad en la exposición de esta doctrina constitucional requiere comenzar por la dimensión competencial. La STC 111/2014, de 26 de junio, examinó, en cuanto a su carácter básico ex art. 149.1.18 CE, el régimen de acceso a la función pública establecido por la Ley del estatuto básico del empleado público. Centró su atención precisamente en que «el art. 55.1 LEEP califica como rectores del derecho al acceso al empleo público en general los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad», y en que «el art. 61 determina además el carácter abierto de los procesos selectivos, que garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva». También tuvo en cuenta que completaba «el bloque normativo la disposición transitoria segunda, que se ocupa del personal laboral fijo que desempeña funciones o puestos clasificados como propios de personal funcionario», permitiendo a este tipo de personal «participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos las funciones o los puestos que desempeñe».
La STC 111/2014, delimitado así el conjunto normativo relevante, declaró que «el antedicho régimen de acceso a la función pública es formalmente básico (disposición final primera LEEP). Este Tribunal ha analizado extensamente sus precedentes normativos (art. 19 y disposición transitoria sexta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública), señalando el carácter materialmente básico tanto de la regla que garantiza que las convocatorias tienen que ser con carácter general abiertas o libres, rechazando los llamados turnos u oposiciones restringidas, como de las excepciones a dicha regla general, que participan de la misma naturaleza básica (STC 174/1998, de 23 de julio, FJ 4, y las allí citadas; en el mismo sentido, STC 38/2004, de 11 de marzo, FJ 3). Las mismas razones abonan el carácter materialmente básico de las vigentes normas de la Ley del estatuto básico del empleado público, según hemos confirmado en la STC 113/2010, de 24 de noviembre, FJ 3».
El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, se ha publicado en el «BOE» del 31 de octubre de 2015 y como ya hemos indicado, según su disposición final única, entró en vigor al día siguiente. Esta norma, en virtud de su disposición derogatoria única, ha derogado la LEEP, sustituyéndola por una regulación idéntica a la que ésta establecía, que se encuentra en los arts. 55.1, 61 y disposición transitoria segunda del texto refundido. Esta identidad determina, por las mismas razones indicadas en nuestra STC 111/2014, que los preceptos señalados del texto refundido deban considerarse formal y materialmente básicos.
En conclusión, según la doctrina constitucional indicada, encaja en las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos la norma estatal que prevé que la adquisición de tal condición se verificará mediante convocatorias abiertas. Encajan también, por implicar una modulación de dicha norma, las excepciones que eventualmente se puedan prever a tal regla general. De este modo, el legislador autonómico no actuará dentro de sus competencias si regula supuestos de acceso a la función pública en que la participación no sea libre más allá de aquellos que encuentren amparo en la normativa básica. Así lo ha declarado este Tribunal a la vista tanto del régimen básico previsto en la Ley 30/1984 (por todas, SSTC 151/1992, de 19 de octubre, FJ 3, y 302/1993, de 21 de octubre, FJ 3) como del regulado en la LEEP (STC 111/2014, de 26 de junio, FJ 3), debiendo extender ahora esta declaración al previsto en el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público y actualmente vigente.
4. Ahora bien, abandonando ya la perspectiva competencial y adentrándonos en la dimensión sustantiva, los supuestos de adquisición de la condición de funcionario de carrera en que se exceptúe la regla del carácter abierto, aun cuando estén contemplados en la normativa básica, podrán ser contrarios a la Constitución si desconocen el derecho fundamental de acceder en condiciones de igualdad a la función pública ex art. 23.2 CE. En este sentido resulta muy elocuente el pronunciamiento de la STC 151/1992, de 19 de octubre, FJ 3, según la cual «el derecho a la igualdad en el acceso a la función pública supone una limitación fundamental a la práctica de las pruebas restringidas para el acceso a la función pública, las cuales, en general, han de considerarse como un procedimiento proscrito por el referido precepto constitucional (STC 27/1991, fundamento jurídico 5º.c). Por ello mismo, en fin, la admisibilidad de estas pruebas, aun cuando el legislador estatal para casos singulares las haya previsto, debe ser verdaderamente excepcional y objeto de una interpretación restrictiva (por ejemplo, ATC 13/1983, fundamento jurídico 2)».
Sobre las razones que pueden justificar, sin lesión del art. 23.2 CE, las pruebas restringidas para el acceso a la función pública, el Tribunal ha resuelto de un modo reiterado [SSTC 27/1991, de 14 de febrero, FJ 5 c); 60/1994, de 28 de febrero, FJ 5; 16/1998, de 26 de enero, FJ 5; y 12/1999, de 11 de febrero, FJ 3; 126/2008, de 27 de octubre, FJ 3, y 130/2009, de 1 de junio, FJ 3] que «no cabe excluir que, en determinados casos excepcionales, la diferencia de trato establecida en la Ley en favor de unos y en perjuicio de otros pueda considerarse como razonable, proporcionada y no arbitraria a los efectos de la desigualdad de trato que establece, siempre que dicha diferenciación se demuestre como un medio excepcional y adecuado para resolver una situación también excepcional, expresamente prevista en una norma con rango de Ley y con el objeto de alcanzar una finalidad constitucionalmente legitima, entre las que se integra también la propia eficacia de la Administración Pública».
5. Precisado el canon de control de constitucionalidad aplicable, estamos ya en condiciones de resolver sobre la primera impugnación, relativa a la compatibilidad de los procesos de integración regulados en las disposiciones objeto del recurso con los arts. 23.2 y 149.1.18 CE. El punto de partida de nuestro razonamiento no puede ser otro que analizar si los preceptos impugnados regulan un supuesto de acceso a la función pública y, en tal caso, si tal acceso se verifica mediante una prueba restringida.
a) Observa este Tribunal, en cuanto a lo primero, que el proceso de integración reglamentado en las disposiciones recurridas se configura como una modalidad de acceso a un cuerpo de funcionarios públicos de la Administración de la Generalitat de Cataluña. Son varias las razones que justifican esta conclusión.
Las partes recurridas sostienen que el proceso de integración en los cuerpos de adscripción exclusiva a la Agencia Tributaria de Cataluña articulado en las disposiciones impugnadas, en lugar de ser un mecanismo de acceso a la función pública, es un sistema de provisión de puestos de trabajo, concretamente un supuesto de movilidad interadministrativa admitido por el art. 84 LEEP. Las partes recurridas afirman que no puede ser un supuesto de acceso a la función pública porque sus destinatarios ya han adquirido la condición de funcionarios de carrera, mediante procedimientos plenamente respetuosos con los principios de mérito y capacidad, en las administraciones públicas de origen.
No cabe acoger este argumento porque resulta evidente que también quienes ya han adquirido la condición de funcionario de carrera mediante su integración en un determinado cuerpo de una Administración pública pueden optar, mediante su participación en los procedimientos previstos al efecto, a acceder de nuevo a la función pública, esta vez integrándose en otro cuerpo funcionarial de la misma o de otra Administración pública.
Excluyendo ese argumento esgrimido por las partes recurridas, procede analizar las disposiciones impugnadas al efecto de determinar si en realidad los procesos de integración voluntaria que regulan son supuestos de acceso a la función pública o, por el contrario, mecanismos de provisión de puestos de trabajo. Hay dos razones que nos conducen a considerar que son lo primero.
De un lado, la dicción del precepto así lo atestigua. Nuestro sistema de función pública se caracteriza porque la adquisición de la condición de funcionario de carrera se verifica mediante la integración en uno de los cuerpos de las Administraciones públicas, mientras que, una vez adquirida tal condición, la evolución dentro de la carrera administrativa se produce mediante la obtención, a través de los mecanismos de provisión legalmente previstos, de distintos puestos de trabajo. Basta con atender a que el proceso regulado en las disposiciones impugnadas está orientado a producir la integración de los seleccionados en un cuerpo de la Generalitat de Cataluña para concluir, conforme a la estructura y configuración característica de nuestro sistema de función pública, que se trata de un supuesto de acceso a la función pública y no un procedimiento de provisión de puestos de trabajo.
De otro lado, la articulación de este proceso de integración, en particular en cuanto al ámbito subjetivo de sus destinatarios, confirma de un modo indubitado que estamos ante un proceso de acceso a la función pública. Los destinatarios de dicho proceso son los funcionarios «que tengan destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña o que en el momento de la convocatoria presten servicios en la Administración de la Generalidad o en los entes del sector público que de ella dependen, si pertenecen a cuerpos y escalas del subgrupo A1 de otras administraciones públicas». Por tanto, podrán participar en estos procesos los funcionarios de otras Administraciones públicas (estatal o locales) «que en el momento de la convocatoria presten servicios en la Administración de la Generalidad o en los entes del sector público que de ella dependen». En otras palabras, estos procesos están abiertos también a los funcionarios de otras administraciones públicas que ya ocupen puestos de trabajo en la Administración de la Generalitat o en los entes del sector público que de ella dependen, entre ellos en la Agencia Tributaria de Cataluña. Por todo ello, el proceso de integración voluntaria que enjuiciamos necesariamente determina que los seleccionados no solo prestarán servicios en la Administración de la Generalitat o en los entes del sector público que de ella dependen, pues en el caso reseñado ya lo hacían antes, sino que además los prestarán como pertenecientes a un cuerpo funcionarial de dicha Administración autonómica. No estamos, por tanto, ante la mera provisión de un puesto de trabajo sino que se trata de un verdadero acceso a la función pública, mediante la integración en un cuerpo funcionarial de la Generalitat de Cataluña.
Las representaciones de las partes recurridas alegan que tanto la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, como la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la función pública valenciana, prevén sistemas de integración similares. Este Tribunal, debido a la configuración del recurso de inconstitucionalidad como justicia rogada, no puede enjuiciar la constitucionalidad del régimen jurídico de normas que no han sido objeto de este concreto proceso.
b) Avanzando más en el razonamiento, este Tribunal aprecia, respecto a la segunda cuestión que nos hemos propuesto examinar en este fundamento jurídico, que el sistema de acceso a la función pública que prevén los preceptos impugnados no es un mecanismo abierto a todos los sujetos que, cumpliendo los requisitos generales establecidos al efecto en la respectiva convocatoria, deseen participar en él, pues el apartado 1 de ambas disposiciones adicionales reduce el ámbito subjetivo de los potenciales candidatos en dos sentidos.
En efecto, según la norma recurrida, solo son admitidos a tomar parte en el proceso de integración quienes ya sean funcionarios de otras administraciones públicas y, además de ello, «tengan destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña o que en el momento de la convocatoria presten servicios en la Administración de la Generalidad o en los entes del sector público que de ella dependen».
Quedan excluidos, en consecuencia, los sujetos que no reúnan cumulativamente estas dos condiciones. De este modo, tendrán vedada la participación en este proceso de integración quienes, aunque tengan la titulación requerida y satisfagan el resto de exigencias específicas de la convocatoria, no sean funcionarios de una Administración pública distinta de la propia de la Generalitat de Cataluña. Resultan excluidos de participar, en virtud de esta primera exigencia, todo aquel que no sea funcionario y también los que, siendo funcionarios, lo son de algún cuerpo de la Administración de la Generalitat de Cataluña.
Esta previsión reductora, por sí sola, ya convertiría en prueba restringida este proceso de acceso a la función pública. Pero el conjunto de los admitidos a participar se recorta aún más. Quedan también fuera de poder concurrir a este sistema de acceso a la función pública algunos funcionarios de una de dichas Administraciones públicas distintas de la Generalitat de Cataluña, a pesar de que realicen funciones sustancialmente coincidentes con las propias del Cuerpo al que se pretende acceder; concretamente aquellos que no tengan destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña ni presten al tiempo de la convocatoria, en virtud de alguna técnica de movilidad funcional, sus servicios en la Administración de la Generalitat o en los entes del sector público que de ella dependen.
De este análisis se desprende que el sistema de acceso a la función pública en que consiste el proceso de integración reglamentado en las disposiciones impugnadas está vedado a varias categorías de personas que cumplen con los requisitos legales establecidos para la realización de los principios de mérito y capacidad, con lo que corresponde calificarla de «prueba restringida» de acceso a la función pública.
6. Una vez establecido que las disposiciones impugnadas regulan sendas «pruebas restringidas» de acceso a la función pública, procede proyectar sobre ellas la doctrina constitucional reseñada en los fundamentos jurídicos segundo y tercero. Hay razones para comenzar por la dimensión competencial, pues si el legislador catalán no fuera competente para prever una «prueba restringida» no tendría sentido pronunciarse acerca de si la contemplada en el caso concreto responde a los criterios que, según nuestra doctrina, la convierte excepcionalmente en respetuosa del derecho fundamental a la igualdad en el acceso a los cargos y funciones públicas.
Como adelantamos en el fundamento jurídico segundo, es constante la doctrina constitucional (por todas, STC 174/1998, de 23 de julio, y STC 111/2014, de 26 de junio) que afirma que la competencia básica estatal sobre el régimen estatutario de los funcionarios públicos (art. 149.1.18 CE) comprende la fijación del principio de igualdad como elemento esencial del acceso a dicha condición, de modo tal que los arts. 55.1 y 61 del texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público que establecen este principio en la actualidad son formal y materialmente básicos. Estas mismas resoluciones del Tribunal Constitucional, en los términos que igualmente se han indicado en el fundamento jurídico segundo, declaran que dicha competencia estatal básica alcanza también a la determinación de qué modulaciones admite tal principio en cada momento.
El legislador básico que aprobó la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, incluyó, en aras de regularizar la situación de precariedad surgida de la necesidad de dotar de personal a las administraciones públicas de las Comunidades Autónomas que se acababan de crear, una modalidad de «prueba restringida» en el apartado 4 de la disposición transitoria sexta, según el que «los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán convocar pruebas específicas para el personal que, al amparo de lo establecido en disposiciones de carácter general promulgadas por las correspondientes Comunidades Autónomas tuviesen, con anterioridad al 15 de marzo de 1984, condición de contratados administrativos, en expectativa de acceso a su respectiva Función Pública. Se considerarán incluidos en el presente precepto los contratados mediante convocatorias públicas con anterioridad al 15 de marzo de 1984».
De este modo, las «pruebas restringidas» para el acceso a la función pública autonómica traídas ante este Tribunal por motivos competenciales (por todas, SSTC 151/1992, de 19 de octubre, FJ 3; y 302/1993, de 21 de octubre, FJ 3) han sido enjuiciadas conforme a tal parámetro de constitucionalidad, determinando si la regulación de la ley autonómica respondía al supuesto general previsto como norma básica en dicha disposición estatal.
Ahora bien, en los recursos de inconstitucionalidad de signo competencial el marco constitucional de reparto de atribuciones a tener en cuenta es el delimitado «por las normas del bloque de la constitucionalidad vigentes en el momento de dictar Sentencia» (por todas STC 1/2011, de 14 de febrero, FJ 2, y la doctrina allí citada). En la actualidad, junto a la disposición transitoria sexta de la Ley 30/1984, que nunca fue formalmente derogada, el legislador básico contempla otro supuesto posible de modulación del principio de igualdad en el acceso a la función pública en la disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público cuya redacción es la siguiente:
«El personal laboral fijo que a la entrada en vigor del presente Estatuto esté desempeñando funciones de personal funcionario, o pase a desempeñarlos en virtud de pruebas de selección o promoción convocadas antes de dicha fecha, podrán seguir desempeñándolos.
Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos las funciones o los puestos que desempeñe, siempre que posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición.»
De todo ello resulta que el legislador básico establece el carácter abierto de los procesos selectivos de acceso a la función pública (art. 61.1 del texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público) y prevé, como únicas modulaciones del mismo, aparte «de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto» (art. 61.1 del texto refundido), solo dos supuestos excepcionales, que son los regulados en la disposición transitoria sexta de la Ley 30/1984 y en la disposición transitoria segunda del texto refundido.
7. Llegados a este punto, y dado que para constatar la existencia de una inconstitucionalidad mediata o indirecta como la que aquí se suscita es necesario, además de que la norma estatal infringida por la Ley autonómica sea una norma básica en sentido material y formal, «que la contradicción entre ambas normas, estatal y autonómica, sea efectiva e insalvable por vía interpretativa» (por todas, SSTC 210/2014, de 18 de diciembre, FJ 4, y 200/2015, de 24 de septiembre, FJ 4), procede analizar en este momento si los preceptos autonómicos impugnados contradicen las normas básicas indicadas de un modo efectivo e insalvable por vía interpretativa.
No estamos ante un supuesto de promoción interna, pues los destinatarios del proceso han de «pertenece[r] a cuerpos y escalas del subgrupo A1 de otras administraciones públicas» (disposición adicional vigésima primera) o «pertenece[r] a cuerpos y escalas del subgrupo A2 de otras administraciones públicas» (disposición adicional vigésima segunda), esto es, pertenecer a cuerpos del mismo subgrupo que el cuerpo al que proceden a integrarse. Resulta evidente que tampoco es un caso de discriminación positiva, pues no se determina ningún grupo en situación desfavorable que requiera un mejor trato que el resto de posibles participantes.
De otro lado, los destinatarios de los procesos de integración regulados en las dos disposiciones impugnadas son funcionarios de carrera, no contratados administrativos y tampoco personal laboral, por lo que tales procesos no pueden hallar cobertura ni en la disposición transitoria sexta de la Ley 30/1984 (contratados administrativos) ni en la disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público (personal laboral).
En conclusión, las disposiciones autonómicas impugnadas regulan sendas «pruebas restringidas» de acceso a la función pública, que son supuestos que exceptúan el carácter abierto de los procesos selectivos de acceso a la función pública establecido como norma básica por el art. 61.1 del texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público. Y lo hacen sin que encuentren apoyo en ninguna de las previsiones normativas mediante las que el legislador básico modula dicha regla básica. Todo ello conduce a resolver que las disposiciones impugnadas, por contradecir de un modo efectivo e insalvable por vía interpretativa la normativa básica estatal de acceso a la función pública, concretamente el art. 61.1 del texto refundido, vulneran la competencia atribuida al Estado sobre el régimen estatutario de los funcionarios (art. 149.1.18 CE).
8. Los razonamientos expuestos conducen a que declaremos la inconstitucionalidad y nulidad de ambos preceptos impugnados, en la medida que disciplinan sendos supuestos de «pruebas restringidas» de acceso a la función pública sin cobertura en la normativa básica estatal, declaración que se proyecta no solo sobre su apartado primero sino también respecto de su apartado segundo, pues la regulación de éste, en la medida que se refiere a las circunstancias de las convocatorias llamadas a regir tales procesos, es meramente accesoria del mecanismo de «prueba restringida» establecido en el apartado primero.
Declarada la inconstitucionalidad y nulidad de los dos apartados de las disposiciones adicionales impugnadas, resulta innecesario resolver acerca de las otras alegaciones formuladas en el escrito de interposición del presente recurso de inconstitucionalidad.
9. Tras el enjuiciamiento definitivo de la ley recurrida, verificado dentro del plazo de cinco meses contemplado en el art. 161.2 CE, huelga cualquier pronunciamiento sobre el levantamiento o el mantenimiento de su suspensión (SSTC 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 6, y 207/2013, de 5 de diciembre, FJ 6).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de inconstitucionalidad núm. 4681-2015 y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, para la ordenación de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva a la Agencia, por cuanto añade a esta última las disposiciones adicionales vigésima primera y vigésima segunda.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecinueve de noviembre de dos mil quince.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.
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Sentencias del TC, en el #BOE de hoy: la que anula el pase de trabajadores a la agencia tributaria catalana
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"111",
"116",
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"128"
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TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL
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Tribunal Constitucional
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Sentencia del Tribunal Constitucional en la que anula el pase de trabajadores a la agencia tributaria catalana
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[
"665",
"3857",
"5281",
"5904",
"6658"
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2013-08-05
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BOE-B-2013-30558
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Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del contrato de la 'Gestión integral del servicio público de los cementerios del término municipal de Marbella'.
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<analisis>
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<fecha_presentacion_ofertas>26 días naturales desde la publicación del presente anuncio</fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas>Por determinar</fecha_apertura_ofertas>
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<importe>37.863.259,57</importe>
<ambito_geografico>Andalucía</ambito_geografico>
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<materias_cpv>98000000 Otros servicios comunitarios, sociales o personales</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
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<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Ayuntamiento de Marbella.</dd>
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<dd>Servicio de Contratación.</dd>
<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Servicio de Contratación.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Plaza los Naranjos, s/n.</dd>
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<dd>Marbella 29601.</dd>
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<dd>www.marbella.es.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>d) Número de expediente: </dt>
<dd>SP 37/13.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Servicio público.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Gestión integral del servicio público de los cementerios del término municipal de Marbella.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) </dt>
<dd>Importe total: 37.863.259,57 euros. </dd>
</dl>
</dd>
<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
<dd> Definitiva (%): 5.</dd>
<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
<dd>26 días naturales desde la publicación del presente anuncio.</dd>
<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Registro General de Entrada.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Plaza de los Naranjos, s/n.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Marbella 29601.</dd>
<dt>4) Dirección electrónica: </dt>
<dd>www.marbella.es.</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
</dd>
<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>b) Dirección: </dt>
<dd>Plaza los Naranjos, s/n.</dd>
<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Marbella.</dd>
<dt>d) Fecha y hora: </dt>
<dd>Por determinar.</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Marbella, 1 de agosto de 2013.- Alcaldesa-Presidenta, M.ª Ángeles Muñoz Uriol.</p>
</texto>
</documento>
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Mon Aug 05 08:18:15 +0000 2013
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1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Ayuntamiento de Marbella.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Servicio de Contratación.
2) Domicilio:
Plaza los Naranjos, s/n.
3) Localidad y código postal:
Marbella 29601.
4) Teléfono:
952761332
5) Telefax:
952761138
6) Correo electrónico:
[email protected].
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.marbella.es.
d) Número de expediente:
SP 37/13.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicio público.
b) Descripción:
Gestión integral del servicio público de los cementerios del término municipal de Marbella.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe total: 37.863.259,57 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
26 días naturales desde la publicación del presente anuncio.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro General de Entrada.
2) Domicilio:
Plaza de los Naranjos, s/n.
3) Localidad y código postal:
Marbella 29601.
4) Dirección electrónica:
www.marbella.es.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección:
Plaza los Naranjos, s/n.
c) Localidad y código postal:
Marbella.
d) Fecha y hora:
Por determinar.
Marbella, 1 de agosto de 2013.- Alcaldesa-Presidenta, M.ª Ángeles Muñoz Uriol.
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Marbella licita la gestión integral de sus cementerios por 37,86 millones de euros #BOE
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Administración Local
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Marbella licita la gestión integral de sus cementerios por importe total de 37.863.259,57 euros.
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[] | 740
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2014-01-17
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BOE-B-2014-1313
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Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías. Objeto: Servicio de recepción en la Residencia Militar Alcázar durante 2014. Expediente: VP. 5157 100/82/13/1223.
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<identificador>BOE-B-2014-1313</identificador>
<titulo>Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías. Objeto: Servicio de recepción en la Residencia Militar Alcázar durante 2014. Expediente: VP. 5157 100/82/13/1223.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>15</diario_numero>
<seccion>5</seccion>
<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='6110'>Ministerio de Defensa</departamento>
<numero_anuncio>A140001559</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20140117</fecha_publicacion>
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<pagina_inicial>1693</pagina_inicial>
<pagina_final>1693</pagina_final>
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<analisis>
<modalidad codigo='F'>Formalización contrato</modalidad>
<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
<tramitacion codigo='2'>Urgente</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas></fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas></fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>224.566,32</importe>
<ambito_geografico>Comunidad de Madrid</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>55000000 Servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías.</dd>
<dt>c) Número de expediente: </dt>
<dd>VP. 5157 100/82/13/1223.</dd>
<dt>d) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>http://contrataciondelestado.es.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Servicios.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Servicio de recepción en la Residencia Militar Alcázar durante 2014.</dd>
<dt>d) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>55100000 (Servicios de hostelería).</dd>
<dt>g) Medio de publicación del anuncio de licitación: </dt>
<dd>BOE.</dd>
<dt>h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: </dt>
<dd>21 de noviembre de 2013.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Urgente.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>404.958,68 euros.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación.</dt>
<dd> Importe neto: 202.479,34 euros. Importe total: 245.000,00 euros. </dd>
<dt>6. Formalización del contrato:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha de adjudicación: </dt>
<dd>16 de diciembre de 2013.</dd>
<dt>b) Fecha de formalización del contrato: </dt>
<dd>31 de diciembre de 2013.</dd>
<dt>c) Contratista: </dt>
<dd>Servicios Profesionales y Proyectos, S.L.</dd>
<dt>d) Importe o canon de adjudicación: </dt>
<dd> Importe neto: 185.592,32 euros. Importe total: 224.566,32 euros. </dd>
<dt>e) Ventajas de la oferta adjudicataria: </dt>
<dd>Por ser la oferta económicamente más ventajosa para la administración.</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 14 de enero de 2014.- Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías.</p>
</texto>
</documento>
|
Fri Jan 17 08:56:26 +0000 2014
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1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente:
VP. 5157 100/82/13/1223.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicio de recepción en la Residencia Militar Alcázar durante 2014.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
55100000 (Servicios de hostelería).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
21 de noviembre de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Urgente.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
404.958,68 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 202.479,34 euros. Importe total: 245.000,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
16 de diciembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
31 de diciembre de 2013.
c) Contratista:
Servicios Profesionales y Proyectos, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 185.592,32 euros. Importe total: 224.566,32 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Por ser la oferta económicamente más ventajosa para la administración.
Madrid, 14 de enero de 2014.- Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías.
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Conserjería y recepción en la Residencia Militar Alcázar por 224..566 euros #BOE
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Ministerio de Defensa
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Contrato del servicio de recepción en la Residencia Militar Alcázar durante 2014 por importe total de 224.566,32 euros.
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2020-06-30
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PUBLICA Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio
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BOE-A-2020-6901
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Resolución de 25 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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<materia codigo='103' orden=''>Aeropuertos y aeródromos</materia>
<materia codigo='211' orden=''>Alojamientos turísticos</materia>
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<alerta codigo='106' orden=''>Consumidores y usuarios</alerta>
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<alerta codigo='131' orden=''>Trabajo y empleo</alerta>
<alerta codigo='132' orden=''>Transportes y tráfico</alerta>
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<anteriores>
<anterior orden='4120' referencia='BOE-A-2020-5895'>
<palabra codigo='301'>PUBLICA Acuerdo de convalidación</palabra>
<texto>del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio</texto>
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<posteriores></posteriores>
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</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 163, de 10 de junio de 2020.</p>
<p class='parrafo'>Se ordena la publicación para general conocimiento.</p>
<p class='parrafo_2'>Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2020.–La Presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet Lamaña.</p>
</texto>
</documento>
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Tue Jun 30 07:37:45 +0000 2020
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 163, de 10 de junio de 2020.
Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2020.–La Presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet Lamaña.
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Hoy, en el #BOE, el OK del Congreso al decreto de nueva normalidad.
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OTROS_ANUNCIOS
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Cortes Generales
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Congreso convalida el decreto de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
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"327",
"403",
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"7136"
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2013-01-29
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BOE-A-2013-864
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Resolución de 17 de enero de 2013, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las ayudas concedidas en 2012 para proyectos acogidos al programa de impulso a las redes de 'Business Angels'.
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<titulo>Resolución de 17 de enero de 2013, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las ayudas concedidas en 2012 para proyectos acogidos al programa de impulso a las redes de 'Business Angels'.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<departamento codigo='9219'>Ministerio de Industria, Energía y Turismo</departamento>
<rango codigo='1370'>Resolución</rango>
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<fecha_disposicion>20130117</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20130129</fecha_publicacion>
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<vigencia_agotada>N</vigencia_agotada>
<estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
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<alerta codigo='129' orden=''>Tecnología e investigación</alerta>
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<referencias>
<anteriores></anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>En cumplimiento del artículo 30 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se publican las ayudas concedidas con arreglo a lo dispuesto en la Orden ITC/860/2010, de 29 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras, el régimen de ayudas y la gestión de medidas del Programa de impulso a las redes de «Business Angels» y la Resolución de 18 de junio de 2012, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se convocan para 2012 las subvenciones para el impulso de las redes de Business Angels («BOE» n.º 155, de 29 de junio de 2012), con cargo a las aplicaciones presupuestarias 20.16.433M.77702 por importe de 40.000 euros, y 20.16.433M.78702 por importe de 287.333,60 euros para la gestión del Programa de impulso a las redes de «Business Angels».</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 17 de enero de 2013.–El Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.</p>
<p class='anexo'>SUBVENCIONES PROGRAMA DE IMPULSO A LAS REDES DE «BUSINESS ANGELS», EJERCICIO 2012</p>
<p class='parrafo_2'>• Aplicación presupuestaria 20.16.433M.77702 (tres proyectos por importe de 40.000 euros).</p>
<table class='tabla_ancha'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Razón social</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>NIF</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Título solicitud</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Subvención </p>
<p class='cabeza_tabla'>– </p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Digital Assets Deployment, S.L.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>B83256594</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Digital Assets Deployment. Incubadora de negocios de Internet y las nuevas tecnologías. Plan de actuación 2012.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>20.000,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Centro de Innovación Abierta, S.L.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>B86298759</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Cink Emprende. De la idea a la inversión. Por emprendedores para emprendedores.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>10.000,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Business Booster, S.L.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>B98324353</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Biusiness Booster, un nuevo modelo de inversión en proyectos de internet.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>10.000,00</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>• Aplicación presupuestaria 20.16.433M.78702 (13 proyectos por importe de 287.333,60 euros).</p>
<table class='tabla_ancha'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Razón social</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>NIF</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Título solicitud</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Subvención </p>
<p class='cabeza_tabla'>– </p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Business Angels Network Catalunya.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>G63030308</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Business Angels Network Catalunya. Impulso 2012.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>30.000,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Fundación Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>G73552366</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>INTEGRATE-Promoción y expansión de la Red Murciaban.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>20.000,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Cdad.Vcia.Business Angels Netwok CV Ban.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>G98082050</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Plan de Dinamización Provincial Alicante y Castellón.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>30.000,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>G59152157</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>ESADE Ban.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>30.000,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación Seedrocket Angels.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>G65046872</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>SeedRocket: Formación, aceleración y financiación para emprendedores con proyectos en fases iniciales del sector de las Nuevas Tecnologías.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>27.070,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Confederación Valenciana de la Pequeña y Mediana Empresa.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>G46363560</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Consolidación de la Red de Business Angels de PYMEV.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>30.000,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Negobide Círculo Empresarial Negocios y Valores de Euskadi.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>G95563326</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Euskal Business Angels Network (EUSKALBAN).</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>28.800,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación Círculo de Empresarios de Galicia-CFV.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>G36823094</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Programa de impulso a las redes de Business Angels (Redinvest. Asociación Círculo de Empresarios de Galicia-CFV).</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>13.906,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación Bulka Business Angels.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>G95581450</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Trata de buscar, seleccionar y apoyar decididamente las mejores oportunidades de inversión. Estas oportunidades serán dotadas de los recursos que precisen para permitirles alcanzar el éxito.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>17.557,60</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación de Empresarios Gallegos de Aragón y Riberas del Ebro.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>G99323941</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>AEGARE 2012. Iniciativa Business Angels.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>20.000,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Fundación Deusto.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>G95183828</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Business Angels Crecer+.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>20.000,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación de Empresarios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Andalucía.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>G91033258</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>ETIBAN: ETICOM Tecnologías de la Información Red de Business Angels de Andalucía.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>10.000,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Fundació Privada parc Innovació Tecnológica i Empresarial La Salle.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>G62642954</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>EIX Entrepreneur Investor Exchange.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>10.000,00</p>
</td>
</tr>
</table>
</texto>
</documento>
|
Tue Jan 29 09:09:13 +0000 2013
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En cumplimiento del artículo 30 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se publican las ayudas concedidas con arreglo a lo dispuesto en la Orden ITC/860/2010, de 29 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras, el régimen de ayudas y la gestión de medidas del Programa de impulso a las redes de «Business Angels» y la Resolución de 18 de junio de 2012, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se convocan para 2012 las subvenciones para el impulso de las redes de Business Angels («BOE» n.º 155, de 29 de junio de 2012), con cargo a las aplicaciones presupuestarias 20.16.433M.77702 por importe de 40.000 euros, y 20.16.433M.78702 por importe de 287.333,60 euros para la gestión del Programa de impulso a las redes de «Business Angels».
Madrid, 17 de enero de 2013.–El Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.
SUBVENCIONES PROGRAMA DE IMPULSO A LAS REDES DE «BUSINESS ANGELS», EJERCICIO 2012
• Aplicación presupuestaria 20.16.433M.77702 (tres proyectos por importe de 40.000 euros).
Razón social
NIF
Título solicitud
Subvención
–
Euros
Digital Assets Deployment, S.L.
B83256594
Digital Assets Deployment. Incubadora de negocios de Internet y las nuevas tecnologías. Plan de actuación 2012.
20.000,00
Centro de Innovación Abierta, S.L.
B86298759
Cink Emprende. De la idea a la inversión. Por emprendedores para emprendedores.
10.000,00
Business Booster, S.L.
B98324353
Biusiness Booster, un nuevo modelo de inversión en proyectos de internet.
10.000,00
• Aplicación presupuestaria 20.16.433M.78702 (13 proyectos por importe de 287.333,60 euros).
Razón social
NIF
Título solicitud
Subvención
–
Euros
Business Angels Network Catalunya.
G63030308
Business Angels Network Catalunya. Impulso 2012.
30.000,00
Fundación Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia.
G73552366
INTEGRATE-Promoción y expansión de la Red Murciaban.
20.000,00
Cdad.Vcia.Business Angels Netwok CV Ban.
G98082050
Plan de Dinamización Provincial Alicante y Castellón.
30.000,00
Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE.
G59152157
ESADE Ban.
30.000,00
Asociación Seedrocket Angels.
G65046872
SeedRocket: Formación, aceleración y financiación para emprendedores con proyectos en fases iniciales del sector de las Nuevas Tecnologías.
27.070,00
Confederación Valenciana de la Pequeña y Mediana Empresa.
G46363560
Consolidación de la Red de Business Angels de PYMEV.
30.000,00
Negobide Círculo Empresarial Negocios y Valores de Euskadi.
G95563326
Euskal Business Angels Network (EUSKALBAN).
28.800,00
Asociación Círculo de Empresarios de Galicia-CFV.
G36823094
Programa de impulso a las redes de Business Angels (Redinvest. Asociación Círculo de Empresarios de Galicia-CFV).
13.906,00
Asociación Bulka Business Angels.
G95581450
Trata de buscar, seleccionar y apoyar decididamente las mejores oportunidades de inversión. Estas oportunidades serán dotadas de los recursos que precisen para permitirles alcanzar el éxito.
17.557,60
Asociación de Empresarios Gallegos de Aragón y Riberas del Ebro.
G99323941
AEGARE 2012. Iniciativa Business Angels.
20.000,00
Fundación Deusto.
G95183828
Business Angels Crecer+.
20.000,00
Asociación de Empresarios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Andalucía.
G91033258
ETIBAN: ETICOM Tecnologías de la Información Red de Business Angels de Andalucía.
10.000,00
Fundació Privada parc Innovació Tecnológica i Empresarial La Salle.
G62642954
EIX Entrepreneur Investor Exchange.
10.000,00
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327.333,60 euros en subvenciones para redes de impulso de business angels (fan del término) #BOE
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[
"129"
] |
SUBVENCIONES
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Ministerio de Industria, Energía y Turismo
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327.333,60 euros (287.333,60 + 40.000) en subvenciones para redes de impulso de business angels
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[] | 744
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2014-09-29
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BOE-A-2014-9855
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Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Paso inferior bajo la autopista A-6, área homogénea sur, término municipal de Torrelodones (Madrid).
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<documento fecha_actualizacion='20181023201505'>
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<identificador>BOE-A-2014-9855</identificador>
<titulo>Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Paso inferior bajo la autopista A-6, área homogénea sur, término municipal de Torrelodones (Madrid).</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>236</diario_numero>
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<departamento codigo='9220'>Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente</departamento>
<rango codigo='1370'>Resolución</rango>
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<fecha_disposicion>20140915</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20140929</fecha_publicacion>
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<judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
<vigencia_agotada>N</vigencia_agotada>
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<referencias>
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<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>El proyecto a que se refiere la presente Resolución se encuentra comprendido en el apartado 9.d del anexo I del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental), por lo que, habiéndose sometido a evaluación de impacto ambiental, con carácter previo a su autorización administrativa, de conformidad con lo establecido en su artículo 3.1), procede formular su declaración de impacto ambiental, de acuerdo con el artículo 12.1 de la citada Ley.</p>
<p class='parrafo'>Los principales elementos de la evaluación practicada se resumen a continuación:</p>
<p class='centro_cursiva'>1. Información del proyecto: promotor y órgano sustantivo. Objeto y justificación. Localización. Descripción sintética</p>
<p class='parrafo_2'>El promotor del proyecto es el Ayuntamiento de Torrelodones y el órgano sustantivo la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.</p>
<p class='parrafo'>El proyecto objeto de estudio define las obras necesarias para la construcción de un paso inferior bajo la A-6 que, que junto con las actuaciones de enlace correspondientes, permiten la conexión entre ambas márgenes de la autovía y mejoran el acceso al núcleo urbano de Torrelodones y a la carretera M-618 hacia Hoyo de Manzanares.</p>
<p class='parrafo'>La zona de ubicación del proyecto se encuentra localizada a lo largo de ambas márgenes de la autovía A-6 a su paso por el término municipal de Torrelodones, en el tramo comprendido entre el límite con el término municipal de Las Rozas, al sureste, y el núcleo urbano, al noroeste. La autovía A-6 cuenta actualmente en este tramo con 4 carriles por sentido de circulación en la calzada del tronco de la autovía y con vías de servicio unidireccionales con dos carriles en ambas márgenes.</p>
<p class='parrafo'>Las actuaciones se localizan entre los pp.kk. 27+370 y 29+000 de la A-6, lo que supone una longitud de unos 1.630 m en la margen derecha de la autovía (dirección Madrid-A Coruña) y de unos 600 m en la izquierda (dirección A Coruña-Madrid). El proyecto comprende una rotonda y dos ramales de enlace en la margen derecha y la remodelación del enlace existente en la margen izquierda, además de la remodelación de las vías de servicio existentes.</p>
<p class='parrafo'>El detalle de las actuaciones se resume en el siguiente cuadro:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td colspan='2'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Paso inferior.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>p.k. 28+480. Conexión entre las vías de servicio derecha e izquierda. Paso bajo la A-6 de 80 m de longitud, 5,50 m de gálibo mínimo en altura y 22 m de ancho interior; mediana 2 m y 2 carriles de 3,50 m de ancho por sentido, arcenes exteriores 1,00 m e interiores 0,50 m, acera derecha de 2,50 m e izquierda de 0,50 m.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan='2'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Glorieta derecha.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Para distribución de tráfico en la vía de servicio dcha. en conexión con paso inferior. Velocidad de proyecto 40 km/h, radio mínimo en planta 22,5 m (interior), 3 carriles de 3,5 m, arcén interior 1,00 m, arcén exterior 1,50 m, bermas de 1 m y terraplén de 2H:1V.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan='3'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ramales de enlace.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ramal 1.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ramal de entrada en la nueva glorieta desde la vía de servicio derecha.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ramal 2.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ramal de salida de la nueva glorieta hacia la vía de servicio derecha.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Rama 4 bis.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Modificación del Ramal 4 existente desde la glorieta izquierda a la vía de servicio izquierda.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan='2'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Adecuaciones de trazado.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Vía servicio derecha.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Adecuación de la vía de servicio.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Vía servicio izquierda.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Adecuación de la vía de servicio.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan='3'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Conexiones entre las vías de servicio y la A-6.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Transfer 1 bis.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Conexión de la vía de servicio derecha a la A-6 dirección A Coruña.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Transfer 2 bis.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Conexión de la vía de servicio derecha a la A-6 dirección A Coruña.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Transfer 3 bis.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Conexión de la vía de servicio izquierda a la A-6 dirección Madrid.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan='2'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Otras actuaciones complementarias.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Refuerzo de firme de las actuales vías de servicio derecha e izquierda, en las zonas de inicio y final.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Señalización del enlace y reposición del cerramiento.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Iluminación del enlace.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Rectificación del cauce del arroyo de La Encinilla, longitud afectada 116 m, sección tipo de cauce rectificado triangular y de 1,2 m de calado, taludes 3H:2V.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Reposición de camino ocupado por los terraplenes de la glorieta derecha.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Reposición de servicios afectados.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Demoliciones.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Desvíos y situaciones provisionales.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Restauración de zonas afectadas.</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Los volúmenes estimados del movimiento de tierras son: excavación en explanaciones 83.396 m<sup>3</sup>; excavación para cimentación del paso inferior 4.908,42 m<sup>3</sup>; excavación en zanjas (drenaje, reposición de servicios) 3.322,03 m<sup>3</sup>; excavación de tierra vegetal 26.175,00 m<sup>3</sup>; terraplén y rellenos en explanaciones 118.211,68 m<sup>3</sup>; y relleno en zanjas (drenaje, reposición de servicios) 2.960,11 m<sup>3</sup>. El proyecto contempla las obras de drenaje para permitir la evacuación de las aguas procedentes de la calzada: obras de drenaje longitudinal, en superficie, y zanjas drenantes transversales, de drenaje subterráneo. La superficie estimada de ocupación asciende a 2,7-3 ha.</p>
<p class='parrafo'>El plazo previsto de ejecución de las obras es de 10 meses, manteniendo siempre el flujo circulatorio del tronco de la A-6, que se desvía. En la primera fase (80 días) se ejecuta la glorieta derecha y sus ramales. Estas son las actuaciones que implican nueva ocupación de superficie externa a la ocupada actualmente por la A-6 y que corresponde al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Cuenca del río Manzanares (ES3110004), coincidente en la zona con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que está delimitado por la A-6 en esa área.</p>
<p class='centro_cursiva'>2. Elementos ambientales significativos del entorno del proyecto</p>
<p class='parrafo_2'>Los terrenos afectados por la construcción del proyecto se encuentran en el ámbito de ocupación actual de la A-6, sus vías de servicio y ramales de acceso, a excepción de la superficie de la margen derecha de la autovía en la que se proyecta ubicar la glorieta derecha y los ramales 1 y 2 de acceso a ella, que es de nueva ocupación. La margen izquierda está urbanizada o incluida como urbanizable en el planeamiento urbanístico vigente; la margen derecha está urbanizada en el extremo noroeste de la actuación.</p>
<p class='parrafo'>La actuación afecta a la cabecera del arroyo de la Encinilla (también denominado Villarejo o del Prado de la Solana), afluente del arroyo La Trofa, junto a la divisoria de aguas por la que discurre la A-6, entre las cuencas del río Manzanares (en la margen derecha) y del Guadarrama (en la margen izquierda). Este área se localiza en el límite norte de la masa de agua definida por la Confederación Hidrográfica del Tajo denominada Madrid-Guadarrama-Manzanares. Los materiales incluidos en esta masa de agua están calificados como rocas detríticas de permeabilidad media.</p>
<p class='parrafo'>El área de nueva ocupación se localiza en la zona perimetral del LIC Cuenca del río Manzanares y Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, cuyo límite es la A-6 en esta zona. Al suroeste de la A-6 y de la línea de ferrocarril existente, fuera de la zona de afección del proyecto, se localiza el LIC ES3110005 Cuenca del río Guadarrama.</p>
<p class='parrafo'>La zona de actuación no comprende hábitats de interés comunitario incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. La única zona con vegetación natural se encuentra en la margen derecha en la cabecera del arroyo La Encinilla, que presenta un retamar en el que predomina la retama de bolas (<em>Retama sphaerocarpa</em>), con escoba negra (<em>Citisus scoparius</em>) y ejemplares arbóreos y arbustivos dispersos de encina (<em>Quercus ilex</em>) y enebro de la miera (<em>Juniperus oxycedrus</em>). En el fondo de vaguada del arroyo existe un cordón de vegetación espinosa con rosa (<em>Rosa spp</em>), zarzamora (<em>Rubus ulmifolius</em>), majuelo (<em>Crataegus monogyna</em>), endrinos (<em>Prunus spinosa</em>) y madreselva (<em>Lonicera etrusca</em>), apareciendo algunos ejemplares arbóreos de fresno (<em>Fraxinus angustifolia</em>) y sauce (<em>Salix salvifolia</em>). Además, en las inmediaciones de la vía de servicio derecha, existen algunos ejemplares arbóreos de pino (<em>Pinus pinea</em>) y tuya (<em>Thuja sp</em>.) plantados y algunos ejemplares de jardinería de bajo porte en la margen izquierda.</p>
<p class='parrafo'>Los terrenos afectados no forman parte de ninguna Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), aunque se encuentran próximos a la ZEPA El Pardo por lo que es zona de paso y campeo de especies de interés comunitario, especialmente rapaces como el águila imperial ibérica (<em>Aquila adalberti</em>), milanos negro y real (<em>Milvus migrans</em> y <em>Milvus milvus</em>), buitre leonado (<em>Gyps fulvus</em>), etc.; así como grupos de mamíferos que actualmente ven limitada su área de distribución como consecuencia de la barrera física que supone el trazado y las características de la autovía, puesto que carece de pasos de fauna.</p>
<p class='parrafo'>Por la zona de actuación discurre la vía pecuaria Cordel de Valladolid (tramo 2, absorbido por la A-6), incluida en el proyecto de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Torrelodones, así como al Cordel de Hoyo de Manzanares.</p>
<p class='centro_cursiva'>3. Resumen del proceso de evaluación</p>
<p class='parrafo_2'>3.1 Fase de consultas previas y determinación del alcance del estudio de impacto ambiental:</p>
<p class='parrafo_2'>3.1.1 Entrada documentación inicial. Con fecha 13 de febrero de 2013 tiene entrada en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural la documentación ambiental del proyecto.</p>
<p class='parrafo'>3.1.2 Consultas previas, relación de consultados y de contestaciones. Con fecha 22 de marzo de 2013, después de haberse solicitado subsanación de la documentación recibida, se inició el periodo de consultas para determinar el alcance del estudio de impacto ambiental. En la tabla adjunta se han recogido los organismos consultados durante esta fase, señalando con una X, aquellos que emitieron respuesta:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Administraciones públicas y público interesado</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Respuestas recibidas</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>X</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Subdirección General de Medio Natural de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>–</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Delegación del Gobierno en Madrid</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>–</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>–</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Dirección General de Evaluación Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>–</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Dirección General de Patrimonio Histórico y Vicepresidencia de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>–</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>–</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>WWF/ADENA (Madrid)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>–</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>SEO/BirdLife</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>–</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ecologistas en Acción</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>–</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación de Amigos de los Caminos</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>–</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>La Confederación Hidrográfica del Tajo hace una serie de consideraciones a tener en cuenta en el diseño del proyecto.</p>
<p class='parrafo'>La Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, en un informe remitido por el promotor con fecha 10 de septiembre de 2013, indica que el proyecto no tiene, presumiblemente, incidencia sobre el patrimonio histórico, por lo que considera que no procede informe sectorial de esa Dirección General.</p>
<p class='parrafo'>3.1.3 Resumen de las indicaciones dadas por el órgano ambiental al promotor sobre el estudio de impacto ambiental. Con fecha 10 de junio de 2013 se remite al promotor la determinación de la amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental y traslado de contestaciones.</p>
<p class='parrafo'>En él se le indica al promotor la necesidad de que el estudio de impacto ambiental contemple, entre otros, los siguientes aspectos:</p>
<p class='parrafo_2'>Afección al Espacio Natural Protegido Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y al LIC Cuenca del río Manzanares, debiendo incluirse un capítulo independiente referido a la posible afección a Red Natura 2000 y seguir las Directrices de este Ministerio para estos estudios.</p>
<p class='parrafo'>Préstamos, vertederos, instalaciones auxiliares, caminos de obra y desvíos provisionales.</p>
<p class='parrafo'>Afección a la vegetación, inventariando los pies afectados; a la hidrología, con especial atención al arroyo de la Encinilla; y al patrimonio cultural.</p>
<p class='parrafo_2'>3.2 Fase de información pública y de consultas sobre el estudio de impacto ambiental:</p>
<p class='parrafo_2'>3.2.1 Información pública. El órgano sustantivo sometió el estudio de impacto ambiental al trámite de información pública mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM), con fechas 20 y 19 de febrero de 2014, respectivamente.</p>
<p class='parrafo'>Con fecha, 15 de abril de 2014 la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid del Ministerio de Fomento remite informe de la realización de la información pública, indicando que no ha habido alegaciones y que, tras la remisión del estudio de impacto ambiental a las administraciones públicas que habían sido previamente consultadas en la fase de determinación del alcance del mismo, se han recibido dos contestaciones.</p>
<p class='parrafo'>La Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid indica que en el ámbito de sus competencias no se perciben consecuencias negativas. La Confederación Hidrográfica del Tajo, aporta una serie de sugerencias genéricas a tener en cuenta para mayor protección y defensa del medio ambiente.</p>
<p class='parrafo'>3.2.2 Consultas a administraciones ambientales afectadas, contestación del promotor. El estudio de impacto ambiental incluye un informe del Servicio de Informes Técnicos Medioambientales de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, emitido a solicitud del promotor. En él se hace una relación de las figuras de protección coincidentes con los terrenos en los que se pretende llevar a cabo la actuación, así como la normativa aplicable. Se indica que las actuaciones estarán sujetas al cumplimiento de la Ley 1/1985, de 23 de enero, de la Asamblea de Madrid, por la que se crea el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, situándose en área zonificada como Zona P: «Áreas para ordenar por el planeamiento urbanístico».</p>
<p class='parrafo'>También se informa del Plan rector de uso y gestión de dicho espacio, en concreto su artículo 6.2.4 otorga un tratamiento especial a los encinares de los términos municipales situados en zona P por su valor, por lo que apuntan como medida correctora el trasplante de todos los ejemplares afectados, con independencia del cumplimiento de las medidas compensatorias que, por reducción de superficie forestal por actuaciones urbanísticas, contempla el artículo 43 de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>El promotor también aporta constancia de solicitud de información al Área de Conservación del Medio Natural, así como a la Central de Valoración de Ecosistemas Naturales, ambos pertenecientes a la Subdirección General de Conservación del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. El primero no emitió respuesta y el segundo contestó remitiendo la cartografía que le había sido solicitada.</p>
<p class='parrafo'>El 9 de mayo de 2014 se recibe en la Demarcación de Carreteras del Estado el informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Con fecha 21 de mayo tiene entrada en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el informe de contestación del promotor al citado informe de la Comunidad de Madrid, adjuntándose también copia de la documentación remitida por el promotor a la Confederación Hidrográfica del Tajo, así como el informe emitido por el área de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, con fecha 4 de septiembre de 2013.</p>
<p class='parrafo'>El informe del Área de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid en repuesta a la solicitud del Ayuntamiento de Torrelodones para la ejecución del proyecto por afectar a terrenos del Cordel de Hoyo de Manzanares y del Cordel de Valladolid, valora muy positivamente el proyecto presentado por el Ayuntamiento que incluye una conexión de las citadas vías pecuarias con una senda urbana que facilitaría también la conexión con el Cordel del Gasco comunicando la cuenca alta del río Manzanares con la cuenca del río Guadarrama. Para el tramo I, el que corresponde al ámbito territorial del proyecto, se indica que se deberá respetar la anchura mínima de 4 m y ser de uso exclusivo peatonal. En los cruces con los viales se deberán instalar resaltes limitadores de velocidad, pavimento de adoquín (color terrizo). Deberá acondicionarse el adecuadamente el entronque del carril de salida de la A-6 con el cordel de Hoyo de Manzanares, de modo que no se produzcan cortes bruscos y tenga pendientes suaves.</p>
<p class='parrafo'>El informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid indica que con los datos disponibles en la Consejería la superficie de nueva ocupación en la margen derecha de la A-6 se estima superior a la estimada en el estudio de impacto ambiental (17.500 m<sup>2</sup> superficie forestal de los 30.282,24 m<sup>2</sup> de nueva ocupación en la margen derecha), por lo que indica que debe revisarse la superficie forestal afectada y, en consecuencia, la superficie compensatoria a reforestar. Solicita que se realice un inventario de la vegetación que pueda resultar afectada para establecer las medidas correctoras y compensatorias adecuadas. Indica también la posible afección por sedimentación a ecosistemas y hábitats aguas abajo de la rectificación del cauce del arroyo de la Encinilla.</p>
<p class='parrafo'>El mismo informe, respecto al calendario de obras, indica que éste se debe definir evitando los periodos de reproducción y cría de las especies animales amenazadas presentes en el territorio, concretamente entre principios de marzo y finales de julio. Reitera la necesidad de ejecutar como medida compensatoria (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad) un paso inferior para la fauna silvestre que comunique los dos espacios protegidos de la Red Natura 2000 y el espacio natural de singular relevancia para la biodiversidad que constituye el corredor ecológico Corredor Transversal, tramo Torrelodones propuesto por la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid. Solicita que no se afecte a más arbolado del señalado en el estudio y que se trasplanten los pies afectados e indica que, en cualquier caso, la tala de arbolado, el desbroce, el trasplante, las podas y otros tratamientos forestales deben contar con informe favorable de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>Además el informe realiza varias indicaciones referentes a buenas prácticas ambientales, tales como limitación de la zona de obra, no apertura de nuevos caminos de acceso a la obra, protección efectiva del arbolado que quede en la zona de obras, plan de restauración de la zona de obras, medidas para evitar vertidos accidentales, medidas para evitar arrastre de tierras, cumplimiento de la legislación estatal y autonómica referente a ruido y gestión de residuos, desmantelamiento de instalaciones auxiliares y pavimentos fuera de uso, retirada de protección del arbolado, etc..</p>
<p class='parrafo'>Contestación del promotor al informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental autonómica. El informe del promotor, recibido en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente el 21 de mayo de 2014, indica que se ha revisado la superficie forestal a ocupar por el proyecto y comprobado que es correcta la medición que figura en el estudio de impacto ambiental de acuerdo con los datos que obran en su poder referentes a los espacios forestales. Indica que el inventario de la vegetación solicitado figura en el estudio de impacto ambiental y en él se especifica especie, localización en coordenadas UTM, altura y observaciones de interés de cada ejemplar arbolado que previsiblemente pudiera resultar afectado por las obras.</p>
<p class='parrafo'>Respecto a la posible afección derivada de la rectificación del cauce del arroyo, informa que, de acuerdo con las indicaciones de la Confederación Hidrográfica, se ha rectificado el cauce de la forma más natural posible y que el estudio hidrológico en el que se ha basado concluye que la modificación del arroyo no supone graves alteraciones hidráulicas sobre el medio, no produciéndose sobreelevaciones significativas de la lámina de agua ni inundaciones.</p>
<p class='parrafo'>En relación con la limitación de las obras por la posible afección a la fauna, el promotor indica que la potencial afección correspondería a los terrenos no urbanizados entorno a la glorieta y ramales de la margen derecha, zona perimetral del LIC, en los que no se ha detectado presencia de hábitats ni de elementos de la fauna particularmente sensibles y que es una zona ya sometida al ruido y las molestias del tráfico de la A-6 y la vía de servicio. Respecto al paso de fauna requerido, el promotor indica que el proyecto no afecta a ninguno de los corredores definidos en el documento (no publicado) «Planificación de la Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad de Madrid: Identificación de Oportunidades para el Bienestar Social y la Conservación del Patrimonio Cultural», inclusive el citado de Torrelodones que no se ve afectado por las superficies de nueva ocupación. También indica que el proyecto no ocasiona interrupción adicional de la permeabilidad territorial a la ya ocasionada por la A-6, por lo que la responsabilidad de dicha interrupción no puede asignarse al Ayuntamiento de Torrelodones como promotor del proyecto y considera que se trata de una obra de envergadura a ejecutar en una zona ajena al proyecto, que sobrepasa su responsabilidad y competencia.</p>
<p class='parrafo'>El promotor insiste en que no considera adecuado el trasplante de todos los ejemplares de encina afectados por el proyecto debido al nulo éxito de otros trasplantes efectuados en el término municipal. En cambio, propone plantar tres unidades de encina con una altura mínima de 1,50-1,75 m con cepellón por cada ejemplar eliminado en las mismas parcelas a reforestar. Se compromete a obtener el informe favorable de la Comunidad de Madrid para todas las labores forestales: desbroce, tala, trasplantes o repoblaciones, plan de restauración, etc. El promotor se compromete a respetar todas las indicaciones realizadas por la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid que, en definitiva, constituyen buenas prácticas ambientales.</p>
<p class='parrafo'>Con fecha 1 de julio de 2014 se recibe en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en respuesta a su solicitud, el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre la proyectada rectificación del arroyo de la Encinilla. En el citado informe se indica que al encontrarse las actuaciones en la cabecera del arroyo, la solución propuesta en el proyecto no supone una alteración significativa para el funcionamiento hidráulico aguas abajo del mismo. También considera estable la nueva traza.</p>
<p class='parrafo'>3.2.3 Modificaciones introducidas por el promotor en el proyecto. Las únicas modificaciones que el promotor ha introducido en el proyecto tras la información pública y los informes recibidos, se refieren a la inclusión de cuatro parcelas más de suelo sin edificar, situadas en la zona denominada Los Bomberos (CL Valdehurones 1 de 14.789 m<sup>2</sup>, CL Valdehurones 124 de18.839 m<sup>2</sup>, CL Luarca de 13.645 m<sup>2</sup> y CL Arroyo de los Viales 38 de 24.608 m<sup>2</sup>;las dos primeras con titularidad de la Comunidad de Madrid y las otras dos del Ayuntamiento de Torrelodones) como posibles para ser objeto de repoblación como medida compensatoria por la afección a terrenos forestales de la Comunidad de Madrid. Así como a la propuesta de sustituir los trasplantes de los pies de encina afectados por la plantación de 3 ejemplares de 1,50-1,75 m de altura y cepellón por cada ejemplar afectado.</p>
<p class='centro_cursiva'>4. Integración de la evaluación</p>
<p class='parrafo_2'>4.1 Análisis ambiental para selección de alternativas. El estudio de impacto ambiental indica que el proyecto trata de resolver unas necesidades concretas surgidas del tráfico y de las relaciones de paso entre las márgenes de la carretera en un tramo concreto de su trazado. Las alternativas a plantear serían las que pudieran derivarse de las diferencias en el diseño de los elementos o en las técnicas o procedimientos constructivos a emplear, no de ubicación, por lo que no se han considerado alternativas que puedan suponer cambios significativos desde el punto de vista de la afección ambiental del proyecto.</p>
<p class='parrafo'>4.2 Impactos significativos de la alternativa elegida y medidas preventivas, correctoras y compensatorias:</p>
<p class='parrafo_2'>4.2.1 Contaminación atmosférica, acústica y lumínica. Las áreas sensibles de población al ruido, al polvo y a la iluminación serían las zonas urbanizadas de Torrelodones, situadas en el entorno de las actuaciones de la margen izquierda de la autovía y las situadas en la zona final de la vía de servicio derecha. El estudio de impacto ambiental considera que no existe variación en los niveles de tráfico en este tramo de la A-6 sin y con proyecto, por lo que no prevé incremento de contaminantes o de ruido en el tramo como consecuencia de la entrada en funcionamiento del enlace proyectado.</p>
<p class='parrafo'>Para la fauna y vegetación, la zona sensible correspondería a los terrenos no urbanizados adyacentes a la glorieta, ramales y vía de servicio de la margen derecha, situados dentro de los límites del LIC Cuenca del Río Manzanares. El estudio indica que el incremento de luminarias se produce en una zona ya iluminada actualmente, ampliándola (en una longitud total de unos 500 m y a unos 130 m como máximo de la zona ya iluminada), afectando en particular a la zona de nueva ocupación de la margen derecha en zonas no urbanizadas pero de transición urbana, no encontrándose en el entorno de la zona iluminada ampliada elementos sensibles de fauna, como los lepidópteros nocturnos más sensibles (en particular la <em>Graellsia isabelae</em>).</p>
<p class='parrafo'>El estudio recoge una serie de medidas de buenas prácticas ambientales (riego de superficies potencialmente emisoras de polvo, circulación de camiones tapados, lavado de ruedas y bajos a la salida de la obra, control de la velocidad en la obra, mantenimiento y control de la maquinaria de obra, etc.) que minimizarán dichos impactos en la fase de obras.</p>
<p class='parrafo'>4.2.2 Geomorfología, residuos y paisaje, Instalaciones auxiliares y caminos de obra. Las principales modificaciones morfológicas se producen en la margen derecha. Los taludes de mayor altura serán los terraplenes exteriores de la glorieta derecha y el Ramal 1 (15 m de altura, pendiente 2H:1V). Los desmontes previstos son de menor altura, llegando a alcanzar unos 4 m en la zona no urbana de la adecuación de la vía de servicio derecha y en el ramal 2.</p>
<p class='parrafo'>Estas superficies se localizan en la zona de borde del LIC Cuenca del Río Manzanares, junto a otras ya modificadas actualmente por rellenos antrópicos. El promotor estima en 27.536,70 m<sup>2</sup> la superficie de nueva ocupación, ascendiendo a 30.282,24 m<sup>2</sup>, si se incluye el camino repuesto a pié de terraplén. Se trata de una ampliación de la infraestructura existente, desplazando la ocupación y los taludes una distancia limitada, de unos 130 m en el punto más alejado, sin que tenga incidencia directa sobre hábitats de interés comunitario ni sobre especies sensibles de la fauna o de la vegetación del LIC que hayan motivado la protección del espacio. Por otro lado, teniendo en cuenta la reposición del cauce prevista, junto con las medidas para la estabilidad en los taludes y contención de arrastre de sedimentos durante la obra contempladas en el proyecto, así como las contempladas en el programa de vigilancia ambiental y el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de 26 de junio de 2014, se considera improbable la afección sobre hábitats objetivo de conservación del LIC por arrastre de tierras o partículas o por la modificación del curso del arroyo.</p>
<p class='parrafo'>En la margen izquierda, el impacto se producirá sobre una zona ya transformada por los viales actuales y los taludes no superarán los ya existentes.</p>
<p class='parrafo'>Con respecto al balance de tierras, según indica el estudio de impacto ambiental, el volumen de tierras requeridas para terraplén supera al de excavación y la mayor parte de los materiales excavados se pueden aprovechar para la formación de terraplenes, no produciéndose excedentes que tengan que ser llevados a vertedero salvo los que correspondan a rellenos antrópicos que el estudio indica irán a emplazamientos autorizados para la recepción de estos materiales y señala que se identifican diversos posibles emplazamientos en el anejo n.º 32 del proyecto (Gestión de residuos). El estudio estima en 35.231,70 m<sup>3</sup> el volumen de materiales necesarios para la obra que habrán de proceder de fuentes externas a la misma, además de los 60.040 m<sup>3</sup> necesarios para las capas de firme. Indica que estos materiales se obtendrán también de explotaciones debidamente autorizadas.</p>
<p class='parrafo'>El proyecto prevé la demolición de elementos de hormigón (aceras, bordillos, obras de fábrica) y de firmes, compuestos por mezclas bituminosas. Según indica el estudio, para la gestión de los residuos generados en las obras, el proyecto incluye el correspondiente estudio de gestión de los mismos, redactado de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y con la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. Señala, en particular, como destino la explotación de Getafe denominada Prepesa Getafe, propiedad de Holcim Morteros, SA, cuya distancia a las obras es de 45,6 km. Tras la información pública, el promotor se compromete a detallar el plan de gestión de residuos, que será acorde con el Plan Regional de Residuos de la Comunidad de Madrid 2006-2016.</p>
<p class='parrafo'>Con respecto a la capa vegetal del suelo, está prevista su utilización en la restauración de las superficies afectadas, como aportación previa a las labores de revegetación.</p>
<p class='parrafo'>Con objeto de conseguir un adecuado acabado morfológico de los terrenos afectados por la construcción, el estudio de impacto ambiental prevé la adecuación del perfil del terreno afectado similar al de los terrenos adyacentes, buscando una adecuada conexión de líneas, pendientes y formas, y el adecuado drenaje de los terrenos. El proyecto prevé la retirada de residuos de obra y limpieza del terreno, así como la integración ecológica y paisajística de la actuación para minimizar la afección al paisaje.</p>
<p class='parrafo'>El proyecto indica que las instalaciones de obra se ubicarán en la margen izquierda de la autovía, en una parcela de 10.000 m<sup>2</sup>, de suelo urbano sin edificar propiedad del ayuntamiento, situada junto a la glorieta izquierda. En cualquier caso será en zonas que no se encuentren clasificadas como zonas de exclusión. Los accesos a la zona de obras se realizarán a través de los viales existentes o de los correspondientes al enlace proyectado, por lo que el estudio de impacto ambiental indica que no se requiere ejecutar viales específicos para acceso ni para la circulación en la zona de obra, y que no se producirá ocupación adicional por esta causa. El proyecto incluye una clasificación del territorio, así como zonas excluidas para ubicación de determinadas actividades, que comprenden las zonas de mayor calidad y fragilidad ambiental existente en las inmediaciones de la zona del proyecto (excepto las zonas que van a ser ocupadas por la infraestructura).</p>
<p class='parrafo'>4.2.3 Hidrología. La zona más sensible a las actuaciones proyectadas respecto a la hidrología superficial es la adyacente a la margen derecha de la A-6, que no se encuentra urbanizada. En esta zona se localiza la vaguada del arroyo de la Encinilla, de carácter estacional, que arranca actualmente entre la vía de servicio de la A-6 y los taludes del campo de fútbol y recoge aguas de un tramo de unos 280 m de la cuneta de la vía de servicio existente.</p>
<p class='parrafo'>El triángulo formado por la glorieta proyectada en la margen derecha, sus ramales, el camino repuesto y la adecuación de la vía de servicio proyectada ocupa la vaguada del arroyo de la Encinilla, desplazando su inicio al pie del terraplén de la glorieta unos 340 m hacia el este. El conjunto de las actuaciones señaladas suponen una ocupación de unas 2,7 hectáreas.</p>
<p class='parrafo'>El estudio de impacto ambiental indica que, de acuerdo con las indicaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo, se ha incorporado al proyecto la rectificación del cauce del arroyo de La Encinilla mediante un pequeño canal de tierra que se adapta a la línea de escorrentía de dirección NW-SE, a pie de terraplén de la nueva glorieta. El canal tiene una longitud de 150 m aproximadamente, 1,2 m de profundidad y taludes 3H:2V, y tiene capacidad para recoger la escorrentía procedente de las superficies aguas arriba de la cuenca y la procedente de la A-6 y el enlace proyectado (mediante el sistema de drenaje longitudinal y subterráneo previsto en el proyecto). Así, las obras supondrían un desplazamiento del arranque natural de la vaguada y el arroyo, pero no una alteración significativa de la dirección de circulación de las aguas ni de la organización de la red de drenaje o la alteración de los caudales recogidos en la cuenca del arroyo con respecto a la situación actual.</p>
<p class='parrafo'>Esta modificación de flujos de escorrentía superficial no es previsible que tenga repercusiones apreciables sobre el LIC Cuenca del Río Manzanares, ya que los valores objetivo de conservación del mismo, no se encuentran en la zona de obras. Tampoco es previsible la afección a los valores del LIC (hábitat de interés comunitario 92A0, bosques de galería de <em>Salix alba</em> y <em>Populus alba</em>) situados aguas abajo a unos 600 m de la zona de obras, teniendo en cuenta el informe de junio de 2014 de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que considera que la rectificación del cauce del arroyo de la Encinilla no supone una alteración significativa para el funcionamiento hidráulico aguas debajo de ella y considera estable la nueva traza.</p>
<p class='parrafo'>El promotor propone medidas preventivas comunes de buenas prácticas ambientales para evitar posibles vertidos accidentales o arrastres al cauce del arroyo (barreras de sedimentos, acondicionamiento de la parcela de las instalaciones auxiliares y balsa de decantación y control de las aguas, control de vertidos y residuos de obra, etc.). Todas las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Tajo en consultas previas han sido integradas por el promotor en el estudio. Tras la información pública el promotor indica que al encontrarse la parcela de instalaciones de obra en una zona urbanizada, el vertido se efectuará a la red de alcantarillado existente y, si esto no fuera posible, se retirarán los residuos mediante gestor autorizado.</p>
<p class='parrafo'>4.2.4 Vegetación. La nueva ocupación afecta a una superficie de unas 2,7-3 ha cubiertas por pastizal con retama y ejemplares dispersos de encina, arbórea y arbustiva, así como enebro y jara (esta última en los suelos más pobres). Concretamente, según el estudio de impacto ambiental, se verán afectados: 37 ejemplares de encina (<em>Quercus ilex</em>) de porte arbustivo y 7 de porte arbóreo (5 m de altura); 39 ejemplares de enebro (<em>Juniperus oxycedrus</em>), de los que 36 son menores de 2 m de altura; 20 ejemplares de pino piñonero (<em>Pinus pinea</em>); 2 ejemplares de sauce (<em>Salix fragilis</em>); 1 ejemplar de fresno (<em>Fraxinus angustifolia</em>); 2 ejemplares de ailanto (<em>Ailanthus altíssima</em>); 8 ejemplares de tuya (<em>Thuja sp</em>.); 1 ejemplar de olmo (<em>Ulmus sp</em>.) y 1 ejemplar de chopo (<em>Populus alba</em>).</p>
<p class='parrafo'>Según el estudio no se producirán afecciones a elementos de vegetación de particular significación dentro del LIC Cuenca del Río Manzanares, ya que no se localiza en la zona que se prevé ocupar ninguna superficie identificada como hábitat natural de interés comunitario, ni montes preservados, ni elementos de flora particularmente sensibles.</p>
<p class='parrafo'>Sin embargo, la estimación realizada por el estudio y la revisión tras la información pública, concluye que las actuaciones ocupan 17.560 m<sup>2</sup> en zona calificada como Terreno Forestal, de acuerdo con el Mapa de Terreno Forestal de la Comunidad de Madrid. Por ello, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 16/1995 de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid se ha previsto la repoblación de encina en una superficie de 35.700 m<sup>2</sup> (el doble de la superficie forestal ocupada por las actuaciones), en una parcela de 182.483 m<sup>2</sup> del Ayuntamiento de Torrelodones, como compensación de la disminución de la superficie forestal. Dado que la Comunidad de Madrid, indica que dicha parcela ya alberga ejemplares arbóreos y requiere la elección de una nueva área desprovista de vegetación en la que se plante una densidad mínima de 1.100 plantas/ha, siendo la óptima 2.500 plantas/ha, el promotor ha propuesto tras la información pública utilizar además cuatro parcelas de titularidad o responsabilidad municipal calificadas como zonas verdes urbanas ubicadas en la zona denominada «Los Bomberos». Se compromete a ejecutar reforestaciones con ejemplares de encina de 1 a 2 savias, suministrados en envase forestal, con una densidad mínima de plantación de 1.100 plantas/ha.</p>
<p class='parrafo'>Por otro lado, el proyecto también prevé la revegetación de todas las superficies afectadas por las obras, con el objeto de lograr su integración paisajística en el entorno. El ámbito en el cual se prevé llevar a cabo la revegetación, incluye los desmontes y terraplenes de nueva creación y el centro de la nueva rotonda. Está prevista la hidrosiembra y plantación, así como la retirada previa de la tierra vegetal en las zonas a ocupar y su posterior utilización en las zonas a revegetar, aportando una capa de 20 cm de espesor mínimo.</p>
<p class='parrafo'>Además, con objeto de evitar afecciones a la vegetación adyacente, en concreto, en el ámbito del LIC Cuenca del Río Manzanares, se aplicarán medidas preventivas como la delimitación de la zona de obras con criterios de mínima afección a los terrenos circundantes y la protección de los ejemplares más expuestos al daño.</p>
<p class='parrafo'>Respecto a la posibilidad de adopción de la medida correctora de trasplante de los ejemplares de encina afectados, propuesta por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, el estudio de impacto ambiental indica que se ha consultado con los servicios técnicos del ayuntamiento y se ha descartado por el nulo éxito de otros trasplantes efectuados dada la naturaleza de los terrenos sobre los que se desarrollan, con abundantes rocas que impiden la extracción de las raíces de los ejemplares. Por ello, a cambio, propone plantar tres unidades de encina con una altura mínima de 1,50-1,75 cm con cepellón por cada ejemplar eliminado, utilizando las parcelas antes citadas para la plantación.</p>
<p class='parrafo'>4.2.5 Fauna. Respecto a la fauna, la zona objeto de proyecto se localiza junto a las zonas urbanizadas e infraestructuras (A-6) que constituyen un hábitat antropizado y muy transformado, sin elementos faunísticos de especial sensibilidad que dependan de dichos hábitats.</p>
<p class='parrafo'>El estudio de impacto ambiental indica que, de acuerdo con la información consultada en el Servicio de Gestión de Espacios Protegidos de la Comunidad de Madrid, el entorno de la zona del proyecto se localiza en el corredor principal denominado Corredor Transversal y, dentro de éste, en el tramo Torrelodones. Este tramo, de carácter forestal, discurre transversalmente a la A-6 entre el LIC Cuenca del Río Manzanares y Cuenca del Río Guadarrama a la altura del casino de Torrelodones, quedando interceptado por dicha infraestructura actualmente. No obstante, la zona de nueva ocupación del proyecto no afecta a este corredor ecológico, no produciéndose ocupación del hábitat natural que lo constituye. Las actuaciones proyectadas sobre la propia infraestructura de la A-6 y sus vías de servicio sí se localizan en el citado corredor, pero no ocasionan nueva ocupación en el mismo.</p>
<p class='parrafo'>La Comunidad de Madrid pide en su informe de mayo de 2014 que el calendario de obras se defina evitando los periodos de reproducción y cría de las especies animales amenazadas presentes en el territorio (entre principios de marzo y finales de junio). No obstante es preciso tener presente la situación actual de la zona afectada por el proyecto en la margen derecha (ruido de tráfico y molestias derivados de la A-6 y la vía de servicio, además de la zona urbanizada aledaña), así como la no detección de hábitats o especies de fauna particularmente sensibles en el área afectada.</p>
<p class='parrafo'>4.2.6 Espacios protegidos. De lo expuesto en los apartados anteriores, así como del análisis realizado en el capítulo independiente de Red Natura 2000 del estudio de impacto ambiental, se concluye que no es previsible que las actuaciones proyectadas afecten directa o indirectamente a los hábitats de interés comunitario o a las especies cuya conservación ha motivado la declaración del LIC Cuenca del Río Manzanares, ni a los corredores entre lugares de Red Natura 2000 por causa del proyecto.</p>
<p class='parrafo'>Además las actuaciones, que se sitúan en área zonificada como Zona P, «Áreas para ordenar por el planeamiento urbanístico», estarán sujetas al cumplimiento de la Ley 1/1985, de 23 de enero, de la Asamblea de Madrid, por la que se crea el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.</p>
<p class='parrafo'>4.2.7 Vías pecuarias, patrimonio cultural. Las obras necesarias para la ejecución del denominado ramal 2 afectarán al Cordel de Hoyo de Manzanares.</p>
<p class='parrafo'>Para limitar las alteraciones sobre la vía pecuaria Cordel de Hoyo de Manzanares, se prevé la limitación de las zonas de obra en el entorno de la vía pecuaria, que deberá quedar debidamente jalonada y protegida de la ocupación innecesaria por las actividades de obra.</p>
<p class='parrafo'>El Ayuntamiento de Torrelodones ha elaborado el proyecto Ejecución de paso inferior bajo la autovía A-6, e interconexión con la senda urbana en el que se plantea la conexión de las vías pecuarias Cordel del Hoyo de Manzanares y Cordel de Valladolid con una senda urbana proyectada por el Ayuntamiento. El tramo I de las conexiones previstas discurre a través del paso inferior bajo la A-6 cuya ejecución es objeto del proyecto.</p>
<p class='parrafo'>El estudio de impacto ambiental indica que, en caso de aparición de restos arqueológicos como consecuencia de las obras, se deberá comunicar en el plazo de tres días naturales a la Dirección General de Patrimonio Histórico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo_2'>4.3 Seguimiento ambiental de las medidas propuestas. El estudio de impacto ambiental contempla un Programa de Vigilancia Ambiental con objeto de garantizar la correcta ejecución de las medidas protectoras y correctoras previstas, así como prevenir o corregir las posibles disfunciones en relación a las medidas propuestas o a la aparición de efectos ambientales no previstos.</p>
<p class='parrafo'>Durante la fase de construcción el estudio prevé controles relativos a la minimización de la superficie alterada; la protección atmosférica; la conservación de suelo; la protección de la hidrología superficial y subterránea, el tratamiento y la gestión de residuos; la protección de la geomorfología, la vegetación, la fauna, los espacios protegidos, las condiciones de sosiego público, el patrimonio arqueológico, las vías pecuarias y el medio socioeconómico. Durante la fase de funcionamiento el estudio contempla el seguimiento de los niveles de ruido, la calidad del agua en el cauce del arroyo de la Encinilla, la restauración de las zonas utilizadas para localizar instalaciones auxiliares, la evolución de siembras y plantaciones, la estabilidad superficial de los taludes, etc.</p>
<p class='centro_cursiva'>5. Condiciones al proyecto</p>
<p class='parrafo_2'>Para el desarrollo del proyecto, además de las medidas previstas en el estudio de impacto ambiental, algunas de las cuales se citan en el punto 4 de la presente resolución, y las asumidas por el promotor tras la información pública en su escrito de 20 de mayo de 2014, se deberán cumplir las siguientes condiciones:</p>
<p class='parrafo_2'>5.1 Sólo se realizarán los trasplantes de los pies de encina que sea necesario afectar en el caso de que pueda garantizarse su viabilidad. Se plantarán tres unidades de encina por cada ejemplar afectado, con planta de vivero garantizada con altura mínima 1,50-1,75 cm con cepellón y se ejecutarán las labores necesarias para conseguir el adecuado desarrollo de la vegetación implantada durante al menos dos años. Análogamente, se repondrán los enebros de la miera afectados (<em>Juniperus oxycedrus</em>), con la misma proporción de tres unidades por uno, con cepellón y al menos 50-70 cm de altura. Estas plantaciones, así como las debidas a la compensación de la afección a superficie calificada como terrenos forestales, podría realizarse en las parcelas propuestas por el Ayuntamiento. No obstante, la elección del lugar, las plantaciones, las restantes labores selvícolas (poda, tala, desbroce, etc.) y el plan de restauración de las superficies afectadas por las obras deberán realizarse en coordinación con la Dirección del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y con el informe favorable de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. La superficie a reforestar como compensación, en torno a los 35.700 m<sup>2</sup>, se fijará definitivamente tras el acta de replanteo de las obras, utilizándose encinas de 1 ó 2 savias en envase forestal con una densidad mínima de plantación de 1.100 plantas/ha. Se realizarán reposiciones de marras durante los dos años siguientes a la plantación.</p>
<p class='parrafo'>5.2 En las labores de desbroce y tala se prestara especial atención a la eliminación de los pies de ailanto (<em>Ailanthus altíssima</em>) existentes en la zona y a la posterior gestión de los residuos de los mismos para evitar la propagación de esta especie exótica invasora, atendiendo al protocolo de actuación que establezca la Dirección del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.</p>
<p class='parrafo'>5.3 Las obras de desbroce, movimiento de tierras, etc. de la margen derecha, incluidas las correspondientes al nuevo cauce del arroyo de la Encinilla, correspondientes a la fase 1, se realizarán fuera del periodo exigido por la Comunidad de Madrid (principios de marzo a finales de junio), pudiéndose acordar modificaciones del mismo teniendo en cuenta los hábitats faunísticos y las especies presentes en el área afectada, tras el informe favorable de la Dirección del Parque Regional.</p>
<p class='parrafo'>5.4 La anchura definitiva de la reposición del Cordel de Hoyo de Manzanares deberá fijarse de acuerdo con el órgano competente de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>5.5 La rectificación del cauce del arroyo de la Encinilla se realizará de acuerdo con lo proyectado (nuevo cauce de unos 150 m de longitud con sección triangular con 1,2 m de profundidad, pendiente de 0,04 m/m y capacidad máxima 1,483 m<sup>3</sup>/s) y de conformidad con la Confederación Hidrográfica del Tajo, ante la que deberán gestionarse las autorizaciones de obra pertinentes. Se prestará especial atención a los controles analíticos de la calidad del agua del arroyo aguas abajo de las actuaciones durante las obras y en los dos primeros años de funcionamiento, así como a la revegetación de las márgenes del cauce. El plan de restauración de las zonas afectadas por las obras incluirá la integración paisajística del arroyo de la Encinilla.</p>
<p class='parrafo'>5.6 Las instalaciones auxiliares se localizarán en la parcela propuesta en el proyecto ubicada en la margen izquierda de la A-6, la obra no generará vertederos propios y los materiales de préstamo se obtendrán de explotaciones debidamente autorizadas. No se abrirán caminos nuevos. El plan de gestión de residuos del proyecto deberá detallarse y verificar su concordancia con el Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid 2006-2016 incluido en la Estrategia de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid (acuerdo de 18 de octubre de 2007 del Consejo de Gobierno). Se realizará el seguimiento analítico de todos los vertidos de la parcela de instalaciones auxiliares estableciendo los mecanismos necesarios de depuración para alcanzar los valores permitidos antes del vertido a la red de alcantarillado o a cauces o se procederá a la retirada de vertidos por gestor autorizado. En cualquier caso el vertido deberá ser autorizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo.</p>
<p class='parrafo'>5.7 Se deberán cumplir los valores límites de ruido establecidos para cada área acústica en el anexo III del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, así como los establecidos en la legislación autonómica vigente. La maquinaria que se utilice durante las obras deberá cumplir el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. A tales efectos se realizarán mediciones in situ en la fase de explotación y caso de superarse los objetivos de calidad, se adoptarán las medidas de minimización necesarias para alcanzar los citados objetivos.</p>
<p class='parrafo'>5.8 Se prestará especial atención al diseño de las luminarias de la margen derecha, especialmente en la zona de la rotonda y en las proximidades de las viviendas, al objeto de que la inclinación y dirección de las luminarias, las características del cierre y, en su caso, su apantallamiento, evite valores excesivos de flujo, de deslumbramiento o de intrusión lumínica que pudieran afectar a las viviendas o a la zona sin urbanizar del Parque Regional.</p>
<p class='parrafo'>5.9 Además de las medidas de buenas prácticas ambientales para minimizar las molestias a la población durante la fase de obras (minimización de la producción de polvo, circulación restringida, control ruido, etc.) incluidas en el estudio de impacto ambiental, se realizará un análisis detallado de los accesos y los itinerarios de circulación de los vehículos de obra para minimizar la afección producida por el acceso de vehículos y de materiales a las obras.</p>
<p class='parrafo'>5.10 Las actuaciones en la margen derecha estarán sujetas al cumplimiento de la Ley 1/1985, de 23 de enero, de la Asamblea de Madrid, por la que se crea el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.</p>
<p class='parrafo'>El promotor deberá incluir en los carteles anunciadores de las obras correspondientes al proyecto evaluado que se instalen sobre el terreno, la referencia del Boletín Oficial del Estado en el que se ha publicado esta declaración de impacto ambiental.</p>
<p class='parrafo_2'>En consecuencia, el Secretario de Estado de Medio Ambiente, a la vista de la propuesta de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, formula declaración de impacto ambiental favorable a la realización del proyecto Paso inferior bajo la autopista A-6, área homogénea sur, término municipal de Torrelodones (Madrid) al concluirse que siempre y cuando se autorice en las condiciones anteriormente señaladas, que se han deducido del proceso de evaluación, no producirá impactos adversos significativos por quedar adecuadamente protegido el medio ambiente y los recursos naturales.</p>
<p class='parrafo_2'>Lo que se hace público, de conformidad con el artículo 12.3 del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, y se comunica a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento para su incorporación al procedimiento de aprobación del proyecto.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 15 de septiembre de 2014.–El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas.</p>
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Mon Sep 29 08:13:59 +0000 2014
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El proyecto a que se refiere la presente Resolución se encuentra comprendido en el apartado 9.d del anexo I del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental), por lo que, habiéndose sometido a evaluación de impacto ambiental, con carácter previo a su autorización administrativa, de conformidad con lo establecido en su artículo 3.1), procede formular su declaración de impacto ambiental, de acuerdo con el artículo 12.1 de la citada Ley.
Los principales elementos de la evaluación practicada se resumen a continuación:
1. Información del proyecto: promotor y órgano sustantivo. Objeto y justificación. Localización. Descripción sintética
El promotor del proyecto es el Ayuntamiento de Torrelodones y el órgano sustantivo la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
El proyecto objeto de estudio define las obras necesarias para la construcción de un paso inferior bajo la A-6 que, que junto con las actuaciones de enlace correspondientes, permiten la conexión entre ambas márgenes de la autovía y mejoran el acceso al núcleo urbano de Torrelodones y a la carretera M-618 hacia Hoyo de Manzanares.
La zona de ubicación del proyecto se encuentra localizada a lo largo de ambas márgenes de la autovía A-6 a su paso por el término municipal de Torrelodones, en el tramo comprendido entre el límite con el término municipal de Las Rozas, al sureste, y el núcleo urbano, al noroeste. La autovía A-6 cuenta actualmente en este tramo con 4 carriles por sentido de circulación en la calzada del tronco de la autovía y con vías de servicio unidireccionales con dos carriles en ambas márgenes.
Las actuaciones se localizan entre los pp.kk. 27+370 y 29+000 de la A-6, lo que supone una longitud de unos 1.630 m en la margen derecha de la autovía (dirección Madrid-A Coruña) y de unos 600 m en la izquierda (dirección A Coruña-Madrid). El proyecto comprende una rotonda y dos ramales de enlace en la margen derecha y la remodelación del enlace existente en la margen izquierda, además de la remodelación de las vías de servicio existentes.
El detalle de las actuaciones se resume en el siguiente cuadro:
Paso inferior.
p.k. 28+480. Conexión entre las vías de servicio derecha e izquierda. Paso bajo la A-6 de 80 m de longitud, 5,50 m de gálibo mínimo en altura y 22 m de ancho interior; mediana 2 m y 2 carriles de 3,50 m de ancho por sentido, arcenes exteriores 1,00 m e interiores 0,50 m, acera derecha de 2,50 m e izquierda de 0,50 m.
Glorieta derecha.
Para distribución de tráfico en la vía de servicio dcha. en conexión con paso inferior. Velocidad de proyecto 40 km/h, radio mínimo en planta 22,5 m (interior), 3 carriles de 3,5 m, arcén interior 1,00 m, arcén exterior 1,50 m, bermas de 1 m y terraplén de 2H:1V.
Ramales de enlace.
Ramal 1.
Ramal de entrada en la nueva glorieta desde la vía de servicio derecha.
Ramal 2.
Ramal de salida de la nueva glorieta hacia la vía de servicio derecha.
Rama 4 bis.
Modificación del Ramal 4 existente desde la glorieta izquierda a la vía de servicio izquierda.
Adecuaciones de trazado.
Vía servicio derecha.
Adecuación de la vía de servicio.
Vía servicio izquierda.
Adecuación de la vía de servicio.
Conexiones entre las vías de servicio y la A-6.
Transfer 1 bis.
Conexión de la vía de servicio derecha a la A-6 dirección A Coruña.
Transfer 2 bis.
Conexión de la vía de servicio derecha a la A-6 dirección A Coruña.
Transfer 3 bis.
Conexión de la vía de servicio izquierda a la A-6 dirección Madrid.
Otras actuaciones complementarias.
Refuerzo de firme de las actuales vías de servicio derecha e izquierda, en las zonas de inicio y final.
Señalización del enlace y reposición del cerramiento.
Iluminación del enlace.
Rectificación del cauce del arroyo de La Encinilla, longitud afectada 116 m, sección tipo de cauce rectificado triangular y de 1,2 m de calado, taludes 3H:2V.
Reposición de camino ocupado por los terraplenes de la glorieta derecha.
Reposición de servicios afectados.
Demoliciones.
Desvíos y situaciones provisionales.
Restauración de zonas afectadas.
Los volúmenes estimados del movimiento de tierras son: excavación en explanaciones 83.396 m3; excavación para cimentación del paso inferior 4.908,42 m3; excavación en zanjas (drenaje, reposición de servicios) 3.322,03 m3; excavación de tierra vegetal 26.175,00 m3; terraplén y rellenos en explanaciones 118.211,68 m3; y relleno en zanjas (drenaje, reposición de servicios) 2.960,11 m3. El proyecto contempla las obras de drenaje para permitir la evacuación de las aguas procedentes de la calzada: obras de drenaje longitudinal, en superficie, y zanjas drenantes transversales, de drenaje subterráneo. La superficie estimada de ocupación asciende a 2,7-3 ha.
El plazo previsto de ejecución de las obras es de 10 meses, manteniendo siempre el flujo circulatorio del tronco de la A-6, que se desvía. En la primera fase (80 días) se ejecuta la glorieta derecha y sus ramales. Estas son las actuaciones que implican nueva ocupación de superficie externa a la ocupada actualmente por la A-6 y que corresponde al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Cuenca del río Manzanares (ES3110004), coincidente en la zona con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que está delimitado por la A-6 en esa área.
2. Elementos ambientales significativos del entorno del proyecto
Los terrenos afectados por la construcción del proyecto se encuentran en el ámbito de ocupación actual de la A-6, sus vías de servicio y ramales de acceso, a excepción de la superficie de la margen derecha de la autovía en la que se proyecta ubicar la glorieta derecha y los ramales 1 y 2 de acceso a ella, que es de nueva ocupación. La margen izquierda está urbanizada o incluida como urbanizable en el planeamiento urbanístico vigente; la margen derecha está urbanizada en el extremo noroeste de la actuación.
La actuación afecta a la cabecera del arroyo de la Encinilla (también denominado Villarejo o del Prado de la Solana), afluente del arroyo La Trofa, junto a la divisoria de aguas por la que discurre la A-6, entre las cuencas del río Manzanares (en la margen derecha) y del Guadarrama (en la margen izquierda). Este área se localiza en el límite norte de la masa de agua definida por la Confederación Hidrográfica del Tajo denominada Madrid-Guadarrama-Manzanares. Los materiales incluidos en esta masa de agua están calificados como rocas detríticas de permeabilidad media.
El área de nueva ocupación se localiza en la zona perimetral del LIC Cuenca del río Manzanares y Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, cuyo límite es la A-6 en esta zona. Al suroeste de la A-6 y de la línea de ferrocarril existente, fuera de la zona de afección del proyecto, se localiza el LIC ES3110005 Cuenca del río Guadarrama.
La zona de actuación no comprende hábitats de interés comunitario incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. La única zona con vegetación natural se encuentra en la margen derecha en la cabecera del arroyo La Encinilla, que presenta un retamar en el que predomina la retama de bolas (Retama sphaerocarpa), con escoba negra (Citisus scoparius) y ejemplares arbóreos y arbustivos dispersos de encina (Quercus ilex) y enebro de la miera (Juniperus oxycedrus). En el fondo de vaguada del arroyo existe un cordón de vegetación espinosa con rosa (Rosa spp), zarzamora (Rubus ulmifolius), majuelo (Crataegus monogyna), endrinos (Prunus spinosa) y madreselva (Lonicera etrusca), apareciendo algunos ejemplares arbóreos de fresno (Fraxinus angustifolia) y sauce (Salix salvifolia). Además, en las inmediaciones de la vía de servicio derecha, existen algunos ejemplares arbóreos de pino (Pinus pinea) y tuya (Thuja sp.) plantados y algunos ejemplares de jardinería de bajo porte en la margen izquierda.
Los terrenos afectados no forman parte de ninguna Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), aunque se encuentran próximos a la ZEPA El Pardo por lo que es zona de paso y campeo de especies de interés comunitario, especialmente rapaces como el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), milanos negro y real (Milvus migrans y Milvus milvus), buitre leonado (Gyps fulvus), etc.; así como grupos de mamíferos que actualmente ven limitada su área de distribución como consecuencia de la barrera física que supone el trazado y las características de la autovía, puesto que carece de pasos de fauna.
Por la zona de actuación discurre la vía pecuaria Cordel de Valladolid (tramo 2, absorbido por la A-6), incluida en el proyecto de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Torrelodones, así como al Cordel de Hoyo de Manzanares.
3. Resumen del proceso de evaluación
3.1 Fase de consultas previas y determinación del alcance del estudio de impacto ambiental:
3.1.1 Entrada documentación inicial. Con fecha 13 de febrero de 2013 tiene entrada en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural la documentación ambiental del proyecto.
3.1.2 Consultas previas, relación de consultados y de contestaciones. Con fecha 22 de marzo de 2013, después de haberse solicitado subsanación de la documentación recibida, se inició el periodo de consultas para determinar el alcance del estudio de impacto ambiental. En la tabla adjunta se han recogido los organismos consultados durante esta fase, señalando con una X, aquellos que emitieron respuesta:
Administraciones públicas y público interesado
Respuestas recibidas
Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
X
Subdirección General de Medio Natural de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
–
Delegación del Gobierno en Madrid
–
Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid
–
Dirección General de Evaluación Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid
–
Dirección General de Patrimonio Histórico y Vicepresidencia de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid
–
Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid
–
WWF/ADENA (Madrid)
–
SEO/BirdLife
–
Ecologistas en Acción
–
Asociación de Amigos de los Caminos
–
La Confederación Hidrográfica del Tajo hace una serie de consideraciones a tener en cuenta en el diseño del proyecto.
La Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, en un informe remitido por el promotor con fecha 10 de septiembre de 2013, indica que el proyecto no tiene, presumiblemente, incidencia sobre el patrimonio histórico, por lo que considera que no procede informe sectorial de esa Dirección General.
3.1.3 Resumen de las indicaciones dadas por el órgano ambiental al promotor sobre el estudio de impacto ambiental. Con fecha 10 de junio de 2013 se remite al promotor la determinación de la amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental y traslado de contestaciones.
En él se le indica al promotor la necesidad de que el estudio de impacto ambiental contemple, entre otros, los siguientes aspectos:
Afección al Espacio Natural Protegido Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y al LIC Cuenca del río Manzanares, debiendo incluirse un capítulo independiente referido a la posible afección a Red Natura 2000 y seguir las Directrices de este Ministerio para estos estudios.
Préstamos, vertederos, instalaciones auxiliares, caminos de obra y desvíos provisionales.
Afección a la vegetación, inventariando los pies afectados; a la hidrología, con especial atención al arroyo de la Encinilla; y al patrimonio cultural.
3.2 Fase de información pública y de consultas sobre el estudio de impacto ambiental:
3.2.1 Información pública. El órgano sustantivo sometió el estudio de impacto ambiental al trámite de información pública mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM), con fechas 20 y 19 de febrero de 2014, respectivamente.
Con fecha, 15 de abril de 2014 la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid del Ministerio de Fomento remite informe de la realización de la información pública, indicando que no ha habido alegaciones y que, tras la remisión del estudio de impacto ambiental a las administraciones públicas que habían sido previamente consultadas en la fase de determinación del alcance del mismo, se han recibido dos contestaciones.
La Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid indica que en el ámbito de sus competencias no se perciben consecuencias negativas. La Confederación Hidrográfica del Tajo, aporta una serie de sugerencias genéricas a tener en cuenta para mayor protección y defensa del medio ambiente.
3.2.2 Consultas a administraciones ambientales afectadas, contestación del promotor. El estudio de impacto ambiental incluye un informe del Servicio de Informes Técnicos Medioambientales de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, emitido a solicitud del promotor. En él se hace una relación de las figuras de protección coincidentes con los terrenos en los que se pretende llevar a cabo la actuación, así como la normativa aplicable. Se indica que las actuaciones estarán sujetas al cumplimiento de la Ley 1/1985, de 23 de enero, de la Asamblea de Madrid, por la que se crea el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, situándose en área zonificada como Zona P: «Áreas para ordenar por el planeamiento urbanístico».
También se informa del Plan rector de uso y gestión de dicho espacio, en concreto su artículo 6.2.4 otorga un tratamiento especial a los encinares de los términos municipales situados en zona P por su valor, por lo que apuntan como medida correctora el trasplante de todos los ejemplares afectados, con independencia del cumplimiento de las medidas compensatorias que, por reducción de superficie forestal por actuaciones urbanísticas, contempla el artículo 43 de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.
El promotor también aporta constancia de solicitud de información al Área de Conservación del Medio Natural, así como a la Central de Valoración de Ecosistemas Naturales, ambos pertenecientes a la Subdirección General de Conservación del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. El primero no emitió respuesta y el segundo contestó remitiendo la cartografía que le había sido solicitada.
El 9 de mayo de 2014 se recibe en la Demarcación de Carreteras del Estado el informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Con fecha 21 de mayo tiene entrada en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el informe de contestación del promotor al citado informe de la Comunidad de Madrid, adjuntándose también copia de la documentación remitida por el promotor a la Confederación Hidrográfica del Tajo, así como el informe emitido por el área de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, con fecha 4 de septiembre de 2013.
El informe del Área de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid en repuesta a la solicitud del Ayuntamiento de Torrelodones para la ejecución del proyecto por afectar a terrenos del Cordel de Hoyo de Manzanares y del Cordel de Valladolid, valora muy positivamente el proyecto presentado por el Ayuntamiento que incluye una conexión de las citadas vías pecuarias con una senda urbana que facilitaría también la conexión con el Cordel del Gasco comunicando la cuenca alta del río Manzanares con la cuenca del río Guadarrama. Para el tramo I, el que corresponde al ámbito territorial del proyecto, se indica que se deberá respetar la anchura mínima de 4 m y ser de uso exclusivo peatonal. En los cruces con los viales se deberán instalar resaltes limitadores de velocidad, pavimento de adoquín (color terrizo). Deberá acondicionarse el adecuadamente el entronque del carril de salida de la A-6 con el cordel de Hoyo de Manzanares, de modo que no se produzcan cortes bruscos y tenga pendientes suaves.
El informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid indica que con los datos disponibles en la Consejería la superficie de nueva ocupación en la margen derecha de la A-6 se estima superior a la estimada en el estudio de impacto ambiental (17.500 m2 superficie forestal de los 30.282,24 m2 de nueva ocupación en la margen derecha), por lo que indica que debe revisarse la superficie forestal afectada y, en consecuencia, la superficie compensatoria a reforestar. Solicita que se realice un inventario de la vegetación que pueda resultar afectada para establecer las medidas correctoras y compensatorias adecuadas. Indica también la posible afección por sedimentación a ecosistemas y hábitats aguas abajo de la rectificación del cauce del arroyo de la Encinilla.
El mismo informe, respecto al calendario de obras, indica que éste se debe definir evitando los periodos de reproducción y cría de las especies animales amenazadas presentes en el territorio, concretamente entre principios de marzo y finales de julio. Reitera la necesidad de ejecutar como medida compensatoria (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad) un paso inferior para la fauna silvestre que comunique los dos espacios protegidos de la Red Natura 2000 y el espacio natural de singular relevancia para la biodiversidad que constituye el corredor ecológico Corredor Transversal, tramo Torrelodones propuesto por la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid. Solicita que no se afecte a más arbolado del señalado en el estudio y que se trasplanten los pies afectados e indica que, en cualquier caso, la tala de arbolado, el desbroce, el trasplante, las podas y otros tratamientos forestales deben contar con informe favorable de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
Además el informe realiza varias indicaciones referentes a buenas prácticas ambientales, tales como limitación de la zona de obra, no apertura de nuevos caminos de acceso a la obra, protección efectiva del arbolado que quede en la zona de obras, plan de restauración de la zona de obras, medidas para evitar vertidos accidentales, medidas para evitar arrastre de tierras, cumplimiento de la legislación estatal y autonómica referente a ruido y gestión de residuos, desmantelamiento de instalaciones auxiliares y pavimentos fuera de uso, retirada de protección del arbolado, etc..
Contestación del promotor al informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental autonómica. El informe del promotor, recibido en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente el 21 de mayo de 2014, indica que se ha revisado la superficie forestal a ocupar por el proyecto y comprobado que es correcta la medición que figura en el estudio de impacto ambiental de acuerdo con los datos que obran en su poder referentes a los espacios forestales. Indica que el inventario de la vegetación solicitado figura en el estudio de impacto ambiental y en él se especifica especie, localización en coordenadas UTM, altura y observaciones de interés de cada ejemplar arbolado que previsiblemente pudiera resultar afectado por las obras.
Respecto a la posible afección derivada de la rectificación del cauce del arroyo, informa que, de acuerdo con las indicaciones de la Confederación Hidrográfica, se ha rectificado el cauce de la forma más natural posible y que el estudio hidrológico en el que se ha basado concluye que la modificación del arroyo no supone graves alteraciones hidráulicas sobre el medio, no produciéndose sobreelevaciones significativas de la lámina de agua ni inundaciones.
En relación con la limitación de las obras por la posible afección a la fauna, el promotor indica que la potencial afección correspondería a los terrenos no urbanizados entorno a la glorieta y ramales de la margen derecha, zona perimetral del LIC, en los que no se ha detectado presencia de hábitats ni de elementos de la fauna particularmente sensibles y que es una zona ya sometida al ruido y las molestias del tráfico de la A-6 y la vía de servicio. Respecto al paso de fauna requerido, el promotor indica que el proyecto no afecta a ninguno de los corredores definidos en el documento (no publicado) «Planificación de la Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad de Madrid: Identificación de Oportunidades para el Bienestar Social y la Conservación del Patrimonio Cultural», inclusive el citado de Torrelodones que no se ve afectado por las superficies de nueva ocupación. También indica que el proyecto no ocasiona interrupción adicional de la permeabilidad territorial a la ya ocasionada por la A-6, por lo que la responsabilidad de dicha interrupción no puede asignarse al Ayuntamiento de Torrelodones como promotor del proyecto y considera que se trata de una obra de envergadura a ejecutar en una zona ajena al proyecto, que sobrepasa su responsabilidad y competencia.
El promotor insiste en que no considera adecuado el trasplante de todos los ejemplares de encina afectados por el proyecto debido al nulo éxito de otros trasplantes efectuados en el término municipal. En cambio, propone plantar tres unidades de encina con una altura mínima de 1,50-1,75 m con cepellón por cada ejemplar eliminado en las mismas parcelas a reforestar. Se compromete a obtener el informe favorable de la Comunidad de Madrid para todas las labores forestales: desbroce, tala, trasplantes o repoblaciones, plan de restauración, etc. El promotor se compromete a respetar todas las indicaciones realizadas por la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid que, en definitiva, constituyen buenas prácticas ambientales.
Con fecha 1 de julio de 2014 se recibe en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en respuesta a su solicitud, el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre la proyectada rectificación del arroyo de la Encinilla. En el citado informe se indica que al encontrarse las actuaciones en la cabecera del arroyo, la solución propuesta en el proyecto no supone una alteración significativa para el funcionamiento hidráulico aguas abajo del mismo. También considera estable la nueva traza.
3.2.3 Modificaciones introducidas por el promotor en el proyecto. Las únicas modificaciones que el promotor ha introducido en el proyecto tras la información pública y los informes recibidos, se refieren a la inclusión de cuatro parcelas más de suelo sin edificar, situadas en la zona denominada Los Bomberos (CL Valdehurones 1 de 14.789 m2, CL Valdehurones 124 de18.839 m2, CL Luarca de 13.645 m2 y CL Arroyo de los Viales 38 de 24.608 m2;las dos primeras con titularidad de la Comunidad de Madrid y las otras dos del Ayuntamiento de Torrelodones) como posibles para ser objeto de repoblación como medida compensatoria por la afección a terrenos forestales de la Comunidad de Madrid. Así como a la propuesta de sustituir los trasplantes de los pies de encina afectados por la plantación de 3 ejemplares de 1,50-1,75 m de altura y cepellón por cada ejemplar afectado.
4. Integración de la evaluación
4.1 Análisis ambiental para selección de alternativas. El estudio de impacto ambiental indica que el proyecto trata de resolver unas necesidades concretas surgidas del tráfico y de las relaciones de paso entre las márgenes de la carretera en un tramo concreto de su trazado. Las alternativas a plantear serían las que pudieran derivarse de las diferencias en el diseño de los elementos o en las técnicas o procedimientos constructivos a emplear, no de ubicación, por lo que no se han considerado alternativas que puedan suponer cambios significativos desde el punto de vista de la afección ambiental del proyecto.
4.2 Impactos significativos de la alternativa elegida y medidas preventivas, correctoras y compensatorias:
4.2.1 Contaminación atmosférica, acústica y lumínica. Las áreas sensibles de población al ruido, al polvo y a la iluminación serían las zonas urbanizadas de Torrelodones, situadas en el entorno de las actuaciones de la margen izquierda de la autovía y las situadas en la zona final de la vía de servicio derecha. El estudio de impacto ambiental considera que no existe variación en los niveles de tráfico en este tramo de la A-6 sin y con proyecto, por lo que no prevé incremento de contaminantes o de ruido en el tramo como consecuencia de la entrada en funcionamiento del enlace proyectado.
Para la fauna y vegetación, la zona sensible correspondería a los terrenos no urbanizados adyacentes a la glorieta, ramales y vía de servicio de la margen derecha, situados dentro de los límites del LIC Cuenca del Río Manzanares. El estudio indica que el incremento de luminarias se produce en una zona ya iluminada actualmente, ampliándola (en una longitud total de unos 500 m y a unos 130 m como máximo de la zona ya iluminada), afectando en particular a la zona de nueva ocupación de la margen derecha en zonas no urbanizadas pero de transición urbana, no encontrándose en el entorno de la zona iluminada ampliada elementos sensibles de fauna, como los lepidópteros nocturnos más sensibles (en particular la Graellsia isabelae).
El estudio recoge una serie de medidas de buenas prácticas ambientales (riego de superficies potencialmente emisoras de polvo, circulación de camiones tapados, lavado de ruedas y bajos a la salida de la obra, control de la velocidad en la obra, mantenimiento y control de la maquinaria de obra, etc.) que minimizarán dichos impactos en la fase de obras.
4.2.2 Geomorfología, residuos y paisaje, Instalaciones auxiliares y caminos de obra. Las principales modificaciones morfológicas se producen en la margen derecha. Los taludes de mayor altura serán los terraplenes exteriores de la glorieta derecha y el Ramal 1 (15 m de altura, pendiente 2H:1V). Los desmontes previstos son de menor altura, llegando a alcanzar unos 4 m en la zona no urbana de la adecuación de la vía de servicio derecha y en el ramal 2.
Estas superficies se localizan en la zona de borde del LIC Cuenca del Río Manzanares, junto a otras ya modificadas actualmente por rellenos antrópicos. El promotor estima en 27.536,70 m2 la superficie de nueva ocupación, ascendiendo a 30.282,24 m2, si se incluye el camino repuesto a pié de terraplén. Se trata de una ampliación de la infraestructura existente, desplazando la ocupación y los taludes una distancia limitada, de unos 130 m en el punto más alejado, sin que tenga incidencia directa sobre hábitats de interés comunitario ni sobre especies sensibles de la fauna o de la vegetación del LIC que hayan motivado la protección del espacio. Por otro lado, teniendo en cuenta la reposición del cauce prevista, junto con las medidas para la estabilidad en los taludes y contención de arrastre de sedimentos durante la obra contempladas en el proyecto, así como las contempladas en el programa de vigilancia ambiental y el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de 26 de junio de 2014, se considera improbable la afección sobre hábitats objetivo de conservación del LIC por arrastre de tierras o partículas o por la modificación del curso del arroyo.
En la margen izquierda, el impacto se producirá sobre una zona ya transformada por los viales actuales y los taludes no superarán los ya existentes.
Con respecto al balance de tierras, según indica el estudio de impacto ambiental, el volumen de tierras requeridas para terraplén supera al de excavación y la mayor parte de los materiales excavados se pueden aprovechar para la formación de terraplenes, no produciéndose excedentes que tengan que ser llevados a vertedero salvo los que correspondan a rellenos antrópicos que el estudio indica irán a emplazamientos autorizados para la recepción de estos materiales y señala que se identifican diversos posibles emplazamientos en el anejo n.º 32 del proyecto (Gestión de residuos). El estudio estima en 35.231,70 m3 el volumen de materiales necesarios para la obra que habrán de proceder de fuentes externas a la misma, además de los 60.040 m3 necesarios para las capas de firme. Indica que estos materiales se obtendrán también de explotaciones debidamente autorizadas.
El proyecto prevé la demolición de elementos de hormigón (aceras, bordillos, obras de fábrica) y de firmes, compuestos por mezclas bituminosas. Según indica el estudio, para la gestión de los residuos generados en las obras, el proyecto incluye el correspondiente estudio de gestión de los mismos, redactado de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y con la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. Señala, en particular, como destino la explotación de Getafe denominada Prepesa Getafe, propiedad de Holcim Morteros, SA, cuya distancia a las obras es de 45,6 km. Tras la información pública, el promotor se compromete a detallar el plan de gestión de residuos, que será acorde con el Plan Regional de Residuos de la Comunidad de Madrid 2006-2016.
Con respecto a la capa vegetal del suelo, está prevista su utilización en la restauración de las superficies afectadas, como aportación previa a las labores de revegetación.
Con objeto de conseguir un adecuado acabado morfológico de los terrenos afectados por la construcción, el estudio de impacto ambiental prevé la adecuación del perfil del terreno afectado similar al de los terrenos adyacentes, buscando una adecuada conexión de líneas, pendientes y formas, y el adecuado drenaje de los terrenos. El proyecto prevé la retirada de residuos de obra y limpieza del terreno, así como la integración ecológica y paisajística de la actuación para minimizar la afección al paisaje.
El proyecto indica que las instalaciones de obra se ubicarán en la margen izquierda de la autovía, en una parcela de 10.000 m2, de suelo urbano sin edificar propiedad del ayuntamiento, situada junto a la glorieta izquierda. En cualquier caso será en zonas que no se encuentren clasificadas como zonas de exclusión. Los accesos a la zona de obras se realizarán a través de los viales existentes o de los correspondientes al enlace proyectado, por lo que el estudio de impacto ambiental indica que no se requiere ejecutar viales específicos para acceso ni para la circulación en la zona de obra, y que no se producirá ocupación adicional por esta causa. El proyecto incluye una clasificación del territorio, así como zonas excluidas para ubicación de determinadas actividades, que comprenden las zonas de mayor calidad y fragilidad ambiental existente en las inmediaciones de la zona del proyecto (excepto las zonas que van a ser ocupadas por la infraestructura).
4.2.3 Hidrología. La zona más sensible a las actuaciones proyectadas respecto a la hidrología superficial es la adyacente a la margen derecha de la A-6, que no se encuentra urbanizada. En esta zona se localiza la vaguada del arroyo de la Encinilla, de carácter estacional, que arranca actualmente entre la vía de servicio de la A-6 y los taludes del campo de fútbol y recoge aguas de un tramo de unos 280 m de la cuneta de la vía de servicio existente.
El triángulo formado por la glorieta proyectada en la margen derecha, sus ramales, el camino repuesto y la adecuación de la vía de servicio proyectada ocupa la vaguada del arroyo de la Encinilla, desplazando su inicio al pie del terraplén de la glorieta unos 340 m hacia el este. El conjunto de las actuaciones señaladas suponen una ocupación de unas 2,7 hectáreas.
El estudio de impacto ambiental indica que, de acuerdo con las indicaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo, se ha incorporado al proyecto la rectificación del cauce del arroyo de La Encinilla mediante un pequeño canal de tierra que se adapta a la línea de escorrentía de dirección NW-SE, a pie de terraplén de la nueva glorieta. El canal tiene una longitud de 150 m aproximadamente, 1,2 m de profundidad y taludes 3H:2V, y tiene capacidad para recoger la escorrentía procedente de las superficies aguas arriba de la cuenca y la procedente de la A-6 y el enlace proyectado (mediante el sistema de drenaje longitudinal y subterráneo previsto en el proyecto). Así, las obras supondrían un desplazamiento del arranque natural de la vaguada y el arroyo, pero no una alteración significativa de la dirección de circulación de las aguas ni de la organización de la red de drenaje o la alteración de los caudales recogidos en la cuenca del arroyo con respecto a la situación actual.
Esta modificación de flujos de escorrentía superficial no es previsible que tenga repercusiones apreciables sobre el LIC Cuenca del Río Manzanares, ya que los valores objetivo de conservación del mismo, no se encuentran en la zona de obras. Tampoco es previsible la afección a los valores del LIC (hábitat de interés comunitario 92A0, bosques de galería de Salix alba y Populus alba) situados aguas abajo a unos 600 m de la zona de obras, teniendo en cuenta el informe de junio de 2014 de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que considera que la rectificación del cauce del arroyo de la Encinilla no supone una alteración significativa para el funcionamiento hidráulico aguas debajo de ella y considera estable la nueva traza.
El promotor propone medidas preventivas comunes de buenas prácticas ambientales para evitar posibles vertidos accidentales o arrastres al cauce del arroyo (barreras de sedimentos, acondicionamiento de la parcela de las instalaciones auxiliares y balsa de decantación y control de las aguas, control de vertidos y residuos de obra, etc.). Todas las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Tajo en consultas previas han sido integradas por el promotor en el estudio. Tras la información pública el promotor indica que al encontrarse la parcela de instalaciones de obra en una zona urbanizada, el vertido se efectuará a la red de alcantarillado existente y, si esto no fuera posible, se retirarán los residuos mediante gestor autorizado.
4.2.4 Vegetación. La nueva ocupación afecta a una superficie de unas 2,7-3 ha cubiertas por pastizal con retama y ejemplares dispersos de encina, arbórea y arbustiva, así como enebro y jara (esta última en los suelos más pobres). Concretamente, según el estudio de impacto ambiental, se verán afectados: 37 ejemplares de encina (Quercus ilex) de porte arbustivo y 7 de porte arbóreo (5 m de altura); 39 ejemplares de enebro (Juniperus oxycedrus), de los que 36 son menores de 2 m de altura; 20 ejemplares de pino piñonero (Pinus pinea); 2 ejemplares de sauce (Salix fragilis); 1 ejemplar de fresno (Fraxinus angustifolia); 2 ejemplares de ailanto (Ailanthus altíssima); 8 ejemplares de tuya (Thuja sp.); 1 ejemplar de olmo (Ulmus sp.) y 1 ejemplar de chopo (Populus alba).
Según el estudio no se producirán afecciones a elementos de vegetación de particular significación dentro del LIC Cuenca del Río Manzanares, ya que no se localiza en la zona que se prevé ocupar ninguna superficie identificada como hábitat natural de interés comunitario, ni montes preservados, ni elementos de flora particularmente sensibles.
Sin embargo, la estimación realizada por el estudio y la revisión tras la información pública, concluye que las actuaciones ocupan 17.560 m2 en zona calificada como Terreno Forestal, de acuerdo con el Mapa de Terreno Forestal de la Comunidad de Madrid. Por ello, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 16/1995 de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid se ha previsto la repoblación de encina en una superficie de 35.700 m2 (el doble de la superficie forestal ocupada por las actuaciones), en una parcela de 182.483 m2 del Ayuntamiento de Torrelodones, como compensación de la disminución de la superficie forestal. Dado que la Comunidad de Madrid, indica que dicha parcela ya alberga ejemplares arbóreos y requiere la elección de una nueva área desprovista de vegetación en la que se plante una densidad mínima de 1.100 plantas/ha, siendo la óptima 2.500 plantas/ha, el promotor ha propuesto tras la información pública utilizar además cuatro parcelas de titularidad o responsabilidad municipal calificadas como zonas verdes urbanas ubicadas en la zona denominada «Los Bomberos». Se compromete a ejecutar reforestaciones con ejemplares de encina de 1 a 2 savias, suministrados en envase forestal, con una densidad mínima de plantación de 1.100 plantas/ha.
Por otro lado, el proyecto también prevé la revegetación de todas las superficies afectadas por las obras, con el objeto de lograr su integración paisajística en el entorno. El ámbito en el cual se prevé llevar a cabo la revegetación, incluye los desmontes y terraplenes de nueva creación y el centro de la nueva rotonda. Está prevista la hidrosiembra y plantación, así como la retirada previa de la tierra vegetal en las zonas a ocupar y su posterior utilización en las zonas a revegetar, aportando una capa de 20 cm de espesor mínimo.
Además, con objeto de evitar afecciones a la vegetación adyacente, en concreto, en el ámbito del LIC Cuenca del Río Manzanares, se aplicarán medidas preventivas como la delimitación de la zona de obras con criterios de mínima afección a los terrenos circundantes y la protección de los ejemplares más expuestos al daño.
Respecto a la posibilidad de adopción de la medida correctora de trasplante de los ejemplares de encina afectados, propuesta por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, el estudio de impacto ambiental indica que se ha consultado con los servicios técnicos del ayuntamiento y se ha descartado por el nulo éxito de otros trasplantes efectuados dada la naturaleza de los terrenos sobre los que se desarrollan, con abundantes rocas que impiden la extracción de las raíces de los ejemplares. Por ello, a cambio, propone plantar tres unidades de encina con una altura mínima de 1,50-1,75 cm con cepellón por cada ejemplar eliminado, utilizando las parcelas antes citadas para la plantación.
4.2.5 Fauna. Respecto a la fauna, la zona objeto de proyecto se localiza junto a las zonas urbanizadas e infraestructuras (A-6) que constituyen un hábitat antropizado y muy transformado, sin elementos faunísticos de especial sensibilidad que dependan de dichos hábitats.
El estudio de impacto ambiental indica que, de acuerdo con la información consultada en el Servicio de Gestión de Espacios Protegidos de la Comunidad de Madrid, el entorno de la zona del proyecto se localiza en el corredor principal denominado Corredor Transversal y, dentro de éste, en el tramo Torrelodones. Este tramo, de carácter forestal, discurre transversalmente a la A-6 entre el LIC Cuenca del Río Manzanares y Cuenca del Río Guadarrama a la altura del casino de Torrelodones, quedando interceptado por dicha infraestructura actualmente. No obstante, la zona de nueva ocupación del proyecto no afecta a este corredor ecológico, no produciéndose ocupación del hábitat natural que lo constituye. Las actuaciones proyectadas sobre la propia infraestructura de la A-6 y sus vías de servicio sí se localizan en el citado corredor, pero no ocasionan nueva ocupación en el mismo.
La Comunidad de Madrid pide en su informe de mayo de 2014 que el calendario de obras se defina evitando los periodos de reproducción y cría de las especies animales amenazadas presentes en el territorio (entre principios de marzo y finales de junio). No obstante es preciso tener presente la situación actual de la zona afectada por el proyecto en la margen derecha (ruido de tráfico y molestias derivados de la A-6 y la vía de servicio, además de la zona urbanizada aledaña), así como la no detección de hábitats o especies de fauna particularmente sensibles en el área afectada.
4.2.6 Espacios protegidos. De lo expuesto en los apartados anteriores, así como del análisis realizado en el capítulo independiente de Red Natura 2000 del estudio de impacto ambiental, se concluye que no es previsible que las actuaciones proyectadas afecten directa o indirectamente a los hábitats de interés comunitario o a las especies cuya conservación ha motivado la declaración del LIC Cuenca del Río Manzanares, ni a los corredores entre lugares de Red Natura 2000 por causa del proyecto.
Además las actuaciones, que se sitúan en área zonificada como Zona P, «Áreas para ordenar por el planeamiento urbanístico», estarán sujetas al cumplimiento de la Ley 1/1985, de 23 de enero, de la Asamblea de Madrid, por la que se crea el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
4.2.7 Vías pecuarias, patrimonio cultural. Las obras necesarias para la ejecución del denominado ramal 2 afectarán al Cordel de Hoyo de Manzanares.
Para limitar las alteraciones sobre la vía pecuaria Cordel de Hoyo de Manzanares, se prevé la limitación de las zonas de obra en el entorno de la vía pecuaria, que deberá quedar debidamente jalonada y protegida de la ocupación innecesaria por las actividades de obra.
El Ayuntamiento de Torrelodones ha elaborado el proyecto Ejecución de paso inferior bajo la autovía A-6, e interconexión con la senda urbana en el que se plantea la conexión de las vías pecuarias Cordel del Hoyo de Manzanares y Cordel de Valladolid con una senda urbana proyectada por el Ayuntamiento. El tramo I de las conexiones previstas discurre a través del paso inferior bajo la A-6 cuya ejecución es objeto del proyecto.
El estudio de impacto ambiental indica que, en caso de aparición de restos arqueológicos como consecuencia de las obras, se deberá comunicar en el plazo de tres días naturales a la Dirección General de Patrimonio Histórico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
4.3 Seguimiento ambiental de las medidas propuestas. El estudio de impacto ambiental contempla un Programa de Vigilancia Ambiental con objeto de garantizar la correcta ejecución de las medidas protectoras y correctoras previstas, así como prevenir o corregir las posibles disfunciones en relación a las medidas propuestas o a la aparición de efectos ambientales no previstos.
Durante la fase de construcción el estudio prevé controles relativos a la minimización de la superficie alterada; la protección atmosférica; la conservación de suelo; la protección de la hidrología superficial y subterránea, el tratamiento y la gestión de residuos; la protección de la geomorfología, la vegetación, la fauna, los espacios protegidos, las condiciones de sosiego público, el patrimonio arqueológico, las vías pecuarias y el medio socioeconómico. Durante la fase de funcionamiento el estudio contempla el seguimiento de los niveles de ruido, la calidad del agua en el cauce del arroyo de la Encinilla, la restauración de las zonas utilizadas para localizar instalaciones auxiliares, la evolución de siembras y plantaciones, la estabilidad superficial de los taludes, etc.
5. Condiciones al proyecto
Para el desarrollo del proyecto, además de las medidas previstas en el estudio de impacto ambiental, algunas de las cuales se citan en el punto 4 de la presente resolución, y las asumidas por el promotor tras la información pública en su escrito de 20 de mayo de 2014, se deberán cumplir las siguientes condiciones:
5.1 Sólo se realizarán los trasplantes de los pies de encina que sea necesario afectar en el caso de que pueda garantizarse su viabilidad. Se plantarán tres unidades de encina por cada ejemplar afectado, con planta de vivero garantizada con altura mínima 1,50-1,75 cm con cepellón y se ejecutarán las labores necesarias para conseguir el adecuado desarrollo de la vegetación implantada durante al menos dos años. Análogamente, se repondrán los enebros de la miera afectados (Juniperus oxycedrus), con la misma proporción de tres unidades por uno, con cepellón y al menos 50-70 cm de altura. Estas plantaciones, así como las debidas a la compensación de la afección a superficie calificada como terrenos forestales, podría realizarse en las parcelas propuestas por el Ayuntamiento. No obstante, la elección del lugar, las plantaciones, las restantes labores selvícolas (poda, tala, desbroce, etc.) y el plan de restauración de las superficies afectadas por las obras deberán realizarse en coordinación con la Dirección del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y con el informe favorable de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. La superficie a reforestar como compensación, en torno a los 35.700 m2, se fijará definitivamente tras el acta de replanteo de las obras, utilizándose encinas de 1 ó 2 savias en envase forestal con una densidad mínima de plantación de 1.100 plantas/ha. Se realizarán reposiciones de marras durante los dos años siguientes a la plantación.
5.2 En las labores de desbroce y tala se prestara especial atención a la eliminación de los pies de ailanto (Ailanthus altíssima) existentes en la zona y a la posterior gestión de los residuos de los mismos para evitar la propagación de esta especie exótica invasora, atendiendo al protocolo de actuación que establezca la Dirección del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
5.3 Las obras de desbroce, movimiento de tierras, etc. de la margen derecha, incluidas las correspondientes al nuevo cauce del arroyo de la Encinilla, correspondientes a la fase 1, se realizarán fuera del periodo exigido por la Comunidad de Madrid (principios de marzo a finales de junio), pudiéndose acordar modificaciones del mismo teniendo en cuenta los hábitats faunísticos y las especies presentes en el área afectada, tras el informe favorable de la Dirección del Parque Regional.
5.4 La anchura definitiva de la reposición del Cordel de Hoyo de Manzanares deberá fijarse de acuerdo con el órgano competente de la Comunidad de Madrid.
5.5 La rectificación del cauce del arroyo de la Encinilla se realizará de acuerdo con lo proyectado (nuevo cauce de unos 150 m de longitud con sección triangular con 1,2 m de profundidad, pendiente de 0,04 m/m y capacidad máxima 1,483 m3/s) y de conformidad con la Confederación Hidrográfica del Tajo, ante la que deberán gestionarse las autorizaciones de obra pertinentes. Se prestará especial atención a los controles analíticos de la calidad del agua del arroyo aguas abajo de las actuaciones durante las obras y en los dos primeros años de funcionamiento, así como a la revegetación de las márgenes del cauce. El plan de restauración de las zonas afectadas por las obras incluirá la integración paisajística del arroyo de la Encinilla.
5.6 Las instalaciones auxiliares se localizarán en la parcela propuesta en el proyecto ubicada en la margen izquierda de la A-6, la obra no generará vertederos propios y los materiales de préstamo se obtendrán de explotaciones debidamente autorizadas. No se abrirán caminos nuevos. El plan de gestión de residuos del proyecto deberá detallarse y verificar su concordancia con el Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid 2006-2016 incluido en la Estrategia de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid (acuerdo de 18 de octubre de 2007 del Consejo de Gobierno). Se realizará el seguimiento analítico de todos los vertidos de la parcela de instalaciones auxiliares estableciendo los mecanismos necesarios de depuración para alcanzar los valores permitidos antes del vertido a la red de alcantarillado o a cauces o se procederá a la retirada de vertidos por gestor autorizado. En cualquier caso el vertido deberá ser autorizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
5.7 Se deberán cumplir los valores límites de ruido establecidos para cada área acústica en el anexo III del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, así como los establecidos en la legislación autonómica vigente. La maquinaria que se utilice durante las obras deberá cumplir el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. A tales efectos se realizarán mediciones in situ en la fase de explotación y caso de superarse los objetivos de calidad, se adoptarán las medidas de minimización necesarias para alcanzar los citados objetivos.
5.8 Se prestará especial atención al diseño de las luminarias de la margen derecha, especialmente en la zona de la rotonda y en las proximidades de las viviendas, al objeto de que la inclinación y dirección de las luminarias, las características del cierre y, en su caso, su apantallamiento, evite valores excesivos de flujo, de deslumbramiento o de intrusión lumínica que pudieran afectar a las viviendas o a la zona sin urbanizar del Parque Regional.
5.9 Además de las medidas de buenas prácticas ambientales para minimizar las molestias a la población durante la fase de obras (minimización de la producción de polvo, circulación restringida, control ruido, etc.) incluidas en el estudio de impacto ambiental, se realizará un análisis detallado de los accesos y los itinerarios de circulación de los vehículos de obra para minimizar la afección producida por el acceso de vehículos y de materiales a las obras.
5.10 Las actuaciones en la margen derecha estarán sujetas al cumplimiento de la Ley 1/1985, de 23 de enero, de la Asamblea de Madrid, por la que se crea el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
El promotor deberá incluir en los carteles anunciadores de las obras correspondientes al proyecto evaluado que se instalen sobre el terreno, la referencia del Boletín Oficial del Estado en el que se ha publicado esta declaración de impacto ambiental.
En consecuencia, el Secretario de Estado de Medio Ambiente, a la vista de la propuesta de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, formula declaración de impacto ambiental favorable a la realización del proyecto Paso inferior bajo la autopista A-6, área homogénea sur, término municipal de Torrelodones (Madrid) al concluirse que siempre y cuando se autorice en las condiciones anteriormente señaladas, que se han deducido del proceso de evaluación, no producirá impactos adversos significativos por quedar adecuadamente protegido el medio ambiente y los recursos naturales.
Lo que se hace público, de conformidad con el artículo 12.3 del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, y se comunica a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento para su incorporación al procedimiento de aprobación del proyecto.
Madrid, 15 de septiembre de 2014.–El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas.
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Declaración de impacto ambiental del paso inferior de la A6 por Torrelodones cc @biurrun74 @vxtorrelodones
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TRASVASES_MEDIOAMBIENTE
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Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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Declaración de impacto ambiental del paso inferior de la A6 por Torrelodones.
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2016-04-04
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BOE-B-2016-12548
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Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se anuncia la venta en subasta pública de vehículos y embarcaciones adjudicadas al Estado.
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<p class='parrafo'>Por acuerdo de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, se va a celebrar la subasta que se indica a continuación, ante la Mesa que se constituirá en el Salón de Actos 'Bahía' del Hotel Monte Puertatierra, sito en Avenida Andalucía, 34, de Cádiz, en primera y segunda convocatoria.</p>
<p class='parrafo'>Subasta 5/2016: vehículos y embarcaciones.</p>
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<p class='parrafo'>En la Delegación de Economía y Hacienda de Cádiz, Plaza de la Constitución, 1 de Cádiz, así como en la Sede de la Delegación de Economía y Hacienda en Jerez, Plaza de las Marinas, 1, se podrá retirar el pliego de condiciones de la subasta y la relación de los lotes con el tipo de licitación.</p>
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<p class='parrafo'>Plazo para presentar documentación: desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio hasta las 14 horas del día 6 de mayo de 2016, en las Delegaciones de Economía y Hacienda de Cádiz y Jerez de la Frontera.</p>
<p class='parrafo'>También se publica información sobre esta subasta en la página de internet: www.pnsd.msssi.es/Categoria4/bienes/home.htm</p>
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Mon Apr 04 06:33:55 +0000 2016
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Por acuerdo de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, se va a celebrar la subasta que se indica a continuación, ante la Mesa que se constituirá en el Salón de Actos 'Bahía' del Hotel Monte Puertatierra, sito en Avenida Andalucía, 34, de Cádiz, en primera y segunda convocatoria.
Subasta 5/2016: vehículos y embarcaciones.
Día de celebración: 26 de mayo de 2016, a las 11:00 horas.
En la Delegación de Economía y Hacienda de Cádiz, Plaza de la Constitución, 1 de Cádiz, así como en la Sede de la Delegación de Economía y Hacienda en Jerez, Plaza de las Marinas, 1, se podrá retirar el pliego de condiciones de la subasta y la relación de los lotes con el tipo de licitación.
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Lugar: En los lugares de depósito indicados en cada uno de los lotes.
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Plazo para presentar documentación: desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio hasta las 14 horas del día 6 de mayo de 2016, en las Delegaciones de Economía y Hacienda de Cádiz y Jerez de la Frontera.
También se publica información sobre esta subasta en la página de internet: www.pnsd.msssi.es/Categoria4/bienes/home.htm
Madrid, 22 de marzo de 2016.- Subdirector General de Gestión.
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Si quieres comprarte un coche barato de 2ª mano y vives en Cádiz, el 26/5 hay subasta de algunos decomisados #BOE
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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Subasta de vehículos y embarcaciones descomisado en Cadiz, los días 25, 26 y 27 de abril de 2016 en Cadiz.
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2016-12-28
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BOE-A-2016-12444
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Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se publica el resumen de la Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y de actividades del Consejo durante el ejercicio 2015.
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<texto>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El artículo 38, número 1, letra d), de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG), encomienda el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función de evaluar su grado de aplicación por los sujetos obligados. Para ello, elaborará anualmente una Memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por su parte el artículo 40 establece que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno habrá de elevar anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, aprobado por Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, señala en el artículo 6 que, en el ejercicio de sus funciones, el Consejo deberá regirse por los principios de transparencia y participación ciudadana, que se concretan, entre otras, en la siguiente disposición: «b) Tras su aprobación, un resumen de la memoria anual del Consejo será publicado en el “Boletín Oficial del Estado”. Se prestará especial atención a que resulte claramente identificable el nivel de cumplimiento por parte de los sujetos, entidades y órganos obligados de las disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Finalmente, en el artículo 12, letra c), señala el Estatuto que corresponde a la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno el ejercicio, entre otras, de la siguiente función: «c) Aprobar la memoria anual en la que se analice el grado de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y se proporcione información detallada sobre el cumplimiento de las obligaciones en ella previstas».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En su virtud, esta Presidencia resuelve remitir al «Boletín Oficial del Estado» para su publicación el resumen de la Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y de actividades del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno durante el ejercicio 2015 que fuera aprobada por la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno del citado Consejo en su 19.ª reunión, celebrada en Madrid, a las 9,30 horas del día 26 de septiembre de 2016 y que se adjunta como anexo único a la presente.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, 16 de diciembre de 2016.–La Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi Gutiérrez.</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO ÚNICO</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Consejo de transparencia y buen gobierno</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Memoria de cumplimiento de la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de actividades del organismo durante el ejercicio 2015</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>I. Evaluación del cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno durante el ejercicio 2015.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>I.1 Alcance.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG), la función evaluadora del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG):</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− Se refiere a su aplicación por todos los sujetos obligados, esto es, las Administraciones públicas, los restantes sujetos de derecho público y los sujetos de derecho privado comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− Se refiere al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la Ley, tanto en materia de publicidad activa como de acceso a la información y buen gobierno.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− Se refiere exclusivamente a la determinación del grado de aplicación de la Ley, lo que implica, en principio, una apreciación genérica del grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la misma por los sujetos involucrados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− Sus resultados habrán de recogerse en la Memoria que el organismo debe presentar anualmente a las Cortes Generales por lo que necesariamente se refiere al cumplimiento de la Ley durante el año anterior al de elaboración de dicha memoria.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No obstante, a la hora de determinar el alcance de la evaluación efectuada por el CTBG durante 2015, es preciso tener en cuenta la concurrencia de distintas circunstancias que han obligado a modular en varios sentidos la aplicación de los parámetros contemplados en la Ley:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. En lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones de buen gobierno, es necesario tener en cuenta que la LTAIBG, en el supuesto de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración General del Estado (en adelante AGE), atribuye la competencia para la imposición de las sanciones previstas al Consejo de Ministros o al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas –hoy de Hacienda y Función Pública– y la instrucción de los correspondientes expedientes a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) de este último Departamento y, en el supuesto de altos cargos de la Administración Local y Autonómica, a los órganos que, en cada caso, tengan atribuida la gestión del correspondiente régimen disciplinario.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Estos órganos, tanto la OCI como sus equivalentes autonómicos o los órganos de las CC.AA. o las Corporaciones locales competentes en materia de buen gobierno y conflictos de intereses están obligados a publicar e informar de los resultados de su gestión a los Parlamentos, Asambleas o Plenos correspondientes –en el ámbito de la AGE, la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, obliga a la OCI a elevar al Gobierno cada seis meses, para su remisión al Congreso de los Diputados, un informe sobre el cumplimiento por los altos cargos de las obligaciones de declarar, así como de las infracciones que se hayan cometido y de las sanciones que hayan sido impuestas–.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Así, para evitar duplicidades o incoherencias, parece aconsejable excluir de la función de evaluación del CTBG toda la materia de buen gobierno, tanto en el ámbito de la AGE como en el de las Administraciones autonómica y local.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Existe un grupo completo de sujetos obligados que no puede ser identificado de modo directo ni figura como tal en ninguna plataforma o registro de las Administraciones Públicas: las entidades privadas que reciben ayudas, subvenciones o financiación pública por encima del umbral económico marcado por la Ley.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La complejidad de abordar el proceso de identificación e individualización de estas entidades –especialmente con los medios actualmente disponibles por el CTBG– ha aconsejado excluir los datos relativos a las entidades privadas de la evaluación para 2015 y diferir a próximos ejercicios la medición de su nivel de cumplimiento de la Ley.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Contabilizando los tres niveles de Administración –central, autonómica y local–, a 1 de enero de 2015 existían en España casi 19.000 organizaciones y entidades públicas obligados por la Ley a los que habría que sumar las organizaciones privadas comprendidas en el ámbito subjetivo de la norma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El análisis exhaustivo de un universo de esta magnitud es difícilmente abordable sin recurrir a medios humanos y materiales muy superiores a los que figuran actualmente a disposición del CTBG. Por ello, en los casos de las organizaciones o entidades más numerosas, la evaluación se ha realizado en base a sistemas de muestreo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Las competencias en materia de transparencia y acceso a la información de las organizaciones e instituciones comprendidas en el ámbito de cobertura de la LTAIBG son competencias compartidas por el Estado y las Comunidades Autónomas (en adelante CC.AA.). Por otra parte, las Entidades integrantes de la Administración Local (en adelante EELL) tienen también reconocido legalmente un ámbito de autonomía en materias relacionadas con la gestión de la transparencia y la información a los ciudadanos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por ello, la evaluación del cumplimiento de la Ley por los sujetos de ámbito autonómico y local se abordado por este Consejo solicitando a las CCAA y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en aplicación de los principios de colaboración y cooperación institucional, una autoevaluación del nivel de cumplimiento de la Ley.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Para finalizar, hay que tener en cuenta que, en el ámbito de las CCAA y las EELL, la plena entrada en vigor de la Ley de Transparencia no se produjo hasta el 10 de diciembre de 2015, a diferencia del caso de la Administración General del Estado, en la que la Ley entró en vigor el 10 de diciembre de 2014.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>I.2 Metodología.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dado que en España, en estos momentos, no existe una metodología de evaluación de la transparencia adaptada específicamente a la Ley y susceptible de ser aplicada y asumida por todos los sujetos implicados, el CTBG ha debido desarrollar una metodología específica para efectuar la evaluación del cumplimiento de la Ley.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El deseo de abordar la elaboración de esta metodología con el menor coste presupuestario y el adecuado nivel de calidad aconsejó al Consejo recurrir durante 2015 a la colaboración de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), organismo encargado de la evaluación de políticas públicas en el ámbito de la AGE.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La colaboración se formalizó a través de un convenio suscrito por ambos organismos, firmado en 2016 y sin contrapartidas económicas, que ha dado origen a la metodología de evaluación empleada en la presente memoria referida a 2015 y que, a partir de 2016, permitirá disponer de una metodología completa aplicable por los organismos garantes de la transparencia y el acceso a la información en el ámbito autonómico y por el resto de organismos o instituciones públicas obligados al cumplimiento de la Ley.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La metodología consta de tres fases:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− Determinación de los catálogos de obligaciones de la Ley.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− Recogida de datos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− Evaluación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Su aplicación a los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley se ha realizado agrupando éstos en los siguientes grupos de tratamiento:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Grupo I. Órganos constitucionales, de relevancia constitucional y órganos independientes de ámbito estatal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Grupo II. AGE y organismos vinculados y dependientes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Grupo III. Fundaciones, corporaciones, consorcios y sociedades mercantiles de ámbito estatal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Grupo IV. CC.AA., organismos vinculados y dependientes y sector público autonómico</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Grupo V. EELL, organismos vinculados y dependientes y sector público local.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el caso de los Grupos I, II y III, la clasificación se ha establecido en atención a que la LTAIBG no ha establecido un catálogo homogéneo de obligaciones para todos los sujetos involucrados sino que ha establecido obligaciones diferentes para cada una de estas clases o categorías.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el caso de los Grupos IV y V, se han establecido grupos de tratamiento diferenciados en atención en que la evaluación se ha realizado por los propios sujetos obligados o por una asociación representativa de estos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por lo que se refiere al contenido de la metodología de evaluación y a los indicadores empleados en la medición, son diferentes en el ámbito de la publicidad activa y en el del acceso a la información.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. En el ámbito de la publicidad activa, se ha tomado como unidad de análisis la publicación de los datos o informaciones enumerados por la LTAIBG con carácter obligatorio en la página web del sujeto obligado o en el portal electrónico de la correspondiente Administración Pública y se ha medido el cumplimiento de los requerimientos de la Ley en base a los siguientes indicadores:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Publicación: Evalúa si la información se ha publicado en la web institucional del sujeto obligado, en el portal electrónico de la Administración Pública correspondiente o en ambos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Integridad: Evalúa si la información publicada recoge íntegramente todos los datos requeridos por la Ley.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Presentación: Evalúa si el acceso a la información se identificada con un banner, botón o epígrafe específico, identificado como «transparencia» o «información e transparencia».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Forma: Evalúa si la información se publica en forma directa –esto es, directamente en la página o portal de que se trate o mediante un vínculo directo al sitio en que aparece publicada– o si, por el contrario, lo que figura en la página o el portal es simplemente un vínculo a una base de datos o plataforma centralizada de la Administración o cualquier organismo público donde el usuario debe buscar los datos concretos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Características:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Estructuración: Evalúa si la información aparece agrupada y organizada en un único lugar del soporte electrónico correspondiente o, por el contrario, aparece dispersa en diversos lugares y es necesario para reunirla que el usuario realice una navegación a lo largo del sitio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Accesibilidad: Evalúa la facilidad de acceso a la información en términos del número de clicks necesarios para acceder a ella desde la página home o inicio de la web o portal correspondiente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Claridad: Evalúa si la información se publica acompañada o no de informaciones complementarias en forma de documentos explicativos, fichas, gráficos, infografías o tablas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Actualización: Evalúa si junto con la información se publican las datas, fechas o registros temporales necesarios para determinar el período a que corresponden.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Reutilización: Evalúa si la información se publica o no en un soporte susceptible de reutilización por medios automáticos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En el ámbito del acceso a la información, se han tomado como unidades de análisis los servicios o unidades de transparencia, información o atención al ciudadano de las distintas Administraciones y entidades públicas obligadas y se ha medido el número de solicitudes de información pública presentadas por los ciudadanos, el número de solicitudes resueltas, el número de resoluciones estimatorias, desestimatorias y de inadmisión y el número de solicitudes pendientes.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>I. 3 Percepción y respuesta ciudadana.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cualquier evaluación del primer año de cumplimiento de la LTAIBG por nuestras instituciones públicas no quedaría completa sin valorar el impacto en la ciudadanía de las nuevas medidas legislativas y los valores propios de la transparencia, la información pública y la rendición de cuentas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El CTBG ha valorado resumidamente el impacto ciudadano de la Ley de Transparencia, concretándola en el análisis de dos indicadores fundamentales:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− El grado de conocimiento de la Ley y su valoración por los ciudadanos (percepción ciudadana).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− El nivel de respuesta de la ciudadanía a los distintos instrumentos y herramientas establecidos por la misma (respuesta ciudadana).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para la medición del primero de estos indicadores, el CTBG ha propiciado la incorporación a la encuesta anual sobre calidad de los servicios públicos, que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) por encomienda de la AEVAL, de algunas cuestiones sobre la LTAIBG y los instrumentos jurídicos que proporciona a la ciudadanía.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para la medición del segundo se han utilizado los datos de uso del Portal de la Transparencia de la AGE, gestionado por el Ministerio de la Presidencia –hoy de Presidencia y Administraciones Territoriales–, junto con los datos de actividad del Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de Madrid y de los portales o páginas web de algunos países de nuestro entorno (Reino Unido, México, Chile)</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>I.4 Resultados de la evaluación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>I.4.1 Generales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Regulación de la transparencia y el derecho a saber.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El primer punto que hay que destacar es el avance positivo que ha supuesto la LTAIBG y su entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>España era, junto a Malta y Chipre, el único país del entorno europeo que no contaba con regulación específica que amparara la transparencia en la gestión pública y el derecho a saber. Es cierto, como señala la Exposición de Motivos de la Ley de Transparencia que, antes de la publicación de esta, ya existían en nuestro ordenamiento jurídico normas sectoriales que contenían obligaciones concretas de publicidad activa para determinados sujetos. Y también es cierto que el acceso a la información pública se encontraba regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su modalidad de acceso singular o individualizado de los interesados a los procedimientos que les afectan. Pero estas eran regulaciones específicas, de alcance restringido, que se encontraban dispersas en legislaciones separadas y no satisfacían por completo las exigencias sociales y políticas de la España del siglo XXI.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Ley de Transparencia ha venido a superar estas deficiencias, a colmar el vacío legislativo existente y a avanzar y profundizar en el tratamiento de las obligaciones de publicidad activa, que se generalizan a un amplio número de sujetos además de a las Administraciones públicas (por ejemplo, la Casa de SM el Rey) y en el régimen del derecho de acceso, que pasa a ser universal y a ser ejercido sin legitimación especial ni motivación expresa. Consecuentemente, su entrada en vigor ha de ser valorada como un paso adelante en el proceso de regeneración democrática de las instituciones públicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Es de destacar que la Ley ha supuesto además la implementación de todo un subsistema normativo nuevo en nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, en el ámbito de las Administraciones territoriales; en segundo lugar, desde una perspectiva transversal, pues la cultura de la transparencia y la información pública se han incorporado como contenido propio a la mayor parte de las iniciativas normativas y las políticas y programas públicos iniciados durante 2015.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Baste señalar como ejemplo las distintas medidas relacionadas con la transparencia y sus valores que han incorporado las nuevas Leyes de Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico del Sector Público, aprobadas en 1 de octubre de 2015: expresa incorporación de la transparencia y el servicio al ciudadano a los principios de funcionamiento de las Administraciones públicas; impulso de la administración electrónica; establecimiento del registro nacional de convenios e instrumentos de cooperación; establecimiento del inventario de entidades públicas; nueva regulación de la audiencia al ciudadano en los procedimientos administrativos; establecimiento de las consultas previas en los procedimientos de elaboración normativa, etc…</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Nivel de cumplimiento.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A nivel genérico y a juicio de este Consejo, el cumplimiento de la Ley de Transparencia por los sujetos obligados ha sido durante 2015 más que aceptable, máxime teniendo en cuenta que la transparencia en la actividad de las instituciones públicas y todo lo que la misma implica es una novedad en nuestro sistema jurídico-político, que se trata de una materia que reclama transformaciones profundas de actitudes y comportamientos y que se trata del primer año de aplicación de la Ley.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Publicación de la información disponible y facilidad para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En materia de publicidad activa, hay que señalar que, si bien se ha dado un alto grado de cumplimiento de la obligación de publicar los contenidos de la LTAIBG, el cumplimiento de las obligaciones complementarias o formales que impone también la norma en materia de publicación de la información (claridad, accesibilidad, actualización, reutilización, etc…) es muy mejorable, especialmente desde el punto de vista de la utilización y comprensión de la misma por personas no especializadas y legas en materia de derecho administrativo y organización de las instituciones públicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Es evidente que una de las razones fundamentales de esta situación es que la práctica totalidad de las obligaciones relativas a las cualidades que debe cumplir la información implica necesariamente la realización de modificaciones estructurales en los sistemas de información, las páginas webs y los procesos tecnológicos y que estas modificaciones requieren ordinariamente inversiones en recursos vinculados con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), difíciles de abordar en momentos como el presente. No obstante, a criterio de este Consejo, es necesario hacer lo posible por abordarlas en el corto y a medio plazo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Percepción y respuesta ciudadana.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Transcurridos casi dos años desde publicación de la Ley de Transparencia, la mitad de los ciudadanos desconocen su existencia y, los que la conocen, ignoran en buena medida su contenido esencial. Por otra parte, los ciudadanos sienten una gran desconfianza respecto de la eficacia de la Ley para modificar y contribuir a implantar efectivamente la cultura de la transparencia. Finalmente, el nivel de utilización de las herramientas establecidas en la Ley para las consultas de publicidad activa y las solicitudes de acceso a la información ha sido muy bajo durante el ejercicio 2015.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esta situación es más clara en el terreno del derecho a saber que en el de la publicidad activa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A juicio de este Consejo, las causas de esta situación son diversas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− Falta de divulgación: No ha existido, en opinión del Consejo, una fuerte campaña de información ni de publicidad que preparara a los ciudadanos, titulares de los derechos a la transparencia activa y pasiva, para conocer y ejercer los derechos y facultades previstos en la Ley.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− Decalaje en la entrada en vigor de la Ley: El decalaje en la entrada en vigor de la norma para CC.AA. y EELL –que viene avalado sin duda por la necesidad de realizar las adaptaciones normativas y de procesos requeridos para el cumplimiento de la Ley– ha tenido como consecuencia negativa que, para el conjunto del territorio y la ciudadanía en general, no ha existido una conciencia de la llegada de la transparencia a los españoles hasta dos años después de la publicación de la Ley.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− Déficit de formación: Salvo en lo referente a los empleados públicos, respecto de los cuales –especialmente de los destinados en oficinas de atención al ciudadano y servicios de información al público– sí se ha realizado un esfuerzo, la aprobación de la Ley no ha venido acompañada de ninguna medida específica de formación destinada al personal docente, a los profesionales, a los alumnos de centros de enseñanza o a la ciudadanía en general respecto de los contenidos de aquélla y de las herramientas que pone a disposición del ciudadano.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>I.4.2 Por grupos de tratamiento.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Grupo I.–Órganos constitucionales, de relevancia constitucional y órganos independientes de ámbito estatal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Durante 2015 las entidades de ámbito estatal del Grupo I –la Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo Económico y Social, además del Banco de España y de las entidades de derecho público con independencia funcional o especial autonomía que tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo– han cumplido adecuadamente durante 2015 las obligaciones de la LTAIBG.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el ámbito de la publicidad activa han cumplido en un porcentaje significativo las obligaciones materiales de la Ley e incluso han publicado datos o informaciones no comprendidas en el mínimo obligatorio. No obstante, a juicio de este Consejo. Sería conveniente avanzar en los aspectos formales, especialmente en lo que se refiere a los requisitos de claridad, actualización y reutilización.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el ámbito del acceso a la información, la atención a las solicitudes presentadas por los ciudadanos ha sido eficaz y ajustada a los requerimientos de la Ley. En la mayor parte de los portales o páginas web se han establecido canales para la presentación telemática de solicitudes de derecho de acceso a la información pública, obviamente sin perjuicio de la presentación de solicitudes de manera presencial o por correo postal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Grupo II.–AGE y organismos vinculados y dependientes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En 2015, tanto la AGE como sus organismos vinculados y dependientes, han publicado la mayor parte de los datos e informaciones sometidos a publicidad activa por la LTAIBG y han dado respuesta a los ciudadanos, tramitando las solicitudes de acceso a la información pública planteadas eficazmente y con arreglo a las previsiones legales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La AGE, con recursos propios y en un tiempo record, ha puesto en funcionamiento el Portal de Transparencia a que se refiere el art. 10 de la Ley, incorporando al mismo más de 1,3 millones de registros de información y enlazando a todos los Departamentos ministeriales y las principales bases de datos centralizadas de las Administraciones Públicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Igualmente, ha establecido y dotado de medios humanos y materiales una estructura organizativa encargada de gestionar las solicitudes de acceso a la información, constituida por la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información (OTAI) del Ministerio de Presidencia y las unidades especializadas previstas en el art. 24 de la LTAIBG –las Unidades de Información y Transparencia (UITS) de los distintos Departamentos ministeriales–. Así mismo, se han establecido, además, los procedimientos electrónicos necesarios para tramitar eficazmente estas solicitudes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por otra parte –y también sin práctico incremento del gasto público–, ha puesto en funcionamiento este CTBG como órgano independiente encargado de velar por la aplicación de la Ley, controlar el cumplimiento de las obligaciones de los Departamentos ministeriales y otros órganos de la AGE y de resolver en vía administrativa las reclamaciones formuladas por los ciudadanos respecto de las resoluciones adoptadas por estos últimos en materia de acceso a la información pública.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Desde este punto de vista, el cumplimiento de las previsiones de la LTAIBG por la AGE y sus organismos vinculados y dependientes ha de evaluarse positivamente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Ello no obstante existen algunos factores necesitados de mejora. Tres de ellos se refieren al ámbito de la publicidad activa y el último al del acceso a la información.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A. Publicación de la información en las páginas web de los Departamentos y en el Portal de Transparencia.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La LTAIBG permite que la información sujeta a publicidad activa de los órganos y entidades de la AGE se publique en dos lugares diferentes: la web o sede electrónica del órgano o entidad correspondiente y/o la sede del Portal de Transparencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La obligación principal se refiere a la publicación de la información en la web del organismo, siendo la réplica de la información en el Portal de la Transparencia una solución facilitadora que busca proporcionar al ciudadano un punto único de acceso y aliviarle de la carga de conocer previamente la estructura orgánica de la Administración para saber a qué órgano o entidad le corresponde publicar los datos o informaciones que desea consultar.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No obstante, la literalidad de la Ley no recoge exactamente esta configuración, aunque tampoco la prohíbe. La indefinición de la Ley ha provocado un cierto confusionismo y hasta ha posibilitado la interpretación contraria, es decir, que se sostenga que lo decisivo para el cumplimiento de la obligación es la publicación de la información en el Portal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La decisión por un criterio u otro no es baladí, especialmente desde el punto de vista de la responsabilidad. Si se entiende que la obligación principal es la publicación en la web o sede del organismo o entidad, la responsabilidad corresponderá a éste; si se entiende que lo decisivo es la publicación en el Portal, la responsabilidad corresponderá a los gestores de éste.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A juicio de este Consejo, el esclarecimiento de esta cuestión resulta decisivo y debería decantarse en el sentido de la preferencia de la publicidad en las páginas web de los Departamentos u órganos de la AGE para evitar el desconcierto del ciudadano y facilitar el ejercicio de las facultades de control de este organismo sobre posibles incumplimientos de las obligaciones de publicidad.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>B. Responsabilidad en casos de información centralizada.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tanto en el Portal de Transparencia como en las web de los Departamentos y órganos de la AGE se observa una abundancia del recurso de vincular el acceso a la información a la búsqueda en bases centralizadas de información (plataformas de contratación, información de ayudas y subvenciones, órganos de fiscalización y control externo, sistemas de contabilidad pública, etc…). A juicio de este CTBG esta situación debería mejorarse pues puede incidir negativamente en la facilidad y claridad de las consultas del ciudadano y plantea nuevamente el problema de la responsabilidad en caso de incumplimiento de la Ley.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>C. Claridad y comprensión de la información.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se observa tanto en las web como en el Portal de Transparencia una ausencia casi general de información complementaria o explicativa de los datos que se publican.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Abundan las referencias jurídicas o las estadísticas sin explicación alguna que hacen que su lectura sea prácticamente indescifrable para la ciudadanía. No se encuentran explicaciones asociadas a conceptos complejos y de carácter técnico –encomiendas de gestión, contratos menores o armonizados, negociados sin publicidad, reglamentos, directivas, resoluciones, modificados, ampliaciones, suplementos etc…– ni existe información visual, resúmenes gráficos o infografías que ayuden la comprensión de los datos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En general, la terminología y los conceptos utilizados resultan muy alejados de los usos cotidianos y corrientes, sin que exista un glosario o diccionario de términos técnicos que facilite la comprensión del lenguaje jurídico por quien no es experto ni asocie los términos y expresiones afines en orden a facilitar el resultado exitoso de las búsquedas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esta situación, unida a la abundancia de datos en soporte pdf –imágenes y no documentos– generan dificultades para el ciudadano en el uso de los motores de búsqueda o buscadores establecidos por los propios portales de las Administraciones Públicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A juicio de este CTBG, la situación es manifiestamente mejorable desde el punto de vista de la claridad y debería abordarse a corto plazo. Debe recordarse que datos no son lo mismo que información y que, en este terreno, la cantidad de información no siempre es el elemento de referencia, ya que no es igual buscar que encontrar.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>D. Identificación electrónica.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el ámbito de la AGE el ejercicio por medios electrónicos del derecho de acceso a la información solo es posible, como en el resto de los procedimientos, mediante la identificación y firma electrónica del interesado a través del Sistema Cl@ve, gestionado por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –hoy Secretaría General de Administración Digital– de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas –hoy de Función Pública–. Así lo tiene previsto la aplicación GESAT, implementada en el Portal de Transparencia, que canaliza la tramitación electrónica de las solicitudes de acceso dirigidas por los ciudadanos a los órganos de la AGE.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Desde los momentos iniciales de funcionamiento de GESAT, este sistema de identificación y firma ha sido criticado tanto en los medios de comunicación (electrónicos y en papel) como en el ámbito parlamentario, las organizaciones ciudadanas y los ciudadanos en general.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las principales críticas realizadas pueden resumirse como sigue:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– El sistema es complejo en cualquiera de sus modalidades.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– El sistema dificulta la actuación electrónica de las personas jurídicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– El sistema discrimina a las personas extranjeras, que carecen de DNI o certificados electrónicos admitidos en la Unión Europea.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Este CTBG comparte estas críticas y considera que Cl@ve puede resultar de uso difícil para los ciudadanos y que es percibido por estos y sus organizaciones como una traba o un obstáculo innecesario al ejercicio del derecho de acceso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Hay que tener en cuenta que la LTAIBG no establece en ningún lugar de su articulado la identificación y firma a través de certificados electrónicos o claves concertadas como requisito necesario para la presentación electrónica de solicitudes. Por otra parte, si se acude a la normativa internacional en materia de acceso a la información pública, se observa en los países europeos una gran facilidad en los requisitos de acceso. Así mismo sucede en el ámbito autonómico, en que algunas CC.AA. no exigen certificado electrónico para acceder a la información, y en el caso de la mayoría de los órganos constitucionales o de relevancia constitucional.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A juicio de este Consejo, sería necesario sustituir el Sistema Cl@ve –al menos en el ámbito del procedimiento de acceso a la información pública– por algún otro sistema de identificación y firma de utilización más sencilla y que, reuniendo las necesarias garantías, no pueda ser considerado por los ciudadanos como una traba para el ejercicio de sus derechos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Grupo III.–Fundaciones, corporaciones, consorcios y sociedades mercantiles de ámbito estatal.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En general, durante el ejercicio 2015, la práctica totalidad de las instituciones y organismos de este grupo han adoptado medidas en cumplimiento de la LTAIBG, circunstancia que debe valorarse positivamente desde el punto de vista de la aplicación de la Ley. Igualmente, debe valorarse positivamente la respuesta dada por las entidades y organismos a las peticiones de información que les ha dirigido este CTBG con motivo de la evaluación de cumplimiento de la Ley.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Ahora bien: Analizando detalladamente las medidas adoptadas, se observa un gap entre el cumplimiento de la Ley en materia de publicidad activa y el cumplimiento en materia de derecho a la información.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En materia de publicidad activa, prácticamente no se han adoptado medidas específicas por las instituciones y organismos examinados, que han mantenido sus portales y páginas webs en el estado en que se hallaban con anterioridad a la publicación de la LTAIBG, sin modificaciones o desarrollos adicionales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esta situación está justificada, por un lado, en la percepción de que los mencionados sites (normalmente dotados de motores potentes y altos estándares de calidad, por tratarse de empresas mercantiles o entidades de carácter comercial, industrial o financiero) cumplen suficientemente las exigencias de la Ley y, por otro, en la dificultad de realizar inversiones cuantiosas en soportes o estructuras tecnológicas que cumplen sobradamente sus finalidades. Ello no obstante este CTBG considera que los portales del sector público deben ser objeto de mejora, especialmente en relación con los aspectos presupuestarios y la contabilidad y en materia de presentación, accesibilidad, claridad, estructuración, etc…</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En materia de derecho a la información, la práctica totalidad de los entes y organismos examinados han establecido procesos de gestión adecuados y ajustados a los requisitos de la Ley. Las responsabilidades en materia de transparencia y acceso a la información han sido atribuidas mayoritariamente a los servicios jurídicos de los organismos examinados, lo que parece indicar una especial preocupación por la aplicación correcta de la normativa relativa al derecho de acceso, especialmente en lo referente a sus límites y a la protección de datos de carácter personal.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Grupo IV.–CC.AA., organismos vinculados y dependientes y sector público autonómico.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La mayoría de las CC.AA. que no habían aprobado su propia legislación en materia de transparencia e información pública con anterioridad a la Ley estatal han aprobado durante 2015 sus leyes de desarrollo de la normativa básica del Estado, y las que contaban con normativa propia han procedido a adaptarla a las bases fijadas por la Ley de Transparencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Además han procedido a establecer sus propios organismos independientes, garantes de la transparencia y el acceso a la información pública en sus territorios, bien encomendando sus funciones a instituciones preexistentes o suscribiendo los convenios de colaboración con el Consejo que prevé la disposición adicional 4.ª de la Ley de Transparencia en defecto de las soluciones anteriores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Desde este punto de vista, el cumplimiento de la Ley ha sido positivo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Respecto de las concretas obligaciones de publicidad activa y en materia de acceso a la información que establece la LTAIBG, hay que señalar que:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− La respuesta dada por las CC.AA. a las peticiones de información del CTBG ha sido muy favorable y se han establecido canales adecuados de cooperación y colaboración institucional.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− La plena exigencia de las obligaciones establecidas no se ha producido para las CC.AA hasta el 10 de diciembre de 2015, de modo que, teniendo en cuenta la fecha de cierre de esta memoria, el período de aplicación plena de la Ley ha sido muy breve.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− En este reducido período de 2015, los resultados de las autoevaluaciones practicadas coinciden prácticamente con los observados respecto de los otros grupos de sujetos obligados: un adecuado nivel de cumplimiento de las exigencias legales en materia de acceso a la información y, a nivel cuantitativo, también en materia de publicidad activa. A nivel cualitativo (requisitos técnicos de la publicación), algunos de los resultados ofrecidos pueden ser mejorados.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Grupo V.–EELL, organismos vinculados y dependientes y sector público local.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Desde el punto de vista del desarrollo normativo, hay que señalar que, ya desde el año 2014 y a lo largo de 2015, varias EELL de mediano y gran tamaño han aprobado normas sobre transparencia y acceso a la información y que la FEMP ha aprobado una Ordenanza Tipo de Transparencia para ayudar a la implantación normativa de esta materia en las Entidades de menor tamaño. Aunque dado el carácter básico de la LTAIBG, las EELL pueden cumplir las obligaciones establecidas en ella sin necesidad de aprobar una Ordenanza de transparencia, ambas circunstancias han de valorarse positivamente desde el punto de vista del cumplimiento de la Ley.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Ahora bien, a criterio de este CTBG, la implantación de la LTAIBG en el ámbito local –especialmente en el caso de las entidades de pequeño o mínimo tamaño– no requiere solo de un adecuado desarrollo normativo sino que exige un importante cambio organizativo de los medios económico-presupuestarios, materiales y humanos al servicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas. Tomando en consideración la compleja estructura de la Administración local española –con un altísimo porcentaje de entidades de pequeño tamaño–, el resultado es que un importante número de EELL de nuestro país carecen de los medios necesarios para implantar la Ley.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Es cierto que las Diputaciones Provinciales y las CC.AA. realizan una labor de cooperación y asistencia –especialmente en el ámbito tecnológico– respecto de las Entidades de su territorio y que la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (hoy de Función Pública) ha suscrito un convenio de colaboración con la FEMP para suministrar gratuitamente a las EELL que lo deseen un servicio «en la nube» de construcción de portales electrónicos de transparencia. Pero es evidente que estas medidas no pueden sustituir plenamente la necesaria reforma organizativa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Desde este punto de vista, y como conclusión de carácter genérico, puede decirse que a 31 de diciembre de 2015 solo las EELL de mayor tamaño han cumplido adecuadamente las obligaciones establecidas en la Ley.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por lo demás, y ciñéndonos al ámbito de estas últimas y al cumplimiento de las concretas obligaciones de publicidad activa y en materia de acceso a la información que establece la LTAIBG, hay que señalar que:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− Tal y como sucedía en el caso de las CC.AA., la plena exigencia de las obligaciones establecidas no se ha producido para las CC.AA. hasta el 10 de diciembre de 2015, de modo que, teniendo en cuenta la fecha de cierre de esta memoria, el período de aplicación plena de la Ley ha sido muy breve.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− Igualmente y tal y como se decía en relación con las CC.AA., en este reducido período, los resultados ofrecidos por la FEMP coinciden prácticamente con los observados respecto de los otros grupos de sujetos obligados: un adecuado nivel de cumplimiento de las exigencias legales en materia de acceso a la información y, a nivel cuantitativo, también en materia de publicidad activa.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>II. Actividades del CTBG durante el ejercicio 2015.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las actuaciones realizadas por el Consejo desde su constitución hasta el 31 de diciembre de 2015 aparecen estructuradas en la Memoria alrededor de los ocho ejes de actuación señalados en el Plan Estratégico 2015-2020 del CTBG con sus correlativos retos y objetivos estratégicos: ACTIVA, RESUELVE, COLABORA, INTERPRETA, SUPERVISA, FORMA, COMUNICA y RINDE. Además el documento da cuenta también de la actividad desarrollada por el órgano colegiado del organismo, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, durante el mismo período.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Comisión se constituyó el 19 de enero de 2015 en el Senado, con la presencia del Presidente de la Cámara, la Vicepresidenta del Gobierno, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y el Presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Además de D.ª Esther Arizmendi Gutiérrez, Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, los miembros iniciales de la Comisión fueron:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– D.ª Pilar Cortés Bureta, Diputada, a propuesta del Congreso de los Diputados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Jokin Bildarratz Sorron, Senador, a propuesta del Senado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– D.ª María José de la Fuente y de la Calle, Consejera del Tribunal de Cuentas, a propuesta del mismo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– D. José Manuel Sánchez Saudinós, Secretario General del Defensor del Pueblo, a propuesta de éste.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– D. Agustín Puente Escobar, Abogado del Estado Jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta de la citada Agencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– D.ª María Pía Junquera Temprano, Directora General de Organización Administrativa y Procedimientos, representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– D. José Luis Martínez-Almeida Navasqües, Director de la División Jurídico Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) a propuesta de ésta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– D. Francisco Javier Amorós Dorda, Subdirector General de Transparencia y Buen Gobierno, que actúa como Secretario.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La composición inicial de la Comisión ha sido alterada en 2015 en dos ocasiones. El 8 de mayo, el Sr. Martínez-Almeida Navasqüés perdió la condición de miembro al cesar a petición propia en el cargo de director de la división jurídico-institucional de la AIREF y fue sustituido por D. Diego Pérez Martínez, su sustituto en el cargo. Y el 27 de octubre, perdió la condición de Vocal la Sra. Cortés Bureta al cesar como Diputada debido a la disolución de las Cortes Generales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Durante el año 2015, la Comisión se ha reunido en 13 ocasiones. Las actas de las reuniones pueden consultarse en la web institucional del CTBG.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Eje ACTIVA.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El CTBG, en su condición de organismo público que actúa con plena autonomía e independencia en el cumplimiento de sus fines, debe resolver y atender por sí mismo y con sus propios medios y recursos todas aquellas cuestiones de índole presupuestaria, patrimonial, organizativa y administrativa que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, gestionar sus recursos humanos y materiales además de establecer la estructura orgánica y los flujos y procesos de trabajo precisos para que su administración interna sea lo más ágil, eficiente y eficaz posible.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el EJE ACTIVA del Plan Estratégico se agrupan las actuaciones del CTBG para la puesta en marcha de su actividad y la organización de su estructura y funcionamiento interno.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Durante 2015, su primer año de funcionamiento, estas actuaciones han ocupado un importante esfuerzo al organismo, especialmente en lo referente a la puesta en marcha de su organización, que, al ser de nueva creación, había que estructurar partiendo de cero.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Eje RESUELVE.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En torno al EJE RESUELVE del Plan Estratégico se agrupan las actuaciones correspondientes a la tramitación y resolución de las reclamaciones formuladas por los ciudadanos respecto de las denegaciones expresas o presuntas (silencio administrativo) de sus solicitudes de acceso a la información por parte de los Ministerios y organismos de la AGE. Así mismo se incluyen las actuaciones de tramitación y contestación de las restante iniciativas ciudadanas: peticiones de información, consultas, quejas, sugerencias, etc…</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El CTBG ha tramitado durante 2015 un total de 982 iniciativas de los ciudadanos. Centrándonos en las reclamaciones, durante 2015 se han presentado 517. Es de destacar que, a lo largo del año, se ha ido produciendo una aceleración en el ritmo de presentación de las solicitudes, que se intensifica especialmente en el último trimestre. Este comportamiento constituye un indicador positivo de la influencia de las actividades de difusión y sensibilización que ha ido realizando a lo largo del ejercicio el Consejo y los órganos administrativos responsables del acceso a la información.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El sentido de las citadas 517 resoluciones ha sido el siguiente:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Archivadas: 8 (1,93%).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Inadmitidas por falta de competencia del CTBG u otros motivos: 153 (36,87%).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Desestimadas: 158 (38,07%).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Estimadas: 96 (23,13%).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Eje COLABORA.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El EJE COLABORA del Plan Estratégico engloba las actividades y medidas emprendidas por el CTBG en el ámbito de la cooperación y la colaboración institucional.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Durante 2015, en esta materia, el Consejo ha realizado actuaciones de cooperación y colaboración en tres niveles distintos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– CC.AA. y EELL.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Organismos Internacionales (Red Iberoamericana de Autoridades de Transparencia - RTI y red de Comisionados europeos de Transparencia y Acceso a la Información).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Organizaciones representativas y asociaciones ciudadanas (Transparencia Internacional España, Access Info Europe, Fundación CIVIO, Asociación ACREDITRA, etc…)</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Eje INTERPRETA.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En torno al EJE INTERPRETA del plan estratégico se agrupa la actividad del CTBG en cuanto a la interpretación de la LTAIBG. La acción del organismo en este ámbito tiene como objetivo aclarar y fijar los contenidos y el alcance de las disposiciones incluidas en la Ley.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En este marco, y entre otras actuaciones, el CTBG ha aprobado en 2015 los siguientes criterios de interpretación uniforme de la LTAIBG:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>01. Obligaciones del sector público estatal de facilitar información sobre RPT y retribuciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>02. Aplicación de los límites al derecho de acceso a la información.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>03. Alcance de las obligaciones de transparencia de las entidades privadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>04. Publicidad activa sobre los datos del DNI y la firma manuscrita.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>05. Actuación ante solicitudes de información complejas o voluminosas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>06. Causas de inadmisión de solicitudes de información: información auxiliar o de apoyo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>07. Causas de inadmisión de solicitudes de información que requieran para su divulgación una acción previa de reelaboración.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>08. Aplicación de la disposición adicional 1ª de la Ley sobre regulaciones especiales del derecho de información.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>09. Actuación del órgano o unidad responsable cuando se solicite información ya objeto de publicidad activa.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De acuerdo con el Estatuto del CTBG, aprobado por Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, todos estos criterios se han elaborado con el informe favorable de la Comisión y, de acuerdo con la LTAIBG, en el caso de los números 1, 2 y 4, se han formulado conjuntamente con la AEPD por afectar a cuestiones relacionadas con el derecho a la protección de datos de carácter personal.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Eje SUPERVISA.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El EJE SUPERVISA del Plan Estratégico incorpora las actuaciones del CTBG en materia de evaluación y control del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la LTAIBG.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En este ámbito las principales actuaciones realizadas por el CTBG han sido las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− Establecimiento en colaboración con la AEVAL de una metodología de evaluación del cumplimiento de la LTAIBG por los sujetos obligados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− Evaluación del cumplimiento de la Ley durante 2015 con realización de «mapeos» de cumplimiento por: A) AGE y organismos dependientes y vinculados; B) Órganos constitucionales y de relevancia constitucional y organismos públicos de regulación especial; C) Sector público estatal; D) CC.AA. y sector público autonómico y E) EELL y sector público local.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− Establecimiento de un buzón para las denuncias y alertas de las asociaciones y responsables de la sociedad civil y ciudadanos –[email protected]– y tramitación de las denuncias formuladas (un total de 26, 17 de ellas referidas al ámbito de competencias de este Consejo).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Eje FORMA.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El EJE FORMA del Plan Estratégico del Consejo agrupa las acciones de éste en materia de formación y sensibilización.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La LTAIBG encomienda al Consejo la misión de promover actividades en estas materias, en el ámbito tanto de las Administraciones Públicas como de la sociedad en general, para el mejor conocimiento y con el objeto de propiciar y gestionar el cambio organizativo y cultural que supone la implantación de la transparencia en la actuación de las organizaciones públicas</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las principales actividades desarrolladas durante 2015 en este ámbito por el Consejo son las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− Plan de Formación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− Colaboración con Universidades –Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Universidad Complutense de Madrid (UCM), Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Alcalá (UAH), Universidad Carlos III y Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)–.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− Jornadas de sensibilización. La primera de ellas tuvo lugar el 25 de junio de 2015 en el Instituto Nacional de Administración Pública, con el título: «Transparencia: ¿lema o realidad?», con varias mesas redondas compuestas por periodistas, funcionarios públicos con responsabilidades en materia de transparencia y acceso a la información, así como representantes de la sociedad civil y consultores especializados en transparencia. La segunda jornada tuvo lugar el 28 de septiembre, en el Ateneo de Madrid, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Derecho a Saber. El formato también fueron tres mesas redondas, que relacionaban la transparencia con tres áreas fundamentales, la investigación, la cultura y la transparencia en la calle.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>− Participación en foros, cursos, seminarios o talleres –más de 50 participaciones durante 2015–.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Eje COMUNICA.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dentro del EJE COMUNICA se incluyen todas las acciones emprendidas por el Consejo en el ámbito de la promoción y difusión de la transparencia y el acceso a la información pública entre la ciudadanía, las instituciones, las organizaciones públicas y privadas y los medios de comunicación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las medidas de este eje comprenden tanto las redes sociales –intercambio de Información, los medios de comunicación –colaboración con éstos y apariciones en prensa, radio y TV difundiendo las actividades del Consejo y la cultura de la transparencia–, la celebración de jornadas y encuentros públicos y privados, la gestión de la página web del Consejo como modelo dinámico de información.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Durante 2015 la Presidenta del CTBG ha aparecido en los medios en más de 20 ocasiones y ha celebrado más de 28 entrevistas en distintos medios escritos, digitales y audiovisuales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Eje RINDE.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De acuerdo con el Plan Estratégico del CTBG, el Eje RINDE, último eje temático, integra las actuaciones de rendición de cuentas del organismo entendidas en sentido diferente al de las actuaciones formales de rendición de cuentas ante los órganos de control interno y externo –Intervención Delegada y Tribunal de Cuentas–. Estas actuaciones formales pertenecen al eje activa y se relacionan intrínsecamente con la gestión ordinaria del Consejo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dentro de las actuaciones propias del Eje RINDE, cabe destacar que el CTBG se ha dotado durante 2015 de un Código Ético, aprobado por Resolución de 20 de julio de su Presidenta –publicada en la web institucional del Consejo– y que ha rendido cuentas durante 2015 publicando en su página web toda la información referente a su actividad de cara al exterior, no solo en aquellas materias recogidas por las normas de publicidad activa, sino en todas aquellas que se ha entendido justificado que sean conocidas por los organismos públicos o la ciudadanía en general.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Finalmente, cabe referirse a las comparecencias de la Presidenta del Consejo ante las Cortes Generales durante 2015. La Presidenta, que ya había comparecido el 20 de noviembre de 2014 en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso a efectos del refrendo de su nombramiento, volvió a comparecer en la mencionada Comisión, esta vez a petición propia, el día 29 de septiembre de 2015 para informar sobre el Plan Estratégico del CTBG y, en general, sobre las actuaciones realizadas a dicha fecha.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, diciembre de 2016.</p>
</texto>
</documento>
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Wed Dec 28 10:21:32 +0000 2016
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El artículo 38, número 1, letra d), de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG), encomienda el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función de evaluar su grado de aplicación por los sujetos obligados. Para ello, elaborará anualmente una Memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales.
Por su parte el artículo 40 establece que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno habrá de elevar anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley.
El Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, aprobado por Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, señala en el artículo 6 que, en el ejercicio de sus funciones, el Consejo deberá regirse por los principios de transparencia y participación ciudadana, que se concretan, entre otras, en la siguiente disposición: «b) Tras su aprobación, un resumen de la memoria anual del Consejo será publicado en el “Boletín Oficial del Estado”. Se prestará especial atención a que resulte claramente identificable el nivel de cumplimiento por parte de los sujetos, entidades y órganos obligados de las disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre».
Finalmente, en el artículo 12, letra c), señala el Estatuto que corresponde a la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno el ejercicio, entre otras, de la siguiente función: «c) Aprobar la memoria anual en la que se analice el grado de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y se proporcione información detallada sobre el cumplimiento de las obligaciones en ella previstas».
En su virtud, esta Presidencia resuelve remitir al «Boletín Oficial del Estado» para su publicación el resumen de la Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y de actividades del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno durante el ejercicio 2015 que fuera aprobada por la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno del citado Consejo en su 19.ª reunión, celebrada en Madrid, a las 9,30 horas del día 26 de septiembre de 2016 y que se adjunta como anexo único a la presente.
Madrid, 16 de diciembre de 2016.–La Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi Gutiérrez.
ANEXO ÚNICO
Consejo de transparencia y buen gobierno
Memoria de cumplimiento de la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de actividades del organismo durante el ejercicio 2015
I. Evaluación del cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno durante el ejercicio 2015.
I.1 Alcance.
De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG), la función evaluadora del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG):
− Se refiere a su aplicación por todos los sujetos obligados, esto es, las Administraciones públicas, los restantes sujetos de derecho público y los sujetos de derecho privado comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley.
− Se refiere al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la Ley, tanto en materia de publicidad activa como de acceso a la información y buen gobierno.
− Se refiere exclusivamente a la determinación del grado de aplicación de la Ley, lo que implica, en principio, una apreciación genérica del grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la misma por los sujetos involucrados.
− Sus resultados habrán de recogerse en la Memoria que el organismo debe presentar anualmente a las Cortes Generales por lo que necesariamente se refiere al cumplimiento de la Ley durante el año anterior al de elaboración de dicha memoria.
No obstante, a la hora de determinar el alcance de la evaluación efectuada por el CTBG durante 2015, es preciso tener en cuenta la concurrencia de distintas circunstancias que han obligado a modular en varios sentidos la aplicación de los parámetros contemplados en la Ley:
1. En lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones de buen gobierno, es necesario tener en cuenta que la LTAIBG, en el supuesto de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración General del Estado (en adelante AGE), atribuye la competencia para la imposición de las sanciones previstas al Consejo de Ministros o al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas –hoy de Hacienda y Función Pública– y la instrucción de los correspondientes expedientes a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) de este último Departamento y, en el supuesto de altos cargos de la Administración Local y Autonómica, a los órganos que, en cada caso, tengan atribuida la gestión del correspondiente régimen disciplinario.
Estos órganos, tanto la OCI como sus equivalentes autonómicos o los órganos de las CC.AA. o las Corporaciones locales competentes en materia de buen gobierno y conflictos de intereses están obligados a publicar e informar de los resultados de su gestión a los Parlamentos, Asambleas o Plenos correspondientes –en el ámbito de la AGE, la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, obliga a la OCI a elevar al Gobierno cada seis meses, para su remisión al Congreso de los Diputados, un informe sobre el cumplimiento por los altos cargos de las obligaciones de declarar, así como de las infracciones que se hayan cometido y de las sanciones que hayan sido impuestas–.
Así, para evitar duplicidades o incoherencias, parece aconsejable excluir de la función de evaluación del CTBG toda la materia de buen gobierno, tanto en el ámbito de la AGE como en el de las Administraciones autonómica y local.
2. Existe un grupo completo de sujetos obligados que no puede ser identificado de modo directo ni figura como tal en ninguna plataforma o registro de las Administraciones Públicas: las entidades privadas que reciben ayudas, subvenciones o financiación pública por encima del umbral económico marcado por la Ley.
La complejidad de abordar el proceso de identificación e individualización de estas entidades –especialmente con los medios actualmente disponibles por el CTBG– ha aconsejado excluir los datos relativos a las entidades privadas de la evaluación para 2015 y diferir a próximos ejercicios la medición de su nivel de cumplimiento de la Ley.
3. Contabilizando los tres niveles de Administración –central, autonómica y local–, a 1 de enero de 2015 existían en España casi 19.000 organizaciones y entidades públicas obligados por la Ley a los que habría que sumar las organizaciones privadas comprendidas en el ámbito subjetivo de la norma.
El análisis exhaustivo de un universo de esta magnitud es difícilmente abordable sin recurrir a medios humanos y materiales muy superiores a los que figuran actualmente a disposición del CTBG. Por ello, en los casos de las organizaciones o entidades más numerosas, la evaluación se ha realizado en base a sistemas de muestreo.
4. Las competencias en materia de transparencia y acceso a la información de las organizaciones e instituciones comprendidas en el ámbito de cobertura de la LTAIBG son competencias compartidas por el Estado y las Comunidades Autónomas (en adelante CC.AA.). Por otra parte, las Entidades integrantes de la Administración Local (en adelante EELL) tienen también reconocido legalmente un ámbito de autonomía en materias relacionadas con la gestión de la transparencia y la información a los ciudadanos.
Por ello, la evaluación del cumplimiento de la Ley por los sujetos de ámbito autonómico y local se abordado por este Consejo solicitando a las CCAA y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en aplicación de los principios de colaboración y cooperación institucional, una autoevaluación del nivel de cumplimiento de la Ley.
5. Para finalizar, hay que tener en cuenta que, en el ámbito de las CCAA y las EELL, la plena entrada en vigor de la Ley de Transparencia no se produjo hasta el 10 de diciembre de 2015, a diferencia del caso de la Administración General del Estado, en la que la Ley entró en vigor el 10 de diciembre de 2014.
I.2 Metodología.
Dado que en España, en estos momentos, no existe una metodología de evaluación de la transparencia adaptada específicamente a la Ley y susceptible de ser aplicada y asumida por todos los sujetos implicados, el CTBG ha debido desarrollar una metodología específica para efectuar la evaluación del cumplimiento de la Ley.
El deseo de abordar la elaboración de esta metodología con el menor coste presupuestario y el adecuado nivel de calidad aconsejó al Consejo recurrir durante 2015 a la colaboración de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), organismo encargado de la evaluación de políticas públicas en el ámbito de la AGE.
La colaboración se formalizó a través de un convenio suscrito por ambos organismos, firmado en 2016 y sin contrapartidas económicas, que ha dado origen a la metodología de evaluación empleada en la presente memoria referida a 2015 y que, a partir de 2016, permitirá disponer de una metodología completa aplicable por los organismos garantes de la transparencia y el acceso a la información en el ámbito autonómico y por el resto de organismos o instituciones públicas obligados al cumplimiento de la Ley.
La metodología consta de tres fases:
− Determinación de los catálogos de obligaciones de la Ley.
− Recogida de datos.
− Evaluación.
Su aplicación a los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley se ha realizado agrupando éstos en los siguientes grupos de tratamiento:
– Grupo I. Órganos constitucionales, de relevancia constitucional y órganos independientes de ámbito estatal.
– Grupo II. AGE y organismos vinculados y dependientes.
– Grupo III. Fundaciones, corporaciones, consorcios y sociedades mercantiles de ámbito estatal.
– Grupo IV. CC.AA., organismos vinculados y dependientes y sector público autonómico
– Grupo V. EELL, organismos vinculados y dependientes y sector público local.
En el caso de los Grupos I, II y III, la clasificación se ha establecido en atención a que la LTAIBG no ha establecido un catálogo homogéneo de obligaciones para todos los sujetos involucrados sino que ha establecido obligaciones diferentes para cada una de estas clases o categorías.
En el caso de los Grupos IV y V, se han establecido grupos de tratamiento diferenciados en atención en que la evaluación se ha realizado por los propios sujetos obligados o por una asociación representativa de estos.
Por lo que se refiere al contenido de la metodología de evaluación y a los indicadores empleados en la medición, son diferentes en el ámbito de la publicidad activa y en el del acceso a la información.
1. En el ámbito de la publicidad activa, se ha tomado como unidad de análisis la publicación de los datos o informaciones enumerados por la LTAIBG con carácter obligatorio en la página web del sujeto obligado o en el portal electrónico de la correspondiente Administración Pública y se ha medido el cumplimiento de los requerimientos de la Ley en base a los siguientes indicadores:
a) Publicación: Evalúa si la información se ha publicado en la web institucional del sujeto obligado, en el portal electrónico de la Administración Pública correspondiente o en ambos.
b) Integridad: Evalúa si la información publicada recoge íntegramente todos los datos requeridos por la Ley.
c) Presentación: Evalúa si el acceso a la información se identificada con un banner, botón o epígrafe específico, identificado como «transparencia» o «información e transparencia».
d) Forma: Evalúa si la información se publica en forma directa –esto es, directamente en la página o portal de que se trate o mediante un vínculo directo al sitio en que aparece publicada– o si, por el contrario, lo que figura en la página o el portal es simplemente un vínculo a una base de datos o plataforma centralizada de la Administración o cualquier organismo público donde el usuario debe buscar los datos concretos.
e) Características:
– Estructuración: Evalúa si la información aparece agrupada y organizada en un único lugar del soporte electrónico correspondiente o, por el contrario, aparece dispersa en diversos lugares y es necesario para reunirla que el usuario realice una navegación a lo largo del sitio.
– Accesibilidad: Evalúa la facilidad de acceso a la información en términos del número de clicks necesarios para acceder a ella desde la página home o inicio de la web o portal correspondiente.
– Claridad: Evalúa si la información se publica acompañada o no de informaciones complementarias en forma de documentos explicativos, fichas, gráficos, infografías o tablas.
– Actualización: Evalúa si junto con la información se publican las datas, fechas o registros temporales necesarios para determinar el período a que corresponden.
– Reutilización: Evalúa si la información se publica o no en un soporte susceptible de reutilización por medios automáticos.
2. En el ámbito del acceso a la información, se han tomado como unidades de análisis los servicios o unidades de transparencia, información o atención al ciudadano de las distintas Administraciones y entidades públicas obligadas y se ha medido el número de solicitudes de información pública presentadas por los ciudadanos, el número de solicitudes resueltas, el número de resoluciones estimatorias, desestimatorias y de inadmisión y el número de solicitudes pendientes.
I. 3 Percepción y respuesta ciudadana.
Cualquier evaluación del primer año de cumplimiento de la LTAIBG por nuestras instituciones públicas no quedaría completa sin valorar el impacto en la ciudadanía de las nuevas medidas legislativas y los valores propios de la transparencia, la información pública y la rendición de cuentas.
El CTBG ha valorado resumidamente el impacto ciudadano de la Ley de Transparencia, concretándola en el análisis de dos indicadores fundamentales:
− El grado de conocimiento de la Ley y su valoración por los ciudadanos (percepción ciudadana).
− El nivel de respuesta de la ciudadanía a los distintos instrumentos y herramientas establecidos por la misma (respuesta ciudadana).
Para la medición del primero de estos indicadores, el CTBG ha propiciado la incorporación a la encuesta anual sobre calidad de los servicios públicos, que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) por encomienda de la AEVAL, de algunas cuestiones sobre la LTAIBG y los instrumentos jurídicos que proporciona a la ciudadanía.
Para la medición del segundo se han utilizado los datos de uso del Portal de la Transparencia de la AGE, gestionado por el Ministerio de la Presidencia –hoy de Presidencia y Administraciones Territoriales–, junto con los datos de actividad del Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de Madrid y de los portales o páginas web de algunos países de nuestro entorno (Reino Unido, México, Chile)
I.4 Resultados de la evaluación.
I.4.1 Generales.
1. Regulación de la transparencia y el derecho a saber.
El primer punto que hay que destacar es el avance positivo que ha supuesto la LTAIBG y su entrada en vigor.
España era, junto a Malta y Chipre, el único país del entorno europeo que no contaba con regulación específica que amparara la transparencia en la gestión pública y el derecho a saber. Es cierto, como señala la Exposición de Motivos de la Ley de Transparencia que, antes de la publicación de esta, ya existían en nuestro ordenamiento jurídico normas sectoriales que contenían obligaciones concretas de publicidad activa para determinados sujetos. Y también es cierto que el acceso a la información pública se encontraba regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su modalidad de acceso singular o individualizado de los interesados a los procedimientos que les afectan. Pero estas eran regulaciones específicas, de alcance restringido, que se encontraban dispersas en legislaciones separadas y no satisfacían por completo las exigencias sociales y políticas de la España del siglo XXI.
La Ley de Transparencia ha venido a superar estas deficiencias, a colmar el vacío legislativo existente y a avanzar y profundizar en el tratamiento de las obligaciones de publicidad activa, que se generalizan a un amplio número de sujetos además de a las Administraciones públicas (por ejemplo, la Casa de SM el Rey) y en el régimen del derecho de acceso, que pasa a ser universal y a ser ejercido sin legitimación especial ni motivación expresa. Consecuentemente, su entrada en vigor ha de ser valorada como un paso adelante en el proceso de regeneración democrática de las instituciones públicas.
Es de destacar que la Ley ha supuesto además la implementación de todo un subsistema normativo nuevo en nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, en el ámbito de las Administraciones territoriales; en segundo lugar, desde una perspectiva transversal, pues la cultura de la transparencia y la información pública se han incorporado como contenido propio a la mayor parte de las iniciativas normativas y las políticas y programas públicos iniciados durante 2015.
Baste señalar como ejemplo las distintas medidas relacionadas con la transparencia y sus valores que han incorporado las nuevas Leyes de Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico del Sector Público, aprobadas en 1 de octubre de 2015: expresa incorporación de la transparencia y el servicio al ciudadano a los principios de funcionamiento de las Administraciones públicas; impulso de la administración electrónica; establecimiento del registro nacional de convenios e instrumentos de cooperación; establecimiento del inventario de entidades públicas; nueva regulación de la audiencia al ciudadano en los procedimientos administrativos; establecimiento de las consultas previas en los procedimientos de elaboración normativa, etc…
2. Nivel de cumplimiento.
A nivel genérico y a juicio de este Consejo, el cumplimiento de la Ley de Transparencia por los sujetos obligados ha sido durante 2015 más que aceptable, máxime teniendo en cuenta que la transparencia en la actividad de las instituciones públicas y todo lo que la misma implica es una novedad en nuestro sistema jurídico-político, que se trata de una materia que reclama transformaciones profundas de actitudes y comportamientos y que se trata del primer año de aplicación de la Ley.
3. Publicación de la información disponible y facilidad para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
En materia de publicidad activa, hay que señalar que, si bien se ha dado un alto grado de cumplimiento de la obligación de publicar los contenidos de la LTAIBG, el cumplimiento de las obligaciones complementarias o formales que impone también la norma en materia de publicación de la información (claridad, accesibilidad, actualización, reutilización, etc…) es muy mejorable, especialmente desde el punto de vista de la utilización y comprensión de la misma por personas no especializadas y legas en materia de derecho administrativo y organización de las instituciones públicas.
Es evidente que una de las razones fundamentales de esta situación es que la práctica totalidad de las obligaciones relativas a las cualidades que debe cumplir la información implica necesariamente la realización de modificaciones estructurales en los sistemas de información, las páginas webs y los procesos tecnológicos y que estas modificaciones requieren ordinariamente inversiones en recursos vinculados con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), difíciles de abordar en momentos como el presente. No obstante, a criterio de este Consejo, es necesario hacer lo posible por abordarlas en el corto y a medio plazo.
4. Percepción y respuesta ciudadana.
Transcurridos casi dos años desde publicación de la Ley de Transparencia, la mitad de los ciudadanos desconocen su existencia y, los que la conocen, ignoran en buena medida su contenido esencial. Por otra parte, los ciudadanos sienten una gran desconfianza respecto de la eficacia de la Ley para modificar y contribuir a implantar efectivamente la cultura de la transparencia. Finalmente, el nivel de utilización de las herramientas establecidas en la Ley para las consultas de publicidad activa y las solicitudes de acceso a la información ha sido muy bajo durante el ejercicio 2015.
Esta situación es más clara en el terreno del derecho a saber que en el de la publicidad activa.
A juicio de este Consejo, las causas de esta situación son diversas:
− Falta de divulgación: No ha existido, en opinión del Consejo, una fuerte campaña de información ni de publicidad que preparara a los ciudadanos, titulares de los derechos a la transparencia activa y pasiva, para conocer y ejercer los derechos y facultades previstos en la Ley.
− Decalaje en la entrada en vigor de la Ley: El decalaje en la entrada en vigor de la norma para CC.AA. y EELL –que viene avalado sin duda por la necesidad de realizar las adaptaciones normativas y de procesos requeridos para el cumplimiento de la Ley– ha tenido como consecuencia negativa que, para el conjunto del territorio y la ciudadanía en general, no ha existido una conciencia de la llegada de la transparencia a los españoles hasta dos años después de la publicación de la Ley.
− Déficit de formación: Salvo en lo referente a los empleados públicos, respecto de los cuales –especialmente de los destinados en oficinas de atención al ciudadano y servicios de información al público– sí se ha realizado un esfuerzo, la aprobación de la Ley no ha venido acompañada de ninguna medida específica de formación destinada al personal docente, a los profesionales, a los alumnos de centros de enseñanza o a la ciudadanía en general respecto de los contenidos de aquélla y de las herramientas que pone a disposición del ciudadano.
I.4.2 Por grupos de tratamiento.
1. Grupo I.–Órganos constitucionales, de relevancia constitucional y órganos independientes de ámbito estatal.
Durante 2015 las entidades de ámbito estatal del Grupo I –la Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo Económico y Social, además del Banco de España y de las entidades de derecho público con independencia funcional o especial autonomía que tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo– han cumplido adecuadamente durante 2015 las obligaciones de la LTAIBG.
En el ámbito de la publicidad activa han cumplido en un porcentaje significativo las obligaciones materiales de la Ley e incluso han publicado datos o informaciones no comprendidas en el mínimo obligatorio. No obstante, a juicio de este Consejo. Sería conveniente avanzar en los aspectos formales, especialmente en lo que se refiere a los requisitos de claridad, actualización y reutilización.
En el ámbito del acceso a la información, la atención a las solicitudes presentadas por los ciudadanos ha sido eficaz y ajustada a los requerimientos de la Ley. En la mayor parte de los portales o páginas web se han establecido canales para la presentación telemática de solicitudes de derecho de acceso a la información pública, obviamente sin perjuicio de la presentación de solicitudes de manera presencial o por correo postal.
2. Grupo II.–AGE y organismos vinculados y dependientes.
En 2015, tanto la AGE como sus organismos vinculados y dependientes, han publicado la mayor parte de los datos e informaciones sometidos a publicidad activa por la LTAIBG y han dado respuesta a los ciudadanos, tramitando las solicitudes de acceso a la información pública planteadas eficazmente y con arreglo a las previsiones legales.
La AGE, con recursos propios y en un tiempo record, ha puesto en funcionamiento el Portal de Transparencia a que se refiere el art. 10 de la Ley, incorporando al mismo más de 1,3 millones de registros de información y enlazando a todos los Departamentos ministeriales y las principales bases de datos centralizadas de las Administraciones Públicas.
Igualmente, ha establecido y dotado de medios humanos y materiales una estructura organizativa encargada de gestionar las solicitudes de acceso a la información, constituida por la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información (OTAI) del Ministerio de Presidencia y las unidades especializadas previstas en el art. 24 de la LTAIBG –las Unidades de Información y Transparencia (UITS) de los distintos Departamentos ministeriales–. Así mismo, se han establecido, además, los procedimientos electrónicos necesarios para tramitar eficazmente estas solicitudes.
Por otra parte –y también sin práctico incremento del gasto público–, ha puesto en funcionamiento este CTBG como órgano independiente encargado de velar por la aplicación de la Ley, controlar el cumplimiento de las obligaciones de los Departamentos ministeriales y otros órganos de la AGE y de resolver en vía administrativa las reclamaciones formuladas por los ciudadanos respecto de las resoluciones adoptadas por estos últimos en materia de acceso a la información pública.
Desde este punto de vista, el cumplimiento de las previsiones de la LTAIBG por la AGE y sus organismos vinculados y dependientes ha de evaluarse positivamente.
Ello no obstante existen algunos factores necesitados de mejora. Tres de ellos se refieren al ámbito de la publicidad activa y el último al del acceso a la información.
A. Publicación de la información en las páginas web de los Departamentos y en el Portal de Transparencia.
La LTAIBG permite que la información sujeta a publicidad activa de los órganos y entidades de la AGE se publique en dos lugares diferentes: la web o sede electrónica del órgano o entidad correspondiente y/o la sede del Portal de Transparencia.
La obligación principal se refiere a la publicación de la información en la web del organismo, siendo la réplica de la información en el Portal de la Transparencia una solución facilitadora que busca proporcionar al ciudadano un punto único de acceso y aliviarle de la carga de conocer previamente la estructura orgánica de la Administración para saber a qué órgano o entidad le corresponde publicar los datos o informaciones que desea consultar.
No obstante, la literalidad de la Ley no recoge exactamente esta configuración, aunque tampoco la prohíbe. La indefinición de la Ley ha provocado un cierto confusionismo y hasta ha posibilitado la interpretación contraria, es decir, que se sostenga que lo decisivo para el cumplimiento de la obligación es la publicación de la información en el Portal.
La decisión por un criterio u otro no es baladí, especialmente desde el punto de vista de la responsabilidad. Si se entiende que la obligación principal es la publicación en la web o sede del organismo o entidad, la responsabilidad corresponderá a éste; si se entiende que lo decisivo es la publicación en el Portal, la responsabilidad corresponderá a los gestores de éste.
A juicio de este Consejo, el esclarecimiento de esta cuestión resulta decisivo y debería decantarse en el sentido de la preferencia de la publicidad en las páginas web de los Departamentos u órganos de la AGE para evitar el desconcierto del ciudadano y facilitar el ejercicio de las facultades de control de este organismo sobre posibles incumplimientos de las obligaciones de publicidad.
B. Responsabilidad en casos de información centralizada.
Tanto en el Portal de Transparencia como en las web de los Departamentos y órganos de la AGE se observa una abundancia del recurso de vincular el acceso a la información a la búsqueda en bases centralizadas de información (plataformas de contratación, información de ayudas y subvenciones, órganos de fiscalización y control externo, sistemas de contabilidad pública, etc…). A juicio de este CTBG esta situación debería mejorarse pues puede incidir negativamente en la facilidad y claridad de las consultas del ciudadano y plantea nuevamente el problema de la responsabilidad en caso de incumplimiento de la Ley.
C. Claridad y comprensión de la información.
Se observa tanto en las web como en el Portal de Transparencia una ausencia casi general de información complementaria o explicativa de los datos que se publican.
Abundan las referencias jurídicas o las estadísticas sin explicación alguna que hacen que su lectura sea prácticamente indescifrable para la ciudadanía. No se encuentran explicaciones asociadas a conceptos complejos y de carácter técnico –encomiendas de gestión, contratos menores o armonizados, negociados sin publicidad, reglamentos, directivas, resoluciones, modificados, ampliaciones, suplementos etc…– ni existe información visual, resúmenes gráficos o infografías que ayuden la comprensión de los datos.
En general, la terminología y los conceptos utilizados resultan muy alejados de los usos cotidianos y corrientes, sin que exista un glosario o diccionario de términos técnicos que facilite la comprensión del lenguaje jurídico por quien no es experto ni asocie los términos y expresiones afines en orden a facilitar el resultado exitoso de las búsquedas.
Esta situación, unida a la abundancia de datos en soporte pdf –imágenes y no documentos– generan dificultades para el ciudadano en el uso de los motores de búsqueda o buscadores establecidos por los propios portales de las Administraciones Públicas.
A juicio de este CTBG, la situación es manifiestamente mejorable desde el punto de vista de la claridad y debería abordarse a corto plazo. Debe recordarse que datos no son lo mismo que información y que, en este terreno, la cantidad de información no siempre es el elemento de referencia, ya que no es igual buscar que encontrar.
D. Identificación electrónica.
En el ámbito de la AGE el ejercicio por medios electrónicos del derecho de acceso a la información solo es posible, como en el resto de los procedimientos, mediante la identificación y firma electrónica del interesado a través del Sistema Cl@ve, gestionado por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –hoy Secretaría General de Administración Digital– de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas –hoy de Función Pública–. Así lo tiene previsto la aplicación GESAT, implementada en el Portal de Transparencia, que canaliza la tramitación electrónica de las solicitudes de acceso dirigidas por los ciudadanos a los órganos de la AGE.
Desde los momentos iniciales de funcionamiento de GESAT, este sistema de identificación y firma ha sido criticado tanto en los medios de comunicación (electrónicos y en papel) como en el ámbito parlamentario, las organizaciones ciudadanas y los ciudadanos en general.
Las principales críticas realizadas pueden resumirse como sigue:
– El sistema es complejo en cualquiera de sus modalidades.
– El sistema dificulta la actuación electrónica de las personas jurídicas.
– El sistema discrimina a las personas extranjeras, que carecen de DNI o certificados electrónicos admitidos en la Unión Europea.
Este CTBG comparte estas críticas y considera que Cl@ve puede resultar de uso difícil para los ciudadanos y que es percibido por estos y sus organizaciones como una traba o un obstáculo innecesario al ejercicio del derecho de acceso.
Hay que tener en cuenta que la LTAIBG no establece en ningún lugar de su articulado la identificación y firma a través de certificados electrónicos o claves concertadas como requisito necesario para la presentación electrónica de solicitudes. Por otra parte, si se acude a la normativa internacional en materia de acceso a la información pública, se observa en los países europeos una gran facilidad en los requisitos de acceso. Así mismo sucede en el ámbito autonómico, en que algunas CC.AA. no exigen certificado electrónico para acceder a la información, y en el caso de la mayoría de los órganos constitucionales o de relevancia constitucional.
A juicio de este Consejo, sería necesario sustituir el Sistema Cl@ve –al menos en el ámbito del procedimiento de acceso a la información pública– por algún otro sistema de identificación y firma de utilización más sencilla y que, reuniendo las necesarias garantías, no pueda ser considerado por los ciudadanos como una traba para el ejercicio de sus derechos.
3. Grupo III.–Fundaciones, corporaciones, consorcios y sociedades mercantiles de ámbito estatal.
En general, durante el ejercicio 2015, la práctica totalidad de las instituciones y organismos de este grupo han adoptado medidas en cumplimiento de la LTAIBG, circunstancia que debe valorarse positivamente desde el punto de vista de la aplicación de la Ley. Igualmente, debe valorarse positivamente la respuesta dada por las entidades y organismos a las peticiones de información que les ha dirigido este CTBG con motivo de la evaluación de cumplimiento de la Ley.
Ahora bien: Analizando detalladamente las medidas adoptadas, se observa un gap entre el cumplimiento de la Ley en materia de publicidad activa y el cumplimiento en materia de derecho a la información.
En materia de publicidad activa, prácticamente no se han adoptado medidas específicas por las instituciones y organismos examinados, que han mantenido sus portales y páginas webs en el estado en que se hallaban con anterioridad a la publicación de la LTAIBG, sin modificaciones o desarrollos adicionales.
Esta situación está justificada, por un lado, en la percepción de que los mencionados sites (normalmente dotados de motores potentes y altos estándares de calidad, por tratarse de empresas mercantiles o entidades de carácter comercial, industrial o financiero) cumplen suficientemente las exigencias de la Ley y, por otro, en la dificultad de realizar inversiones cuantiosas en soportes o estructuras tecnológicas que cumplen sobradamente sus finalidades. Ello no obstante este CTBG considera que los portales del sector público deben ser objeto de mejora, especialmente en relación con los aspectos presupuestarios y la contabilidad y en materia de presentación, accesibilidad, claridad, estructuración, etc…
En materia de derecho a la información, la práctica totalidad de los entes y organismos examinados han establecido procesos de gestión adecuados y ajustados a los requisitos de la Ley. Las responsabilidades en materia de transparencia y acceso a la información han sido atribuidas mayoritariamente a los servicios jurídicos de los organismos examinados, lo que parece indicar una especial preocupación por la aplicación correcta de la normativa relativa al derecho de acceso, especialmente en lo referente a sus límites y a la protección de datos de carácter personal.
4. Grupo IV.–CC.AA., organismos vinculados y dependientes y sector público autonómico.
La mayoría de las CC.AA. que no habían aprobado su propia legislación en materia de transparencia e información pública con anterioridad a la Ley estatal han aprobado durante 2015 sus leyes de desarrollo de la normativa básica del Estado, y las que contaban con normativa propia han procedido a adaptarla a las bases fijadas por la Ley de Transparencia.
Además han procedido a establecer sus propios organismos independientes, garantes de la transparencia y el acceso a la información pública en sus territorios, bien encomendando sus funciones a instituciones preexistentes o suscribiendo los convenios de colaboración con el Consejo que prevé la disposición adicional 4.ª de la Ley de Transparencia en defecto de las soluciones anteriores.
Desde este punto de vista, el cumplimiento de la Ley ha sido positivo.
Respecto de las concretas obligaciones de publicidad activa y en materia de acceso a la información que establece la LTAIBG, hay que señalar que:
− La respuesta dada por las CC.AA. a las peticiones de información del CTBG ha sido muy favorable y se han establecido canales adecuados de cooperación y colaboración institucional.
− La plena exigencia de las obligaciones establecidas no se ha producido para las CC.AA hasta el 10 de diciembre de 2015, de modo que, teniendo en cuenta la fecha de cierre de esta memoria, el período de aplicación plena de la Ley ha sido muy breve.
− En este reducido período de 2015, los resultados de las autoevaluaciones practicadas coinciden prácticamente con los observados respecto de los otros grupos de sujetos obligados: un adecuado nivel de cumplimiento de las exigencias legales en materia de acceso a la información y, a nivel cuantitativo, también en materia de publicidad activa. A nivel cualitativo (requisitos técnicos de la publicación), algunos de los resultados ofrecidos pueden ser mejorados.
5. Grupo V.–EELL, organismos vinculados y dependientes y sector público local.
Desde el punto de vista del desarrollo normativo, hay que señalar que, ya desde el año 2014 y a lo largo de 2015, varias EELL de mediano y gran tamaño han aprobado normas sobre transparencia y acceso a la información y que la FEMP ha aprobado una Ordenanza Tipo de Transparencia para ayudar a la implantación normativa de esta materia en las Entidades de menor tamaño. Aunque dado el carácter básico de la LTAIBG, las EELL pueden cumplir las obligaciones establecidas en ella sin necesidad de aprobar una Ordenanza de transparencia, ambas circunstancias han de valorarse positivamente desde el punto de vista del cumplimiento de la Ley.
Ahora bien, a criterio de este CTBG, la implantación de la LTAIBG en el ámbito local –especialmente en el caso de las entidades de pequeño o mínimo tamaño– no requiere solo de un adecuado desarrollo normativo sino que exige un importante cambio organizativo de los medios económico-presupuestarios, materiales y humanos al servicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas. Tomando en consideración la compleja estructura de la Administración local española –con un altísimo porcentaje de entidades de pequeño tamaño–, el resultado es que un importante número de EELL de nuestro país carecen de los medios necesarios para implantar la Ley.
Es cierto que las Diputaciones Provinciales y las CC.AA. realizan una labor de cooperación y asistencia –especialmente en el ámbito tecnológico– respecto de las Entidades de su territorio y que la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (hoy de Función Pública) ha suscrito un convenio de colaboración con la FEMP para suministrar gratuitamente a las EELL que lo deseen un servicio «en la nube» de construcción de portales electrónicos de transparencia. Pero es evidente que estas medidas no pueden sustituir plenamente la necesaria reforma organizativa.
Desde este punto de vista, y como conclusión de carácter genérico, puede decirse que a 31 de diciembre de 2015 solo las EELL de mayor tamaño han cumplido adecuadamente las obligaciones establecidas en la Ley.
Por lo demás, y ciñéndonos al ámbito de estas últimas y al cumplimiento de las concretas obligaciones de publicidad activa y en materia de acceso a la información que establece la LTAIBG, hay que señalar que:
− Tal y como sucedía en el caso de las CC.AA., la plena exigencia de las obligaciones establecidas no se ha producido para las CC.AA. hasta el 10 de diciembre de 2015, de modo que, teniendo en cuenta la fecha de cierre de esta memoria, el período de aplicación plena de la Ley ha sido muy breve.
− Igualmente y tal y como se decía en relación con las CC.AA., en este reducido período, los resultados ofrecidos por la FEMP coinciden prácticamente con los observados respecto de los otros grupos de sujetos obligados: un adecuado nivel de cumplimiento de las exigencias legales en materia de acceso a la información y, a nivel cuantitativo, también en materia de publicidad activa.
II. Actividades del CTBG durante el ejercicio 2015.
Las actuaciones realizadas por el Consejo desde su constitución hasta el 31 de diciembre de 2015 aparecen estructuradas en la Memoria alrededor de los ocho ejes de actuación señalados en el Plan Estratégico 2015-2020 del CTBG con sus correlativos retos y objetivos estratégicos: ACTIVA, RESUELVE, COLABORA, INTERPRETA, SUPERVISA, FORMA, COMUNICA y RINDE. Además el documento da cuenta también de la actividad desarrollada por el órgano colegiado del organismo, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, durante el mismo período.
Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
La Comisión se constituyó el 19 de enero de 2015 en el Senado, con la presencia del Presidente de la Cámara, la Vicepresidenta del Gobierno, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y el Presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso.
Además de D.ª Esther Arizmendi Gutiérrez, Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, los miembros iniciales de la Comisión fueron:
– D.ª Pilar Cortés Bureta, Diputada, a propuesta del Congreso de los Diputados.
– Jokin Bildarratz Sorron, Senador, a propuesta del Senado.
– D.ª María José de la Fuente y de la Calle, Consejera del Tribunal de Cuentas, a propuesta del mismo.
– D. José Manuel Sánchez Saudinós, Secretario General del Defensor del Pueblo, a propuesta de éste.
– D. Agustín Puente Escobar, Abogado del Estado Jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta de la citada Agencia.
– D.ª María Pía Junquera Temprano, Directora General de Organización Administrativa y Procedimientos, representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
– D. José Luis Martínez-Almeida Navasqües, Director de la División Jurídico Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) a propuesta de ésta.
– D. Francisco Javier Amorós Dorda, Subdirector General de Transparencia y Buen Gobierno, que actúa como Secretario.
La composición inicial de la Comisión ha sido alterada en 2015 en dos ocasiones. El 8 de mayo, el Sr. Martínez-Almeida Navasqüés perdió la condición de miembro al cesar a petición propia en el cargo de director de la división jurídico-institucional de la AIREF y fue sustituido por D. Diego Pérez Martínez, su sustituto en el cargo. Y el 27 de octubre, perdió la condición de Vocal la Sra. Cortés Bureta al cesar como Diputada debido a la disolución de las Cortes Generales.
Durante el año 2015, la Comisión se ha reunido en 13 ocasiones. Las actas de las reuniones pueden consultarse en la web institucional del CTBG.
1. Eje ACTIVA.
El CTBG, en su condición de organismo público que actúa con plena autonomía e independencia en el cumplimiento de sus fines, debe resolver y atender por sí mismo y con sus propios medios y recursos todas aquellas cuestiones de índole presupuestaria, patrimonial, organizativa y administrativa que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, gestionar sus recursos humanos y materiales además de establecer la estructura orgánica y los flujos y procesos de trabajo precisos para que su administración interna sea lo más ágil, eficiente y eficaz posible.
En el EJE ACTIVA del Plan Estratégico se agrupan las actuaciones del CTBG para la puesta en marcha de su actividad y la organización de su estructura y funcionamiento interno.
Durante 2015, su primer año de funcionamiento, estas actuaciones han ocupado un importante esfuerzo al organismo, especialmente en lo referente a la puesta en marcha de su organización, que, al ser de nueva creación, había que estructurar partiendo de cero.
2. Eje RESUELVE.
En torno al EJE RESUELVE del Plan Estratégico se agrupan las actuaciones correspondientes a la tramitación y resolución de las reclamaciones formuladas por los ciudadanos respecto de las denegaciones expresas o presuntas (silencio administrativo) de sus solicitudes de acceso a la información por parte de los Ministerios y organismos de la AGE. Así mismo se incluyen las actuaciones de tramitación y contestación de las restante iniciativas ciudadanas: peticiones de información, consultas, quejas, sugerencias, etc…
El CTBG ha tramitado durante 2015 un total de 982 iniciativas de los ciudadanos. Centrándonos en las reclamaciones, durante 2015 se han presentado 517. Es de destacar que, a lo largo del año, se ha ido produciendo una aceleración en el ritmo de presentación de las solicitudes, que se intensifica especialmente en el último trimestre. Este comportamiento constituye un indicador positivo de la influencia de las actividades de difusión y sensibilización que ha ido realizando a lo largo del ejercicio el Consejo y los órganos administrativos responsables del acceso a la información.
El sentido de las citadas 517 resoluciones ha sido el siguiente:
– Archivadas: 8 (1,93%).
– Inadmitidas por falta de competencia del CTBG u otros motivos: 153 (36,87%).
– Desestimadas: 158 (38,07%).
– Estimadas: 96 (23,13%).
3. Eje COLABORA.
El EJE COLABORA del Plan Estratégico engloba las actividades y medidas emprendidas por el CTBG en el ámbito de la cooperación y la colaboración institucional.
Durante 2015, en esta materia, el Consejo ha realizado actuaciones de cooperación y colaboración en tres niveles distintos:
– CC.AA. y EELL.
– Organismos Internacionales (Red Iberoamericana de Autoridades de Transparencia - RTI y red de Comisionados europeos de Transparencia y Acceso a la Información).
– Organizaciones representativas y asociaciones ciudadanas (Transparencia Internacional España, Access Info Europe, Fundación CIVIO, Asociación ACREDITRA, etc…)
4. Eje INTERPRETA.
En torno al EJE INTERPRETA del plan estratégico se agrupa la actividad del CTBG en cuanto a la interpretación de la LTAIBG. La acción del organismo en este ámbito tiene como objetivo aclarar y fijar los contenidos y el alcance de las disposiciones incluidas en la Ley.
En este marco, y entre otras actuaciones, el CTBG ha aprobado en 2015 los siguientes criterios de interpretación uniforme de la LTAIBG:
01. Obligaciones del sector público estatal de facilitar información sobre RPT y retribuciones.
02. Aplicación de los límites al derecho de acceso a la información.
03. Alcance de las obligaciones de transparencia de las entidades privadas.
04. Publicidad activa sobre los datos del DNI y la firma manuscrita.
05. Actuación ante solicitudes de información complejas o voluminosas.
06. Causas de inadmisión de solicitudes de información: información auxiliar o de apoyo.
07. Causas de inadmisión de solicitudes de información que requieran para su divulgación una acción previa de reelaboración.
08. Aplicación de la disposición adicional 1ª de la Ley sobre regulaciones especiales del derecho de información.
09. Actuación del órgano o unidad responsable cuando se solicite información ya objeto de publicidad activa.
De acuerdo con el Estatuto del CTBG, aprobado por Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, todos estos criterios se han elaborado con el informe favorable de la Comisión y, de acuerdo con la LTAIBG, en el caso de los números 1, 2 y 4, se han formulado conjuntamente con la AEPD por afectar a cuestiones relacionadas con el derecho a la protección de datos de carácter personal.
5. Eje SUPERVISA.
El EJE SUPERVISA del Plan Estratégico incorpora las actuaciones del CTBG en materia de evaluación y control del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la LTAIBG.
En este ámbito las principales actuaciones realizadas por el CTBG han sido las siguientes:
− Establecimiento en colaboración con la AEVAL de una metodología de evaluación del cumplimiento de la LTAIBG por los sujetos obligados.
− Evaluación del cumplimiento de la Ley durante 2015 con realización de «mapeos» de cumplimiento por: A) AGE y organismos dependientes y vinculados; B) Órganos constitucionales y de relevancia constitucional y organismos públicos de regulación especial; C) Sector público estatal; D) CC.AA. y sector público autonómico y E) EELL y sector público local.
− Establecimiento de un buzón para las denuncias y alertas de las asociaciones y responsables de la sociedad civil y ciudadanos –[email protected]– y tramitación de las denuncias formuladas (un total de 26, 17 de ellas referidas al ámbito de competencias de este Consejo).
6. Eje FORMA.
El EJE FORMA del Plan Estratégico del Consejo agrupa las acciones de éste en materia de formación y sensibilización.
La LTAIBG encomienda al Consejo la misión de promover actividades en estas materias, en el ámbito tanto de las Administraciones Públicas como de la sociedad en general, para el mejor conocimiento y con el objeto de propiciar y gestionar el cambio organizativo y cultural que supone la implantación de la transparencia en la actuación de las organizaciones públicas
Las principales actividades desarrolladas durante 2015 en este ámbito por el Consejo son las siguientes:
− Plan de Formación.
− Colaboración con Universidades –Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Universidad Complutense de Madrid (UCM), Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Alcalá (UAH), Universidad Carlos III y Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)–.
− Jornadas de sensibilización. La primera de ellas tuvo lugar el 25 de junio de 2015 en el Instituto Nacional de Administración Pública, con el título: «Transparencia: ¿lema o realidad?», con varias mesas redondas compuestas por periodistas, funcionarios públicos con responsabilidades en materia de transparencia y acceso a la información, así como representantes de la sociedad civil y consultores especializados en transparencia. La segunda jornada tuvo lugar el 28 de septiembre, en el Ateneo de Madrid, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Derecho a Saber. El formato también fueron tres mesas redondas, que relacionaban la transparencia con tres áreas fundamentales, la investigación, la cultura y la transparencia en la calle.
− Participación en foros, cursos, seminarios o talleres –más de 50 participaciones durante 2015–.
7. Eje COMUNICA.
Dentro del EJE COMUNICA se incluyen todas las acciones emprendidas por el Consejo en el ámbito de la promoción y difusión de la transparencia y el acceso a la información pública entre la ciudadanía, las instituciones, las organizaciones públicas y privadas y los medios de comunicación.
Las medidas de este eje comprenden tanto las redes sociales –intercambio de Información, los medios de comunicación –colaboración con éstos y apariciones en prensa, radio y TV difundiendo las actividades del Consejo y la cultura de la transparencia–, la celebración de jornadas y encuentros públicos y privados, la gestión de la página web del Consejo como modelo dinámico de información.
Durante 2015 la Presidenta del CTBG ha aparecido en los medios en más de 20 ocasiones y ha celebrado más de 28 entrevistas en distintos medios escritos, digitales y audiovisuales.
8. Eje RINDE.
De acuerdo con el Plan Estratégico del CTBG, el Eje RINDE, último eje temático, integra las actuaciones de rendición de cuentas del organismo entendidas en sentido diferente al de las actuaciones formales de rendición de cuentas ante los órganos de control interno y externo –Intervención Delegada y Tribunal de Cuentas–. Estas actuaciones formales pertenecen al eje activa y se relacionan intrínsecamente con la gestión ordinaria del Consejo.
Dentro de las actuaciones propias del Eje RINDE, cabe destacar que el CTBG se ha dotado durante 2015 de un Código Ético, aprobado por Resolución de 20 de julio de su Presidenta –publicada en la web institucional del Consejo– y que ha rendido cuentas durante 2015 publicando en su página web toda la información referente a su actividad de cara al exterior, no solo en aquellas materias recogidas por las normas de publicidad activa, sino en todas aquellas que se ha entendido justificado que sean conocidas por los organismos públicos o la ciudadanía en general.
Finalmente, cabe referirse a las comparecencias de la Presidenta del Consejo ante las Cortes Generales durante 2015. La Presidenta, que ya había comparecido el 20 de noviembre de 2014 en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso a efectos del refrendo de su nombramiento, volvió a comparecer en la mencionada Comisión, esta vez a petición propia, el día 29 de septiembre de 2015 para informar sobre el Plan Estratégico del CTBG y, en general, sobre las actuaciones realizadas a dicha fecha.
Madrid, diciembre de 2016.
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Llega el #BOE la memoria 2015 del @ConsejoTBG Un par de tweets sobre cosas importantes que cuenta:
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Hacienda y Función Pública
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Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno encomienda al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la función de evaluar su grado de aplicación por los sujetos obligados
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[] | 747
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2018-01-15
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DE CONFORMIDAD con
los arts. 3.5 y 6 de la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo
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BOE-A-2018-464
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Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.
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<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el artículo 3.5 de la referida orden se indica que los precios máximos de venta al público se revisarán con periodicidad bimestral y producirán efectos a partir del tercer martes del mes en el que se efectué la revisión. Asimismo, en el artículo 6 se establece que la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, efectuará los cálculos necesarios para la aplicación del sistema establecido en la mencionada orden y dictará las correspondientes resoluciones de determinación de costes de comercialización y de los precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, en su modalidad envasado, que se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En cumplimiento de lo dispuesto anteriormente y con el fin de hacer públicos los nuevos precios máximos de los gases licuados del petróleo en dicha modalidad de suministro, esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto lo siguiente:</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Primero. Ámbito de aplicación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La presente resolución será de aplicación en todo el territorio español, a los suministros de los gases licuados del petróleo pendientes de ejecución el día 16 de enero de 2018, sin perjuicio de que los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que a las cero horas del día 16 de enero de 2018 aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer variaciones en más o en menos sobre los costes de comercialización de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. En particular, lo previsto en esta resolución será de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo envasados en recipientes de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg de contenido de GLP, a excepción de los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Esta resolución no será de aplicación a los gases licuados del petróleo envasados en envases con una tara inferior o igual a los 9 kg, excepto para aquellos operadores al por mayor de GLP, con obligación de suministro domiciliario en el correspondiente ámbito territorial, que no dispongan de envases cuya tara sea superior a 9 kg, de conformidad con la disposición adicional trigésima tercera de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Segundo. Precio máximo de venta antes de impuestos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Desde las cero horas del día 16 de enero de 2018, el precio máximo de venta, antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo incluidos en el ámbito de aplicación de esta resolución será de 95,6036 c€/Kg.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tercero. Coste de comercialización.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El coste de comercialización sin impuestos, considerado en el precio indicado en el apartado anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados es de 49,3997 c€/Kg.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuarto. Precios de referencia y desajustes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el precio máximo de venta indicado en el apartado segundo, establecido según lo dispuesto en los artículos 3 y 4 y en la disposición transitoria única de la citada Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, se han tenido en cuenta los siguientes cálculos y desajustes para el próximo periodo:</p>
<table class='tabla_ancha' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_1'/>
<col class='row_column_2'/>
<col class='row_column_3'/>
<col class='row_column_4'/>
<col class='row_column_5'/>
<col class='row_column_5'/>
<col class='row_column_5'/>
<col class='row_column_6'/>
<col class='row_column_7'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Bimestre</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Tipo de cambio $/€</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Cotización Internacional</p>
<p class='cabeza_tabla'>$/Tm</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Flete (Fb)</p>
<p class='cabeza_tabla'>$/Tm</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Coste de comercialización (CCb)</p>
<p class='cabeza_tabla'>c€/Kg</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Coste de la materia prima (CMPb)</p>
<p class='cabeza_tabla'>c€/kg</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Precio sin impuestos teórico (PSIbt)</p>
<p class='cabeza_tabla'>c€/Kg</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Desajuste (Xb-1)</p>
<p class='cabeza_tabla'>c€/Kg</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Precio sin impuestos (PSIb)</p>
<p class='cabeza_tabla'>c€/Kg</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_9'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2017/6</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1,183522</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>520,7800</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>16,70</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>49,3997</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>45,4136</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>94,8133</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>0,0000</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>94,0671</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_9'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2018/1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1,178711</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>529,5100</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>15,10</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>49,3997</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>46,2039</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>95,6036</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>0,0000</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>95,6036</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para obtener estos precios se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cotización internacional ($/Tm): propano diciembre = 559,3; butano diciembre = 524,6; propano enero = 547,4; butano enero = 522,5.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Fletes noviembre ($/Tm): 15,0; Fletes diciembre ($/Tm): 15,2.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Media noviembre del cambio dólar/euro: 1,173800.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Media diciembre del cambio dólar/euro: 1,183621.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Quinto. Eficacia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esta resolución surtirá efectos desde el día 16 de enero de 2018.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Contra la presente resolución, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puede interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, 10 de enero de 2018.–La Directora General de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano Martín.</p>
</texto>
</documento>
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Mon Jan 15 08:01:16 +0000 2018
|
La Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados.
En el artículo 3.5 de la referida orden se indica que los precios máximos de venta al público se revisarán con periodicidad bimestral y producirán efectos a partir del tercer martes del mes en el que se efectué la revisión. Asimismo, en el artículo 6 se establece que la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, efectuará los cálculos necesarios para la aplicación del sistema establecido en la mencionada orden y dictará las correspondientes resoluciones de determinación de costes de comercialización y de los precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, en su modalidad envasado, que se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».
En cumplimiento de lo dispuesto anteriormente y con el fin de hacer públicos los nuevos precios máximos de los gases licuados del petróleo en dicha modalidad de suministro, esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto lo siguiente:
Primero. Ámbito de aplicación.
1. La presente resolución será de aplicación en todo el territorio español, a los suministros de los gases licuados del petróleo pendientes de ejecución el día 16 de enero de 2018, sin perjuicio de que los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que a las cero horas del día 16 de enero de 2018 aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización.
2. Las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer variaciones en más o en menos sobre los costes de comercialización de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados.
3. En particular, lo previsto en esta resolución será de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo envasados en recipientes de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg de contenido de GLP, a excepción de los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.
4. Esta resolución no será de aplicación a los gases licuados del petróleo envasados en envases con una tara inferior o igual a los 9 kg, excepto para aquellos operadores al por mayor de GLP, con obligación de suministro domiciliario en el correspondiente ámbito territorial, que no dispongan de envases cuya tara sea superior a 9 kg, de conformidad con la disposición adicional trigésima tercera de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
Segundo. Precio máximo de venta antes de impuestos.
Desde las cero horas del día 16 de enero de 2018, el precio máximo de venta, antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo incluidos en el ámbito de aplicación de esta resolución será de 95,6036 c€/Kg.
Tercero. Coste de comercialización.
El coste de comercialización sin impuestos, considerado en el precio indicado en el apartado anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados es de 49,3997 c€/Kg.
Cuarto. Precios de referencia y desajustes.
En el precio máximo de venta indicado en el apartado segundo, establecido según lo dispuesto en los artículos 3 y 4 y en la disposición transitoria única de la citada Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, se han tenido en cuenta los siguientes cálculos y desajustes para el próximo periodo:
Bimestre
Tipo de cambio $/€
Cotización Internacional
$/Tm
Flete (Fb)
$/Tm
Coste de comercialización (CCb)
c€/Kg
Coste de la materia prima (CMPb)
c€/kg
Precio sin impuestos teórico (PSIbt)
c€/Kg
Desajuste (Xb-1)
c€/Kg
Precio sin impuestos (PSIb)
c€/Kg
2017/6
1,183522
520,7800
16,70
49,3997
45,4136
94,8133
0,0000
94,0671
2018/1
1,178711
529,5100
15,10
49,3997
46,2039
95,6036
0,0000
95,6036
Para obtener estos precios se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios:
Cotización internacional ($/Tm): propano diciembre = 559,3; butano diciembre = 524,6; propano enero = 547,4; butano enero = 522,5.
Fletes noviembre ($/Tm): 15,0; Fletes diciembre ($/Tm): 15,2.
Media noviembre del cambio dólar/euro: 1,173800.
Media diciembre del cambio dólar/euro: 1,183621.
Quinto. Eficacia.
Esta resolución surtirá efectos desde el día 16 de enero de 2018.
Contra la presente resolución, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puede interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación.
Madrid, 10 de enero de 2018.–La Directora General de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano Martín.
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El butano sigue subiendo: 25 céntimos más a partir de esta noche, que se venderá a 14,69€ (bombona clásica). #BOE
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[
"115"
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
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Actualización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados.
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[
"255",
"3889",
"5665",
"5575"
] | 748
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2014-01-23
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BOE-B-2014-2235
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Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de formalización de contrato para la prestación de los servicios de limpieza.
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<titulo>Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de formalización de contrato para la prestación de los servicios de limpieza.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='9207'>Otros Poderes Adjudicadores</departamento>
<numero_anuncio>A140001845</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20140123</fecha_publicacion>
<letra_imagen>B</letra_imagen>
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<pagina_final>2842</pagina_final>
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<analisis>
<modalidad codigo='F'>Formalización contrato</modalidad>
<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas></fecha_presentacion_ofertas>
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<importe>809.815,71</importe>
<ambito_geografico>Comunidad Valenciana</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>90000000 Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima.</dd>
<dt>c) Número de expediente: </dt>
<dd>PA 6/13.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Servicios.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Limpieza de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias en la anualidad 2014.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>1.271.607.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación.</dt>
<dd>Importe total: 994.040,00 euros. </dd>
<dt>6. Formalización del contrato:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha de adjudicación: </dt>
<dd>18 de diciembre de 2013.</dd>
<dt>b) Fecha de formalización del contrato: </dt>
<dd>8 de enero de 2014.</dd>
<dt>c) Contratista: </dt>
<dd>Eulen, Sociedad Anónima.</dd>
<dt>d) Importe o canon de adjudicación: </dt>
<dd>Importe total: 809.815,71 euros. </dd>
</dl>
</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Valencia, 14 de enero de 2014.- Directora General.</p>
</texto>
</documento>
|
Thu Jan 23 08:21:50 +0000 2014
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1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima.
c) Número de expediente:
PA 6/13.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Limpieza de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias en la anualidad 2014.
4. Valor estimado del contrato:
1.271.607.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 994.040,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
18 de diciembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
8 de enero de 2014.
c) Contratista:
Eulen, Sociedad Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe total: 809.815,71 euros.
Valencia, 14 de enero de 2014.- Directora General.
|
Cada vez que veo un contrato de Ciudad Artes y Ciencias, como este de limpieza a Eulen por 800.000 E, voy sumando
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[] |
CONTRATOS_LICITACIONES
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Otros Poderes Adjudicadores
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Contrato de Ciudad Artes y Ciencias a Eulen por importe total de 809.815,71 euros.
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[] | 750
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2017-07-15
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BOE-A-2017-8343
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Sala Segunda. Sentencia 71/2017, de 5 de junio de 2017. Recurso de amparo 3292-2016. Promovido por los diputados del Grupo Parlamentario del Partit Popular de Catalunya del Parlamento de Cataluña en relación con los acuerdos de la Mesa de la Cámara que admitieron a trámite las solicitudes de puesta en marcha de las ponencias redactoras conjuntas para elaborar el texto de tres proposiciones de ley de protección social catalana, del régimen jurídico catalán y de la Administración tributaria catalana. Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas en relación con el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de sus representantes: SSTC 224/2016 y 225/2016 (inadecuada calificación de las iniciativas parlamentarias como proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía que impone a los parlamentarios su participación en una ponencia a la que no desean incorporarse).
|
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<documento fecha_actualizacion='20211007185601'>
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<identificador>BOE-A-2017-8343</identificador>
<titulo>Sala Segunda. Sentencia 71/2017, de 5 de junio de 2017. Recurso de amparo 3292-2016. Promovido por los diputados del Grupo Parlamentario del Partit Popular de Catalunya del Parlamento de Cataluña en relación con los acuerdos de la Mesa de la Cámara que admitieron a trámite las solicitudes de puesta en marcha de las ponencias redactoras conjuntas para elaborar el texto de tres proposiciones de ley de protección social catalana, del régimen jurídico catalán y de la Administración tributaria catalana. Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas en relación con el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de sus representantes: SSTC 224/2016 y 225/2016 (inadecuada calificación de las iniciativas parlamentarias como proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía que impone a los parlamentarios su participación en una ponencia a la que no desean incorporarse).</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>168</diario_numero>
<seccion>T</seccion>
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<departamento codigo='1410'>Tribunal Constitucional</departamento>
<rango codigo='1240'>Sentencia</rango>
<numero_oficial>71/2017</numero_oficial>
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<fecha_publicacion>20170715</fecha_publicacion>
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<judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
<vigencia_agotada>N</vigencia_agotada>
<estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
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<materias></materias>
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<anteriores></anteriores>
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<texto>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ECLI:ES:TC:2017:71</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Encarnación Roca Trías, Presidenta, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>EN NOMBRE DEL REY</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>la siguiente</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>SENTENCIA</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el recurso de amparo núm. 3292-2016, promovido por los diputados del Grupo Parlamentario del Partit Popular de Catalunya del Parlamento de Cataluña, representados por el Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Puelles y González-Carvajal y asistidos por el Abogado don Alberto Durán Ruiz de Huidobro, contra los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 1 y 8 de marzo de 2016 –este último, ratificando el anterior–, mediante los cuales el órgano rector de la cámara catalana calificó y admitió a trámite las solicitudes de puesta en marcha de tres ponencias redactoras conjuntas para elaborar el texto de tres proposiciones de ley, al amparo del artículo 126 del Reglamento del Parlamento de Cataluña. Ha comparecido el Parlamento de Cataluña, a través de su representante. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal.</p>
<p class='centro_negrita' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>I. Antecedentes</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 9 de junio de 2016, los diputados del Grupo Parlamentario del Partit Popular de Catalunya del Parlamento de Cataluña, representados por el Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Puelles y González-Carvajal y asistidos por el Abogado don Alberto Durán Ruiz de Huidobro, interpusieron demanda de amparo contra los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña que se mencionan en el encabezamiento.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son los siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) En fecha 3 de febrero de 2016 los grupos parlamentarios de Junts pel Sí (JpS) y de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (CUP-CC), presentaron ante el registro del Parlamento de Cataluña tres solicitudes de creación de ponencias parlamentarias conjuntas para la elaboración, respectivamente, de una proposición de ley integral de protección social catalana, una proposición de ley del régimen jurídico catalán y una proposición de ley de la Administración tributaria catalana, argumentando que tales solicitudes se realizaban «de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 del Reglamento del Parlamento».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En lo que importa al presente recurso de amparo, el artículo 126 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC) está recogido en el apartado dedicado a «los proyectos y las proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de autonomía de Cataluña», dentro de la sección tercera (especialidades del procedimiento legislativo), del capítulo segundo (procedimiento legislativo), en los siguientes términos:</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Artículo 126. Ponencia redactora.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Con relación al desarrollo básico de lo establecido por el Estatuto de autonomía de Cataluña, la Mesa del Parlamento, sin perjuicio del régimen general de la iniciativa legislativa establecido por el artículo 109, de acuerdo con la Junta de Portavoces y previa iniciativa de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados, puede decidir que en estas materias la iniciativa parlamentaria sea ejercida por el conjunto de grupos parlamentarios. A tal fin, la comisión que designe la Mesa del Parlamento debe constituir una ponencia, con representación de todos los grupos parlamentarios, para que elabore el texto de la proposición de ley en el plazo de tres meses, al término del cual se entiende que decae el encargo, salvo en caso de una prórroga otorgada expresamente. Para publicar la proposición, se sigue lo dispuesto por el artículo 112.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El texto elaborado por la ponencia a que se refiere el apartado 1 se tramita por el procedimiento legislativo común. Las proposiciones de ley elaboradas siguiendo este procedimiento deben someterse al debate establecido por el artículo 114 y, si están firmadas por todos los grupos parlamentarios, no pueden ser objeto de enmiendas a la totalidad. La presentación de la proposición de ley debe efectuarse por el diputado designado por la ponencia.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por su parte, el artículo 62.2 de Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), dispone, bajo el epígrafe «Iniciativa legislativa y ejercicio de la función legislativa», lo siguiente:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Son leyes de desarrollo básico del Estatuto las que regulan directamente las materias mencionadas por los artículos 2.3, 6, 37.2, 56.2, 67.5, 68.3, 77.3, 79.3, 81.2 y 94.1. La aprobación, la modificación y la derogación de dichas leyes requieren el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento en una votación final sobre el conjunto del texto, salvo que el Estatuto establezca otra.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) El día 9 de febrero de 2016, en sesión conjunta de la Mesa y de la Junta de Portavoces, se acordó encomendar a los servicios jurídicos del Parlamento la elaboración de un informe jurídico en relación a las tres iniciativas de creación de ponencias parlamentarias conjuntas y posponer, a la espera del mismo, la decisión definitiva de la Mesa sobre la admisión a trámite.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En fecha 16 de febrero de 2016 se emitió dicho informe, en el que se expone, en síntesis, que la creación de una ponencia conjunta es una especialidad del procedimiento legislativo establecido por el artículo 126 RPC, previsto para poder aplicarlo a las leyes de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) que aparecen enumeradas en el artículo 62.2 EAC. No obstante lo anterior, la praxis parlamentaria muestra varios precedentes de tramitación de proposiciones de ley por el procedimiento de ponencia conjunta sin que su ámbito material estuviera incardinado en los supuestos del artículo 62.2 EAC, aunque tal decisión de admisión a trámite de la Mesa y de la Junta de Portavoces se tomó con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, toda vez que la finalidad de las ponencias conjuntas es la de constituir un marco de trabajo conjunto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Caso contrario, si no se trata de las materias previstas en el artículo 62.2 EAC y no hay consenso, los servicios jurídicos de la Cámara entienden que se presentan dudas sobre la viabilidad de la ponencia, porque esta pierde el sentido para el cual ha sido prevista (ser plataforma de trabajo «conjunto» de los grupos) y porque su creación puede generar como efecto adicional que los grupos parlamentarios que se han opuesto a ella deban asumir una participación activa en la elaboración de un texto normativo en contra de sus legítimos intereses políticos, obligación que el reglamento no les impone.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el informe se hace mención expresa a que en estos casos en que las materias no corresponden al desarrollo básico del Estatuto, la decisión de la Mesa y de la Junta de Portavoces de crear las ponencias se ha tomado siempre con consenso o sin la oposición expresa de ningún grupo parlamentario. Por último, en el informe se aconseja a los grupos parlamentarios que han solicitado la creación de las ponencias conjuntas, que ejerzan su derecho de iniciativa de acuerdo con el procedimiento legislativo ordinario, recordándoles que disponen de otros instrumentos parlamentarios sin necesidad de utilizar la vía de la ponencia conjunta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) En fecha 29 de febrero de 2016, los grupo parlamentarios JpS y de la CUP-CC presentaron ante el registro del Parlamento un escrito dirigido a la Mesa exponiendo las consideraciones que, según su criterio, vendrían a fundamentar la legitimidad de un acuerdo de la Mesa que diera trámite a estas iniciativas legislativas de acuerdo con el procedimiento del artículo 126 RPC. Se afirma en dicho escrito que el artículo 126 RPC «se ha convertido en la práctica en un procedimiento legislativo que va más allá de una interpretación estricta y formal de su tenor literal, de otra manera no hubieran sido posibles la mayoría de las ponencias conjuntas realizadas en las últimas legislaturas», señalando a continuación un listado de proposiciones legislativas –sin otra indicación que el título de cada una– presentadas en las últimas legislaturas, y defendiendo que la Mesa, en caso de duda sobre si la iniciativa se enmarca en el ámbito de materias del artículo 126 RPC, no debe prejuzgar su adecuación sino admitirla. Niegan que un solo grupo de la Cámara pueda tener derecho de veto y que la unanimidad en la constitución de la ponencia no sea un requisito prefijado en este procedimiento, sino el de la participación de todos los grupos, insistiendo en que no caben controles previos sobre las tres iniciativas presentadas, solicitando se dé trámite a las mismas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 1 de marzo de 2016, acordó (con el voto en contra del Vicepresidente segundo y de los Secretarios segundo y tercero) tramitar dicha iniciativa parlamentaria mediante el procedimiento previsto en el artículo 126 RPC, constituyendo las correspondientes ponencias conjuntas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Contra dicha resolución se presentaron tres peticiones de reconsideración, al amparo del artículo 38 RPC, por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (núm. de registro 12798), del Grupo Parlamentario Socialista (núm. de registro 12381) y del Grupo Parlamentario del Partido Popular de Cataluña (núm. de registro 13120). Concretamente, los hoy recurrentes en amparo elevaron dicha petición de reconsideración por escrito de fecha 7 de marzo de 2016.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) En fecha 8 de marzo de 2016 la Mesa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.3 RPC, con el voto en contra del Vicepresidente segundo y de los Secretarios segundo y tercero, acordó desestimar la petición de reconsideración.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Razona la Mesa, en síntesis:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>i) Que la solicitud presentada cumple con los requisitos formales que establece el artículo 126 RPC, teniendo en cuenta que lo han pedido dos grupos parlamentarios, se ha producido el acuerdo favorable de la Junta de Portavoces, «y la Mesa dispone de un margen de apreciación para decidir sobre su creación cuando se cumplen estos dos requisitos».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ii) Que «al margen de la interpretación del artículo 126, más allá del cumplimiento de los requisitos formales», dicho artículo 126 RPC «ha sido interpretado de forma amplia y extensiva en las últimas legislaturas sin que este hecho habitual haya sido fruto de controversia por parte de la Mesa y la Junta de Portavoces».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>iii) «En caso de duda sobre si la materia objeto de las proposiciones es o no de desarrollo básico estatutario, la Mesa, por un criterio de prudencia, no puede prejuzgarse ex ante la adecuación del procedimiento de la ponencia redactora.»</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>iv) «La referencia que hace el artículo 126 RPC a “la representación de todos los grupos” no puede ser interpretada como requisito necesario para la ponencia redactora, ya que esto podría significar el derecho de veto de un solo grupo, claramente contrario al derecho de iniciativa legislativa que corresponde a los grupos parlamentarios»; y en todo caso el artículo 126.2 RPC «prevé que el texto elaborado por la ponencia no sea firmado por todos los grupos parlamentarios», aunque con ella se busca el máximo consenso.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La demanda se interpone al amparo del artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y en la misma se solicita la declaración de nulidad de los acuerdos de la Mesa citados anteriormente. Los recurrentes aducen que los acuerdos impugnados han conculcado la legalidad parlamentaria, con el resultado de vulnerar facultades de los diputados que pertenecen al núcleo de su función representativa parlamentaria (artículo 23.2 CE, en conexión con el artículo 23.1 CE).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Con respecto de la infracción de la legalidad parlamentaria, los recurrentes ponen de manifiesto que la Mesa «se ha limitado a realizar una estricta verificación formal de los requisitos exigidos por el Reglamento para la creación de las ponencias redactoras o conjuntas sin tener en cuenta que, en este caso, existen límites materiales que el propio Reglamento del Parlamento de Cataluña exige para poder ejercer la iniciativa parlamentaria», y ello, porque no hay previsión en el Reglamento de constituir una ponencia conjunta relativa a proposiciones de ley sobre materias que quedan fuera del ámbito material definido por el artículo 62.2 EAC, como ocurre en el presente caso, concluyendo que tal infracción del Reglamento lleva aparejada la vulneración de las facultades parlamentarias previstas en el artículo 23 CE, toda vez que se obliga a los diputados a participar en la elaboración de una proposición de ley con la que no están de acuerdo y, además, se hace utilizando una especialidad del procedimiento legislativo prevista exclusivamente para los «proyectos y las proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña», pues se trata de materias que necesitan de una amplia mayoría parlamentaria para su aprobación, cuando no es el caso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En conclusión, los recurrentes entienden que la Mesa ha vulnerado el Reglamento de la Cámara y obliga a la participación «de todos los Grupos Parlamentarios para la elaboración de proposiciones de ley de naturaleza secesionista y contrarias al ordenamiento constitucional a las que los recurrentes se oponen frontalmente y frente a las que estos mismos recurrentes desean establecer, desde el primer momento y sin subterfugio alguno, su más rotundo voto negativo», lo que implica, a su juicio, una vulneración del<em> ius in officium </em>protegido por el artículo 23 CE, al verse obligados a participar en la elaboración de un texto normativo que va en contra de sus propios intereses políticos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. La Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 15 de noviembre de 2016, acordó admitir a trámite la demanda de amparo, apreciando que concurre una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el asunto suscitado plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina en este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)]. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, acordó requerir al Parlamento de Cataluña la remisión del testimonio de las actuaciones, acompañándose copia de la demanda a los efectos de su personación en el presente proceso.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 3 de enero de 2017, acordó tener por personado y parte al Parlamento de Cataluña y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de 20 días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el artículo 52 LOTC.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones en este Tribunal el 6 de febrero de 2017, en el que interesa se dicte sentencia estimando el recurso de amparo y se declare vulnerado el derecho fundamental de los demandantes a ejercer sus funciones representativas de acuerdo con lo garantizado en el artículo 23.2 CE.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tras exponer detalladamente los antecedentes de los que trae causa el recurso, así como los principales argumentos esgrimidos por los recurrentes, el Fiscal analiza la queja relativa a la vulneración del Reglamento del Parlamento de Cataluña y, en segundo término, expone las consecuencias que para el estatuto constitucionalmente relevante de los diputados recurrentes se derivan de tal vulneración, citando y reproduciendo la jurisprudencia de las recientes SSTC 224/2016 y 225/2016, de 19 de diciembre, en las que se resuelven quejas sustancialmente idénticas a la que plantean los recurrentes de amparo, toda vez que se dirigen contra las mismas resoluciones de la Mesa del Parlamento de Cataluña.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Fiscal lleva a cabo una interpretación sistemática y teleológica del artículo 126 RPC, llegando a la conclusión de que se trata de un precepto que regula una especialidad dentro del procedimiento legislativo, relativa a los proyectos y proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña, siendo éstos los que versan sobre las materias recogidas en el artículo 62.2 EAC, con arreglo al cual son leyes de desarrollo básico del Estatuto exclusivamente las que regulan directamente las materias mencionadas por los artículos 2.3, 6, 37.2, 56.2, 67.5, 68.3, 77.3, 79.3, 81.2 y 94.1 EAC, lista de preceptos que, a su juicio, y de acuerdo con la jurisprudencia citada, configura claramente un<em> numerus clausus </em>que no coincide con las materias que resultan objeto de las proposiciones de ley que se intentan tramitar en el caso que nos ocupa, añadiendo que estamos ante una especialidad que supone una excepción al régimen procedimental legislativo general, por lo que la interpretación que se impone ha de ser necesariamente muy estricta e incluso restrictiva.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Ministerio Fiscal reproduce la doctrina dictada en las SSTC 224/2016 y 225/2016 y afirma que la decisión de la Mesa no puede justificarse en un uso parlamentario para apartarse del Reglamento y, con ello, ignorar los derechos y garantías que el Reglamento reconoce a los parlamentarios disidentes. Constatada la infracción reglamentaria, para el Fiscal no cabe duda, de acuerdo con lo expuesto en las SSTC 224/2016 y 225/2016, que el ejercicio de la función legislativa y, dentro de ésta, la iniciativa legislativa, forma parte de la función representativa que garantiza el artículo 23 CE (por todas, STC 23/2015, de 16 de febrero, FJ 3) y, por tanto, pertenece al núcleo de derechos y facultades constitucionalmente relevante de los diputados, con el consiguiente derecho a que la iniciativa legislativa se ejerza y tramite conforme a los procedimientos parlamentarios idóneos y procedentes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En conclusión, el Fiscal sostiene que, como se declara en las SSTC 224/2016 y 225/2016, no sólo cabe afirmar la infracción del Reglamento de la Cámara por los acuerdos impugnados, sino también la vulneración del derecho de los diputados recurrentes a que los procedimientos parlamentarios se ajusten a lo prevenido en el Reglamento de la Cámara, cuya conculcación, en este caso, lleva aparejada una afectación del núcleo de derechos y facultades constitucionalmente relevante protegidos por el artículo 23.2 CE.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. La Letrada del Parlamento de Cataluña presentó escrito de alegaciones en este Tribunal el día 10 de febrero de 2017, solicitando la desestimación del recurso de amparo y planteando, como cuestión previa, la «concurrencia de la excepción de cosa juzgada, en base al artículo 38 LOTC», añadiendo, a renglón seguido, que: «aunque debe partirse de la nulidad expresada por dicho tribunal respecto a dichos acuerdos, entiende esta parte que se mantiene el interés legítimo en demostrar la falta de relación de causalidad entre los acuerdos de la Mesa anulados y la vulneración de un derecho fundamental».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Expuesto lo anterior, la representante del Parlamento de Cataluña agrupa sus alegaciones en torno a los siguientes razonamientos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>i) No se cumplen los requisitos sustantivos para la interposición de un recurso de amparo constitucional, toda vez que no se produce ninguna lesión efectiva de un derecho fundamental, pues «no cabe conocer a través del recurso de amparo cuestiones de legalidad ordinaria como la posible validez o invalidez de los acuerdos de la Mesa de una Cámara», máxime cuando, a su juicio, los recurrentes no son sujetos afectados por la vulneración de ningún derecho, por lo que no están legitimados para recurrir en amparo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ii) No existe infracción del derecho fundamental de participación política según el artículo 23 CE, ya que estamos ante un caso de «falta de legitimación activa para presentar el recurso de amparo puesto que la parte recurrente no es la que ha ejercitado el derecho subjetivo, cuál sería el derecho de iniciativa legislativa, requisito previo necesario para gozar de aquella legitimación». Según la representación procesal del Parlamento catalán, los recurrentes pretenden evitar que otros grupos parlamentarios creen una ponencia conjunta y «el derecho a invalidar un acuerdo de la Mesa no se halla entre los derechos fundamentales que puedan ser objeto de amparo constitucional». Asimismo, se sostiene que «la libertad de iniciativa legislativa, aunque existe y no ha sido negada a la parte recurrente, en ningún momento está configurada como un derecho fundamental» y, en todo caso, los recurrentes no están ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa (sino que lo hacen los grupos parlamentarios promotores de la ponencia conjunta), por lo que no pueden invocar un supuesto derecho a «no ejercer el derecho de participación política», ni, por las mismas razones, invocar la vulneración del derecho a la igualdad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>iii) Falta de restricción ilegítima en el ejercicio de un derecho fundamental, toda vez que no existe una relación de causalidad entre los acuerdos impugnados y el derecho de iniciativa legislativa de los recurrentes, que pueden abstenerse de participar en la ponencia conjunta. En cuanto a la interpretación del artículo 126 RPC, la Letrada del Parlamento catalán afirma que dicho precepto ha sido interpretado de forma flexible en las últimas legislaturas, que existe un uso parlamentario tendente a utilizar el procedimiento de ponencia conjunta también en relación con materias que no están incluidas en el ámbito material del desarrollo básico del Estatuto de Autonomía y que a la Mesa sólo le corresponde supervisar el cumplimiento de los requisitos formales de la iniciativa, no las cuestiones materiales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>iv) La representación procesal de la Cámara invoca la protección del derecho de participación política (art. 23.2 CE) de los grupos parlamentarios que utilizaron la vía del artículo 126 RPC y entienden que la Mesa, de haber inadmitido la iniciativa parlamentaria, podría haber incurrido en una vulneración del artículo 10 del Convenio europeo de derechos humanos, que regula el derecho a la libertad de expresión del que se deriva el derecho de participación política.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>v) Por último, se alude a la posible vulneración del principio de autonomía parlamentaria por parte de las Sentencias del Tribunal Constitucional que anularon los acuerdos impugnados, al entender que se trata de <em>interna corporis acta</em> que no vulneran ningún derecho fundamental y se afirma que este recurso de amparo carece de especial trascendencia constitucional.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Por providencia de 1 de junio de 2017, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 5 del mismo mes y año.</p>
<p class='centro_negrita' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>II. Fundamentos jurídicos</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Como se expone con detalle en los antecedentes, la cuestión suscitada en el recurso de amparo se centra en determinar si los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña que se mencionan en el encabezamiento de esta Sentencia y mediante los que se admitió a trámite la solicitud de los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent, de creación de tres ponencias parlamentarias conjuntas de acuerdo con el procedimiento que prevé el artículo 126 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC), para la elaboración, respectivamente, de una proposición de ley integral de protección social catalana, de una proposición de ley del régimen jurídico catalán y de una proposición de ley de la Administración tributaria catalana, vulneran el derecho de los diputados recurrentes a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos regulado en el artículo 23.2 CE, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los diputados recurrentes, miembros del Grupo Parlamentario del Partit Popular de Catalunya del Parlamento de Cataluña, ponen de manifiesto que no es posible utilizar el cauce de ponencia conjunta que proporciona el artículo 126 RPC cuando, como ocurre en este caso, la finalidad de la misma es elaborar el texto de varias proposiciones de ley cuyo contenido no se refiere a materias directamente relacionadas con el desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña: EAC (art. 62.2 EAC). A su juicio, tal infracción del Reglamento por parte de la Mesa vulnera su derecho de iniciativa legislativa, facultad que pertenece al núcleo de la función representativa parlamentaria protegida por el artículo 23.2 CE, toda vez que se ven obligados a formar parte de una iniciativa legislativa que no comparten y a participar en la elaboración de tres proposiciones de ley de las que disienten.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por su parte la Letrada del Parlamento de Cataluña plantea como cuestión previa la «concurrencia de la excepción de cosa juzgada, en base al artículo 38 LOTC» y cuestiona la legitimación activa de los recurrentes, así como la especial trascendencia constitucional del recurso, en los términos que han quedado expuestos en los antecedentes. Subsidiariamente solicita la desestimación del recurso de amparo argumentando, como se expone extensamente en los antecedentes, que la Mesa ejerció legítimamente sus facultades, que aplicó correctamente las normas del Reglamento de la Cámara y que no se ha producido ninguna lesión de los derechos fundamentales garantizados por el artículo 23 CE.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso de amparo en los términos que han quedado expresados en los antecedentes.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Antes de entrar en el fondo de las cuestiones suscitadas en este proceso, es necesario examinar la «cuestión previa» y las objeciones relativas a la inadmisibilidad del recurso que expone la representación procesal del Parlamento de Cataluña.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Como cuestión previa se alega la «concurrencia de la excepción de cosa juzgada, en base al artículo 38 LOTC». Sin embargo, dicho precepto se refiere a las sentencias dictadas en procedimientos de inconstitucionalidad, como inequívocamente se desprende de su ubicación sistemática (capítulo IV del título II de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC) y de su contenido. Por el contrario, en el presente caso estamos ante un recurso de amparo constitucional, regulado en el título III LOTC, siendo aplicable el artículo 55 LOTC en el que se recogen los distintos pronunciamientos que puede contener una sentencia que otorgue el amparo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Así, si bien los acuerdos de la Mesa del Parlamento catalán que hoy se impugnan ya han sido anulados por la STC 224/2016, de 19 de diciembre, con apoyo en el artículo 55.1 a) LOTC, y, como es lógico, tal Sentencia tiene efecto de cosa juzgada, ello no obsta para que este Tribunal resuelva el presente recurso de amparo, admitido a trámite con anterioridad a dicho pronunciamiento, y para que, en su caso, reconozca, con carácter declarativo, la vulneración de los derechos de los recurrentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 55.1 b) LOTC.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>También se debe rechazar la queja relativa a la falta de legitimación activa de los recurrentes, pues los razonamientos de la Letrada del Parlamento de Cataluña, relativos a que «la parte recurrente no es la que ha ejercitado el derecho subjetivo, cuál sería el derecho de iniciativa legislativa, requisito previo necesario para gozar de aquella legitimación», coinciden con el objeto de este recurso de amparo. Así, lo que alegan los recurrentes es, precisamente, la vulneración de la vertiente negativa de su derecho de iniciativa legislativa, al verse forzados, en contra de su voluntad y de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, a formar parte de una iniciativa legislativa que no promueven y a constituir una ponencia conjunta para la elaboración de unas proposiciones de ley que no comparten, argumentos que no puede ser esgrimidos para negarles el acceso al recurso de amparo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Alega también la representante del Parlamento de Cataluña que este recurso de amparo carece de especial trascendencia constitucional, exponiendo como único razonamiento que «no existe vulneración de ningún derecho fundamental». Sin embargo, el cumplimiento de este requisito sustantivo de admisibilidad de la demanda de amparo no implica, ni adelanta, un juicio sobre la efectiva vulneración de un derecho fundamental. La especial trascendencia constitucional se aprecia cuando «el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional … atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales» [art. 50.1 b) LOTC]. Así, aunque, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.1<em> in fine </em>LOTC, el recurrente ha de satisfacer necesariamente la carga de justificar en la demanda la especial trascendencia constitucional del recurso (AATC 188/2008, de 21 de julio, 289/2008 y 290/2008, de 22 de septiembre, entre otros), es al Tribunal Constitucional a quien corresponde apreciar, en cada caso, la existencia o inexistencia de ese requisito sustantivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.1 b) LOTC y con la interpretación que se hace del mismo en la STC 155/2009, FJ 2, entre otras muchas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el presente caso, este Tribunal decidió admitir a trámite la demanda de amparo, por providencia de 15 de noviembre de 2016, apreciando que concurre una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), porque el asunto suscitado plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina en este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)]. A ello habría que añadir, como se desprende de la STC 200/2014, de 15 de diciembre, FJ 2, que los amparos parlamentarios, <em>ex</em> artículo 42 LOTC, tienen una particularidad respecto del resto de los recursos de amparo en cuanto al marco de garantías del que disponen los eventuales recurrentes para invocar sus derechos fundamentales, como es la ausencia de una vía jurisdiccional previa al amparo constitucional en la que postular la reparación de los derechos vulnerados. Ello los sitúa en una posición especial a la hora de determinar su dimensión objetiva al valorar la especial trascendencia constitucional por parte de este Tribunal (STC 155/2009, FJ 2), dada la repercusión general que tiene el ejercicio de la función representativa y que excede del ámbito particular del parlamentario y del grupo en el que se integra. Ello no significa que estos factores relevantes para decidir la admisión del recurso deban trasladarse al núcleo de la decisión sobre el fondo del recurso, ni adelanten la eventual estimación del amparo, como ya tuvo ocasión de aclarar este Tribunal en las SSTC 9/2015, de 2 de febrero, FJ 3, y 242/2015, de 30 de noviembre, FJ 2, entre otras.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Entrando ya en el análisis de la queja que se formula en la demanda de amparo, se debe comenzar señalando que la cuestión que se somete a consideración no es nueva. En las SSTC 224/2016 y 225/2016 el Tribunal Constitucional ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre la constitucionalidad de los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña que hoy se impugnan, estimando sendos recursos de amparo promovidos por los diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña y por los diputados del Grupo Parlamentario de Ciudadanos del Parlamento de Cataluña, respectivamente, y anulando los citados acuerdos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En dichas Sentencias, este Tribunal recordó que el ejercicio de la función legislativa por los representantes de los ciudadanos constituye «la máxima expresión del ejercicio de la soberanía popular en el Estado democrático» y que la participación en el ejercicio de dicha función y el desempeño de los derechos y facultades que la acompañan, entre los que indudablemente se encuentra el derecho a la iniciativa legislativa, «constituyen una manifestación constitucionalmente relevante del<em> ius in officium </em>del representante», protegido por el artículo 23.2 CE (SSTC 224/2016, FJ 2, y 225/2016, FJ 2).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se debe recordar también que, cuando se reclama la tutela de derechos o facultades que pertenecen al núcleo de la función representativa parlamentaria frente a posibles vulneraciones de los órganos de la Cámara correspondiente, este Tribunal debe ser especialmente cuidadoso en la identificación, primero, de la base normativa del derecho alegado (toda vez que estamos ante un derecho fundamental de configuración legal) y, segundo, en la identificación de la regulación reglamentaria de las facultades del órgano de la Cámara al que se imputa la vulneración. Por ello, resulta obligado analizar el sentido, alcance y ámbito material del artículo 126 RPC.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Del Reglamento del Parlamento de Cataluña se desprende que la regulación relativa al procedimiento legislativo (capítulo II del título IV) contempla disposiciones generales sobre sujetos, requisitos y admisión a trámite de iniciativas legislativas (arts. 109 a 111), normas para el procedimiento legislativo común (arts. 112 a 125) y, por lo que aquí interesa, una serie de especialidades del procedimiento legislativo (arts. 126 a 145), cuya ordenación, en sus tres primeros apartados, responde a un claro criterio <em>ratione materiae</em>. Así, el apartado primero (arts. 126 y 127) se refiere a «los proyectos y las proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de autonomía de Cataluña»; el apartado segundo (arts. 128 a 131) al proyecto de ley de presupuestos; y el apartado tercero (art. 132), a la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Más en concreto, el artículo 126 RPC contempla una especialidad dentro del procedimiento legislativo, referida a la iniciativa para promover la elaboración conjunta de proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña, regulando, tal y como se ha reproducido en los antecedentes, la posibilidad de que la iniciativa parlamentaria se ejerza por el conjunto de grupos parlamentarios, mediante la constitución de una ponencia redactora que contará con la presencia de todos los grupos. Además, de acuerdo con lo previsto en los artículos 62.2<em> in fine </em>EAC y 127 RPC, la proposición de ley elaborada por la ponencia conjunta requerirá, para su aprobación, el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno, en una votación final sobre el conjunto del texto, sin que sea posible su aprobación en comisión (art. 133 RPC). Estos rigurosos requisitos de tramitación y aprobación sólo se justifican por razón de la materia que se pretende regular mediante este procedimiento especial (el desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña) y coinciden con los que el Reglamento exige para «las iniciativas de reforma estatutaria (art. 132 RPC).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De lo dicho se deduce que, para acudir al procedimiento legislativo especial que regula el artículo 126 RPC, es requisito indispensable (como apunta el Fiscal y también aducen los recurrentes) que la iniciativa se dirija a elaborar proposiciones de ley relativas «al desarrollo básico de lo establecido por el Estatuto de autonomía de Cataluña». Se remite al artículo 62.2 EAC, con arreglo al cual son leyes de desarrollo básico del Estatuto «las que regulen directamente las materias mencionadas en los artículos 2.3, 6, 37.2, 56.2, 67.5, 68.3, 77.3, 79.3, 81.2 y 94.1 EAC», lista de preceptos que configura claramente un<em> numerus clausus </em>y que se remiten a las siguientes materias: a los municipios, las veguerías, las comarcas y demás entes locales que integran el sistema institucional de la Generalitat (art. 2.3 EAC), a la lengua propia y oficiales de Cataluña (art. 6 EAC), a las garantías de los derechos estatutarios (art. 37.2 EAC), a la composición del Parlamento y régimen electoral (art. 56.2 EAC), al estatuto personal del Presidente o Presidenta de la Generalitat (art. 67.5 EAC), a la organización, el funcionamiento y las atribuciones del Gobierno de la Generalitat (art. 68.3 EAC), a la composición y el funcionamiento del Consejo de Garantías Estatutarias, el estatuto de sus miembros y los procedimientos relativos al ejercicio de sus funciones (art. 77.3 EAC), al estatuto personal del Síndic de Greuges, sus incompatibilidades, sus causas de cese, así como la organización y las atribuciones de la institución (art. 79.3 EAC), al estatuto personal, las incompatibilidades, las causas de cese, la organización y el funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas (art. 81.2 EAC) y, finalmente, al régimen jurídico especial de Arán (art. 94.1 EAC).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, debemos reparar en el hecho de que no sólo se trata de una lista cerrada y taxativa de materias, sino que, además, del tenor literal del artículo 62.2 EAC se desprende que sólo son leyes de desarrollo básico del Estatuto las que regulan «directamente» dichas materias, lo que excluye toda interpretación flexible o extensiva a la hora de calificar las iniciativas que se presenten bajo su cobertura y, correlativamente, al acordar la apertura del procedimiento legislativo especial previsto en el artículo 126 RPC para su tramitación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Como ya constatamos en la STC 224/2016, FJ 4, no cabe apreciar <em>prima facie</em> la necesaria correspondencia «directa» entre las materias de desarrollo básico del Estatuto según el artículo 62.2 EAC, y las materias respecto de las que se pretende elaborar tres proposiciones de ley utilizando el procedimiento especial previsto en el artículo 126 RPC; esto es, una proposición de ley integral de protección social catalana, una proposición de ley del régimen jurídico catalán y una proposición de ley de la Administración tributaria catalana. Ninguna de dichas materias se refiere a la regulación de las instituciones ya establecidas en el Estatuto de Autonomía que indica su artículo 62.2 (Generalitat, Parlamento, Consejo de Garantías Estatutarias, Síndic de Greuges y Sindicatura de Cuentas); tampoco a la ordenación de los municipios, veguerías y comarcas de la propia Comunidad, ni a la organización territorial o administrativa de Arán. Es evidente, por lo demás, que cualquier institución u organización administrativa no recogida en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuya creación pretendiera fraguarse bajo las proposiciones de ley que se anuncian, no podría responder a un «desarrollo básico» del propio Estatuto. En lo que hace, por otro lado, a las garantías de los derechos estatutarios, el artículo 37.2 EAC prevé expresamente que con este fin se apruebe por ley la «Carta de los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña». Pero esta última tampoco es asumida por las tres iniciativas en examen, ni con ellas se pretende, en fin, la regulación de la lengua propia y oficiales de Cataluña, o la regulación del régimen electoral.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esa correspondencia no queda en modo alguno justificada por los dos grupos parlamentarios que firman la iniciativa, ni en su solicitud inicial, la cual se limita a decir que se cumple con lo establecido en el artículo 126 RPC, ni en el posterior escrito de 29 de febrero, en el que formulaban alegaciones contrarias al informe del servicio jurídico de la Cámara –favorable este último a una interpretación estricta de la norma–. De hecho, y como se expone en los antecedentes de esta Sentencia, en tal escrito no se realiza ningún esfuerzo dialéctico por relacionar las tres proposiciones de ley con alguna de las materias sujetas al procedimiento especial, sino que se postula la aplicación de éste al margen del tenor literal de la norma (art. 126 RPC), únicamente porque así se habría hecho anteriormente con otras proposiciones de ley que, sin ninguna clase de acreditación, se relacionan sin más en un listado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A lo anterior se une que los acuerdos impugnados no contienen tampoco una argumentación de la Mesa dirigida a fundamentar la necesaria conexión material, tal y como exige el Reglamento, entre el objeto de dichas proposiciones de ley y las leyes de desarrollo básico del Estatuto. Al contrario, la Mesa, en su acuerdo de 8 de marzo de 2016, mediante el que desestimó la reconsideración solicitada por varios grupos parlamentarios, alude a una interpretación amplia, extensiva y flexible de dicho precepto, que va «más allá de su lectura estricta, formal y literal» para, a continuación, justificar su decisión en la existencia de un uso parlamentario que legitimaría la aplicación del artículo 126 RPC para la tramitación de iniciativas legislativas que no se corresponden estrictamente con las materias propias del desarrollo básico del Estatuto de Autonomía.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tampoco la Letrada del Parlamento de Cataluña aporta ningún argumento de fondo para fundamentar la conexión material entre las tres solicitudes de creación de ponencias parlamentarias conjuntas y las leyes de desarrollo básico del Estatuto de Cataluña, sino que se remite a una interpretación flexible del artículo 126 RPC por parte de la Mesa y a la necesidad de que dicho órgano lleve a cabo un mero examen formal de los requisitos de admisibilidad de la iniciativa, refiriéndose al hecho de que en anteriores legislaturas se crearon ponencias redactoras conjuntas para la elaboración de proposiciones de ley que no estaban comprendidas en el ámbito material al que se refiere el artículo 62.2 EAC.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Este Tribunal ha insistido repetidamente en que «a la Mesa le compete, por estar sujeta al ordenamiento jurídico, en particular a la Constitución y a los Reglamentos Parlamentarios que regulan sus atribuciones y funcionamiento, y en aras de la mencionada eficiencia del trabajo parlamentario, verificar la regularidad jurídica y la viabilidad procesal de la iniciativa (STC 205/1990), esto es, examinar si la iniciativa cumple con los requisitos formales exigidos por la norma parlamentaria» (STC 10/2016, FJ 4), pero también se ha afirmado que, no obstante lo anterior, el Reglamento Parlamentario puede establecer que la Mesa «extienda su examen de la iniciativa más allá de la estricta verificación de sus requisitos formales, siempre, claro está, que los escritos y documentos parlamentarios girados a la Mesa, sean de control de la actividad de los Ejecutivos o sean de carácter legislativo, vengan, justamente, limitados materialmente por la Constitución, el bloque de la constitucionalidad o el Reglamento Parlamentario pertinente, como es el caso de la calificación de lo que han de considerarse mociones o interpelaciones, o con la iniciativa legislativa popular que tiene vedadas ciertas materias por imposición del artículo 87.3 CE (SSTC 95/1994, 41/1995 y 124/1995; ATC 304/1996)» (STC 10/2016, de 1 de febrero, FJ 4).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esta doctrina se aplica al examen material que afecta al procedimiento legislativo especial que prevé el artículo 126 RPC para elaborar proyectos de ley que se refieren al desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña (STC 224/2016, FJ 4). Así, este Tribunal ha declarado que las facultades de las Mesas «lo son sobre todo a efectos de controlar la regularidad jurídica y la viabilidad formal o procesal de las iniciativas presentadas, si bien pueden también extenderse, cuando así lo prevea el respectivo reglamento, a un examen material de aquéllas si tal delimitación sustantiva existe en el ordenamiento y ello a efectos de definir cuál sea el procedimiento parlamentario en cada caso idóneo para su tramitación (por todas, SSTC 1/2015, de 19 de enero, FJ 3, y 23/2015, de 16 de febrero, FJ 3)» (SSTC 107/2016, de 7 de junio, FJ 3; 108/2016, de 7 de junio, FJ 3; 109/2016, de 7 de junio, FJ 4, y 224/2016, FJ 4).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por otro lado, los precedentes parlamentarios a los que aluden la Mesa y la representación procesal de la Cámara sólo han tenido lugar en el Parlamento catalán cuando se contó con el consenso de todos los grupos parlamentarios. No se ha acreditado el empleo del cauce del artículo 126 RPC para constituir una ponencia conjunta, relativa a proposiciones de ley sobre materias que no encajan en el ámbito material definido por el artículo 62.2 EAC, cuando los únicos grupos parlamentarios que la quieren constituir son los dos que promueven la iniciativa y cuando los demás grupos parlamentarios se oponen a ello. No hay base para fundar en esos precedentes, por tanto, un uso parlamentario con la fuerza jurídica que se pretende, pues una cosa es el eventual consenso de los grupos –aquí inexistente– para realizar una iniciativa legislativa conjunta y otra muy distinta que, fuera de todo consenso, se inste a la apertura del procedimiento legislativo especial que prevé el artículo 126 RPC, prescindiendo de la reserva material que contiene (STC 224/2016, FJ 4). Todo ello sin olvidar que, como ha venido insistiendo este Tribunal: «los usos parlamentarios tienen su límite inmediato en el Reglamento mismo; de manera que la práctica parlamentaria efectivamente instaurada no puede resultar tan restrictiva que impida u obstaculice desproporcionadamente las facultades reconocidas a los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente garantizadas (SSTC 177/2002, de 14 de octubre, FJ 7, y 190/2009, de 28 de septiembre, FJ 4). En otras palabras: los usos parlamentarios son eficaces para la regulación del modo de ejercicio de las prerrogativas parlamentarias, pero no pueden restringir su contenido reconocido en la norma reglamentaria» (STC 57/2011, de 3 de mayo, FJ 7, y 224/2016, FJ 4).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por tanto, desde el control que puede desarrollar este Tribunal en esta jurisdicción de amparo parlamentario, debe concluirse que, en los acuerdos impugnados, la Mesa del Parlamento de Cataluña llevó a cabo una interpretación y aplicación del artículo 126 RPC que se separa de los términos literales del mismo, de su finalidad (que es la de constituir un marco de trabajo conjunto de los grupos parlamentarios, en aras del consenso, para elaborar el texto de proposiciones de ley que se refieran de manera directa al desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña) y de los precedentes parlamentarios de la Cámara (STC 224/2016, FJ 4).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Resta analizar, a continuación, si tal proceder ha supuesto una vulneración del derecho a la iniciativa legislativa de los recurrentes, facultad que, como antes quedó expuesto, pertenece al núcleo esencial de la función representativa parlamentaria protegida por el artículo 23.2 CE. Este Tribunal ha precisado que no cualquier acto del órgano parlamentario que infrinja la legalidad del<em> ius in officium </em>resulta lesivo del derecho fundamental, pues sólo poseen relevancia constitucional, a estos efectos, los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa parlamentaria, como es, indudablemente, el ejercicio de la función legislativa y, dentro de esta función, el derecho de iniciativa legislativa, en los términos previstos en el Reglamento de la Cámara.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La respuesta a la cuestión planteada exige tomar en consideración las particularidades del procedimiento especial que ha sido abierto por los actos aquí recurridos. Tanto el Estatuto de Autonomía de Cataluña como el propio Reglamento del Parlamento de Cataluña contemplan en este caso varias restricciones al régimen ordinario de iniciativa legislativa y de tramitación de las proposiciones de ley a los miembros y grupos de la Cámara; restricciones que se justifican de manera extraordinaria, precisamente, por tratarse de leyes de desarrollo básico del Estatuto, cuya relevancia está reconocida por este último al margen del debate político. Se prevé por ello:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>i) Que una vez presentada la solicitud por dos grupos parlamentarios o por una quinta parte de los diputados, sin exigir por tanto unanimidad ni mayoría, la Mesa queda facultada, con el acuerdo de la Junta de Portavoces, para realizar el control formal y material que exige el artículo 62.2 EAC y, siempre partiendo de que tales requisitos se cumplen, acordar la constitución de la ponencia llamada a elaborar un texto con la respectiva proposición de ley; decisión que adopta la Mesa al margen de la voluntad que expresen los demás grupos y parlamentarios (art. 126.1 RPC).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ii) Además, las comisiones legislativas permanentes, a las que el Pleno puede delegar la tramitación y aprobación de las iniciativas legislativas en el procedimiento ordinario, no pueden en cambio intervenir aquí (art. 62.3 EAC).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>iii) Por último, y prescindiendo de otras restricciones que en el presente supuesto tendrían menos virtualidad (como la prohibición de delegación legislativa al Gobierno, excepto para aprobar textos refundidos –artículo 63.1 EAC– o la del dictado de decretos-leyes –artículo 64.1 EAC–), el trabajo de la ponencia designada, que se extiende a un máximo de tres meses con posibilidad de prórroga (art. 126.1 RPC), si acaba por traducirse en la presentación de una proposición de ley, exige para su aprobación el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento (arts. 62.1 EAC y 127.1 RPC). De no conseguirse supondría todavía la devolución del texto para la emisión de un nuevo dictamen y votación por el Pleno, en las mismas condiciones. La imposición de una mayoría absoluta, como ha recordado en ocasiones este Tribunal, supone la excepción en nuestro sistema parlamentario, pues «el procedimiento legislativo se ha ordenado con arreglo al denominado principio mayoritario que constituye una ‘afirmación del principio democrático, respecto del cual toda mayoría cualificada … debe mantenerse en términos de excepción a la regla’ (STC 212/1996, de 19 de diciembre, FJ 11), al ser excepcional ‘la exigencia de mayoría absoluta y no la simple para su votación y decisión parlamentaria’ [SSTC 160/1987, de 27 de octubre, FJ 2, y 127/1994, de 5 de mayo, FJ 3 A)]» (STC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 5).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Así, una vez constatado que los acuerdos impugnados desbordan el objeto, función y finalidad de la especialidad establecida en el procedimiento legislativo por el artículo 126 RPC, debemos concluir que, además, en este caso, dichos acuerdos vulneran el derecho fundamental invocado por los recurrentes (art. 23.2 CE), pues se trata de actos de la Mesa relativos a la tramitación de tres iniciativas legislativas conjuntas que imponen a los recurrentes su participación en una ponencia en la que no quieren integrarse. Los recurrentes ven afectado su derecho de iniciativa legislativa, se insiste, al verse forzados en contra de lo expresamente previsto en el Estatuto de Autonomía y en el Reglamento parlamentario, a formar parte de un procedimiento legislativo especial que no promueven, que les obliga a participar en tres ponencias redactoras cuyo objeto no comparten porque no corresponden al cauce legalmente previsto, y cuya actividad parlamentaria se ve restringida, como se ha dicho ya, en todas las fases del procedimiento, incluyendo la de su aprobación definitiva, sin que concurran los presupuestos que legitimen dicha restricción. Su actuación imperativa se traduce, en expresión de nuestra doctrina ya citada en una perturbación en el libre e igual ejercicio de su cargo público (STC 224/2016, FJ 5).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tal vulneración a su derecho fundamental no queda salvada, como aduce la Letrada del Parlamento de Cataluña, por las actuaciones de facto a las que, se sugiere, podría acudir el grupo parlamentario disconforme, como la de no nombrar a un representante para la ponencia conjunta, o no asistir a las sesiones de trabajo de esta última, acciones que no serían la expresión correcta del<em> ius in officium </em>que cabe esperar de todos los miembros de la Cámara, sino más bien la inadecuada invitación a su no ejercicio. Tampoco, en fin, la solución consiste en recordar que se puede votar en contra del informe de la ponencia, lo que no hace sino certificar la inutilidad de todo un procedimiento que tiene su razón de ser en la búsqueda del consenso entre los grupos parlamentarios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por otra parte, es importante señalar que la iniciativa legislativa de los dos grupos promotores de las tres proposiciones de ley (Junts pel Sí y la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent) no quedaría negativamente afectada por una decisión de la Mesa del Parlamento contraria a su tramitación por la vía de la concreta especialidad prevista en el artículo 126 RPC, pues los grupos proponentes mantienen la posibilidad de ejercer su iniciativa legislativa en forma de proposición de ley por la vía ordinaria y, además, pueden hacerlo conjuntamente, si esta es su voluntad. La especialidad de tramitación del artículo 126 RPC no se configura como la única forma de tramitación a la que forzosamente hay que acudir para legislar sobre desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña, tal y como se desprende de su inciso: «sin perjuicio del régimen general de la iniciativa legislativa establecido por el artículo 109».</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Las anteriores conclusiones conducen necesariamente al otorgamiento del amparo solicitado contra los acuerdos impugnados de la Mesa del Parlamento de Cataluña, si bien es necesario precisar el alcance de nuestro fallo, toda vez que dichos acuerdos ya han sido declarados nulos por la STC 224/2016, dictada con posterioridad a la admisión a trámite del presente recurso de amparo. Por ello, no cabe adoptar en el fallo una medida destinada al pleno restablecimiento del derecho vulnerado [art. 55.1 c) LOTC], sino que la pretensión de los demandantes de amparo queda satisfecha mediante la declaración de la lesión de su derecho recogido en el artículo 23 CE [art. 55.1 b) LOTC].</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>F A L L O</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Ha decidido</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Estimar el recurso de amparo interpuesto por los diputados del Grupo Parlamentario del Partit Popular de Catalunya del Parlamento de Cataluña y, en su virtud:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Declarar que se ha vulnerado su derecho a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dada en Madrid, a cinco de junio de dos mil diecisiete.–Encarnación Roca Trías.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.</p>
</texto>
</documento>
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Sat Jul 15 08:22:30 +0000 2017
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ECLI:ES:TC:2017:71
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Encarnación Roca Trías, Presidenta, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3292-2016, promovido por los diputados del Grupo Parlamentario del Partit Popular de Catalunya del Parlamento de Cataluña, representados por el Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Puelles y González-Carvajal y asistidos por el Abogado don Alberto Durán Ruiz de Huidobro, contra los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 1 y 8 de marzo de 2016 –este último, ratificando el anterior–, mediante los cuales el órgano rector de la cámara catalana calificó y admitió a trámite las solicitudes de puesta en marcha de tres ponencias redactoras conjuntas para elaborar el texto de tres proposiciones de ley, al amparo del artículo 126 del Reglamento del Parlamento de Cataluña. Ha comparecido el Parlamento de Cataluña, a través de su representante. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 9 de junio de 2016, los diputados del Grupo Parlamentario del Partit Popular de Catalunya del Parlamento de Cataluña, representados por el Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Puelles y González-Carvajal y asistidos por el Abogado don Alberto Durán Ruiz de Huidobro, interpusieron demanda de amparo contra los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña que se mencionan en el encabezamiento.
2. Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son los siguientes:
a) En fecha 3 de febrero de 2016 los grupos parlamentarios de Junts pel Sí (JpS) y de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (CUP-CC), presentaron ante el registro del Parlamento de Cataluña tres solicitudes de creación de ponencias parlamentarias conjuntas para la elaboración, respectivamente, de una proposición de ley integral de protección social catalana, una proposición de ley del régimen jurídico catalán y una proposición de ley de la Administración tributaria catalana, argumentando que tales solicitudes se realizaban «de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 del Reglamento del Parlamento».
En lo que importa al presente recurso de amparo, el artículo 126 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC) está recogido en el apartado dedicado a «los proyectos y las proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de autonomía de Cataluña», dentro de la sección tercera (especialidades del procedimiento legislativo), del capítulo segundo (procedimiento legislativo), en los siguientes términos:
«Artículo 126. Ponencia redactora.
1. Con relación al desarrollo básico de lo establecido por el Estatuto de autonomía de Cataluña, la Mesa del Parlamento, sin perjuicio del régimen general de la iniciativa legislativa establecido por el artículo 109, de acuerdo con la Junta de Portavoces y previa iniciativa de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados, puede decidir que en estas materias la iniciativa parlamentaria sea ejercida por el conjunto de grupos parlamentarios. A tal fin, la comisión que designe la Mesa del Parlamento debe constituir una ponencia, con representación de todos los grupos parlamentarios, para que elabore el texto de la proposición de ley en el plazo de tres meses, al término del cual se entiende que decae el encargo, salvo en caso de una prórroga otorgada expresamente. Para publicar la proposición, se sigue lo dispuesto por el artículo 112.
2. El texto elaborado por la ponencia a que se refiere el apartado 1 se tramita por el procedimiento legislativo común. Las proposiciones de ley elaboradas siguiendo este procedimiento deben someterse al debate establecido por el artículo 114 y, si están firmadas por todos los grupos parlamentarios, no pueden ser objeto de enmiendas a la totalidad. La presentación de la proposición de ley debe efectuarse por el diputado designado por la ponencia.»
Por su parte, el artículo 62.2 de Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), dispone, bajo el epígrafe «Iniciativa legislativa y ejercicio de la función legislativa», lo siguiente:
«Son leyes de desarrollo básico del Estatuto las que regulan directamente las materias mencionadas por los artículos 2.3, 6, 37.2, 56.2, 67.5, 68.3, 77.3, 79.3, 81.2 y 94.1. La aprobación, la modificación y la derogación de dichas leyes requieren el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento en una votación final sobre el conjunto del texto, salvo que el Estatuto establezca otra.»
b) El día 9 de febrero de 2016, en sesión conjunta de la Mesa y de la Junta de Portavoces, se acordó encomendar a los servicios jurídicos del Parlamento la elaboración de un informe jurídico en relación a las tres iniciativas de creación de ponencias parlamentarias conjuntas y posponer, a la espera del mismo, la decisión definitiva de la Mesa sobre la admisión a trámite.
En fecha 16 de febrero de 2016 se emitió dicho informe, en el que se expone, en síntesis, que la creación de una ponencia conjunta es una especialidad del procedimiento legislativo establecido por el artículo 126 RPC, previsto para poder aplicarlo a las leyes de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) que aparecen enumeradas en el artículo 62.2 EAC. No obstante lo anterior, la praxis parlamentaria muestra varios precedentes de tramitación de proposiciones de ley por el procedimiento de ponencia conjunta sin que su ámbito material estuviera incardinado en los supuestos del artículo 62.2 EAC, aunque tal decisión de admisión a trámite de la Mesa y de la Junta de Portavoces se tomó con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, toda vez que la finalidad de las ponencias conjuntas es la de constituir un marco de trabajo conjunto.
Caso contrario, si no se trata de las materias previstas en el artículo 62.2 EAC y no hay consenso, los servicios jurídicos de la Cámara entienden que se presentan dudas sobre la viabilidad de la ponencia, porque esta pierde el sentido para el cual ha sido prevista (ser plataforma de trabajo «conjunto» de los grupos) y porque su creación puede generar como efecto adicional que los grupos parlamentarios que se han opuesto a ella deban asumir una participación activa en la elaboración de un texto normativo en contra de sus legítimos intereses políticos, obligación que el reglamento no les impone.
En el informe se hace mención expresa a que en estos casos en que las materias no corresponden al desarrollo básico del Estatuto, la decisión de la Mesa y de la Junta de Portavoces de crear las ponencias se ha tomado siempre con consenso o sin la oposición expresa de ningún grupo parlamentario. Por último, en el informe se aconseja a los grupos parlamentarios que han solicitado la creación de las ponencias conjuntas, que ejerzan su derecho de iniciativa de acuerdo con el procedimiento legislativo ordinario, recordándoles que disponen de otros instrumentos parlamentarios sin necesidad de utilizar la vía de la ponencia conjunta.
c) En fecha 29 de febrero de 2016, los grupo parlamentarios JpS y de la CUP-CC presentaron ante el registro del Parlamento un escrito dirigido a la Mesa exponiendo las consideraciones que, según su criterio, vendrían a fundamentar la legitimidad de un acuerdo de la Mesa que diera trámite a estas iniciativas legislativas de acuerdo con el procedimiento del artículo 126 RPC. Se afirma en dicho escrito que el artículo 126 RPC «se ha convertido en la práctica en un procedimiento legislativo que va más allá de una interpretación estricta y formal de su tenor literal, de otra manera no hubieran sido posibles la mayoría de las ponencias conjuntas realizadas en las últimas legislaturas», señalando a continuación un listado de proposiciones legislativas –sin otra indicación que el título de cada una– presentadas en las últimas legislaturas, y defendiendo que la Mesa, en caso de duda sobre si la iniciativa se enmarca en el ámbito de materias del artículo 126 RPC, no debe prejuzgar su adecuación sino admitirla. Niegan que un solo grupo de la Cámara pueda tener derecho de veto y que la unanimidad en la constitución de la ponencia no sea un requisito prefijado en este procedimiento, sino el de la participación de todos los grupos, insistiendo en que no caben controles previos sobre las tres iniciativas presentadas, solicitando se dé trámite a las mismas.
d) La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 1 de marzo de 2016, acordó (con el voto en contra del Vicepresidente segundo y de los Secretarios segundo y tercero) tramitar dicha iniciativa parlamentaria mediante el procedimiento previsto en el artículo 126 RPC, constituyendo las correspondientes ponencias conjuntas.
e) Contra dicha resolución se presentaron tres peticiones de reconsideración, al amparo del artículo 38 RPC, por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (núm. de registro 12798), del Grupo Parlamentario Socialista (núm. de registro 12381) y del Grupo Parlamentario del Partido Popular de Cataluña (núm. de registro 13120). Concretamente, los hoy recurrentes en amparo elevaron dicha petición de reconsideración por escrito de fecha 7 de marzo de 2016.
f) En fecha 8 de marzo de 2016 la Mesa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.3 RPC, con el voto en contra del Vicepresidente segundo y de los Secretarios segundo y tercero, acordó desestimar la petición de reconsideración.
Razona la Mesa, en síntesis:
i) Que la solicitud presentada cumple con los requisitos formales que establece el artículo 126 RPC, teniendo en cuenta que lo han pedido dos grupos parlamentarios, se ha producido el acuerdo favorable de la Junta de Portavoces, «y la Mesa dispone de un margen de apreciación para decidir sobre su creación cuando se cumplen estos dos requisitos».
ii) Que «al margen de la interpretación del artículo 126, más allá del cumplimiento de los requisitos formales», dicho artículo 126 RPC «ha sido interpretado de forma amplia y extensiva en las últimas legislaturas sin que este hecho habitual haya sido fruto de controversia por parte de la Mesa y la Junta de Portavoces».
iii) «En caso de duda sobre si la materia objeto de las proposiciones es o no de desarrollo básico estatutario, la Mesa, por un criterio de prudencia, no puede prejuzgarse ex ante la adecuación del procedimiento de la ponencia redactora.»
iv) «La referencia que hace el artículo 126 RPC a “la representación de todos los grupos” no puede ser interpretada como requisito necesario para la ponencia redactora, ya que esto podría significar el derecho de veto de un solo grupo, claramente contrario al derecho de iniciativa legislativa que corresponde a los grupos parlamentarios»; y en todo caso el artículo 126.2 RPC «prevé que el texto elaborado por la ponencia no sea firmado por todos los grupos parlamentarios», aunque con ella se busca el máximo consenso.
3. La demanda se interpone al amparo del artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y en la misma se solicita la declaración de nulidad de los acuerdos de la Mesa citados anteriormente. Los recurrentes aducen que los acuerdos impugnados han conculcado la legalidad parlamentaria, con el resultado de vulnerar facultades de los diputados que pertenecen al núcleo de su función representativa parlamentaria (artículo 23.2 CE, en conexión con el artículo 23.1 CE).
Con respecto de la infracción de la legalidad parlamentaria, los recurrentes ponen de manifiesto que la Mesa «se ha limitado a realizar una estricta verificación formal de los requisitos exigidos por el Reglamento para la creación de las ponencias redactoras o conjuntas sin tener en cuenta que, en este caso, existen límites materiales que el propio Reglamento del Parlamento de Cataluña exige para poder ejercer la iniciativa parlamentaria», y ello, porque no hay previsión en el Reglamento de constituir una ponencia conjunta relativa a proposiciones de ley sobre materias que quedan fuera del ámbito material definido por el artículo 62.2 EAC, como ocurre en el presente caso, concluyendo que tal infracción del Reglamento lleva aparejada la vulneración de las facultades parlamentarias previstas en el artículo 23 CE, toda vez que se obliga a los diputados a participar en la elaboración de una proposición de ley con la que no están de acuerdo y, además, se hace utilizando una especialidad del procedimiento legislativo prevista exclusivamente para los «proyectos y las proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña», pues se trata de materias que necesitan de una amplia mayoría parlamentaria para su aprobación, cuando no es el caso.
En conclusión, los recurrentes entienden que la Mesa ha vulnerado el Reglamento de la Cámara y obliga a la participación «de todos los Grupos Parlamentarios para la elaboración de proposiciones de ley de naturaleza secesionista y contrarias al ordenamiento constitucional a las que los recurrentes se oponen frontalmente y frente a las que estos mismos recurrentes desean establecer, desde el primer momento y sin subterfugio alguno, su más rotundo voto negativo», lo que implica, a su juicio, una vulneración del ius in officium protegido por el artículo 23 CE, al verse obligados a participar en la elaboración de un texto normativo que va en contra de sus propios intereses políticos.
4. La Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 15 de noviembre de 2016, acordó admitir a trámite la demanda de amparo, apreciando que concurre una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el asunto suscitado plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina en este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)]. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, acordó requerir al Parlamento de Cataluña la remisión del testimonio de las actuaciones, acompañándose copia de la demanda a los efectos de su personación en el presente proceso.
5. La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 3 de enero de 2017, acordó tener por personado y parte al Parlamento de Cataluña y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de 20 días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el artículo 52 LOTC.
6. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones en este Tribunal el 6 de febrero de 2017, en el que interesa se dicte sentencia estimando el recurso de amparo y se declare vulnerado el derecho fundamental de los demandantes a ejercer sus funciones representativas de acuerdo con lo garantizado en el artículo 23.2 CE.
Tras exponer detalladamente los antecedentes de los que trae causa el recurso, así como los principales argumentos esgrimidos por los recurrentes, el Fiscal analiza la queja relativa a la vulneración del Reglamento del Parlamento de Cataluña y, en segundo término, expone las consecuencias que para el estatuto constitucionalmente relevante de los diputados recurrentes se derivan de tal vulneración, citando y reproduciendo la jurisprudencia de las recientes SSTC 224/2016 y 225/2016, de 19 de diciembre, en las que se resuelven quejas sustancialmente idénticas a la que plantean los recurrentes de amparo, toda vez que se dirigen contra las mismas resoluciones de la Mesa del Parlamento de Cataluña.
El Fiscal lleva a cabo una interpretación sistemática y teleológica del artículo 126 RPC, llegando a la conclusión de que se trata de un precepto que regula una especialidad dentro del procedimiento legislativo, relativa a los proyectos y proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña, siendo éstos los que versan sobre las materias recogidas en el artículo 62.2 EAC, con arreglo al cual son leyes de desarrollo básico del Estatuto exclusivamente las que regulan directamente las materias mencionadas por los artículos 2.3, 6, 37.2, 56.2, 67.5, 68.3, 77.3, 79.3, 81.2 y 94.1 EAC, lista de preceptos que, a su juicio, y de acuerdo con la jurisprudencia citada, configura claramente un numerus clausus que no coincide con las materias que resultan objeto de las proposiciones de ley que se intentan tramitar en el caso que nos ocupa, añadiendo que estamos ante una especialidad que supone una excepción al régimen procedimental legislativo general, por lo que la interpretación que se impone ha de ser necesariamente muy estricta e incluso restrictiva.
El Ministerio Fiscal reproduce la doctrina dictada en las SSTC 224/2016 y 225/2016 y afirma que la decisión de la Mesa no puede justificarse en un uso parlamentario para apartarse del Reglamento y, con ello, ignorar los derechos y garantías que el Reglamento reconoce a los parlamentarios disidentes. Constatada la infracción reglamentaria, para el Fiscal no cabe duda, de acuerdo con lo expuesto en las SSTC 224/2016 y 225/2016, que el ejercicio de la función legislativa y, dentro de ésta, la iniciativa legislativa, forma parte de la función representativa que garantiza el artículo 23 CE (por todas, STC 23/2015, de 16 de febrero, FJ 3) y, por tanto, pertenece al núcleo de derechos y facultades constitucionalmente relevante de los diputados, con el consiguiente derecho a que la iniciativa legislativa se ejerza y tramite conforme a los procedimientos parlamentarios idóneos y procedentes.
En conclusión, el Fiscal sostiene que, como se declara en las SSTC 224/2016 y 225/2016, no sólo cabe afirmar la infracción del Reglamento de la Cámara por los acuerdos impugnados, sino también la vulneración del derecho de los diputados recurrentes a que los procedimientos parlamentarios se ajusten a lo prevenido en el Reglamento de la Cámara, cuya conculcación, en este caso, lleva aparejada una afectación del núcleo de derechos y facultades constitucionalmente relevante protegidos por el artículo 23.2 CE.
7. La Letrada del Parlamento de Cataluña presentó escrito de alegaciones en este Tribunal el día 10 de febrero de 2017, solicitando la desestimación del recurso de amparo y planteando, como cuestión previa, la «concurrencia de la excepción de cosa juzgada, en base al artículo 38 LOTC», añadiendo, a renglón seguido, que: «aunque debe partirse de la nulidad expresada por dicho tribunal respecto a dichos acuerdos, entiende esta parte que se mantiene el interés legítimo en demostrar la falta de relación de causalidad entre los acuerdos de la Mesa anulados y la vulneración de un derecho fundamental».
Expuesto lo anterior, la representante del Parlamento de Cataluña agrupa sus alegaciones en torno a los siguientes razonamientos:
i) No se cumplen los requisitos sustantivos para la interposición de un recurso de amparo constitucional, toda vez que no se produce ninguna lesión efectiva de un derecho fundamental, pues «no cabe conocer a través del recurso de amparo cuestiones de legalidad ordinaria como la posible validez o invalidez de los acuerdos de la Mesa de una Cámara», máxime cuando, a su juicio, los recurrentes no son sujetos afectados por la vulneración de ningún derecho, por lo que no están legitimados para recurrir en amparo.
ii) No existe infracción del derecho fundamental de participación política según el artículo 23 CE, ya que estamos ante un caso de «falta de legitimación activa para presentar el recurso de amparo puesto que la parte recurrente no es la que ha ejercitado el derecho subjetivo, cuál sería el derecho de iniciativa legislativa, requisito previo necesario para gozar de aquella legitimación». Según la representación procesal del Parlamento catalán, los recurrentes pretenden evitar que otros grupos parlamentarios creen una ponencia conjunta y «el derecho a invalidar un acuerdo de la Mesa no se halla entre los derechos fundamentales que puedan ser objeto de amparo constitucional». Asimismo, se sostiene que «la libertad de iniciativa legislativa, aunque existe y no ha sido negada a la parte recurrente, en ningún momento está configurada como un derecho fundamental» y, en todo caso, los recurrentes no están ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa (sino que lo hacen los grupos parlamentarios promotores de la ponencia conjunta), por lo que no pueden invocar un supuesto derecho a «no ejercer el derecho de participación política», ni, por las mismas razones, invocar la vulneración del derecho a la igualdad.
iii) Falta de restricción ilegítima en el ejercicio de un derecho fundamental, toda vez que no existe una relación de causalidad entre los acuerdos impugnados y el derecho de iniciativa legislativa de los recurrentes, que pueden abstenerse de participar en la ponencia conjunta. En cuanto a la interpretación del artículo 126 RPC, la Letrada del Parlamento catalán afirma que dicho precepto ha sido interpretado de forma flexible en las últimas legislaturas, que existe un uso parlamentario tendente a utilizar el procedimiento de ponencia conjunta también en relación con materias que no están incluidas en el ámbito material del desarrollo básico del Estatuto de Autonomía y que a la Mesa sólo le corresponde supervisar el cumplimiento de los requisitos formales de la iniciativa, no las cuestiones materiales.
iv) La representación procesal de la Cámara invoca la protección del derecho de participación política (art. 23.2 CE) de los grupos parlamentarios que utilizaron la vía del artículo 126 RPC y entienden que la Mesa, de haber inadmitido la iniciativa parlamentaria, podría haber incurrido en una vulneración del artículo 10 del Convenio europeo de derechos humanos, que regula el derecho a la libertad de expresión del que se deriva el derecho de participación política.
v) Por último, se alude a la posible vulneración del principio de autonomía parlamentaria por parte de las Sentencias del Tribunal Constitucional que anularon los acuerdos impugnados, al entender que se trata de interna corporis acta que no vulneran ningún derecho fundamental y se afirma que este recurso de amparo carece de especial trascendencia constitucional.
8. Por providencia de 1 de junio de 2017, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 5 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Como se expone con detalle en los antecedentes, la cuestión suscitada en el recurso de amparo se centra en determinar si los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña que se mencionan en el encabezamiento de esta Sentencia y mediante los que se admitió a trámite la solicitud de los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent, de creación de tres ponencias parlamentarias conjuntas de acuerdo con el procedimiento que prevé el artículo 126 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC), para la elaboración, respectivamente, de una proposición de ley integral de protección social catalana, de una proposición de ley del régimen jurídico catalán y de una proposición de ley de la Administración tributaria catalana, vulneran el derecho de los diputados recurrentes a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos regulado en el artículo 23.2 CE, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
Los diputados recurrentes, miembros del Grupo Parlamentario del Partit Popular de Catalunya del Parlamento de Cataluña, ponen de manifiesto que no es posible utilizar el cauce de ponencia conjunta que proporciona el artículo 126 RPC cuando, como ocurre en este caso, la finalidad de la misma es elaborar el texto de varias proposiciones de ley cuyo contenido no se refiere a materias directamente relacionadas con el desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña: EAC (art. 62.2 EAC). A su juicio, tal infracción del Reglamento por parte de la Mesa vulnera su derecho de iniciativa legislativa, facultad que pertenece al núcleo de la función representativa parlamentaria protegida por el artículo 23.2 CE, toda vez que se ven obligados a formar parte de una iniciativa legislativa que no comparten y a participar en la elaboración de tres proposiciones de ley de las que disienten.
Por su parte la Letrada del Parlamento de Cataluña plantea como cuestión previa la «concurrencia de la excepción de cosa juzgada, en base al artículo 38 LOTC» y cuestiona la legitimación activa de los recurrentes, así como la especial trascendencia constitucional del recurso, en los términos que han quedado expuestos en los antecedentes. Subsidiariamente solicita la desestimación del recurso de amparo argumentando, como se expone extensamente en los antecedentes, que la Mesa ejerció legítimamente sus facultades, que aplicó correctamente las normas del Reglamento de la Cámara y que no se ha producido ninguna lesión de los derechos fundamentales garantizados por el artículo 23 CE.
El Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso de amparo en los términos que han quedado expresados en los antecedentes.
2. Antes de entrar en el fondo de las cuestiones suscitadas en este proceso, es necesario examinar la «cuestión previa» y las objeciones relativas a la inadmisibilidad del recurso que expone la representación procesal del Parlamento de Cataluña.
Como cuestión previa se alega la «concurrencia de la excepción de cosa juzgada, en base al artículo 38 LOTC». Sin embargo, dicho precepto se refiere a las sentencias dictadas en procedimientos de inconstitucionalidad, como inequívocamente se desprende de su ubicación sistemática (capítulo IV del título II de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC) y de su contenido. Por el contrario, en el presente caso estamos ante un recurso de amparo constitucional, regulado en el título III LOTC, siendo aplicable el artículo 55 LOTC en el que se recogen los distintos pronunciamientos que puede contener una sentencia que otorgue el amparo.
Así, si bien los acuerdos de la Mesa del Parlamento catalán que hoy se impugnan ya han sido anulados por la STC 224/2016, de 19 de diciembre, con apoyo en el artículo 55.1 a) LOTC, y, como es lógico, tal Sentencia tiene efecto de cosa juzgada, ello no obsta para que este Tribunal resuelva el presente recurso de amparo, admitido a trámite con anterioridad a dicho pronunciamiento, y para que, en su caso, reconozca, con carácter declarativo, la vulneración de los derechos de los recurrentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 55.1 b) LOTC.
También se debe rechazar la queja relativa a la falta de legitimación activa de los recurrentes, pues los razonamientos de la Letrada del Parlamento de Cataluña, relativos a que «la parte recurrente no es la que ha ejercitado el derecho subjetivo, cuál sería el derecho de iniciativa legislativa, requisito previo necesario para gozar de aquella legitimación», coinciden con el objeto de este recurso de amparo. Así, lo que alegan los recurrentes es, precisamente, la vulneración de la vertiente negativa de su derecho de iniciativa legislativa, al verse forzados, en contra de su voluntad y de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, a formar parte de una iniciativa legislativa que no promueven y a constituir una ponencia conjunta para la elaboración de unas proposiciones de ley que no comparten, argumentos que no puede ser esgrimidos para negarles el acceso al recurso de amparo.
3. Alega también la representante del Parlamento de Cataluña que este recurso de amparo carece de especial trascendencia constitucional, exponiendo como único razonamiento que «no existe vulneración de ningún derecho fundamental». Sin embargo, el cumplimiento de este requisito sustantivo de admisibilidad de la demanda de amparo no implica, ni adelanta, un juicio sobre la efectiva vulneración de un derecho fundamental. La especial trascendencia constitucional se aprecia cuando «el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional … atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales» [art. 50.1 b) LOTC]. Así, aunque, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.1 in fine LOTC, el recurrente ha de satisfacer necesariamente la carga de justificar en la demanda la especial trascendencia constitucional del recurso (AATC 188/2008, de 21 de julio, 289/2008 y 290/2008, de 22 de septiembre, entre otros), es al Tribunal Constitucional a quien corresponde apreciar, en cada caso, la existencia o inexistencia de ese requisito sustantivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.1 b) LOTC y con la interpretación que se hace del mismo en la STC 155/2009, FJ 2, entre otras muchas.
En el presente caso, este Tribunal decidió admitir a trámite la demanda de amparo, por providencia de 15 de noviembre de 2016, apreciando que concurre una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), porque el asunto suscitado plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina en este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)]. A ello habría que añadir, como se desprende de la STC 200/2014, de 15 de diciembre, FJ 2, que los amparos parlamentarios, ex artículo 42 LOTC, tienen una particularidad respecto del resto de los recursos de amparo en cuanto al marco de garantías del que disponen los eventuales recurrentes para invocar sus derechos fundamentales, como es la ausencia de una vía jurisdiccional previa al amparo constitucional en la que postular la reparación de los derechos vulnerados. Ello los sitúa en una posición especial a la hora de determinar su dimensión objetiva al valorar la especial trascendencia constitucional por parte de este Tribunal (STC 155/2009, FJ 2), dada la repercusión general que tiene el ejercicio de la función representativa y que excede del ámbito particular del parlamentario y del grupo en el que se integra. Ello no significa que estos factores relevantes para decidir la admisión del recurso deban trasladarse al núcleo de la decisión sobre el fondo del recurso, ni adelanten la eventual estimación del amparo, como ya tuvo ocasión de aclarar este Tribunal en las SSTC 9/2015, de 2 de febrero, FJ 3, y 242/2015, de 30 de noviembre, FJ 2, entre otras.
4. Entrando ya en el análisis de la queja que se formula en la demanda de amparo, se debe comenzar señalando que la cuestión que se somete a consideración no es nueva. En las SSTC 224/2016 y 225/2016 el Tribunal Constitucional ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre la constitucionalidad de los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña que hoy se impugnan, estimando sendos recursos de amparo promovidos por los diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña y por los diputados del Grupo Parlamentario de Ciudadanos del Parlamento de Cataluña, respectivamente, y anulando los citados acuerdos.
En dichas Sentencias, este Tribunal recordó que el ejercicio de la función legislativa por los representantes de los ciudadanos constituye «la máxima expresión del ejercicio de la soberanía popular en el Estado democrático» y que la participación en el ejercicio de dicha función y el desempeño de los derechos y facultades que la acompañan, entre los que indudablemente se encuentra el derecho a la iniciativa legislativa, «constituyen una manifestación constitucionalmente relevante del ius in officium del representante», protegido por el artículo 23.2 CE (SSTC 224/2016, FJ 2, y 225/2016, FJ 2).
Se debe recordar también que, cuando se reclama la tutela de derechos o facultades que pertenecen al núcleo de la función representativa parlamentaria frente a posibles vulneraciones de los órganos de la Cámara correspondiente, este Tribunal debe ser especialmente cuidadoso en la identificación, primero, de la base normativa del derecho alegado (toda vez que estamos ante un derecho fundamental de configuración legal) y, segundo, en la identificación de la regulación reglamentaria de las facultades del órgano de la Cámara al que se imputa la vulneración. Por ello, resulta obligado analizar el sentido, alcance y ámbito material del artículo 126 RPC.
Del Reglamento del Parlamento de Cataluña se desprende que la regulación relativa al procedimiento legislativo (capítulo II del título IV) contempla disposiciones generales sobre sujetos, requisitos y admisión a trámite de iniciativas legislativas (arts. 109 a 111), normas para el procedimiento legislativo común (arts. 112 a 125) y, por lo que aquí interesa, una serie de especialidades del procedimiento legislativo (arts. 126 a 145), cuya ordenación, en sus tres primeros apartados, responde a un claro criterio ratione materiae. Así, el apartado primero (arts. 126 y 127) se refiere a «los proyectos y las proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de autonomía de Cataluña»; el apartado segundo (arts. 128 a 131) al proyecto de ley de presupuestos; y el apartado tercero (art. 132), a la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Más en concreto, el artículo 126 RPC contempla una especialidad dentro del procedimiento legislativo, referida a la iniciativa para promover la elaboración conjunta de proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña, regulando, tal y como se ha reproducido en los antecedentes, la posibilidad de que la iniciativa parlamentaria se ejerza por el conjunto de grupos parlamentarios, mediante la constitución de una ponencia redactora que contará con la presencia de todos los grupos. Además, de acuerdo con lo previsto en los artículos 62.2 in fine EAC y 127 RPC, la proposición de ley elaborada por la ponencia conjunta requerirá, para su aprobación, el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno, en una votación final sobre el conjunto del texto, sin que sea posible su aprobación en comisión (art. 133 RPC). Estos rigurosos requisitos de tramitación y aprobación sólo se justifican por razón de la materia que se pretende regular mediante este procedimiento especial (el desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña) y coinciden con los que el Reglamento exige para «las iniciativas de reforma estatutaria (art. 132 RPC).
De lo dicho se deduce que, para acudir al procedimiento legislativo especial que regula el artículo 126 RPC, es requisito indispensable (como apunta el Fiscal y también aducen los recurrentes) que la iniciativa se dirija a elaborar proposiciones de ley relativas «al desarrollo básico de lo establecido por el Estatuto de autonomía de Cataluña». Se remite al artículo 62.2 EAC, con arreglo al cual son leyes de desarrollo básico del Estatuto «las que regulen directamente las materias mencionadas en los artículos 2.3, 6, 37.2, 56.2, 67.5, 68.3, 77.3, 79.3, 81.2 y 94.1 EAC», lista de preceptos que configura claramente un numerus clausus y que se remiten a las siguientes materias: a los municipios, las veguerías, las comarcas y demás entes locales que integran el sistema institucional de la Generalitat (art. 2.3 EAC), a la lengua propia y oficiales de Cataluña (art. 6 EAC), a las garantías de los derechos estatutarios (art. 37.2 EAC), a la composición del Parlamento y régimen electoral (art. 56.2 EAC), al estatuto personal del Presidente o Presidenta de la Generalitat (art. 67.5 EAC), a la organización, el funcionamiento y las atribuciones del Gobierno de la Generalitat (art. 68.3 EAC), a la composición y el funcionamiento del Consejo de Garantías Estatutarias, el estatuto de sus miembros y los procedimientos relativos al ejercicio de sus funciones (art. 77.3 EAC), al estatuto personal del Síndic de Greuges, sus incompatibilidades, sus causas de cese, así como la organización y las atribuciones de la institución (art. 79.3 EAC), al estatuto personal, las incompatibilidades, las causas de cese, la organización y el funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas (art. 81.2 EAC) y, finalmente, al régimen jurídico especial de Arán (art. 94.1 EAC).
Asimismo, debemos reparar en el hecho de que no sólo se trata de una lista cerrada y taxativa de materias, sino que, además, del tenor literal del artículo 62.2 EAC se desprende que sólo son leyes de desarrollo básico del Estatuto las que regulan «directamente» dichas materias, lo que excluye toda interpretación flexible o extensiva a la hora de calificar las iniciativas que se presenten bajo su cobertura y, correlativamente, al acordar la apertura del procedimiento legislativo especial previsto en el artículo 126 RPC para su tramitación.
5. Como ya constatamos en la STC 224/2016, FJ 4, no cabe apreciar prima facie la necesaria correspondencia «directa» entre las materias de desarrollo básico del Estatuto según el artículo 62.2 EAC, y las materias respecto de las que se pretende elaborar tres proposiciones de ley utilizando el procedimiento especial previsto en el artículo 126 RPC; esto es, una proposición de ley integral de protección social catalana, una proposición de ley del régimen jurídico catalán y una proposición de ley de la Administración tributaria catalana. Ninguna de dichas materias se refiere a la regulación de las instituciones ya establecidas en el Estatuto de Autonomía que indica su artículo 62.2 (Generalitat, Parlamento, Consejo de Garantías Estatutarias, Síndic de Greuges y Sindicatura de Cuentas); tampoco a la ordenación de los municipios, veguerías y comarcas de la propia Comunidad, ni a la organización territorial o administrativa de Arán. Es evidente, por lo demás, que cualquier institución u organización administrativa no recogida en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuya creación pretendiera fraguarse bajo las proposiciones de ley que se anuncian, no podría responder a un «desarrollo básico» del propio Estatuto. En lo que hace, por otro lado, a las garantías de los derechos estatutarios, el artículo 37.2 EAC prevé expresamente que con este fin se apruebe por ley la «Carta de los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña». Pero esta última tampoco es asumida por las tres iniciativas en examen, ni con ellas se pretende, en fin, la regulación de la lengua propia y oficiales de Cataluña, o la regulación del régimen electoral.
Esa correspondencia no queda en modo alguno justificada por los dos grupos parlamentarios que firman la iniciativa, ni en su solicitud inicial, la cual se limita a decir que se cumple con lo establecido en el artículo 126 RPC, ni en el posterior escrito de 29 de febrero, en el que formulaban alegaciones contrarias al informe del servicio jurídico de la Cámara –favorable este último a una interpretación estricta de la norma–. De hecho, y como se expone en los antecedentes de esta Sentencia, en tal escrito no se realiza ningún esfuerzo dialéctico por relacionar las tres proposiciones de ley con alguna de las materias sujetas al procedimiento especial, sino que se postula la aplicación de éste al margen del tenor literal de la norma (art. 126 RPC), únicamente porque así se habría hecho anteriormente con otras proposiciones de ley que, sin ninguna clase de acreditación, se relacionan sin más en un listado.
A lo anterior se une que los acuerdos impugnados no contienen tampoco una argumentación de la Mesa dirigida a fundamentar la necesaria conexión material, tal y como exige el Reglamento, entre el objeto de dichas proposiciones de ley y las leyes de desarrollo básico del Estatuto. Al contrario, la Mesa, en su acuerdo de 8 de marzo de 2016, mediante el que desestimó la reconsideración solicitada por varios grupos parlamentarios, alude a una interpretación amplia, extensiva y flexible de dicho precepto, que va «más allá de su lectura estricta, formal y literal» para, a continuación, justificar su decisión en la existencia de un uso parlamentario que legitimaría la aplicación del artículo 126 RPC para la tramitación de iniciativas legislativas que no se corresponden estrictamente con las materias propias del desarrollo básico del Estatuto de Autonomía.
Tampoco la Letrada del Parlamento de Cataluña aporta ningún argumento de fondo para fundamentar la conexión material entre las tres solicitudes de creación de ponencias parlamentarias conjuntas y las leyes de desarrollo básico del Estatuto de Cataluña, sino que se remite a una interpretación flexible del artículo 126 RPC por parte de la Mesa y a la necesidad de que dicho órgano lleve a cabo un mero examen formal de los requisitos de admisibilidad de la iniciativa, refiriéndose al hecho de que en anteriores legislaturas se crearon ponencias redactoras conjuntas para la elaboración de proposiciones de ley que no estaban comprendidas en el ámbito material al que se refiere el artículo 62.2 EAC.
Este Tribunal ha insistido repetidamente en que «a la Mesa le compete, por estar sujeta al ordenamiento jurídico, en particular a la Constitución y a los Reglamentos Parlamentarios que regulan sus atribuciones y funcionamiento, y en aras de la mencionada eficiencia del trabajo parlamentario, verificar la regularidad jurídica y la viabilidad procesal de la iniciativa (STC 205/1990), esto es, examinar si la iniciativa cumple con los requisitos formales exigidos por la norma parlamentaria» (STC 10/2016, FJ 4), pero también se ha afirmado que, no obstante lo anterior, el Reglamento Parlamentario puede establecer que la Mesa «extienda su examen de la iniciativa más allá de la estricta verificación de sus requisitos formales, siempre, claro está, que los escritos y documentos parlamentarios girados a la Mesa, sean de control de la actividad de los Ejecutivos o sean de carácter legislativo, vengan, justamente, limitados materialmente por la Constitución, el bloque de la constitucionalidad o el Reglamento Parlamentario pertinente, como es el caso de la calificación de lo que han de considerarse mociones o interpelaciones, o con la iniciativa legislativa popular que tiene vedadas ciertas materias por imposición del artículo 87.3 CE (SSTC 95/1994, 41/1995 y 124/1995; ATC 304/1996)» (STC 10/2016, de 1 de febrero, FJ 4).
Esta doctrina se aplica al examen material que afecta al procedimiento legislativo especial que prevé el artículo 126 RPC para elaborar proyectos de ley que se refieren al desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña (STC 224/2016, FJ 4). Así, este Tribunal ha declarado que las facultades de las Mesas «lo son sobre todo a efectos de controlar la regularidad jurídica y la viabilidad formal o procesal de las iniciativas presentadas, si bien pueden también extenderse, cuando así lo prevea el respectivo reglamento, a un examen material de aquéllas si tal delimitación sustantiva existe en el ordenamiento y ello a efectos de definir cuál sea el procedimiento parlamentario en cada caso idóneo para su tramitación (por todas, SSTC 1/2015, de 19 de enero, FJ 3, y 23/2015, de 16 de febrero, FJ 3)» (SSTC 107/2016, de 7 de junio, FJ 3; 108/2016, de 7 de junio, FJ 3; 109/2016, de 7 de junio, FJ 4, y 224/2016, FJ 4).
Por otro lado, los precedentes parlamentarios a los que aluden la Mesa y la representación procesal de la Cámara sólo han tenido lugar en el Parlamento catalán cuando se contó con el consenso de todos los grupos parlamentarios. No se ha acreditado el empleo del cauce del artículo 126 RPC para constituir una ponencia conjunta, relativa a proposiciones de ley sobre materias que no encajan en el ámbito material definido por el artículo 62.2 EAC, cuando los únicos grupos parlamentarios que la quieren constituir son los dos que promueven la iniciativa y cuando los demás grupos parlamentarios se oponen a ello. No hay base para fundar en esos precedentes, por tanto, un uso parlamentario con la fuerza jurídica que se pretende, pues una cosa es el eventual consenso de los grupos –aquí inexistente– para realizar una iniciativa legislativa conjunta y otra muy distinta que, fuera de todo consenso, se inste a la apertura del procedimiento legislativo especial que prevé el artículo 126 RPC, prescindiendo de la reserva material que contiene (STC 224/2016, FJ 4). Todo ello sin olvidar que, como ha venido insistiendo este Tribunal: «los usos parlamentarios tienen su límite inmediato en el Reglamento mismo; de manera que la práctica parlamentaria efectivamente instaurada no puede resultar tan restrictiva que impida u obstaculice desproporcionadamente las facultades reconocidas a los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente garantizadas (SSTC 177/2002, de 14 de octubre, FJ 7, y 190/2009, de 28 de septiembre, FJ 4). En otras palabras: los usos parlamentarios son eficaces para la regulación del modo de ejercicio de las prerrogativas parlamentarias, pero no pueden restringir su contenido reconocido en la norma reglamentaria» (STC 57/2011, de 3 de mayo, FJ 7, y 224/2016, FJ 4).
Por tanto, desde el control que puede desarrollar este Tribunal en esta jurisdicción de amparo parlamentario, debe concluirse que, en los acuerdos impugnados, la Mesa del Parlamento de Cataluña llevó a cabo una interpretación y aplicación del artículo 126 RPC que se separa de los términos literales del mismo, de su finalidad (que es la de constituir un marco de trabajo conjunto de los grupos parlamentarios, en aras del consenso, para elaborar el texto de proposiciones de ley que se refieran de manera directa al desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña) y de los precedentes parlamentarios de la Cámara (STC 224/2016, FJ 4).
6. Resta analizar, a continuación, si tal proceder ha supuesto una vulneración del derecho a la iniciativa legislativa de los recurrentes, facultad que, como antes quedó expuesto, pertenece al núcleo esencial de la función representativa parlamentaria protegida por el artículo 23.2 CE. Este Tribunal ha precisado que no cualquier acto del órgano parlamentario que infrinja la legalidad del ius in officium resulta lesivo del derecho fundamental, pues sólo poseen relevancia constitucional, a estos efectos, los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa parlamentaria, como es, indudablemente, el ejercicio de la función legislativa y, dentro de esta función, el derecho de iniciativa legislativa, en los términos previstos en el Reglamento de la Cámara.
La respuesta a la cuestión planteada exige tomar en consideración las particularidades del procedimiento especial que ha sido abierto por los actos aquí recurridos. Tanto el Estatuto de Autonomía de Cataluña como el propio Reglamento del Parlamento de Cataluña contemplan en este caso varias restricciones al régimen ordinario de iniciativa legislativa y de tramitación de las proposiciones de ley a los miembros y grupos de la Cámara; restricciones que se justifican de manera extraordinaria, precisamente, por tratarse de leyes de desarrollo básico del Estatuto, cuya relevancia está reconocida por este último al margen del debate político. Se prevé por ello:
i) Que una vez presentada la solicitud por dos grupos parlamentarios o por una quinta parte de los diputados, sin exigir por tanto unanimidad ni mayoría, la Mesa queda facultada, con el acuerdo de la Junta de Portavoces, para realizar el control formal y material que exige el artículo 62.2 EAC y, siempre partiendo de que tales requisitos se cumplen, acordar la constitución de la ponencia llamada a elaborar un texto con la respectiva proposición de ley; decisión que adopta la Mesa al margen de la voluntad que expresen los demás grupos y parlamentarios (art. 126.1 RPC).
ii) Además, las comisiones legislativas permanentes, a las que el Pleno puede delegar la tramitación y aprobación de las iniciativas legislativas en el procedimiento ordinario, no pueden en cambio intervenir aquí (art. 62.3 EAC).
iii) Por último, y prescindiendo de otras restricciones que en el presente supuesto tendrían menos virtualidad (como la prohibición de delegación legislativa al Gobierno, excepto para aprobar textos refundidos –artículo 63.1 EAC– o la del dictado de decretos-leyes –artículo 64.1 EAC–), el trabajo de la ponencia designada, que se extiende a un máximo de tres meses con posibilidad de prórroga (art. 126.1 RPC), si acaba por traducirse en la presentación de una proposición de ley, exige para su aprobación el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento (arts. 62.1 EAC y 127.1 RPC). De no conseguirse supondría todavía la devolución del texto para la emisión de un nuevo dictamen y votación por el Pleno, en las mismas condiciones. La imposición de una mayoría absoluta, como ha recordado en ocasiones este Tribunal, supone la excepción en nuestro sistema parlamentario, pues «el procedimiento legislativo se ha ordenado con arreglo al denominado principio mayoritario que constituye una ‘afirmación del principio democrático, respecto del cual toda mayoría cualificada … debe mantenerse en términos de excepción a la regla’ (STC 212/1996, de 19 de diciembre, FJ 11), al ser excepcional ‘la exigencia de mayoría absoluta y no la simple para su votación y decisión parlamentaria’ [SSTC 160/1987, de 27 de octubre, FJ 2, y 127/1994, de 5 de mayo, FJ 3 A)]» (STC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 5).
Así, una vez constatado que los acuerdos impugnados desbordan el objeto, función y finalidad de la especialidad establecida en el procedimiento legislativo por el artículo 126 RPC, debemos concluir que, además, en este caso, dichos acuerdos vulneran el derecho fundamental invocado por los recurrentes (art. 23.2 CE), pues se trata de actos de la Mesa relativos a la tramitación de tres iniciativas legislativas conjuntas que imponen a los recurrentes su participación en una ponencia en la que no quieren integrarse. Los recurrentes ven afectado su derecho de iniciativa legislativa, se insiste, al verse forzados en contra de lo expresamente previsto en el Estatuto de Autonomía y en el Reglamento parlamentario, a formar parte de un procedimiento legislativo especial que no promueven, que les obliga a participar en tres ponencias redactoras cuyo objeto no comparten porque no corresponden al cauce legalmente previsto, y cuya actividad parlamentaria se ve restringida, como se ha dicho ya, en todas las fases del procedimiento, incluyendo la de su aprobación definitiva, sin que concurran los presupuestos que legitimen dicha restricción. Su actuación imperativa se traduce, en expresión de nuestra doctrina ya citada en una perturbación en el libre e igual ejercicio de su cargo público (STC 224/2016, FJ 5).
Tal vulneración a su derecho fundamental no queda salvada, como aduce la Letrada del Parlamento de Cataluña, por las actuaciones de facto a las que, se sugiere, podría acudir el grupo parlamentario disconforme, como la de no nombrar a un representante para la ponencia conjunta, o no asistir a las sesiones de trabajo de esta última, acciones que no serían la expresión correcta del ius in officium que cabe esperar de todos los miembros de la Cámara, sino más bien la inadecuada invitación a su no ejercicio. Tampoco, en fin, la solución consiste en recordar que se puede votar en contra del informe de la ponencia, lo que no hace sino certificar la inutilidad de todo un procedimiento que tiene su razón de ser en la búsqueda del consenso entre los grupos parlamentarios.
Por otra parte, es importante señalar que la iniciativa legislativa de los dos grupos promotores de las tres proposiciones de ley (Junts pel Sí y la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent) no quedaría negativamente afectada por una decisión de la Mesa del Parlamento contraria a su tramitación por la vía de la concreta especialidad prevista en el artículo 126 RPC, pues los grupos proponentes mantienen la posibilidad de ejercer su iniciativa legislativa en forma de proposición de ley por la vía ordinaria y, además, pueden hacerlo conjuntamente, si esta es su voluntad. La especialidad de tramitación del artículo 126 RPC no se configura como la única forma de tramitación a la que forzosamente hay que acudir para legislar sobre desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña, tal y como se desprende de su inciso: «sin perjuicio del régimen general de la iniciativa legislativa establecido por el artículo 109».
7. Las anteriores conclusiones conducen necesariamente al otorgamiento del amparo solicitado contra los acuerdos impugnados de la Mesa del Parlamento de Cataluña, si bien es necesario precisar el alcance de nuestro fallo, toda vez que dichos acuerdos ya han sido declarados nulos por la STC 224/2016, dictada con posterioridad a la admisión a trámite del presente recurso de amparo. Por ello, no cabe adoptar en el fallo una medida destinada al pleno restablecimiento del derecho vulnerado [art. 55.1 c) LOTC], sino que la pretensión de los demandantes de amparo queda satisfecha mediante la declaración de la lesión de su derecho recogido en el artículo 23 CE [art. 55.1 b) LOTC].
F A L L O
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por los diputados del Grupo Parlamentario del Partit Popular de Catalunya del Parlamento de Cataluña y, en su virtud:
Declarar que se ha vulnerado su derecho a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a cinco de junio de dos mil diecisiete.–Encarnación Roca Trías.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
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Nueva sentencia TC contra normas CAT: sobre proceso de desarrollo independencia social, jurídica y tributaria. #BOE
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TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL
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Tribunal Constitucional
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Nueva sentencia TC contra normas CAT: sobre proceso de desarrollo independencia social, jurídica y tributaria.
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[] | 751
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2016-06-23
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BOE-A-2016-6095
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Acuerdo de 19 de mayo de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a la Magistrada del Tribunal Supremo doña Margarita Robles Fernández.
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<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De conformidad con lo dispuesto en el artículo 356 f) de la Ley Orgánica del Poder, por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 19 de mayo de 2016.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Vengo en declarar en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial, a doña Margarita Robles Fernández, Magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con efectos del día 13 de mayo de 2016.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, 19 de mayo de 2016.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.</p>
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Thu Jun 23 07:15:49 +0000 2016
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 356 f) de la Ley Orgánica del Poder, por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 19 de mayo de 2016.
Vengo en declarar en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial, a doña Margarita Robles Fernández, Magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con efectos del día 13 de mayo de 2016.
Madrid, 19 de mayo de 2016.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.
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Pérdida de condición de magistrada del TS y excedencia de Margarita Robles, n2 PSOE x Madrid
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NOMBRAMIENTOS_Y_CESES
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Consejo General del Poder Judicial
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Publicada la excedencia de Margarita Robles Fernández
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2013-02-26
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DICTADA
en el RECURSO 2159/2008
DECLARA
con los efectos señalados en el fj 4, la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional 4 párrafo 2 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, en la redacción dada por la disposición adicional 60 de la LEY 51/2007, de 26 de diciembre
DECLARA
,
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BOE-A-2013-2159
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Sala Primera. Sentencia 9/2013, de 28 de enero de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 2159-2008. Interpuesto por 57 Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en relación con la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008. Límites materiales a las leyes de presupuestos: nulidad del precepto legal que establece la titulación necesaria para acceder al cuerpo superior de auditores del Tribunal de Cuentas (STC 32/2000).
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<p class='parrafo'>La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Pascual Sala Sánchez, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado</p>
<p class='centro_redonda'>EN NOMBRE DEL REY</p>
<p class='articulo'>la siguiente</p>
<p class='centro_redonda'>SENTENCIA</p>
<p class='parrafo_2'>En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2159-2008, promovido por 57 Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados contra la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008, al considerar que se vulneran los arts. 66.2 y 134.2 de la Constitución. Ha intervenido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal.</p>
<p class='centro_negrita'>I. Antecedentes</p>
<p class='parrafo_2'>1. Mediante escrito registrado en el Tribunal el 14 de marzo de 2008, don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, actuando en condición de comisionado de otros cincuenta y seis Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de diciembre de 2007.</p>
<p class='parrafo'>El escrito comienza con la exposición de los fundamentos procesales de la demanda. Una parte de los recurrentes perdió su condición de Diputado, conforme a lo dispuesto por el art. 68.4 CE, al disolverse el Congreso por Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, con carácter previo a la convocatoria de elecciones. Sin embargo, el recurso afirma que, conforme a reiterada jurisprudencia constitucional, esto no impide la concurrencia de la legitimación activa, pues, de rechazarse, serían «inimpugnables en esta vía las leyes promulgadas durante o inmediatamente antes del interregno» (se citan entre otros los AATC 547/1989 de 15 de noviembre, FJ 3; y 24/1990, de 16 de enero, FJ 3). Asimismo, solicita al Tribunal que, según lo dispuesto en el art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), recabe de las Cortes Generales el expediente de elaboración de la ley recurrida, incluyendo los diarios de sesiones en los que constan los debates parlamentarios sobre la misma, a los efectos de poder completar, en su caso, las alegaciones en el trámite procesal oportuno.</p>
<p class='parrafo'>Entrando en el fondo, el recurso reputa inconstitucional la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008, que otorga nueva redacción al segundo párrafo de la disposición adicional cuarta de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, para modificar la titulación necesaria para acceder al Cuerpo Superior de Auditores de dicha institución. Según el escrito de alegaciones, esta disposición no guarda relación alguna con el contenido mínimo, necesario e indisponible de la ley de presupuestos, excediendo así su función, perfilada por reiterada jurisprudencia constitucional.</p>
<p class='parrafo'>En apoyo de su alegación, cita la doctrina de este Tribunal, de acuerdo con la cual debe distinguirse en las leyes de presupuestos entre, por un lado, un contenido mínimo, necesario e indisponible –constituido por la expresión cifrada de la previsión de ingresos y la habilitación de gastos– y, por otro, un contenido posible, no necesario o eventual. Pues bien, este último sufre también limitaciones, sin que, por tanto, quepa en su seno la regulación de cualquier materia. De acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, esta regulación sólo es constitucionalmente admisible si guarda relación directa con los ingresos y gastos integrantes del presupuesto o es «un complemento necesario para la mayor inteligencia y para la mejor ejecución del presupuesto y, en general, de la política económica del Gobierno (SSTC 76/1992, de 14 de mayo y 195/1994 de 23 de junio)». Esta limitación material del contenido constitucionalmente posible enraíza en el art. 134.2 CE y se explica, no sólo por la función específica que la Constitución atribuye a esta norma, sino también por las particularidades del procedimiento parlamentario, traducidas en mayores restricciones a las facultades de los órganos legislativos de las que concurren en la tramitación de otros proyectos normativos. Además, esta exigencia proviene del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), que protege la certeza de que una ley de presupuestos no contenga más disposiciones que las que a su función corresponden <em>(</em><em>ex</em> arts. 66.2 y 134.2 CE), «debido a la incertidumbre que una regulación de este tipo origina».</p>
<p class='parrafo'>Se solicita, en consecuencia, que este Tribunal declare la inconstitucionalidad y nulidad del precepto impugnado, ya que su inclusión en ley de presupuestos resulta contraria a los arts. 66.2 y 134.2 de la Constitución.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Por providencia de 15 de abril de 2008, el Pleno del Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad y, conforme al art. 10.2 LOTC, atribuir su conocimiento a la Sala Primera, a la que por turno objetivo le había correspondido, señalando de aplicación la doctrina contenida en las SSTC 238/2007, de 21 de noviembre; y 248/2007, de 13 de diciembre. Acordó asimismo, conforme al art. 34 LOTC, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, con el fin de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones, así como publicar la incoación del proceso en el «Boletín Oficial del Estado», lo que se llevó a efecto en el núm. 100, de 25 de abril de 2008.</p>
<p class='parrafo_2'>3. El 30 de abril de 2008 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Presidente del Senado por el que comunicaba el acuerdo de personación en el presente proceso con oferta de colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC que adoptó la Mesa de la Cámara.</p>
<p class='parrafo_2'>4. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 8 de mayo de 2008, el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de dar por personada a la misma en el procedimiento, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Asimismo acordó su remisión a la dirección de estudios, análisis y publicaciones y a la asesoría jurídica de la Secretaría General.</p>
<p class='parrafo_2'>5. El 14 de mayo de 2008 se registra en el Tribunal el escrito del Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, con las alegaciones que resumidamente se exponen:</p>
<p class='parrafo_2'>Comienza el Abogado del Estado por avenirse con los demandantes en lo relativo a la concurrencia de legitimidad activa, pese a la pérdida de la condición de Diputado de algunos de ellos. También a su modo de ver esa concurrencia se desprende claramente de la doctrina de este Tribunal (se cita la misma doctrina referida en la demanda; AATC 547/1989, de 15 de noviembre, FJ 3; y 24/1990, de 16 de enero, FJ 3).</p>
<p class='parrafo'>En cuanto al fondo, inicia el Abogado su alegato exponiendo la doctrina recogida en las SSTC 238/2007, de 21 de noviembre, FJ 4; y 248/2007, de 13 de diciembre, FJ 4, entre otras, sobre el contenido que la Constitución impone o permite a la ley de presupuestos. Destaca que la segunda de las Sentencias perfila un matiz nuevo, al disponer que «una vez admitido que la Ley de Presupuestos generales del Estado puede abordar una modificación directa y expresa de cualquier otra noma legal, insistimos, en tanto en cuanto dicha modificación respete los condicionamientos que para su incorporación al contenido eventual del instrumento presupuestario ha exigido este Tribunal, cabe añadir, a renglón seguido, que lo que no puede hacer la Ley de Presupuestos es, sin modificar previamente la norma legal que regula el régimen sustantivo de una determinada parcela del ordenamiento jurídico, desconocerlo, procediendo a efectuar una aplicación distinta a la prevista en la norma cuya aplicación pretende. La Ley de Presupuestos, como previsión de ingresos y autorización de gastos para un ejercicio dado, debe respetar, en tanto no las modifique expresamente, las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico cuya ejecución responde, so pena de poder provocar, con su desconocimiento, situaciones de inseguridad jurídica contrarias al art. 9.3 CE». A partir de lo anterior, precisa el Abogado del Estado que la disposición impugnada satisface el requisito de modificación expresa mediante Ley prexistente, toda vez que la disposición adicional cuarta, apartado dos, de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas es reformada expresamente para ampliar la titulación de acceso al Cuerpo de Auditores del Tribunal de Cuentas.</p>
<p class='parrafo'>En cuanto a la conexión entre la norma impugnada –que establece la titulación precisa para acceder a un determinado cuerpo de funcionarios– y el objeto de la Ley de presupuestos, se alega que la doctrina de este Tribunal exige, no sólo una conexión con ingresos y gastos, con la política económica del Gobierno o con la mayor inteligencia o mejor ejecución presupuestaria, sino, además, que dicha conexión sea «directa». Así acontece en este supuesto, pues la modificación de la citada disposición adicional cuarta apartado 2 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas tiene como objetivo ampliar las titulaciones de acceso al citado Cuerpo de Auditores. De esta manera, se reputa constitucional la disposición adicional sexagésima en la medida en que propicia una mejor política de personal en relación con los auditores, lo que ha de traducirse en una mayor perfección en la función de control de los ingresos y gastos estatales y de la gestión presupuestaria que corresponde al Tribunal de Cuentas. Dada la relevancia constitucional que para la mejor ejecución presupuestaria revisten las funciones que desempeña dicho órgano, debe entenderse que «cualquier extremo relativo a su funcionamiento –como es la regulación del acceso al Cuerpo Superior de Auditores– guarda conexión directa con la mejor ejecución presupuestaria». Resulta evidente, afirma, que las técnicas de auditoría, que constituyen la esencial cualificación profesional de los auditores superiores, son necesarias para el ejercicio de la función fiscalizadora.</p>
<p class='parrafo'>A partir de los anteriores argumentos, se solicita la desestimación del recurso y, subsidiariamente, la limitación de los efectos de la eventual declaración de inconstitucionalidad, consistente en que la posible eficacia invalidante quede diferida hasta, como mínimo, la publicación de la sentencia, lo que se justifica en la protección de la seguridad jurídica, citándose en ese sentido, por todas, las SSTC 195/1998, de 1 de octubre, FJ 5; y 194/2004, de 10 de noviembre, FJ 24.</p>
<p class='parrafo_2'>6. Por providencia de 24 de enero de 2013 se señaló el día 28 del mismo mes y año para deliberación y votación de la presente Sentencia.</p>
<p class='centro_negrita'>II. Fundamentos jurídicos</p>
<p class='parrafo_2'>1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por cincuenta y siete Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008 (en adelante, Ley 51/2007). Este precepto otorga nueva redacción al segundo párrafo de la disposición adicional cuarta de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en lo relativo a la titulación necesaria para acceder al Cuerpo Superior de Auditores del citado órgano.</p>
<p class='parrafo'>En la redacción anterior a la reforma, la indicada disposición adicional exigía para acceder al cuerpo mencionado estar en posesión del título de licenciado en ciencias económicas, licenciado en ciencias empresariales, intendente mercantil o actuario de seguros. Tras la modificación operada mediante la disposición controvertida, el precepto pasa a exigir el título de licenciado universitario, ingeniero superior, arquitecto, intendente mercantil o actuario de seguros, ampliando, por tanto, las titulaciones posibles para el acceso al Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas.</p>
<p class='parrafo'>La demanda reputa inconstitucional la citada disposición adicional sexagésima por establecerse en contra de los arts. 66.2 y 134.2 CE dentro de una Ley de presupuestos sin guardar relación alguna con el contenido mínimo, necesario e indisponible de este tipo legislativo ni tampoco con el denominado contenido eventual. El Abogado del Estado interesa la desestimación del recurso por entender que concurre la necesaria conexión entre la norma impugnada y la materia que puede ser objeto de ley de presupuestos, de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, particularmente las SSTC 238/2007, de 21 de noviembre, FJ 4: y 248/2007, de 13 de diciembre, FJ 4.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Antes de proceder al enjuiciamiento del precepto recurrido, debemos pronunciarnos sobre la subsistencia del objeto de este proceso constitucional. Las leyes de presupuestos, por su propia naturaleza, pierden vigencia de acuerdo con el principio de anualidad (art. 134.2 CE). Conforme a reiterada doctrina de este Tribunal, la derogación de la norma legal impugnada produce, con carácter general, efectos extintivos del proceso constitucional (por todas, SSTC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 2; y 216/2012, de 14 de noviembre, FJ 2, con cita de otras muchas). Esta regla tiene, sin embargo, excepciones, entre las que se halla, precisamente, el supuesto de las leyes de presupuestos. Su pérdida de vigencia no puede sin más determinar la desaparición del objeto de los recursos de inconstitucionalidad contra ellas interpuestos, pues sería tanto como admitir que hay un ámbito normativo, estatal o autonómico, que resulta «inmune al control de la jurisdicción constitucional» [SSTC 3/2003, de 16 de enero, FJ 2; 13/2007, de 18 de enero, FJ 1; 248/2007, de 13 de diciembre, FJ 2; 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 2 a)].</p>
<p class='parrafo'>Por lo demás, la parte articulada de las leyes de presupuestos, en la medida en que contenga disposiciones de carácter general, ni siquiera tiene automáticamente vigencia anual, a diferencia del núcleo que reiteradamente hemos calificado de «esencial», constituido por la previsión de ingresos y la habilitación de gastos [por todas, STC 76/1992, de 14 de mayo, FJ 4 a)]. La doctrina del Tribunal tiene plenamente admitido que hay que distinguir –en orden a determinar su vigencia– la diferente naturaleza de las disposiciones de la ley de presupuestos, pues las puramente presupuestarias –esto es, las recogidas en su contenido mínimo o necesario– tendrán, en principio, una vigencia exclusivamente anual (STC 3/2003, de 16 de enero, FJ 5), mientras que el texto articulado tiene, también como regla general, vocación de permanencia (SSTC 65/1990, de 5 de abril, FJ 3; 32/2000, de 3 de febrero, FJ 6; 274/2000, de 15 de noviembre, FJ 4; y 34/2005, de 17 de febrero, FJ 5).</p>
<p class='parrafo'>En este caso, la disposición controvertida se incluyó sin vigencia limitada dentro del texto articulado de la Ley de presupuestos generales para 2008. Al haberse aprobado con vocación de permanencia y no haber sido modificada o derogada después, sigue en vigor, por lo que es claro que pervive el objeto del presente proceso constitucional.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Entrando en el fondo del asunto, para examinar el reproche de inconstitucionalidad dirigido contra la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, procede recapitular brevemente la extensa y consolidada doctrina de este Tribunal, que conocen las partes y que ha sido ya recogida en buena medida en los Antecedentes. Sentado que la Ley de presupuestos es ley en sentido pleno y superada la antigua controversia sobre su carácter formal o material (SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 2; 63/1986, de 21 de mayo, FJ 5; 68/1987, de 21 de mayo, FJ 4; 76/1992, de 14 de mayo, FJ 4; 274/2000, de 15 de noviembre, FJ 4; y 3/2003, de 16 de enero, FJ 4), este Tribunal ha insistido reiteradamente en que el contenido que le corresponde está constitucionalmente delimitado, en tanto que norma de ordenación jurídica del gasto público <em>ex </em>art. 134 CE. La Constitución establece la reserva de un contenido de ley de presupuestos, lo que significa que la norma debe ceñirse a ese contenido y también que ese contenido sólo puede ser regulado por ella (STC 3/2003, FJ 4).</p>
<p class='parrafo'>Esta limitación de contenido deriva del art. 134 CE y se justifica, como reiteramos en la STC 32/2000, de 3 de febrero (FJ 5), con cita de otras anteriores, «no sólo por la función específica que le atribuye la Constitución..., sino también porque se trata de una Ley que, por las peculiaridades y especificidades que presenta su tramitación parlamentaria, conlleva restricciones a las facultades de los órganos legislativos en relación con la tramitación de otros proyectos o proposiciones de Ley», de manera que dicha limitación es «una exigencia del principio de seguridad jurídica constitucionalmente garantizado (art. 9.3 CE) esto es, de la certeza del Derecho que exige que una Ley de contenido constitucionalmente definido, como es la Ley de Presupuestos Generales del Estado, no contenga más disposiciones que las que guardan correspondencia con su función constitucional (arts. 66.2 y 134.2 CE), debido a la incertidumbre que una regulación de este tipo indudablemente origina» (STC 32/2000, FJ 5).</p>
<p class='parrafo'>Por tanto, la función constitucional de la norma con las consecuentes restricciones al debate parlamentario (apartados 1, 6 y 7 del art. 134 CE) fundamenta en última instancia la limitación del contenido posible de las leyes de presupuestos. Además, estas desempeñan un cometido esencial dentro de un Estado de Derecho, al permitir a los ciudadanos tener una idea cabal, una visión de conjunto, del plan económico del Gobierno, lo que se traduce en la exigencia de que incluyan «la totalidad de los gastos e ingresos de sector público estatal» (STC 3/2003, de 16 de enero, FJ 4, con cita de otras muchas). Pues bien, estas limitaciones objetivas se manifiestan concretamente en un doble contenido, esencial y eventual:</p>
<p class='parrafo_2'>a) El primero es el contenido propio, o núcleo esencial, del presupuesto y está formado por la previsión de ingresos y la habilitación de gastos para un ejercicio económico, así como por las normas que directamente desarrollan y aclaran los estados cifrados (SSTC 3/2003, de 16 de enero, FJ 4; 202/2003, de 17 de noviembre, FJ 9; 34/2005, de 17 de febrero, FJ 4; 238/2007, de 21 de noviembre, FJ 4; y 248/2007, de 13 de diciembre, FJ 4). Este contenido mínimo, formado fundamentalmente por las correspondientes partidas presupuestarias, debe ser coherente con el ordenamiento jurídico vigente, como declaramos en las SSTC 238/2007, de 21 de noviembre, FJ 4; y 248/2007, de 13 de diciembre, FJ 4: «la Ley de presupuestos, como previsión de ingresos y autorización de gastos para un ejercicio dado, debe respetar, en tanto no las modifique expresamente, las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico a cuya ejecución responde, so pena de poder provocar, con su desconocimiento, situaciones de inseguridad jurídica contrarias al art. 9.3 CE». Dicho de otra manera, la ley de presupuestos, o innova el ordenamiento jurídico expresamente y con carácter de permanencia –lo que sólo es constitucionalmente admisible cuando la previsión reformadora pueda formar parte del contenido que es propio de este tipo legislativo– o concreta, mediante las correspondientes partidas, las consecuencias que el ordenamiento jurídico vigente proyecta sobre el presupuesto, sin que en este caso sus disposiciones puedan ejecutar modificaciones implícitas.</p>
<p class='parrafo'>b) El segundo, que venimos calificando de «eventual o disponible», se refiere a todas aquellas disposiciones que, sin constituir directamente una previsión de ingresos o habilitación de gastos, guardan «una relación directa con los ingresos o gastos del Estado, responden a los criterios de política económica del Gobierno o, en fin, se dirigen a una mayor inteligencia o mejor ejecución del presupuesto» (por todas, con cita de anteriores, STC 248/2007, de 13 de diciembre, FJ 4). De esta manera, aunque es posible que la ley de presupuestos sea un «instrumento para la mera adaptación circunstancial de las distintas normas», no tienen en ella cabida las modificaciones sustantivas del ordenamiento jurídico a menos que guarden «una conexión económica (relación directa con los ingresos o gastos del Estado o vehículo director de la política económica del Gobierno) o presupuestaria (para una mayor inteligencia o mejor ejecución del presupuesto)» (STC 109/2001, de 26 de abril, FJ 6, con cita de anteriores). Así, hemos considerado que forma parte del contenido eventual una medida que tiene como consecuencia directa la reducción del gasto público (STC 65/1990, de 5 de abril, FJ 3, sobre normas de incompatibilidad de percepción de haberes activos y de pensiones) o su aumento (STC 237/1992, de 15 de diciembre, relativa al incremento de retribuciones salariales para el personal al servicio de las Administraciones públicas), así como la creación de un complemento retributivo para determinados cargos públicos (STC 32/2000, de 3 de febrero). Pero hemos situado extramuros del contenido constitucionalmente admisible múltiples previsiones no directamente económicas o presupuestarias. Así, en materia de función pública, por ejemplo, las relativas los procedimientos de acceso de los funcionarios sanitarios locales interinos a la categoría de funcionarios de carrera (STC 174/1998, de 23 de julio, FFJJ 6 y 7) o de provisión de los puestos de trabajo del personal sanitario (STC 203/1998, de 15 de octubre, FFJJ 3 a 5); y a la edad de pase a la situación de segunda actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (STC 234/1999, de 16 de diciembre, FFJJ 4 y 5).</p>
<p class='parrafo_2'>4. Hemos de examinar a la luz de esta doctrina si la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, objeto del presente recurso de inconstitucionalidad, forma o no parte del contenido admisible para este tipo normativo. Como ha quedado expuesto en el fundamento primero, el precepto flexibiliza las condiciones para acceder al Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas, con la consecuencia de que, si antes de la reforma era preciso ser licenciado en ciencias económicas o en ciencias empresariales, intendente mercantil o actuario de seguros, después de ella basta el título de licenciado universitario, ingeniero superior, arquitecto, intendente mercantil o actuario de seguros.</p>
<p class='parrafo'>Esta regulación puede fácilmente adscribirse a la materia «función pública», al referirse al régimen de acceso a uno de los cuerpos específicos que sirven al Tribunal de Cuentas. No se está, pues, ante una medida directamente incidente sobre el presupuesto que forme parte del denominado contenido mínimo, necesario e indisponible de estas leyes; no cifra ingresos ni habilita gastos ni aclara o desarrolla los estados cifrados. Por tanto, la constitucionalidad del precepto depende de si puede o no vincularse al llamado «contenido eventual», lo que presupone una conexión económica o presupuestaria suficiente, en los términos vistos.</p>
<p class='parrafo'>Ciertamente, la disposición controvertida atañe principalmente al empleo público, aunque pudiera relativamente conectarse con la materia presupuestaria. Dadas las actividades fiscalizadoras propias del Tribunal de Cuentas, el precepto afecta indirectamente a la fase de control del presupuesto, que es una de las que componen el ciclo presupuestario (art. 134 CE), junto a las de elaboración, aprobación y ejecución. Lo ha subrayado el Abogado del Estado, mediante la expresión de la secuencia causal siguiente: la norma flexibiliza los requisitos de acceso al Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas; tal flexibilización puede mejorar la política de personal en relación con los auditores; y tal mejora puede redundar en una mayor perfección de la función de control de los ingresos y gastos estatales y de la gestión presupuestaria que corresponde al Tribunal de Cuentas.</p>
<p class='parrafo'>Sin embargo, a los efectos de la delimitación del contenido admisible de la ley de presupuestos, tal conexión es claramente insuficiente, pues no expresa una relación «directa» de la norma con los ingresos o gastos estatales, con la política económica del gobierno o con la inteligencia y ejecución del presupuesto. Son muchísimas las medidas normativas susceptibles de tener alguna incidencia en cualquiera de estos aspectos, pero si esto fuera suficiente, los límites materiales que afectan a las leyes de presupuestos quedarían desnaturalizados; se diluirían hasta devenir prácticamente inoperantes (por todas, STC 234/1999, de 16 de diciembre, FJ 5). Aceptar que la conexión funcional del Tribunal de Cuentas y de sus funcionarios con la materia presupuestaria expresa la relación directa que exige la jurisprudencia constitucional entre la disposición recurrida y los presupuestos implicaría que esta pudiese regular todos los colectivos funcionariales que desempeñan tareas relacionadas con ingresos y gastos públicos en contra de la configuración constitucional de este tipo legislativo como «Ley de contenido constitucionalmente definido» (STC 32/2000, FJ 5).</p>
<p class='parrafo'>En consecuencia, no concurre la indispensable relación directa o inmediata de la modificación con los gastos e ingresos que integran el presupuesto ni cabe entender que esté justificada por suponer «un complemento necesario para la mayor inteligencia y para la mejor y más eficaz ejecución del Presupuesto y, en general, de la política económica del Gobierno» [STC 76/1992, FJ 4 a)]. La modificación operada en la Ley 7/1988 de funcionamiento del Tribunal de Cuentas está fuera del contenido constitucionalmente admisible de una ley de presupuestos, por lo que es contraria a la Constitución (arts. 66.2 y 134.2).</p>
<p class='parrafo'>Debemos, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y la nulidad de la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008, por traspasar los límites constitucionales de contenido para esta modalidad legal al dar una nueva redacción al segundo párrafo de la disposición adicional cuarta de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.</p>
<p class='parrafo'>Hay que tener presente que pueden haberse celebrado procesos selectivos al amparo de la norma que ahora declaramos inconstitucional durante el tiempo trascurrido entre la interposición del recurso de inconstitucionalidad y esta Sentencia. Nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad no deberá afectar a estos procesos, pues, en estas circunstancias, el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) reclama salvaguardar la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, no sólo las decididas con fuerza de cosa juzgada, sino también las situaciones administrativas firmes, según hemos decidido en casos similares (recientemente, STC 27/2012, de 1 de marzo, FJ 10, con cita de las SSTC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 11; 180/2000, de 29 de junio, FJ 7; y 54/2002, de 27 de febrero, FJ 9).</p>
<p class='centro_redonda'>FALLO</p>
<p class='parrafo_2'>En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,</p>
<p class='centro_redonda'>Ha decidido</p>
<p class='parrafo_2'>Declarar inconstitucional y nula la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008, en cuanto que da nueva redacción al segundo párrafo de la disposición adicional cuarta de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, con los efectos señalados en último párrafo del fundamento jurídico 4 de esta Sentencia.</p>
<p class='parrafo_2'>Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dada en Madrid, a veintiocho de enero de dos mil trece.–Pascual Sala Sánchez.–Adela Asua Batarrita.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Firmado y rubricado.</p>
</texto>
</documento>
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Tue Feb 26 12:44:19 +0000 2013
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La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Pascual Sala Sánchez, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2159-2008, promovido por 57 Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados contra la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008, al considerar que se vulneran los arts. 66.2 y 134.2 de la Constitución. Ha intervenido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en el Tribunal el 14 de marzo de 2008, don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, actuando en condición de comisionado de otros cincuenta y seis Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de diciembre de 2007.
El escrito comienza con la exposición de los fundamentos procesales de la demanda. Una parte de los recurrentes perdió su condición de Diputado, conforme a lo dispuesto por el art. 68.4 CE, al disolverse el Congreso por Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, con carácter previo a la convocatoria de elecciones. Sin embargo, el recurso afirma que, conforme a reiterada jurisprudencia constitucional, esto no impide la concurrencia de la legitimación activa, pues, de rechazarse, serían «inimpugnables en esta vía las leyes promulgadas durante o inmediatamente antes del interregno» (se citan entre otros los AATC 547/1989 de 15 de noviembre, FJ 3; y 24/1990, de 16 de enero, FJ 3). Asimismo, solicita al Tribunal que, según lo dispuesto en el art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), recabe de las Cortes Generales el expediente de elaboración de la ley recurrida, incluyendo los diarios de sesiones en los que constan los debates parlamentarios sobre la misma, a los efectos de poder completar, en su caso, las alegaciones en el trámite procesal oportuno.
Entrando en el fondo, el recurso reputa inconstitucional la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008, que otorga nueva redacción al segundo párrafo de la disposición adicional cuarta de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, para modificar la titulación necesaria para acceder al Cuerpo Superior de Auditores de dicha institución. Según el escrito de alegaciones, esta disposición no guarda relación alguna con el contenido mínimo, necesario e indisponible de la ley de presupuestos, excediendo así su función, perfilada por reiterada jurisprudencia constitucional.
En apoyo de su alegación, cita la doctrina de este Tribunal, de acuerdo con la cual debe distinguirse en las leyes de presupuestos entre, por un lado, un contenido mínimo, necesario e indisponible –constituido por la expresión cifrada de la previsión de ingresos y la habilitación de gastos– y, por otro, un contenido posible, no necesario o eventual. Pues bien, este último sufre también limitaciones, sin que, por tanto, quepa en su seno la regulación de cualquier materia. De acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, esta regulación sólo es constitucionalmente admisible si guarda relación directa con los ingresos y gastos integrantes del presupuesto o es «un complemento necesario para la mayor inteligencia y para la mejor ejecución del presupuesto y, en general, de la política económica del Gobierno (SSTC 76/1992, de 14 de mayo y 195/1994 de 23 de junio)». Esta limitación material del contenido constitucionalmente posible enraíza en el art. 134.2 CE y se explica, no sólo por la función específica que la Constitución atribuye a esta norma, sino también por las particularidades del procedimiento parlamentario, traducidas en mayores restricciones a las facultades de los órganos legislativos de las que concurren en la tramitación de otros proyectos normativos. Además, esta exigencia proviene del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), que protege la certeza de que una ley de presupuestos no contenga más disposiciones que las que a su función corresponden (ex arts. 66.2 y 134.2 CE), «debido a la incertidumbre que una regulación de este tipo origina».
Se solicita, en consecuencia, que este Tribunal declare la inconstitucionalidad y nulidad del precepto impugnado, ya que su inclusión en ley de presupuestos resulta contraria a los arts. 66.2 y 134.2 de la Constitución.
2. Por providencia de 15 de abril de 2008, el Pleno del Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad y, conforme al art. 10.2 LOTC, atribuir su conocimiento a la Sala Primera, a la que por turno objetivo le había correspondido, señalando de aplicación la doctrina contenida en las SSTC 238/2007, de 21 de noviembre; y 248/2007, de 13 de diciembre. Acordó asimismo, conforme al art. 34 LOTC, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, con el fin de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones, así como publicar la incoación del proceso en el «Boletín Oficial del Estado», lo que se llevó a efecto en el núm. 100, de 25 de abril de 2008.
3. El 30 de abril de 2008 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Presidente del Senado por el que comunicaba el acuerdo de personación en el presente proceso con oferta de colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC que adoptó la Mesa de la Cámara.
4. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 8 de mayo de 2008, el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de dar por personada a la misma en el procedimiento, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Asimismo acordó su remisión a la dirección de estudios, análisis y publicaciones y a la asesoría jurídica de la Secretaría General.
5. El 14 de mayo de 2008 se registra en el Tribunal el escrito del Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, con las alegaciones que resumidamente se exponen:
Comienza el Abogado del Estado por avenirse con los demandantes en lo relativo a la concurrencia de legitimidad activa, pese a la pérdida de la condición de Diputado de algunos de ellos. También a su modo de ver esa concurrencia se desprende claramente de la doctrina de este Tribunal (se cita la misma doctrina referida en la demanda; AATC 547/1989, de 15 de noviembre, FJ 3; y 24/1990, de 16 de enero, FJ 3).
En cuanto al fondo, inicia el Abogado su alegato exponiendo la doctrina recogida en las SSTC 238/2007, de 21 de noviembre, FJ 4; y 248/2007, de 13 de diciembre, FJ 4, entre otras, sobre el contenido que la Constitución impone o permite a la ley de presupuestos. Destaca que la segunda de las Sentencias perfila un matiz nuevo, al disponer que «una vez admitido que la Ley de Presupuestos generales del Estado puede abordar una modificación directa y expresa de cualquier otra noma legal, insistimos, en tanto en cuanto dicha modificación respete los condicionamientos que para su incorporación al contenido eventual del instrumento presupuestario ha exigido este Tribunal, cabe añadir, a renglón seguido, que lo que no puede hacer la Ley de Presupuestos es, sin modificar previamente la norma legal que regula el régimen sustantivo de una determinada parcela del ordenamiento jurídico, desconocerlo, procediendo a efectuar una aplicación distinta a la prevista en la norma cuya aplicación pretende. La Ley de Presupuestos, como previsión de ingresos y autorización de gastos para un ejercicio dado, debe respetar, en tanto no las modifique expresamente, las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico cuya ejecución responde, so pena de poder provocar, con su desconocimiento, situaciones de inseguridad jurídica contrarias al art. 9.3 CE». A partir de lo anterior, precisa el Abogado del Estado que la disposición impugnada satisface el requisito de modificación expresa mediante Ley prexistente, toda vez que la disposición adicional cuarta, apartado dos, de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas es reformada expresamente para ampliar la titulación de acceso al Cuerpo de Auditores del Tribunal de Cuentas.
En cuanto a la conexión entre la norma impugnada –que establece la titulación precisa para acceder a un determinado cuerpo de funcionarios– y el objeto de la Ley de presupuestos, se alega que la doctrina de este Tribunal exige, no sólo una conexión con ingresos y gastos, con la política económica del Gobierno o con la mayor inteligencia o mejor ejecución presupuestaria, sino, además, que dicha conexión sea «directa». Así acontece en este supuesto, pues la modificación de la citada disposición adicional cuarta apartado 2 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas tiene como objetivo ampliar las titulaciones de acceso al citado Cuerpo de Auditores. De esta manera, se reputa constitucional la disposición adicional sexagésima en la medida en que propicia una mejor política de personal en relación con los auditores, lo que ha de traducirse en una mayor perfección en la función de control de los ingresos y gastos estatales y de la gestión presupuestaria que corresponde al Tribunal de Cuentas. Dada la relevancia constitucional que para la mejor ejecución presupuestaria revisten las funciones que desempeña dicho órgano, debe entenderse que «cualquier extremo relativo a su funcionamiento –como es la regulación del acceso al Cuerpo Superior de Auditores– guarda conexión directa con la mejor ejecución presupuestaria». Resulta evidente, afirma, que las técnicas de auditoría, que constituyen la esencial cualificación profesional de los auditores superiores, son necesarias para el ejercicio de la función fiscalizadora.
A partir de los anteriores argumentos, se solicita la desestimación del recurso y, subsidiariamente, la limitación de los efectos de la eventual declaración de inconstitucionalidad, consistente en que la posible eficacia invalidante quede diferida hasta, como mínimo, la publicación de la sentencia, lo que se justifica en la protección de la seguridad jurídica, citándose en ese sentido, por todas, las SSTC 195/1998, de 1 de octubre, FJ 5; y 194/2004, de 10 de noviembre, FJ 24.
6. Por providencia de 24 de enero de 2013 se señaló el día 28 del mismo mes y año para deliberación y votación de la presente Sentencia.
II. Fundamentos jurídicos
1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por cincuenta y siete Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008 (en adelante, Ley 51/2007). Este precepto otorga nueva redacción al segundo párrafo de la disposición adicional cuarta de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en lo relativo a la titulación necesaria para acceder al Cuerpo Superior de Auditores del citado órgano.
En la redacción anterior a la reforma, la indicada disposición adicional exigía para acceder al cuerpo mencionado estar en posesión del título de licenciado en ciencias económicas, licenciado en ciencias empresariales, intendente mercantil o actuario de seguros. Tras la modificación operada mediante la disposición controvertida, el precepto pasa a exigir el título de licenciado universitario, ingeniero superior, arquitecto, intendente mercantil o actuario de seguros, ampliando, por tanto, las titulaciones posibles para el acceso al Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas.
La demanda reputa inconstitucional la citada disposición adicional sexagésima por establecerse en contra de los arts. 66.2 y 134.2 CE dentro de una Ley de presupuestos sin guardar relación alguna con el contenido mínimo, necesario e indisponible de este tipo legislativo ni tampoco con el denominado contenido eventual. El Abogado del Estado interesa la desestimación del recurso por entender que concurre la necesaria conexión entre la norma impugnada y la materia que puede ser objeto de ley de presupuestos, de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, particularmente las SSTC 238/2007, de 21 de noviembre, FJ 4: y 248/2007, de 13 de diciembre, FJ 4.
2. Antes de proceder al enjuiciamiento del precepto recurrido, debemos pronunciarnos sobre la subsistencia del objeto de este proceso constitucional. Las leyes de presupuestos, por su propia naturaleza, pierden vigencia de acuerdo con el principio de anualidad (art. 134.2 CE). Conforme a reiterada doctrina de este Tribunal, la derogación de la norma legal impugnada produce, con carácter general, efectos extintivos del proceso constitucional (por todas, SSTC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 2; y 216/2012, de 14 de noviembre, FJ 2, con cita de otras muchas). Esta regla tiene, sin embargo, excepciones, entre las que se halla, precisamente, el supuesto de las leyes de presupuestos. Su pérdida de vigencia no puede sin más determinar la desaparición del objeto de los recursos de inconstitucionalidad contra ellas interpuestos, pues sería tanto como admitir que hay un ámbito normativo, estatal o autonómico, que resulta «inmune al control de la jurisdicción constitucional» [SSTC 3/2003, de 16 de enero, FJ 2; 13/2007, de 18 de enero, FJ 1; 248/2007, de 13 de diciembre, FJ 2; 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 2 a)].
Por lo demás, la parte articulada de las leyes de presupuestos, en la medida en que contenga disposiciones de carácter general, ni siquiera tiene automáticamente vigencia anual, a diferencia del núcleo que reiteradamente hemos calificado de «esencial», constituido por la previsión de ingresos y la habilitación de gastos [por todas, STC 76/1992, de 14 de mayo, FJ 4 a)]. La doctrina del Tribunal tiene plenamente admitido que hay que distinguir –en orden a determinar su vigencia– la diferente naturaleza de las disposiciones de la ley de presupuestos, pues las puramente presupuestarias –esto es, las recogidas en su contenido mínimo o necesario– tendrán, en principio, una vigencia exclusivamente anual (STC 3/2003, de 16 de enero, FJ 5), mientras que el texto articulado tiene, también como regla general, vocación de permanencia (SSTC 65/1990, de 5 de abril, FJ 3; 32/2000, de 3 de febrero, FJ 6; 274/2000, de 15 de noviembre, FJ 4; y 34/2005, de 17 de febrero, FJ 5).
En este caso, la disposición controvertida se incluyó sin vigencia limitada dentro del texto articulado de la Ley de presupuestos generales para 2008. Al haberse aprobado con vocación de permanencia y no haber sido modificada o derogada después, sigue en vigor, por lo que es claro que pervive el objeto del presente proceso constitucional.
3. Entrando en el fondo del asunto, para examinar el reproche de inconstitucionalidad dirigido contra la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, procede recapitular brevemente la extensa y consolidada doctrina de este Tribunal, que conocen las partes y que ha sido ya recogida en buena medida en los Antecedentes. Sentado que la Ley de presupuestos es ley en sentido pleno y superada la antigua controversia sobre su carácter formal o material (SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 2; 63/1986, de 21 de mayo, FJ 5; 68/1987, de 21 de mayo, FJ 4; 76/1992, de 14 de mayo, FJ 4; 274/2000, de 15 de noviembre, FJ 4; y 3/2003, de 16 de enero, FJ 4), este Tribunal ha insistido reiteradamente en que el contenido que le corresponde está constitucionalmente delimitado, en tanto que norma de ordenación jurídica del gasto público ex art. 134 CE. La Constitución establece la reserva de un contenido de ley de presupuestos, lo que significa que la norma debe ceñirse a ese contenido y también que ese contenido sólo puede ser regulado por ella (STC 3/2003, FJ 4).
Esta limitación de contenido deriva del art. 134 CE y se justifica, como reiteramos en la STC 32/2000, de 3 de febrero (FJ 5), con cita de otras anteriores, «no sólo por la función específica que le atribuye la Constitución..., sino también porque se trata de una Ley que, por las peculiaridades y especificidades que presenta su tramitación parlamentaria, conlleva restricciones a las facultades de los órganos legislativos en relación con la tramitación de otros proyectos o proposiciones de Ley», de manera que dicha limitación es «una exigencia del principio de seguridad jurídica constitucionalmente garantizado (art. 9.3 CE) esto es, de la certeza del Derecho que exige que una Ley de contenido constitucionalmente definido, como es la Ley de Presupuestos Generales del Estado, no contenga más disposiciones que las que guardan correspondencia con su función constitucional (arts. 66.2 y 134.2 CE), debido a la incertidumbre que una regulación de este tipo indudablemente origina» (STC 32/2000, FJ 5).
Por tanto, la función constitucional de la norma con las consecuentes restricciones al debate parlamentario (apartados 1, 6 y 7 del art. 134 CE) fundamenta en última instancia la limitación del contenido posible de las leyes de presupuestos. Además, estas desempeñan un cometido esencial dentro de un Estado de Derecho, al permitir a los ciudadanos tener una idea cabal, una visión de conjunto, del plan económico del Gobierno, lo que se traduce en la exigencia de que incluyan «la totalidad de los gastos e ingresos de sector público estatal» (STC 3/2003, de 16 de enero, FJ 4, con cita de otras muchas). Pues bien, estas limitaciones objetivas se manifiestan concretamente en un doble contenido, esencial y eventual:
a) El primero es el contenido propio, o núcleo esencial, del presupuesto y está formado por la previsión de ingresos y la habilitación de gastos para un ejercicio económico, así como por las normas que directamente desarrollan y aclaran los estados cifrados (SSTC 3/2003, de 16 de enero, FJ 4; 202/2003, de 17 de noviembre, FJ 9; 34/2005, de 17 de febrero, FJ 4; 238/2007, de 21 de noviembre, FJ 4; y 248/2007, de 13 de diciembre, FJ 4). Este contenido mínimo, formado fundamentalmente por las correspondientes partidas presupuestarias, debe ser coherente con el ordenamiento jurídico vigente, como declaramos en las SSTC 238/2007, de 21 de noviembre, FJ 4; y 248/2007, de 13 de diciembre, FJ 4: «la Ley de presupuestos, como previsión de ingresos y autorización de gastos para un ejercicio dado, debe respetar, en tanto no las modifique expresamente, las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico a cuya ejecución responde, so pena de poder provocar, con su desconocimiento, situaciones de inseguridad jurídica contrarias al art. 9.3 CE». Dicho de otra manera, la ley de presupuestos, o innova el ordenamiento jurídico expresamente y con carácter de permanencia –lo que sólo es constitucionalmente admisible cuando la previsión reformadora pueda formar parte del contenido que es propio de este tipo legislativo– o concreta, mediante las correspondientes partidas, las consecuencias que el ordenamiento jurídico vigente proyecta sobre el presupuesto, sin que en este caso sus disposiciones puedan ejecutar modificaciones implícitas.
b) El segundo, que venimos calificando de «eventual o disponible», se refiere a todas aquellas disposiciones que, sin constituir directamente una previsión de ingresos o habilitación de gastos, guardan «una relación directa con los ingresos o gastos del Estado, responden a los criterios de política económica del Gobierno o, en fin, se dirigen a una mayor inteligencia o mejor ejecución del presupuesto» (por todas, con cita de anteriores, STC 248/2007, de 13 de diciembre, FJ 4). De esta manera, aunque es posible que la ley de presupuestos sea un «instrumento para la mera adaptación circunstancial de las distintas normas», no tienen en ella cabida las modificaciones sustantivas del ordenamiento jurídico a menos que guarden «una conexión económica (relación directa con los ingresos o gastos del Estado o vehículo director de la política económica del Gobierno) o presupuestaria (para una mayor inteligencia o mejor ejecución del presupuesto)» (STC 109/2001, de 26 de abril, FJ 6, con cita de anteriores). Así, hemos considerado que forma parte del contenido eventual una medida que tiene como consecuencia directa la reducción del gasto público (STC 65/1990, de 5 de abril, FJ 3, sobre normas de incompatibilidad de percepción de haberes activos y de pensiones) o su aumento (STC 237/1992, de 15 de diciembre, relativa al incremento de retribuciones salariales para el personal al servicio de las Administraciones públicas), así como la creación de un complemento retributivo para determinados cargos públicos (STC 32/2000, de 3 de febrero). Pero hemos situado extramuros del contenido constitucionalmente admisible múltiples previsiones no directamente económicas o presupuestarias. Así, en materia de función pública, por ejemplo, las relativas los procedimientos de acceso de los funcionarios sanitarios locales interinos a la categoría de funcionarios de carrera (STC 174/1998, de 23 de julio, FFJJ 6 y 7) o de provisión de los puestos de trabajo del personal sanitario (STC 203/1998, de 15 de octubre, FFJJ 3 a 5); y a la edad de pase a la situación de segunda actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (STC 234/1999, de 16 de diciembre, FFJJ 4 y 5).
4. Hemos de examinar a la luz de esta doctrina si la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, objeto del presente recurso de inconstitucionalidad, forma o no parte del contenido admisible para este tipo normativo. Como ha quedado expuesto en el fundamento primero, el precepto flexibiliza las condiciones para acceder al Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas, con la consecuencia de que, si antes de la reforma era preciso ser licenciado en ciencias económicas o en ciencias empresariales, intendente mercantil o actuario de seguros, después de ella basta el título de licenciado universitario, ingeniero superior, arquitecto, intendente mercantil o actuario de seguros.
Esta regulación puede fácilmente adscribirse a la materia «función pública», al referirse al régimen de acceso a uno de los cuerpos específicos que sirven al Tribunal de Cuentas. No se está, pues, ante una medida directamente incidente sobre el presupuesto que forme parte del denominado contenido mínimo, necesario e indisponible de estas leyes; no cifra ingresos ni habilita gastos ni aclara o desarrolla los estados cifrados. Por tanto, la constitucionalidad del precepto depende de si puede o no vincularse al llamado «contenido eventual», lo que presupone una conexión económica o presupuestaria suficiente, en los términos vistos.
Ciertamente, la disposición controvertida atañe principalmente al empleo público, aunque pudiera relativamente conectarse con la materia presupuestaria. Dadas las actividades fiscalizadoras propias del Tribunal de Cuentas, el precepto afecta indirectamente a la fase de control del presupuesto, que es una de las que componen el ciclo presupuestario (art. 134 CE), junto a las de elaboración, aprobación y ejecución. Lo ha subrayado el Abogado del Estado, mediante la expresión de la secuencia causal siguiente: la norma flexibiliza los requisitos de acceso al Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas; tal flexibilización puede mejorar la política de personal en relación con los auditores; y tal mejora puede redundar en una mayor perfección de la función de control de los ingresos y gastos estatales y de la gestión presupuestaria que corresponde al Tribunal de Cuentas.
Sin embargo, a los efectos de la delimitación del contenido admisible de la ley de presupuestos, tal conexión es claramente insuficiente, pues no expresa una relación «directa» de la norma con los ingresos o gastos estatales, con la política económica del gobierno o con la inteligencia y ejecución del presupuesto. Son muchísimas las medidas normativas susceptibles de tener alguna incidencia en cualquiera de estos aspectos, pero si esto fuera suficiente, los límites materiales que afectan a las leyes de presupuestos quedarían desnaturalizados; se diluirían hasta devenir prácticamente inoperantes (por todas, STC 234/1999, de 16 de diciembre, FJ 5). Aceptar que la conexión funcional del Tribunal de Cuentas y de sus funcionarios con la materia presupuestaria expresa la relación directa que exige la jurisprudencia constitucional entre la disposición recurrida y los presupuestos implicaría que esta pudiese regular todos los colectivos funcionariales que desempeñan tareas relacionadas con ingresos y gastos públicos en contra de la configuración constitucional de este tipo legislativo como «Ley de contenido constitucionalmente definido» (STC 32/2000, FJ 5).
En consecuencia, no concurre la indispensable relación directa o inmediata de la modificación con los gastos e ingresos que integran el presupuesto ni cabe entender que esté justificada por suponer «un complemento necesario para la mayor inteligencia y para la mejor y más eficaz ejecución del Presupuesto y, en general, de la política económica del Gobierno» [STC 76/1992, FJ 4 a)]. La modificación operada en la Ley 7/1988 de funcionamiento del Tribunal de Cuentas está fuera del contenido constitucionalmente admisible de una ley de presupuestos, por lo que es contraria a la Constitución (arts. 66.2 y 134.2).
Debemos, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y la nulidad de la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008, por traspasar los límites constitucionales de contenido para esta modalidad legal al dar una nueva redacción al segundo párrafo de la disposición adicional cuarta de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Hay que tener presente que pueden haberse celebrado procesos selectivos al amparo de la norma que ahora declaramos inconstitucional durante el tiempo trascurrido entre la interposición del recurso de inconstitucionalidad y esta Sentencia. Nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad no deberá afectar a estos procesos, pues, en estas circunstancias, el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) reclama salvaguardar la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, no sólo las decididas con fuerza de cosa juzgada, sino también las situaciones administrativas firmes, según hemos decidido en casos similares (recientemente, STC 27/2012, de 1 de marzo, FJ 10, con cita de las SSTC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 11; 180/2000, de 29 de junio, FJ 7; y 54/2002, de 27 de febrero, FJ 9).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Declarar inconstitucional y nula la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008, en cuanto que da nueva redacción al segundo párrafo de la disposición adicional cuarta de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, con los efectos señalados en último párrafo del fundamento jurídico 4 de esta Sentencia.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiocho de enero de dos mil trece.–Pascual Sala Sánchez.–Adela Asua Batarrita.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Firmado y rubricado.
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El TC dice que en la ley de presupuestos no puedes incluir lo que te de la gana, como hizo Zapatero en 2007 #BOE
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"111",
"116"
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TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL
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Tribunal Constitucional
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El Tribunal Constitucioonal declarar inconstitucional y nula la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007 de presupuestos generales del Estado para 2008.
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"2211",
"2221",
"5247",
"5904",
"6893",
"6954"
] | 755
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2015-02-12
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BOE-B-2015-4332
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Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de notificación relativa al acuerdo de iniciación del procedimiento de retirada del mercado y prohibición de comercialización de medicamentos ilegales y adopción de medidas cautelares a la empresa responsable de la comercialización del producto Yohimbine 2.5 cápsulas.
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<p class='parrafo'>Ante el desconocimiento de los interesados en este procedimiento, procede acudir al medio de notificación previsto en el artículo 59.5 en relación con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.</p>
<p class='parrafo'>La Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios acuerda iniciar el procedimiento de retirada del mercado y prohibición de la comercialización del producto Yohimbine 2.5 cápsulas, y adoptar, de acuerdo con el artículo 72.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y el artículo 99 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, como medidas cautelares la prohibición de comercialización y la retirada del mercado del producto Yohimbine 2.5 cápsulas. El texto completo del Acuerdo de Iniciación del Procedimiento de Retirada del Mercado y Prohibición de la Comercialización de Medicamentos Ilegales y Adopción de Medidas Cautelares, puede consultarse en el Departamento de Inspección y Control de Medicamentos, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, calle Campezo 1, edificio 8, 28022 Madrid, teléfono: +34 91 822 52 01, fax: +34 91 822 52 43. Correo electrónico: [email protected].</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 5 de febrero de 2015.- Francisco Javier Muñoz Aizpuru, Secretario General de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.</p>
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Ante el desconocimiento de los interesados en este procedimiento, procede acudir al medio de notificación previsto en el artículo 59.5 en relación con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
La Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios acuerda iniciar el procedimiento de retirada del mercado y prohibición de la comercialización del producto Yohimbine 2.5 cápsulas, y adoptar, de acuerdo con el artículo 72.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y el artículo 99 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, como medidas cautelares la prohibición de comercialización y la retirada del mercado del producto Yohimbine 2.5 cápsulas. El texto completo del Acuerdo de Iniciación del Procedimiento de Retirada del Mercado y Prohibición de la Comercialización de Medicamentos Ilegales y Adopción de Medidas Cautelares, puede consultarse en el Departamento de Inspección y Control de Medicamentos, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, calle Campezo 1, edificio 8, 28022 Madrid, teléfono: +34 91 822 52 01, fax: +34 91 822 52 43. Correo electrónico: [email protected].
Madrid, 5 de febrero de 2015.- Francisco Javier Muñoz Aizpuru, Secretario General de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
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Retirada de pastillas para inflar músculo y para vigor sexual #BOE
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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Retirada de pastillas Yohimbine.
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2022-01-19
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DEROGA
los arts. 19.3 y 27 y MODIFICA el 17.2 y la disposición adicional 2 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre (BOE-A-2012-14118)
DEROGA
la disposición adicional 7.9 y MODIFICA sus apartados 3 a 5, de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre
MODIFICA
el art. 1.9 y la disposición adicional 4 del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre
MODIFICA
el art. 84.2 la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre
MODIFICA
los arts. 52.6 y 54.6 de la Ley 11/2015, de 18 de junio
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BOE-A-2022-800
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Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifican la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria.
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<analisis>
<notas>
<nota codigo='0' orden='999'>La modificación del art. 84.2 la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se establece por estar modificado por el art. 9.1 del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre.</nota>
</notas>
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<materia codigo='60' orden=''>Activos financieros</materia>
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<materia codigo='825' orden=''>Cesión de Derechos</materia>
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<alerta codigo='112' orden=''>Derecho Mercantil</alerta>
<alerta codigo='116' orden=''>Función Pública</alerta>
<alerta codigo='127' orden=''>Sistema financiero</alerta>
<alerta codigo='131' orden=''>Trabajo y empleo</alerta>
<alerta codigo='137' orden=''>Vivienda y urbanismo</alerta>
</alertas>
<referencias>
<anteriores>
<anterior orden='1010' referencia='BOE-A-2012-14118'>
<palabra codigo='210'>DEROGA</palabra>
<texto>los arts. 19.3 y 27 y MODIFICA el 17.2 y la disposición adicional 2 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre (BOE-A-2012-14118)</texto>
</anterior>
<anterior orden='1010' referencia='BOE-A-2012-14062'>
<palabra codigo='210'>DEROGA</palabra>
<texto>la disposición adicional 7.9 y MODIFICA sus apartados 3 a 5, de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre</texto>
</anterior>
<anterior orden='2015' referencia='BOE-A-2021-21788'>
<palabra codigo='270'>MODIFICA</palabra>
<texto>el art. 1.9 y la disposición adicional 4 del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre</texto>
</anterior>
<anterior orden='2015' referencia='BOE-A-2015-11430'>
<palabra codigo='270'>MODIFICA</palabra>
<texto>el art. 84.2 la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre</texto>
</anterior>
<anterior orden='2015' referencia='BOE-A-2015-6789'>
<palabra codigo='270'>MODIFICA</palabra>
<texto>los arts. 52.6 y 54.6 de la Ley 11/2015, de 18 de junio</texto>
</anterior>
</anteriores>
<posteriores>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2022-9433'>
<palabra codigo='552'>Recurso</palabra>
<texto>2191/2022 promovido contra el art. 4</texto>
</posterior>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2022-1981'>
<palabra codigo='301'>SE PUBLICA Acuerdo de convalidación</palabra>
<texto>, por Resolución de 3 de febrero de 2022</texto>
</posterior>
</posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='centro_redonda'>I </p>
<p class='parrafo_2'>La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria (en adelante, SAREB) fue creada en 2012, en el contexto de la crisis financiera, con el objetivo de abordar el saneamiento de determinadas entidades de crédito y preservar la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema financiero en su conjunto. SAREB se creó como compañía de gestión de los activos que debían salir del balance de las entidades reestructuradas, y se le encomendó la gestión y enajenación de los préstamos e inmuebles para devolver la deuda suscrita en su momento por distintas entidades financieras y avalada por el Estado en un plazo que concluye en 2027. Con la finalidad de no impactar negativamente en las cuentas de las administraciones públicas, SAREB se constituyó con mayoría de accionistas privados, y sujeta al ordenamiento jurídico del sector privado, sin consolidar su balance con las cuentas del Estado.</p>
<p class='parrafo'>La reclasificación de SAREB en las Cuentas Nacionales como unidad perteneciente al sector de las Administraciones Públicas, siguiendo la opinión emitida por Eurostat, hace urgente y necesaria la adopción de una serie de cambios en su régimen jurídico, que permitan adaptar SAREB a la nueva realidad. </p>
<p class='parrafo'>En primer lugar, por medio de este real decreto-ley, se eliminan los límites a la participación del Estado en el accionariado de SAREB, permitiendo así un posible aumento del peso del Estado en el capital de esta sociedad. Para ello, se modifica la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Adicionalmente, se regula el procedimiento mediante el cual el FROB podrá llevar a cabo la adquisición de participaciones en el capital de SAREB, con el objetivo de hacer efectiva la tomar de control de la sociedad.</p>
<p class='parrafo'>En segundo lugar, se prevé que el FROB pueda llegar a una posición mayoritaria en el capital de SAREB sin que ésta adquiera la condición de sociedad mercantil estatal. SAREB es una sociedad de gestión de activos y por tanto un instrumento de resolución cuyo objetivo fundacional fue el de coadyuvar al desarrollo adecuado de los procesos de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Además, la sociedad cuenta desde su creación con un horizonte temporal limitado hasta 2027, que refleja el objetivo anterior y la singularidad de su naturaleza económica. Por tanto, para garantizar que la potencial toma de control del FROB no suponga un cambio en su capacidad de actuación como instrumento de resolución, la sociedad se mantendrá sometida al ordenamiento jurídico privado, con las especificidades que le son de aplicación. En concreto, SAREB se someterá al régimen de contratación que le corresponda de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Del mismo modo, le será de aplicación el régimen de los contratos mercantiles y de alta dirección de la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Para garantizar una transición ordenada, se establece un régimen transitorio de 3 meses como máximo para que SAREB se adapte a las especialidades del presente real decreto-ley desde la efectiva toma de control pública, a excepción del régimen de indemnizaciones por extinción de los contratos mercantiles o de alta dirección, que será de aplicación desde su entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo'>En tercer lugar, en consonancia con estos cambios, se procede a la adaptación del régimen supervisor y de fiscalización de SAREB, así como del seguimiento del cumplimiento de sus objetivos. Por un lado, ante una toma de control público, se elimina la Comisión de Seguimiento de SAREB, dado que el seguimiento de la actividad de la sociedad y la comprobación del cumplimiento de sus objetivos se realizará directamente a través de los órganos de control de la sociedad. Por otro lado, la fiscalización externa del Tribunal de Cuentas se llevará a cabo teniendo en cuenta la especial naturaleza de la entidad Finalmente, se mantiene el actual régimen de supervisión y sanción atribuido al Banco de España.</p>
<p class='parrafo'>En cuarto lugar, se traslada la toma de las decisiones por parte del FROB que afecten a la gestión de su cartera de participaciones, acciones, títulos y demás instrumentos a su Comisión Rectora en su composición reducida, con el fin de evitar la participación de los supervisores en las decisiones estratégicas y corporativas de una entidad supervisada.</p>
<p class='parrafo'>En quinto lugar, se incorpora, respetando el objeto social actual de SAREB, la posibilidad de enajenación de activos en base al principio general de sostenibilidad. De este modo, SAREB podrá ceder, como parte de su política de sostenibilidad, la propiedad o uso de activos a otros organismos que desarrollen políticas de vivienda social u otras políticas con alto valor social, incorporando este factor dentro del objetivo de optimización del valor. Hasta la fecha, en el marco de su estrategia de responsabilidad social corporativa, la compañía ya ha venido realizando en los últimos años acciones en materia de vivienda social a través de la firma de distintos convenios. Esta habilitación permite reforzar este compromiso, en aras de maximizar el impacto positivo de la compañía en la sociedad.</p>
<p class='parrafo'>Por último, se opera un cambio de naturaleza técnica, eximiendo a SAREB de la aplicación del artículo 327 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, exceptuando a la compañía así de la obligatoriedad de la reducción de capital cuando las pérdidas contables hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital social y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto. Esto permite de este modo que haya plena coherencia con el cambio ya operado por medio del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, que eximió ya a SAREB de la aplicación del artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y garantiza un correcto nivel de seguridad jurídica en cuanto a la posibilidad de continuar su actividad durante su horizonte temporal sin entrar en causa de disolución.</p>
<p class='centro_redonda'>II</p>
<p class='parrafo_2'>Por otra parte, se introduce una modificación puntual en el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, específicamente, en la disposición adicional cuarta, relativa al «Régimen aplicable al personal laboral del sector público», con el fin de precisar su redacción y, en particular, añadir una salvaguarda expresa de la tasa de reposición de efectivos fijada en la ley de Presupuestos Generales del Estado vigente para cada ejercicio.</p>
<p class='parrafo'>A su vez, se introduce otra modificación específica en el citado Real <span class='no_partir'>Decreto-ley</span> 32/2021, de 28 de diciembre, en el apartado nueve de su artículo primero, por el que se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 84 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; la modificación proyectada afecta, exclusivamente, a la letra d) del referido artículo 84.2 del citado texto refundido, en cuya redacción se introduce una corrección, en aras de garantizar la debida seguridad jurídica y evitar cualquier duda interpretativa en su aplicación.</p>
<p class='centro_redonda'>III</p>
<p class='parrafo_2'>La disposición adicional única prevé un régimen transitorio relativo a las declaraciones de zonas de gran afluencia turística reguladas en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales.</p>
<p class='parrafo'>La situación del comercio minorista continúa siendo delicada, y una de las medidas más importantes para el impulso y la flexibilidad de la oferta en el sector de la distribución minorista pasa por la flexibilización de horarios comerciales y el fomento de comercio de compras. Ello requiere una modificación de los criterios exigidos para poder declarar un área como zona de gran afluencia turística, medida que ya hubo de adoptarse en el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, y que ahora, dados los últimos datos del sector turístico, se considera imprescindible y urgente prorrogar.</p>
<p class='parrafo'>Actualmente, los criterios utilizados en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, se refieren a los datos estadísticos del ejercicio inmediatamente anterior referentes a habitantes, pernoctaciones o pasajeros de cruceros. Dado que los datos de 2021 aún no alcanzan los niveles previos a la pandemia ni reflejan la realidad habitual de nuestro sector turístico, los requisitos para proceder a las declaraciones de zona de gran afluencia turística aún serán difíciles de cumplir, con el consiguiente perjuicio para el comercio minorista. Por ello, es urgente flexibilizar esos criterios para que no tengan en cuenta los datos de 2021, que podrían desvirtuar el objetivo de la norma de dinamizar el comercio minorista, y continuarán tomándose como base los datos resultantes de la media de los tres años anteriores a la declaración de pandemia global, es decir, de 2017 a 2019 ambos inclusive.</p>
<p class='centro_redonda'>IV</p>
<p class='parrafo_2'>La adopción de medidas de carácter económico mediante real decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivación explícita y razonada de la necesidad –entendiendo por tal que la coyuntura económica exige una rápida respuesta– y la urgencia –asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo ordinario podría generar algún perjuicio–. A tal fin el Tribunal Constitucional ha afirmado que el control del presupuesto habilitante del artículo 86.1 CE, exige, primero, que el Gobierno haga una definición «explícita y razonada» de la situación concurrente y, segundo, que exista además una «conexión de sentido» entre la situación definida y las medidas que en el Decreto-ley se adopten.</p>
<p class='parrafo'>El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.</p>
<p class='parrafo'>Respecto a esta norma concurren circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la aprobación de este real decreto-ley, tal y como exige el artículo 86.1 de la Constitución Española. En primer lugar, la reclasificación de SAREB en las Cuentas Nacionales como unidad perteneciente al sector de las Administraciones Públicas hace urgente y necesaria la adopción de una serie de cambios, que permitan adaptar SAREB a la nueva realidad ante el comienzo de un nuevo ejercicio contable. Dicha reclasificación fue realizada, por indicación de EUROSTAT a través de carta remitida al Instituto Nacional de Estadística el 16 de febrero de 2021, por parte del Instituto Nacional de Estadística con ocasión de la notificación a la Unión Europea de abril de 2021 en el contexto del Procedimiento de Déficit Excesivo de 2020 y supuso la integración contable de SAREB como parte de las Administraciones Públicas dentro del sector institucional de las Administraciones Públicas del Reglamento (UE) n.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea. Como consecuencia de la reclasificación la actividad de la compañía repercute directamente sobre las cuentas públicas con efectos desde 2020: determina un incremento en el déficit público de 2020 de 9.891 millones de euros (0,88 % del PIB) y un incremento de la deuda PDE consolidada de las Administraciones Públicas de 34.145 millones de euros en diciembre de 2020 (3,05 % del PIB). Del mismo modo, en los sucesivos ejercicios, las operaciones de disposición de su activo por parte de SAREB, así como sus resultados contables afectarán al saldo de las cuentas nacionales del sector de las Administraciones Públicas. Todo ello hace necesario que la estructura accionarial y de control de la sociedad refleje la realidad económica.</p>
<p class='parrafo'>En segundo lugar, durante 2021 SAREB ha alcanzado un patrimonio neto negativo, al consumir las pérdidas íntegramente los fondos propios de la compañía, incluida la deuda subordinada. La deuda senior emitida por la compañía, por su parte, cuenta con el aval del Estado. Por tanto, en el momento presente, es el Estado quien tiene el principal interés económico en la marcha de SAREB así como quien soporta la mayor parte del riesgo asociado a su actividad. En este sentido, el Plan de Negocio y la capacidad de generar flujos de caja por parte de SAREB son factores cruciales para minimizar el potencial impacto de la ejecución del aval en el momento del fin de la vida de la compañía en 2027. Por tanto, es urgente y necesario que esta realidad económica tenga un reflejo inmediato en la estructura accionarial y la gobernanza de la entidad para asegurar que el sector público pueda decidir sobre el diseño e implementación de la estrategia corporativa.</p>
<p class='parrafo'>En tercer lugar, es preciso adaptar el régimen jurídico de la sociedad ante el potencial cambio de su estructura accionarial, al ser SAREB un instrumento de resolución con marco normativo específico debido a sus distintas singularidades. Es por ello necesario y urgente garantizar que SAREB cuente con un régimen jurídico ajustado a su marco de actuación como instrumento de resolución. No obstante lo anterior, se considera necesaria y urgente la sujeción de las políticas remuneratorias de la compañía al principio de eficiencia presupuestaria; por tanto, se incorporan los criterios propios de los contratos mercantiles y de alta dirección establecidos en la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero.</p>
<p class='parrafo'>En cuarto lugar, hasta ahora como parte de su estrategia de responsabilidad social corporativa, SAREB ha venido dedicando parte de su cartera de activos inmobiliarios a objetivos de vivienda social. La potencial participación mayoritaria en SAREB por parte del sector público hace necesario y urgente garantizar la seguridad jurídica respecto a la actividad en curso y futura de la compañía en este ámbito, de tal manera que se adecúe a las atribuciones competenciales entre las distintas administraciones públicas. De este modo, se habilita a SAREB a ceder viviendas a entidades públicas o entidades no lucrativas como parte de su política de sostenibilidad, incorporando así la utilidad social dentro del objetivo de optimización del valor y en coordinación con los departamentos ministeriales competentes. La incorporación de estos principios supone una modificación del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, norma de rango reglamentario que como se señala guarda conexión directa con la situación de urgente necesidad que se atiende con el presente real decreto-ley.</p>
<p class='parrafo'>Las anteriores circunstancias determinan la urgencia de acometer una reforma de la estructura de capital de SAREB y de su gobernanza, de forma que éstas reflejen el reciente cambio de criterio propuesto por Eurostat y la situación patrimonial de la entidad.</p>
<p class='parrafo'>Por todo ello, se hace imperativo que el FROB pueda alcanzar cuanto antes una posición mayoritaria en el capital de SAREB y establecer el marco en que se desarrollará su actividad hasta su liquidación.</p>
<p class='parrafo'>A su vez, la urgencia de la propuesta viene dada por la necesidad de clarificar la redacción de la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, así como recuperar la redacción previa a la reforma introducida por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, en la letra d) del artículo 84.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de forma inmediata, dada la naturaleza de la norma que se modifica, así como para no incurrir en menoscabo alguno de la seguridad jurídica. En este sentido, la redacción ahora proyectada debiera entrar en vigor, en todo caso, antes de que tenga lugar el debate en el Congreso de los Diputados, sobre la convalidación del reseñado real decreto-ley, que se modifica de manera puntual.</p>
<p class='parrafo'>En el caso del régimen transitorio relativo a las declaraciones de zonas de gran afluencia turística reguladas en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales, es manifiesta la necesidad de acudir a este instrumento normativo ante la situación que viene soportando nuestro sector turístico y comercial como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 y las restricciones en la libre circulación y en la actividad comercial ocasionadas por ésta. En particular, medidas como las propuestas en materia de zonas de gran influencia turística son urgentes para evitar el decaimiento de la declaración de esas categorías en el ejercicio 2022, como consecuencia de la reducción de desplazamientos durante 2020 y 2021, con el consiguiente efecto negativo en el comercio de los municipios afectados.</p>
<p class='parrafo'>Por lo demás, este real decreto-ley se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.</p>
<p class='parrafo'>De este modo, se cumple con el principio de necesidad que ha quedado plenamente justificado en párrafos anteriores. Igualmente, se da cumplimiento a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia, destacándose que las medidas que incorpora son congruentes con el ordenamiento jurídico e incorporan la mejor alternativa posible dada la situación de excepcionalidad, al contener la regulación necesaria e imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. </p>
<p class='parrafo'>En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un real decreto-ley, su tramitación se encuentra exenta de consulta pública previa y de los trámites de audiencia e información públicas, conforme el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. </p>
<p class='parrafo'>Finalmente, respecto al principio de eficiencia, no se imponen nuevas cargas administrativas. </p>
<p class='parrafo'>El presente real decreto-ley consta de un preámbulo y una parte dispositiva, que comprende tres artículos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª, 13.ª y 14.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación mercantil, procesal y civil; bases de la ordenación del crédito, banca y seguros; bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; y de Hacienda general.</p>
<p class='parrafo'>En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de la Ministra de Trabajo y Economía Social, y de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de enero de 2022, </p>
<p class='centro_redonda'>DISPONGO:</p>
<p class='articulo'><strong>Artículo primero.</strong> Modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.</p>
<p class='parrafo'>Los apartados 3, 4 y 5 de la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, quedan modificados como sigue:</p>
<blockquote class='sangrado'>
<p class='parrafo_2'>«3. Esta sociedad se constituirá por un periodo de tiempo limitado, que se determinará reglamentariamente, y no le será de aplicación lo dispuesto en los artículos 327, 348 bis y 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, reglamentariamente se podrá determinar o, en su caso, atribuir al FROB la determinación del importe inicial de capital social y la prima de emisión.</p>
<p class='parrafo'>4. Podrán adquirir la condición de accionistas de la sociedad, además del FROB, las entidades de crédito, las demás entidades calificadas como financieras de conformidad con el apartado 1 del artículo 7 de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.</p>
<p class='parrafo'>El FROB podrá adquirir y mantener una participación igual o superior al cincuenta por ciento del capital de la sociedad con objeto de gestionar los procesos de resolución y reestructuración derivados de esta ley. Dicha participación se regirá por lo previsto en la presente disposición, en el régimen jurídico del FROB contemplado en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y en su normativa de desarrollo.</p>
<p class='parrafo'>La adquisición de acciones por el FROB requerirá acuerdo de la Comisión Rectora en la composición establecida en el artículo 54.6 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado, relativo al cumplimiento de los procedimientos aprobados y a la razonabilidad del precio propuesto.</p>
<p class='parrafo'>5. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA, se someterá al régimen de contratación que le corresponda de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.</p>
<p class='parrafo'>El régimen de los contratos mercantiles y de alta dirección de la sociedad será el establecido en la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.»</p>
</blockquote>
<p class='articulo'><strong>Artículo segundo.</strong> Modificación de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.</p>
<p class='parrafo'>La Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, queda modificada como sigue:</p>
<p class='parrafo_2'>Uno. El apartado 6 del artículo 52 queda modificado como sigue:</p>
<blockquote class='sangrado'>
<p class='parrafo_2'>«6. El FROB no estará sujeto a las disposiciones de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus funciones de resolución. En todo caso, el FROB no estará sometido a las previsiones contenidas en el título VII de la Ley de 33/2003, de 3 de noviembre, referido al patrimonio empresarial de la Administración General del Estado.</p>
<p class='parrafo'>No formarán parte del Patrimonio de las Administraciones Públicas las participaciones, acciones, títulos y demás instrumentos de las que el FROB sea titular o que pudiera adquirir en el ejercicio de sus facultades de resolución. Dichas participaciones, acciones, títulos y demás instrumentos, así como las sociedades emisoras de los mismos, que no tendrán consideración de sociedades mercantiles estatales, aun cuando el FROB ejerza el control directa o indirectamente sobre ellas, quedarán sometidas, a todos los efectos, al ordenamiento jurídico privado, sin perjuicio de las obligaciones de remisión de información que resulten necesarias para la elaboración de las cuentas nacionales.»</p>
</blockquote>
<p class='parrafo_2'>Dos. El apartado 6 del artículo 54 queda modificado como sigue:</p>
<blockquote class='sangrado'>
<p class='parrafo_2'>«6. Para la válida constitución de la Comisión Rectora a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos, será necesaria la asistencia al menos de la mitad de sus miembros con derecho de voto. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros asistentes, teniendo voto de calidad el Presidente en caso de empate en el número de votos.</p>
<p class='parrafo'>No obstante lo anterior, para la toma de las decisiones que afecten a los Presupuestos Generales del Estado o a la gestión por parte del FROB de su cartera de participaciones, acciones, títulos y demás instrumentos, la Comisión Rectora adoptará sus decisiones con la siguiente composición:</p>
<p class='parrafo_2'>a) El Presidente.</p>
<p class='parrafo'>b) Los tres representantes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.</p>
<p class='parrafo'>c) Los dos representantes del Ministerio de Hacienda y Función Pública.»</p>
</blockquote>
<p class='articulo'><strong>Artículo tercero.</strong> Modificación del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.</p>
<p class='parrafo'>El Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, queda modificado como sigue:</p>
<p class='parrafo_2'>Uno. Se da la siguiente redacción al apartado 2 del artículo 17:</p>
<blockquote class='sangrado'>
<p class='parrafo_2'>«2. A los efectos del cumplimiento de sus funciones, SAREB actuará con adecuación a los objetivos establecidos en el artículo 3 y de acuerdo con los principios generales de transparencia, gestión profesional y sostenibilidad y utilidad social.</p>
<p class='parrafo'>En cumplimiento del principio de sostenibilidad, SAREB elaborará estrategias de cesión de inmuebles a entidades públicas o a entidades no lucrativas, en las que ponderará la utilidad social de estos inmuebles dentro del objetivo de maximización del valor, de forma coordinada con los departamentos ministeriales competentes en la materia.»</p>
</blockquote>
<p class='parrafo_2'>Dos. La disposición adicional segunda queda redactada como sigue:</p>
<blockquote class='sangrado'>
<p class='articulo'>«Disposición adicional segunda. Arancel de los notarios y registradores de la propiedad.</p>
<p class='parrafo'>1. Las actuaciones notariales y registrales necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en este real decreto, cuando legalmente deba soportar el pago SAREB o los FAB, no devengarán derechos arancelarios.</p>
<p class='parrafo'>En los supuestos que requieran la inscripción de previas trasmisiones de los activos adquiridos, todas las realizadas se practicarán necesariamente en un solo asiento y, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, no devengarán derechos arancelarios.</p>
<p class='parrafo'>2. No devengarán derechos arancelarios las actuaciones notariales y registrales necesarias, en su caso, para la ejecución de las estrategias de cesión de inmuebles a entidades públicas o a entidades no lucrativas previstas en el apartado 2 del artículo 17 de este real decreto.»</p>
</blockquote>
<p class='articulo'><strong>Artículo cuarto.</strong> Modificación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, queda modificado como sigue:</p>
<p class='parrafo_2'>Uno. Se modifica el apartado nueve del artículo primero, por el que se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 84 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, cuya letra d) queda redactada como sigue:</p>
<blockquote class='sangrado'>
<p class='parrafo_2'>«d) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por esta ley a los convenios de empresa.»</p>
</blockquote>
<p class='parrafo_2'>Dos. La disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, queda redactado como sigue:</p>
<blockquote class='sangrado'>
<p class='articulo'>«Disposición adicional cuarta. Régimen aplicable al personal laboral del sector público.</p>
<p class='parrafo'>Los contratos por tiempo indefinido y los fijos-discontinuos podrán celebrarse cuando resulten esenciales para el cumplimiento de los fines que las administraciones públicas y las entidades que conforman el sector público institucional tenga encomendados, previa expresa acreditación.</p>
<p class='parrafo'>Sin perjuicio de la tasa de reposición establecida en la ley de presupuestos generales del Estado vigente para cada ejercicio, si para la cobertura de estas plazas se precisara de una tasa de reposición específica, será necesaria la autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.</p>
<p class='parrafo'>Igualmente se podrán suscribir contratos de sustitución para cubrir temporalmente un puesto de trabajo hasta que finalice el proceso de selección para su cobertura definitiva, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y en los términos establecidos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.»</p>
</blockquote>
<p class='articulo'><strong>Disposición adicional única.</strong> Régimen transitorio de las zonas de gran afluencia turística para 2022, reguladas en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales.</p>
<p class='parrafo'>Durante el año 2022, en relación con las declaraciones de zonas de gran afluencia turística que deban declararse o revisarse a efectos de comprobar el cumplimiento o mantenimiento de las circunstancias que justificaron su declaración, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, y de las distintas normas autonómicas dictadas en desarrollo del mismo, no se considerarán los datos de habitantes, pernoctaciones y pasajeros de cruceros del año 2021. En su lugar, se aplicará la media de los años 2017, 2018 y 2019, anteriores a la declaración de pandemia mundial provocada por la COVID-19.</p>
<p class='articulo'><strong>Disposición transitoria única.</strong> Adaptación de SAREB.</p>
<p class='parrafo'>1. SAREB deberá adaptarse a las especialidades del presente real decreto-ley con la entrada en vigor del mismo y en todo caso en el plazo máximo de 3 meses desde el momento en que la participación del FROB en la sociedad sea mayoritaria.</p>
<p class='parrafo'>2. Del mismo modo, la Comisión de Seguimiento de SAREB regulada por el apartado 9 de la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, mantendrá sus funciones hasta el momento en que la participación del FROB en la sociedad sea mayoritaria.</p>
<p class='parrafo'>3. Las indemnizaciones por extinción de los contratos mercantiles o de alta dirección, cualquiera que fuera la fecha de su celebración, se regirán por lo dispuesto en el apartado 5 de la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, en su redacción dada por este real decreto-ley desde el mismo momento en que este entre en vigor. </p>
<p class='articulo'>
<strong>Disposición derogatoria única.</strong>
</p>
<p class='parrafo'>Se deroga el apartado 9 de la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en este real decreto-ley y, en particular, el apartado 3 del artículo 19 y el artículo 27 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.</p>
<p class='articulo'><strong>Disposición final primera.</strong> Salvaguarda del rango de ciertas disposiciones reglamentarias.</p>
<p class='parrafo'>Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificación por este real decreto-ley en el artículo 3 podrán ser modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.</p>
<p class='articulo'><strong>Disposición final segunda.</strong> Títulos competenciales.</p>
<p class='parrafo'>Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª, 13.ª y 14.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación mercantil, procesal y civil; bases de la ordenación del crédito, banca y seguros; bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; y de Hacienda general.</p>
<p class='articulo'><strong>Disposición final tercera.</strong> Desarrollo reglamentario y habilitación normativa.</p>
<p class='parrafo'>Se habilita al Gobierno para aprobar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo, aplicación y ejecución de lo establecido en este real decreto-ley.</p>
<p class='articulo'><strong>Disposición final cuarta.</strong> Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo'>Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dado en Madrid, el 18 de enero de 2022.</p>
<p class='firma_rey'>FELIPE R.</p>
<p class='firma_ministro'>El Presidente del Gobierno,</p>
<p class='firma_ministro'>PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN</p>
</texto>
</documento>
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Wed Jan 19 08:05:01 +0000 2022
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I
La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria (en adelante, SAREB) fue creada en 2012, en el contexto de la crisis financiera, con el objetivo de abordar el saneamiento de determinadas entidades de crédito y preservar la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema financiero en su conjunto. SAREB se creó como compañía de gestión de los activos que debían salir del balance de las entidades reestructuradas, y se le encomendó la gestión y enajenación de los préstamos e inmuebles para devolver la deuda suscrita en su momento por distintas entidades financieras y avalada por el Estado en un plazo que concluye en 2027. Con la finalidad de no impactar negativamente en las cuentas de las administraciones públicas, SAREB se constituyó con mayoría de accionistas privados, y sujeta al ordenamiento jurídico del sector privado, sin consolidar su balance con las cuentas del Estado.
La reclasificación de SAREB en las Cuentas Nacionales como unidad perteneciente al sector de las Administraciones Públicas, siguiendo la opinión emitida por Eurostat, hace urgente y necesaria la adopción de una serie de cambios en su régimen jurídico, que permitan adaptar SAREB a la nueva realidad.
En primer lugar, por medio de este real decreto-ley, se eliminan los límites a la participación del Estado en el accionariado de SAREB, permitiendo así un posible aumento del peso del Estado en el capital de esta sociedad. Para ello, se modifica la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Adicionalmente, se regula el procedimiento mediante el cual el FROB podrá llevar a cabo la adquisición de participaciones en el capital de SAREB, con el objetivo de hacer efectiva la tomar de control de la sociedad.
En segundo lugar, se prevé que el FROB pueda llegar a una posición mayoritaria en el capital de SAREB sin que ésta adquiera la condición de sociedad mercantil estatal. SAREB es una sociedad de gestión de activos y por tanto un instrumento de resolución cuyo objetivo fundacional fue el de coadyuvar al desarrollo adecuado de los procesos de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Además, la sociedad cuenta desde su creación con un horizonte temporal limitado hasta 2027, que refleja el objetivo anterior y la singularidad de su naturaleza económica. Por tanto, para garantizar que la potencial toma de control del FROB no suponga un cambio en su capacidad de actuación como instrumento de resolución, la sociedad se mantendrá sometida al ordenamiento jurídico privado, con las especificidades que le son de aplicación. En concreto, SAREB se someterá al régimen de contratación que le corresponda de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Del mismo modo, le será de aplicación el régimen de los contratos mercantiles y de alta dirección de la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Para garantizar una transición ordenada, se establece un régimen transitorio de 3 meses como máximo para que SAREB se adapte a las especialidades del presente real decreto-ley desde la efectiva toma de control pública, a excepción del régimen de indemnizaciones por extinción de los contratos mercantiles o de alta dirección, que será de aplicación desde su entrada en vigor.
En tercer lugar, en consonancia con estos cambios, se procede a la adaptación del régimen supervisor y de fiscalización de SAREB, así como del seguimiento del cumplimiento de sus objetivos. Por un lado, ante una toma de control público, se elimina la Comisión de Seguimiento de SAREB, dado que el seguimiento de la actividad de la sociedad y la comprobación del cumplimiento de sus objetivos se realizará directamente a través de los órganos de control de la sociedad. Por otro lado, la fiscalización externa del Tribunal de Cuentas se llevará a cabo teniendo en cuenta la especial naturaleza de la entidad Finalmente, se mantiene el actual régimen de supervisión y sanción atribuido al Banco de España.
En cuarto lugar, se traslada la toma de las decisiones por parte del FROB que afecten a la gestión de su cartera de participaciones, acciones, títulos y demás instrumentos a su Comisión Rectora en su composición reducida, con el fin de evitar la participación de los supervisores en las decisiones estratégicas y corporativas de una entidad supervisada.
En quinto lugar, se incorpora, respetando el objeto social actual de SAREB, la posibilidad de enajenación de activos en base al principio general de sostenibilidad. De este modo, SAREB podrá ceder, como parte de su política de sostenibilidad, la propiedad o uso de activos a otros organismos que desarrollen políticas de vivienda social u otras políticas con alto valor social, incorporando este factor dentro del objetivo de optimización del valor. Hasta la fecha, en el marco de su estrategia de responsabilidad social corporativa, la compañía ya ha venido realizando en los últimos años acciones en materia de vivienda social a través de la firma de distintos convenios. Esta habilitación permite reforzar este compromiso, en aras de maximizar el impacto positivo de la compañía en la sociedad.
Por último, se opera un cambio de naturaleza técnica, eximiendo a SAREB de la aplicación del artículo 327 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, exceptuando a la compañía así de la obligatoriedad de la reducción de capital cuando las pérdidas contables hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital social y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto. Esto permite de este modo que haya plena coherencia con el cambio ya operado por medio del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, que eximió ya a SAREB de la aplicación del artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y garantiza un correcto nivel de seguridad jurídica en cuanto a la posibilidad de continuar su actividad durante su horizonte temporal sin entrar en causa de disolución.
II
Por otra parte, se introduce una modificación puntual en el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, específicamente, en la disposición adicional cuarta, relativa al «Régimen aplicable al personal laboral del sector público», con el fin de precisar su redacción y, en particular, añadir una salvaguarda expresa de la tasa de reposición de efectivos fijada en la ley de Presupuestos Generales del Estado vigente para cada ejercicio.
A su vez, se introduce otra modificación específica en el citado Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, en el apartado nueve de su artículo primero, por el que se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 84 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; la modificación proyectada afecta, exclusivamente, a la letra d) del referido artículo 84.2 del citado texto refundido, en cuya redacción se introduce una corrección, en aras de garantizar la debida seguridad jurídica y evitar cualquier duda interpretativa en su aplicación.
III
La disposición adicional única prevé un régimen transitorio relativo a las declaraciones de zonas de gran afluencia turística reguladas en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales.
La situación del comercio minorista continúa siendo delicada, y una de las medidas más importantes para el impulso y la flexibilidad de la oferta en el sector de la distribución minorista pasa por la flexibilización de horarios comerciales y el fomento de comercio de compras. Ello requiere una modificación de los criterios exigidos para poder declarar un área como zona de gran afluencia turística, medida que ya hubo de adoptarse en el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, y que ahora, dados los últimos datos del sector turístico, se considera imprescindible y urgente prorrogar.
Actualmente, los criterios utilizados en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, se refieren a los datos estadísticos del ejercicio inmediatamente anterior referentes a habitantes, pernoctaciones o pasajeros de cruceros. Dado que los datos de 2021 aún no alcanzan los niveles previos a la pandemia ni reflejan la realidad habitual de nuestro sector turístico, los requisitos para proceder a las declaraciones de zona de gran afluencia turística aún serán difíciles de cumplir, con el consiguiente perjuicio para el comercio minorista. Por ello, es urgente flexibilizar esos criterios para que no tengan en cuenta los datos de 2021, que podrían desvirtuar el objetivo de la norma de dinamizar el comercio minorista, y continuarán tomándose como base los datos resultantes de la media de los tres años anteriores a la declaración de pandemia global, es decir, de 2017 a 2019 ambos inclusive.
IV
La adopción de medidas de carácter económico mediante real decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivación explícita y razonada de la necesidad –entendiendo por tal que la coyuntura económica exige una rápida respuesta– y la urgencia –asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo ordinario podría generar algún perjuicio–. A tal fin el Tribunal Constitucional ha afirmado que el control del presupuesto habilitante del artículo 86.1 CE, exige, primero, que el Gobierno haga una definición «explícita y razonada» de la situación concurrente y, segundo, que exista además una «conexión de sentido» entre la situación definida y las medidas que en el Decreto-ley se adopten.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Respecto a esta norma concurren circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la aprobación de este real decreto-ley, tal y como exige el artículo 86.1 de la Constitución Española. En primer lugar, la reclasificación de SAREB en las Cuentas Nacionales como unidad perteneciente al sector de las Administraciones Públicas hace urgente y necesaria la adopción de una serie de cambios, que permitan adaptar SAREB a la nueva realidad ante el comienzo de un nuevo ejercicio contable. Dicha reclasificación fue realizada, por indicación de EUROSTAT a través de carta remitida al Instituto Nacional de Estadística el 16 de febrero de 2021, por parte del Instituto Nacional de Estadística con ocasión de la notificación a la Unión Europea de abril de 2021 en el contexto del Procedimiento de Déficit Excesivo de 2020 y supuso la integración contable de SAREB como parte de las Administraciones Públicas dentro del sector institucional de las Administraciones Públicas del Reglamento (UE) n.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea. Como consecuencia de la reclasificación la actividad de la compañía repercute directamente sobre las cuentas públicas con efectos desde 2020: determina un incremento en el déficit público de 2020 de 9.891 millones de euros (0,88 % del PIB) y un incremento de la deuda PDE consolidada de las Administraciones Públicas de 34.145 millones de euros en diciembre de 2020 (3,05 % del PIB). Del mismo modo, en los sucesivos ejercicios, las operaciones de disposición de su activo por parte de SAREB, así como sus resultados contables afectarán al saldo de las cuentas nacionales del sector de las Administraciones Públicas. Todo ello hace necesario que la estructura accionarial y de control de la sociedad refleje la realidad económica.
En segundo lugar, durante 2021 SAREB ha alcanzado un patrimonio neto negativo, al consumir las pérdidas íntegramente los fondos propios de la compañía, incluida la deuda subordinada. La deuda senior emitida por la compañía, por su parte, cuenta con el aval del Estado. Por tanto, en el momento presente, es el Estado quien tiene el principal interés económico en la marcha de SAREB así como quien soporta la mayor parte del riesgo asociado a su actividad. En este sentido, el Plan de Negocio y la capacidad de generar flujos de caja por parte de SAREB son factores cruciales para minimizar el potencial impacto de la ejecución del aval en el momento del fin de la vida de la compañía en 2027. Por tanto, es urgente y necesario que esta realidad económica tenga un reflejo inmediato en la estructura accionarial y la gobernanza de la entidad para asegurar que el sector público pueda decidir sobre el diseño e implementación de la estrategia corporativa.
En tercer lugar, es preciso adaptar el régimen jurídico de la sociedad ante el potencial cambio de su estructura accionarial, al ser SAREB un instrumento de resolución con marco normativo específico debido a sus distintas singularidades. Es por ello necesario y urgente garantizar que SAREB cuente con un régimen jurídico ajustado a su marco de actuación como instrumento de resolución. No obstante lo anterior, se considera necesaria y urgente la sujeción de las políticas remuneratorias de la compañía al principio de eficiencia presupuestaria; por tanto, se incorporan los criterios propios de los contratos mercantiles y de alta dirección establecidos en la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero.
En cuarto lugar, hasta ahora como parte de su estrategia de responsabilidad social corporativa, SAREB ha venido dedicando parte de su cartera de activos inmobiliarios a objetivos de vivienda social. La potencial participación mayoritaria en SAREB por parte del sector público hace necesario y urgente garantizar la seguridad jurídica respecto a la actividad en curso y futura de la compañía en este ámbito, de tal manera que se adecúe a las atribuciones competenciales entre las distintas administraciones públicas. De este modo, se habilita a SAREB a ceder viviendas a entidades públicas o entidades no lucrativas como parte de su política de sostenibilidad, incorporando así la utilidad social dentro del objetivo de optimización del valor y en coordinación con los departamentos ministeriales competentes. La incorporación de estos principios supone una modificación del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, norma de rango reglamentario que como se señala guarda conexión directa con la situación de urgente necesidad que se atiende con el presente real decreto-ley.
Las anteriores circunstancias determinan la urgencia de acometer una reforma de la estructura de capital de SAREB y de su gobernanza, de forma que éstas reflejen el reciente cambio de criterio propuesto por Eurostat y la situación patrimonial de la entidad.
Por todo ello, se hace imperativo que el FROB pueda alcanzar cuanto antes una posición mayoritaria en el capital de SAREB y establecer el marco en que se desarrollará su actividad hasta su liquidación.
A su vez, la urgencia de la propuesta viene dada por la necesidad de clarificar la redacción de la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, así como recuperar la redacción previa a la reforma introducida por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, en la letra d) del artículo 84.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de forma inmediata, dada la naturaleza de la norma que se modifica, así como para no incurrir en menoscabo alguno de la seguridad jurídica. En este sentido, la redacción ahora proyectada debiera entrar en vigor, en todo caso, antes de que tenga lugar el debate en el Congreso de los Diputados, sobre la convalidación del reseñado real decreto-ley, que se modifica de manera puntual.
En el caso del régimen transitorio relativo a las declaraciones de zonas de gran afluencia turística reguladas en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales, es manifiesta la necesidad de acudir a este instrumento normativo ante la situación que viene soportando nuestro sector turístico y comercial como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 y las restricciones en la libre circulación y en la actividad comercial ocasionadas por ésta. En particular, medidas como las propuestas en materia de zonas de gran influencia turística son urgentes para evitar el decaimiento de la declaración de esas categorías en el ejercicio 2022, como consecuencia de la reducción de desplazamientos durante 2020 y 2021, con el consiguiente efecto negativo en el comercio de los municipios afectados.
Por lo demás, este real decreto-ley se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De este modo, se cumple con el principio de necesidad que ha quedado plenamente justificado en párrafos anteriores. Igualmente, se da cumplimiento a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia, destacándose que las medidas que incorpora son congruentes con el ordenamiento jurídico e incorporan la mejor alternativa posible dada la situación de excepcionalidad, al contener la regulación necesaria e imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados.
En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un real decreto-ley, su tramitación se encuentra exenta de consulta pública previa y de los trámites de audiencia e información públicas, conforme el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Finalmente, respecto al principio de eficiencia, no se imponen nuevas cargas administrativas.
El presente real decreto-ley consta de un preámbulo y una parte dispositiva, que comprende tres artículos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª, 13.ª y 14.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación mercantil, procesal y civil; bases de la ordenación del crédito, banca y seguros; bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; y de Hacienda general.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de la Ministra de Trabajo y Economía Social, y de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de enero de 2022,
DISPONGO:
Artículo primero. Modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
Los apartados 3, 4 y 5 de la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, quedan modificados como sigue:
«3. Esta sociedad se constituirá por un periodo de tiempo limitado, que se determinará reglamentariamente, y no le será de aplicación lo dispuesto en los artículos 327, 348 bis y 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, reglamentariamente se podrá determinar o, en su caso, atribuir al FROB la determinación del importe inicial de capital social y la prima de emisión.
4. Podrán adquirir la condición de accionistas de la sociedad, además del FROB, las entidades de crédito, las demás entidades calificadas como financieras de conformidad con el apartado 1 del artículo 7 de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
El FROB podrá adquirir y mantener una participación igual o superior al cincuenta por ciento del capital de la sociedad con objeto de gestionar los procesos de resolución y reestructuración derivados de esta ley. Dicha participación se regirá por lo previsto en la presente disposición, en el régimen jurídico del FROB contemplado en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y en su normativa de desarrollo.
La adquisición de acciones por el FROB requerirá acuerdo de la Comisión Rectora en la composición establecida en el artículo 54.6 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado, relativo al cumplimiento de los procedimientos aprobados y a la razonabilidad del precio propuesto.
5. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA, se someterá al régimen de contratación que le corresponda de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
El régimen de los contratos mercantiles y de alta dirección de la sociedad será el establecido en la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.»
Artículo segundo. Modificación de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
La Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, queda modificada como sigue:
Uno. El apartado 6 del artículo 52 queda modificado como sigue:
«6. El FROB no estará sujeto a las disposiciones de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus funciones de resolución. En todo caso, el FROB no estará sometido a las previsiones contenidas en el título VII de la Ley de 33/2003, de 3 de noviembre, referido al patrimonio empresarial de la Administración General del Estado.
No formarán parte del Patrimonio de las Administraciones Públicas las participaciones, acciones, títulos y demás instrumentos de las que el FROB sea titular o que pudiera adquirir en el ejercicio de sus facultades de resolución. Dichas participaciones, acciones, títulos y demás instrumentos, así como las sociedades emisoras de los mismos, que no tendrán consideración de sociedades mercantiles estatales, aun cuando el FROB ejerza el control directa o indirectamente sobre ellas, quedarán sometidas, a todos los efectos, al ordenamiento jurídico privado, sin perjuicio de las obligaciones de remisión de información que resulten necesarias para la elaboración de las cuentas nacionales.»
Dos. El apartado 6 del artículo 54 queda modificado como sigue:
«6. Para la válida constitución de la Comisión Rectora a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos, será necesaria la asistencia al menos de la mitad de sus miembros con derecho de voto. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros asistentes, teniendo voto de calidad el Presidente en caso de empate en el número de votos.
No obstante lo anterior, para la toma de las decisiones que afecten a los Presupuestos Generales del Estado o a la gestión por parte del FROB de su cartera de participaciones, acciones, títulos y demás instrumentos, la Comisión Rectora adoptará sus decisiones con la siguiente composición:
a) El Presidente.
b) Los tres representantes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
c) Los dos representantes del Ministerio de Hacienda y Función Pública.»
Artículo tercero. Modificación del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.
El Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, queda modificado como sigue:
Uno. Se da la siguiente redacción al apartado 2 del artículo 17:
«2. A los efectos del cumplimiento de sus funciones, SAREB actuará con adecuación a los objetivos establecidos en el artículo 3 y de acuerdo con los principios generales de transparencia, gestión profesional y sostenibilidad y utilidad social.
En cumplimiento del principio de sostenibilidad, SAREB elaborará estrategias de cesión de inmuebles a entidades públicas o a entidades no lucrativas, en las que ponderará la utilidad social de estos inmuebles dentro del objetivo de maximización del valor, de forma coordinada con los departamentos ministeriales competentes en la materia.»
Dos. La disposición adicional segunda queda redactada como sigue:
«Disposición adicional segunda. Arancel de los notarios y registradores de la propiedad.
1. Las actuaciones notariales y registrales necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en este real decreto, cuando legalmente deba soportar el pago SAREB o los FAB, no devengarán derechos arancelarios.
En los supuestos que requieran la inscripción de previas trasmisiones de los activos adquiridos, todas las realizadas se practicarán necesariamente en un solo asiento y, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, no devengarán derechos arancelarios.
2. No devengarán derechos arancelarios las actuaciones notariales y registrales necesarias, en su caso, para la ejecución de las estrategias de cesión de inmuebles a entidades públicas o a entidades no lucrativas previstas en el apartado 2 del artículo 17 de este real decreto.»
Artículo cuarto. Modificación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, queda modificado como sigue:
Uno. Se modifica el apartado nueve del artículo primero, por el que se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 84 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, cuya letra d) queda redactada como sigue:
«d) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por esta ley a los convenios de empresa.»
Dos. La disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, queda redactado como sigue:
«Disposición adicional cuarta. Régimen aplicable al personal laboral del sector público.
Los contratos por tiempo indefinido y los fijos-discontinuos podrán celebrarse cuando resulten esenciales para el cumplimiento de los fines que las administraciones públicas y las entidades que conforman el sector público institucional tenga encomendados, previa expresa acreditación.
Sin perjuicio de la tasa de reposición establecida en la ley de presupuestos generales del Estado vigente para cada ejercicio, si para la cobertura de estas plazas se precisara de una tasa de reposición específica, será necesaria la autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Igualmente se podrán suscribir contratos de sustitución para cubrir temporalmente un puesto de trabajo hasta que finalice el proceso de selección para su cobertura definitiva, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y en los términos establecidos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.»
Disposición adicional única. Régimen transitorio de las zonas de gran afluencia turística para 2022, reguladas en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales.
Durante el año 2022, en relación con las declaraciones de zonas de gran afluencia turística que deban declararse o revisarse a efectos de comprobar el cumplimiento o mantenimiento de las circunstancias que justificaron su declaración, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, y de las distintas normas autonómicas dictadas en desarrollo del mismo, no se considerarán los datos de habitantes, pernoctaciones y pasajeros de cruceros del año 2021. En su lugar, se aplicará la media de los años 2017, 2018 y 2019, anteriores a la declaración de pandemia mundial provocada por la COVID-19.
Disposición transitoria única. Adaptación de SAREB.
1. SAREB deberá adaptarse a las especialidades del presente real decreto-ley con la entrada en vigor del mismo y en todo caso en el plazo máximo de 3 meses desde el momento en que la participación del FROB en la sociedad sea mayoritaria.
2. Del mismo modo, la Comisión de Seguimiento de SAREB regulada por el apartado 9 de la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, mantendrá sus funciones hasta el momento en que la participación del FROB en la sociedad sea mayoritaria.
3. Las indemnizaciones por extinción de los contratos mercantiles o de alta dirección, cualquiera que fuera la fecha de su celebración, se regirán por lo dispuesto en el apartado 5 de la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, en su redacción dada por este real decreto-ley desde el mismo momento en que este entre en vigor.
Disposición derogatoria única.
Se deroga el apartado 9 de la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en este real decreto-ley y, en particular, el apartado 3 del artículo 19 y el artículo 27 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.
Disposición final primera. Salvaguarda del rango de ciertas disposiciones reglamentarias.
Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificación por este real decreto-ley en el artículo 3 podrán ser modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.
Disposición final segunda. Títulos competenciales.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª, 13.ª y 14.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación mercantil, procesal y civil; bases de la ordenación del crédito, banca y seguros; bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; y de Hacienda general.
Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario y habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno para aprobar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo, aplicación y ejecución de lo establecido en este real decreto-ley.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 18 de enero de 2022.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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El decreto ley de esta semana modifica las normas de la SAREB para que el Gobierno, vía FROB, pueda tener más del 50% de participación, que era el tope hasta ahora. #BOE
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OTROS_ANUNCIOS
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Jefatura del Estado
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El decreto ley de esta semana modifica las normas de la SAREB para que el Gobierno, vía FROB, pueda tener más del 50% de participación, que era el tope hasta ahora.
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Recurso
2191/2022 promovido contra el art. 4
SE PUBLICA Acuerdo de convalidación
, por Resolución de 3 de febrero de 2022
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2012-11-29
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BOE-A-2012-14617
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Orden ESS/2548/2012, de 16 de noviembre, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Servicio Público de Empleo Estatal.
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<p class='parrafo'>Vacantes puestos de trabajo en este Departamento (Servicio Público de Empleo Estatal), dotados presupuestariamente y cuya provisión corresponde llevar a cabo por el procedimiento de concurso, este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado c) del artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en el artículo 40.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, previa la aprobación de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, ha dispuesto convocar concurso específico para cubrir los puestos que se relacionan en el anexo I de esta Orden, con arreglo a las siguientes bases:</p>
<p class='centro_negrita'>Bases de la convocatoria</p>
<p class='articulo'>Primera. Requisitos de participación.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con lo dispuesto en el apartado c) del artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido por la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, y con las orientaciones de atención a los sectores prioritarios señalados en el Real Decreto 264/2011, de 28 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2011, podrán participar en el presente concurso los funcionarios de carrera en cualquier situación administrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la suspensión.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con la Resolución aprobada por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones de 27 de julio de 2007, se deja sin efecto la clave que impedía a los funcionarios pertenecientes a Cuerpos y Escalas de Correos y Telégrafos ocupar determinados puestos en la Administración General del Estado. En consecuencia, los funcionarios de ese colectivo podrán participar en este concurso siempre que reúnan el resto de los requisitos de la convocatoria.</p>
<p class='parrafo_2'>1.1 Cumplidos los requisitos expuestos en el apartado anterior y que deberán mantenerse hasta la fecha de toma de posesión, podrán tomar parte en este concurso los funcionarios de carrera incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con excepción del personal sanitario, docente, investigador, Instituciones Penitenciarias, Transporte Aéreo y Meteorología, pertenecientes a Cuerpos y Escalas clasificados en los grupos a que hace referencia el Anexo I de esta Orden, comprendidos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, tal y como se establece en su Disposición Transitoria Tercera.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con la Resolución aprobada por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones de 25 de febrero de 2010, se deja sin efecto la clave que impedía a los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos del Sector del Transporte Aéreo y Meteorología, código 17, Cuerpo especial Técnico de Telecomunicaciones Aeronáuticas, a extinguir, y Cuerpos de Técnicos Especialistas Aeronáuticos, a extinguir, ocupar determinados puestos en la Administración General del Estado. En consecuencia, los funcionarios de ese colectivo podrán participar en este concurso siempre que reúnan el resto de los requisitos de la convocatoria.</p>
<p class='parrafo'>A tenor del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones de fecha 30 de enero de 2004, la referencia al sector sanitario que recoge la definición de la clave «EX11» no afecta al personal estatutario de los grupos de la función administrativa, regulado en el artículo 12.3 del derogado Estatuto del Personal no Sanitario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, que ocupe puestos de trabajo en la Administración General del Estado a la fecha de la aprobación de la resolución de la CECIR anteriormente citada.</p>
<p class='parrafo'>En virtud del Acuerdo Marco para fomentar la movilidad de los funcionarios públicos entre las Administraciones Públicas, al que se han incorporado las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Illes Balears, Murcia, Canarias, Cantabria y Madrid, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, los puestos de trabajo del Anexo I de los Servicios Periféricos del Servicio Público de Empleo Estatal en los que figure la clave «AM» en la columna de adscripción a Administración Pública (ADM), podrán ser solicitados por funcionarios de la Administración General del Estado y por funcionarios propios de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas mencionadas, siempre que cumplan el resto de los requisistos y condiciones de participación.</p>
<p class='parrafo'>1.2 Los funcionarios que pertenezcan a dos o más Cuerpos o Escalas del mismo o distinto grupo sólo podrán participar en el concurso desde uno de ellos.</p>
<p class='parrafo'>1.3 De acuerdo con lo previsto en el artículo 103. cuatro.5 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 la movilidad de los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y que pertenezcan a especialidades o Escalas adscritas a ella, para la cobertura de puesto de trabajo en otras Administraciones Públicas, estará sometida a la condición de la previa autorización de aquella, que podrá denegarla en atención a las necesidades del servicio.</p>
<p class='parrafo'>1.4 Los funcionarios de los Cuerpos o Escalas que tengan reservados puestos en exclusiva no podrán participar en concursos para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con carácter indistinto, salvo autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos los indicados Cuerpos o Escalas. Cuando los puestos convocados dependan del propio Departamento al que estén adscritos los Cuerpos o Escalas con puestos en exclusiva, corresponderá al mismo conceder la referida autorización.</p>
<p class='parrafo'>1.5 Los funcionarios en situación administrativa de servicio en Comunidades Autónomas (servicio en otras Administraciones Públicas, de acuerdo con el artículo 88 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público) sólo podrán participar en el presente concurso si a la finalización del plazo de presentación de solicitudes han transcurrido dos años desde su transferencia o traslado a las mismas y en todo caso desde la toma de posesión del destino desde el que participen si es de carácter definitivo.</p>
<p class='parrafo'>1.6 Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán participar en el presente concurso si han transcurrido dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo obtenido, salvo que se trate de funcionarios destinados en el ámbito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, excepto aquellos funcionarios destinados en alguna de las Secretarías de Estado de este Ministerio, dado que a estos últimos se les aplica la regla general de permanencia de al menos dos años para salir del ámbito de su Secretaría de Estado, hayan sido removidos de su anterior destino obtenido mediante concurso o cesados en un puesto obtenido por libre designación o haya sido suprimido su puesto de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>A los funcionarios que accedan a otro Cuerpo o Escala por promoción interna o por integración y permanezcan en el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará el tiempo de servicios prestado en dicho puesto en el Cuerpo o Escala de procedencia, a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior.</p>
<p class='parrafo'>1.7 Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado de familiares, al amparo de lo dispuesto en el artículo 89.4 de la Ley 7/2007, o en servicios especiales, artículo 87 de la Ley 7/2007, sólo podrán participar en esta convocatoria si, en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, han transcurrido dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo obtenido, salvo que tengan reservado el puesto de trabajo en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social o sus Organismos Autónomos, excepto aquellos funcionarios destinados en alguna de las Secretarías de Estado de este Ministerio, dado que a estos últimos se les aplica la regla general de permanencia de al menos dos años para salir del ámbito de su Secretaría de Estado.</p>
<p class='parrafo'>1.8 Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular (artículo 89.2 de la 7/2007) y en excedencia voluntaria por agrupación familiar (artículo 89.3 de la Ley 7/2007), sólo podrán participar si, al término del plazo de presentación de instancias, han cumplido el plazo mínimo de dos años que han de permanecer en dicha situación.</p>
<p class='parrafo'>1.9 Deberán participar en el mismo aquellos funcionarios que tengan destino provisional en este Organismo, salvo que se hallen en comisión de servicios, si se convoca el puesto al que fueron adscritos.</p>
<p class='parrafo'>1.10 De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos, en el presente concurso se aplicará el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres.</p>
<p class='articulo'>Segunda. Presentación de solicitudes.</p>
<p class='parrafo'>2.1 Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajustadas al modelo publicado como Anexo III de esta Orden y dirigidas a la Subsecretaría del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se presentarán en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro General del SEPE (Calle Condesa de Venadito nº 9, 28027 - Madrid) o en las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, acompañadas de las certificaciones y justificantes acreditativos de los méritos recogidos en la convocatoria para los puestos solicitados.</p>
<p class='parrafo'>No serán admitidas aquellas solicitudes que no lleven el sello de entrada de las diferentes Unidades registrales, dentro del plazo establecido para la presentación de instancias.</p>
<p class='parrafo'>Los concursantes deberán unir a su solicitud cuantos documentos hayan de ser tenidos en cuenta para su valoración o aportarlos dentro del plazo que prevé al efecto el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.</p>
<p class='parrafo'>2.2 Podrán solicitarse por orden de preferencia tantos puestos como se incluyen en el Anexo I de esta Orden, siempre que se reúnan los requisitos establecidos para cada puesto en la presente convocatoria y en la relación de puestos de trabajo del Servicio Público de Empleo Estatal.</p>
<p class='parrafo'>La adjudicación de aquellos puestos identificados en dicho anexo como «A resultas», estará condicionada a que su titular obtenga alguno de los puestos ofertados en la presente convocatoria.</p>
<p class='parrafo'>2.3 La fecha de referencia para la posesión de los méritos que se aleguen será el día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.</p>
<p class='parrafo'>2.4 En la solicitud de vacantes, los funcionarios públicos con discapacidad podrán pedir la adaptación del puesto o de los puestos de trabajo correspondientes. A la solicitud se deberá acompañar un informe expedido por el órgano competente en la materia, que acredite la procedencia de la adaptación y la compatibilidad con el desempeño de las funciones que tenga atribuido el puesto o los puestos solicitados.</p>
<p class='parrafo'>2.5 Peticiones condicionadas: Los funcionarios que, reuniendo los requisitos exigidos, estén interesados en las vacantes anunciadas en un mismo municipio, podrán condicionar sus peticiones, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en este concurso y municipio, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petición condicionada deberán concretarlo en su instancia y acompañar fotocopia de la petición del otro funcionario.</p>
<p class='parrafo'>2.6 Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peticionario, sin que puedan ser objeto de modificación, si bien podrán aceptarse por la Comisión de Valoración solo aquellas renuncias que se presenten hasta la fecha que por la misma se acuerde, fecha de la cual se informará por los mismos medios establecidos en la base 3.4.</p>
<p class='articulo'>Tercera. Valoración de méritos.</p>
<p class='parrafo'>El concurso constará de dos fases: Méritos Generales y Méritos Específicos.</p>
<p class='parrafo_2'>3.1 Primera fase. Méritos Generales: Para la valoración de los méritos se tendrán en cuenta los niveles establecidos con carácter mínimo en el tercer párrafo del apartado séptimo del Acuerdo Administración-Sindicatos sobre ordenación de retribuciones, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de junio de 1998 y publicado por Resolución de 18 de junio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, a efectos de grado y de puesto desempeñado.</p>
<p class='parrafo'>Se valorará el grado personal consolidado, el trabajo desarrollado, los cursos superados, la antigüedad en la Administración y los supuestos relativos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, hasta un máximo de 70 puntos, con arreglo al siguiente baremo:</p>
<p class='parrafo_2'>3.1.1 Valoración del grado personal consolidado.</p>
<p class='parrafo_2'>Por tener grado personal consolidado y reconocido por el órgano competente en el Cuerpo o Escala desde el que se participa, se adjudicarán hasta 10 puntos según la distribución siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>Por poseer grado superior al nivel del puesto solicitado: 10 puntos.</p>
<p class='parrafo'>Por poseer grado igual al del puesto solicitado: 9 puntos.</p>
<p class='parrafo'>Por poseer grado inferior al nivel del puesto solicitado: 8 puntos.</p>
<p class='parrafo_2'>Asímismo, se otorgarán 6 puntos a aquellos funcionarios que en la fecha de publicación de la convocatoria no tengan ningún grado consolidado y formalizado en la Administración General del Estado, y hayan prestado servicios efectivos en la misma, como funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se concursa, durante al menos 2 años sin interrupción.</p>
<p class='parrafo'>El funcionario que considere tener un grado personal consolidado a la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias, cuyo reconocimiento se encuentre en tramitación, deberá aportar certificación expresa de esta circunstancia que permita su valoración. Esta certificación será expedida por la Unidad de Personal del Departamento u Organismo Autónomo, o autoridad equivalente en las Comunidades Autónomas.</p>
<p class='parrafo'>Los funcionarios que accedieron por promoción interna al Cuerpo o Escala desde el que concursan, si optaron por conservar grado y aún no tuvieran formalizado documentalmente la conservación del mismo deberán aportar, antes de la finalización del plazo de presentación de instancias, fotocopia de la solicitud de conservación.</p>
<p class='parrafo_2'>3.1.2 Valoración del Trabajo desarrollado: será conforme a la siguiente distribución:</p>
<p class='parrafo_2'>Si el puesto desempeñado pertenece al área funcional o sectorial a que corresponde el convocado: 10 puntos.</p>
<p class='parrafo'>Por desempeñar actualmente un puesto de trabajo, en el Cuerpo o Escala desde el que se participa, con nivel de complemento de destino igual o inferior en uno o dos niveles al del puesto solicitado:</p>
<p class='parrafo_2'>Durante un periodo igual o superior a un año: 20 puntos.</p>
<p class='parrafo'>Durante un periodo inferior a un año: 19 puntos.</p>
<p class='parrafo_2'>Por desempeñar actualmente un puesto de trabajo, en el Cuerpo o Escala desde el que se participa, con nivel de complemento de destino inferior en más de dos niveles al del puesto solicitado:</p>
<p class='parrafo_2'>Durante un periodo igual o superior a un año: 18 puntos.</p>
<p class='parrafo'>Durante un periodo inferior a un año: 17 puntos.</p>
<p class='parrafo_2'>Por desempeñar actualmente un puesto de trabajo, en el Cuerpo o Escala desde el que se participa, con nivel de complemento de destino superior al del puesto solicitado:</p>
<p class='parrafo_2'>Durante un periodo igual o superior a un año: 16 puntos.</p>
<p class='parrafo'>Durante un periodo inferior a un año: 15 puntos.</p>
<p class='parrafo_2'>A estos efectos, los funcionarios que concursen sin nivel de complemento de destino, se entenderá que prestan sus servicios en un puesto del nivel mínimo correspondiente al grupo de su Cuerpo o Escala, considerándose como tiempo de desempeño el menor establecido en cada supuesto.</p>
<p class='parrafo'>Los funcionarios en situación de excedencia por cuidado de familiares o servicios especiales serán valorados en función del nivel de complemento de destino correspondiente al puesto que desempeñaban, con carácter definitivo, en el momento de pasar a dicha situación.</p>
<p class='parrafo'>3.1.3 Cursos de Formación y Perfeccionamiento.–Se valorarán aquellos cursos cuyos contenidos estén debidamente acreditados y directamente relacionados con las materias especificadas en el Anexo I y que hayan sido recibidos y/o impartidos por las Administraciones Públicas u Organismos dependientes de ellas, Organizaciones Profesionales o por promotores de formación continua, en los últimos 10 años, a razón de 0,50 puntos por curso recibido cuya duración sea de 15 a 40 horas y de 1,00 punto si la duración del mismo es superior a 40 horas. En el caso de que el curso sea impartido su puntuación será de 1 punto cuando el número de horas impartidas sea de 15 a 40 horas y de 2 puntos cuando sea superior a 40 horas, hasta un máximo de 10 puntos. Cada curso solo podrá ser valorado una vez y no se podrá acumular la puntuación como receptor e impartidor. En este caso se otorgará la puntuación correspondiente a curso impartido. No se valorarán cursos con una duración inferior a 15 horas lectivas. No se computarán en este apartado, al no ser cursos, la asistencia a sesiones, jornadas, comunicaciones, etc. Se tendrán en cuenta los diplomas y certificaciones probatorios de la asistencia a los cursos y de sus contenidos así como de su duración, siempre que sean originales o debidamente compulsadas. Respecto a los cursos reseñados en el Anexo II en los que no se acredite la duración de los mismos y fecha de impartición, deberá acompañarse certificado en tal sentido extendido por la Institución/Centro impartidor.</p>
<p class='parrafo'>Todos los cursos que sean iguales en denominación se valorarán como uno solo.</p>
<p class='parrafo'>3.1.4 Antigüedad: Por cada año completo de servicios en las distintas Administraciones Públicas, 0,50 puntos por año hasta un máximo de 10 puntos. A estos efectos, se computarán los años de servicio reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad al acceso a la condición de funcionario, siempre que estén certificados en Anexo II. No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.</p>
<p class='parrafo'>La antigüedad que no conste en dicho anexo no se considerará a efectos de su valoración.</p>
<p class='parrafo'>3.1.5 Supuestos relativos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.</p>
<p class='parrafo_2'>a) El destino previo del cónyuge funcionario, obtenido mediante convocatoria pública, en el municipio donde radique el puesto o puestos de trabajo solicitados, siempre que se acceda desde municipio distinto, se valorará con 5,00 puntos.</p>
<p class='parrafo'>El destino del cónyuge se acreditará mediante certificación de la Unidad de Personal que acredite la localidad de destino del cónyuge, el puesto que desempeña y la forma en que lo obtuvo.</p>
<p class='parrafo'>El parentesco se acreditará mediante copia del Libro de Familia o certificación actualizada del Registro Civil de inscripción matrimonial.</p>
<p class='parrafo'>Excepciones a la valoración: no se valorará cuando el cónyuge haya obtenido el puesto por comisión de servicios o adscripción provisional. Y no se valorarán los supuestos de parejas de hecho.</p>
<p class='parrafo'>b) El cuidado de hijos, tanto cuando lo sean por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, hasta que el hijo cumpla doce años, siempre que se acredite por los interesados fehacientemente que el puesto que se solicita permite una mejor atención del menor, se valorará con 5,00 puntos.</p>
<p class='parrafo'>La edad del menor, se acreditará mediante copia del Libro de Familia o de la resolución administrativa o judicial de la adopción, acogimiento permanente o preadoptivo.</p>
<p class='parrafo'>La mejor atención al menor se acreditará mediante declaración del progenitor solicitante, justificando las razones que avalan que el cambio de puesto permite la mejor atención del menor, así como documentación que acredite fehacientemente esta declaración.</p>
<p class='parrafo'>La declaración prevista en este apartado podrá no tenerse en cuenta si la Comisión de Valoración dispone de documentación oficial que invalide, de forma negativa, la justificación contenida en dicha declaración.</p>
<p class='parrafo'>c) El cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad siempre que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por si mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre que se acceda desde municipio distinto, y siempre que se acredite fehacientemente por los interesados que el puesto que se solicita permite una mejor atención del familiar, se valorará con 5,00 puntos.</p>
<p class='parrafo'>El parentesco, se acreditará mediante copia del Libro de Familia y/o de otros documentos públicos que acrediten la relación de consanguinidad o afinidad en el grado que establece el precepto.</p>
<p class='parrafo'>La situación de dependencia por edad, accidente, enfermedad o discapacidad se acreditará mediante certificado médico oficial o documento de los órganos de la Administración Pública competente en la materia, acreditativo de tales extremos.</p>
<p class='parrafo'>El no desempeño de actividad retribuida se acreditará mediante certificado de que no se está de alta en ningún Régimen de la Seguridad Social por la realización de un trabajo por cuenta propia o ajena y declaración de la persona dependiente de que no desempeña actividad retribuida alguna.</p>
<p class='parrafo'>Para acreditar el acceso desde municipio distinto el funcionario solicitante deberá prestar su consentimiento fehaciente para realizar la consulta al Sistema de Verificación de Datos de Residencia para que los datos de empadronamiento sean recabados de oficio. Si no prestara tal consentimiento, o se produjeran otros supuestos que se detallan en la normativa reguladora, el solicitante deberá aportar el certificado de empadronamiento, de acuerdo con el Real Decreto 523/2006 de 28 de abril, y la Orden PRE/4008/2006, de 27 de diciembre normas que suprimen la exigencia de aportar el certificado de empadronamiento como documento probatorio del domicilio y residencia.</p>
<p class='parrafo'>La mejor atención del familiar se acreditará mediante declaración del solicitante justificando las razones que avalan que el cambio de puesto permite la mejor atención del familiar, así como documentación que acredite fehacientemente esta declaración.</p>
<p class='parrafo'>La declaración prevista en este apartado podrá no tenerse en cuenta si la Comisión de Valoración dispone de documentación oficial que invalide, de forma negativa, la justificación contenida en dicha declaración.</p>
<p class='parrafo'>Para la valoración de este supuesto debe acreditarse que se reúnen todos los requisitos anteriomente señalados, dado su carácter acumulativo. Y la valoración de este supuesto será incompatible con el cuidado de hijos.</p>
<p class='parrafo'>Para la adjudicación del puesto será necesario obtener, al menos, 25 puntos en esta primera fase.</p>
<p class='parrafo_2'>3.2 Segunda Fase. Méritos Específicos. Se adjudicarán un máximo de 30 puntos, que se distribuirán atendiendo a los puestos desempeñados y las funciones desarrolladas en los mismos por los concursantes, como personal funcionario o laboral, en relación con los méritos específicos que se describen para cada puesto en el Anexo I.</p>
<p class='parrafo'>Únicamente serán valorables aquellos que hayan sido desarrollados en los últimos cinco años.</p>
<p class='parrafo'>En los puestos con nº de orden 37, 38, 56 y 59, se valorará el conocimiento del idioma inglés y/o francés.</p>
<p class='parrafo'>En los puestos con nº de orden 92 y 93, se valorará el conocimiento de la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, en su caso, hasta un máximo de 1 punto con arreglo al siguiente baremo:</p>
<p class='parrafo_2'>Nivel superior: 1 punto.</p>
<p class='parrafo'>Nivel medio: 0,50 puntos.</p>
<p class='parrafo'>Nivel bajo: 0,25 puntos.</p>
<p class='parrafo_2'>La acreditación del conocimiento del idioma inglés y/o francés así como de la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma se efectuará, mediante título, diploma o certificación expedida por centro público competente o por institución privada oficialmente homologada, con expresión del grado de conocimiento.</p>
<p class='parrafo'>De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el tiempo que las personas candidatas hayan permanecido en los permisos y beneficios de protección a la maternidad y a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral computarán en la valoración del trabajo desarrollado y para los correspondientes méritos específicos.</p>
<p class='parrafo'>Para la adjudicación del puesto será necesario obtener, al menos, 10 puntos en esta segunda fase.</p>
<p class='parrafo'>3.3 La Comisión de Valoración cuando lo estime conveniente, y previa la justificación razonada, podrá llevar a cabo una entrevista con los candidatos que hayan superado la puntuación mínima en las dos fases del concurso, con el fin de verificar su adecuación e idoneidad al puesto solicitado, declarando su aptitud o no aptitud para el mismo mediante una ponderación técnica de forma razonada y fundamentada.</p>
<p class='parrafo'>3.4 La Comisión de Valoración hará pública en la página web (www.sepe.es), en la página intranet la relación de candidatos que han solicitado tomar parte en el concurso con la valoración provisional de los méritos alegados. Los interesados dispondrán de un plazo de 10 días hábiles desde dicha publicación para realizar la reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas a la citada valoración provisional.</p>
<p class='articulo'>Cuarta. Acreditación de méritos.</p>
<p class='parrafo'>4.1 Los méritos y los datos del funcionario serán acreditados mediante certificación según modelo que figura como Anexo II a esta Orden. Los datos reflejados en este certificado no tienen que acreditarse documentalmente, al considerarse que lo han sido para la expedición de este Anexo, a excepción de los cursos, según lo establecido en la base 3.1.3. No serán válidos aquellos Anexos en los que figuren enmiendas y/o tachaduras.</p>
<p class='parrafo'>Solo cuando los interesados no dispongan de dichas certificaciones en el momento de la presentación de la solicitud de participación en el concurso, pero obren en poder de cualquiera de las Administraciones Públicas, podrán aportarlo con posterioridad siempre y cuando junto a su solicitud hagan constar tal circunstancia, especificando el documento o documentos que aportarán con posterioridad y quede constancia de su petición a la Administración respectiva.</p>
<p class='parrafo'>La certificación deberá ser expedida:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Si se trata de funcionarios destinados en Servicios Centrales de Organismos Autónomos o Ministerios, por el Director General o Subdirector General en su caso, competente en materia de personal de los Departamentos Ministeriales o el Secretario General o similar de los Organismos Autónomos.</p>
<p class='parrafo'>b) Cuando se trate de funcionarios destinados en los Servicios Periféricos de ámbito regional o provincial, por los Secretarios Generales de las Delegaciones del Gobierno o de las Subdelegaciones de Gobierno, respectivamente.</p>
<p class='parrafo'>c) Respecto al personal destinado en Comunidades Autónomas, dicha certificación deberá ser expedida por el Director General de la Función Pública u organismo similar de la Comunidad, o bien por el Consejero correspondiente, en el caso de funcionarios de Cuerpos o Escalas de carácter departamental.</p>
<p class='parrafo'>d) A los funcionarios que se encuentren en la situación de excedencia por cuidado de familiares y servicios especiales, los certificados serán expedidos por la autoridad competente en materia de personal del destino donde tuvieran la reserva del puesto de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>e) En el caso de personal en situación de excedencia voluntaria, por interés particular, agrupación familiar o excedencia forzosa, los certificados serán expedidos por la Unidad de Personal del Departamento al que figuren adscritos sus Cuerpos o Escalas, o por la Dirección General de la Función Pública si pertenecen a Escalas a extinguir de AISS o a los Cuerpos dependientes de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. En el caso de las restantes Escalas, asimismo dependientes de la citada Secretaría de Estado, tales certificaciones serán expedidas por la Unidad de Personal del Ministerio u Organismo donde tuvieron su último destino definitivo.</p>
<p class='parrafo'>Igualmente los funcionarios en situación administrativa distinta a la de servicio activo sin reserva de puesto de trabajo que hayan prestado servicios en otras Administraciones Públicas mientras el funcionario se encontrase en dicha situación administrativa, serán acreditados por el órgano competente de la Administración Pública en la que se prestasen los servicios.</p>
<p class='parrafo'>f) Los certificados de los funcionarios destinados en el Ministerio de Defensa serán expedidos por la Subdirección General de Personal Civil del Departamento, cuando se trate de funcionarios destinados en Madrid y por los Delegados de Defensa cuando están destinados en los Servicios Periféricos del Ministerio.</p>
<p class='parrafo'>g) En el caso de los funcionarios de Cuerpos y Escalas de Correos y Telégrafos que se encuentren en el Servicio Activo destinados en la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S. A. o que se encuentren en situación administrativa de excedencia voluntaria o forzosa y que hayan ocupado su último destino en servicio activo en la misma, la certificación de los méritos no específicos deberá ser expedida por la Unidad de personal de la citada Sociedad Estatal.</p>
<p class='parrafo'>En el caso de los funcionarios de Cuerpos y Escalas de Correos y Telégrafos en situación administrativa de excedencia voluntaria o forzosa, cuyo último destino en servicio activo fue en la Caja Postal de Ahorros, el certificado deberá ser expedido por la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Competitividad.</p>
<p class='parrafo_2'>4.2 Los méritos específicos adecuados a las características del puesto serán acreditados mediante certificaciones que figuran como Anexo IV a esta Orden, donde constarán los puestos desempeñados y los méritos acreditados por el concursante, con expresión de fecha de inicio y fin, indicando día, mes y año. Los méritos que no consten en dicho anexo no se considerarán a efectos de su valoración. Estas certificaciones deberán ser expedidas por el Subdirector General o cargo asimilado del que dependan los concursantes que estén destinados en los Servicios Centrales de los Departamentos Ministeriales y Organismos Autónomos, o por los Directores Provinciales o asimilados donde los concursantes hubiesen prestado sus servicios, siendo necesario un único Anexo IV aún cuando la denominación de los puestos, nivel y provincia sean diferentes. En caso necesario se utilizarán tantos Anexos IV como se precisen. No serán tenidos en cuenta los méritos específicos distintos de los recogidos en la convocatoria como valorables ni los méritos que se avalen documentalmente en modelos distintos de los del Anexo IV.</p>
<p class='articulo'>Quinta. Prioridad en la adjudicación de plazas.</p>
<p class='parrafo'>5.1 El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos vendrá dado por la puntuación total obtenida, según el baremo de la base tercera, siempre que se haya superado la puntuación mínima exigida. Cuando el funcionario obtenga más de un puesto, la prelación para adjudicarlo será la que el interesado haya indicado en el Anexo III bis de su solicitud.</p>
<p class='parrafo'>5.2 En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a lo dispuesto en el artículo 44.4 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.</p>
<p class='articulo'>Sexta. Comisión de Valoración.</p>
<p class='parrafo'>6.1 Los méritos serán valorados por una Comisión que realizará la propuesta de adjudicación de los puestos. Dicha Comisión estará compuesta por:</p>
<p class='parrafo_2'>Presidente: El Subdirector General de Recursos y Organización del SEPE, o persona en quien delegue.</p>
<p class='parrafo'>Vocales: Dos funcionarios en representación de la Subdirección General de Ordenación y Desarrollo de los Recursos Humanos de OO.AA. y de la Seguridad Social del Departamento designados por la autoridad convocante; cinco funcionarios del SEPE designados por la autoridad convocante atendiendo a las características de los puestos, de los cuales uno actuará como Secretario.</p>
<p class='parrafo_2'>Asimismo, tendrán derecho a formar parte de la Comisión, en calidad de vocales, un miembro de cada una de las Centrales Sindicales más representativas y las que cuenten con más del 10 por ciento de representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas o en el ámbito correspondiente. A efectos de su nombramiento como miembros deberán remitir los datos de la persona propuesta en el plazo de diez días desde la publicación de la convocatoria.</p>
<p class='parrafo'>El número de representantes de la Administración será superior al de miembros designados a propuesta de las Organizaciones Sindicales.</p>
<p class='parrafo'>Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas de grupo de titulación igual o superior a los exigidos para los puestos convocados y poseer grado personal o desempeñar puestos de nivel igual o superior a aquellos.</p>
<p class='parrafo'>La Comisión de Valoración podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos que, en calidad de asesores, actuarán con voz pero sin voto.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con la Orden APU/526/2005, de 7 de marzo y el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, la Comisión de Valoración del presente concurso se ajustará al principio de composición equilibrada de mujeres y hombres.</p>
<p class='articulo'>Séptima. Adjudicación de destinos.</p>
<p class='parrafo'>7.1 Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario y, en consecuencia, no generarán derechos al abono de indemnización por concepto alguno.</p>
<p class='parrafo'>7.2 Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peticionario y los destinos adjudicados serán asimismo irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro distinto mediante convocatoria pública, en cuyo caso, y si optó por éste, deberá comunicarlo en un plazo de diez días y por escrito al órgano que se expresa en la base 2.1.</p>
<p class='parrafo'>7.3 Los puestos de trabajo vacantes que se incluyen en esta convocatoria no podrán declararse desiertos cuando existan concursantes que, habiéndolos solicitado, hayan obtenido la puntuación mínima exigida salvo en los supuestos en que, como consecuencia de una reestructuración o modificación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, se hayan amortizado o modificado en sus características funcionales, orgánicas o retributivas.</p>
<p class='articulo'>Octava. Resolución y toma de posesión.</p>
<p class='parrafo'>8.1 El presente concurso se resolverá por Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en un plazo no superior a tres meses desde el día siguiente al de la finalización de la presentación de instancias, y se publicará en el Boletín Oficial del Estado. En la Resolución final se hará constar, junto al destino adjudicado, el Ministerio, localidad y nivel del puesto de origen desempeñado por el funcionario o la situación administrativa de procedencia, en su caso.</p>
<p class='parrafo'>8.2 El personal que obtenga destino a través de este concurso, no podrá participar en otros, cualquiera que sea la Administración que los convoque, hasta que hayan transcurrido dos años desde la toma de posesión del puesto adjudicado, salvo que se diera alguno de los supuestos exceptuados que se contemplan en el punto 1.6 de la base primera.</p>
<p class='parrafo'>8.3 El plazo de toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo adjudicado será de tres días hábiles, si no implica cambio de residencia, o de un mes, si comporta cambio de residencia o reingreso al servicio activo.</p>
<p class='parrafo'>Dicho plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el Boletín Oficial del Estado. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.</p>
<p class='parrafo'>8.4 El Subsecretario del Departamento donde preste servicios el funcionario podrá, no obstante, diferir el cese por necesidades del servicio, hasta veinte días hábiles, debiendo comunicarse a la Unidad a que haya sido destinado el funcionario.</p>
<p class='parrafo'>Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigencias del normal funcionamiento de los servicios, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, podrá aplazar la fecha del cese hasta un máximo de tres meses computada la prórroga prevista en el párrafo anterior.</p>
<p class='parrafo'>Con independencia de lo establecido en los dos párrafos anteriores, el Subsecretario del Departamento de donde haya obtenido nuevo destino el funcionario podrá conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de 20 días hábiles si el destino implica cambio de residencia y así lo solicita el interesado por razones justificadas.</p>
<p class='parrafo'>8.5 El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.</p>
<p class='parrafo'>8.6 A todos los efectos el plazo posesorio se considerará como de servicio activo, con excepción de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria cuyo plazo posesorio no se considerará como de servicio activo.</p>
<p class='articulo'>Novena. Publicación.</p>
<p class='parrafo'>La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la resolución del concurso, con adjudicación de los puestos, servirá de notificación a los interesados, y a partir de la misma empezarán a contarse los plazos establecidos para que los Organismos afectados efectúen las actuaciones administrativas procedentes.</p>
<p class='articulo'>Décima. Recursos.</p>
<p class='parrafo'>Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo que corresponda, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de aquella jurisdicción, o potestativamente, y con carácter previo, recurso administrativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la citada publicación (artículos 116 y 117 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 16 de noviembre de 2012.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, P. D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo), el Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente Cachorro.</p>
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Thu Nov 29 09:32:25 +0000 2012
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Vacantes puestos de trabajo en este Departamento (Servicio Público de Empleo Estatal), dotados presupuestariamente y cuya provisión corresponde llevar a cabo por el procedimiento de concurso, este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado c) del artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en el artículo 40.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, previa la aprobación de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, ha dispuesto convocar concurso específico para cubrir los puestos que se relacionan en el anexo I de esta Orden, con arreglo a las siguientes bases:
Bases de la convocatoria
Primera. Requisitos de participación.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado c) del artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido por la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, y con las orientaciones de atención a los sectores prioritarios señalados en el Real Decreto 264/2011, de 28 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2011, podrán participar en el presente concurso los funcionarios de carrera en cualquier situación administrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la suspensión.
De acuerdo con la Resolución aprobada por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones de 27 de julio de 2007, se deja sin efecto la clave que impedía a los funcionarios pertenecientes a Cuerpos y Escalas de Correos y Telégrafos ocupar determinados puestos en la Administración General del Estado. En consecuencia, los funcionarios de ese colectivo podrán participar en este concurso siempre que reúnan el resto de los requisitos de la convocatoria.
1.1 Cumplidos los requisitos expuestos en el apartado anterior y que deberán mantenerse hasta la fecha de toma de posesión, podrán tomar parte en este concurso los funcionarios de carrera incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con excepción del personal sanitario, docente, investigador, Instituciones Penitenciarias, Transporte Aéreo y Meteorología, pertenecientes a Cuerpos y Escalas clasificados en los grupos a que hace referencia el Anexo I de esta Orden, comprendidos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, tal y como se establece en su Disposición Transitoria Tercera.
De acuerdo con la Resolución aprobada por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones de 25 de febrero de 2010, se deja sin efecto la clave que impedía a los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos del Sector del Transporte Aéreo y Meteorología, código 17, Cuerpo especial Técnico de Telecomunicaciones Aeronáuticas, a extinguir, y Cuerpos de Técnicos Especialistas Aeronáuticos, a extinguir, ocupar determinados puestos en la Administración General del Estado. En consecuencia, los funcionarios de ese colectivo podrán participar en este concurso siempre que reúnan el resto de los requisitos de la convocatoria.
A tenor del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones de fecha 30 de enero de 2004, la referencia al sector sanitario que recoge la definición de la clave «EX11» no afecta al personal estatutario de los grupos de la función administrativa, regulado en el artículo 12.3 del derogado Estatuto del Personal no Sanitario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, que ocupe puestos de trabajo en la Administración General del Estado a la fecha de la aprobación de la resolución de la CECIR anteriormente citada.
En virtud del Acuerdo Marco para fomentar la movilidad de los funcionarios públicos entre las Administraciones Públicas, al que se han incorporado las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Illes Balears, Murcia, Canarias, Cantabria y Madrid, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, los puestos de trabajo del Anexo I de los Servicios Periféricos del Servicio Público de Empleo Estatal en los que figure la clave «AM» en la columna de adscripción a Administración Pública (ADM), podrán ser solicitados por funcionarios de la Administración General del Estado y por funcionarios propios de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas mencionadas, siempre que cumplan el resto de los requisistos y condiciones de participación.
1.2 Los funcionarios que pertenezcan a dos o más Cuerpos o Escalas del mismo o distinto grupo sólo podrán participar en el concurso desde uno de ellos.
1.3 De acuerdo con lo previsto en el artículo 103. cuatro.5 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 la movilidad de los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y que pertenezcan a especialidades o Escalas adscritas a ella, para la cobertura de puesto de trabajo en otras Administraciones Públicas, estará sometida a la condición de la previa autorización de aquella, que podrá denegarla en atención a las necesidades del servicio.
1.4 Los funcionarios de los Cuerpos o Escalas que tengan reservados puestos en exclusiva no podrán participar en concursos para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con carácter indistinto, salvo autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos los indicados Cuerpos o Escalas. Cuando los puestos convocados dependan del propio Departamento al que estén adscritos los Cuerpos o Escalas con puestos en exclusiva, corresponderá al mismo conceder la referida autorización.
1.5 Los funcionarios en situación administrativa de servicio en Comunidades Autónomas (servicio en otras Administraciones Públicas, de acuerdo con el artículo 88 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público) sólo podrán participar en el presente concurso si a la finalización del plazo de presentación de solicitudes han transcurrido dos años desde su transferencia o traslado a las mismas y en todo caso desde la toma de posesión del destino desde el que participen si es de carácter definitivo.
1.6 Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán participar en el presente concurso si han transcurrido dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo obtenido, salvo que se trate de funcionarios destinados en el ámbito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, excepto aquellos funcionarios destinados en alguna de las Secretarías de Estado de este Ministerio, dado que a estos últimos se les aplica la regla general de permanencia de al menos dos años para salir del ámbito de su Secretaría de Estado, hayan sido removidos de su anterior destino obtenido mediante concurso o cesados en un puesto obtenido por libre designación o haya sido suprimido su puesto de trabajo.
A los funcionarios que accedan a otro Cuerpo o Escala por promoción interna o por integración y permanezcan en el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará el tiempo de servicios prestado en dicho puesto en el Cuerpo o Escala de procedencia, a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior.
1.7 Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado de familiares, al amparo de lo dispuesto en el artículo 89.4 de la Ley 7/2007, o en servicios especiales, artículo 87 de la Ley 7/2007, sólo podrán participar en esta convocatoria si, en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, han transcurrido dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo obtenido, salvo que tengan reservado el puesto de trabajo en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social o sus Organismos Autónomos, excepto aquellos funcionarios destinados en alguna de las Secretarías de Estado de este Ministerio, dado que a estos últimos se les aplica la regla general de permanencia de al menos dos años para salir del ámbito de su Secretaría de Estado.
1.8 Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular (artículo 89.2 de la 7/2007) y en excedencia voluntaria por agrupación familiar (artículo 89.3 de la Ley 7/2007), sólo podrán participar si, al término del plazo de presentación de instancias, han cumplido el plazo mínimo de dos años que han de permanecer en dicha situación.
1.9 Deberán participar en el mismo aquellos funcionarios que tengan destino provisional en este Organismo, salvo que se hallen en comisión de servicios, si se convoca el puesto al que fueron adscritos.
1.10 De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos, en el presente concurso se aplicará el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres.
Segunda. Presentación de solicitudes.
2.1 Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajustadas al modelo publicado como Anexo III de esta Orden y dirigidas a la Subsecretaría del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se presentarán en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro General del SEPE (Calle Condesa de Venadito nº 9, 28027 - Madrid) o en las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, acompañadas de las certificaciones y justificantes acreditativos de los méritos recogidos en la convocatoria para los puestos solicitados.
No serán admitidas aquellas solicitudes que no lleven el sello de entrada de las diferentes Unidades registrales, dentro del plazo establecido para la presentación de instancias.
Los concursantes deberán unir a su solicitud cuantos documentos hayan de ser tenidos en cuenta para su valoración o aportarlos dentro del plazo que prevé al efecto el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2.2 Podrán solicitarse por orden de preferencia tantos puestos como se incluyen en el Anexo I de esta Orden, siempre que se reúnan los requisitos establecidos para cada puesto en la presente convocatoria y en la relación de puestos de trabajo del Servicio Público de Empleo Estatal.
La adjudicación de aquellos puestos identificados en dicho anexo como «A resultas», estará condicionada a que su titular obtenga alguno de los puestos ofertados en la presente convocatoria.
2.3 La fecha de referencia para la posesión de los méritos que se aleguen será el día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
2.4 En la solicitud de vacantes, los funcionarios públicos con discapacidad podrán pedir la adaptación del puesto o de los puestos de trabajo correspondientes. A la solicitud se deberá acompañar un informe expedido por el órgano competente en la materia, que acredite la procedencia de la adaptación y la compatibilidad con el desempeño de las funciones que tenga atribuido el puesto o los puestos solicitados.
2.5 Peticiones condicionadas: Los funcionarios que, reuniendo los requisitos exigidos, estén interesados en las vacantes anunciadas en un mismo municipio, podrán condicionar sus peticiones, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en este concurso y municipio, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petición condicionada deberán concretarlo en su instancia y acompañar fotocopia de la petición del otro funcionario.
2.6 Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peticionario, sin que puedan ser objeto de modificación, si bien podrán aceptarse por la Comisión de Valoración solo aquellas renuncias que se presenten hasta la fecha que por la misma se acuerde, fecha de la cual se informará por los mismos medios establecidos en la base 3.4.
Tercera. Valoración de méritos.
El concurso constará de dos fases: Méritos Generales y Méritos Específicos.
3.1 Primera fase. Méritos Generales: Para la valoración de los méritos se tendrán en cuenta los niveles establecidos con carácter mínimo en el tercer párrafo del apartado séptimo del Acuerdo Administración-Sindicatos sobre ordenación de retribuciones, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de junio de 1998 y publicado por Resolución de 18 de junio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, a efectos de grado y de puesto desempeñado.
Se valorará el grado personal consolidado, el trabajo desarrollado, los cursos superados, la antigüedad en la Administración y los supuestos relativos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, hasta un máximo de 70 puntos, con arreglo al siguiente baremo:
3.1.1 Valoración del grado personal consolidado.
Por tener grado personal consolidado y reconocido por el órgano competente en el Cuerpo o Escala desde el que se participa, se adjudicarán hasta 10 puntos según la distribución siguiente:
Por poseer grado superior al nivel del puesto solicitado: 10 puntos.
Por poseer grado igual al del puesto solicitado: 9 puntos.
Por poseer grado inferior al nivel del puesto solicitado: 8 puntos.
Asímismo, se otorgarán 6 puntos a aquellos funcionarios que en la fecha de publicación de la convocatoria no tengan ningún grado consolidado y formalizado en la Administración General del Estado, y hayan prestado servicios efectivos en la misma, como funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se concursa, durante al menos 2 años sin interrupción.
El funcionario que considere tener un grado personal consolidado a la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias, cuyo reconocimiento se encuentre en tramitación, deberá aportar certificación expresa de esta circunstancia que permita su valoración. Esta certificación será expedida por la Unidad de Personal del Departamento u Organismo Autónomo, o autoridad equivalente en las Comunidades Autónomas.
Los funcionarios que accedieron por promoción interna al Cuerpo o Escala desde el que concursan, si optaron por conservar grado y aún no tuvieran formalizado documentalmente la conservación del mismo deberán aportar, antes de la finalización del plazo de presentación de instancias, fotocopia de la solicitud de conservación.
3.1.2 Valoración del Trabajo desarrollado: será conforme a la siguiente distribución:
Si el puesto desempeñado pertenece al área funcional o sectorial a que corresponde el convocado: 10 puntos.
Por desempeñar actualmente un puesto de trabajo, en el Cuerpo o Escala desde el que se participa, con nivel de complemento de destino igual o inferior en uno o dos niveles al del puesto solicitado:
Durante un periodo igual o superior a un año: 20 puntos.
Durante un periodo inferior a un año: 19 puntos.
Por desempeñar actualmente un puesto de trabajo, en el Cuerpo o Escala desde el que se participa, con nivel de complemento de destino inferior en más de dos niveles al del puesto solicitado:
Durante un periodo igual o superior a un año: 18 puntos.
Durante un periodo inferior a un año: 17 puntos.
Por desempeñar actualmente un puesto de trabajo, en el Cuerpo o Escala desde el que se participa, con nivel de complemento de destino superior al del puesto solicitado:
Durante un periodo igual o superior a un año: 16 puntos.
Durante un periodo inferior a un año: 15 puntos.
A estos efectos, los funcionarios que concursen sin nivel de complemento de destino, se entenderá que prestan sus servicios en un puesto del nivel mínimo correspondiente al grupo de su Cuerpo o Escala, considerándose como tiempo de desempeño el menor establecido en cada supuesto.
Los funcionarios en situación de excedencia por cuidado de familiares o servicios especiales serán valorados en función del nivel de complemento de destino correspondiente al puesto que desempeñaban, con carácter definitivo, en el momento de pasar a dicha situación.
3.1.3 Cursos de Formación y Perfeccionamiento.–Se valorarán aquellos cursos cuyos contenidos estén debidamente acreditados y directamente relacionados con las materias especificadas en el Anexo I y que hayan sido recibidos y/o impartidos por las Administraciones Públicas u Organismos dependientes de ellas, Organizaciones Profesionales o por promotores de formación continua, en los últimos 10 años, a razón de 0,50 puntos por curso recibido cuya duración sea de 15 a 40 horas y de 1,00 punto si la duración del mismo es superior a 40 horas. En el caso de que el curso sea impartido su puntuación será de 1 punto cuando el número de horas impartidas sea de 15 a 40 horas y de 2 puntos cuando sea superior a 40 horas, hasta un máximo de 10 puntos. Cada curso solo podrá ser valorado una vez y no se podrá acumular la puntuación como receptor e impartidor. En este caso se otorgará la puntuación correspondiente a curso impartido. No se valorarán cursos con una duración inferior a 15 horas lectivas. No se computarán en este apartado, al no ser cursos, la asistencia a sesiones, jornadas, comunicaciones, etc. Se tendrán en cuenta los diplomas y certificaciones probatorios de la asistencia a los cursos y de sus contenidos así como de su duración, siempre que sean originales o debidamente compulsadas. Respecto a los cursos reseñados en el Anexo II en los que no se acredite la duración de los mismos y fecha de impartición, deberá acompañarse certificado en tal sentido extendido por la Institución/Centro impartidor.
Todos los cursos que sean iguales en denominación se valorarán como uno solo.
3.1.4 Antigüedad: Por cada año completo de servicios en las distintas Administraciones Públicas, 0,50 puntos por año hasta un máximo de 10 puntos. A estos efectos, se computarán los años de servicio reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad al acceso a la condición de funcionario, siempre que estén certificados en Anexo II. No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
La antigüedad que no conste en dicho anexo no se considerará a efectos de su valoración.
3.1.5 Supuestos relativos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
a) El destino previo del cónyuge funcionario, obtenido mediante convocatoria pública, en el municipio donde radique el puesto o puestos de trabajo solicitados, siempre que se acceda desde municipio distinto, se valorará con 5,00 puntos.
El destino del cónyuge se acreditará mediante certificación de la Unidad de Personal que acredite la localidad de destino del cónyuge, el puesto que desempeña y la forma en que lo obtuvo.
El parentesco se acreditará mediante copia del Libro de Familia o certificación actualizada del Registro Civil de inscripción matrimonial.
Excepciones a la valoración: no se valorará cuando el cónyuge haya obtenido el puesto por comisión de servicios o adscripción provisional. Y no se valorarán los supuestos de parejas de hecho.
b) El cuidado de hijos, tanto cuando lo sean por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, hasta que el hijo cumpla doce años, siempre que se acredite por los interesados fehacientemente que el puesto que se solicita permite una mejor atención del menor, se valorará con 5,00 puntos.
La edad del menor, se acreditará mediante copia del Libro de Familia o de la resolución administrativa o judicial de la adopción, acogimiento permanente o preadoptivo.
La mejor atención al menor se acreditará mediante declaración del progenitor solicitante, justificando las razones que avalan que el cambio de puesto permite la mejor atención del menor, así como documentación que acredite fehacientemente esta declaración.
La declaración prevista en este apartado podrá no tenerse en cuenta si la Comisión de Valoración dispone de documentación oficial que invalide, de forma negativa, la justificación contenida en dicha declaración.
c) El cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad siempre que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por si mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre que se acceda desde municipio distinto, y siempre que se acredite fehacientemente por los interesados que el puesto que se solicita permite una mejor atención del familiar, se valorará con 5,00 puntos.
El parentesco, se acreditará mediante copia del Libro de Familia y/o de otros documentos públicos que acrediten la relación de consanguinidad o afinidad en el grado que establece el precepto.
La situación de dependencia por edad, accidente, enfermedad o discapacidad se acreditará mediante certificado médico oficial o documento de los órganos de la Administración Pública competente en la materia, acreditativo de tales extremos.
El no desempeño de actividad retribuida se acreditará mediante certificado de que no se está de alta en ningún Régimen de la Seguridad Social por la realización de un trabajo por cuenta propia o ajena y declaración de la persona dependiente de que no desempeña actividad retribuida alguna.
Para acreditar el acceso desde municipio distinto el funcionario solicitante deberá prestar su consentimiento fehaciente para realizar la consulta al Sistema de Verificación de Datos de Residencia para que los datos de empadronamiento sean recabados de oficio. Si no prestara tal consentimiento, o se produjeran otros supuestos que se detallan en la normativa reguladora, el solicitante deberá aportar el certificado de empadronamiento, de acuerdo con el Real Decreto 523/2006 de 28 de abril, y la Orden PRE/4008/2006, de 27 de diciembre normas que suprimen la exigencia de aportar el certificado de empadronamiento como documento probatorio del domicilio y residencia.
La mejor atención del familiar se acreditará mediante declaración del solicitante justificando las razones que avalan que el cambio de puesto permite la mejor atención del familiar, así como documentación que acredite fehacientemente esta declaración.
La declaración prevista en este apartado podrá no tenerse en cuenta si la Comisión de Valoración dispone de documentación oficial que invalide, de forma negativa, la justificación contenida en dicha declaración.
Para la valoración de este supuesto debe acreditarse que se reúnen todos los requisitos anteriomente señalados, dado su carácter acumulativo. Y la valoración de este supuesto será incompatible con el cuidado de hijos.
Para la adjudicación del puesto será necesario obtener, al menos, 25 puntos en esta primera fase.
3.2 Segunda Fase. Méritos Específicos. Se adjudicarán un máximo de 30 puntos, que se distribuirán atendiendo a los puestos desempeñados y las funciones desarrolladas en los mismos por los concursantes, como personal funcionario o laboral, en relación con los méritos específicos que se describen para cada puesto en el Anexo I.
Únicamente serán valorables aquellos que hayan sido desarrollados en los últimos cinco años.
En los puestos con nº de orden 37, 38, 56 y 59, se valorará el conocimiento del idioma inglés y/o francés.
En los puestos con nº de orden 92 y 93, se valorará el conocimiento de la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, en su caso, hasta un máximo de 1 punto con arreglo al siguiente baremo:
Nivel superior: 1 punto.
Nivel medio: 0,50 puntos.
Nivel bajo: 0,25 puntos.
La acreditación del conocimiento del idioma inglés y/o francés así como de la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma se efectuará, mediante título, diploma o certificación expedida por centro público competente o por institución privada oficialmente homologada, con expresión del grado de conocimiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el tiempo que las personas candidatas hayan permanecido en los permisos y beneficios de protección a la maternidad y a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral computarán en la valoración del trabajo desarrollado y para los correspondientes méritos específicos.
Para la adjudicación del puesto será necesario obtener, al menos, 10 puntos en esta segunda fase.
3.3 La Comisión de Valoración cuando lo estime conveniente, y previa la justificación razonada, podrá llevar a cabo una entrevista con los candidatos que hayan superado la puntuación mínima en las dos fases del concurso, con el fin de verificar su adecuación e idoneidad al puesto solicitado, declarando su aptitud o no aptitud para el mismo mediante una ponderación técnica de forma razonada y fundamentada.
3.4 La Comisión de Valoración hará pública en la página web (www.sepe.es), en la página intranet la relación de candidatos que han solicitado tomar parte en el concurso con la valoración provisional de los méritos alegados. Los interesados dispondrán de un plazo de 10 días hábiles desde dicha publicación para realizar la reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas a la citada valoración provisional.
Cuarta. Acreditación de méritos.
4.1 Los méritos y los datos del funcionario serán acreditados mediante certificación según modelo que figura como Anexo II a esta Orden. Los datos reflejados en este certificado no tienen que acreditarse documentalmente, al considerarse que lo han sido para la expedición de este Anexo, a excepción de los cursos, según lo establecido en la base 3.1.3. No serán válidos aquellos Anexos en los que figuren enmiendas y/o tachaduras.
Solo cuando los interesados no dispongan de dichas certificaciones en el momento de la presentación de la solicitud de participación en el concurso, pero obren en poder de cualquiera de las Administraciones Públicas, podrán aportarlo con posterioridad siempre y cuando junto a su solicitud hagan constar tal circunstancia, especificando el documento o documentos que aportarán con posterioridad y quede constancia de su petición a la Administración respectiva.
La certificación deberá ser expedida:
a) Si se trata de funcionarios destinados en Servicios Centrales de Organismos Autónomos o Ministerios, por el Director General o Subdirector General en su caso, competente en materia de personal de los Departamentos Ministeriales o el Secretario General o similar de los Organismos Autónomos.
b) Cuando se trate de funcionarios destinados en los Servicios Periféricos de ámbito regional o provincial, por los Secretarios Generales de las Delegaciones del Gobierno o de las Subdelegaciones de Gobierno, respectivamente.
c) Respecto al personal destinado en Comunidades Autónomas, dicha certificación deberá ser expedida por el Director General de la Función Pública u organismo similar de la Comunidad, o bien por el Consejero correspondiente, en el caso de funcionarios de Cuerpos o Escalas de carácter departamental.
d) A los funcionarios que se encuentren en la situación de excedencia por cuidado de familiares y servicios especiales, los certificados serán expedidos por la autoridad competente en materia de personal del destino donde tuvieran la reserva del puesto de trabajo.
e) En el caso de personal en situación de excedencia voluntaria, por interés particular, agrupación familiar o excedencia forzosa, los certificados serán expedidos por la Unidad de Personal del Departamento al que figuren adscritos sus Cuerpos o Escalas, o por la Dirección General de la Función Pública si pertenecen a Escalas a extinguir de AISS o a los Cuerpos dependientes de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. En el caso de las restantes Escalas, asimismo dependientes de la citada Secretaría de Estado, tales certificaciones serán expedidas por la Unidad de Personal del Ministerio u Organismo donde tuvieron su último destino definitivo.
Igualmente los funcionarios en situación administrativa distinta a la de servicio activo sin reserva de puesto de trabajo que hayan prestado servicios en otras Administraciones Públicas mientras el funcionario se encontrase en dicha situación administrativa, serán acreditados por el órgano competente de la Administración Pública en la que se prestasen los servicios.
f) Los certificados de los funcionarios destinados en el Ministerio de Defensa serán expedidos por la Subdirección General de Personal Civil del Departamento, cuando se trate de funcionarios destinados en Madrid y por los Delegados de Defensa cuando están destinados en los Servicios Periféricos del Ministerio.
g) En el caso de los funcionarios de Cuerpos y Escalas de Correos y Telégrafos que se encuentren en el Servicio Activo destinados en la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S. A. o que se encuentren en situación administrativa de excedencia voluntaria o forzosa y que hayan ocupado su último destino en servicio activo en la misma, la certificación de los méritos no específicos deberá ser expedida por la Unidad de personal de la citada Sociedad Estatal.
En el caso de los funcionarios de Cuerpos y Escalas de Correos y Telégrafos en situación administrativa de excedencia voluntaria o forzosa, cuyo último destino en servicio activo fue en la Caja Postal de Ahorros, el certificado deberá ser expedido por la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Competitividad.
4.2 Los méritos específicos adecuados a las características del puesto serán acreditados mediante certificaciones que figuran como Anexo IV a esta Orden, donde constarán los puestos desempeñados y los méritos acreditados por el concursante, con expresión de fecha de inicio y fin, indicando día, mes y año. Los méritos que no consten en dicho anexo no se considerarán a efectos de su valoración. Estas certificaciones deberán ser expedidas por el Subdirector General o cargo asimilado del que dependan los concursantes que estén destinados en los Servicios Centrales de los Departamentos Ministeriales y Organismos Autónomos, o por los Directores Provinciales o asimilados donde los concursantes hubiesen prestado sus servicios, siendo necesario un único Anexo IV aún cuando la denominación de los puestos, nivel y provincia sean diferentes. En caso necesario se utilizarán tantos Anexos IV como se precisen. No serán tenidos en cuenta los méritos específicos distintos de los recogidos en la convocatoria como valorables ni los méritos que se avalen documentalmente en modelos distintos de los del Anexo IV.
Quinta. Prioridad en la adjudicación de plazas.
5.1 El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos vendrá dado por la puntuación total obtenida, según el baremo de la base tercera, siempre que se haya superado la puntuación mínima exigida. Cuando el funcionario obtenga más de un puesto, la prelación para adjudicarlo será la que el interesado haya indicado en el Anexo III bis de su solicitud.
5.2 En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a lo dispuesto en el artículo 44.4 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
Sexta. Comisión de Valoración.
6.1 Los méritos serán valorados por una Comisión que realizará la propuesta de adjudicación de los puestos. Dicha Comisión estará compuesta por:
Presidente: El Subdirector General de Recursos y Organización del SEPE, o persona en quien delegue.
Vocales: Dos funcionarios en representación de la Subdirección General de Ordenación y Desarrollo de los Recursos Humanos de OO.AA. y de la Seguridad Social del Departamento designados por la autoridad convocante; cinco funcionarios del SEPE designados por la autoridad convocante atendiendo a las características de los puestos, de los cuales uno actuará como Secretario.
Asimismo, tendrán derecho a formar parte de la Comisión, en calidad de vocales, un miembro de cada una de las Centrales Sindicales más representativas y las que cuenten con más del 10 por ciento de representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas o en el ámbito correspondiente. A efectos de su nombramiento como miembros deberán remitir los datos de la persona propuesta en el plazo de diez días desde la publicación de la convocatoria.
El número de representantes de la Administración será superior al de miembros designados a propuesta de las Organizaciones Sindicales.
Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas de grupo de titulación igual o superior a los exigidos para los puestos convocados y poseer grado personal o desempeñar puestos de nivel igual o superior a aquellos.
La Comisión de Valoración podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos que, en calidad de asesores, actuarán con voz pero sin voto.
De acuerdo con la Orden APU/526/2005, de 7 de marzo y el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, la Comisión de Valoración del presente concurso se ajustará al principio de composición equilibrada de mujeres y hombres.
Séptima. Adjudicación de destinos.
7.1 Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario y, en consecuencia, no generarán derechos al abono de indemnización por concepto alguno.
7.2 Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peticionario y los destinos adjudicados serán asimismo irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro distinto mediante convocatoria pública, en cuyo caso, y si optó por éste, deberá comunicarlo en un plazo de diez días y por escrito al órgano que se expresa en la base 2.1.
7.3 Los puestos de trabajo vacantes que se incluyen en esta convocatoria no podrán declararse desiertos cuando existan concursantes que, habiéndolos solicitado, hayan obtenido la puntuación mínima exigida salvo en los supuestos en que, como consecuencia de una reestructuración o modificación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, se hayan amortizado o modificado en sus características funcionales, orgánicas o retributivas.
Octava. Resolución y toma de posesión.
8.1 El presente concurso se resolverá por Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en un plazo no superior a tres meses desde el día siguiente al de la finalización de la presentación de instancias, y se publicará en el Boletín Oficial del Estado. En la Resolución final se hará constar, junto al destino adjudicado, el Ministerio, localidad y nivel del puesto de origen desempeñado por el funcionario o la situación administrativa de procedencia, en su caso.
8.2 El personal que obtenga destino a través de este concurso, no podrá participar en otros, cualquiera que sea la Administración que los convoque, hasta que hayan transcurrido dos años desde la toma de posesión del puesto adjudicado, salvo que se diera alguno de los supuestos exceptuados que se contemplan en el punto 1.6 de la base primera.
8.3 El plazo de toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo adjudicado será de tres días hábiles, si no implica cambio de residencia, o de un mes, si comporta cambio de residencia o reingreso al servicio activo.
Dicho plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el Boletín Oficial del Estado. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.
8.4 El Subsecretario del Departamento donde preste servicios el funcionario podrá, no obstante, diferir el cese por necesidades del servicio, hasta veinte días hábiles, debiendo comunicarse a la Unidad a que haya sido destinado el funcionario.
Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigencias del normal funcionamiento de los servicios, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, podrá aplazar la fecha del cese hasta un máximo de tres meses computada la prórroga prevista en el párrafo anterior.
Con independencia de lo establecido en los dos párrafos anteriores, el Subsecretario del Departamento de donde haya obtenido nuevo destino el funcionario podrá conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de 20 días hábiles si el destino implica cambio de residencia y así lo solicita el interesado por razones justificadas.
8.5 El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.
8.6 A todos los efectos el plazo posesorio se considerará como de servicio activo, con excepción de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria cuyo plazo posesorio no se considerará como de servicio activo.
Novena. Publicación.
La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la resolución del concurso, con adjudicación de los puestos, servirá de notificación a los interesados, y a partir de la misma empezarán a contarse los plazos establecidos para que los Organismos afectados efectúen las actuaciones administrativas procedentes.
Décima. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo que corresponda, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de aquella jurisdicción, o potestativamente, y con carácter previo, recurso administrativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la citada publicación (artículos 116 y 117 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
Madrid, 16 de noviembre de 2012.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, P. D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo), el Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente Cachorro.
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Efectos colaterales del aumento del paro: concurso para proveer 92 puestos en el servicio de empleo #BOE
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"141"
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CONVOCATORIAS
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Concurso para proveer 92 puestos en el servicio de empleo
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[] | 759
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2021-05-05
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BOE-A-2021-7401
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Real Decreto 323/2021, de 4 de mayo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, a título póstumo, a don David Beriáin Amatriáin y a don Roberto Fraile Fernández.
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<titulo>Real Decreto 323/2021, de 4 de mayo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, a título póstumo, a don David Beriáin Amatriáin y a don Roberto Fraile Fernández.</titulo>
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<texto>
<p class='parrafo'>En atención a los méritos y circunstancias que concurrían en don David Beriáin Amatriáin y en don Roberto Fraile Fernández, a propuesta de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de mayo de 2021,</p>
<p class='parrafo'>Vengo en concederles la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, a título póstumo.</p>
<p class='parrafo_2'>Dado en Madrid, el 4 de mayo de 2021.</p>
<p class='firma_rey'>FELIPE R.</p>
<p class='firma_ministro'>La Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,</p>
<p class='firma_ministro'>MARÍA ARÁNZAZU GONZÁLEZ LAYA</p>
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Wed May 05 08:52:29 +0000 2021
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En atención a los méritos y circunstancias que concurrían en don David Beriáin Amatriáin y en don Roberto Fraile Fernández, a propuesta de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de mayo de 2021,
Vengo en concederles la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, a título póstumo.
Dado en Madrid, el 4 de mayo de 2021.
FELIPE R.
La Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
MARÍA ARÁNZAZU GONZÁLEZ LAYA
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Gran Cruz de la orden del mérito civil, a título póstumo, para David Beriáin y Roberto Fraile, los dos reporteros asesinados en Burkina Fasso. Ojalá la hubieran recibido en vida. 🥺 Abrazaco enorme a tod@s l@s que les conocisteis #BOE
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PREMIOS_Y_MEDALLAS
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Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
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Gran Cruz de la orden del mérito civil, a título póstumo, para David Beriáin Amatriáin y Roberto Fraile Fernández.
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[] | 760
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2018-07-07
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DICTADA
en el Recurso 3688/2013
DECLARA
la inconstitucionalidad y nulidad, en los términos del fj 11, de las disposiciones adicionales 6, 7 y 8; transitoria única y finales 1.1, 2,3 y 4; 2; 4; 6 y 8 del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo
DECLARA
la inconstitucionalidad y nulidad, en los términos del fj 11, de los arts. 215.1.3 y 229, y disposiciones adicionales 8.6 y 39 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
DECLARA
la inconstitucionalidad y nulidad, en los términos del fj 11, de los arts. 6.2 y 7.1.a) del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre
DECLARA
la inconstitucionalidad y nulidad, en los términos del fj 11, de la disposición adicional 1, reglas 1 y 2, del Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre
DECLARA
la inconstitucionalidad y nulidad, en los términos del fj 11, del art. 4.1.a) del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo
DECLARA
la inconstitucionalidad y nulidad, en los términos del fj 11, de la disposición adicional 1 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre
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BOE-A-2018-9537
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Pleno. Sentencia 61/2018, de 7 de junio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 3688-2013. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista respecto del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. Límites de los decretos-leyes: nulidad de diversas disposiciones para cuya aprobación no se ha acreditado la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad. Voto particular.
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<titulo>Pleno. Sentencia 61/2018, de 7 de junio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 3688-2013. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista respecto del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. Límites de los decretos-leyes: nulidad de diversas disposiciones para cuya aprobación no se ha acreditado la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad. Voto particular.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<departamento codigo='1410'>Tribunal Constitucional</departamento>
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<nota codigo='0' orden='999'>La declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos indicados se establece por estar modificados por el el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo.</nota>
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<materias>
<materia codigo='1667' orden=''>Contratos de trabajo</materia>
<materia codigo='3160' orden=''>Empleo</materia>
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<materia codigo='5904' orden=''>Recursos de inconstitucionalidad</materia>
<materia codigo='6499' orden=''>Seguridad Social</materia>
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<alerta codigo='111' orden=''>Derecho Constitucional</alerta>
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<texto>en el Recurso 3688/2013</texto>
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<texto>la inconstitucionalidad y nulidad, en los términos del fj 11, de las disposiciones adicionales 6, 7 y 8; transitoria única y finales 1.1, 2,3 y 4; 2; 4; 6 y 8 del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo</texto>
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<anterior orden='4007' referencia='BOE-A-1994-14960'>
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<texto>la inconstitucionalidad y nulidad, en los términos del fj 11, de los arts. 215.1.3 y 229, y disposiciones adicionales 8.6 y 39 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio</texto>
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<anterior orden='4008' referencia='BOE-A-2012-15764'>
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<texto>la inconstitucionalidad y nulidad, en los términos del fj 11, de los arts. 6.2 y 7.1.a) del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre</texto>
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<anterior orden='4009' referencia='BOE-A-2011-16819'>
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<anterior orden='4010' referencia='BOE-A-1998-12816'>
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<texto>la inconstitucionalidad y nulidad, en los términos del fj 11, del art. 4.1.a) del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo</texto>
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</anterior>
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<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>ECLI:ES:TC:2018:61.</p>
<p class='parrafo_2'>El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado</p>
<p class='centro_redonda'>EN NOMBRE DEL REY</p>
<p class='parrafo_2'>la siguiente</p>
<p class='centro_redonda'>SENTENCIA</p>
<p class='parrafo_2'>En el recurso de inconstitucionalidad núm. 3688-2013, promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista contra el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. Ha intervenido el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Alfredo Montoya Melgar, quien expresa el parecer del Tribunal.</p>
<p class='centro_negrita'>I. Antecedentes</p>
<p class='parrafo_2'>1. Con fecha 13 de junio de 2013, doña Virginia Aragón Segura, comisionada por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.</p>
<p class='parrafo_2'>2. En el escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad se aducen dos motivos de inconstitucionalidad:</p>
<p class='parrafo_2'>a) El primer motivo se refiere a la ausencia de extraordinaria y urgente necesidad como presupuesto habilitante para la aprobación del Real Decreto-ley 5/2013. Los recurrentes sostienen que el análisis y la constatación de la no concurrencia del presupuesto habilitante pueden hacerse en dos planos, distinguiendo a tal efecto las circunstancias en las que genéricamente se ampararía el Real Decreto-ley en su conjunto de aquellas otras que específicamente habilitarían las medidas individuales.</p>
<p class='parrafo'>En cuanto al primer plano se afirma que la única justificación de la extraordinaria y urgente necesidad del conjunto de la norma adoptada se ofrece en la memoria de análisis de impacto normativo y que allí solo se contienen afirmaciones genéricas, abstractas y formuladas en términos tales que serían de aplicación a cualquier tipo de reforma legislativa que tuviese algún contenido de impacto económico. Así se apela a «circunstancias difíciles» o «coyunturas económicas» que exigen una respuesta normativa inmediata. Los recurrentes subrayan que, si bien la norma adoptada contiene un conjunto de medidas con un impacto presupuestario reflejado en la memoria del Real Decreto-ley y, por tanto, dirigidas a reducir el gasto en pensiones como fórmula adecuada para garantizar la sostenibilidad del sistema, el Gobierno no invoca que el sistema de Seguridad Social esté sufriendo tensiones financieras desde hace años, como consecuencia de la caída del número de afiliados. Los recurrentes señalan que las medidas previstas tienen una vocación de proyección en el largo plazo poco compatible con la naturaleza del decreto-ley y, sobre todo, que su impacto presupuestario es muy reducido en el corto plazo, lo que no permitiría justificar una excepción al procedimiento legislativo ordinario y mucho menos al de urgencia.</p>
<p class='parrafo'>Como pruebas de la limitación de efectos presupuestarios en el corto plazo se aducen dos ejemplos. Por un lado, el régimen transitorio que se establece en materia de pensión de jubilación (art. 8 del Real Decreto-ley 5/2013) y que afecta a la medida más importante de la norma, la novedosa regulación sobre jubilación anticipada y jubilación parcial: sus nuevas previsiones no tendrán plenos efectos hasta 2019. Por otro lado, el nuevo régimen de compatibilidad entre pensión y trabajo: aunque en este caso las estimaciones de la memoria de análisis de impacto normativo son más cercanas en el tiempo, pecan de optimismo y son, en cualquier caso, insignificantes en términos presupuestarios a efectos de la sostenibilidad del sistema de pensiones en el largo plazo.</p>
<p class='parrafo'>A juicio de los recurrentes, incluso aceptando que se trata de dar respuesta a «coyunturas económicas problemáticas» que exigen una respuesta normativa, difícilmente puede justificarse que tal respuesta deba ser inmediata o simplemente más rápida que la que se obtendría recurriendo al procedimiento legislativo de urgencia. Además de que el deseo de inmediatez del Gobierno «no constituye en sí mismo una razón en términos de justificación constitucional» (STC 68/2007), se trataría de un supuesto de inidoneidad constitucional material por la falta de conexión de sentido entre la situación definida por el Gobierno y las medidas adoptadas (SSTC 68/2007, 31/2011, 1/2012 y 39/2013).</p>
<p class='parrafo'>A continuación, el escrito de interposición indaga si, más allá de las razones formales explicitadas, existen razones materiales específicas que acrediten la concurrencia del presupuesto habilitante. Sostiene que la exposición de motivos, la memoria de análisis de impacto normativo y la intervención de la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social en el debate de convalidación en el Congreso de los Diputados ponen claramente de manifiesto la preocupación del Gobierno por la viabilidad del sistema de Seguridad Social en el largo plazo como consecuencia del impacto demográfico del envejecimiento de la población. Por ello, afirma que, si con carácter general, el Gobierno ha optado por hacer frente a esa situación en el largo plazo a través del establecimiento del denominado factor de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y, para ello, ha procedido a designar una comisión de expertos para que formule una propuesta de implementación que pueda ser elevada posteriormente al Pacto de Toledo antes del trámite parlamentario, debe ser porque para el propio Gobierno no concurre una urgencia tan elevada que exigiese no someterse a tales trámites previos. A juicio de los recurrentes, mayor impacto y efectos sobre el conjunto del sistema tendrían esas otras medidas y mucho menor alcance las adoptadas por medio del Real Decreto-ley 5/2013.</p>
<p class='parrafo'>Por otro lado, se considera que la explícita vocación «de largo plazo» del Real Decreto-ley denota una dimensión estructural, no coyuntural, un rasgo que solo excepcionalmente resulta compatible con la figura del decreto-ley. De la jurisprudencia constitucional se extrae la idea de que una necesidad de adaptación estructural «no alcance por sí misma a satisfacer el cumplimiento de los estrictos límites a los que la Constitución ha sometido el ejercicio del poder legislativo del Gobierno», con la única salvedad de que se trate de situaciones especialmente cualificadas por «notas de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinen la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia» (SSTC 68/2007, de 28 de marzo, y 137/2011, de 14 de septiembre; en el mismo sentido, SSTC 11/2002, de 17 de enero; 137/2003, de 3 de julio; 237/2012, de 13 de diciembre, y 51/2013, de 28 de febrero). A este respecto recuerda la apreciación de este Tribunal de que «lo contrario supondría excluir prácticamente en bloque del procedimiento legislativo parlamentario el conjunto de la legislación laboral y de Seguridad Social, lo que obviamente no se corresponde con nuestro modelo de distribución de poderes».</p>
<p class='parrafo'>En cuanto al segundo plano antes indicado, el escrito de interposición analiza el esfuerzo justificativo desplegado en el apartado V de la exposición de motivos en relación con diversas previsiones de la Ley: las relativas a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial, contempladas en los capítulos II (arts. 5 a 8) y III (art. 9); a los cambios en la regulación de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo (capítulo I, arts. 1 a 4, junto a las disposiciones primera, segunda y tercera); a las modificaciones introducidas en el régimen de aportaciones económicas en los despidos colectivos para evitar la discriminación de los trabajadores de más edad (art. 10, dentro del capítulo IV); a algunas de las medidas introducidas por la disposición final primera que afectan a la Ley general de Seguridad Social (LGSS); y a las medidas previstas en la disposición final segunda.</p>
<p class='parrafo'>Los recurrentes destacan dos aspectos. El primero es que la exposición de motivos no ofrece justificación alguna para tres cambios normativos recogidos en la disposición final primera que afectan a sendos aspectos regulados en la Ley general de Seguridad Social: entre otros, la previsión del art. 215.1.3 LGSS. Respecto de estas concretas materias, la ausencia absoluta de justificación por parte de la exposición de motivos y de los documentos complementarios, determina un incumplimiento total de las exigencias señaladas por la jurisprudencia constitucional. Se subraya que, dado que la razón genérica que justifica el conjunto de la norma es débil o inexistente, un número apreciable de disposiciones adicionales y finales, con contenido autónomo respecto a los anteriores, carecen de presupuesto habilitante.</p>
<p class='parrafo'>El segundo aspecto es la laxa justificación de algunas de las medidas: así la vaga justificación de los cambios introducidos en la determinación de las aportaciones económicas en los supuestos de despido de trabajadores mayores. En particular se analiza con detenimiento el argumento de la proximidad del 31 de marzo de 2013, fecha de vencimiento del plazo de suspensión de la regulación de la jubilación anticipada y parcial, como justificación de la extraordinaria y urgente necesidad del decreto-ley. Se subraya que esa nueva regulación es la modificación más relevante introducida por la norma y que el posible agotamiento de ese plazo constituye el presupuesto que habilita, directa o indirectamente, el grueso de medidas del Real Decreto-ley. De ahí la trascendencia de la denuncia de la falta de concurrencia de urgencia y de extraordinaria necesidad.</p>
<p class='parrafo'>A juicio de los recurrentes, la constatación de la falta de urgencia en relación con la proximidad del 31 de marzo de 2013 debe partir de una doble consideración previa: la vocación de largo plazo del Real Decreto-ley 5/2013 como iniciativa dirigida a hacer frente al envejecimiento de la población y así garantizar la sostenibilidad futura del sistema de Seguridad Social; y el reconocimiento, en la propia exposición de motivos, de que la regulación sobre jubilación anticipada y parcial de la Ley 27/2011, que se modifica, estaba bien orientada. Pues bien, la Ley 27/2011 tomó en consideración las mismas circunstancias que determinaron una acción de reforma legislativa y esta reforma se hizo por la vía de la legislación ordinaria, sin que el actual Gobierno justifique hechos sobrevenidos y diferentes que determinen una necesidad de actuación por vía de urgencia. La urgente necesidad es algo más que la ventaja de la rapidez y la oportunidad de actuar inmediatamente.</p>
<p class='parrafo'>Los recurrentes aducen tres razones fundamentales para descartar la urgencia en conexión con la proximidad del 31 de marzo de 2013. En primer lugar, esta fecha procede del Real Decreto-ley 29/2012, de 29 de diciembre, que suspendió la regulación sobre la jubilación anticipada y parcial de la Ley 27/2011 hasta entonces. Esos tres meses habrían permitido la tramitación de esos cambios a través del procedimiento legislativo de urgencia. En segundo lugar, el Gobierno contaba con una solución alternativa, extender la suspensión más allá del 31 de marzo de 2013. Dado que el Real Decreto-ley 29/2012 no justifica esa fecha, más allá de dar a entender que es el tiempo necesario para aprobar una regulación más satisfactoria, y que tampoco el Real Decreto-ley 5/2013 acredita cuál es el perjuicio que produciría el incumplimiento del plazo, el alargamiento de la suspensión podría haber sido contemplado como fórmula menos «excepcional» y más respetuosa con el procedimiento legislativo que la modificación de la regulación a través de un decreto-ley. En tercer lugar, el agotamiento del plazo del 31 de marzo no iba a producir ningún vacío normativo, sino que habría dado lugar a la entrada en vigor de la regulación prevista por la Ley 27/2011. Como se señaló en la STC 31/2011, de 17 de marzo, «la inexistencia de un vacío normativo que fundamentase la necesidad de una apremiante actuación legislativa… supone… una contradicción con el uso del Decreto-ley». En el presente caso no se acredita cuál es el perjuicio derivado de la entrada en vigor de tal regulación –que fue un aspecto clave en el ATC 239/2012, de 12 de diciembre– más allá del inconveniente que supondría la aplicación de normas consecutivas sobre la misma materia en un breve espacio de tiempo. Por todo ello, se concluye en la artificiosidad de la razón de urgencia derivada del agotamiento del plazo del 31 de marzo de 2013.</p>
<p class='parrafo'>Los recurrentes también descartan la concurrencia del otro componente del presupuesto de hecho habilitante, la extraordinaria necesidad. Aunque admiten que la imprevisibilidad no es imprescindible para poder apreciarla, no quieren pasar por alto que en este caso la necesidad era particularmente previsible, lo que debe hacer más estricta la exigencia de excepcionalidad. Y lo que a juicio de los recurrentes es más importante: no se acreditan cuáles serían los efectos negativos, los perjuicios graves por excepcionales, que llevaría aparejada que la entrada en vigor de la nueva regulación sobre jubilación anticipada y parcial se demorara unas semanas, como mucho unos meses, en el caso de que la iniciativa se hubiera tramitado como un proyecto de ley, por el procedimiento ordinario o de urgencia, en lugar de recurrir a la más expeditiva vía del decreto-ley. Al igual que sucedía en la STC 137/2011, de 14 de septiembre, en el caso del Real Decreto-ley 5/2013 no sólo es que nada se haya alegado sobre la necesidad, sino «que tampoco en momento alguno se [han] justificado, ni a ellos se [ha] aludido siquiera, cuáles podrían ser los perjuicios que para la consecución de los objetivos perseguidos se seguirían de la tramitación de la modificación normativa que lleva a cabo el precepto recurrido por el procedimiento legislativo parlamentario».</p>
<p class='parrafo'>A lo anterior los recurrentes añaden tres observaciones sobre el carácter no extraordinario de la necesidad de introducir la nueva regulación sobre jubilación anticipada y parcial. Primera, tal como argumenta la exposición de motivos del Real Decreto-ley 5/2013, las previsiones de la Ley 27/2011 cuya entrada en vigor se suspende tres meses podrían en su caso resultar «insuficientes», pero en ningún caso dañinas o perjudiciales. Segunda, esa misma regulación constituía un avance con respecto a la anteriormente vigente. Y tercera, los efectos buscados se proyectan en el largo plazo, por lo que carecería de relevancia desde esta perspectiva que la tramitación del nuevo régimen se demorara unas semanas o unos meses. Por todo ello, se concluye que el Gobierno hace una utilización abusiva del decreto-ley, pues no concurre ninguno de los dos elementos que conforman el presupuesto de hecho habilitante de esa figura según el artículo 86 CE.</p>
<p class='parrafo'>Los recurrentes finalizan con otras dos reflexiones. De una parte, sostienen que en la valoración sobre la concurrencia o no de la extraordinaria y urgente necesidad no debería ser indiferente el contenido de las medidas del decreto-ley de que se trate: si a través de él se recortan derechos o al menos se frustran legítimas expectativas –como hace el Real Decreto-ley 5/2013–, y si la regulación modificada está avalada por el consenso sobre el que se construye la reforma de 2011, parece razonable defender que la exigencia de ese requisito debe ser más estricta. De otra parte, la decisión del grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno de rechazar en solitario la tramitación del Real Decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia no puede considerarse más que como una manifestación de actitud cerrada al diálogo. Esta búsqueda de puntos de encuentro, siempre deseable, es necesaria particularmente en materia de pensiones, pues como recuerda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, «cualquier ajuste en el sistema de pensiones» que no se lleve «a cabo de manera gradual, prudente y medida… podría poner en peligro la paz social, la previsibilidad del sistema y de la seguridad jurídica» (STEDH de 17 de febrero de 2011, Andrle c. República Checa).</p>
<p class='parrafo'>b) El segundo motivo de impugnación se refiere a la vulneración de la prohibición de afectación de los derechos regulados en el título I de la Constitución. Los recurrentes sostienen que el Real Decreto-ley 5/2013 y, en particular, las previsiones relativas a las jubilaciones anticipada y parcial (arts. 6 y 7) vulneran esa prohibición constitucional al afectar a aspectos sustanciales de la regulación del derecho de acceso a las prestaciones de la Seguridad Social reconocidos en el artículo 41 CE.</p>
<p class='parrafo'>Los recurrentes reconocen que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado expresamente acerca de si la limitación material del artículo 86.1 CE resulta también aplicable al capítulo III –siempre dentro del título I– o, al menos, a algunas de las previsiones allí contenidas. Sin embargo, consideran que existen dos razones para entender que las restricciones materiales del decreto-ley también juegan en este sentido. La primera es el propio tenor literal del artículo 86.1 CE, que genéricamente se refiere al título I, a los «derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados» en el mismo. La segunda es que el Tribunal Constitucional no sólo no ha descartado que los derechos del capítulo III estén sujetos a esa prohibición, sino que implícitamente lo ha admitido. Al interpretar la prohibición de «afectación» del artículo 86.1 CE, la STC 111/1983, de 2 de diciembre, insta a tener «muy en cuenta la configuración constitucional del derecho afectado en cada caso, e incluso su colocación en el texto constitucional dentro de las diversas secciones y capítulos de su título I, dotados de mayor o menor rigor protector a tenor del artículo 53 de la CE». Los recurrentes deducen de ello que la aplicación de la limitación del artículo 86.1 CE al capítulo III dependerá de si el precepto afectado reconoce o no un derecho, deber o libertad.</p>
<p class='parrafo'>Para los recurrentes, la Constitución reconoce en el artículo 41 un auténtico derecho a la Seguridad Social. Sin utilizar el término «derecho», establece un mandato a los poderes públicos de mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social. Esta comprensión de la Seguridad Social como un derecho constitucional se ve reforzada por su estrecha conexión con otros preceptos constitucionales de indudable trascendencia, así como por la normativa internacional y supranacional, con arreglo al artículo 10.2 CE. En cuanto a la normativa internacional y supranacional, citan el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 12 de la Carta Social Europea y el artículo 34 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En cuanto a la vinculación del artículo 41 CE con preceptos constitucionales esenciales, mencionan la proclamación del carácter social de nuestro Estado democrático (art. 1.1 CE), lo que implica la búsqueda de un orden social justo que tiene como piezas fundamentales la promoción de la igualdad (art. 9.2 CE) y el respeto de la dignidad de la persona (art. 10.1 CE). Se argumenta que la dignidad de la persona no solo comprende derechos inmateriales, sino también los derechos patrimoniales necesarios para garantizar una existencia digna (SSTC 113/1989, de 22 de junio, y 19/2012, de 15 de febrero; y SSTEDH de 22 de octubre de 2009, <em>Apostolakis c. Grecia</em>, y de 7 de julio de 2011, <em>Stummer c. Austria</em>), y que un presupuesto de la igualdad buscada por el artículo 9.2 CE es la cohesión social. Los recurrentes entienden que la doctrina constitucional que proclama la consagración de la Seguridad Social como función del Estado en forma de garantía institucional, «cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales» (SSTC 32/1981, 26/1987, 76/1988, 37/1994, 213/2005 y 128/2009, entre otras muchas), puede considerarse un reconocimiento del derecho constitucional a la Seguridad Social como parte del núcleo esencial del pacto social sobre el que se sustenta nuestro sistema democrático.</p>
<p class='parrafo'>La segunda exigencia de la prohibición del artículo 86 CE es que el contenido del decreto-ley afecte a la configuración del derecho, lo que significa alterar el régimen general o los elementos esenciales del derecho, deber o libertad (SSTC 111/1983, 182/1997, 137/2003, 108/2004, 189/2005 y 100/2012). En atención a tres razones, los recurrentes sostienen que el Real Decreto-ley 5/2013 o, al menos, las previsiones relativas a la jubilación anticipada y, en su caso, parcial afectan a los elementos esenciales de la configuración del derecho de acceso a las prestaciones de la Seguridad Social. En primer lugar, porque la nueva regulación sobre la jubilación anticipada y parcial modifica los dos aspectos más relevantes del régimen jurídico de cualquier modalidad contributiva de jubilación: la edad de acceso a la pensión y el número de años cotizados que se exigen para ello. En segundo lugar, porque el 40 por 100 de las altas en jubilación que se producen cada año son anticipadas y casi una cuarta parte de ellas parciales. En tercer lugar, porque la nueva regulación supone «una alteración sustancial de la posición de los ciudadanos en el conjunto del sistema» de Seguridad Social que «afecta a la esencia» del derecho constitucional a la Seguridad Social que enuncia el artículo 41 CE (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, en cuanto que la analogía con el tipo de gravamen del impuesto de la renta de las personas físicas es evidente y 245/2004, de 16 de diciembre).</p>
<p class='parrafo_2'>3. Por providencia de 9 de julio de 2013 el Pleno de este Tribunal, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso y dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el procedimiento y formular alegaciones. Asimismo se acordó publicar la incoación del procedimiento en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>4. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado el 19 de julio de 2013, se personó en el recurso en nombre del Gobierno, y solicitó una prórroga del plazo otorgado para formalizar el escrito de alegaciones. Por providencia de 22 de julio, el Pleno acordó incorporar a las actuaciones el escrito del Abogado del Estado, tenerlo por personado en la representación que ostenta y otorgarle una prórroga de ocho días respecto al plazo concedido por providencia de 20 de septiembre de 2011, a contar desde el siguiente al de expiración del ordinario.</p>
<p class='parrafo_2'>5. Por escrito registrado el 25 de julio de 2013, el Presidente del Congreso de los Diputados notificó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento, de ofrecer su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC y de remitir la documentación a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General. Por escrito registrado el día 6 de septiembre de 2013, el Presidente del Senado notificó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento y de ofrecer su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC.</p>
<p class='parrafo_2'>6. El 12 de septiembre de 2013 el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, formuló las siguientes alegaciones:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Por lo que respecta a la infracción del artículo 86.1 CE, comienza exponiendo la doctrina constitucional sobre el presupuesto habilitante (SSTC 329/2005, de 15 de diciembre, FJ 5; 332/2005, de 15 de diciembre, FFJJ 5 y ss.; 68/2007, de 28 de marzo, FJ 3; 137/2011, de 14 de septiembre, y 1/2012, de 13 de enero, FJ 6). Entrando en el análisis de la concurrencia del presupuesto habilitante en el Real Decreto-ley 5/2013, afirma que los órganos políticos han cumplido formalmente con la exigencia de exteriorizar las razones de la urgencia que legitiman la utilización de esta modalidad normativa: en la exposición de motivos (apartado V), en la memoria de impacto normativo y en el debate de convalidación.</p>
<p class='parrafo'>El Abogado del Estado señala que, aunque la modificación de la regulación de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial es el eje del Real Decreto-ley, contiene también otras medidas cuya procedencia se razona. El análisis de la constitucionalidad del Real Decreto-ley no puede hacerse de manera global, sino distinguiendo, por una parte, las medidas asociadas a la reforma de la jubilación anticipada y parcial y, por otra parte, el resto de las previsiones.</p>
<p class='parrafo'>Del contenido de la exposición de motivos, de la memoria de impacto normativo y del debate de convalidación, el Abogado del Estado extrae las siguientes razones a favor de la justificación material del Real Decreto-ley 5/2013 y de la conexión de sentido de sus preceptos con los presupuestos habilitantes:</p>
<p class='parrafo_2'>– En cuanto al contenido más sustancial del Real Decreto-ley –la modificación de las previsiones de la Ley 27/2011–, la memoria lo justifica en que «no parecen adecuarse totalmente a las exigencias que impone el marco social y económico actual, por lo que resulta conveniente una reconsideración de sus contenidos, de manera que respondan a los objetivos que debe perseguir el establecimiento de mecanismos de acceso anticipado a la jubilación, en un contexto de envejecimiento de la población y de dificultades financieras del sistema de pensiones». Por ello, se modifica el capítulo II –arts. 5 a 7– de la regulación de las modalidades de jubilación parcial, así como la determinación del importe máximo de la pensión de jubilación cuando hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante. La norma impugnada razona que la extraordinaria y urgente necesidad es consecuencia de que los preceptos que se modifican de la citada Ley 27/2011 debieron entrar en vigor el 1 de enero de 2013, pero su aplicación fue suspendida durante tres meses por la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre. En la exposición de motivos y en la memoria se afirma que, dentro del citado plazo de tres meses, no era posible tramitar un proyecto de ley de la complejidad de la norma impugnada. Además, en la memoria se señala que se trata de evitar la existencia de normas consecutivas sobre la misma materia en un breve espacio de tiempo y la imposibilidad material de que las entidades gestoras de Seguridad Social tuviesen adaptados en esa fecha los procedimientos de gestión a los cambios que debían efectuarse. Por último, el Abogado del Estado argumenta que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha admitido que la situación de necesidad sea causada por la falta de diligencia del propio Gobierno y que, además, el Gobierno tiene el legítimo derecho a modificar las decisiones políticas anteriores.</p>
<p class='parrafo'>– En cuanto a la regulación de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo (capítulo I de la norma), resulta necesaria desde el momento en que se aborda la reforma de la jubilación anticipada, tanto voluntaria como involuntaria, como de la jubilación parcial. Dadas estas modificaciones de las modalidades de acceso a la jubilación, en la memoria se afirma, como nueva razón en apoyo de la procedencia del decreto-ley, «la conveniencia de que se pongan a disposición de los interesados, simultáneamente, en un mismo texto legal todas las alternativas para pasar de la vida activa a la condición de pensionista de jubilación, incluyendo la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo».</p>
<p class='parrafo'>– Asimismo, el Gobierno ha considerado obligado regular mediante decreto-ley las modificaciones en relación con las modalidades de jubilación anticipada, voluntaria e involuntaria, y parcial anunciadas en el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, y que justificaron que se suspendiera durante tres meses la entrada en vigor de las previstas en la Ley 27/2011, de 1 de agosto. Lo reducido del plazo dado para la modificación legal prevista justifica sobradamente el recurso a su tramitación mediante decreto-ley.</p>
<p class='parrafo'>– La modificación de la Ley 27/2011, en cuanto a la jubilación anticipada y parcial, obliga también a modificar mediante decreto-ley el Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, en concreto los apartados primero y tercero de su artículo 4. En la disposición final quinta del Decreto-ley se amplía el plazo de dos meses que establecía el Real Decreto 1716/2012 a partir de su entrada en vigor (que tuvo lugar el 1 de enero de 2013), hasta el 15 de abril de 2013. De esta forma se persigue que los trabajadores y las empresas tengan el tiempo suficiente para comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social copia de los expedientes de regulación de empleo, de los convenios colectivos de cualquier ámbito y de los acuerdos colectivos de empresa y de las decisiones adoptadas en procedimientos concursales en los que se contemple la extinción de la relación laboral o la suspensión de la misma, todo ello con el fin de que puedan aplicarse los efectos previstos en la disposición final duodécima de la Ley 27/2011.</p>
<p class='parrafo'>– También se modifican los artículos 6 y 7 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, en tanto constituyen la normativa laboral concordante con la normativa de Seguridad Social que se modifica.</p>
<p class='parrafo'>– Por último, se incluyen varias disposiciones adicionales y finales cuya aprobación se hacía inaplazable, dada la urgente necesidad de modificar las normas a que se refieren, a la vista de los evidentes perjuicios que su mantenimiento en la redacción anterior al Real Decreto-ley implicaría para los interesados. El escrito de interposición analiza las referidas disposiciones y concluye en su directa conexión con las modalidades de jubilación reguladas en la norma. Así, se mencionan expresamente las disposiciones adicional primera y finales primera, segunda, cuarta, quinta y sexta.</p>
<p class='parrafo_2'>El Abogado del Estado finaliza sus alegaciones sobre el primer motivo de impugnación con dos consideraciones adicionales. La primera se refiere a los ahorros significativos que no solo a medio y a largo plazo, sino también de manera inmediata, se obtienen gracias a la inmediata aplicación de las medidas previstas en el Real Decreto-ley impugnado. Como se expone en la memoria (pág. 37 y sigs.), los ahorros comienzan en el propio ejercicio 2013. Esto conecta tanto con el objetivo, reflejado en la memoria y en el debate de convalidación, de asegurar la sostenibilidad no solo del sistema de pensiones sino la reducción del gasto público, como con una de las finalidades del decreto-ley, la atención a coyunturas económicas problemáticas. El Tribunal Constitucional no se ha mostrado ajeno a la gravedad de la crisis presupuestaria (AATC 95/2011, de 21 de junio, FJ 5; 96/2011, de 21 de junio, FJ 5, y 147/2012, de 16 de julio, FJ 6).</p>
<p class='parrafo'>La segunda consideración responde a las alegaciones de los recurrentes de que las medidas adoptadas tienen un carácter estructural y son impropias de un decreto-ley. La reforma que se aborda el Real Decreto-ley 5/2013 puede ser considerada como estructural solo en un ámbito muy concreto de la Seguridad Social y ciertamente tiene vocación de permanencia en el tiempo. La cuestión fue tratada, entre otras, en la STC 137/2011, de 14 de septiembre, y no ha motivado por sí censura del Tribunal Constitucional.</p>
<p class='parrafo'>b) Por lo que respecta a la alegada vulneración del artículo 41 CE, se señala que el Tribunal Constitucional ha reiterado que el derecho a la Seguridad Social es un derecho de configuración legal, por lo que el legislador ordinario puede modularlo en atención a las circunstancias económicas o sociales de cada momento, y que no existe pronunciamiento del Tribunal Constitucional que restrinja el recurso al decreto-ley para regular las materias incluidas en el capítulo III del título I de la Constitución. De hecho, la STC 111/1983, de 2 de diciembre, que alegan los recurrentes, refuerza la anterior consideración puesto que el artículo 53 CE prevé una tutela distinta de los derechos regulados en el capítulo III del título I. Y en la STC 65/1987 (FJ 17) se señaló que el sistema de Seguridad Social se configura como un régimen legal, en el que tanto las aportaciones de los afiliados como las prestaciones a dispensar, sus niveles y condiciones vienen determinados, no por un acuerdo de voluntades, sino por reglas que se integran en el ordenamiento jurídico y que están sujetas a las modificaciones que el legislador introduzca, y en el que «no puede excluirse por ello que el legislador, apreciando la importancia relativa de las situaciones de necesidad a satisfacer, regule, en atención a las circunstancias indicadas, el nivel y condiciones de las prestaciones a efectuar, o las modifique para adaptarlas a las necesidades del momento». El Abogado del Estado se remite a la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional (SSTC 32/1981, FJ 3; 103/1983, FJ 3; 26/1987, FJ 4; 65/1987, FJ 17; 76/1988, FJ 4, y 37/1994).</p>
<p class='parrafo'>A mayor abundamiento, se señala que el derecho a la Seguridad Social que deducen los recurrentes del artículo 41 CE no resultaría afectado, en el sentido del artículo 86 CE, por el Real Decreto-ley 5/2013, pues en ningún caso regula los elementos esenciales del régimen de la Seguridad Social, sino solamente los aspectos antes indicados.</p>
<p class='parrafo_2'>7. Por providencia de 5 de junio de 2018, se señaló el día 7 dicho mes y año para deliberación y votación de la presente Sentencia.</p>
<p class='centro_negrita'>II. Fundamentos jurídicos</p>
<p class='parrafo_2'>1. El objeto del presente recurso de inconstitucionalidad es analizar la constitucionalidad del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.</p>
<p class='parrafo'>Las tachas de inconstitucionalidad que se oponen al Real Decreto-ley se refieren a la vulneración de dos de las exigencias del artículo 86.1 CE: la falta de concurrencia del presupuesto habilitante y la vulneración de uno de los límites materiales que establece el artículo 86 CE. Debemos comenzar con la pretensión impugnatoria vinculada a la falta de concurrencia del presupuesto habilitante, ya que su examen es prioritario, toda vez que la cuestión de la legitimidad constitucional de la utilización de una norma de urgencia como el Real Decreto-ley 5/2013 ha de ser previa al enjuiciamiento de la vulneración de los límites materiales de la norma de urgencia, de modo que, si se estimaran las alegaciones relativas a la no concurrencia del presupuesto habilitante, resultaría innecesario el examen de las restantes alegaciones (por todas, STC 1/2012, de 13 de enero, FJ 3).</p>
<p class='parrafo'>Durante la pendencia del proceso algunos de los preceptos del Real Decreto-ley 5/2013 han sido derogados. Es lo que ha ocurrido con los artículos 1 a 4 y con las disposiciones adicional primera y final primera, derogadas por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de Seguridad Social, así como con la disposición adicional sexta, derogada por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los trabajadores. Dichas derogaciones no hacen perder objeto al recurso, ni siquiera de forma parcial, al plantearse en el mismo la posible conculcación del artículo 86.1 CE [por todas, STC 35/2017, de 1 de marzo, FJ 2 e)].</p>
<p class='parrafo_2'>2. La reforma del sistema de pensiones que se articula mediante el Real Decreto-ley 5/2013 impugnado persigue su adecuación y sostenibilidad, favoreciendo la prolongación de la vida laboral, desarrollando oportunidades de empleo para los trabajadores de más edad y fomentando el envejecimiento activo.</p>
<p class='parrafo'>Los preceptos del Real Decreto-ley abordan las siguientes materias:</p>
<p class='parrafo_2'>– El capítulo I (arts. 1 a 4) regula la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo.</p>
<p class='parrafo'>– El capítulo II contiene modificaciones en materia de jubilación en la Seguridad Social: la cuantía de la pensión de jubilación en los supuestos de anticipación en el acceso a la misma (art. 5), la jubilación anticipada (art. 6), la jubilación parcial (art. 7) y normas transitorias en materia de pensión de jubilación (art. 8).</p>
<p class='parrafo'>– El capítulo III (art. 9) modifica el contrato a tiempo parcial y el contrato de relevo.</p>
<p class='parrafo'>– El capítulo IV (art. 10) contiene medidas para evitar la discriminación de los trabajadores de más edad en los despidos colectivos.</p>
<p class='parrafo_2'>El Real Decreto-ley impugnado se completa con nueve disposiciones adicionales y doce finales, además de una disposición transitoria única y una disposición derogatoria única:</p>
<p class='parrafo_2'>– Las disposiciones adicionales regulan un amplio abanico de cuestiones: el mantenimiento del empleo durante la percepción de la pensión de jubilación compatible con el trabajo (primera), el nuevo régimen de compatibilidad de la pensión de jubilación (segunda) y su fecha de aplicación (tercera), la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con la jubilación anticipada (cuarta), el contenido del informe sobre la recomendación décimo sexta del Pacto de Toledo (quinta), la actuación de la comisión consultiva nacional de convenios colectivos en el ámbito de las Comunidades Autónomas (sexta), el informe previo a cualquier propuesta de despido colectivo o similar de las entidades participadas mayoritariamente o apoyadas financieramente por el fondo de reestructuración ordenada bancaria y de los entes, organismos y entidades del sector público estatal (séptima), normas sobre políticas activas de empleo para mayores de 55 años (octava) y la creación de un comité de expertos para el estudio del factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social (novena).</p>
<p class='parrafo'>– Las disposiciones finales modifican diversas normas legales y reglamentarias: el entonces vigentes texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (primera); el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de la gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social (segunda); el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (tercera); el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen general de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social (cuarta); el Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social (quinta); el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (sexta); el Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años (séptima); y el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada (octava).</p>
<p class='parrafo_2'>3. Tal y como quedó reflejado en los antecedentes de hecho de esta resolución, los diputados recurrentes sostienen que en el Real Decreto-ley impugnado no concurre la «extraordinaria y urgente necesidad» habilitante del uso de la facultad legislativa de urgencia del Gobierno, dado que no puede justificarse su aprobación por las razones señaladas por el Gobierno.</p>
<p class='parrafo'>En relación con los cambios normativos derivados del Real Decreto-ley, se denuncia en unos casos la total ausencia de justificación y, en otros casos, el carácter vago y laxo de la justificación aportada. En particular se rechaza la urgencia en relación con la proximidad del 31 de marzo de 2013, fecha de vencimiento del plazo de suspensión de la regulación de la jubilación anticipada y parcial contenida en la Ley 27/2011 y que es uno de los aspectos centrales de la regulación del Real Decreto-ley 5/2013. A su juicio no se acredita cuál es el perjuicio que produciría el incumplimiento del plazo, pues su expiración hubiera dado lugar a la entrada en vigor de la regulación prevista por la Ley 27/2011, sin que existiera vacío normativo alguno.</p>
<p class='parrafo'>A lo anterior los recurrentes añaden dos factores adicionales que, a su juicio, deberían ser tenidos en cuenta en la valoración de la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad: el contenido restrictivo de las medidas contenidas en el Real Decreto-ley y el carácter consensuado de la regulación modificada en contraposición al carácter no consensuado del Real Decreto-ley. Por lo que respecta a la vulneración de la prohibición de afectación de los derechos regulados en el título I, la demanda afirma que el Real Decreto-ley 5/2013 y, en particular, sus previsiones sobre la jubilación anticipada, afectan a aspectos sustanciales de la regulación del derecho de acceso a las prestaciones de la Seguridad Social, en cuanto que regula la edad de acceso a la pensión y el número de años cotizados que se exigen para ello, contraviniendo con ello la prohibición del artículo 86.1 CE por cuanto se estaría afectando al derecho a las prestaciones de la Seguridad Social que consagra el artículo 41 CE.</p>
<p class='parrafo'>El Abogado del Estado afirma, sustancialmente, que la extraordinaria y urgente necesidad justificativa de la aprobación del contenido más sustancial del Real Decreto-ley –la modificación de las previsiones de la Ley 27/2011– derivaría de la intención de adecuarse a las exigencias que impone el marco social y económico actual. Igualmente ha justificado la conformidad constitucional de alguno de los restantes contenidos de la norma.</p>
<p class='parrafo_2'>4. La doctrina del Tribunal sobre este primer motivo de inconstitucionalidad relativo al régimen constitucional del real decreto-ley puede resumirse en los términos siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) El concepto de extraordinaria y urgente necesidad que contiene la Constitución no es, en modo alguno, «una cláusula o expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueva libremente sin restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación de un límite jurídico a la actuación mediante decretos-leyes», razón por la cual, este Tribunal puede, «en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos políticos hagan de una situación determinada» (SSTC 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4, y 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5).</p>
<p class='parrafo'>b) El control de este Tribunal consiste en un control jurisdiccional <em>ex post</em>, y tiene por misión velar porque el Gobierno no se haya apartado del margen de apreciación concedido por la norma, esto es, que aquél se mantenga dentro del concepto jurídicamente asequible que es la situación de «extraordinaria y urgente necesidad». Se trata, en definitiva, de un «control externo, en el sentido de que debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno» (STC 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3, y las que allí se citan).</p>
<p class='parrafo'>c) La adecuada fiscalización del recurso al decreto-ley requiere el análisis de dos aspectos desde la perspectiva constitucional: por un lado, la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4) y, por otro lado, la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4). Como señalamos en la STC 332/2005, de 15 de diciembre (FJ 6), aunque ambos aspectos están íntimamente ligados, su examen por separado facilita desde un punto de vista metodológico el análisis de las consideraciones de las partes y, en última instancia, el control que le corresponde efectuar a este Tribunal.</p>
<p class='parrafo'>d) En cuanto a la definición de la situación de urgencia, la doctrina ha precisado que no es necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de contenerse siempre en el propio Real Decreto-ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. A este respecto, conviene recordar que el examen de la concurrencia del presupuesto habilitante de la «extraordinaria y urgente necesidad» siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que son, básicamente, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, a lo largo del debate parlamentario de convalidación, y en el propio expediente de elaboración de la misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3).</p>
<p class='parrafo'>e) En cuanto a la segunda dimensión del presupuesto habilitante de la legislación de urgencia –conexión de sentido entre la situación de necesidad definida y las medidas que en el Real Decreto-ley se adoptan– nuestra doctrina «ha afirmado un doble criterio o perspectiva para valorar la existencia de la conexión de sentido: el contenido, por un lado, y la estructura, por otro, de las disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley controvertido (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 1/2012, de 13 de enero, FJ 11, y 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9).</p>
<p class='parrafo'>f) Generalmente, se ha venido admitiendo el uso del decreto-ley en situaciones que se han calificado como «coyunturas económicas problemáticas», para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que subvenir a «situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes» (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8). Finalmente, también se debe advertir que el hecho de que se considere una reforma estructural no impide, por sí sola, la utilización de la figura del decreto-ley, pues el posible carácter estructural del problema que se pretende atajar no excluye que dicho problema pueda convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, que justifique la aprobación de un decreto-ley, lo que deberá ser determinado atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso (STC 137/2011, FJ 6; reiterado en SSTC 183/2014, FJ 5; 47/2015, FJ 5, y 139/2016, FJ 3).</p>
<p class='parrafo_2'>5. En el marco de la doctrina citada hay que comprobar ahora, en primer lugar, si en los concretos preceptos del Real Decreto-ley 5/2013 objeto del presente recurso concurre el presupuesto habilitante de la «extraordinaria y urgente necesidad» exigido por el artículo 86.1 CE.</p>
<p class='parrafo'>Debemos por tanto analizar dos elementos: en primer lugar, la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4); en segundo lugar, la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4).</p>
<p class='parrafo'>Entrando, en primer lugar, a analizar los motivos explicitados por el Gobierno para la aprobación del Real Decreto-ley objeto del presente recurso, debemos acudir a la exposición de motivos de la norma, así como al debate parlamentario de convalidación y, en su caso, al expediente de elaboración de la norma (por todas, STC 1/2012, de 13 de enero, FJ 7).</p>
<p class='parrafo'>En este sentido, y en relación con el primer elemento, nuestro análisis ha de partir necesariamente del examen de la exposición de motivos del Real Decreto-ley 5/2013 impugnado. Pues bien, en los apartados I y II de la exposición de motivos se señala que el Real Decreto-ley tiene los siguientes objetivos: a) el aseguramiento de la sostenibilidad del sistema de pensiones; b) el impulso del envejecimiento activo; c) la lucha contra la discriminación por razón de la edad en el mercado de trabajo; d) la racionalización del sistema de prestaciones por desempleo. Una vez descritas en los apartados III y IV las medidas que en cumplimiento de dichos objetivos se incluyen en el Real Decreto-ley, la exposición de motivos concluye en el apartado V efectuando las siguientes consideraciones, relacionadas con la plasmación del criterio del Gobierno sobre la concurrencia del presupuesto habilitante de la legislación de urgencia:</p>
<p class='sangrado_2'>«La modificación de la regulación de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial, tal y como está prevista en los artículos 5 y 6 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, así como la relativa a la determinación del importe máximo de la pensión de jubilación cuando hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante, a que se refiere el artículo 163.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por el artículo 4 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, que si bien debieron entrar en vigor el día 1 de enero de 2013, su aplicación fue suspendida durante tres meses por la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, debe tener efectos antes del transcurso del plazo indicado, lo que justifica las razones de extraordinaria y urgente necesidad para su realización a través del presente real Decreto-ley, ante la inminente finalización del mismo.</p>
<p class='sangrado'>Las mismas razones de urgente necesidad derivada de la perentoriedad del plazo de suspensión cabe apreciar respecto a la modificación de la regulación del contrato a tiempo parcial y del contrato de relevo a que se refiere el artículo 9, afectados ambos igualmente por el mismo, además de que en este caso la fecha de entrada en vigor de estas modificaciones debe hacerse coincidir con la correspondiente a la de la jubilación parcial, al objeto de mantener la adecuada coordinación entre los ordenamientos jurídicos laboral y de Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado'>A efectos de mantener igualmente un tratamiento coherente y uniforme en relación con la fecha de efectos tanto del artículo 8, relativo a normas transitorias en materia de pensión de jubilación, y por el que se da nueva redacción al apartado 2 de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, como de la disposición final cuarta, por la que se modifica la redacción del Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de aquélla en materia de prestaciones, y ante la inminente entrada en vigor de las importantes modificaciones operadas tanto en la regulación de la jubilación anticipada, como de la jubilación parcial, procede su regulación mediante el real Decreto-ley, al estar justificadas las razones de extraordinaria y urgente necesidad para ello.</p>
<p class='sangrado'>Similares argumentos que los esgrimidos en el párrafo anterior justifican la necesidad de regular mediante este real Decreto-ley la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo, a que se refiere el capítulo I, así como lo dispuesto en las disposiciones adicionales primera y segunda, en las que se regula la obligatoriedad por parte de las empresas de mantener el nivel de empleo previo existente en las mismas y se dispone la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con las entidades de la Seguridad Social en relación con la jubilación anticipada, dotando así al conjunto de medidas a introducir en relación con las distintas modalidades de compatibilidad pensión-trabajo de una fecha de vigencia uniforme entre ellas, de modo que con su conocimiento se facilite a los interesados la elección, en su caso, de la modalidad que mejor convenga a sus intereses.</p>
<p class='sangrado'>Las razones de extraordinaria y urgente necesidad de las distintas modificaciones introducidas en la Ley General de la Seguridad Social contenidas en la disposición final primera tienen varias justificaciones. Por lo que respecta a la extensión de la aplicación de la jubilación parcial a los socios de las cooperativas, por la necesidad de coordinar sus efectos con las modificaciones introducidas en la regulación de esta modalidad de jubilación. En cuanto a la eliminación de requisitos a los interesados para que puedan acreditar estar al corriente en el pago de las cuotas a efecto de las prestaciones, para no demorar los beneficiosos efectos que esta medida depara, al conseguirse una mayor celeridad y agilidad en los procedimientos de reconocimiento de prestaciones.</p>
<p class='sangrado'>Por lo que respecta a las aportaciones económicas en supuestos de despido de trabajadores de cincuenta o más años de edad, la necesidad de reducir el impacto social y presupuestario de estos despidos ante la grave situación actual del mercado laboral y de cumplir con los compromisos presupuestarios, determinan la extraordinaria y urgente necesidad de regular esta materia mediante un real Decreto-ley.</p>
<p class='sangrado'>En cuanto a la disposición final segunda, en la que se modifica con efectos de 1 de enero de 2013 el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, relativo a los complementos por mínimos, a fin de adecuar su redacción a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, así como la subsanación de la omisión relativa al cómputo de las pensiones reconocidas por otro Estado para determinar la concurrencia o no de la dependencia económica a efectos del reconocimiento del complemento por mínimos con cónyuge a cargo del titular de la pensión, la propia previsión de la norma por la que retrotrae la fecha de efectos de estas modificaciones al día 1 de enero de 2013 justifican en modo adecuado las razones de extraordinaria y urgente necesidad para su regulación mediante este real Decreto-ley.»</p>
<p class='parrafo_2'>Según se desprende de los párrafos transcritos, la extraordinaria y urgente necesidad requerida por el artículo 86.1 CE para la adopción por el Gobierno de decretos-leyes vendría en el caso analizado determinada por las siguientes consideraciones. En primer lugar, la necesidad de introducir una serie de modificaciones en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, antes del transcurso del plazo de suspensión de la entrada en vigor de dicha Ley que estableció el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social. En segundo lugar, en conexión con lo anterior, el mantenimiento de un tratamiento coherente y uniforme de las modificaciones normativas pretendidas y la coordinación de sus efectos. Ambas razones son predicables, esencialmente, de las modificaciones introducidas en los artículos 1 a 9, en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta y en parte de la disposición final primera y en la disposición final quinta del Real Decreto-ley 5/2013. En tercer lugar, la no demora de los efectos beneficiosos que proporciona la norma, motivo que justificaría parte de las reformas que se introducen en la disposición final primera. En cuarto lugar, la necesidad de reducir el impacto social y presupuestario de los despidos de trabajadores de cincuenta o más años de edad ante la grave situación actual del mercado laboral y de cumplir con los compromisos presupuestarios, razón que justificaría las reformas introducidas en el artículo 10 y las disposiciones finales tercera y séptima. En quinto lugar, predicable de la disposición final segunda, la necesidad de adecuar la redacción del artículo 6.2 del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, relativo a los complementos por mínimos, a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social y en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013 así como la necesidad de subsanar la omisión relativa al cómputo de las pensiones reconocidas por otro Estado para determinar la concurrencia o no de la dependencia económica a efectos del reconocimiento del complemento por mínimos con cónyuge a cargo del titular de la pensión.</p>
<p class='parrafo'>Posteriormente, en el debate parlamentario correspondiente al trámite de convalidación del Real Decreto-ley («Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados», Pleno y Diputación Permanente. X Legislatura. Año 2013, núm. 103), el Gobierno, por medio de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, señala en su exposición inicial lo siguiente:</p>
<p class='sangrado_2'>«La norma que sometemos hoy a convalidación contiene una reforma necesaria que constituye un nuevo avance en la sostenibilidad y la coherencia de nuestro sistema público de pensiones...</p>
<p class='sangrado'>La reforma de la jubilación anticipada y parcial que se hizo en 2011 presentaba –entendemos– algunas distorsiones… Nos parecía fundamental actuar conforme a la recomendación duodécima del Pacto de Toledo, que aconseja dar mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador, especialmente en la jubilación anticipada, aproximar la edad real a la edad legal de jubilación, y favorecer la coexistencia entre salario y pensión…</p>
<p class='sangrado'>[U]n sistema de pensiones no puede funcionar claramente cuando casi una de las dos nuevas jubilaciones que se producen cada año es anticipada. La pensión media de jubilación de forma anticipada el año pasado fue un 16 por ciento mayor que la pensión media ordinaria. Tampoco puede funcionar un sistema cuando el número de jubilaciones anticipadas se ha incrementado un 33 por ciento desde el inicio de la crisis, generando un coste adicional de unos 7000 millones de euros anuales. Esta es una situación además que nos otorgaba una extraña y disfuncional singularidad en el conjunto de los países de la Unión Europea… Y ante esta realidad el Gobierno se ha visto en la obligación de actuar, y también de hacerlo en el momento oportuno.</p>
<p class='sangrado'>El objetivo de las medidas adoptadas es por tanto compensar suficientemente al sistema por los menores ingresos y mayores costes que genera el anticipo de la jubilación, para evitar que el resto de los ciudadanos no asuma la carga que genera y, por otro, incrementar la coherencia del sistema en su conjunto… El resultado es un régimen que refuerza la sostenibilidad y la equidad del sistema…</p>
<p class='sangrado'>La norma que presento a convalidación articula a su vez una serie de medidas en el ámbito de la regulación del mercado de trabajo y de los subsidios por desempleo, que contribuyen al alargamiento de la vida activa así como a diversas medidas que refuerzan también la lucha contra el fraude. Son medidas perfectamente alineadas con los objetivos de los cambios en la regulación de la jubilación. La regulación de la penalización de aquellas empresas que incluían a trabajadores de 50 o más años en despidos colectivos entendemos que adolecía de importantes limitaciones que hemos tratado de corregir. El objetivo como saben es tratar de limitar la tendencia a recurrir de forma discriminatoria a los trabajadores de más edad a la hora de efectuar despidos colectivos. Estos trabajadores tienen también mayores problemas para reinsertarse en la vida activa, y el generoso sistema de prestaciones existente permite que las empresas trasladen de alguna manera parte del coste del ajuste laboral al erario público, algo que sin duda es contrario al interés general…</p>
<p class='sangrado'>En cuanto al subsidio de mayores de 55 años su regulación se ha aproximado a la de otras prestaciones, de forma que la renta del núcleo familiar se va a tener en cuenta a la hora de conceder el subsidio…»</p>
<p class='parrafo_2'>De lo aquí expuesto se concluye que las razones aportadas por el Gobierno en el debate de convalidación se centran en dos planos. El primero, general, se refiere a asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones y el segundo, concreta dicha pretensión específicamente respecto a algunas de las medidas incluidas en el Real Decreto-ley. Así sucede en la vertiente de la regulación de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial, modificando algunos aspectos de la reforma llevada a cabo en el año 2011, centrándose la urgencia en la adopción de las medidas en la necesidad de aprobarla antes de que vencieran los tres meses de suspensión de la entrada en vigor de la aplicación de los preceptos de la Ley 27/2011 relativos a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial fijada por el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social (disposición adicional primera). También se alude a cuestiones relacionadas con la regulación de los despidos colectivos, que penalizan la inclusión en ellos de mayores de cincuenta años, así como a la regulación del subsidio de mayores de cincuenta y cinco años para que se ajuste a situaciones de verdadera necesidad.</p>
<p class='parrafo'>Por último, debemos examinar el expediente de elaboración de la norma impugnada. En concreto, el documento aportado a los autos por el Abogado del Estado, cuyo nombre completo es «Memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de Real Decreto-ley de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo», ha sido elaborado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y lleva fecha de 4 de marzo de 2013. Su función es exponer la oportunidad de la propuesta, examinar jurídicamente su contenido y su fundamento jurídico, y analizar los llamados «impactos» (adecuación al orden de competencias, impacto económico y presupuestario, impacto de género, etc.). Esta memoria señala que «la finalidad es eliminar la rigidez que presenta el actual ordenamiento de la Seguridad Social, que está constituyendo un freno a la potenciación de la presencia más activa de los trabajadores de más edad en la sociedad, en cumplimiento de las recomendaciones referidas a la edad de jubilación anunciadas tanto en el ámbito internacional como en el ámbito interno en la Recomendación núm. 12 del Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo». Indica que «desde diferentes organizaciones internacionales (y, en especial, en el ámbito de la Unión Europea) se recomienda una reconsideración de la regulación en el acceso a la pensión de jubilación y una desincentivación de las jubilaciones anticipadas, tanto por sus consecuencias en la viabilidad del sistema de pensiones, como por sus efectos sobre la incentivación de la permanencia de los trabajadores de mayor edad en la actividad laboral o profesional… La Ley 27/2011, de 1 de agosto, introdujo varias modificaciones en la regulación de las jubilaciones anticipadas, que no parecen adecuarse totalmente a las exigencias que impone el marco social y económico actual, por lo que resulta conveniente una reconsideración de sus contenidos». Afirma que «las medidas relativas a la jubilación anticipada y parcial encuentran una justificación evidente: la necesidad de que su aprobación y entrada en vigor se produzca antes del 1 de abril de 2013, momento en el que expira el plazo de suspensión de tres meses acordado por el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre… La misma urgencia concurre respecto del contrato a tiempo parcial y el contrato de relevo dado que las modificaciones introducidas se dirigen a adaptar su régimen jurídico a las novedades previstas en el Real Decreto-ley respecto de la jubilación anticipada y parcial. Respecto a las aportaciones económicas en supuestos de despido de trabajadores de cincuenta o más años de edad, la regulación de estas medidas mediante Real Decreto-ley se justifica en la necesidad de reducir el impacto social y presupuestario que estos despidos generan sobre el sistema de protección por desempleo así como cumplir con los compromisos presupuestarios». La memoria también afirma que «[c]oncurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad respecto de todas las medidas adoptadas de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional que justifica acudir al Real Decreto-ley en 'circunstancias difíciles que requieren una acción normativa inmediata o en que las coyunturas económicas exigen una rápida respuesta (STC 6/83, de 4 de febrero)».</p>
<p class='parrafo'>Además, en otros apartados de esa misma memoria se hacen referencias específicas a la urgencia en la adopción de algunas otras modificaciones, a las que se aludirá posteriormente.</p>
<p class='parrafo_2'>6. Conocidas las circunstancias y las razones explicitadas por el Gobierno para justificar la utilización del instrumento normativo excepcional del Real Decreto-ley 5/2013, debemos adentrarnos en el control de constitucionalidad del presupuesto habilitante exigido por el artículo 86.1 CE, lo que requiere una advertencia previa.</p>
<p class='parrafo'>Atendiendo al planteamiento procesal de los recurrentes, que también es compartido por el Abogado del Estado, esa tarea no debe realizarse de manera global, sino distinguiendo entre los distintos bloques a los que se refiere la norma impugnada.</p>
<p class='parrafo'>Tanto los diputados recurrentes como el Abogado del Estado han diferenciado las medidas asociadas a la jubilación anticipada y parcial, incluyendo la regulación de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo, del resto de las previsiones del Real Decreto-ley 5/2013. Entre éstas últimas los recurrentes distinguen las modificaciones introducidas en el régimen de aportaciones económicas en los despidos colectivos para evitar la discriminación de los trabajadores de más edad del resto de medidas contenidas en el citado Real Decreto-ley 5/2013.</p>
<p class='parrafo'>Así pues, la concurrencia de la urgencia y la necesidad debe analizarse respecto de cada grupo de preceptos, porque solo de este modo podrá realizarse un examen apropiado sobre la conexión de sentido entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a la misma. Si las medidas son diversas, las situaciones concretas de urgencia y necesidad que justifican su adopción también son susceptibles de serlo (en un sentido similar, STC 199/2015, de 24 de septiembre, FJ 5). Ante el Decreto-ley impugnado hemos de limitarnos a realizar un juicio de constitucionalidad, ya que no nos compete efectuar un control de su calidad técnica, del mismo modo que hemos afirmado que no poseemos esta facultad en relación con el análisis de la perfección técnica de las leyes [SSTC 109/1987, de 29 de junio, FJ 3 c); 226/1993, de 8 de julio, FJ 4; 226/1993, de 8 de julio, FJ 5, y 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 4].</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con ello, cumple advertir, en primer lugar, que, respecto de determinadas disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley 5/2013, no se justifica la urgencia en su adopción, pues respecto de ellas nada dicen ni la exposición de motivos, ni el debate de convalidación ni la memoria de impacto normativo, ni, en fin, el propio Abogado del Estado en su contestación a la demanda. Eso es lo que ocurre con las disposiciones adicionales sexta (como ya dijimos, derogada por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) y séptima y con las disposiciones finales primera. Dos (igualmente derogada por el citado Real Decreto Legislativo) y octava.</p>
<p class='parrafo'>Puesto que «la causa justificativa del Decreto-ley –la situación de extraordinaria y urgente necesidad– ha de ser explicitada por el propio Gobierno» (STC 125/2016, de 7 de julio, FJ 2), su carencia determina que no podamos apreciar la concurrencia del presupuesto habilitante que los diputados recurrentes niegan, el Gobierno no acredita y este Tribunal no puede presumir. Por tanto debemos declarar en este momento su inconstitucionalidad y nulidad por vulnerar el artículo 86.1 CE.</p>
<p class='parrafo_2'>7. Señalado lo anterior, procede ya iniciar el examen del resto de medidas contenidas en el Real Decreto-ley 5/2013, siguiendo, como se ha avanzado, el planteamiento de los recurrentes, compartido por el Abogado del Estado, en el sentido de que el análisis de la constitucionalidad de la norma no puede hacerse de manera global, pues, aunque muy genéricamente relacionadas entre sí, las diferentes medidas incluidas en el Real Decreto-ley tienen su justificación propia en función de su específica naturaleza.</p>
<p class='parrafo'>Comenzando por el análisis de la concurrencia del presupuesto habilitante respecto a las medidas consistentes en la modificación del régimen de la regulación de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial, debemos precisar, en primer lugar, que a tal cuestión se dedica, de una u otra forma, una parte sustancial de la norma impugnada, en concreto, sus artículos 1 a 9, así como las disposiciones adicionales primera a quinta y las disposiciones finales primera. Cinco y quinta. Todos estos preceptos regulan medidas relacionadas entre sí en el ámbito de la jubilación anticipada, la jubilación parcial y la compatibilidad entre vida activa y pensión.</p>
<p class='parrafo'>Del contenido de la exposición de motivos de la norma, del debate de convalidación de ésta y de las afirmaciones de la memoria se deduce que la extraordinaria y urgente necesidad que apreció el Gobierno se relacionan con el transcurso del plazo de suspensión de la entrada en vigor de la regulación contenida en la Ley 27/2011.</p>
<p class='parrafo'>Conviene que comencemos examinando el origen y la razón de ese plazo de suspensión. La entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, estaba prevista para el 1 de enero de 2013 (disposición final duodécima). Sin embargo, el ya mencionado Real Decreto-ley 29/2012 suspendió durante tres meses la aplicación de los preceptos de la Ley 27/2011 relativos a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial (disposición adicional primera).</p>
<p class='parrafo'>De la exposición de motivos del Real Decreto-ley 29/2012 se desprende que la razón de la suspensión parcial de la aplicación de la Ley 27/2011 fue la de evitar que entrara en vigor una regulación –relativa a la jubilación anticipada y parcial– que se consideraba que poco después tendría que ser modificada y adaptada en consonancia con el contenido de nuevos informes técnicos y diversas propuestas de reforma que debían ser debatidas en el seno del foro llamado «Pacto de Toledo» y en la comisión parlamentaria de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. En suma, la suspensión respondía al deseo de evitar la aplicación de unas disposiciones legales condenadas a ser modificadas en un breve plazo y, a la vez, a la necesidad de dar tiempo para que las modificaciones necesarias fueran debatidas y promulgadas. En efecto, como se pone de manifiesto en la memoria de impacto normativo, el Gobierno consideraba que las modificaciones introducidas por la Ley 27/2011 en materia de jubilación anticipada no se adecuaban a las exigencias del marco social y económico actual. Esas medidas entraban en vigor el 1 de enero de 2013 y por ello se acordó su suspensión. Como el plazo de suspensión finalizaba el 31 de marzo de 2013, el Gobierno estimó necesario aprobar las modificaciones oportunas antes de dicha fecha.</p>
<p class='parrafo'>Por lo que respecta al Real Decreto-ley impugnado, su exposición de motivos destaca, en el apartado III, que «[l]a sostenibilidad de los sistemas de pensiones precisa que los parámetros esenciales que determinan el acceso a la protección o la cuantía de las prestaciones se adecuen a las circunstancias y realidades sociales y económicas en que ese sistema se desenvuelve. Resulta, por tanto, esencial que la edad de acceso tenga en cuenta la variación de la esperanza de vida tanto cuando el acceso se produce a la edad legalmente establecida, como en los supuestos en que el acceso es posible a una edad inferior. En este sentido, las medidas adoptadas por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, resultaban insuficientes para garantizar la viabilidad del sistema en el largo plazo, al permitir un alejamiento paulatino entre la edad legal de jubilación y la edad a la que es posible acceder a una jubilación anticipada, y favorecer, en determinadas ocasiones, las decisiones de abandono temprano del mercado laboral». Además se añade que «ante la inminente finalización del plazo de suspensión mencionado, el 31 de marzo de 2013, procede efectuar las modificaciones con anterioridad a dicha fecha, lo que justifica las razones de extraordinaria y urgente necesidad para su realización a través del presente real Decreto-ley». Esa misma razón se reitera, con una formulación diferente, en el apartado V de la exposición de motivos y también aparece en el expediente de elaboración de la norma.</p>
<p class='parrafo'>En el debate parlamentario de convalidación, la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social, en nombre del Gobierno, indicó que el Real Decreto-ley impugnado contenía «una reforma necesaria que constituye un nuevo avance en la sostenibilidad y la coherencia de nuestro sistema público». Señaló también que se trataba de reforzar la situación del sistema de pensiones de cara a los desafíos demográficos a los que se enfrenta; que el Decreto-ley nacía del compromiso de cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo; que se habían recabado informes técnicos, realizados en octubre de 2012 y debatidos en la comisión del Pacto de Toledo entre noviembre de 2012 y marzo de 2013; que se habían realizado numerosas reuniones con diferentes actores políticos y sociales, así como en particular jornadas de estudio sobre la compatibilidad entre salario y pensión, en las que habían participado numerosos técnicos, profesionales y académicos. Igualmente se afirmó en el trámite de convalidación que «[e]l objetivo de las medidas adoptadas es por tanto compensar suficientemente al sistema por los menores ingresos y mayores costes que genera el anticipo de la jubilación, para evitar que el resto de los ciudadanos no asuma la carga que genera, y por otro, incrementar la coherencia del sistema en su conjunto». En concreto los cambios se relacionan con la posibilidad de utilizar incorrectamente la jubilación parcial como modalidad de acceso a la jubilación anticipada; otra, con la falta de regulación de la compatibilidad entre trabajo y pensión; y la última, con la incorporación de mayores niveles de contributividad para la jubilación anticipada y la fijación de coeficientes reductores naturales.</p>
<p class='parrafo'>Conforme al control externo que corresponde a este Tribunal podemos considerar que el Gobierno ha satisfecho la exigencia de explicitar y razonar de forma suficiente la existencia de una situación de «extraordinaria y urgente necesidad» que le llevó a dictar las disposiciones ya mencionadas del Real Decreto-ley 5/2013, de modo que la carga de justificar la concurrencia del presupuesto habilitante exigido por el artículo 86.1 CE puede considerarse cumplida. No se trata de una descripción mediante fórmulas rituales o genéricas aplicables a todo tipo de realidades de un modo intercambiable, sino a través de una precisa referencia a una situación concreta en relación con la Seguridad Social. La reforma del sistema de pensiones y, más limitadamente, de determinados aspectos de la normativa reguladora de la jubilación anticipada y parcial abordada mediante el Real Decreto-ley impugnado responde a una exigencia de mejor adaptación de la regulación existente al interés general para garantizar la sostenibilidad del sistema, así como para satisfacer las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea de 10 de julio de 2012, en el ámbito de la sostenibilidad del sistema de pensiones y el impulso del envejecimiento activo. Esta reforma debía acometerse en un plazo tasado, sin que pueda admitirse de contrario el argumento de la inexistencia de vacío normativo, derivado de la entrada en vigor de las pospuestas previsiones de la Ley 27/2011, ya que, precisamente, la modificación de estas previsiones por razones vinculadas a la mejor adecuación a las exigencias de sostenibilidad del sistema es el objetivo que persigue el Gobierno. Nada afecta a la anterior consideración el hecho de que pudiera pretenderse resolver una situación de carácter estructural y no coyuntural, pues ya hemos indicado en otras ocasiones (por todas, STC 33/2017, de 1 de marzo, FJ 3) que eso no es, por sí mismo, determinante para estimar que se haya hecho un uso constitucionalmente inadecuado de la figura del decreto-ley.</p>
<p class='parrafo'>Igualmente, en cuanto que relacionada con la anterior, puede aceptarse como justificación la pretensión de obtener un tratamiento coherente y uniforme de las modificaciones normativas propuestas así como la coordinación de sus efectos. Se trata de una razón a la que aluden tanto la exposición de motivos como la memoria de impacto normativo; razón que, aun siendo instrumental en relación con el contenido mismo de la norma impugnada, se relaciona con las finalidades perseguidas por ella, en particular, para dotar «al conjunto de medidas a introducir en relación con las distintas modalidades de compatibilidad pensión-trabajo de una fecha de vigencia uniforme entre ellas, de modo que con su conocimiento se facilite a los interesados la elección, en su caso, de la modalidad que mejor convenga a sus intereses». Se trata así de un conjunto sistemático de reformas que adquieren sentido en su visión global y no desde una perspectiva meramente aislada [SSTC 23/1993, FFJJ 4 y 5; 93/2015, de 14 de mayo, FFJJ 7 b) y 10, y 183/2016, de 3 de noviembre, entre otras].</p>
<p class='parrafo'>En cuanto al segundo elemento de nuestro canon, atendiendo al control que corresponde a este Tribunal, el cual debe respetar el margen de discrecionalidad política que en la apreciación de este requisito corresponde al Gobierno, podemos considerar que no se ha vulnerado la conexión de sentido entre la medida adoptada y la situación de urgencia previamente definida. La reforma se ajusta a los objetivos que la propia exposición de motivos de la norma afirma perseguir –garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, favorecer el alargamiento de la vida activa, aprovechar en mayor medida los conocimientos y experiencia de los trabajadores mayores–. En efecto, las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley impugnado son coherentes con la eventual situación de necesidad consistente en la reforma de numerosos aspectos del régimen de jubilación anticipada y parcial y modifican de modo inmediato la situación jurídica existente.</p>
<p class='parrafo'>Procede, por tanto, desestimar el recurso en este punto.</p>
<p class='parrafo_2'>8. Debemos examinar ahora las reformas introducidas en el régimen de aportaciones económicas en los despidos colectivos a las que se refiere el artículo 10 y las disposiciones finales tercera y séptima.</p>
<p class='parrafo'>La exposición de motivos del Real Decreto-ley 5/2013 justifica la urgencia en la adopción de esta medida en la necesidad de reducir el impacto social y presupuestario de los despidos de trabajadores de cincuenta o más años de edad ante la grave situación actual del mercado laboral y de cumplir con los compromisos presupuestarios, razón que también aparece en la memoria de impacto normativo.</p>
<p class='parrafo'>Por su parte, en el debate de convalidación se argumentó lo siguiente:</p>
<p class='sangrado_2'>«La regulación de la penalización de aquellas empresas que incluían a trabajadores de 50 o más años en despidos colectivos entendemos que adolecía de importantes limitaciones que hemos tratado de corregir. El objetivo como saben es tratar de limitar la tendencia a recurrir de forma discriminatoria a los trabajadores de más edad a la hora de efectuar despidos colectivos. Estos trabajadores tienen también mayores problemas para reinsertarse en la vida activa, y el generoso sistema de prestaciones existente permite que las empresas trasladen de alguna manera parte del coste del ajuste laboral al erario público, algo que sin duda es contrario al interés general.</p>
<p class='sangrado'>Los principales cambios que hemos introducido en la norma son los siguientes: por una parte, se limita la obligación de la contribución a aquellas empresas que realicen despidos discriminatorios con los trabajadores de más edad. La regulación anterior planteaba situaciones que a veces podríamos llamar injustas con empresas que debían afrontar un ajuste de personal, y que tenían una plantilla compuesta mayoritariamente por trabajadores de más edad. En estos casos la obligación de contribuir suponía una penalización adicional para empresas con trabajadores de elevada edad en la plantilla, y podría tener efectos perversos sobre las decisiones de contratación de trabajadores más experimentados. Por eso limitamos la obligación de contribución a aquellos casos en los que el despido colectivo de trabajadores de más edad sea realmente discriminatorio; es decir, la obligación solo surge cuando el porcentaje de trabajadores de más de 50 años afectados por un despido colectivo es mayor que su peso real sobre el total de la plantilla. Por otro lado, a partir de este momento la obligación de contribución va a afectar también a aquellas empresas que actualmente se encuentren en pérdidas, pero que en el futuro más cercano puedan obtener beneficios, potenciando de esa manera el efecto desincentivador de incluir a mayores en medidas colectivas extintivas.»</p>
<p class='parrafo_2'>De acuerdo con lo expuesto y en el ámbito del «control externo, en el sentido de que debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno» (STC 182/1997, de 30 de octubre, FJ 3), el Tribunal aprecia, en primer lugar, que el Gobierno cumple con la exigencia de exponer explícita y razonadamente la situación de extraordinaria y urgente necesidad que le habilita para dictar disposiciones legislativas provisionales con la forma de decretos-leyes. Se aporta una justificación suficiente que permite apreciar la existencia de dicho presupuesto habilitante en el sentido de responder a una necesidad urgente. En la concreta coyuntura económica en que la medida se adopta, es aceptable la razón relativa a la producción de ahorros inmediatos en el gasto público mediante la reducción de las cargas sobre las arcas públicas así como la relacionada con desincentivar este tipo de despido, habida cuenta de la situación del mercado laboral en el momento de aprobarse la norma de urgencia y las dificultades de continuidad en dicho mercado que presenta el colectivo afectado, intentando, en consecuencia, incentivar en mayor medida el aprovechamiento de los conocimientos y de la experiencia de los trabajadores mayores.</p>
<p class='parrafo'>La medida guarda conexión de sentido con la situación de urgencia. Persigue compensar el impacto que estos despidos generan sobre el sistema público de protección por desempleo en un doble sentido. En primer lugar, incrementando la cuantía recaudada por la obligación de contribuir de las empresas, y en segundo lugar, entendiendo que el reforzamiento de la exigibilidad de esta aportación económica opera como incentivo para no despedir a personas mayores de 50 años, lo que también supone un menor coste de las prestaciones por desempleo.</p>
<p class='parrafo'>Consecuentemente, procede desestimar este motivo de inconstitucionalidad respecto del artículo 10 y las disposiciones finales tercera y séptima.</p>
<p class='parrafo_2'>9. Las restantes medidas contenidas en las disposiciones adicional, transitoria y finales del Real Decreto-ley 5/2013 deben ser examinadas separadamente, atendiendo al planteamiento que se ha expuesto en el fundamento jurídico 6.</p>
<p class='parrafo_2'>a) Comenzaremos por las relativas al subsidio por desempleo para mayores de 55 años y, en relación con ellas, las vinculadas a las políticas activas de empleo para mayores de esa edad (disposiciones adicional octava, transitoria única y final primera.1).</p>
<p class='parrafo'>Respecto de dichas medidas, la exposición de motivos de la norma señala que «[l]a disposición adicional octava establece que los trabajadores mayores de 55 años que hayan agotado la prestación o subsidio por desempleo, o que no tengan derecho a los mismos, tendrán la consideración de colectivo prioritario para la aplicación de políticas activas de empleo a fin de fomentar su permanencia en el mercado de trabajo prolongando su vida laboral», así como, respecto a la disposición final primera, que «[s]e incluye un tercer párrafo al número 3 del apartado primero del artículo 215 en el que se exige, para tener por cumplido el requisito de carencia de rentas a efectos del subsidio, que la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. La finalidad de este precepto es homogeneizar la regulación del subsidio para mayores de 55 años en relación con el resto de prestaciones del sistema y reforzar las políticas activas de empleo destinadas a este colectivo».</p>
<p class='parrafo'>La Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social afirmó en el debate de convalidación que «[e]n cuanto al subsidio de mayores de 55 años su regulación se ha aproximado a la de otras prestaciones, de forma que la renta del núcleo familiar se va a tener en cuenta a la hora de conceder el subsidio… El único cambio en la regulación consiste en limitar dicho subsidio a situaciones de verdadera necesidad. Señorías, es hacerlo más equitativo y más justo, pero nadie –repito, nadie– que verdaderamente necesite este subsidio lo va a dejar de percibir, porque como bien saben, primero, no afectará a los que ya lo perciben, y en el futuro lo recibirán todos aquellos que lo tengan que recibir. Como bien saben, los recursos públicos son limitados, y la redistribución de renta para ser verdaderamente justa tiene que tener en cuenta la situación económica privada del beneficiario. Ahora bien –y lo que es muy importante–, para reforzar la capacidad de reinsertar a estos trabajadores de más edad en el mercado laboral la nueva regulación establece que aquellos trabajadores de más edad que no tuvieran derecho a prestación, y que deseen continuar activos, serán objeto de atención preferente por los servicios públicos de empleo en el marco de la ejecución de las políticas activas de empleo».</p>
<p class='parrafo'>Finalmente, la memoria de impacto normativo alude a la necesidad de ordenar el marco regulador de este subsidio, señalando que con ello se cumplen recomendaciones específicas del Consejo de la Unión Europea para España.</p>
<p class='parrafo'>De lo expuesto se deduce que ni en la exposición de motivos de la norma ni en el debate parlamentario de convalidación ni en la memoria de impacto normativo se indica que tales modificaciones traten de dar respuesta a una situación de naturaleza excepcional o constituyan una necesidad urgente, hasta el punto de que su efectividad no pueda demorarse durante el tiempo necesario para permitir su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario, sin hacer quebrar la efectividad de la acción requerida, bien por el tiempo a invertir o por la necesidad de inmediatez de la medida (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 6). En todo caso, lo que si puede advertirse es la razón por la que el Gobierno entiende que es necesario reformar el subsidio para mayores de 55 años, pero no una explicación de por qué esta reforma sea urgente en los términos exigidos por la doctrina constitucional para entender cumplida la exigencia del presupuesto habilitante derivado del artículo 86.1 CE.</p>
<p class='parrafo'>Por tanto, las disposiciones adicional octava, transitoria única y final primera.1 del Real Decreto-ley 5/2013 vulneran el artículo 86.1 CE y son inconstitucionales y nulas.</p>
<p class='parrafo'>b) De la disposición final primera, debemos atender ahora a lo previsto en sus apartados tercero y cuarto, pues ya hemos examinado sus apartados primero y segundo.</p>
<p class='parrafo'>Respecto al primero de ellos la exposición de motivos hace referencia al contenido de la reforma que se introduce, sin que haya mención alguna a esta medida en el debate de convalidación. La memoria añade a la explicación de la exposición de motivos que la razón de la reforma es «ofrecer al colectivo de mutualistas del Régimen Especial del Mar el mismo trato que el dispensado a los mutualistas del Régimen General de la Seguridad Social». Resulta así que el Gobierno, si bien argumenta la razón de su adopción, no ha justificado la extraordinaria y urgente necesidad de esta medida que permitiría su regulación por decreto-ley. Eso determina su inconstitucionalidad y nulidad por infracción del artículo 86.1 CE.</p>
<p class='parrafo'>Por su parte, la disposición final primera.4 modifica la disposición adicional trigésima novena del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social a fin de, según afirma la exposición de motivos, facilitar «la constatación del requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas a efecto de las prestaciones en el caso de trabajadores que sean responsables del ingreso de las cotizaciones, simplificando la labor de los solicitantes de prestaciones en el cumplimiento de la documentación exigida». La misma exposición de motivos justifica la extraordinaria y urgente necesidad de la medida del siguiente modo: «En cuanto a la eliminación de requisitos a los interesados para que puedan acreditar estar al corriente en el pago de las cuotas a efecto de las prestaciones, para no demorar los beneficiosos efectos que esta medida depara, al conseguirse una mayor celeridad y agilidad en los procedimientos de reconocimiento de prestaciones». En similares términos se pronuncia la memoria que, en tres ocasiones, señala que «[s]e facilita, a través de la modificación de la disposición adicional trigésima novena, la constatación del requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas a efecto de las prestaciones en el caso de trabajadores que sean responsables del ingreso de las cotizaciones, simplificando la labor de los solicitantes de prestaciones en el cumplimiento de la documentación exigida».</p>
<p class='parrafo'>Aun reconociendo los efectos beneficiosos que la simplificación de trámites implica, lo que es relevante en el enjuiciamiento que se nos demanda es la explicación acerca de que tales modificaciones traten de dar respuesta a una situación de naturaleza excepcional o constituyan una necesidad urgente, hasta el punto de que su efectividad no pueda demorarse durante el tiempo necesario para su tramitación legislativa. No se han aducido efectos beneficiosos para unos colectivos concretos, sino unos imprecisos efectos beneficiosos para el sistema en su conjunto, fruto de la inmediata entrada en vigor de la norma impugnada. Por tanto, debemos concluir que la invocación genérica y abstracta de los efectos beneficiosos que puede acarrear la inmediata entrada en vigor de la regulación contenida en un decreto-ley no puede considerarse una situación caracterizada de la excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinen la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve. No se cumple, por tanto, el requisito constitucional de la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad que exige como presupuesto habilitante el artículo 86.1 CE.</p>
<p class='parrafo'>c) La disposición final segunda modifica el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social en dos aspectos relacionados con la necesidad de adecuar la redacción del artículo 6.2 del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, relativo a los complementos por mínimos, a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social y en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013; y con la necesidad de subsanar la omisión relativa al cómputo de las pensiones reconocidas por otro Estado para determinar la concurrencia o no de la dependencia económica a efectos del reconocimiento del complemento por mínimos con cónyuge a cargo del titular de la pensión.</p>
<p class='parrafo'>La exposición de motivos justifica la urgencia de estas reformas afirmando que «la propia previsión de la norma por la que retrotrae la fecha de efectos de estas modificaciones al día 1 de enero de 2013 justifican [<em>sic</em>] en modo adecuado las razones de extraordinaria y urgente necesidad para su regulación mediante este real Decreto-ley». Nada se dice sobre esta norma en el debate de convalidación, mientras que la memoria afirma que «[e]l hecho de que el incremento de las pensiones y determinación del importe y condiciones de los complementos por mínimos deba tener efectos desde el 1 de enero de 2013 dispensa de ofrecer más aclaración sobre la necesidad de recurrir a la fórmula del real Decreto-ley, sin que exista alguna otra alternativa a esta medida».</p>
<p class='parrafo'>Debemos descartar que pueda justificar la extraordinaria y urgente necesidad requerida como presupuesto habilitante la que se refiere a la no demora de los efectos beneficiosos que proporciona la norma. En la STC 68/2007, de 28 de marzo, rechazamos como justificación de la extraordinaria y urgente necesidad la mera conveniencia de que el acceso a la protección de colectivos hasta entonces desprotegidos se realizara de manera inmediata. Entonces dijimos que «[e]l que una medida legislativa determine la ampliación de la cobertura del sistema de protección social incluyendo en su ámbito de aplicación a sujetos hasta entonces desprotegidos no es, por sí misma, razón que justifique el recurso a la legislación de urgencia, si no se acredita que la inmediata entrada en vigor de la medida constituye, a su vez, una necesidad extraordinaria y urgente. Lo contrario supondría excluir per se del procedimiento legislativo ordinario toda aquella medida de mejora del sistema de protección social susceptible de beneficiar a un determinado colectivo, y más aún, con carácter general, toda aquella decisión que comporte un beneficio para sus destinatarios, lo que obviamente no se corresponde con nuestro modelo constitucional. Por lo demás, es preciso tener en cuenta que la anticipación de los efectos beneficiosos de una medida de ampliación de la cobertura del sistema de protección social puede, en principio, lograrse, sin afectar al procedimiento legislativo, mediante el recurso a técnicas de ordenación intertemporal de la norma, por lo que, en este caso no está justificada la extraordinaria y urgente necesidad para lograr el pretendido beneficio en el colectivo destinatario de la medida» (FJ 8).</p>
<p class='parrafo'>Aquí ocurre algo similar. La retroacción de efectos forma parte del propio contenido de la medida, luego no puede servir para justificar su extraordinaria y urgente necesidad, pues, precisamente por ese efecto retroactivo, ningún inconveniente habría para permitir su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario, sin hacer quebrar la efectividad de la acción requerida, bien por el tiempo a invertir o por la necesidad de inmediatez de la medida (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 6).</p>
<p class='parrafo'>Por tanto en el presente caso el Real Decreto-ley no ha cumplido el requisito constitucional de la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad que exige como presupuesto habilitante el artículo 86.1 CE, lo que determina la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 5/2013.</p>
<p class='parrafo'>d) Examinaremos ahora las disposiciones finales cuarta y sexta.</p>
<p class='parrafo'>Acerca de la primera, la exposición de motivos afirma que «se modifica el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, ampliando el plazo para la presentación de solicitud de suscripción de convenio especial hasta el 31 de diciembre de 2014 y el número máximo de mensualidades en que se puede efectuar el pago fraccionado del convenio especial». Por su parte, la memoria señala que la reforma responde «al objeto de dotar de mayor flexibilidad, dada la actual situación económica, a las condiciones de suscripción del convenio especial previsto en su disposición adicional primera para las personas que, con anterioridad a la entrada en vigor del citado real decreto, hubieran participado en programas de formación, cuyo plazo de solicitud ha expirado el 31 de diciembre de 2012. Así, con esta modificación se amplía el plazo para solicitar la suscripción de dicho convenio especial y se aumenta el número de mensualidades en las que puede fraccionarse su pago». Más adelante, la misma memoria, señala que estas razones «justifican su inclusión en el Real Decreto-ley».</p>
<p class='parrafo'>Sobre la disposición final sexta afirma la exposición de motivos que «[l]as disposiciones finales quinta y sexta establecen diversas modificaciones técnicas del Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social y del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo». En el debate de convalidación nada se dijo acerca de esta norma. La memoria de impacto normativo alude a que la norma responde a la necesidad de atribuir, en el ámbito provincial, la competencia para sancionar determinadas infracciones graves, señalando posteriormente que «[p]arece conveniente incorporar al texto del real Decreto-ley la modificación de esta norma procedimental, a fin de solventar la indefinición competencial indicada, máxime cuando en el mismo se introducen algunas modificaciones en la propia Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social incorporándose dos nuevos tipos de infracciones».</p>
<p class='parrafo'>De nuevo, en el presente caso nada hay que indique que la regulación introducida trate de dar respuesta a una situación de naturaleza excepcional o constituya una necesidad urgente, hasta el punto de que su efectividad no pueda demorarse durante el tiempo necesario para permitir su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario sin hacer quebrar la efectividad de la acción requerida, bien por el tiempo a invertir o por la necesidad de inmediatez de la medida. Tampoco en momento alguno se ha justificado, ni a ellos se ha aludido siquiera, cuáles podrían ser los perjuicios u obstáculos que para la consecución de los objetivos perseguidos se seguirían de la tramitación de la modificación normativa que lleva a cabo el precepto recurrido por el procedimiento legislativo parlamentario (STC 137/2011, FJ 7).En la exposición de motivos de la norma y en la memoria se explica el contenido de las medidas y, todo lo más, las razones que llevan al Gobierno a adoptarlas, pero no hay elemento alguno que permita a este Tribunal inferir la urgencia en su adopción. Lo que ahora importa no son las medidas adoptadas, sino que la concurrencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad, habilitante de la legislación de urgencia, haya sido efectivamente acreditada. No se ha cumplido, por tanto, el requisito constitucional de la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad que exige como presupuesto habilitante el artículo 86.1 CE.</p>
<p class='parrafo'>Consecuentemente, las disposiciones finales cuarta y sexta del Real Decreto-ley 5/2013 son inconstitucionales y nulas.</p>
<p class='parrafo_2'>10. Llegados a este punto, todavía debemos examinar el segundo motivo de inconstitucionalidad planteado por los recurrentes.</p>
<p class='parrafo'>Estos alegan la vulneración de la prohibición de afectación de los derechos regulados en el título I CE, afirmando que el Real Decreto-ley 5/2013 y, en particular, sus previsiones sobre la jubilación anticipada de los artículos 6 y 7, afectan a aspectos sustanciales de la regulación del derecho de acceso a las prestaciones de la Seguridad Social, en cuanto que regula la edad de acceso a la pensión y el número de años cotizados que se exigen para ello, contraviniendo con ello la prohibición del artículo 86.1 CE por cuanto se estaría afectando al derecho a las prestaciones de la Seguridad Social que consagra el artículo 41 CE.</p>
<p class='parrafo'>A este argumento se ha opuesto el Abogado del Estado señalando que el derecho a la Seguridad Social del artículo 41 CE es un derecho de configuración legal, lo que permite al legislador modularlo en atención a las circunstancias económicas o sociales de cada momento, sin que exista pronunciamiento del Tribunal Constitucional que restrinja el recurso al decreto-ley para regular las materias incluidas en el capítulo I del título III CE.</p>
<p class='parrafo'>Este segundo motivo de inconstitucionalidad ha de ser desestimado en atención a la doctrina de la STC 139/2016, de 21 de julio, FJ 6, en la que se examinaba una queja relacionada con la infracción de los límites materiales del decreto-ley en relación con el artículo 43 CE. En su examen concluimos que «[e]l precepto constitucional se ubica entre los principios rectores de la política social y económica, los cuales, formalmente, disfrutan de las garantías previstas en el art. 53.3 CE, por lo que su reconocimiento, respeto y protección «informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos», estatales y autonómicos. Asimismo, sólo se pueden alegar ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo dispuesto en las leyes que los desarrollen. Atendiendo, por tanto, a su ubicación sistemática, el artículo 43 CE se configura como un principio rector, razón por la que carece de contenido constitucionalmente esencial que pueda ser afectado por la legislación de urgencia».</p>
<p class='parrafo'>Esas mismas razones son predicables del artículo 41 CE, que ahora se ve afectado por la regulación del Real Decreto-ley 5/2013, ya que el precepto impone un mandato a los poderes públicos que, dada su ubicación sistemática en el texto constitucional, no impide su regulación mediante el recurso a la legislación de urgencia.</p>
<p class='parrafo_2'>11. En último término y para precisar el alcance de la presente Sentencia, hay que señalar que la nulidad que, como regla y de acuerdo con el artículo 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sigue a un pronunciamiento de inconstitucionalidad, debe ser matizada en este caso concreto. En efecto, debemos limitar los efectos de las anteriores declaraciones de inconstitucionalidad y nulidad de parte de los preceptos del Real Decreto-ley 5/2013, en el sentido de que no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas. Entre las situaciones consolidadas que han de considerarse no susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad que ahora declaramos figuran no sólo aquellas decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada (art. 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), sino también, por exigencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), las establecidas mediante actuaciones administrativas firmes (SSTC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 11; 180/2000, de 29 de junio, FJ 7; 54/2002, de 27 de febrero, FJ 9: 27/2012, de 1 de marzo, FJ 10; 86/2013, de 11 de abril, FJ 5, y 206/2013, de 5 de diciembre, FJ 3).</p>
<p class='centro_redonda'>FALLO</p>
<p class='parrafo_2'>En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,</p>
<p class='centro_redonda'>Ha decidido</p>
<p class='parrafo_2'>1.º Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad, con los efectos indicados en el fundamento jurídico 11, de las disposiciones adicionales sexta, séptima y octava; disposición transitoria única y disposiciones finales primera.1, 2, 3 y 4; segunda; cuarta; sexta y octava.</p>
<p class='parrafo_2'>2.º Desestimar el recurso en todo lo demás.</p>
<p class='parrafo_2'>Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dada en Madrid, a siete de junio de dos mil dieciocho.–Juan José González Rivas.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.</p>
<p class='centro_cursiva'>Voto particular que formulan los Magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la Magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón respecto de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 3688-2013</p>
<p class='parrafo_2'>En ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y con pleno respeto a la opinión de la mayoría del Pleno, formulamos el presente Voto particular para expresar nuestra discrepancia con la fundamentación jurídica y el fallo de la presente Sentencia, que estima solo parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido contra el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.</p>
<p class='parrafo'>Nuestra discrepancia estriba en el análisis de las justificaciones que relacionan la extraordinaria y urgente necesidad del Real Decreto-ley con el transcurso del plazo de suspensión de la entrada en vigor de la regulación contenida en la Ley 27/2011. Tanto el preámbulo del Real Decreto-ley como el miembro del Gobierno que defendió la norma en el trámite de convalidación parlamentaria se refieren al transcurso de dicho plazo como justificación principal (preámbulo) o, incluso, única (tramite de convalidación) de la concurrencia de la causa de extraordinaria y urgente necesidad. La Sentencia considera que esa justificación es suficiente para acreditar el cumplimiento del presupuesto habilitante exigido por el artículo 86.1 CE con respecto al contenido principal del Real Decreto-Ley impugnado (arts. 1 a 9, relativos a la jubilación anticipada y parcial), aunque no para las normas incluidas en determinadas disposiciones adicionales y finales y la transitoria única, respecto a las cuales nada se dice en el preámbulo de la norma, en la intervención de la Ministra que la defendió en el Congreso o durante el procedimiento de elaboración.</p>
<p class='parrafo'>Para exponer por qué no compartimos esa conclusión, conviene que comencemos examinando el origen del referido plazo de suspensión. La entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, estaba prevista para el 1 de enero de 2013 (disposición final duodécima). Sin embargo, el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social (publicado en el «BOE» de 31 de diciembre de 2013) suspendió durante tres meses la aplicación de los preceptos de la Ley 27/2011 relativos a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial (disposición adicional primera).</p>
<p class='parrafo'>Del preámbulo del Real Decreto-ley 29/2012 se desprende que la razón de la suspensión parcial de la aplicación de la Ley 27/2011 fue la de evitar que entrara en vigor una regulación –relativa a la jubilación anticipada y parcial– que se consideraba que poco después tendría que ser modificada y adaptada en consonancia con el contenido de nuevos informes técnicos y diversas propuestas de reforma que debían ser debatidas en el seno del foro llamado «Pacto de Toledo» y en la comisión parlamentaria de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. En suma, la suspensión respondía al deseo de evitar la aplicación de unas disposiciones legales condenadas a ser modificadas en un breve plazo y, a la vez, a la necesidad de dar tiempo para que las modificaciones necesarias fueran debatidas y promulgadas.</p>
<p class='parrafo'>Por lo que respecta al Decreto-ley impugnado, su preámbulo destaca que «las medidas adoptadas en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, resultaban insuficientes para garantizar la viabilidad del sistema en el largo plazo, al permitir un alejamiento paulatino entre la edad legal de jubilación y la edad a la que es posible acceder a una jubilación anticipada, y favorecer, en determinadas ocasiones, las decisiones de abandono temprano del mercado laboral», y que «ante la inminente finalización del plazo de suspensión mencionado, el 31 de marzo de 2013, procede efectuar las modificaciones con anterioridad a dicha fecha, lo que justifica las razones de extraordinaria y urgente necesidad para su realización a través del presente real decreto-ley».</p>
<p class='parrafo'>Por su parte, en el debate parlamentario de convalidación la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en nombre del Gobierno, indicó que el Decreto-ley impugnado contenía «una reforma necesaria que constituye un nuevo avance en la sostenibilidad y la coherencia de nuestro sistema público». Señaló también que se trataba de reforzar la situación del sistema de pensiones de cara a los desafíos demográficos a los que se enfrenta; que el decreto-ley nacía del compromiso de cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo; que se habían recabado informes técnicos, realizados en octubre de 2012 y debatidos en la comisión del Pacto de Toledo entre noviembre de 2012 y marzo de 2013; que se habían realizado numerosas reuniones con diferentes actores políticos y sociales, así como en particular jornadas de estudio sobre la compatibilidad entre salario y pensión, en las que habían participado numerosos técnicos, profesionales y académicos.</p>
<p class='parrafo'>En nuestra opinión, ninguna de las razones apuntadas reviste los rasgos caracterizadores de una situación de extraordinaria y urgente necesidad en los términos de nuestra jurisprudencia. Como recordamos en la STC 68/2007, «aun habiendo descartado que la utilización por el Gobierno de su potestad legislativa extraordinaria deba circunscribirse a situaciones de fuerza mayor o de emergencia, es lo cierto que hemos exigido la concurrencia de ciertas notas de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinen la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia». Ello no parece concurrir, sin embargo, en el caso ahora analizado, como, por otra parte, pone de relieve la propia intervención del Gobierno en el debate parlamentario de convalidación. En efecto, en dicho debate la Ministra de Empleo y Seguridad Social, al presentar en nombre del Gobierno los objetivos y finalidades de la norma cuya convalidación solicitaba y el escenario en que la misma se insertaba, no describió una situación económica, social o de otro tipo que, de algún modo, pudiera identificarse con las notas de gravedad y excepcionalidad a las que hemos hecho referencia. Tras recordar que la reforma de las pensiones de 2011 supuso «un avance en materia de sostenibilidad», consideró que el sistema «goza de buena salud» aunque «necesita de ajustes periódicos». Señaló asimismo que la reforma de 2011 no había sido suficiente en determinados aspectos y que el Gobierno había abordado «el necesario refuerzo de la sostenibilidad de nuestro sistema desde el primer momento de la legislatura». En concreto señaló que la reforma de la jubilación anticipada y parcial que se había hecho en 2011 presentaba «algunas distorsiones»: una de las distorsiones que se explicitan se relaciona con la posibilidad de utilizar incorrectamente la jubilación parcial como modalidad de acceso a la jubilación anticipada; otra, con la falta de regulación de la compatibilidad entre trabajo y pensión; y la última, con la incorporación de mayores niveles de contributividad para la jubilación anticipada y la fijación de coeficientes reductores naturales.</p>
<p class='parrafo'>La reforma del sistema de pensiones y, más limitadamente, de determinados aspectos de la normativa reguladora de la jubilación anticipada y parcial abordada mediante el Real Decreto-ley impugnado responde por tanto, más que a una actuación de urgencia para hacer frente a una evolución imprevista de los factores demográficos y a una problemática emergente y extraordinaria en los ámbitos económico y de Seguridad Social, a una exigencia de mejor adaptación de la regulación existente al interés general, como expresamente reconoce la Sentencia de la que disentimos.</p>
<p class='parrafo'>En esencia, la única razón que ha apuntado el miembro del Gobierno para justificar la urgencia de la aprobación del Decreto-ley impugnado es el vencimiento del plazo de tres meses de suspensión de la aplicación de la regulación anterior. Razón que da por buena la Sentencia de la que discrepamos, afirmando que «esta reforma debía acometerse en un plazo tasado» para «la mejor adecuación a las exigencias de sostenibilidad del sistema» que era «el objetivo que persigue el Gobierno». Junto a esa finalidad, la Sentencia añade «la pretensión de obtener un tratamiento coherente y uniforme de las modificaciones normativas propuestas así como la coordinación de sus efectos».</p>
<p class='parrafo'>En nuestra opinión, ni la finalización del plazo de suspensión de una norma legal vigente ni la mejor adaptación de la regulación existente al interés general ni la consecución de un tratamiento coherente y uniforme de las modificaciones normativas propuestas o la coordinación de sus efectos, pueden considerarse aisladamente o en conjunto una situación caracterizada de la excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinen la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve. En efecto, ello no significaba la existencia de un vacío normativo que fundamentase la necesidad de una apremiante actuación legislativa en esta materia, ni un obstáculo a la aplicación de los preceptos suspendidos de una norma legal vigente.</p>
<p class='parrafo'>Se trataba, en definitiva, únicamente de introducir modificaciones en el sistema de pensiones que reforzaran su sostenibilidad en el largo plazo, modificaciones que se abordaban desde una situación de relativa normalidad del sistema de pensiones al que la propia Ministra atribuía «una buena salud». Esta percepción sobre la finalidad básica de la norma analizada y sobre la situación en la que la misma se inserta, que «responde más al esquema propio de los tratamientos continuados preventivos y de acompañamiento que al de las acciones quirúrgicas de emergencia» (STC 68/2007, FJ 10), es coherente, desde luego, con los objetivos que el propio preámbulo de la norma afirma perseguir –garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, favorecer el alargamiento de la vida activa, aprovechar en mayor medida los conocimientos y experiencia de los trabajadores mayores– y no hace sino proseguir el proceso continuado de reformas legales, dirigidas todas ellas a finalidades idénticas o similares, desarrollado en las últimas décadas en materia de Seguridad Social, desde la firma del trascendental Pacto de Toledo en 1995 y su renovación en 2003. Es claro que la realidad misma sobre la que actúan las disposiciones reguladoras del sistema de pensiones exige una acción de permanente adaptación a la evolución de los factores demográficos y sociales que la conforman. Pero tal necesidad de adaptación no es coyuntural, sino estructural, y salvo en situaciones especialmente cualificadas por notas de gravedad, imprevisibilidad o relevancia, no alcanza por sí misma a satisfacer el cumplimiento de los estrictos límites a los que la Constitución ha sometido el ejercicio del poder legislativo del Gobierno.</p>
<p class='parrafo'>Es cierto que, como destaca la propia Sentencia en su fundamento jurídico 4, este Tribunal ha declarado que la circunstancia de que un decreto-ley pretenda afrontar una situación de carácter estructural y no coyuntural no es suficiente para apreciar que no se ha hecho un uso constitucionalmente adecuado de la figura del decreto-ley, puesto que, aun configurándose como un instrumento normativo constitucionalmente apropiado ante problemas o situaciones coyunturales, no cabe excluir en principio y con carácter general su uso ante problemas o situaciones estructurales (SSTC 31/2011, FJ 4; y 137/2011, FJ 7).</p>
<p class='parrafo'>No obstante, aunque haya descartado que la utilización por el Gobierno de su potestad legislativa extraordinaria deba circunscribirse a situaciones de fuerza mayor o de emergencia, este Tribunal ha exigido la concurrencia de ciertas notas de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinen la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia (SSTC 68/2007, FJ 10; y 137/2011, FJ 7).</p>
<p class='parrafo'>Pues bien, en este caso, el Gobierno, al que le corresponde acreditar la concurrencia del presupuesto habilitante del decreto-ley, nada ha dicho en el preámbulo, ni nada dijo tampoco la Ministra de Empleo y Seguridad Social en el trámite de convalidación parlamentaria del Real Decreto-ley, sobre la necesidad y la urgencia de corregir las distorsiones diagnosticadas en la regulación de la jubilación anticipada y parcial precisamente mediante las medidas incluidas en la norma impugnada. Nada ha alegado tampoco sobre la necesidad de una acción normativa inmediata, como la llevada a cabo a través del Decreto-ley impugnado, en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia, sin que tampoco en momento alguno se haya justificado, ni a ellos se haya aludido siquiera, cuáles podrían ser los perjuicios u obstáculos que para la consecución de los objetivos perseguidos se seguirían de la tramitación de la modificación normativa que lleva a cabo el precepto recurrido por el procedimiento legislativo parlamentario (STC 137/2011, FJ 7).</p>
<p class='parrafo'>Como señala la propia Sentencia en el fundamento jurídico 4, la valoración de la extraordinaria y urgente necesidad de una medida puede ser independiente de su imprevisibilidad e, incluso, de que tenga su origen en la previa inactividad del propio Gobierno siempre que concurra efectivamente la excepcionalidad de la situación, pues «lo que aquí debe importar no es tanto la causa de las circunstancias que justifican la legislación de urgencia cuanto el hecho de que tales circunstancias efectivamente concurran» (STC 11/2002, de 17 de enero, FJ 6). Sin embargo, como hemos indicado, en el presente caso nada hay que indique que la regulación introducida trate de dar respuesta a una situación de naturaleza excepcional o constituya una necesidad urgente, hasta el punto de que su efectividad no pueda demorarse durante el tiempo necesario para permitir su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario sin hacer quebrar la efectividad de la acción requerida, bien por el tiempo a invertir o por la necesidad de inmediatez de la medida. Antes bien, por las razones dichas, si algo despunta en la regulación controvertida es que la misma se inserta en el esfuerzo continuado de los órganos políticos por garantizar el sistema de pensiones y, al cabo, por asegurar su sostenibilidad en el largo plazo. Así lo pone de manifiesto la intervención de la Ministra de Empleo y Seguridad Social en el trámite de convalidación parlamentaria, quien subraya no solo el compromiso gubernamental desde el inicio de la legislatura por reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino muy especialmente la pluralidad de acciones preparatorias, durante un plazo de más de medio año, de las medidas incluidas en el Decreto-ley impugnado: la encomienda al servicio jurídico de la Seguridad Social, ya en el verano de 2012, de una jornada de estudio sobre la compatibilidad entre salario y pensión; la existencia de informes técnicos desde octubre de 2012; el debate de tales informes en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo durante varios meses (desde noviembre de 2012 a marzo de 2013); y la realización de 15 reuniones de trabajo con diferentes grupos parlamentarios y agentes sociales.</p>
<p class='parrafo'>Así pues, tal esfuerzo y objetivo continuado, que son por cierto los mismos a los que responde la ley parcialmente modificada por el Decreto-ley impugnado (la Ley 27/2011, de 1 de agosto), no es, como también se ha observado, coyuntural sino estructural y, en consecuencia, en defecto de la existencia de una situación especialmente cualificada por las notas de gravedad, imprevisibilidad o relevancia, no alcanza por sí misma a satisfacer el cumplimiento de los estrictos límites a los que la Constitución ha sometido el ejercicio del poder legislativo del Gobierno.</p>
<p class='parrafo'>En suma, a la vista de las circunstancias concurrentes y de las razones expuestas, en el presente caso era forzoso concluir que el Gobierno no aportó una justificación suficiente que permitiera apreciar la existencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad requerido por el artículo 86.1 CE para el uso de la legislación de urgencia en relación con el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo. La constatación del incumplimiento del primer elemento que integra el presupuesto habilitante obligaba a estimar íntegramente el presente recurso de inconstitucionalidad, es decir, no solo para las normas incluidas en determinadas disposiciones adicionales y finales y la transitoria única del Real Decreto-ley, sino para la totalidad de su regulación, sin necesidad de examinar el cumplimiento del segundo elemento, esto es, la existencia de la necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y las medidas concretas adoptadas para subvenir a ella.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, a siete de junio de dos mil dieciocho.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.</p>
</texto>
</documento>
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Sat Jul 07 10:58:43 +0000 2018
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ECLI:ES:TC:2018:61.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 3688-2013, promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista contra el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. Ha intervenido el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Alfredo Montoya Melgar, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Con fecha 13 de junio de 2013, doña Virginia Aragón Segura, comisionada por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.
2. En el escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad se aducen dos motivos de inconstitucionalidad:
a) El primer motivo se refiere a la ausencia de extraordinaria y urgente necesidad como presupuesto habilitante para la aprobación del Real Decreto-ley 5/2013. Los recurrentes sostienen que el análisis y la constatación de la no concurrencia del presupuesto habilitante pueden hacerse en dos planos, distinguiendo a tal efecto las circunstancias en las que genéricamente se ampararía el Real Decreto-ley en su conjunto de aquellas otras que específicamente habilitarían las medidas individuales.
En cuanto al primer plano se afirma que la única justificación de la extraordinaria y urgente necesidad del conjunto de la norma adoptada se ofrece en la memoria de análisis de impacto normativo y que allí solo se contienen afirmaciones genéricas, abstractas y formuladas en términos tales que serían de aplicación a cualquier tipo de reforma legislativa que tuviese algún contenido de impacto económico. Así se apela a «circunstancias difíciles» o «coyunturas económicas» que exigen una respuesta normativa inmediata. Los recurrentes subrayan que, si bien la norma adoptada contiene un conjunto de medidas con un impacto presupuestario reflejado en la memoria del Real Decreto-ley y, por tanto, dirigidas a reducir el gasto en pensiones como fórmula adecuada para garantizar la sostenibilidad del sistema, el Gobierno no invoca que el sistema de Seguridad Social esté sufriendo tensiones financieras desde hace años, como consecuencia de la caída del número de afiliados. Los recurrentes señalan que las medidas previstas tienen una vocación de proyección en el largo plazo poco compatible con la naturaleza del decreto-ley y, sobre todo, que su impacto presupuestario es muy reducido en el corto plazo, lo que no permitiría justificar una excepción al procedimiento legislativo ordinario y mucho menos al de urgencia.
Como pruebas de la limitación de efectos presupuestarios en el corto plazo se aducen dos ejemplos. Por un lado, el régimen transitorio que se establece en materia de pensión de jubilación (art. 8 del Real Decreto-ley 5/2013) y que afecta a la medida más importante de la norma, la novedosa regulación sobre jubilación anticipada y jubilación parcial: sus nuevas previsiones no tendrán plenos efectos hasta 2019. Por otro lado, el nuevo régimen de compatibilidad entre pensión y trabajo: aunque en este caso las estimaciones de la memoria de análisis de impacto normativo son más cercanas en el tiempo, pecan de optimismo y son, en cualquier caso, insignificantes en términos presupuestarios a efectos de la sostenibilidad del sistema de pensiones en el largo plazo.
A juicio de los recurrentes, incluso aceptando que se trata de dar respuesta a «coyunturas económicas problemáticas» que exigen una respuesta normativa, difícilmente puede justificarse que tal respuesta deba ser inmediata o simplemente más rápida que la que se obtendría recurriendo al procedimiento legislativo de urgencia. Además de que el deseo de inmediatez del Gobierno «no constituye en sí mismo una razón en términos de justificación constitucional» (STC 68/2007), se trataría de un supuesto de inidoneidad constitucional material por la falta de conexión de sentido entre la situación definida por el Gobierno y las medidas adoptadas (SSTC 68/2007, 31/2011, 1/2012 y 39/2013).
A continuación, el escrito de interposición indaga si, más allá de las razones formales explicitadas, existen razones materiales específicas que acrediten la concurrencia del presupuesto habilitante. Sostiene que la exposición de motivos, la memoria de análisis de impacto normativo y la intervención de la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social en el debate de convalidación en el Congreso de los Diputados ponen claramente de manifiesto la preocupación del Gobierno por la viabilidad del sistema de Seguridad Social en el largo plazo como consecuencia del impacto demográfico del envejecimiento de la población. Por ello, afirma que, si con carácter general, el Gobierno ha optado por hacer frente a esa situación en el largo plazo a través del establecimiento del denominado factor de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y, para ello, ha procedido a designar una comisión de expertos para que formule una propuesta de implementación que pueda ser elevada posteriormente al Pacto de Toledo antes del trámite parlamentario, debe ser porque para el propio Gobierno no concurre una urgencia tan elevada que exigiese no someterse a tales trámites previos. A juicio de los recurrentes, mayor impacto y efectos sobre el conjunto del sistema tendrían esas otras medidas y mucho menor alcance las adoptadas por medio del Real Decreto-ley 5/2013.
Por otro lado, se considera que la explícita vocación «de largo plazo» del Real Decreto-ley denota una dimensión estructural, no coyuntural, un rasgo que solo excepcionalmente resulta compatible con la figura del decreto-ley. De la jurisprudencia constitucional se extrae la idea de que una necesidad de adaptación estructural «no alcance por sí misma a satisfacer el cumplimiento de los estrictos límites a los que la Constitución ha sometido el ejercicio del poder legislativo del Gobierno», con la única salvedad de que se trate de situaciones especialmente cualificadas por «notas de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinen la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia» (SSTC 68/2007, de 28 de marzo, y 137/2011, de 14 de septiembre; en el mismo sentido, SSTC 11/2002, de 17 de enero; 137/2003, de 3 de julio; 237/2012, de 13 de diciembre, y 51/2013, de 28 de febrero). A este respecto recuerda la apreciación de este Tribunal de que «lo contrario supondría excluir prácticamente en bloque del procedimiento legislativo parlamentario el conjunto de la legislación laboral y de Seguridad Social, lo que obviamente no se corresponde con nuestro modelo de distribución de poderes».
En cuanto al segundo plano antes indicado, el escrito de interposición analiza el esfuerzo justificativo desplegado en el apartado V de la exposición de motivos en relación con diversas previsiones de la Ley: las relativas a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial, contempladas en los capítulos II (arts. 5 a 8) y III (art. 9); a los cambios en la regulación de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo (capítulo I, arts. 1 a 4, junto a las disposiciones primera, segunda y tercera); a las modificaciones introducidas en el régimen de aportaciones económicas en los despidos colectivos para evitar la discriminación de los trabajadores de más edad (art. 10, dentro del capítulo IV); a algunas de las medidas introducidas por la disposición final primera que afectan a la Ley general de Seguridad Social (LGSS); y a las medidas previstas en la disposición final segunda.
Los recurrentes destacan dos aspectos. El primero es que la exposición de motivos no ofrece justificación alguna para tres cambios normativos recogidos en la disposición final primera que afectan a sendos aspectos regulados en la Ley general de Seguridad Social: entre otros, la previsión del art. 215.1.3 LGSS. Respecto de estas concretas materias, la ausencia absoluta de justificación por parte de la exposición de motivos y de los documentos complementarios, determina un incumplimiento total de las exigencias señaladas por la jurisprudencia constitucional. Se subraya que, dado que la razón genérica que justifica el conjunto de la norma es débil o inexistente, un número apreciable de disposiciones adicionales y finales, con contenido autónomo respecto a los anteriores, carecen de presupuesto habilitante.
El segundo aspecto es la laxa justificación de algunas de las medidas: así la vaga justificación de los cambios introducidos en la determinación de las aportaciones económicas en los supuestos de despido de trabajadores mayores. En particular se analiza con detenimiento el argumento de la proximidad del 31 de marzo de 2013, fecha de vencimiento del plazo de suspensión de la regulación de la jubilación anticipada y parcial, como justificación de la extraordinaria y urgente necesidad del decreto-ley. Se subraya que esa nueva regulación es la modificación más relevante introducida por la norma y que el posible agotamiento de ese plazo constituye el presupuesto que habilita, directa o indirectamente, el grueso de medidas del Real Decreto-ley. De ahí la trascendencia de la denuncia de la falta de concurrencia de urgencia y de extraordinaria necesidad.
A juicio de los recurrentes, la constatación de la falta de urgencia en relación con la proximidad del 31 de marzo de 2013 debe partir de una doble consideración previa: la vocación de largo plazo del Real Decreto-ley 5/2013 como iniciativa dirigida a hacer frente al envejecimiento de la población y así garantizar la sostenibilidad futura del sistema de Seguridad Social; y el reconocimiento, en la propia exposición de motivos, de que la regulación sobre jubilación anticipada y parcial de la Ley 27/2011, que se modifica, estaba bien orientada. Pues bien, la Ley 27/2011 tomó en consideración las mismas circunstancias que determinaron una acción de reforma legislativa y esta reforma se hizo por la vía de la legislación ordinaria, sin que el actual Gobierno justifique hechos sobrevenidos y diferentes que determinen una necesidad de actuación por vía de urgencia. La urgente necesidad es algo más que la ventaja de la rapidez y la oportunidad de actuar inmediatamente.
Los recurrentes aducen tres razones fundamentales para descartar la urgencia en conexión con la proximidad del 31 de marzo de 2013. En primer lugar, esta fecha procede del Real Decreto-ley 29/2012, de 29 de diciembre, que suspendió la regulación sobre la jubilación anticipada y parcial de la Ley 27/2011 hasta entonces. Esos tres meses habrían permitido la tramitación de esos cambios a través del procedimiento legislativo de urgencia. En segundo lugar, el Gobierno contaba con una solución alternativa, extender la suspensión más allá del 31 de marzo de 2013. Dado que el Real Decreto-ley 29/2012 no justifica esa fecha, más allá de dar a entender que es el tiempo necesario para aprobar una regulación más satisfactoria, y que tampoco el Real Decreto-ley 5/2013 acredita cuál es el perjuicio que produciría el incumplimiento del plazo, el alargamiento de la suspensión podría haber sido contemplado como fórmula menos «excepcional» y más respetuosa con el procedimiento legislativo que la modificación de la regulación a través de un decreto-ley. En tercer lugar, el agotamiento del plazo del 31 de marzo no iba a producir ningún vacío normativo, sino que habría dado lugar a la entrada en vigor de la regulación prevista por la Ley 27/2011. Como se señaló en la STC 31/2011, de 17 de marzo, «la inexistencia de un vacío normativo que fundamentase la necesidad de una apremiante actuación legislativa… supone… una contradicción con el uso del Decreto-ley». En el presente caso no se acredita cuál es el perjuicio derivado de la entrada en vigor de tal regulación –que fue un aspecto clave en el ATC 239/2012, de 12 de diciembre– más allá del inconveniente que supondría la aplicación de normas consecutivas sobre la misma materia en un breve espacio de tiempo. Por todo ello, se concluye en la artificiosidad de la razón de urgencia derivada del agotamiento del plazo del 31 de marzo de 2013.
Los recurrentes también descartan la concurrencia del otro componente del presupuesto de hecho habilitante, la extraordinaria necesidad. Aunque admiten que la imprevisibilidad no es imprescindible para poder apreciarla, no quieren pasar por alto que en este caso la necesidad era particularmente previsible, lo que debe hacer más estricta la exigencia de excepcionalidad. Y lo que a juicio de los recurrentes es más importante: no se acreditan cuáles serían los efectos negativos, los perjuicios graves por excepcionales, que llevaría aparejada que la entrada en vigor de la nueva regulación sobre jubilación anticipada y parcial se demorara unas semanas, como mucho unos meses, en el caso de que la iniciativa se hubiera tramitado como un proyecto de ley, por el procedimiento ordinario o de urgencia, en lugar de recurrir a la más expeditiva vía del decreto-ley. Al igual que sucedía en la STC 137/2011, de 14 de septiembre, en el caso del Real Decreto-ley 5/2013 no sólo es que nada se haya alegado sobre la necesidad, sino «que tampoco en momento alguno se [han] justificado, ni a ellos se [ha] aludido siquiera, cuáles podrían ser los perjuicios que para la consecución de los objetivos perseguidos se seguirían de la tramitación de la modificación normativa que lleva a cabo el precepto recurrido por el procedimiento legislativo parlamentario».
A lo anterior los recurrentes añaden tres observaciones sobre el carácter no extraordinario de la necesidad de introducir la nueva regulación sobre jubilación anticipada y parcial. Primera, tal como argumenta la exposición de motivos del Real Decreto-ley 5/2013, las previsiones de la Ley 27/2011 cuya entrada en vigor se suspende tres meses podrían en su caso resultar «insuficientes», pero en ningún caso dañinas o perjudiciales. Segunda, esa misma regulación constituía un avance con respecto a la anteriormente vigente. Y tercera, los efectos buscados se proyectan en el largo plazo, por lo que carecería de relevancia desde esta perspectiva que la tramitación del nuevo régimen se demorara unas semanas o unos meses. Por todo ello, se concluye que el Gobierno hace una utilización abusiva del decreto-ley, pues no concurre ninguno de los dos elementos que conforman el presupuesto de hecho habilitante de esa figura según el artículo 86 CE.
Los recurrentes finalizan con otras dos reflexiones. De una parte, sostienen que en la valoración sobre la concurrencia o no de la extraordinaria y urgente necesidad no debería ser indiferente el contenido de las medidas del decreto-ley de que se trate: si a través de él se recortan derechos o al menos se frustran legítimas expectativas –como hace el Real Decreto-ley 5/2013–, y si la regulación modificada está avalada por el consenso sobre el que se construye la reforma de 2011, parece razonable defender que la exigencia de ese requisito debe ser más estricta. De otra parte, la decisión del grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno de rechazar en solitario la tramitación del Real Decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia no puede considerarse más que como una manifestación de actitud cerrada al diálogo. Esta búsqueda de puntos de encuentro, siempre deseable, es necesaria particularmente en materia de pensiones, pues como recuerda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, «cualquier ajuste en el sistema de pensiones» que no se lleve «a cabo de manera gradual, prudente y medida… podría poner en peligro la paz social, la previsibilidad del sistema y de la seguridad jurídica» (STEDH de 17 de febrero de 2011, Andrle c. República Checa).
b) El segundo motivo de impugnación se refiere a la vulneración de la prohibición de afectación de los derechos regulados en el título I de la Constitución. Los recurrentes sostienen que el Real Decreto-ley 5/2013 y, en particular, las previsiones relativas a las jubilaciones anticipada y parcial (arts. 6 y 7) vulneran esa prohibición constitucional al afectar a aspectos sustanciales de la regulación del derecho de acceso a las prestaciones de la Seguridad Social reconocidos en el artículo 41 CE.
Los recurrentes reconocen que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado expresamente acerca de si la limitación material del artículo 86.1 CE resulta también aplicable al capítulo III –siempre dentro del título I– o, al menos, a algunas de las previsiones allí contenidas. Sin embargo, consideran que existen dos razones para entender que las restricciones materiales del decreto-ley también juegan en este sentido. La primera es el propio tenor literal del artículo 86.1 CE, que genéricamente se refiere al título I, a los «derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados» en el mismo. La segunda es que el Tribunal Constitucional no sólo no ha descartado que los derechos del capítulo III estén sujetos a esa prohibición, sino que implícitamente lo ha admitido. Al interpretar la prohibición de «afectación» del artículo 86.1 CE, la STC 111/1983, de 2 de diciembre, insta a tener «muy en cuenta la configuración constitucional del derecho afectado en cada caso, e incluso su colocación en el texto constitucional dentro de las diversas secciones y capítulos de su título I, dotados de mayor o menor rigor protector a tenor del artículo 53 de la CE». Los recurrentes deducen de ello que la aplicación de la limitación del artículo 86.1 CE al capítulo III dependerá de si el precepto afectado reconoce o no un derecho, deber o libertad.
Para los recurrentes, la Constitución reconoce en el artículo 41 un auténtico derecho a la Seguridad Social. Sin utilizar el término «derecho», establece un mandato a los poderes públicos de mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social. Esta comprensión de la Seguridad Social como un derecho constitucional se ve reforzada por su estrecha conexión con otros preceptos constitucionales de indudable trascendencia, así como por la normativa internacional y supranacional, con arreglo al artículo 10.2 CE. En cuanto a la normativa internacional y supranacional, citan el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 12 de la Carta Social Europea y el artículo 34 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En cuanto a la vinculación del artículo 41 CE con preceptos constitucionales esenciales, mencionan la proclamación del carácter social de nuestro Estado democrático (art. 1.1 CE), lo que implica la búsqueda de un orden social justo que tiene como piezas fundamentales la promoción de la igualdad (art. 9.2 CE) y el respeto de la dignidad de la persona (art. 10.1 CE). Se argumenta que la dignidad de la persona no solo comprende derechos inmateriales, sino también los derechos patrimoniales necesarios para garantizar una existencia digna (SSTC 113/1989, de 22 de junio, y 19/2012, de 15 de febrero; y SSTEDH de 22 de octubre de 2009, Apostolakis c. Grecia, y de 7 de julio de 2011, Stummer c. Austria), y que un presupuesto de la igualdad buscada por el artículo 9.2 CE es la cohesión social. Los recurrentes entienden que la doctrina constitucional que proclama la consagración de la Seguridad Social como función del Estado en forma de garantía institucional, «cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales» (SSTC 32/1981, 26/1987, 76/1988, 37/1994, 213/2005 y 128/2009, entre otras muchas), puede considerarse un reconocimiento del derecho constitucional a la Seguridad Social como parte del núcleo esencial del pacto social sobre el que se sustenta nuestro sistema democrático.
La segunda exigencia de la prohibición del artículo 86 CE es que el contenido del decreto-ley afecte a la configuración del derecho, lo que significa alterar el régimen general o los elementos esenciales del derecho, deber o libertad (SSTC 111/1983, 182/1997, 137/2003, 108/2004, 189/2005 y 100/2012). En atención a tres razones, los recurrentes sostienen que el Real Decreto-ley 5/2013 o, al menos, las previsiones relativas a la jubilación anticipada y, en su caso, parcial afectan a los elementos esenciales de la configuración del derecho de acceso a las prestaciones de la Seguridad Social. En primer lugar, porque la nueva regulación sobre la jubilación anticipada y parcial modifica los dos aspectos más relevantes del régimen jurídico de cualquier modalidad contributiva de jubilación: la edad de acceso a la pensión y el número de años cotizados que se exigen para ello. En segundo lugar, porque el 40 por 100 de las altas en jubilación que se producen cada año son anticipadas y casi una cuarta parte de ellas parciales. En tercer lugar, porque la nueva regulación supone «una alteración sustancial de la posición de los ciudadanos en el conjunto del sistema» de Seguridad Social que «afecta a la esencia» del derecho constitucional a la Seguridad Social que enuncia el artículo 41 CE (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, en cuanto que la analogía con el tipo de gravamen del impuesto de la renta de las personas físicas es evidente y 245/2004, de 16 de diciembre).
3. Por providencia de 9 de julio de 2013 el Pleno de este Tribunal, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso y dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el procedimiento y formular alegaciones. Asimismo se acordó publicar la incoación del procedimiento en el «Boletín Oficial del Estado».
4. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado el 19 de julio de 2013, se personó en el recurso en nombre del Gobierno, y solicitó una prórroga del plazo otorgado para formalizar el escrito de alegaciones. Por providencia de 22 de julio, el Pleno acordó incorporar a las actuaciones el escrito del Abogado del Estado, tenerlo por personado en la representación que ostenta y otorgarle una prórroga de ocho días respecto al plazo concedido por providencia de 20 de septiembre de 2011, a contar desde el siguiente al de expiración del ordinario.
5. Por escrito registrado el 25 de julio de 2013, el Presidente del Congreso de los Diputados notificó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento, de ofrecer su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC y de remitir la documentación a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General. Por escrito registrado el día 6 de septiembre de 2013, el Presidente del Senado notificó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento y de ofrecer su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC.
6. El 12 de septiembre de 2013 el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, formuló las siguientes alegaciones:
a) Por lo que respecta a la infracción del artículo 86.1 CE, comienza exponiendo la doctrina constitucional sobre el presupuesto habilitante (SSTC 329/2005, de 15 de diciembre, FJ 5; 332/2005, de 15 de diciembre, FFJJ 5 y ss.; 68/2007, de 28 de marzo, FJ 3; 137/2011, de 14 de septiembre, y 1/2012, de 13 de enero, FJ 6). Entrando en el análisis de la concurrencia del presupuesto habilitante en el Real Decreto-ley 5/2013, afirma que los órganos políticos han cumplido formalmente con la exigencia de exteriorizar las razones de la urgencia que legitiman la utilización de esta modalidad normativa: en la exposición de motivos (apartado V), en la memoria de impacto normativo y en el debate de convalidación.
El Abogado del Estado señala que, aunque la modificación de la regulación de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial es el eje del Real Decreto-ley, contiene también otras medidas cuya procedencia se razona. El análisis de la constitucionalidad del Real Decreto-ley no puede hacerse de manera global, sino distinguiendo, por una parte, las medidas asociadas a la reforma de la jubilación anticipada y parcial y, por otra parte, el resto de las previsiones.
Del contenido de la exposición de motivos, de la memoria de impacto normativo y del debate de convalidación, el Abogado del Estado extrae las siguientes razones a favor de la justificación material del Real Decreto-ley 5/2013 y de la conexión de sentido de sus preceptos con los presupuestos habilitantes:
– En cuanto al contenido más sustancial del Real Decreto-ley –la modificación de las previsiones de la Ley 27/2011–, la memoria lo justifica en que «no parecen adecuarse totalmente a las exigencias que impone el marco social y económico actual, por lo que resulta conveniente una reconsideración de sus contenidos, de manera que respondan a los objetivos que debe perseguir el establecimiento de mecanismos de acceso anticipado a la jubilación, en un contexto de envejecimiento de la población y de dificultades financieras del sistema de pensiones». Por ello, se modifica el capítulo II –arts. 5 a 7– de la regulación de las modalidades de jubilación parcial, así como la determinación del importe máximo de la pensión de jubilación cuando hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante. La norma impugnada razona que la extraordinaria y urgente necesidad es consecuencia de que los preceptos que se modifican de la citada Ley 27/2011 debieron entrar en vigor el 1 de enero de 2013, pero su aplicación fue suspendida durante tres meses por la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre. En la exposición de motivos y en la memoria se afirma que, dentro del citado plazo de tres meses, no era posible tramitar un proyecto de ley de la complejidad de la norma impugnada. Además, en la memoria se señala que se trata de evitar la existencia de normas consecutivas sobre la misma materia en un breve espacio de tiempo y la imposibilidad material de que las entidades gestoras de Seguridad Social tuviesen adaptados en esa fecha los procedimientos de gestión a los cambios que debían efectuarse. Por último, el Abogado del Estado argumenta que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha admitido que la situación de necesidad sea causada por la falta de diligencia del propio Gobierno y que, además, el Gobierno tiene el legítimo derecho a modificar las decisiones políticas anteriores.
– En cuanto a la regulación de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo (capítulo I de la norma), resulta necesaria desde el momento en que se aborda la reforma de la jubilación anticipada, tanto voluntaria como involuntaria, como de la jubilación parcial. Dadas estas modificaciones de las modalidades de acceso a la jubilación, en la memoria se afirma, como nueva razón en apoyo de la procedencia del decreto-ley, «la conveniencia de que se pongan a disposición de los interesados, simultáneamente, en un mismo texto legal todas las alternativas para pasar de la vida activa a la condición de pensionista de jubilación, incluyendo la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo».
– Asimismo, el Gobierno ha considerado obligado regular mediante decreto-ley las modificaciones en relación con las modalidades de jubilación anticipada, voluntaria e involuntaria, y parcial anunciadas en el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, y que justificaron que se suspendiera durante tres meses la entrada en vigor de las previstas en la Ley 27/2011, de 1 de agosto. Lo reducido del plazo dado para la modificación legal prevista justifica sobradamente el recurso a su tramitación mediante decreto-ley.
– La modificación de la Ley 27/2011, en cuanto a la jubilación anticipada y parcial, obliga también a modificar mediante decreto-ley el Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, en concreto los apartados primero y tercero de su artículo 4. En la disposición final quinta del Decreto-ley se amplía el plazo de dos meses que establecía el Real Decreto 1716/2012 a partir de su entrada en vigor (que tuvo lugar el 1 de enero de 2013), hasta el 15 de abril de 2013. De esta forma se persigue que los trabajadores y las empresas tengan el tiempo suficiente para comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social copia de los expedientes de regulación de empleo, de los convenios colectivos de cualquier ámbito y de los acuerdos colectivos de empresa y de las decisiones adoptadas en procedimientos concursales en los que se contemple la extinción de la relación laboral o la suspensión de la misma, todo ello con el fin de que puedan aplicarse los efectos previstos en la disposición final duodécima de la Ley 27/2011.
– También se modifican los artículos 6 y 7 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, en tanto constituyen la normativa laboral concordante con la normativa de Seguridad Social que se modifica.
– Por último, se incluyen varias disposiciones adicionales y finales cuya aprobación se hacía inaplazable, dada la urgente necesidad de modificar las normas a que se refieren, a la vista de los evidentes perjuicios que su mantenimiento en la redacción anterior al Real Decreto-ley implicaría para los interesados. El escrito de interposición analiza las referidas disposiciones y concluye en su directa conexión con las modalidades de jubilación reguladas en la norma. Así, se mencionan expresamente las disposiciones adicional primera y finales primera, segunda, cuarta, quinta y sexta.
El Abogado del Estado finaliza sus alegaciones sobre el primer motivo de impugnación con dos consideraciones adicionales. La primera se refiere a los ahorros significativos que no solo a medio y a largo plazo, sino también de manera inmediata, se obtienen gracias a la inmediata aplicación de las medidas previstas en el Real Decreto-ley impugnado. Como se expone en la memoria (pág. 37 y sigs.), los ahorros comienzan en el propio ejercicio 2013. Esto conecta tanto con el objetivo, reflejado en la memoria y en el debate de convalidación, de asegurar la sostenibilidad no solo del sistema de pensiones sino la reducción del gasto público, como con una de las finalidades del decreto-ley, la atención a coyunturas económicas problemáticas. El Tribunal Constitucional no se ha mostrado ajeno a la gravedad de la crisis presupuestaria (AATC 95/2011, de 21 de junio, FJ 5; 96/2011, de 21 de junio, FJ 5, y 147/2012, de 16 de julio, FJ 6).
La segunda consideración responde a las alegaciones de los recurrentes de que las medidas adoptadas tienen un carácter estructural y son impropias de un decreto-ley. La reforma que se aborda el Real Decreto-ley 5/2013 puede ser considerada como estructural solo en un ámbito muy concreto de la Seguridad Social y ciertamente tiene vocación de permanencia en el tiempo. La cuestión fue tratada, entre otras, en la STC 137/2011, de 14 de septiembre, y no ha motivado por sí censura del Tribunal Constitucional.
b) Por lo que respecta a la alegada vulneración del artículo 41 CE, se señala que el Tribunal Constitucional ha reiterado que el derecho a la Seguridad Social es un derecho de configuración legal, por lo que el legislador ordinario puede modularlo en atención a las circunstancias económicas o sociales de cada momento, y que no existe pronunciamiento del Tribunal Constitucional que restrinja el recurso al decreto-ley para regular las materias incluidas en el capítulo III del título I de la Constitución. De hecho, la STC 111/1983, de 2 de diciembre, que alegan los recurrentes, refuerza la anterior consideración puesto que el artículo 53 CE prevé una tutela distinta de los derechos regulados en el capítulo III del título I. Y en la STC 65/1987 (FJ 17) se señaló que el sistema de Seguridad Social se configura como un régimen legal, en el que tanto las aportaciones de los afiliados como las prestaciones a dispensar, sus niveles y condiciones vienen determinados, no por un acuerdo de voluntades, sino por reglas que se integran en el ordenamiento jurídico y que están sujetas a las modificaciones que el legislador introduzca, y en el que «no puede excluirse por ello que el legislador, apreciando la importancia relativa de las situaciones de necesidad a satisfacer, regule, en atención a las circunstancias indicadas, el nivel y condiciones de las prestaciones a efectuar, o las modifique para adaptarlas a las necesidades del momento». El Abogado del Estado se remite a la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional (SSTC 32/1981, FJ 3; 103/1983, FJ 3; 26/1987, FJ 4; 65/1987, FJ 17; 76/1988, FJ 4, y 37/1994).
A mayor abundamiento, se señala que el derecho a la Seguridad Social que deducen los recurrentes del artículo 41 CE no resultaría afectado, en el sentido del artículo 86 CE, por el Real Decreto-ley 5/2013, pues en ningún caso regula los elementos esenciales del régimen de la Seguridad Social, sino solamente los aspectos antes indicados.
7. Por providencia de 5 de junio de 2018, se señaló el día 7 dicho mes y año para deliberación y votación de la presente Sentencia.
II. Fundamentos jurídicos
1. El objeto del presente recurso de inconstitucionalidad es analizar la constitucionalidad del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.
Las tachas de inconstitucionalidad que se oponen al Real Decreto-ley se refieren a la vulneración de dos de las exigencias del artículo 86.1 CE: la falta de concurrencia del presupuesto habilitante y la vulneración de uno de los límites materiales que establece el artículo 86 CE. Debemos comenzar con la pretensión impugnatoria vinculada a la falta de concurrencia del presupuesto habilitante, ya que su examen es prioritario, toda vez que la cuestión de la legitimidad constitucional de la utilización de una norma de urgencia como el Real Decreto-ley 5/2013 ha de ser previa al enjuiciamiento de la vulneración de los límites materiales de la norma de urgencia, de modo que, si se estimaran las alegaciones relativas a la no concurrencia del presupuesto habilitante, resultaría innecesario el examen de las restantes alegaciones (por todas, STC 1/2012, de 13 de enero, FJ 3).
Durante la pendencia del proceso algunos de los preceptos del Real Decreto-ley 5/2013 han sido derogados. Es lo que ha ocurrido con los artículos 1 a 4 y con las disposiciones adicional primera y final primera, derogadas por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de Seguridad Social, así como con la disposición adicional sexta, derogada por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los trabajadores. Dichas derogaciones no hacen perder objeto al recurso, ni siquiera de forma parcial, al plantearse en el mismo la posible conculcación del artículo 86.1 CE [por todas, STC 35/2017, de 1 de marzo, FJ 2 e)].
2. La reforma del sistema de pensiones que se articula mediante el Real Decreto-ley 5/2013 impugnado persigue su adecuación y sostenibilidad, favoreciendo la prolongación de la vida laboral, desarrollando oportunidades de empleo para los trabajadores de más edad y fomentando el envejecimiento activo.
Los preceptos del Real Decreto-ley abordan las siguientes materias:
– El capítulo I (arts. 1 a 4) regula la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo.
– El capítulo II contiene modificaciones en materia de jubilación en la Seguridad Social: la cuantía de la pensión de jubilación en los supuestos de anticipación en el acceso a la misma (art. 5), la jubilación anticipada (art. 6), la jubilación parcial (art. 7) y normas transitorias en materia de pensión de jubilación (art. 8).
– El capítulo III (art. 9) modifica el contrato a tiempo parcial y el contrato de relevo.
– El capítulo IV (art. 10) contiene medidas para evitar la discriminación de los trabajadores de más edad en los despidos colectivos.
El Real Decreto-ley impugnado se completa con nueve disposiciones adicionales y doce finales, además de una disposición transitoria única y una disposición derogatoria única:
– Las disposiciones adicionales regulan un amplio abanico de cuestiones: el mantenimiento del empleo durante la percepción de la pensión de jubilación compatible con el trabajo (primera), el nuevo régimen de compatibilidad de la pensión de jubilación (segunda) y su fecha de aplicación (tercera), la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con la jubilación anticipada (cuarta), el contenido del informe sobre la recomendación décimo sexta del Pacto de Toledo (quinta), la actuación de la comisión consultiva nacional de convenios colectivos en el ámbito de las Comunidades Autónomas (sexta), el informe previo a cualquier propuesta de despido colectivo o similar de las entidades participadas mayoritariamente o apoyadas financieramente por el fondo de reestructuración ordenada bancaria y de los entes, organismos y entidades del sector público estatal (séptima), normas sobre políticas activas de empleo para mayores de 55 años (octava) y la creación de un comité de expertos para el estudio del factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social (novena).
– Las disposiciones finales modifican diversas normas legales y reglamentarias: el entonces vigentes texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (primera); el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de la gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social (segunda); el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (tercera); el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen general de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social (cuarta); el Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social (quinta); el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (sexta); el Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años (séptima); y el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada (octava).
3. Tal y como quedó reflejado en los antecedentes de hecho de esta resolución, los diputados recurrentes sostienen que en el Real Decreto-ley impugnado no concurre la «extraordinaria y urgente necesidad» habilitante del uso de la facultad legislativa de urgencia del Gobierno, dado que no puede justificarse su aprobación por las razones señaladas por el Gobierno.
En relación con los cambios normativos derivados del Real Decreto-ley, se denuncia en unos casos la total ausencia de justificación y, en otros casos, el carácter vago y laxo de la justificación aportada. En particular se rechaza la urgencia en relación con la proximidad del 31 de marzo de 2013, fecha de vencimiento del plazo de suspensión de la regulación de la jubilación anticipada y parcial contenida en la Ley 27/2011 y que es uno de los aspectos centrales de la regulación del Real Decreto-ley 5/2013. A su juicio no se acredita cuál es el perjuicio que produciría el incumplimiento del plazo, pues su expiración hubiera dado lugar a la entrada en vigor de la regulación prevista por la Ley 27/2011, sin que existiera vacío normativo alguno.
A lo anterior los recurrentes añaden dos factores adicionales que, a su juicio, deberían ser tenidos en cuenta en la valoración de la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad: el contenido restrictivo de las medidas contenidas en el Real Decreto-ley y el carácter consensuado de la regulación modificada en contraposición al carácter no consensuado del Real Decreto-ley. Por lo que respecta a la vulneración de la prohibición de afectación de los derechos regulados en el título I, la demanda afirma que el Real Decreto-ley 5/2013 y, en particular, sus previsiones sobre la jubilación anticipada, afectan a aspectos sustanciales de la regulación del derecho de acceso a las prestaciones de la Seguridad Social, en cuanto que regula la edad de acceso a la pensión y el número de años cotizados que se exigen para ello, contraviniendo con ello la prohibición del artículo 86.1 CE por cuanto se estaría afectando al derecho a las prestaciones de la Seguridad Social que consagra el artículo 41 CE.
El Abogado del Estado afirma, sustancialmente, que la extraordinaria y urgente necesidad justificativa de la aprobación del contenido más sustancial del Real Decreto-ley –la modificación de las previsiones de la Ley 27/2011– derivaría de la intención de adecuarse a las exigencias que impone el marco social y económico actual. Igualmente ha justificado la conformidad constitucional de alguno de los restantes contenidos de la norma.
4. La doctrina del Tribunal sobre este primer motivo de inconstitucionalidad relativo al régimen constitucional del real decreto-ley puede resumirse en los términos siguientes:
a) El concepto de extraordinaria y urgente necesidad que contiene la Constitución no es, en modo alguno, «una cláusula o expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueva libremente sin restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación de un límite jurídico a la actuación mediante decretos-leyes», razón por la cual, este Tribunal puede, «en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos políticos hagan de una situación determinada» (SSTC 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4, y 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5).
b) El control de este Tribunal consiste en un control jurisdiccional ex post, y tiene por misión velar porque el Gobierno no se haya apartado del margen de apreciación concedido por la norma, esto es, que aquél se mantenga dentro del concepto jurídicamente asequible que es la situación de «extraordinaria y urgente necesidad». Se trata, en definitiva, de un «control externo, en el sentido de que debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno» (STC 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3, y las que allí se citan).
c) La adecuada fiscalización del recurso al decreto-ley requiere el análisis de dos aspectos desde la perspectiva constitucional: por un lado, la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4) y, por otro lado, la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4). Como señalamos en la STC 332/2005, de 15 de diciembre (FJ 6), aunque ambos aspectos están íntimamente ligados, su examen por separado facilita desde un punto de vista metodológico el análisis de las consideraciones de las partes y, en última instancia, el control que le corresponde efectuar a este Tribunal.
d) En cuanto a la definición de la situación de urgencia, la doctrina ha precisado que no es necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de contenerse siempre en el propio Real Decreto-ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. A este respecto, conviene recordar que el examen de la concurrencia del presupuesto habilitante de la «extraordinaria y urgente necesidad» siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que son, básicamente, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, a lo largo del debate parlamentario de convalidación, y en el propio expediente de elaboración de la misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3).
e) En cuanto a la segunda dimensión del presupuesto habilitante de la legislación de urgencia –conexión de sentido entre la situación de necesidad definida y las medidas que en el Real Decreto-ley se adoptan– nuestra doctrina «ha afirmado un doble criterio o perspectiva para valorar la existencia de la conexión de sentido: el contenido, por un lado, y la estructura, por otro, de las disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley controvertido (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 1/2012, de 13 de enero, FJ 11, y 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9).
f) Generalmente, se ha venido admitiendo el uso del decreto-ley en situaciones que se han calificado como «coyunturas económicas problemáticas», para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que subvenir a «situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes» (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8). Finalmente, también se debe advertir que el hecho de que se considere una reforma estructural no impide, por sí sola, la utilización de la figura del decreto-ley, pues el posible carácter estructural del problema que se pretende atajar no excluye que dicho problema pueda convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, que justifique la aprobación de un decreto-ley, lo que deberá ser determinado atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso (STC 137/2011, FJ 6; reiterado en SSTC 183/2014, FJ 5; 47/2015, FJ 5, y 139/2016, FJ 3).
5. En el marco de la doctrina citada hay que comprobar ahora, en primer lugar, si en los concretos preceptos del Real Decreto-ley 5/2013 objeto del presente recurso concurre el presupuesto habilitante de la «extraordinaria y urgente necesidad» exigido por el artículo 86.1 CE.
Debemos por tanto analizar dos elementos: en primer lugar, la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4); en segundo lugar, la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4).
Entrando, en primer lugar, a analizar los motivos explicitados por el Gobierno para la aprobación del Real Decreto-ley objeto del presente recurso, debemos acudir a la exposición de motivos de la norma, así como al debate parlamentario de convalidación y, en su caso, al expediente de elaboración de la norma (por todas, STC 1/2012, de 13 de enero, FJ 7).
En este sentido, y en relación con el primer elemento, nuestro análisis ha de partir necesariamente del examen de la exposición de motivos del Real Decreto-ley 5/2013 impugnado. Pues bien, en los apartados I y II de la exposición de motivos se señala que el Real Decreto-ley tiene los siguientes objetivos: a) el aseguramiento de la sostenibilidad del sistema de pensiones; b) el impulso del envejecimiento activo; c) la lucha contra la discriminación por razón de la edad en el mercado de trabajo; d) la racionalización del sistema de prestaciones por desempleo. Una vez descritas en los apartados III y IV las medidas que en cumplimiento de dichos objetivos se incluyen en el Real Decreto-ley, la exposición de motivos concluye en el apartado V efectuando las siguientes consideraciones, relacionadas con la plasmación del criterio del Gobierno sobre la concurrencia del presupuesto habilitante de la legislación de urgencia:
«La modificación de la regulación de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial, tal y como está prevista en los artículos 5 y 6 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, así como la relativa a la determinación del importe máximo de la pensión de jubilación cuando hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante, a que se refiere el artículo 163.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por el artículo 4 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, que si bien debieron entrar en vigor el día 1 de enero de 2013, su aplicación fue suspendida durante tres meses por la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, debe tener efectos antes del transcurso del plazo indicado, lo que justifica las razones de extraordinaria y urgente necesidad para su realización a través del presente real Decreto-ley, ante la inminente finalización del mismo.
Las mismas razones de urgente necesidad derivada de la perentoriedad del plazo de suspensión cabe apreciar respecto a la modificación de la regulación del contrato a tiempo parcial y del contrato de relevo a que se refiere el artículo 9, afectados ambos igualmente por el mismo, además de que en este caso la fecha de entrada en vigor de estas modificaciones debe hacerse coincidir con la correspondiente a la de la jubilación parcial, al objeto de mantener la adecuada coordinación entre los ordenamientos jurídicos laboral y de Seguridad Social.
A efectos de mantener igualmente un tratamiento coherente y uniforme en relación con la fecha de efectos tanto del artículo 8, relativo a normas transitorias en materia de pensión de jubilación, y por el que se da nueva redacción al apartado 2 de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, como de la disposición final cuarta, por la que se modifica la redacción del Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de aquélla en materia de prestaciones, y ante la inminente entrada en vigor de las importantes modificaciones operadas tanto en la regulación de la jubilación anticipada, como de la jubilación parcial, procede su regulación mediante el real Decreto-ley, al estar justificadas las razones de extraordinaria y urgente necesidad para ello.
Similares argumentos que los esgrimidos en el párrafo anterior justifican la necesidad de regular mediante este real Decreto-ley la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo, a que se refiere el capítulo I, así como lo dispuesto en las disposiciones adicionales primera y segunda, en las que se regula la obligatoriedad por parte de las empresas de mantener el nivel de empleo previo existente en las mismas y se dispone la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con las entidades de la Seguridad Social en relación con la jubilación anticipada, dotando así al conjunto de medidas a introducir en relación con las distintas modalidades de compatibilidad pensión-trabajo de una fecha de vigencia uniforme entre ellas, de modo que con su conocimiento se facilite a los interesados la elección, en su caso, de la modalidad que mejor convenga a sus intereses.
Las razones de extraordinaria y urgente necesidad de las distintas modificaciones introducidas en la Ley General de la Seguridad Social contenidas en la disposición final primera tienen varias justificaciones. Por lo que respecta a la extensión de la aplicación de la jubilación parcial a los socios de las cooperativas, por la necesidad de coordinar sus efectos con las modificaciones introducidas en la regulación de esta modalidad de jubilación. En cuanto a la eliminación de requisitos a los interesados para que puedan acreditar estar al corriente en el pago de las cuotas a efecto de las prestaciones, para no demorar los beneficiosos efectos que esta medida depara, al conseguirse una mayor celeridad y agilidad en los procedimientos de reconocimiento de prestaciones.
Por lo que respecta a las aportaciones económicas en supuestos de despido de trabajadores de cincuenta o más años de edad, la necesidad de reducir el impacto social y presupuestario de estos despidos ante la grave situación actual del mercado laboral y de cumplir con los compromisos presupuestarios, determinan la extraordinaria y urgente necesidad de regular esta materia mediante un real Decreto-ley.
En cuanto a la disposición final segunda, en la que se modifica con efectos de 1 de enero de 2013 el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, relativo a los complementos por mínimos, a fin de adecuar su redacción a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, así como la subsanación de la omisión relativa al cómputo de las pensiones reconocidas por otro Estado para determinar la concurrencia o no de la dependencia económica a efectos del reconocimiento del complemento por mínimos con cónyuge a cargo del titular de la pensión, la propia previsión de la norma por la que retrotrae la fecha de efectos de estas modificaciones al día 1 de enero de 2013 justifican en modo adecuado las razones de extraordinaria y urgente necesidad para su regulación mediante este real Decreto-ley.»
Según se desprende de los párrafos transcritos, la extraordinaria y urgente necesidad requerida por el artículo 86.1 CE para la adopción por el Gobierno de decretos-leyes vendría en el caso analizado determinada por las siguientes consideraciones. En primer lugar, la necesidad de introducir una serie de modificaciones en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, antes del transcurso del plazo de suspensión de la entrada en vigor de dicha Ley que estableció el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social. En segundo lugar, en conexión con lo anterior, el mantenimiento de un tratamiento coherente y uniforme de las modificaciones normativas pretendidas y la coordinación de sus efectos. Ambas razones son predicables, esencialmente, de las modificaciones introducidas en los artículos 1 a 9, en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta y en parte de la disposición final primera y en la disposición final quinta del Real Decreto-ley 5/2013. En tercer lugar, la no demora de los efectos beneficiosos que proporciona la norma, motivo que justificaría parte de las reformas que se introducen en la disposición final primera. En cuarto lugar, la necesidad de reducir el impacto social y presupuestario de los despidos de trabajadores de cincuenta o más años de edad ante la grave situación actual del mercado laboral y de cumplir con los compromisos presupuestarios, razón que justificaría las reformas introducidas en el artículo 10 y las disposiciones finales tercera y séptima. En quinto lugar, predicable de la disposición final segunda, la necesidad de adecuar la redacción del artículo 6.2 del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, relativo a los complementos por mínimos, a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social y en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013 así como la necesidad de subsanar la omisión relativa al cómputo de las pensiones reconocidas por otro Estado para determinar la concurrencia o no de la dependencia económica a efectos del reconocimiento del complemento por mínimos con cónyuge a cargo del titular de la pensión.
Posteriormente, en el debate parlamentario correspondiente al trámite de convalidación del Real Decreto-ley («Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados», Pleno y Diputación Permanente. X Legislatura. Año 2013, núm. 103), el Gobierno, por medio de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, señala en su exposición inicial lo siguiente:
«La norma que sometemos hoy a convalidación contiene una reforma necesaria que constituye un nuevo avance en la sostenibilidad y la coherencia de nuestro sistema público de pensiones...
La reforma de la jubilación anticipada y parcial que se hizo en 2011 presentaba –entendemos– algunas distorsiones… Nos parecía fundamental actuar conforme a la recomendación duodécima del Pacto de Toledo, que aconseja dar mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador, especialmente en la jubilación anticipada, aproximar la edad real a la edad legal de jubilación, y favorecer la coexistencia entre salario y pensión…
[U]n sistema de pensiones no puede funcionar claramente cuando casi una de las dos nuevas jubilaciones que se producen cada año es anticipada. La pensión media de jubilación de forma anticipada el año pasado fue un 16 por ciento mayor que la pensión media ordinaria. Tampoco puede funcionar un sistema cuando el número de jubilaciones anticipadas se ha incrementado un 33 por ciento desde el inicio de la crisis, generando un coste adicional de unos 7000 millones de euros anuales. Esta es una situación además que nos otorgaba una extraña y disfuncional singularidad en el conjunto de los países de la Unión Europea… Y ante esta realidad el Gobierno se ha visto en la obligación de actuar, y también de hacerlo en el momento oportuno.
El objetivo de las medidas adoptadas es por tanto compensar suficientemente al sistema por los menores ingresos y mayores costes que genera el anticipo de la jubilación, para evitar que el resto de los ciudadanos no asuma la carga que genera y, por otro, incrementar la coherencia del sistema en su conjunto… El resultado es un régimen que refuerza la sostenibilidad y la equidad del sistema…
La norma que presento a convalidación articula a su vez una serie de medidas en el ámbito de la regulación del mercado de trabajo y de los subsidios por desempleo, que contribuyen al alargamiento de la vida activa así como a diversas medidas que refuerzan también la lucha contra el fraude. Son medidas perfectamente alineadas con los objetivos de los cambios en la regulación de la jubilación. La regulación de la penalización de aquellas empresas que incluían a trabajadores de 50 o más años en despidos colectivos entendemos que adolecía de importantes limitaciones que hemos tratado de corregir. El objetivo como saben es tratar de limitar la tendencia a recurrir de forma discriminatoria a los trabajadores de más edad a la hora de efectuar despidos colectivos. Estos trabajadores tienen también mayores problemas para reinsertarse en la vida activa, y el generoso sistema de prestaciones existente permite que las empresas trasladen de alguna manera parte del coste del ajuste laboral al erario público, algo que sin duda es contrario al interés general…
En cuanto al subsidio de mayores de 55 años su regulación se ha aproximado a la de otras prestaciones, de forma que la renta del núcleo familiar se va a tener en cuenta a la hora de conceder el subsidio…»
De lo aquí expuesto se concluye que las razones aportadas por el Gobierno en el debate de convalidación se centran en dos planos. El primero, general, se refiere a asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones y el segundo, concreta dicha pretensión específicamente respecto a algunas de las medidas incluidas en el Real Decreto-ley. Así sucede en la vertiente de la regulación de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial, modificando algunos aspectos de la reforma llevada a cabo en el año 2011, centrándose la urgencia en la adopción de las medidas en la necesidad de aprobarla antes de que vencieran los tres meses de suspensión de la entrada en vigor de la aplicación de los preceptos de la Ley 27/2011 relativos a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial fijada por el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social (disposición adicional primera). También se alude a cuestiones relacionadas con la regulación de los despidos colectivos, que penalizan la inclusión en ellos de mayores de cincuenta años, así como a la regulación del subsidio de mayores de cincuenta y cinco años para que se ajuste a situaciones de verdadera necesidad.
Por último, debemos examinar el expediente de elaboración de la norma impugnada. En concreto, el documento aportado a los autos por el Abogado del Estado, cuyo nombre completo es «Memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de Real Decreto-ley de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo», ha sido elaborado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y lleva fecha de 4 de marzo de 2013. Su función es exponer la oportunidad de la propuesta, examinar jurídicamente su contenido y su fundamento jurídico, y analizar los llamados «impactos» (adecuación al orden de competencias, impacto económico y presupuestario, impacto de género, etc.). Esta memoria señala que «la finalidad es eliminar la rigidez que presenta el actual ordenamiento de la Seguridad Social, que está constituyendo un freno a la potenciación de la presencia más activa de los trabajadores de más edad en la sociedad, en cumplimiento de las recomendaciones referidas a la edad de jubilación anunciadas tanto en el ámbito internacional como en el ámbito interno en la Recomendación núm. 12 del Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo». Indica que «desde diferentes organizaciones internacionales (y, en especial, en el ámbito de la Unión Europea) se recomienda una reconsideración de la regulación en el acceso a la pensión de jubilación y una desincentivación de las jubilaciones anticipadas, tanto por sus consecuencias en la viabilidad del sistema de pensiones, como por sus efectos sobre la incentivación de la permanencia de los trabajadores de mayor edad en la actividad laboral o profesional… La Ley 27/2011, de 1 de agosto, introdujo varias modificaciones en la regulación de las jubilaciones anticipadas, que no parecen adecuarse totalmente a las exigencias que impone el marco social y económico actual, por lo que resulta conveniente una reconsideración de sus contenidos». Afirma que «las medidas relativas a la jubilación anticipada y parcial encuentran una justificación evidente: la necesidad de que su aprobación y entrada en vigor se produzca antes del 1 de abril de 2013, momento en el que expira el plazo de suspensión de tres meses acordado por el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre… La misma urgencia concurre respecto del contrato a tiempo parcial y el contrato de relevo dado que las modificaciones introducidas se dirigen a adaptar su régimen jurídico a las novedades previstas en el Real Decreto-ley respecto de la jubilación anticipada y parcial. Respecto a las aportaciones económicas en supuestos de despido de trabajadores de cincuenta o más años de edad, la regulación de estas medidas mediante Real Decreto-ley se justifica en la necesidad de reducir el impacto social y presupuestario que estos despidos generan sobre el sistema de protección por desempleo así como cumplir con los compromisos presupuestarios». La memoria también afirma que «[c]oncurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad respecto de todas las medidas adoptadas de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional que justifica acudir al Real Decreto-ley en 'circunstancias difíciles que requieren una acción normativa inmediata o en que las coyunturas económicas exigen una rápida respuesta (STC 6/83, de 4 de febrero)».
Además, en otros apartados de esa misma memoria se hacen referencias específicas a la urgencia en la adopción de algunas otras modificaciones, a las que se aludirá posteriormente.
6. Conocidas las circunstancias y las razones explicitadas por el Gobierno para justificar la utilización del instrumento normativo excepcional del Real Decreto-ley 5/2013, debemos adentrarnos en el control de constitucionalidad del presupuesto habilitante exigido por el artículo 86.1 CE, lo que requiere una advertencia previa.
Atendiendo al planteamiento procesal de los recurrentes, que también es compartido por el Abogado del Estado, esa tarea no debe realizarse de manera global, sino distinguiendo entre los distintos bloques a los que se refiere la norma impugnada.
Tanto los diputados recurrentes como el Abogado del Estado han diferenciado las medidas asociadas a la jubilación anticipada y parcial, incluyendo la regulación de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo, del resto de las previsiones del Real Decreto-ley 5/2013. Entre éstas últimas los recurrentes distinguen las modificaciones introducidas en el régimen de aportaciones económicas en los despidos colectivos para evitar la discriminación de los trabajadores de más edad del resto de medidas contenidas en el citado Real Decreto-ley 5/2013.
Así pues, la concurrencia de la urgencia y la necesidad debe analizarse respecto de cada grupo de preceptos, porque solo de este modo podrá realizarse un examen apropiado sobre la conexión de sentido entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a la misma. Si las medidas son diversas, las situaciones concretas de urgencia y necesidad que justifican su adopción también son susceptibles de serlo (en un sentido similar, STC 199/2015, de 24 de septiembre, FJ 5). Ante el Decreto-ley impugnado hemos de limitarnos a realizar un juicio de constitucionalidad, ya que no nos compete efectuar un control de su calidad técnica, del mismo modo que hemos afirmado que no poseemos esta facultad en relación con el análisis de la perfección técnica de las leyes [SSTC 109/1987, de 29 de junio, FJ 3 c); 226/1993, de 8 de julio, FJ 4; 226/1993, de 8 de julio, FJ 5, y 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 4].
De acuerdo con ello, cumple advertir, en primer lugar, que, respecto de determinadas disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley 5/2013, no se justifica la urgencia en su adopción, pues respecto de ellas nada dicen ni la exposición de motivos, ni el debate de convalidación ni la memoria de impacto normativo, ni, en fin, el propio Abogado del Estado en su contestación a la demanda. Eso es lo que ocurre con las disposiciones adicionales sexta (como ya dijimos, derogada por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) y séptima y con las disposiciones finales primera. Dos (igualmente derogada por el citado Real Decreto Legislativo) y octava.
Puesto que «la causa justificativa del Decreto-ley –la situación de extraordinaria y urgente necesidad– ha de ser explicitada por el propio Gobierno» (STC 125/2016, de 7 de julio, FJ 2), su carencia determina que no podamos apreciar la concurrencia del presupuesto habilitante que los diputados recurrentes niegan, el Gobierno no acredita y este Tribunal no puede presumir. Por tanto debemos declarar en este momento su inconstitucionalidad y nulidad por vulnerar el artículo 86.1 CE.
7. Señalado lo anterior, procede ya iniciar el examen del resto de medidas contenidas en el Real Decreto-ley 5/2013, siguiendo, como se ha avanzado, el planteamiento de los recurrentes, compartido por el Abogado del Estado, en el sentido de que el análisis de la constitucionalidad de la norma no puede hacerse de manera global, pues, aunque muy genéricamente relacionadas entre sí, las diferentes medidas incluidas en el Real Decreto-ley tienen su justificación propia en función de su específica naturaleza.
Comenzando por el análisis de la concurrencia del presupuesto habilitante respecto a las medidas consistentes en la modificación del régimen de la regulación de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial, debemos precisar, en primer lugar, que a tal cuestión se dedica, de una u otra forma, una parte sustancial de la norma impugnada, en concreto, sus artículos 1 a 9, así como las disposiciones adicionales primera a quinta y las disposiciones finales primera. Cinco y quinta. Todos estos preceptos regulan medidas relacionadas entre sí en el ámbito de la jubilación anticipada, la jubilación parcial y la compatibilidad entre vida activa y pensión.
Del contenido de la exposición de motivos de la norma, del debate de convalidación de ésta y de las afirmaciones de la memoria se deduce que la extraordinaria y urgente necesidad que apreció el Gobierno se relacionan con el transcurso del plazo de suspensión de la entrada en vigor de la regulación contenida en la Ley 27/2011.
Conviene que comencemos examinando el origen y la razón de ese plazo de suspensión. La entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, estaba prevista para el 1 de enero de 2013 (disposición final duodécima). Sin embargo, el ya mencionado Real Decreto-ley 29/2012 suspendió durante tres meses la aplicación de los preceptos de la Ley 27/2011 relativos a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial (disposición adicional primera).
De la exposición de motivos del Real Decreto-ley 29/2012 se desprende que la razón de la suspensión parcial de la aplicación de la Ley 27/2011 fue la de evitar que entrara en vigor una regulación –relativa a la jubilación anticipada y parcial– que se consideraba que poco después tendría que ser modificada y adaptada en consonancia con el contenido de nuevos informes técnicos y diversas propuestas de reforma que debían ser debatidas en el seno del foro llamado «Pacto de Toledo» y en la comisión parlamentaria de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. En suma, la suspensión respondía al deseo de evitar la aplicación de unas disposiciones legales condenadas a ser modificadas en un breve plazo y, a la vez, a la necesidad de dar tiempo para que las modificaciones necesarias fueran debatidas y promulgadas. En efecto, como se pone de manifiesto en la memoria de impacto normativo, el Gobierno consideraba que las modificaciones introducidas por la Ley 27/2011 en materia de jubilación anticipada no se adecuaban a las exigencias del marco social y económico actual. Esas medidas entraban en vigor el 1 de enero de 2013 y por ello se acordó su suspensión. Como el plazo de suspensión finalizaba el 31 de marzo de 2013, el Gobierno estimó necesario aprobar las modificaciones oportunas antes de dicha fecha.
Por lo que respecta al Real Decreto-ley impugnado, su exposición de motivos destaca, en el apartado III, que «[l]a sostenibilidad de los sistemas de pensiones precisa que los parámetros esenciales que determinan el acceso a la protección o la cuantía de las prestaciones se adecuen a las circunstancias y realidades sociales y económicas en que ese sistema se desenvuelve. Resulta, por tanto, esencial que la edad de acceso tenga en cuenta la variación de la esperanza de vida tanto cuando el acceso se produce a la edad legalmente establecida, como en los supuestos en que el acceso es posible a una edad inferior. En este sentido, las medidas adoptadas por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, resultaban insuficientes para garantizar la viabilidad del sistema en el largo plazo, al permitir un alejamiento paulatino entre la edad legal de jubilación y la edad a la que es posible acceder a una jubilación anticipada, y favorecer, en determinadas ocasiones, las decisiones de abandono temprano del mercado laboral». Además se añade que «ante la inminente finalización del plazo de suspensión mencionado, el 31 de marzo de 2013, procede efectuar las modificaciones con anterioridad a dicha fecha, lo que justifica las razones de extraordinaria y urgente necesidad para su realización a través del presente real Decreto-ley». Esa misma razón se reitera, con una formulación diferente, en el apartado V de la exposición de motivos y también aparece en el expediente de elaboración de la norma.
En el debate parlamentario de convalidación, la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social, en nombre del Gobierno, indicó que el Real Decreto-ley impugnado contenía «una reforma necesaria que constituye un nuevo avance en la sostenibilidad y la coherencia de nuestro sistema público». Señaló también que se trataba de reforzar la situación del sistema de pensiones de cara a los desafíos demográficos a los que se enfrenta; que el Decreto-ley nacía del compromiso de cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo; que se habían recabado informes técnicos, realizados en octubre de 2012 y debatidos en la comisión del Pacto de Toledo entre noviembre de 2012 y marzo de 2013; que se habían realizado numerosas reuniones con diferentes actores políticos y sociales, así como en particular jornadas de estudio sobre la compatibilidad entre salario y pensión, en las que habían participado numerosos técnicos, profesionales y académicos. Igualmente se afirmó en el trámite de convalidación que «[e]l objetivo de las medidas adoptadas es por tanto compensar suficientemente al sistema por los menores ingresos y mayores costes que genera el anticipo de la jubilación, para evitar que el resto de los ciudadanos no asuma la carga que genera, y por otro, incrementar la coherencia del sistema en su conjunto». En concreto los cambios se relacionan con la posibilidad de utilizar incorrectamente la jubilación parcial como modalidad de acceso a la jubilación anticipada; otra, con la falta de regulación de la compatibilidad entre trabajo y pensión; y la última, con la incorporación de mayores niveles de contributividad para la jubilación anticipada y la fijación de coeficientes reductores naturales.
Conforme al control externo que corresponde a este Tribunal podemos considerar que el Gobierno ha satisfecho la exigencia de explicitar y razonar de forma suficiente la existencia de una situación de «extraordinaria y urgente necesidad» que le llevó a dictar las disposiciones ya mencionadas del Real Decreto-ley 5/2013, de modo que la carga de justificar la concurrencia del presupuesto habilitante exigido por el artículo 86.1 CE puede considerarse cumplida. No se trata de una descripción mediante fórmulas rituales o genéricas aplicables a todo tipo de realidades de un modo intercambiable, sino a través de una precisa referencia a una situación concreta en relación con la Seguridad Social. La reforma del sistema de pensiones y, más limitadamente, de determinados aspectos de la normativa reguladora de la jubilación anticipada y parcial abordada mediante el Real Decreto-ley impugnado responde a una exigencia de mejor adaptación de la regulación existente al interés general para garantizar la sostenibilidad del sistema, así como para satisfacer las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea de 10 de julio de 2012, en el ámbito de la sostenibilidad del sistema de pensiones y el impulso del envejecimiento activo. Esta reforma debía acometerse en un plazo tasado, sin que pueda admitirse de contrario el argumento de la inexistencia de vacío normativo, derivado de la entrada en vigor de las pospuestas previsiones de la Ley 27/2011, ya que, precisamente, la modificación de estas previsiones por razones vinculadas a la mejor adecuación a las exigencias de sostenibilidad del sistema es el objetivo que persigue el Gobierno. Nada afecta a la anterior consideración el hecho de que pudiera pretenderse resolver una situación de carácter estructural y no coyuntural, pues ya hemos indicado en otras ocasiones (por todas, STC 33/2017, de 1 de marzo, FJ 3) que eso no es, por sí mismo, determinante para estimar que se haya hecho un uso constitucionalmente inadecuado de la figura del decreto-ley.
Igualmente, en cuanto que relacionada con la anterior, puede aceptarse como justificación la pretensión de obtener un tratamiento coherente y uniforme de las modificaciones normativas propuestas así como la coordinación de sus efectos. Se trata de una razón a la que aluden tanto la exposición de motivos como la memoria de impacto normativo; razón que, aun siendo instrumental en relación con el contenido mismo de la norma impugnada, se relaciona con las finalidades perseguidas por ella, en particular, para dotar «al conjunto de medidas a introducir en relación con las distintas modalidades de compatibilidad pensión-trabajo de una fecha de vigencia uniforme entre ellas, de modo que con su conocimiento se facilite a los interesados la elección, en su caso, de la modalidad que mejor convenga a sus intereses». Se trata así de un conjunto sistemático de reformas que adquieren sentido en su visión global y no desde una perspectiva meramente aislada [SSTC 23/1993, FFJJ 4 y 5; 93/2015, de 14 de mayo, FFJJ 7 b) y 10, y 183/2016, de 3 de noviembre, entre otras].
En cuanto al segundo elemento de nuestro canon, atendiendo al control que corresponde a este Tribunal, el cual debe respetar el margen de discrecionalidad política que en la apreciación de este requisito corresponde al Gobierno, podemos considerar que no se ha vulnerado la conexión de sentido entre la medida adoptada y la situación de urgencia previamente definida. La reforma se ajusta a los objetivos que la propia exposición de motivos de la norma afirma perseguir –garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, favorecer el alargamiento de la vida activa, aprovechar en mayor medida los conocimientos y experiencia de los trabajadores mayores–. En efecto, las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley impugnado son coherentes con la eventual situación de necesidad consistente en la reforma de numerosos aspectos del régimen de jubilación anticipada y parcial y modifican de modo inmediato la situación jurídica existente.
Procede, por tanto, desestimar el recurso en este punto.
8. Debemos examinar ahora las reformas introducidas en el régimen de aportaciones económicas en los despidos colectivos a las que se refiere el artículo 10 y las disposiciones finales tercera y séptima.
La exposición de motivos del Real Decreto-ley 5/2013 justifica la urgencia en la adopción de esta medida en la necesidad de reducir el impacto social y presupuestario de los despidos de trabajadores de cincuenta o más años de edad ante la grave situación actual del mercado laboral y de cumplir con los compromisos presupuestarios, razón que también aparece en la memoria de impacto normativo.
Por su parte, en el debate de convalidación se argumentó lo siguiente:
«La regulación de la penalización de aquellas empresas que incluían a trabajadores de 50 o más años en despidos colectivos entendemos que adolecía de importantes limitaciones que hemos tratado de corregir. El objetivo como saben es tratar de limitar la tendencia a recurrir de forma discriminatoria a los trabajadores de más edad a la hora de efectuar despidos colectivos. Estos trabajadores tienen también mayores problemas para reinsertarse en la vida activa, y el generoso sistema de prestaciones existente permite que las empresas trasladen de alguna manera parte del coste del ajuste laboral al erario público, algo que sin duda es contrario al interés general.
Los principales cambios que hemos introducido en la norma son los siguientes: por una parte, se limita la obligación de la contribución a aquellas empresas que realicen despidos discriminatorios con los trabajadores de más edad. La regulación anterior planteaba situaciones que a veces podríamos llamar injustas con empresas que debían afrontar un ajuste de personal, y que tenían una plantilla compuesta mayoritariamente por trabajadores de más edad. En estos casos la obligación de contribuir suponía una penalización adicional para empresas con trabajadores de elevada edad en la plantilla, y podría tener efectos perversos sobre las decisiones de contratación de trabajadores más experimentados. Por eso limitamos la obligación de contribución a aquellos casos en los que el despido colectivo de trabajadores de más edad sea realmente discriminatorio; es decir, la obligación solo surge cuando el porcentaje de trabajadores de más de 50 años afectados por un despido colectivo es mayor que su peso real sobre el total de la plantilla. Por otro lado, a partir de este momento la obligación de contribución va a afectar también a aquellas empresas que actualmente se encuentren en pérdidas, pero que en el futuro más cercano puedan obtener beneficios, potenciando de esa manera el efecto desincentivador de incluir a mayores en medidas colectivas extintivas.»
De acuerdo con lo expuesto y en el ámbito del «control externo, en el sentido de que debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno» (STC 182/1997, de 30 de octubre, FJ 3), el Tribunal aprecia, en primer lugar, que el Gobierno cumple con la exigencia de exponer explícita y razonadamente la situación de extraordinaria y urgente necesidad que le habilita para dictar disposiciones legislativas provisionales con la forma de decretos-leyes. Se aporta una justificación suficiente que permite apreciar la existencia de dicho presupuesto habilitante en el sentido de responder a una necesidad urgente. En la concreta coyuntura económica en que la medida se adopta, es aceptable la razón relativa a la producción de ahorros inmediatos en el gasto público mediante la reducción de las cargas sobre las arcas públicas así como la relacionada con desincentivar este tipo de despido, habida cuenta de la situación del mercado laboral en el momento de aprobarse la norma de urgencia y las dificultades de continuidad en dicho mercado que presenta el colectivo afectado, intentando, en consecuencia, incentivar en mayor medida el aprovechamiento de los conocimientos y de la experiencia de los trabajadores mayores.
La medida guarda conexión de sentido con la situación de urgencia. Persigue compensar el impacto que estos despidos generan sobre el sistema público de protección por desempleo en un doble sentido. En primer lugar, incrementando la cuantía recaudada por la obligación de contribuir de las empresas, y en segundo lugar, entendiendo que el reforzamiento de la exigibilidad de esta aportación económica opera como incentivo para no despedir a personas mayores de 50 años, lo que también supone un menor coste de las prestaciones por desempleo.
Consecuentemente, procede desestimar este motivo de inconstitucionalidad respecto del artículo 10 y las disposiciones finales tercera y séptima.
9. Las restantes medidas contenidas en las disposiciones adicional, transitoria y finales del Real Decreto-ley 5/2013 deben ser examinadas separadamente, atendiendo al planteamiento que se ha expuesto en el fundamento jurídico 6.
a) Comenzaremos por las relativas al subsidio por desempleo para mayores de 55 años y, en relación con ellas, las vinculadas a las políticas activas de empleo para mayores de esa edad (disposiciones adicional octava, transitoria única y final primera.1).
Respecto de dichas medidas, la exposición de motivos de la norma señala que «[l]a disposición adicional octava establece que los trabajadores mayores de 55 años que hayan agotado la prestación o subsidio por desempleo, o que no tengan derecho a los mismos, tendrán la consideración de colectivo prioritario para la aplicación de políticas activas de empleo a fin de fomentar su permanencia en el mercado de trabajo prolongando su vida laboral», así como, respecto a la disposición final primera, que «[s]e incluye un tercer párrafo al número 3 del apartado primero del artículo 215 en el que se exige, para tener por cumplido el requisito de carencia de rentas a efectos del subsidio, que la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. La finalidad de este precepto es homogeneizar la regulación del subsidio para mayores de 55 años en relación con el resto de prestaciones del sistema y reforzar las políticas activas de empleo destinadas a este colectivo».
La Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social afirmó en el debate de convalidación que «[e]n cuanto al subsidio de mayores de 55 años su regulación se ha aproximado a la de otras prestaciones, de forma que la renta del núcleo familiar se va a tener en cuenta a la hora de conceder el subsidio… El único cambio en la regulación consiste en limitar dicho subsidio a situaciones de verdadera necesidad. Señorías, es hacerlo más equitativo y más justo, pero nadie –repito, nadie– que verdaderamente necesite este subsidio lo va a dejar de percibir, porque como bien saben, primero, no afectará a los que ya lo perciben, y en el futuro lo recibirán todos aquellos que lo tengan que recibir. Como bien saben, los recursos públicos son limitados, y la redistribución de renta para ser verdaderamente justa tiene que tener en cuenta la situación económica privada del beneficiario. Ahora bien –y lo que es muy importante–, para reforzar la capacidad de reinsertar a estos trabajadores de más edad en el mercado laboral la nueva regulación establece que aquellos trabajadores de más edad que no tuvieran derecho a prestación, y que deseen continuar activos, serán objeto de atención preferente por los servicios públicos de empleo en el marco de la ejecución de las políticas activas de empleo».
Finalmente, la memoria de impacto normativo alude a la necesidad de ordenar el marco regulador de este subsidio, señalando que con ello se cumplen recomendaciones específicas del Consejo de la Unión Europea para España.
De lo expuesto se deduce que ni en la exposición de motivos de la norma ni en el debate parlamentario de convalidación ni en la memoria de impacto normativo se indica que tales modificaciones traten de dar respuesta a una situación de naturaleza excepcional o constituyan una necesidad urgente, hasta el punto de que su efectividad no pueda demorarse durante el tiempo necesario para permitir su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario, sin hacer quebrar la efectividad de la acción requerida, bien por el tiempo a invertir o por la necesidad de inmediatez de la medida (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 6). En todo caso, lo que si puede advertirse es la razón por la que el Gobierno entiende que es necesario reformar el subsidio para mayores de 55 años, pero no una explicación de por qué esta reforma sea urgente en los términos exigidos por la doctrina constitucional para entender cumplida la exigencia del presupuesto habilitante derivado del artículo 86.1 CE.
Por tanto, las disposiciones adicional octava, transitoria única y final primera.1 del Real Decreto-ley 5/2013 vulneran el artículo 86.1 CE y son inconstitucionales y nulas.
b) De la disposición final primera, debemos atender ahora a lo previsto en sus apartados tercero y cuarto, pues ya hemos examinado sus apartados primero y segundo.
Respecto al primero de ellos la exposición de motivos hace referencia al contenido de la reforma que se introduce, sin que haya mención alguna a esta medida en el debate de convalidación. La memoria añade a la explicación de la exposición de motivos que la razón de la reforma es «ofrecer al colectivo de mutualistas del Régimen Especial del Mar el mismo trato que el dispensado a los mutualistas del Régimen General de la Seguridad Social». Resulta así que el Gobierno, si bien argumenta la razón de su adopción, no ha justificado la extraordinaria y urgente necesidad de esta medida que permitiría su regulación por decreto-ley. Eso determina su inconstitucionalidad y nulidad por infracción del artículo 86.1 CE.
Por su parte, la disposición final primera.4 modifica la disposición adicional trigésima novena del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social a fin de, según afirma la exposición de motivos, facilitar «la constatación del requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas a efecto de las prestaciones en el caso de trabajadores que sean responsables del ingreso de las cotizaciones, simplificando la labor de los solicitantes de prestaciones en el cumplimiento de la documentación exigida». La misma exposición de motivos justifica la extraordinaria y urgente necesidad de la medida del siguiente modo: «En cuanto a la eliminación de requisitos a los interesados para que puedan acreditar estar al corriente en el pago de las cuotas a efecto de las prestaciones, para no demorar los beneficiosos efectos que esta medida depara, al conseguirse una mayor celeridad y agilidad en los procedimientos de reconocimiento de prestaciones». En similares términos se pronuncia la memoria que, en tres ocasiones, señala que «[s]e facilita, a través de la modificación de la disposición adicional trigésima novena, la constatación del requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas a efecto de las prestaciones en el caso de trabajadores que sean responsables del ingreso de las cotizaciones, simplificando la labor de los solicitantes de prestaciones en el cumplimiento de la documentación exigida».
Aun reconociendo los efectos beneficiosos que la simplificación de trámites implica, lo que es relevante en el enjuiciamiento que se nos demanda es la explicación acerca de que tales modificaciones traten de dar respuesta a una situación de naturaleza excepcional o constituyan una necesidad urgente, hasta el punto de que su efectividad no pueda demorarse durante el tiempo necesario para su tramitación legislativa. No se han aducido efectos beneficiosos para unos colectivos concretos, sino unos imprecisos efectos beneficiosos para el sistema en su conjunto, fruto de la inmediata entrada en vigor de la norma impugnada. Por tanto, debemos concluir que la invocación genérica y abstracta de los efectos beneficiosos que puede acarrear la inmediata entrada en vigor de la regulación contenida en un decreto-ley no puede considerarse una situación caracterizada de la excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinen la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve. No se cumple, por tanto, el requisito constitucional de la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad que exige como presupuesto habilitante el artículo 86.1 CE.
c) La disposición final segunda modifica el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social en dos aspectos relacionados con la necesidad de adecuar la redacción del artículo 6.2 del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, relativo a los complementos por mínimos, a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social y en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013; y con la necesidad de subsanar la omisión relativa al cómputo de las pensiones reconocidas por otro Estado para determinar la concurrencia o no de la dependencia económica a efectos del reconocimiento del complemento por mínimos con cónyuge a cargo del titular de la pensión.
La exposición de motivos justifica la urgencia de estas reformas afirmando que «la propia previsión de la norma por la que retrotrae la fecha de efectos de estas modificaciones al día 1 de enero de 2013 justifican [sic] en modo adecuado las razones de extraordinaria y urgente necesidad para su regulación mediante este real Decreto-ley». Nada se dice sobre esta norma en el debate de convalidación, mientras que la memoria afirma que «[e]l hecho de que el incremento de las pensiones y determinación del importe y condiciones de los complementos por mínimos deba tener efectos desde el 1 de enero de 2013 dispensa de ofrecer más aclaración sobre la necesidad de recurrir a la fórmula del real Decreto-ley, sin que exista alguna otra alternativa a esta medida».
Debemos descartar que pueda justificar la extraordinaria y urgente necesidad requerida como presupuesto habilitante la que se refiere a la no demora de los efectos beneficiosos que proporciona la norma. En la STC 68/2007, de 28 de marzo, rechazamos como justificación de la extraordinaria y urgente necesidad la mera conveniencia de que el acceso a la protección de colectivos hasta entonces desprotegidos se realizara de manera inmediata. Entonces dijimos que «[e]l que una medida legislativa determine la ampliación de la cobertura del sistema de protección social incluyendo en su ámbito de aplicación a sujetos hasta entonces desprotegidos no es, por sí misma, razón que justifique el recurso a la legislación de urgencia, si no se acredita que la inmediata entrada en vigor de la medida constituye, a su vez, una necesidad extraordinaria y urgente. Lo contrario supondría excluir per se del procedimiento legislativo ordinario toda aquella medida de mejora del sistema de protección social susceptible de beneficiar a un determinado colectivo, y más aún, con carácter general, toda aquella decisión que comporte un beneficio para sus destinatarios, lo que obviamente no se corresponde con nuestro modelo constitucional. Por lo demás, es preciso tener en cuenta que la anticipación de los efectos beneficiosos de una medida de ampliación de la cobertura del sistema de protección social puede, en principio, lograrse, sin afectar al procedimiento legislativo, mediante el recurso a técnicas de ordenación intertemporal de la norma, por lo que, en este caso no está justificada la extraordinaria y urgente necesidad para lograr el pretendido beneficio en el colectivo destinatario de la medida» (FJ 8).
Aquí ocurre algo similar. La retroacción de efectos forma parte del propio contenido de la medida, luego no puede servir para justificar su extraordinaria y urgente necesidad, pues, precisamente por ese efecto retroactivo, ningún inconveniente habría para permitir su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario, sin hacer quebrar la efectividad de la acción requerida, bien por el tiempo a invertir o por la necesidad de inmediatez de la medida (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 6).
Por tanto en el presente caso el Real Decreto-ley no ha cumplido el requisito constitucional de la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad que exige como presupuesto habilitante el artículo 86.1 CE, lo que determina la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 5/2013.
d) Examinaremos ahora las disposiciones finales cuarta y sexta.
Acerca de la primera, la exposición de motivos afirma que «se modifica el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, ampliando el plazo para la presentación de solicitud de suscripción de convenio especial hasta el 31 de diciembre de 2014 y el número máximo de mensualidades en que se puede efectuar el pago fraccionado del convenio especial». Por su parte, la memoria señala que la reforma responde «al objeto de dotar de mayor flexibilidad, dada la actual situación económica, a las condiciones de suscripción del convenio especial previsto en su disposición adicional primera para las personas que, con anterioridad a la entrada en vigor del citado real decreto, hubieran participado en programas de formación, cuyo plazo de solicitud ha expirado el 31 de diciembre de 2012. Así, con esta modificación se amplía el plazo para solicitar la suscripción de dicho convenio especial y se aumenta el número de mensualidades en las que puede fraccionarse su pago». Más adelante, la misma memoria, señala que estas razones «justifican su inclusión en el Real Decreto-ley».
Sobre la disposición final sexta afirma la exposición de motivos que «[l]as disposiciones finales quinta y sexta establecen diversas modificaciones técnicas del Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social y del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo». En el debate de convalidación nada se dijo acerca de esta norma. La memoria de impacto normativo alude a que la norma responde a la necesidad de atribuir, en el ámbito provincial, la competencia para sancionar determinadas infracciones graves, señalando posteriormente que «[p]arece conveniente incorporar al texto del real Decreto-ley la modificación de esta norma procedimental, a fin de solventar la indefinición competencial indicada, máxime cuando en el mismo se introducen algunas modificaciones en la propia Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social incorporándose dos nuevos tipos de infracciones».
De nuevo, en el presente caso nada hay que indique que la regulación introducida trate de dar respuesta a una situación de naturaleza excepcional o constituya una necesidad urgente, hasta el punto de que su efectividad no pueda demorarse durante el tiempo necesario para permitir su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario sin hacer quebrar la efectividad de la acción requerida, bien por el tiempo a invertir o por la necesidad de inmediatez de la medida. Tampoco en momento alguno se ha justificado, ni a ellos se ha aludido siquiera, cuáles podrían ser los perjuicios u obstáculos que para la consecución de los objetivos perseguidos se seguirían de la tramitación de la modificación normativa que lleva a cabo el precepto recurrido por el procedimiento legislativo parlamentario (STC 137/2011, FJ 7).En la exposición de motivos de la norma y en la memoria se explica el contenido de las medidas y, todo lo más, las razones que llevan al Gobierno a adoptarlas, pero no hay elemento alguno que permita a este Tribunal inferir la urgencia en su adopción. Lo que ahora importa no son las medidas adoptadas, sino que la concurrencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad, habilitante de la legislación de urgencia, haya sido efectivamente acreditada. No se ha cumplido, por tanto, el requisito constitucional de la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad que exige como presupuesto habilitante el artículo 86.1 CE.
Consecuentemente, las disposiciones finales cuarta y sexta del Real Decreto-ley 5/2013 son inconstitucionales y nulas.
10. Llegados a este punto, todavía debemos examinar el segundo motivo de inconstitucionalidad planteado por los recurrentes.
Estos alegan la vulneración de la prohibición de afectación de los derechos regulados en el título I CE, afirmando que el Real Decreto-ley 5/2013 y, en particular, sus previsiones sobre la jubilación anticipada de los artículos 6 y 7, afectan a aspectos sustanciales de la regulación del derecho de acceso a las prestaciones de la Seguridad Social, en cuanto que regula la edad de acceso a la pensión y el número de años cotizados que se exigen para ello, contraviniendo con ello la prohibición del artículo 86.1 CE por cuanto se estaría afectando al derecho a las prestaciones de la Seguridad Social que consagra el artículo 41 CE.
A este argumento se ha opuesto el Abogado del Estado señalando que el derecho a la Seguridad Social del artículo 41 CE es un derecho de configuración legal, lo que permite al legislador modularlo en atención a las circunstancias económicas o sociales de cada momento, sin que exista pronunciamiento del Tribunal Constitucional que restrinja el recurso al decreto-ley para regular las materias incluidas en el capítulo I del título III CE.
Este segundo motivo de inconstitucionalidad ha de ser desestimado en atención a la doctrina de la STC 139/2016, de 21 de julio, FJ 6, en la que se examinaba una queja relacionada con la infracción de los límites materiales del decreto-ley en relación con el artículo 43 CE. En su examen concluimos que «[e]l precepto constitucional se ubica entre los principios rectores de la política social y económica, los cuales, formalmente, disfrutan de las garantías previstas en el art. 53.3 CE, por lo que su reconocimiento, respeto y protección «informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos», estatales y autonómicos. Asimismo, sólo se pueden alegar ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo dispuesto en las leyes que los desarrollen. Atendiendo, por tanto, a su ubicación sistemática, el artículo 43 CE se configura como un principio rector, razón por la que carece de contenido constitucionalmente esencial que pueda ser afectado por la legislación de urgencia».
Esas mismas razones son predicables del artículo 41 CE, que ahora se ve afectado por la regulación del Real Decreto-ley 5/2013, ya que el precepto impone un mandato a los poderes públicos que, dada su ubicación sistemática en el texto constitucional, no impide su regulación mediante el recurso a la legislación de urgencia.
11. En último término y para precisar el alcance de la presente Sentencia, hay que señalar que la nulidad que, como regla y de acuerdo con el artículo 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sigue a un pronunciamiento de inconstitucionalidad, debe ser matizada en este caso concreto. En efecto, debemos limitar los efectos de las anteriores declaraciones de inconstitucionalidad y nulidad de parte de los preceptos del Real Decreto-ley 5/2013, en el sentido de que no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas. Entre las situaciones consolidadas que han de considerarse no susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad que ahora declaramos figuran no sólo aquellas decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada (art. 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), sino también, por exigencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), las establecidas mediante actuaciones administrativas firmes (SSTC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 11; 180/2000, de 29 de junio, FJ 7; 54/2002, de 27 de febrero, FJ 9: 27/2012, de 1 de marzo, FJ 10; 86/2013, de 11 de abril, FJ 5, y 206/2013, de 5 de diciembre, FJ 3).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad, con los efectos indicados en el fundamento jurídico 11, de las disposiciones adicionales sexta, séptima y octava; disposición transitoria única y disposiciones finales primera.1, 2, 3 y 4; segunda; cuarta; sexta y octava.
2.º Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a siete de junio de dos mil dieciocho.–Juan José González Rivas.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formulan los Magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la Magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón respecto de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 3688-2013
En ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y con pleno respeto a la opinión de la mayoría del Pleno, formulamos el presente Voto particular para expresar nuestra discrepancia con la fundamentación jurídica y el fallo de la presente Sentencia, que estima solo parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido contra el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.
Nuestra discrepancia estriba en el análisis de las justificaciones que relacionan la extraordinaria y urgente necesidad del Real Decreto-ley con el transcurso del plazo de suspensión de la entrada en vigor de la regulación contenida en la Ley 27/2011. Tanto el preámbulo del Real Decreto-ley como el miembro del Gobierno que defendió la norma en el trámite de convalidación parlamentaria se refieren al transcurso de dicho plazo como justificación principal (preámbulo) o, incluso, única (tramite de convalidación) de la concurrencia de la causa de extraordinaria y urgente necesidad. La Sentencia considera que esa justificación es suficiente para acreditar el cumplimiento del presupuesto habilitante exigido por el artículo 86.1 CE con respecto al contenido principal del Real Decreto-Ley impugnado (arts. 1 a 9, relativos a la jubilación anticipada y parcial), aunque no para las normas incluidas en determinadas disposiciones adicionales y finales y la transitoria única, respecto a las cuales nada se dice en el preámbulo de la norma, en la intervención de la Ministra que la defendió en el Congreso o durante el procedimiento de elaboración.
Para exponer por qué no compartimos esa conclusión, conviene que comencemos examinando el origen del referido plazo de suspensión. La entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, estaba prevista para el 1 de enero de 2013 (disposición final duodécima). Sin embargo, el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social (publicado en el «BOE» de 31 de diciembre de 2013) suspendió durante tres meses la aplicación de los preceptos de la Ley 27/2011 relativos a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial (disposición adicional primera).
Del preámbulo del Real Decreto-ley 29/2012 se desprende que la razón de la suspensión parcial de la aplicación de la Ley 27/2011 fue la de evitar que entrara en vigor una regulación –relativa a la jubilación anticipada y parcial– que se consideraba que poco después tendría que ser modificada y adaptada en consonancia con el contenido de nuevos informes técnicos y diversas propuestas de reforma que debían ser debatidas en el seno del foro llamado «Pacto de Toledo» y en la comisión parlamentaria de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. En suma, la suspensión respondía al deseo de evitar la aplicación de unas disposiciones legales condenadas a ser modificadas en un breve plazo y, a la vez, a la necesidad de dar tiempo para que las modificaciones necesarias fueran debatidas y promulgadas.
Por lo que respecta al Decreto-ley impugnado, su preámbulo destaca que «las medidas adoptadas en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, resultaban insuficientes para garantizar la viabilidad del sistema en el largo plazo, al permitir un alejamiento paulatino entre la edad legal de jubilación y la edad a la que es posible acceder a una jubilación anticipada, y favorecer, en determinadas ocasiones, las decisiones de abandono temprano del mercado laboral», y que «ante la inminente finalización del plazo de suspensión mencionado, el 31 de marzo de 2013, procede efectuar las modificaciones con anterioridad a dicha fecha, lo que justifica las razones de extraordinaria y urgente necesidad para su realización a través del presente real decreto-ley».
Por su parte, en el debate parlamentario de convalidación la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en nombre del Gobierno, indicó que el Decreto-ley impugnado contenía «una reforma necesaria que constituye un nuevo avance en la sostenibilidad y la coherencia de nuestro sistema público». Señaló también que se trataba de reforzar la situación del sistema de pensiones de cara a los desafíos demográficos a los que se enfrenta; que el decreto-ley nacía del compromiso de cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo; que se habían recabado informes técnicos, realizados en octubre de 2012 y debatidos en la comisión del Pacto de Toledo entre noviembre de 2012 y marzo de 2013; que se habían realizado numerosas reuniones con diferentes actores políticos y sociales, así como en particular jornadas de estudio sobre la compatibilidad entre salario y pensión, en las que habían participado numerosos técnicos, profesionales y académicos.
En nuestra opinión, ninguna de las razones apuntadas reviste los rasgos caracterizadores de una situación de extraordinaria y urgente necesidad en los términos de nuestra jurisprudencia. Como recordamos en la STC 68/2007, «aun habiendo descartado que la utilización por el Gobierno de su potestad legislativa extraordinaria deba circunscribirse a situaciones de fuerza mayor o de emergencia, es lo cierto que hemos exigido la concurrencia de ciertas notas de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinen la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia». Ello no parece concurrir, sin embargo, en el caso ahora analizado, como, por otra parte, pone de relieve la propia intervención del Gobierno en el debate parlamentario de convalidación. En efecto, en dicho debate la Ministra de Empleo y Seguridad Social, al presentar en nombre del Gobierno los objetivos y finalidades de la norma cuya convalidación solicitaba y el escenario en que la misma se insertaba, no describió una situación económica, social o de otro tipo que, de algún modo, pudiera identificarse con las notas de gravedad y excepcionalidad a las que hemos hecho referencia. Tras recordar que la reforma de las pensiones de 2011 supuso «un avance en materia de sostenibilidad», consideró que el sistema «goza de buena salud» aunque «necesita de ajustes periódicos». Señaló asimismo que la reforma de 2011 no había sido suficiente en determinados aspectos y que el Gobierno había abordado «el necesario refuerzo de la sostenibilidad de nuestro sistema desde el primer momento de la legislatura». En concreto señaló que la reforma de la jubilación anticipada y parcial que se había hecho en 2011 presentaba «algunas distorsiones»: una de las distorsiones que se explicitan se relaciona con la posibilidad de utilizar incorrectamente la jubilación parcial como modalidad de acceso a la jubilación anticipada; otra, con la falta de regulación de la compatibilidad entre trabajo y pensión; y la última, con la incorporación de mayores niveles de contributividad para la jubilación anticipada y la fijación de coeficientes reductores naturales.
La reforma del sistema de pensiones y, más limitadamente, de determinados aspectos de la normativa reguladora de la jubilación anticipada y parcial abordada mediante el Real Decreto-ley impugnado responde por tanto, más que a una actuación de urgencia para hacer frente a una evolución imprevista de los factores demográficos y a una problemática emergente y extraordinaria en los ámbitos económico y de Seguridad Social, a una exigencia de mejor adaptación de la regulación existente al interés general, como expresamente reconoce la Sentencia de la que disentimos.
En esencia, la única razón que ha apuntado el miembro del Gobierno para justificar la urgencia de la aprobación del Decreto-ley impugnado es el vencimiento del plazo de tres meses de suspensión de la aplicación de la regulación anterior. Razón que da por buena la Sentencia de la que discrepamos, afirmando que «esta reforma debía acometerse en un plazo tasado» para «la mejor adecuación a las exigencias de sostenibilidad del sistema» que era «el objetivo que persigue el Gobierno». Junto a esa finalidad, la Sentencia añade «la pretensión de obtener un tratamiento coherente y uniforme de las modificaciones normativas propuestas así como la coordinación de sus efectos».
En nuestra opinión, ni la finalización del plazo de suspensión de una norma legal vigente ni la mejor adaptación de la regulación existente al interés general ni la consecución de un tratamiento coherente y uniforme de las modificaciones normativas propuestas o la coordinación de sus efectos, pueden considerarse aisladamente o en conjunto una situación caracterizada de la excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinen la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve. En efecto, ello no significaba la existencia de un vacío normativo que fundamentase la necesidad de una apremiante actuación legislativa en esta materia, ni un obstáculo a la aplicación de los preceptos suspendidos de una norma legal vigente.
Se trataba, en definitiva, únicamente de introducir modificaciones en el sistema de pensiones que reforzaran su sostenibilidad en el largo plazo, modificaciones que se abordaban desde una situación de relativa normalidad del sistema de pensiones al que la propia Ministra atribuía «una buena salud». Esta percepción sobre la finalidad básica de la norma analizada y sobre la situación en la que la misma se inserta, que «responde más al esquema propio de los tratamientos continuados preventivos y de acompañamiento que al de las acciones quirúrgicas de emergencia» (STC 68/2007, FJ 10), es coherente, desde luego, con los objetivos que el propio preámbulo de la norma afirma perseguir –garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, favorecer el alargamiento de la vida activa, aprovechar en mayor medida los conocimientos y experiencia de los trabajadores mayores– y no hace sino proseguir el proceso continuado de reformas legales, dirigidas todas ellas a finalidades idénticas o similares, desarrollado en las últimas décadas en materia de Seguridad Social, desde la firma del trascendental Pacto de Toledo en 1995 y su renovación en 2003. Es claro que la realidad misma sobre la que actúan las disposiciones reguladoras del sistema de pensiones exige una acción de permanente adaptación a la evolución de los factores demográficos y sociales que la conforman. Pero tal necesidad de adaptación no es coyuntural, sino estructural, y salvo en situaciones especialmente cualificadas por notas de gravedad, imprevisibilidad o relevancia, no alcanza por sí misma a satisfacer el cumplimiento de los estrictos límites a los que la Constitución ha sometido el ejercicio del poder legislativo del Gobierno.
Es cierto que, como destaca la propia Sentencia en su fundamento jurídico 4, este Tribunal ha declarado que la circunstancia de que un decreto-ley pretenda afrontar una situación de carácter estructural y no coyuntural no es suficiente para apreciar que no se ha hecho un uso constitucionalmente adecuado de la figura del decreto-ley, puesto que, aun configurándose como un instrumento normativo constitucionalmente apropiado ante problemas o situaciones coyunturales, no cabe excluir en principio y con carácter general su uso ante problemas o situaciones estructurales (SSTC 31/2011, FJ 4; y 137/2011, FJ 7).
No obstante, aunque haya descartado que la utilización por el Gobierno de su potestad legislativa extraordinaria deba circunscribirse a situaciones de fuerza mayor o de emergencia, este Tribunal ha exigido la concurrencia de ciertas notas de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinen la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia (SSTC 68/2007, FJ 10; y 137/2011, FJ 7).
Pues bien, en este caso, el Gobierno, al que le corresponde acreditar la concurrencia del presupuesto habilitante del decreto-ley, nada ha dicho en el preámbulo, ni nada dijo tampoco la Ministra de Empleo y Seguridad Social en el trámite de convalidación parlamentaria del Real Decreto-ley, sobre la necesidad y la urgencia de corregir las distorsiones diagnosticadas en la regulación de la jubilación anticipada y parcial precisamente mediante las medidas incluidas en la norma impugnada. Nada ha alegado tampoco sobre la necesidad de una acción normativa inmediata, como la llevada a cabo a través del Decreto-ley impugnado, en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia, sin que tampoco en momento alguno se haya justificado, ni a ellos se haya aludido siquiera, cuáles podrían ser los perjuicios u obstáculos que para la consecución de los objetivos perseguidos se seguirían de la tramitación de la modificación normativa que lleva a cabo el precepto recurrido por el procedimiento legislativo parlamentario (STC 137/2011, FJ 7).
Como señala la propia Sentencia en el fundamento jurídico 4, la valoración de la extraordinaria y urgente necesidad de una medida puede ser independiente de su imprevisibilidad e, incluso, de que tenga su origen en la previa inactividad del propio Gobierno siempre que concurra efectivamente la excepcionalidad de la situación, pues «lo que aquí debe importar no es tanto la causa de las circunstancias que justifican la legislación de urgencia cuanto el hecho de que tales circunstancias efectivamente concurran» (STC 11/2002, de 17 de enero, FJ 6). Sin embargo, como hemos indicado, en el presente caso nada hay que indique que la regulación introducida trate de dar respuesta a una situación de naturaleza excepcional o constituya una necesidad urgente, hasta el punto de que su efectividad no pueda demorarse durante el tiempo necesario para permitir su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario sin hacer quebrar la efectividad de la acción requerida, bien por el tiempo a invertir o por la necesidad de inmediatez de la medida. Antes bien, por las razones dichas, si algo despunta en la regulación controvertida es que la misma se inserta en el esfuerzo continuado de los órganos políticos por garantizar el sistema de pensiones y, al cabo, por asegurar su sostenibilidad en el largo plazo. Así lo pone de manifiesto la intervención de la Ministra de Empleo y Seguridad Social en el trámite de convalidación parlamentaria, quien subraya no solo el compromiso gubernamental desde el inicio de la legislatura por reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino muy especialmente la pluralidad de acciones preparatorias, durante un plazo de más de medio año, de las medidas incluidas en el Decreto-ley impugnado: la encomienda al servicio jurídico de la Seguridad Social, ya en el verano de 2012, de una jornada de estudio sobre la compatibilidad entre salario y pensión; la existencia de informes técnicos desde octubre de 2012; el debate de tales informes en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo durante varios meses (desde noviembre de 2012 a marzo de 2013); y la realización de 15 reuniones de trabajo con diferentes grupos parlamentarios y agentes sociales.
Así pues, tal esfuerzo y objetivo continuado, que son por cierto los mismos a los que responde la ley parcialmente modificada por el Decreto-ley impugnado (la Ley 27/2011, de 1 de agosto), no es, como también se ha observado, coyuntural sino estructural y, en consecuencia, en defecto de la existencia de una situación especialmente cualificada por las notas de gravedad, imprevisibilidad o relevancia, no alcanza por sí misma a satisfacer el cumplimiento de los estrictos límites a los que la Constitución ha sometido el ejercicio del poder legislativo del Gobierno.
En suma, a la vista de las circunstancias concurrentes y de las razones expuestas, en el presente caso era forzoso concluir que el Gobierno no aportó una justificación suficiente que permitiera apreciar la existencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad requerido por el artículo 86.1 CE para el uso de la legislación de urgencia en relación con el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo. La constatación del incumplimiento del primer elemento que integra el presupuesto habilitante obligaba a estimar íntegramente el presente recurso de inconstitucionalidad, es decir, no solo para las normas incluidas en determinadas disposiciones adicionales y finales y la transitoria única del Real Decreto-ley, sino para la totalidad de su regulación, sin necesidad de examinar el cumplimiento del segundo elemento, esto es, la existencia de la necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y las medidas concretas adoptadas para subvenir a ella.
Madrid, a siete de junio de dos mil dieciocho.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
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Hoy lleva el #BOE una nueva (¡y van...!) sentencia del TC en la que tumba partes de un Decreto-Ley porque no son medidas urgentes y extraordinarias. En este caso, además, es el clásico potaje (temas distintos en una sola norma, a lo loco) >
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[
"111",
"125",
"131"
] |
TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL
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Tribunal Constitucional
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Sentencia del TC declara la inconstitucionalidad y nulidad, en los términos del fj 11, de los arts. 215.1.3 y 229, y disposiciones adicionales 8.6 y 39 de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto-ley 5/2013.
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[
"1667",
"3160",
"4555",
"5904",
"6499",
"6909"
] | 761
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2014-07-17
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BOE-B-2014-25627
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SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO
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<titulo>SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<analisis></analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Departamento 2.º</p>
<p class='parrafo'>Por el presente se hace público -para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas mediante Providencia de fecha 7 de julio de 2014, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance B-124/14, CC.AA. (Informe Fisc. Programa 131, Participación Ciudadana y Calidad Democrática, Ejerc. 2009), Cataluña- que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por un presunto alcance contable en los fondos de la Generalitat de Catalunya.</p>
<p class='parrafo'>Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 7 de julio de 2014.- El Secretario, Jaime Vegas Torres.</p>
</texto>
</documento>
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Thu Jul 17 06:17:01 +0000 2014
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Departamento 2.º
Por el presente se hace público -para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas mediante Providencia de fecha 7 de julio de 2014, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance B-124/14, CC.AA. (Informe Fisc. Programa 131, Participación Ciudadana y Calidad Democrática, Ejerc. 2009), Cataluña- que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por un presunto alcance contable en los fondos de la Generalitat de Catalunya.
Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto.
Madrid, 7 de julio de 2014.- El Secretario, Jaime Vegas Torres.
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Sabemos que el Tribunal de Cuentas busca unos eurillos perdidos en la Generalitat de Catalunya. Poco más detalle #BOE
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TRIBUNAL_DE_CUENTAS
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TRIBUNAL DE CUENTAS
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Sabemos que el Tribunal de Cuentas continua el procedimiento de reintegro por un presunto alcance contable en los fondos de la Generalitat de Catalunya.
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[] | 762
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2016-12-15
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EN RELACIÓN con
la Resolución 306/XI, de 6 de octubre de 2016 del Parlamento de Cataluña
EN RELACIÓN con
la Sentencia 259/2015, de 2 de diciembre
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BOE-A-2016-11868
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Incidente de ejecución de Sentencia del Tribunal Constitucional (artículos 87 y 92 LOTC), dictada en la impugnación de resolución autonómica (Título V LOTC) nº 6330-2015, contra la Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016.
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<identificador>BOE-A-2016-11868</identificador>
<titulo>Incidente de ejecución de Sentencia del Tribunal Constitucional (artículos 87 y 92 LOTC), dictada en la impugnación de resolución autonómica (Título V LOTC) nº 6330-2015, contra la Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016.</titulo>
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<nota codigo='28' orden='245'>Suspende la vigencia y aplicación de los apartados indicados de la Resolución 306/XI, de 6 de octubre de 2016, del Parlamento de Cataluña.</nota>
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<alerta codigo='111' orden=''>Derecho Constitucional</alerta>
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<texto>la Resolución 306/XI, de 6 de octubre de 2016 del Parlamento de Cataluña</texto>
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<texto>la Sentencia 259/2015, de 2 de diciembre</texto>
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<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Pleno del Tribunal Constitucional, en el incidente de ejecución de Sentencia del Tribunal Constitucional (arts. 87 y 92 LOTC) dictada en la impugnación de resolución autonómica (Título V LOTC) núm. 6330-2015, promovido por el Gobierno de la Nación contra la Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, ha acordado por providencia de 13 de diciembre de 2016:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Tener por recibido el escrito de formulación de incidente de ejecución de sentencia (arts. 87 y 92 LOTC) por el Abogado del Estado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, en relación con diversos apartados de la Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, sobre la orientación política general del Gobierno, por contravención de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, de 9 de noviembre de 2015, «sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015» y Anexo; así como del ATC 141/2016, de 19 de julio, que estima el incidente de ejecución planteado respecto de la Resolución 5/XI del Parlamento de Cataluña, de 20 de enero de 2016, de creación de comisiones parlamentarias; de la providencia de 1 de agosto de 2016; y del ATC 170/2016, de 6 de octubre, que estima el incidente de ejecución planteado respecto de la Resolución 263/XI del Parlamento de Cataluña, de 27 de julio de 2016, por la que se ratifican el informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En concreto los apartados de la Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, a los que se refiere el incidente de ejecución planteado por el Abogado del Estado son los siguientes, ambos dentro del título I («El futuro político de Cataluña»): el capítulo I.1 («Referéndum»), en los números 1 a 9 del epígrafe I.1.1 («Referéndum, amparo legal y garantías»); y el capítulo I.2 («Proceso Constituyente»), que comprende los números 13 a 16.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Dar traslado al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña, por conducto de su Presidenta, de la petición de declaración de nulidad de los referidos apartados de la Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, de conformidad con el art. 92.1.2º LOTC, al objeto de que en el plazo de veinte días hábiles puedan formular las alegaciones que estimen convenientes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Tener por invocado por el Gobierno de la Nación el art. 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados apartados de la Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Conforme al art. 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tribunal, y de acuerdo con lo interesado por la Abogacía del Estado, notifíquese personalmente la presente resolución a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento y al Secretario General del Parlamento de Cataluña, así como al Presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Se les advierte, asimismo, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Requerir a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento y al Secretario General del Parlamento de Cataluña para que en el plazo de veinte días hábiles emitan los correspondientes informes, a los efectos del art. 92.4 LOTC, acerca de si las actuaciones parlamentarias que dieron lugar a la aprobación de la Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, en los apartados referidos a los que se refiere el presente incidente, han contravenido la STC 259/2015, de 2 de diciembre, el ATC 141/2016, de 19 de julio, la providencia de 1 de agosto de 2016 y el ATC 170/2016, de 6 de octubre.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. En cuanto a la petición de requerimiento documental que se contiene en el segundo otrosí del escrito de formulación de incidente de ejecución de sentencia, este Tribunal resolverá en su momento lo que resulte oportuno.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Publicar el contenido de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, 13 de diciembre de 2016.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.</p>
</texto>
</documento>
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Thu Dec 15 09:43:50 +0000 2016
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El Pleno del Tribunal Constitucional, en el incidente de ejecución de Sentencia del Tribunal Constitucional (arts. 87 y 92 LOTC) dictada en la impugnación de resolución autonómica (Título V LOTC) núm. 6330-2015, promovido por el Gobierno de la Nación contra la Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, ha acordado por providencia de 13 de diciembre de 2016:
1. Tener por recibido el escrito de formulación de incidente de ejecución de sentencia (arts. 87 y 92 LOTC) por el Abogado del Estado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, en relación con diversos apartados de la Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, sobre la orientación política general del Gobierno, por contravención de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, de 9 de noviembre de 2015, «sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015» y Anexo; así como del ATC 141/2016, de 19 de julio, que estima el incidente de ejecución planteado respecto de la Resolución 5/XI del Parlamento de Cataluña, de 20 de enero de 2016, de creación de comisiones parlamentarias; de la providencia de 1 de agosto de 2016; y del ATC 170/2016, de 6 de octubre, que estima el incidente de ejecución planteado respecto de la Resolución 263/XI del Parlamento de Cataluña, de 27 de julio de 2016, por la que se ratifican el informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.
En concreto los apartados de la Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, a los que se refiere el incidente de ejecución planteado por el Abogado del Estado son los siguientes, ambos dentro del título I («El futuro político de Cataluña»): el capítulo I.1 («Referéndum»), en los números 1 a 9 del epígrafe I.1.1 («Referéndum, amparo legal y garantías»); y el capítulo I.2 («Proceso Constituyente»), que comprende los números 13 a 16.
2. Dar traslado al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña, por conducto de su Presidenta, de la petición de declaración de nulidad de los referidos apartados de la Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, de conformidad con el art. 92.1.2º LOTC, al objeto de que en el plazo de veinte días hábiles puedan formular las alegaciones que estimen convenientes.
3. Tener por invocado por el Gobierno de la Nación el art. 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados apartados de la Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016.
4. Conforme al art. 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tribunal, y de acuerdo con lo interesado por la Abogacía del Estado, notifíquese personalmente la presente resolución a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento y al Secretario General del Parlamento de Cataluña, así como al Presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Se les advierte, asimismo, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.
5. Requerir a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento y al Secretario General del Parlamento de Cataluña para que en el plazo de veinte días hábiles emitan los correspondientes informes, a los efectos del art. 92.4 LOTC, acerca de si las actuaciones parlamentarias que dieron lugar a la aprobación de la Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, en los apartados referidos a los que se refiere el presente incidente, han contravenido la STC 259/2015, de 2 de diciembre, el ATC 141/2016, de 19 de julio, la providencia de 1 de agosto de 2016 y el ATC 170/2016, de 6 de octubre.
6. En cuanto a la petición de requerimiento documental que se contiene en el segundo otrosí del escrito de formulación de incidente de ejecución de sentencia, este Tribunal resolverá en su momento lo que resulte oportuno.
7. Publicar el contenido de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 13 de diciembre de 2016.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.
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El incidente de ejecución de sentencia en el TC planteado por el Gobierno contra la hoja de ruta y el referendum CAT
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[
"111",
"121"
] |
TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL
|
Tribunal Constitucional
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Incidente de ejecución de sentencia en el TC planteado por el Gobierno contra la hoja de ruta y el referendum de Catalunya
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[
"665",
"5377",
"7156",
"5924",
"6532",
"6951"
] | 763
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2013-07-23
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BOE-A-2013-8040
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Resolución de 9 de julio de 2013, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se publican las cuentas anuales del Grupo Entidad Pública Empresarial Red.es del ejercicio 2012.
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<identificador>BOE-A-2013-8040</identificador>
<titulo>Resolución de 9 de julio de 2013, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se publican las cuentas anuales del Grupo Entidad Pública Empresarial Red.es del ejercicio 2012.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<departamento codigo='9219'>Ministerio de Industria, Energía y Turismo</departamento>
<rango codigo='1370'>Resolución</rango>
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<fecha_publicacion>20130723</fecha_publicacion>
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<referencias>
<anteriores></anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Conforme a lo establecido en el artículo 136.4 de la Ley 7/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que en su apartado cuarto establece que «las entidades que deban aplicar principios contables públicos así como las restantes que no tengan obligación de publicar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil publicarán anualmente en el «Boletín Oficial del Estado» el balance de situación y la cuenta económico-patrimonial y un resumen de los restantes estados que conforman las cuentas anuales», se dispone la publicación de las cuentas anuales del Grupo Entidad Pública Empresarial Red.es, del ejercicio 2012 para su general conocimiento.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 9 de julio de 2013.–El Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, Borja Adsuara Varela.</p>
<img/>
<img/>
<img/>
<p class='centro_redonda'>MEMORIA DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</p>
<p class='centro_cursiva'>1. Actividad del grupo Entidad Pública Empresarial Red.es</p>
<p class='parrafo_2'>La Entidad Pública Empresarial Red.es (Entidad dominante) tiene su origen en el Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión, creado por el artículo 124 de la Ley 37/1988 con el objeto de prestar en régimen de monopolio el servicio de transporte y difusión de las señales de televisión, servicio que fue prestado hasta el mes de abril del año 2000.</p>
<p class='parrafo'>La creación y regulación vigente de la Entidad Pública Empresarial Red.es, está recogida en la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones (declarada expresamente en vigor por la disposición derogatoria única de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre), en redacción dada por el artículo 55 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por el artículo 14.tres de la Ley 24/2001, y por la disposición final segunda y la disposición adicional sexta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico.</p>
<p class='parrafo'>Red.es se configura como entidad pública empresarial, conforme a lo previsto en el artículo 43.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Se aprobó su Estatuto por el Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, siendo modificado posteriormente por el Real Decreto 1433/2008, de 29 de Agosto. Dicha entidad está adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la información.</p>
<p class='parrafo'>Red.es está dotada de personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio. Constituye su objeto la gestión, administración y disposición de los bienes y derechos que integran su patrimonio, actuando conforme a criterios empresariales.</p>
<p class='parrafo'>El artículo 55 de la Ley 14/2000, establece las principales funciones de la Entidad Pública:</p>
<p class='parrafo_2'>a) La gestión del registro de los nombres y direcciones de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es), de acuerdo con la política de registros que se determine por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en la normativa correspondiente.</p>
<p class='parrafo'>b) La participación en los órganos que coordinen la gestión de Registros de nombre y dominios de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), o la organización que en su caso la sustituya, así como el asesoramiento al Ministerio de Ciencia y Tecnología en el Comité Asesor Gubernamental de ICANN (GAC) y, en general cuando le sea solicitado, el asesoramiento a la Administración General del Estado en el resto de los organismos internacionales y, en particular, en la Unión Europea, en todos los temas de su competencia.</p>
<p class='parrafo'>c) La de observatorio del sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información.</p>
<p class='parrafo'>d) La elaboración de estudios e informes y, en general, el asesoramiento de la Administración General del Estado en todo lo relativo a la sociedad de la información, de conformidad con las instrucciones que dicte el Ministerio de Ciencia y Tecnología.</p>
<p class='parrafo'>e) El fomento y desarrollo de la Sociedad de la Información.</p>
<p class='parrafo_2'>El artículo 80 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, modifica la disposición adicional 6.ª de la Ley 11/1998, General de Telecomunicaciones y el Real Decreto 164/2002, por el que se aprueba el Estatuto de Red.es, incorporando bajo la letra f) una nueva función de la Entidad:</p>
<p class='parrafo_2'>f) Ofrecer a la comunidad académica y científica nacional una infraestructura básica de comunicaciones mediante servicios de red y servicios de aplicación a través de la Red IRIS.</p>
<p class='parrafo_2'>El régimen de contratación, adquisición y enajenación de la Entidad se acomoda a las normas de derecho privado, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre de contratos del Sector Público.</p>
<p class='parrafo'>El régimen patrimonial de la Entidad Pública se ajusta a las previsiones del artículo 56 de la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. No obstante, los actos de disposición y enajenación de los bienes que integran su patrimonio se regirán por el derecho privado. En especial, la Entidad podrá afectar sus activos, entre los que se encuentra el remanente al que hace referencia el artículo 6 del Real Decreto-Ley 16/1999, a las funciones de fomento y desarrollo de la Sociedad de la Información y a financiar transitoriamente el déficit de explotación que se derive del ejercicio del resto de las referidas funciones de la Entidad Pública.</p>
<p class='parrafo'>La contratación del personal se ajusta al derecho laboral, conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 6/1997. El régimen presupuestario, el económico-financiero, el de contabilidad, el de intervención y el de control financiero, están sometidos a la Ley General Presupuestaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 y en la disposición transitoria tercera de la Ley 6/1997.</p>
<p class='parrafo'>Los recursos económicos de Red.es podrán provenir de cualquiera de los enumerados en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley 6/1997. Entre los recursos económicos se incluye además la «Tasa por asignación del recurso limitado de nombres y direcciones de Internet» regulada por la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones en la redacción dada por el artículo 14.tres de la Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y por la disposición final segunda de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico.</p>
<p class='parrafo'>La Entidad tiene su domicilio en la Pza. Manuel Gómez Moreno s/n de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>Red.es y su filial Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A. (INTECO), domiciliada en León, forman el Grupo Entidad Publica Empresarial Red.es, del cual es la entidad dominante.</p>
<p class='parrafo'>El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), es una sociedad mercantil estatal, que forma parte del sector público empresarial, conforme a lo establecido en el apartado c) del artículo 166.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAAPP).</p>
<p class='parrafo'>Está participada al 100 % por la Entidad Pública Empresarial Red.es., adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y su creación fue aprobada en el Consejo de Ministros de 29 de abril de 2005, como instrumento para desarrollar la Sociedad del Conocimiento y el desarrollo tecnológico en la comunicación.</p>
<p class='parrafo'>El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A. está dotado de personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio. Constituye su objeto social la gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en el marco de la Sociedad de la Información. Tiene autonomía para la gestión, administración y disposición de los bienes y derechos que integran su patrimonio, actuando conforme a criterios empresariales.</p>
<p class='parrafo'>El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, como sociedad mercantil estatal con forma de sociedad anónima, se rige íntegramente por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y de contratación, según prevé el apartado 1 de la DA 12.ª de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE).</p>
<p class='parrafo'>La Sociedad no forma parte de la Administración General del Estado y está sometida a derecho privado en sus relaciones jurídicas por tanto contrata personal conforme al derecho laboral.</p>
<p class='parrafo'>La contratación de la Sociedad se rige por las disposiciones de la legislación de contratos del sector público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) previstas para los poderes adjudicadores.</p>
<p class='parrafo'>La misión de INTECO es aportar valor e innovación a los ciudadanos, a las PYMES, a las Administraciones Públicas y al sector de las tecnologías de la información, a través del desarrollo de proyectos que contribuyan a reforzar la confianza en los servicios de la Sociedad de la Información en nuestro país, promoviendo además una línea de participación internacional.</p>
<p class='parrafo'>Para ello, INTECO desarrolla actuaciones en las siguientes líneas:</p>
<p class='parrafo_2'>• Seguridad Tecnológica: INTECO está comprometido con la promoción de servicios de la Sociedad de la Información cada vez más seguros, que protejan los datos personales de los interesados, su intimidad, la integridad de su información y eviten ataques que pongan en riesgo los servicios prestados. Y por supuesto que garanticen un cumplimiento estricto de la normativa legal en materia de TIC.</p>
<p class='parrafo'>• Accesibilidad: INTECO promueve servicios de la Sociedad de la Información más accesibles, que supriman las barreras de exclusión, cualquiera que sea la dificultad o carencia técnica, formativa, etc., incluso discapacidad, que tengan sus usuarios. Y que faciliten la integración progresiva de todos los colectivos de usuarios, de modo que todos ellos puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece la Sociedad de la Información. Asimismo desarrolla proyectos en el ámbito de la accesibilidad orientados a garantizar el derecho de ciudadanos y empresas a relacionarse electrónicamente con las AAPP.</p>
<p class='parrafo'>• Calidad TIC. INTECO promueve unos servicios de la Sociedad de la Información que cada vez sean de mayor calidad, que garanticen unos adecuados niveles de servicio, lo cual se traduce en una mayor robustez de aplicaciones y sistemas, un compromiso en la disponibilidad y los tiempos de respuesta, un adecuado soporte para los usuarios, una información precisa y clara sobre la evolución de las funcionalidades de los servicios, y en resumen, servicios cada vez mejores.</p>
<p class='parrafo'>• Formación: La formación es un factor determinante para la atracción de talento y para la mejora de la competitividad de las empresas. Por ello, INTECO impulsa la formación de universitarios y profesionales en las tecnologías más demandadas por la industria.</p>
<p class='parrafo_2'>Junto a las actuaciones de interés general desarrolladas anteriormente, INTECO desarrolla una línea de negocio basada en la prestación de servicios directamente relacionados con las materias de su especialidad (seguridad, accesibilidad y calidad TIC) principalmente derivados de su condición de medio propio de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.</p>
<p class='parrafo'>En el ejercicio 2012, INTECO, ha iniciado un proceso de focalización de su actividad, aún más, en temas de ciberseguridad, diseñando y elaborando un nuevo plan de actividades que fija como misión de la Sociedad reforzar la ciberseguridad, la confianza y la protección de la privacidad en los servicios de la Sociedad de la Información, aportando valor a ciudadanos, empresas, Administración, al sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones y sectores estratégicos en general.</p>
<p class='parrafo'>El domicilio social de la Sociedad se encuentra ubicado en la calle José Aguado, número 41 de León.</p>
<p class='centro_cursiva'>2. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas</p>
<p class='parrafo_2'>a) Imagen fiel.</p>
<p class='parrafo_2'>Las cuentas anuales consolidadas adjuntas que han sido formuladas por el Presidente de la Entidad Pública Empresarial Red.es como entidad dominante, se han preparado a partir de los registros contables de las entidades que forman el grupo, realizando las clasificaciones oportunas para presentarlas de acuerdo con el Plan General de Contabilidad y habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del grupo, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. Las cuentas anuales adjuntas correspondientes al ejercicio 2011 se someterán a la aprobación del Consejo de Administración de la entidad dominante, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.</p>
<p class='parrafo_2'>b) Principios contables.</p>
<p class='parrafo_2'>Para la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han seguido los principios contables y normas de valoración generalmente aceptadas en España descritos en la Nota 4. No existe ningún principio contable obligatorio que, siendo significativo su efecto en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.</p>
<p class='parrafo_2'>c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.</p>
<p class='parrafo_2'>La preparación de las cuentas anuales consolidadas exige el uso por parte del grupo de ciertas estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las actuales circunstancias.</p>
<p class='parrafo_2'>d) Comparación de la información.</p>
<p class='parrafo_2'>A fin de facilitar la comparación de la información con las cifras del presente ejercicio, se han adaptado las cifras del ejercicio precedente. La adaptación afecta a clasificación del activo corriente por haber llevado a Deudores varios una partida pendiente de liquidar por el Tesoro Público que en el ejercicio precedente se contabilizó en el epígrafe de Administraciones Públicas y al pasivo corriente por haber llevado a periodificaciones a corto plazo los anticipos recibidos para el registro de dominios del año siguiente que en el ejercicio precedente estaban en anticipos de clientes, por lo que no afecta al resultado, patrimonio neto o total de activos y pasivos.</p>
<p class='parrafo'>Las cifras del presente ejercicio contenidas en estas cuentas anuales son, por tanto, perfectamente comparables con las del ejercicio anterior.</p>
<p class='parrafo_2'>e) Corrección de errores.</p>
<p class='parrafo_2'>Por decisión de la Comisión Europea de 21 de diciembre de 2011, se modificó la tasa de retorno del Fondo Tecnológico que dentro del marco de Fondos Feder gestiona la Entidad, pasando ésta del 70 al 80 %, la Entidad, por error, no se reconoció en el ejercicio 2011 los ingresos adicionales por todas las certificaciones presentadas desde el inicio del programa correspondientes a este aumento de tasa que ascendian a 553 miles de euros, habiéndolo hecho en 2012, razón por la cual estos ingresos se han contabilizado directamente contra el patrimonio.</p>
<p class='centro_cursiva'>3. Distribución del resultado de la entidad dominante</p>
<p class='parrafo_2'>Se propondrá al Consejo de Administración la aprobación de la siguiente distribución del resultado del ejercicio de la entidad dominante:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Base de reparto</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Resultado del ejercicio</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(3.900)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Otras aportaciones de socios</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>4.000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>100</p>
</td>
</tr>
</table>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Aplicación</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Reservas voluntarias</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>100</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>100</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='centro_cursiva'>4. Normas de registro y valoración</p>
<p class='parrafo_2'>Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011, de acuerdo con las establecidas por las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, han sido las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Criterios de consolidación.</p>
<p class='parrafo_2'>Las cuentas anuales de la entidad dependiente (INTECO) se han consolidado con las de la entidad dominante por aplicación del método de integración global, al ser su participación del 100 % de su capital social. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones efectuadas entre las entidades consolidadas, así como los resultados por operaciones intergrupo han sido eliminados en el proceso de consolidación.</p>
<p class='parrafo_2'>b) Homogeneización de partidas.</p>
<p class='parrafo_2'>Las partidas de las cuentas individuales de las entidades incluidas en el perímetro de consolidación han sido homogeneizadas, en caso necesario, de acuerdo con los criterios empleados para la elaboración de las cuentas anuales de la entidad dominante.</p>
<p class='parrafo_2'>c) Inmovilizaciones intangible.</p>
<p class='parrafo_2'>Corresponde principalmente a aplicaciones informáticas. Estos activos se encuentran valorados a su coste de adquisición a terceros.</p>
<p class='parrafo'>Es criterio del grupo amortizarlos linealmente en función de las vidas útiles estimadas que se detallan a continuación:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Años de vida útil estimada</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Patentes y marcas comerciales</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>10</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Aplicaciones Informáticas</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3-4</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>d) Inmovilizado material.</p>
<p class='parrafo_2'>El grupo valora su inmovilizado material por su precio de adquisición, recogiendo en su caso los gastos producidos hasta su puesta en marcha. Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.</p>
<p class='parrafo'>Los gastos de conservación y mantenimiento se registran con cargo a los resultados del ejercicio en que se incurren.</p>
<p class='parrafo'>El grupo amortiza su inmovilizado material, con excepción de los terrenos, siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada según el siguiente detalle:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Años de vida útil estimada</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Construcciones</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>25-50</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Otras Instalaciones</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>8-13</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Equipos para proceso de información</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Mobiliario</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>10</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Elementos de transporte</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>7</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias.</p>
<p class='parrafo_2'>e) Inversiones inmobiliarias.</p>
<p class='parrafo_2'>La Entidad ha clasificado como inversiones inmobiliarias aquellas arrendadas a terceros. Los criterios de valoración aplicados a las mismas son idénticos a los aplicados a las construcciones.</p>
<p class='parrafo_2'>f) Activos financieros.</p>
<p class='parrafo_2'>Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en «Créditos a empresas» y «Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar» en el balance.</p>
<p class='parrafo'>Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.</p>
<p class='parrafo'>Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.</p>
<p class='parrafo'>El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.</p>
<p class='parrafo_2'>g) Débitos y partidas a pagar.</p>
<p class='parrafo_2'>Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que se tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.</p>
<p class='parrafo'>Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.</p>
<p class='parrafo'>No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.</p>
<p class='parrafo_2'>h) Subvenciones recibidas.</p>
<p class='parrafo_2'>Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención.</p>
<p class='parrafo'>A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará.</p>
<p class='parrafo'>En el caso de subvenciones concedidas para financiar gastos específicos de ejecución plurianual, como los programas FEDER, la subvención se considera no reintegrable en proporción al gasto ejecutado elegible, siempre que no existan dudas razonables de que se concluirá su ejecución en los términos fijados en las condiciones del otorgamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la O.M. EHA/733/2010, de 25 de marzo, en su disposición adicional única apartado 2 c).</p>
<p class='parrafo'>Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al momento de su reconocimiento.</p>
<p class='parrafo'>Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos y las concedidas para compensar déficit de explotación en el ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan a compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios.</p>
<p class='parrafo'>Las subvenciones no reintegrables procedentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información para actividades de interés público y que no se corresponden con un proyecto o encargo concreto se registran directamente como fondos propios.</p>
<p class='parrafo_2'>i) Provisión para impuestos.</p>
<p class='parrafo_2'>El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido.</p>
<p class='parrafo'>Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto.</p>
<p class='parrafo'>Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.</p>
<p class='parrafo'>Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.</p>
<p class='parrafo'>Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias.</p>
<p class='parrafo'>Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en dependientes, asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que el grupo puede controlar el momento de reversión de las diferencias temporarias y además es probable que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible.</p>
<p class='parrafo'>La Entidad dominante forma Grupo Fiscal Consolidado con su filial Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A.</p>
<p class='parrafo'>Siguiendo el principio de prudencia, el grupo no ha reconocido créditos fiscales por las bases imponibles negativas generadas hasta la fecha.</p>
<p class='parrafo_2'>j) Provisiones y pasivos contingentes.</p>
<p class='parrafo_2'>Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se reconocen cuando el grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable. Las provisiones por reestructuración incluyen sanciones por cancelación del arrendamiento y pagos por despido a los empleados. No se reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras.</p>
<p class='parrafo'>Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando.</p>
<p class='parrafo'>Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se descuentan.</p>
<p class='parrafo'>Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente segura su recepción.</p>
<p class='parrafo'>Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros independientes de la voluntad del grupo. Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la memoria.</p>
<p class='parrafo'>El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su artículo 2, apartado 1, establece para el año 2012 la supresión tanto de la paga extraordinaria del mes de diciembre como de la paga adicional de complemento específico o pagas equivalentes de dicho mes para el personal del sector público definido en el artículo 22.1 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales. Las dos entidades que forman el grupo acuerdo con el artículo 22.1 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, han aplicado lo dispuesto en el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio.</p>
<p class='parrafo'>En relación a lo dispuesto en el apartado 4 del citado artículo, en cuanto a futuras aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de la jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los Administradores de la entidades que forman el Grupo consideran que en el momento actual no existe una obligación presente por lo que no procede dotar una provisión en relación con las aportaciones mencionadas en el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto 20/2012, de 13 de julio.</p>
<p class='parrafo_2'>k) Reconocimiento de ingresos.</p>
<p class='parrafo_2'>Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades del grupo, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido.</p>
<p class='parrafo'>El grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. No se considera que se pueda valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. El grupo basa sus estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos concretos de cada acuerdo.</p>
<p class='parrafo'>Los importes cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se registran como subvenciones de explotación no reintegrables en proporción al gasto ejecutado elegible que cumple los requisitos de la normativa comunitaria y, específicamente, del Programa Operativo correspondiente, tal como se explica en la nota h) de este mismo apartado.</p>
<p class='parrafo'>El grupo presta servicios derivados de gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en el marco de la Sociedad de la Información. Estos servicios se suministran sobre la base de una fecha y material concreto o bien como contrato a precio fijo.</p>
<p class='parrafo'>Los ingresos de contratos de fecha y material concretos, habitualmente derivados de la prestación de servicios derivados de encomiendas de gestión realizadas por la Administración General del Estado, se reconocen a las tarifas estipuladas en el contrato a medida que se realizan los trabajos y se incurre en los gastos directos.</p>
<p class='parrafo'>Los ingresos derivados de contratos a precio fijo por prestaciones de servicios se reconocen siguiendo las indicaciones del contrato.</p>
<p class='parrafo'>Si surgieran circunstancias que modificaran las estimaciones iniciales de ingresos ordinarios, costes o grado de avance, se procede a revisar dichas estimaciones. Las revisiones podrían dar lugar a aumentos o disminuciones en los ingresos y costes estimados y se reflejan en la cuenta de resultados en el periodo en el que las circunstancias que han motivado dichas revisiones son conocidas por la dirección.</p>
<p class='parrafo_2'>l) Transacciones en moneda extranjera.</p>
<p class='parrafo_2'>Las cuentas anuales consolidada se presentan en euros, que es la moneda de presentación y funcional de la Entidad dominante.</p>
<p class='parrafo'>Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como disponibles para la venta son analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios en el coste amortizado del título y otros cambios en el valor contable del título. Las diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el valor contable se reconocen en el patrimonio neto.</p>
<p class='parrafo'>Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable. Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio clasificados como activos financieros disponibles para la venta, se incluyen en el patrimonio neto.</p>
<p class='parrafo_2'>m) Planes de pensiones y otras obligaciones con el personal.</p>
<p class='parrafo_2'>El grupo no tiene establecido un plan de pensiones para sus empleados, estando cubiertas todas sus obligaciones al respecto por la Seguridad Social del Estado.</p>
<p class='centro_cursiva'>5. Inmovilizado material</p>
<p class='parrafo_2'>El movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones, ha sido el siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>La Entidad tiene en propiedad diversas plantas del Edifico Bronce en Madrid, cuyo coste de adquisición asciende a un total de 37.686 miles de euros, de los que 17.990 miles corresponden a la repercusión del suelo, 16.650 miles de euros están registrados en «construcciones» y 3.046 miles de euros en la partida de «otras instalaciones». La parte dedicada a la explotación de la entidad se refleja en el cuadro adjunto. El resto, destinado al arrendamiento a terceros, se encuentra clasificado como inversiones inmobiliarias dentro del balance de situación.</p>
<p class='parrafo'>La filial INTECO tiene en propiedad un edifico en León, cuyo coste de adquisición asciende a un total de 17.862 miles de euros €, de los cuales 1.103 corresponden al valor del terreno, 10.728 están registrados en «construcciones» y 6.031 en la partida «otras instalaciones».</p>
<p class='parrafo'>En las adiciones o dataciones de inmovilizado material registradas en 2012, se encuentra una regularización de los bienes de inversión incluida en el acta con acuerdo firmada por la filial INTECO con la Agencia Tributaria, explicada en la nota 10, cuyo importe total asciende a 405 miles de euros.</p>
<p class='parrafo'>En el ejercicio 2011, la Intervención General de la Administración del Estado emitió el informe correspondiente a la auditoría operativa y de cumplimiento llevada a cabo en el año 2008 en la Sociedad filial INTECO. Del examen de los ejercicios 2006, 2007 y parte del 2008, resultaron dos tipos de actuaciones: la primera, un informe especial que se refiere exclusivamente a la construcción del edificio que se llevó a cabo en 2007-2008. La Intervención solicita una mayor justificación técnica del incremento de la cantidad certificada y liquidada respecto al presupuesto del proyecto inicial, y llevar a cabo mediciones y comprobaciones de unidades de obra, para determinar si, en su caso, se hubiera producido un daño patrimonial a la Sociedad filial INTECO. En el ejercicio 2012, la Intervención General de la Administración del Estado eleva las actuaciones al Tribunal de Cuentas para su oportuna fiscalización. El Tribunal de Cuentas nombra instructor y abre diligencias preliminares para examinar la posible existencia de un supuesto de responsabilidad por alcance por los daños causados al patrimonio de la Sociedad filial INTECO. En las mismas, la Sociedad filial INTECO aporta al expediente la documentación requerida y finalmente el Tribunal dicta Auto al que se refiere la nota 15. En segundo lugar en cuanto al Informe general de recomendaciones, la Sociedad ha modificado sus procedimientos e implementado las medidas necesarias para proceder a su cumplimiento.</p>
<p class='parrafo'>La política del grupo es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material.</p>
<p class='centro_cursiva'>6. Inversiones inmobiliarias</p>
<p class='parrafo_2'>El movimiento habido en el ejercicio 2012, en las diferentes cuentas de inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente:</p>
<img/>
<p class='parrafo_2'>Como se expresa en la nota 5, La Entidad tiene en propiedad diversas plantas del Edifico Bronce en Madrid, destinado principalmente a la explotación. El resto, destinado al arrendamiento a terceros, se encuentra clasificado como inversiones inmobiliarias dentro del balance de situación. El coste de adquisición correspondiente a la inversión inmobiliaria en el mismo asciende a los siguientes importes:</p>
<p class='parrafo_2'>– Terreno: 135 miles de euros.</p>
<p class='parrafo'>– Construcciones: 125 miles de euros</p>
<p class='parrafo_2'>La Entidad también tiene en propiedad un edificio en Sevilla, antiguo pabellón de Retevisión en la Exposición Universal de 1992. El coste de adquisición del edificio es de 7.862 miles de euros, estando registrado su importe en la cuenta de «construcciones».</p>
<p class='centro_cursiva'>7. Inmovilizado intangible</p>
<p class='parrafo_2'>El movimiento habido en el ejercicio 2012, en las diferentes cuentas de inmovilizado intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente:</p>
<p class='centro_cursiva'>8. Arrendamientos</p>
<p class='parrafo_2'>Los arrendamientos que posee el grupo se clasifican como operativos puesto que se trata de acuerdos mediante los cuales el arrendador conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de percibir una serie de pagos o cuotas, sin que se trate de un arrendamiento financiero.</p>
<p class='parrafo'>Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos son considerados como ingresos y gastos del ejercicio en el que los mismos se devengan, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias.</p>
<p class='parrafo'>Como se explica en la nota 5, el grupo es arrendador de locales para oficinas, con contratos de carácter anual renovables. Los cobros futuros no cancelables, esto es, sin considerar las previsibles prórrogas ascienden a las siguientes cantidades:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Hasta un año</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>367</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>619</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Entre uno y cinco años</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>69</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Más de cinco años</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Por otro lado, el grupo es arrendatario de oficinas. Los pagos futuros no cancelables, esto es, sin considerar las previsibles prórrogas ascienden a los siguientes importes:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Hasta un año</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>15</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>15</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Entre uno y cinco años</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Más de cinco años</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='centro_cursiva'>9. Instrumentos financieros</p>
<p class='parrafo_2'>9.1 Consideraciones generales.</p>
<p class='parrafo_2'>La información que se presenta en esta nota corresponde a los instrumentos financieros incluidos en el alcance de la norma de registro y valoración novena del Plan General de Contabilidad.</p>
<p class='parrafo_2'>9.2 Información relacionada con el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias consolidados.</p>
<p class='parrafo_2'>a) Categoría de activos y pasivos financieros.</p>
<p class='parrafo_2'>El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma de registro y valoración de «Instrumentos financieros es el siguiente:</p>
<img/>
<p class='parrafo'>b) Clasificación por vencimientos.</p>
<p class='parrafo_2'>Todos los instrumentos financieros recogidos como activos y pasivos corrientes en el balance de situación tienen vencimiento inferior al año.</p>
<p class='parrafo'>Los instrumentos financieros recogidos como Créditos a largo plazo en el activo tienen su vencimiento en 2018 y corresponden a préstamos concedidos por la entidad dominante a fondos de capital riesgo dentro del programa emprendedores que desarrolla para fomentar inversiones en empresas de base tecnológica del sector TIC.</p>
<p class='parrafo'>El detalle de los mismos es el siguiente:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='2'>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Principal</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.400</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.400</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Intereses devengados</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>165</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>26</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.565</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.426</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Los instrumentos financieros recogidos como Débitos y partidas a pagar a largo plazo en el pasivo tienen su vencimiento en 2019 y corresponden a préstamos concedidos a la entidad dominante por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información para a su vez prestar a fondos de capital riesgo dentro del programa emprendedores que desarrolla para fomentar inversiones en empresas de base tecnológica del sector TIC.</p>
<p class='parrafo'>El detalle de los mismos es el siguiente:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='2'>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Principal</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.400</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.400</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Intereses devengados</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>156</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>22</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.556</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.422</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Con fecha 26 de febrero de 2008, INTECO firmó un convenio de colaboración con la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el que se le concede un préstamo nominativo por importe de 14.000.000 de euros para la financiación de determinadas fases de la construcción y acondicionamiento del edificio que constituye la sede social de la sociedad. En 2009 se realizó un reintegro parcial del préstamo, quedando el principal en 13.151 miles de euros. La amortización del préstamo, que no devenga intereses, comenzará en el año 2012, y durante quince años se amortizará por cuotas iguales de 877 miles de euros cada año.</p>
<p class='parrafo'>La contabilización del préstamo a su coste amortizado se ha realizado teniendo en cuenta el tipo de interés de referencia Euribor a 12 meses medio a la firma de del convenio (4,35 %) incrementado con un diferencial del 1 %, obteniéndose así el valor actual de la deuda.</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Vencimiento</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Intereses implícitos</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Coste amortizado</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Corto plazo</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2013</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>877</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>432</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>445</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Largo plazo</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2014-2026</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>11.398</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>3.778</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>7.620</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan='2'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>12.275</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>4.210</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>8.065</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Los intereses implícitos pendientes de este préstamo han sido recogidos como subvenciones de capital, una vez descontado el efecto impositivo correspondiente.</p>
<p class='parrafo'>Los saldos correspondientes a este préstamo recogidos en las cuentas anuales se relacionan a continuación:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td colspan='2' rowspan='2'>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Balance</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Subvenciones de capital</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.621</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.859</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Balance</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Pasivos por impuesto diferido</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.123</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.226</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Balance</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Deudas a largo plazo</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>7.952</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>8.369</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Balance</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Otras deudas a corto plazo</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>877</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>877</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>P y G</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Imputación de subvenciones</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.479</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.138</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>P y G</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos financieros</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(1.777)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(1.318)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan='2'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>12.275</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>13.151</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>c) Deudores y calidad crediticia.</p>
<p class='parrafo_2'>El saldo de clientes, ascendente a 5.830 miles de euros, corresponde fundamentalmente a Administraciones Públicas por prestaciones de servicios.</p>
<p class='parrafo'>La cuenta de «deudores varios» presenta el siguiente desglose:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>FEDER</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>78.755</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>66.549</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Transferencias presupuestos 2010</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>48.019</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>129.070</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Transferencias presupuestos 2011</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>99.109</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>131.220</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Transferencias presupuestos 2012</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>29.705</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Otras subvenciones</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>157</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>210</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Otros deudores</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>548</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>6.212</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>256.293</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>333.261</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>I. Programas FEDER.</p>
<p class='parrafo_2'>La Entidad dominante es organismo intermedio de Programas FEDER, teniendo asignada la ejecución de diversos programas de actuación plurianual por parte de este organismo comunitario. La finalidad de las aportaciones FEDER es la cofinanciación comunitaria de medidas destinadas a promover el acceso a infraestructuras y servicios digitales en Regiones Objetivo FEDER.</p>
<p class='parrafo'>Tal como se explica en las Normas de Registro y Valoración, notas 4 h) y k), los importes recibidos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se registran como subvenciones de explotación no reintegrables en proporción al gasto ejecutado elegible que cumple los requisitos de la normativa comunitaria y, específicamente, del Programa Operativo correspondiente.</p>
<p class='parrafo'>La Entidad dominante estima que ha cumplido todas las condiciones asociadas a dichas subvenciones, en especial la calificación de los gastos como elegibles y las condiciones de los Reglamentos CE 1828/2006 y 1083/2006.</p>
<p class='parrafo'>El desglose por programas y situación de la cuenta a cobrar al FEDER se desglosa en el siguiente cuadro:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
<td colspan='3'>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Certificado</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Pendiente certificar</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Total ayuda</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>POSI</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>POEC</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>62.856</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>11.473</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>74.329</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>P.O. Regionales</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.071</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.001</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.072</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Fondo tecnológico</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.688</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>297</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.985</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>POAT</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>337</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>32</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>369</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>65.952</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>12.803</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>78.755</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Los importes reconocidos son elegibles en el marco de las actuaciones aprobadas por la Comisión Europea en los correspondientes Programas Operativos, y en concreto, conforme al artículo 56 del Reglamento 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, en base a las Normas sobre los gastos subvencionables de los Programas Operativos financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión, y a los Criterios de Selección aprobados por la Comisión Europea.</p>
<p class='parrafo'>Para los importes certificados se ha realizado la solicitud de reembolso ante la Autoridad Nacional de Gestión (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). Sobre los importes pendientes de certificar, la tramitación de la solicitud de reembolso de dichos gastos se encuentra en proceso al cierre del ejercicio, realizándose las tareas previas a la mencionada solicitud: pagos a proveedores, verificaciones del artículo 13 del Reglamento 1083/2006, incluyendo verificaciones sobre el terreno, y las tareas de adaptación de la información para su carga en la herramienta Fondos 2007 habilitada para generar las solicitudes de reembolso.</p>
<p class='parrafo'>Por decisión de la Comisión Europea de 31 de octubre de 2012 se ha modificado la tasa de retorno del Programa Operativo de la Economía del Conocimiento, pasando del 70 al 80 % esto ha hecho que la Entidad se haya reconocido como ingresos el 10 % adicional por todas las certificaciones de gasto presentadas desde el inicio del programa. La cifra reconocida como ingreso por este concepto y que a final de ejercicio estaba pendiente de cobro, y por tanto recogida en la partida de deudores asciende a 26.753 miles de euros.</p>
<p class='parrafo'>Igualmente por decisión de la Comisión Europea de 14 de febrero de 2012, se ha modificado el retorno de los Programas Regionales que gestiona la entidad en el marco del FEDER, concretamente se ha modificado la tasa de los programas regionales de Andalucía, Asturias, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Valencia, Murcia, Ceuta y Melilla, pasando en todos los casos del 70 al 80% de retorno. Esto ha hecho que la Entidad se haya reconocido como ingresos el 10% adicional por todas las certificaciones de gasto presentadas desde el inicio del programa. La cifra reconocida como ingreso por este concepto y que a final de ejercicio ya había sido cobrada asciende a 1.074 miles de euros.</p>
<p class='parrafo'>Por lo que respecta al Fondo Tecnológico, también por decisión de Comisión Europea de 21 de diciembre de 2011, se modificó la tasa de retorno, pasando del 70 al 80 %, al ser la decisión del ejercicio anterior la Entidad se ha reconocido los ingresos adicionales por todas las certificaciones presentadas desde el inicio del programa correspondientes a este aumento de tasa directamente contra el patrimonio, ascendiendo dichos ingresos a 553 miles de euros, que a cierre de ejercicio ya habían sido cobrados.</p>
<p class='parrafo'>A continuación se detalla la composición de los importes pendientes de certificar según nomenclatura de los PO y tema prioritario, indicando el programa concreto y descripción del mismo:</p>
<img/>
<p class='parrafo_2'>II. Transferencias Presupuestos Generales 2010, 2011 y 2012.</p>
<p class='parrafo_2'>Corresponden a consignaciones nominativas de Presupuestos Generales del Estado 2010, 2011 y 2012 a favor del Grupo y pendientes de ingreso por el Tesoro.</p>
<p class='parrafo_2'>d) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>
<p class='parrafo_2'>El saldo de Tesorería al cierre del ejercicio corresponde a depósitos bancarios con vencimientos inferiores a tres meses y cuentas a la vista, con remuneración referenciada al Euribor. El grupo mantiene los depósitos en entidades con calificación crediticia «BB» o superior, con la sola excepción de cuentas operativas para operaciones puntuales que no mantienen en el tiempo saldos significativos.</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='2'>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Bancos AA</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>67.561</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Bancos A</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>67.945</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Bancos BBB</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>19.651</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>37.942</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Bancos BB</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>166.254</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Otros</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>3.718</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>189.623</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>175.769</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Las colocaciones de tesorería en depósitos y cuentas corrientes remuneradas ha supuesto un rendimiento financiero en el ejercicio ascendente a 6.355 miles de euros, según se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.</p>
<p class='parrafo_2'>9.3 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo de instrumentos financieros.</p>
<p class='parrafo_2'>9.3.1 Información cualitativa: Factores del riesgo financiero.</p>
<p class='parrafo_2'>Las actividades del grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. Los programas de gestión del riesgo global de la entidad dominante y su filial se centran en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad financiera. El grupo no emplea derivados para cubrir riesgos.</p>
<p class='parrafo'>La gestión del riesgo está controlada por el Departamento de Económico-Financiero de la entidad dominante que identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo de Administración.</p>
<p class='parrafo_2'>a) Riesgo de mercado.</p>
<p class='parrafo_2'>Riesgo de tipo de cambio.</p>
<p class='parrafo_2'>El grupo no opera en el ámbito internacional y, por tanto, no está expuesta a riesgo de tipo de cambio por operaciones con divisas. Eventualmente se realiza alguna operación con divisas pero se trata de adquisiciones puntuales de algún material o servicio determinado que no suponen riesgo.</p>
<p class='parrafo_2'>Riesgo de precio.</p>
<p class='parrafo_2'>El grupo no está expuesto al riesgo del precio de los títulos de capital debido a que no posee inversiones clasificadas en el balance como disponibles para la venta o a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.</p>
<p class='parrafo_2'>Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable.</p>
<p class='parrafo_2'>Dada la naturaleza del grupo es prudente en las inversiones a realizar. Los ingresos y los flujos de efectivo de sus actividades de explotación son bastante independientes respecto de las variaciones en los tipos de interés de mercado. Por otro lado, los recursos ajenos a largo plazo que posee en la actualidad son a tipo de interés cero.</p>
<p class='parrafo_2'>b) Riesgo de crédito.</p>
<p class='parrafo_2'>El riesgo de crédito se gestiona por grupos. Surge de efectivo y equivalentes al efectivo, así como de clientes mayoristas, minoristas y administraciones públicas, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas.</p>
<p class='parrafo'>En relación con los bancos e instituciones financieras, el grupo solo mantiene saldos significativos con entidades a las que se ha calificado de forma independiente con una categoría mínima de rating «BB». A los clientes mayoristas se les ha calificado según la calidad crediticia, teniendo en cuenta su posición financiera, la experiencia pasada y otros factores. Los límites individuales de crédito se establecen en función de las calificaciones internas. Las ventas a los clientes minoristas se liquidan mediante transferencia bancaria por anticipado.</p>
<p class='parrafo_2'>c) Riesgo de liquidez.</p>
<p class='parrafo_2'>Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado. El Departamento de Económico-Financiero de la entidad dominante tiene como objetivo mantener la disponibilidad de los fondos.</p>
<p class='parrafo'>Se realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez del grupo (que comprende el efectivo y equivalentes al efectivo) en función de los flujos de efectivo esperados.</p>
<p class='parrafo_2'>9.3.2 Información cuantitativa del riesgo financiero.</p>
<p class='parrafo_2'>El grupo tiene consignados para el ejercicio 2013 en Presupuestos Generales del Estado las siguientes cantidades para su actividad en el siguiente ejercicio, en miles de euros:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Aportación patrimonial</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>113.687</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Transferencias de capital</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>7.000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Transferencias corrientes</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>750</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Por otro lado tiene al cierre del ejercicio anticipos para la ejecución de programas y encomiendas por importe de 80.428 miles de euros.</p>
<p class='parrafo'>Adicionalmente la senda mínima asignada en los programas FEDER para el ejercicio 2012 supone ayudas por importe mínimo de 33.454 miles de euros</p>
<p class='parrafo'>El grupo tiene asegurada, por tanto, la financiación de la actividad a desarrollar en el siguiente ejercicio.</p>
<p class='parrafo_2'>9.4 Fondos Propios.</p>
<p class='parrafo_2'>La cuenta de Patrimonio recoge el valor neto del conjunto de bienes, derechos y obligaciones transferidos desde el Ente Público RTVE a la Entidad Pública Red.es (entonces denominada Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión) en el momento de su constitución, así como las correcciones valorativas posteriores, surgidas como consecuencia del análisis individualizado de los derechos y obligaciones transferidos en el momento de la constitución de la Entidad Pública dominante.</p>
<p class='parrafo'>El movimiento habido en las cuentas de «Fondos propios» consolidados en el ejercicio de 2012 ha sido el siguiente:</p>
<img/>
<p class='parrafo'>Las aportaciones de socios corresponden a transferencias nominativas consignadas a la Entidad en Presupuestos Generales del Estado 2012 por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Tal y como se explica en la nota 4 h), al tener su destino actividades de interés público y que no se corresponden con un proyecto o encargo concreto se registran directamente como fondos propios.</p>
<p class='parrafo'>De las reservas en sociedades consolidadas, 420 miles de euros corresponden a reservas de libre disposición y 85 miles de euros a reservas legales.</p>
<p class='parrafo_2'>9.5 Deudas a largo plazo.</p>
<p class='parrafo_2'>El detalle de las deudas a largo es el siguiente:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='2'>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Anticipo FEDER</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>33.620</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>33.620</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Préstamos a largo plazo</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>10.508</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>10.787</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Fianzas</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>12</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>14</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>44.140</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>44.421</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Se contabilizan a largo plazo los préstamos concedidos con vencimiento en 2018 que se han concedido por la entidad dominante a fondos de capital riesgo en el marco del programa emprendedores, así como las obligaciones derivadas del préstamo recibido por la entidad dependiente en los términos que se ha explicado en la nota 9.2b.</p>
<p class='parrafo'>También se contabilizan a largo plazo los anticipos recibidos de FEDER que se transformarán en subvenciones cuando la entidad certifique los gastos que darán origen a la misma y cuya ejecución se prevé que se haga a más de un año.</p>
<p class='parrafo_2'>9.6 Deudas a corto plazo.</p>
<p class='parrafo_2'>El detalle de deudas a corto plazo en miles de euros es el siguiente:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='2'>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Depósitos y fianzas a corto plazo</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>469</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>403</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Anticipos reintegrables programa RedIRIS Nova</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>35.947</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Otras deudas</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.421</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.089</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.890</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>38.439</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>9.7 Periodificaciones a largo plazo.</p>
<p class='parrafo_2'>Se contabilizan en este epígrafe los anticipos de dominios pagados por los clientes para años posteriores a 2013.</p>
<p class='parrafo_2'>9.8 Acreedores comerciales.</p>
<p class='parrafo_2'>El importe de anticipos recibidos se corresponde al siguiente detalle:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='2'>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Anticipo Encomiendas</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>13.016</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>13.208</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Anticipo Programas</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>67.412</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>62.451</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>80.428</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>75.659</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Los anticipos de encomiendas se corresponden a encomiendas de gestión de la Administración General del Estado.</p>
<p class='parrafo'>Los anticipos de programas corresponden a convenios con organismos públicos para la ejecución de programas de Sociedad de la Información.</p>
<p class='parrafo'>En ambos casos, las cantidades percibidas por el Grupo se imputan a resultados en función de los gastos incurridos en su realización, quedándose en el pasivo la parte no ejecutada a la fecha del balance.</p>
<p class='parrafo'>La cifra de Proveedores corresponde a operaciones del tráfico habitual del Grupo. Del saldo pendiente de pago al cierre, ascendente a 20.900 miles de euros, 121 miles de euros superaba el plazo legal de pago establecido en 40 días para el año 2012 en el caso de la entidad dominante, en la Ley 15/2010 de 5 de julio, debido a documentación pendiente de entrega por los proveedores.</p>
<p class='parrafo'>Información sobre aplazamientos de pagos efectuados a proveedores. D.A 3ª «Deber de información» de la Ley 15/201, de 5 de julio.</p>
<p class='parrafo'>El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizadas durante el ejercicio y pendientes de pago en cada una de las entidades al cierre en relación con los plazos máximos legales previstos en la Ley 15/2010 es el siguiente:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='4'>
</td>
<td colspan='4'>
<p class='cabeza_tabla'>RED.ES</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan='4'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Importe</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Porcentaje</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Importe</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Porcentaje</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Dentro del plazo máximo legal</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>109.588</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>88</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>98.812</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>76</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Resto</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>14.567</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>12</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>31.841</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>24</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total de pagos del ejercicio</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>124.155</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>100</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>130.653</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>100</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>PMPE (días)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>26</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>38</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>121</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>903</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
</table>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='3'>
</td>
<td colspan='4'>
<p class='cabeza_tabla'>INTECO</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan='4'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Importe</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Porcentaje</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Importe</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Porcentaje</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Dentro del plazo máximo legal</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>6.478</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>99</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>6.176</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>99</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Resto</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>91</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>39</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total de pagos del ejercicio</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>6.569</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>100</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>6.215</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>100</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>PMPE (días)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>21</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>21</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>903</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>9.9 Personal.</p>
<p class='parrafo_2'>El saldo al cierre del ejercicio corresponde a remuneraciones pendientes de pago.</p>
<p class='parrafo'>No existen compromisos en materia de pensiones con el personal.</p>
<p class='parrafo_2'>9.10 Periodificaciones a corto plazo.</p>
<p class='parrafo_2'>Se contabilizan en este epígrafe los anticipos de dominios pagados por los clientes para el año 2013.</p>
<p class='centro_cursiva'>10. Situación fiscal</p>
<p class='parrafo_2'>La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2012 es como sigue:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Resultado del ejercicio antes de impuestos</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(3.900)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(28.795)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Diferencias permanentes</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>496</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>117</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Diferencias temporarias con origen en el ejercicio</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>7</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>7</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Base Imponible</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(3.397)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(28.671)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>A compensar en el Grupo Fiscal en el ejercicio</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Base Imponible a compensar en futuros</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(3.397)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(28.671)</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Las diferencias permanentes corresponden fundamentalmente a patrocinios y donaciones a entidades sin ánimo de lucro.</p>
<p class='parrafo'>Al cierre del ejercicio, existen bases imponibles negativas en el grupo pendientes de compensar por:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Ejercicio</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2007</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(93.268)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2008</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(61.387)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2009</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(67.411)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2010</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(43.681)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2011</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(3.397)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(3.397)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total Bases Imponibles negativas.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(272.541)</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>El grupo podrá compensar los anteriores importes con bases imponibles positivas durante los 15 años posteriores a su generación. Las bases imponibles anteriores a la formación del Grupo Fiscal (2007) deberán ser compensadas con bases imponibles positivas generadas individualmente por la entidad dominante. Las posteriores podrán ser compensadas con bases imponibles positivas generadas por el Grupo Fiscal.</p>
<p class='parrafo'>Siguiendo el principio de prudencia, el grupo no ha reconocido créditos fiscales por las bases imponibles negativas generadas hasta la fecha, al no estar razonablemente asegurada su realización futura.</p>
<p class='parrafo'>El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas a 31 de diciembre, es el siguiente, en miles de euros:</p>
<table class='tabla_ancha'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td colspan='4'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Deudor</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Acreedor</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Deudor</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Acreedor</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>IVA</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>262</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>18</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.000</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Impuesto sobre Sociedades</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.285</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.765</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>IRPF</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>363</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>415</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Subvenciones</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Devolución de IVA por actas de inspección</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>500</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Seguridad Social</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>201</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>314</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Totales</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.547</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>582</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>3.265</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>729</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>La entidad dominante tiene abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios para los impuestos que le sean aplicables. No se espera que se pudieran devengar pasivos adicionales de consideración como consecuencia de una posible inspección de dichos ejercicios pendientes.</p>
<p class='parrafo'>La Agencia tributaria ha concluido las actuaciones inspectoras en el impuesto sobre el valor añadido del ejercicio 2009 al 2010, posteriormente ampliadas hasta el 2011 en la sociedad dependiente INTECO. Dichas actuaciones inspectoras han concluido con la firma el 18 de enero de 2013 de un acta con acuerdo.</p>
<p class='parrafo'>El acuerdo alcanzado considera que la sociedad realiza actividades de carácter empresarial, plenamente sujetas y no exentas al IVA junto con otras actividades que no tienen carácter empresarial y que por lo tanto, no estarían sujetas a dicho impuesto. La Agencia Tributaria ha considerado que la sociedad debe clasificar cada uno de los bienes y servicios recibidos en función de la actividad a la que se han aplicado distinguiendo al menos estos grupos: los que se han utilizado solo a las actividades no sujetas, aquellos utilizados a las actividades sujetas y no exentas del impuesto, y aquellos que han sido utilizados en ambos tipos de actividades.</p>
<p class='parrafo'>La estimación del porcentaje de aplicación de los recursos a las actividades económicas se ha realizado a partir del análisis de los medios de producción más relevantes de la sociedad. El activo más revelador es el inmueble en que se realiza estas actividades. Un vez analizado y junto con la ubicación del personal y los recursos se acuerda que se utiliza un 60 % en actividades empresariales y un 40 % en actividades no empresariales. Una vez convenido el porcentaje de deducción de las cuotas soportadas debe aplicarse como prorrata de la forma que se establece en la Ley del Impuesto.</p>
<p class='parrafo'>La sociedad atendiendo a los nuevos criterios de valoración aplicados, puestos de manifiesto tras las conclusiones de la inspección, ha modificado las estimaciones establecidas para los ejercicios pasados y aún sujetos a inspección, siendo el impacto registrado por cada uno de los ejercicios:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros </p>
<p class='cabeza_tabla'>– </p>
<p class='cabeza_tabla'>
<u>2012</u>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Regularización año 2009</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>881</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Regularización año 2010</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>373</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Regularización año 2011</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(52)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Intereses de demora</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>176</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Totales</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.378</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>La sociedad ha concluido que el resultado de las actuaciones inspectoras, debe ser considerado como un cambio en las estimaciones contables conforme a lo establecido en el Plan General Contable «Políticas Contables, cambios en las estimaciones contables y errores contables», procediendo al registro de dichos impactos en la cuenta de resultados del ejercicio 2012.</p>
<p class='parrafo'>Para el ejercicio 2012, en el ámbito de la gestión tributaria las cuentas incluyen la aplicación de una prorrata general de IVA deducible del 60 %.</p>
<p class='parrafo'>Tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios del resto de impuestos que le son aplicables. No se espera que se pudieran devengar pasivos adicionales de consideración como consecuencia de una posible inspección de dichos ejercicios pendientes.</p>
<p class='parrafo'>Debido a las diferentes interpretaciones posibles que pudieran darse a la normativa fiscal aplicable a las operaciones de la Sociedad, los resultados de futuras inspecciones a realizar por parte de las autoridades fiscales de los años pendientes de verificación, podrían poner de manifiesto en el futuro, pasivos fiscales de carácter contingente cuya cuantificación objetiva no es posible determinar en la actualidad. No obstante, en opinión de los Administradores de la Sociedad, las consecuencias que podrían derivarse, no deberían afectar significativamente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2012.</p>
<p class='parrafo'>Los pasivos por impuesto diferido reconocidos corresponden a la aplicación del tipo impositivo (30 %) a importes recibidos en concepto de subvenciones (de capital y de intereses de préstamo), y a los traspasos al resultado según corresponde.</p>
<p class='parrafo'>La planificación fiscal está condicionada a la vida útil de los activos.</p>
<p class='parrafo'>Su movimiento durante el presente ejercicio se muestra a continuación en miles de euros:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Saldo inicial</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>3.333</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>3.595</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Altas</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>318</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>57</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Traspasos</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(293)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(319)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Saldo final</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>3.358</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>3.333</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>La cuenta de pérdidas y ganancias «otros tributos» presenta el siguiente detalle en miles de euros:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Prorrata IVA</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(191)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(1.273)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Otros tributos</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(239)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(182)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Totales</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(430)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(1.455)</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='centro_cursiva'>11. Provisiones para impuestos</p>
<p class='parrafo_2'>El movimiento habido durante los ejercicios 2011 y 2012 en las cuentas de provisiones para impuestos ha sido el siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>Largo Plazo.</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Provisión para impuestos</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Saldo a 31/12/09</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>18.610</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Dotación para intereses</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>367</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Saldo a 31/12/10</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>18.977</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Dotación para intereses</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>366</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Reclasificación a corto plazo</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>-19.326</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Saldo a 31/12/11</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>17</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Excesos</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>-17</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Saldo a 31/12/12</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Corto Plazo.</p>
<p class='parrafo_2'>Los movimientos de la provisión para impuestos en 2012 se desglosan de la siguiente forma:</p>
<img/>
<p class='parrafo'>Entidad dominante.</p>
<p class='parrafo_2'>El importe principal de la provisión para impuestos corresponde a las actas de inspección que la Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Tributaria levantó en el año 2000, correspondientes al Impuesto sobre Sociedades (períodos 1994 a 1997) e Impuesto sobre el Valor Añadido (períodos 1995 a 1998), que fueron firmadas en disconformidad por la Entidad Pública. En el año 2001 se recibieron los correspondientes actos de liquidación tributaria del Inspector Jefe de la Oficina Nacional de Inspección, en los que se aceptaban en parte las alegaciones de la Entidad Pública, disminuyendo la deuda tributaria reclamada en 6.262 miles de euros. Asimismo se recibieron los acuerdos de imposición de sanciones por importe total de 5.154 miles de euros. Todas las actas y sanciones han sido objeto de presentación, en su caso, de las correspondientes reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal Económico Administrativo Central o de los recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional.</p>
<p class='parrafo'>Con fecha 5 de diciembre de 2005 la Audiencia Nacional dictó sentencia sobre el recurso correspondiente a IVA, anulando cuotas, sanciones e intereses por importe de 5.356 miles de euros. Dicha sentencia fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, quien no ha admitido a trámite parte del recurso, existiendo por tanto sentencia firme favorable a la Entidad por importe de 2.244 miles de euros. La provisión recoge los importes pendientes de resolución judicial por el Tribunal Supremo.</p>
<p class='parrafo'>Con fecha 30 de septiembre de 2011 el Tribunal Supremo dictó sentencia por las reclamaciones en materia de IVA estimando en parte el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 5 de diciembre de 2005.</p>
<p class='parrafo'>Con fecha 29 de septiembre de 2011 el Tribunal Supremo dictó sentencia por las reclamaciones en materia de Impuesto de Sociedades, desestimando el recurso de casación formulado por la Administración del Estado contra la sentencia dictada con fecha 12 de marzo de 2007 por la Audiencia Nacional. Adicionalmente en el fallo se estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por la entidad en el sentido de anular las sanciones interpuestas en los ejercicios 1996 y 1997.</p>
<p class='parrafo'>A 31 de diciembre de 2011 la entidad estaba pendiente de que la Agencia Tributaria ejecutase ambas sentencias, razón por la cual se traspasaron los saldos provisionados a corto plazo.</p>
<p class='parrafo'>Con fecha 16 de marzo de 2012, la Agencia Tributaria dictó Acuerdo de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo por las reclamaciones en materia de IVA. No estando conforme la Entidad con el citado Acuerdo, presentó reclamación ante la Oficina Técnica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que aceptó la reclamación, dictando una Resolución de Rectificación de errores al Acuerdo de Ejecución de sentencia por las reclamaciones en materia de IVA el 23 de abril de 2012, quedando fijada la cantidad a pagar en 2.711 miles de euros que fueron abonados en plazo.</p>
<p class='parrafo'>Con fecha 28 de marzo de 2012, la Agencia Tributaria dictó Acuerdo de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo por las reclamaciones en materia de Sociedades, quedando fijada la cantidad a pagar en 7.449 miles de euros que fueron abonados en plazo.</p>
<p class='parrafo'>Con fecha 17 de julio de 2012, la Agencia Tributaria dictó liquidación de intereses suspensivos por las reclamaciones en materia de Sociedades. No estando conforme la Entidad con la liquidación, presentó reclamación ante la Oficina Técnica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que aceptó la a reclamación, rectificando la anterior liquidación el 19 de julio de 2012, quedando fijada la cantidad a pagar en 4.443 miles de euros que fueron abonados en plazo.</p>
<p class='parrafo'>Con fecha 19 de septiembre de 2012, la Agencia Tributaria dictó liquidación de intereses suspensivos por las reclamaciones en materia de IVA, quedando fijada la cantidad a pagar en 1.573 miles de euros que fueron abonados en plazo.</p>
<p class='parrafo'>Adicionalmente se dio de baja con cargo a la provisión un derecho de cobro contemplado en la ejecución de la sentencia, por unas cantidades en materia de adquisiciones intracomunitarias por importe de 168 miles de euros.</p>
<p class='parrafo'>También se aplicaron, con cargo a la provisión, los gastos de defensa jurídica que han ascendido a 69 miles de euros.</p>
<p class='parrafo'>El resto del saldo de la provisión dotada, 3.245 miles de euros se ha contabilizado en la cuenta de resultados como exceso de provisión.</p>
<p class='parrafo'>Por lo que respecta a los 17 miles de euros que estaban dotados a largo plazo por un recurso cameral, la entidad ha considerado que estaban prescritos, habiendo procedido a darles de baja produciéndose, por tanto, un exceso de provisión por la misma cantidad.</p>
<p class='parrafo_2'>Entidad dependiente.</p>
<p class='parrafo_2'>Como se ha explicado en la nota 10, se ha contabilizado en este epígrafe la contrapartida a los gastos que se han generado como consecuencia de las actuaciones inspectoras en el impuesto sobre el valor añadido que han concluido con la firma de un acta de conformidad el 18 de enero de 2013.</p>
<p class='centro_cursiva'>12. Subvenciones</p>
<p class='parrafo_2'>12.1 Subvenciones de explotación.</p>
<p class='parrafo_2'>Las subvenciones de explotación devengadas en el ejercicio han sido las siguientes, en miles de euros:</p>
<img/>
<p class='parrafo'>La nota 9.2 c) I «Programas FEDER» recoge los desgloses e información detallada de estas subvenciones, cuyos criterios de valoración se detallan en las notas 4 h) y k)</p>
<p class='parrafo'>Por lo que respecta a los cambios significativos ocurridos en el ejercicio, cabe señalar lo siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>Por decisión de la Comisión Europea de 31 de octubre de 2012 se ha modificado la tasa de retorno del Programa Operativo de la Economía del Conocimiento, pasando del 70 al 80 %, esto ha hecho que la Entidad se haya reconocido como ingresos el 10 % adicional por todas las certificaciones de gasto presentadas desde el inicio del programa. La cifra reconocida como ingreso en la entidad dominante por este concepto y que a final de ejercicio estaba pendiente de cobro, y por tanto recogida en la partida de deudores asciende a 26.753 miles de euros.</p>
<p class='parrafo'>En algunos de estos programas FEDER la aportación nacional es cofinanciada por un tercero, en estos casos la entidad registra como ingreso la aportación del tercero. Al haber aumentado la tasa de retorno ha disminuido la tasa de cofinanciación nacional por lo que, en estos casos, los ingresos de terceros han disminuido en la misma cantidad en que han aumentado las Subvenciones de Explotación. El aumento de tasa correspondiente a los programas cofinancidos por terceros ha supuesto la cantidad de 14.872 miles de euros, cantidad que ha disminuido como importe de la cifra de negocio de la entidad dominante.</p>
<p class='parrafo'>Por tanto la cantidad neta que ha supuesto a la cuenta de resultados el aumento de la tasa de retorno del Programa Operativo de la Economía del Conocimiento ha sido 11.881 miles de euros.</p>
<p class='parrafo'>Igualmente por decisión de la Comisión Europea de 14 de febrero de 2012, se ha modificado el retorno de los Programas Regionales que gestiona la entidad en el marco del FEDER, concretamente se ha modificado la tasa de los programas regionales de Andalucía, Asturias, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Valencia, Murcia, Ceuta y Melilla, pasando en todos los casos del 70 al 80% de retorno. Esto ha hecho que la Entidad se haya reconocido como ingresos el 10% adicional por todas las certificaciones de gasto presentadas desde el inicio del programa. La cifra reconocida como ingreso en la entidad por este concepto y que a final de ejercicio ya había sido cobrada asciende a 1.074 miles de euros.</p>
<p class='parrafo'>Por lo que respecta al Fondo Tecnológico, también por decisión de Comisión Europea de 21 de diciembre de 2011, se modificó la tasa de retorno, pasando del 70 al 80 %, al ser la decisión del ejercicio anterior la Entidad dominante se ha reconocido los ingresos adicionales por todas las certificaciones presentadas desde el inicio del programa correspondientes a este aumento de tasa directamente contra el patrimonio, ascendiendo dichos ingresos a 553 miles de euros, que a cierre de ejercicio ya habían sido cobrados.</p>
<p class='parrafo_2'>12.2 Subvenciones de capital.</p>
<p class='parrafo_2'>Las subvenciones de capital no reintegrables que aparecen en el balance bajo este epígrafe se corresponden con el saldo de subvenciones recibidas para la financiación de diversos activos en los ejercicios 2005 a 201, así como por la parte de los intereses de préstamos existentes a tipo de interés cero, y que han sido considerado por el grupo como una subvención de capital.</p>
<p class='parrafo'>El detalle y movimientos de las subvenciones de capital se presentan en el siguiente cuadro, en miles de euros:</p>
<img/>
<p class='centro_cursiva'>13. Ingresos y gastos</p>
<p class='parrafo_2'>13.1 Cifra de negocios.</p>
<p class='parrafo_2'>La totalidad de la cifra de negocios del grupo se produce en territorio nacional.</p>
<p class='parrafo'>Las prestaciones de servicios corresponden a consultoría, asistencia técnica y gestión de programas de terceros, en el marco de los convenios firmados con otras administraciones públicas para el fomento de la Sociedad de la Información, así como de encomiendas de gestión de organismos de la Administración General del Estado, fundamentalmente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de quienes las entidades del grupo son consideradas medio propio.</p>
<p class='parrafo_2'>13.2 Servicios exteriores.</p>
<p class='parrafo_2'>Los servicios exteriores contratados por el Grupo están dedicados a las funciones asignadas en los estatutos de las entidades integrantes del grupo, siendo, en grandes epígrafes, las siguientes actividades desarrolladas:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Líneas de actividad</p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Educación</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>4.501</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>10.192</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ciudadanos</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>483</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>6.243</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Contexto digital (*)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>9.628</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Red Iris + Red Irisnova</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>30.973</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>34.372</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sanidad</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>20.775</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>26.459</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Administración electrónica</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>21.645</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>25.683</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Economía digital</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>8.138</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>6.822</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Seguridad y accesibilidad</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>4.282</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>5.740</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Otros</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>9.106</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>8.377</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>99.903</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>133.516</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>La línea de Actividad de Contexto Digital ha quedado englobada en 2012 dentro de la línea de Economía Digital</p>
<p class='parrafo_2'>13.3 Gastos de personal.</p>
<p class='parrafo_2'>No existen compromisos en materia de pensiones con el personal, por lo que la partida «Cargas sociales» de la cuenta de pérdidas y ganancias no incluye dotaciones para pensiones.</p>
<p class='parrafo'>El número medio de personas empleadas en el periodo por categorías ha sido:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='2'>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Número medio por categoría</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Directivos y técnicos</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>248</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>265</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Administrativos</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>40</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>38</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>288</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>303</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>El número de personas empleadas a 31 de diciembre de 2012 divididas por categoría y sexo era el siguiente:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Categorías</p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>31.12.12</p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>31.12.11</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Mujeres</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Hombres</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Mujeres</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Hombres</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Directivos y técnicos</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>110</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>133</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>120</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>149</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Administrativos</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>27</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>13</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>26</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>12</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>137</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>146</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>146</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>161</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>En cuanto a la composición del Consejo de Administración de la entidad dominante a 31 de diciembre de 2012 estaba compuesto por 14 hombres y 3 mujeres</p>
<p class='parrafo_2'>13.4 Aportación de las entidades al resultado consolidado.</p>
<p class='parrafo_2'>En miles de euros:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Entidad Pública Empresarial Red.es</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>4.163</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(21.733)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>INTECO</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(8.063)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(7.062)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(3.900)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(28.795)</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='centro_cursiva'>14. Información medioambiental</p>
<p class='parrafo_2'>No existen impactos medioambientales derivados de la actividad del grupo, dado que las instalaciones y equipos utilizados para la misma cumplen la normativa vigente en esta materia. La normativa medioambiental vigente, por tanto, no afecta de forma relevante a las actividades desarrolladas por el grupo, no existiendo por este motivo responsabilidades, gastos, ingresos, subvenciones, activos, provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. En consecuencia, no se incluyen desgloses específicos en estas cuentas anuales respecto a información sobre aspectos medioambientales.</p>
<p class='centro_cursiva'>15. Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio</p>
<p class='parrafo_2'>En el análisis de las operaciones realizadas con posterioridad al 31 de diciembre de 2012, y hasta la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales, no se han producido hechos significativos en la normal actividad.</p>
<p class='parrafo'>Con fecha 18/01/2013 se firmó el acta con acuerdo en referencia al IVA en la entidad dependiente INTECO y se hizo efectivo el pago con fecha 17/01/2013.</p>
<p class='parrafo'>En relación con la nota 5, el 26/02/2013 el Tribunal de Cuentas dicta auto acordando la incoación del procedimiento de reintegro por alcance para reclamar los posibles daños causados al patrimonio de la Sociedad filial INTECO derivados del presunto pago de unidades de obra que, a pesar de haber sido certificadas, no se han podido localizar.</p>
<p class='centro_cursiva'>16. Garantías comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes</p>
<p class='parrafo_2'>El grupo tiene, al 31 de diciembre de 2012, avales concedidos por entidades financieras ante terceros por los siguientes importes al cierre del ejercicio:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Avales</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>69.267</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>72.487</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>El grupo estima que los pasivos no previstos al 31 de diciembre de 2012 que pudieran originarse por los avales prestados, si los hubiera, no serían significativos.</p>
<p class='centro_cursiva'>17. Retribuciones y otras prestaciones al consejo de administración y alta dirección del grupo</p>
<p class='parrafo_2'>Durante el ejercicio 2012 el Grupo ha abonado en concepto de dietas a los miembros de los consejos de administración de las entidades que lo componen las siguientes cantidades:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Retribución del Consejo.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>218</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>72.487</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>En el mismo ejercicio, El Grupo ha abonado en concepto de sueldos y salarios al personal de alta dirección de las entidades que lo componen las siguientes cantidades, siendo el incremento producido por incorporación de personal a la alta dirección:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Retribución alta dirección.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>975</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1.008</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Dentro de los 828 miles de euros de retribución de la alta dirección del año 2012 están incluidos 103 miles de euros de indemnizaciones, así como 162 miles de euros de Personal que no tiene una relación laboral de Alta Dirección sino que es Personal Estatutario.</p>
<p class='parrafo'>Al 31 de diciembre de 2012 la entidades que conforman el Grupo no habían concedido anticipos, préstamos, ni contraído, avales o garantías, compromisos en materia de fondos de pensiones, seguros de vida u otros similares, con respecto a los miembros de su consejos de administración ni de la alta dirección.</p>
<p class='parrafo'>Durante el ejercicio 2012 los miembros del consejo de administración y alta dirección no han realizado con la entidad dominante ni con sociedades del grupo operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de mercado.</p>
<p class='centro_cursiva'>18. Honorarios de Auditores</p>
<p class='parrafo_2'>Las cuentas anuales consolidadas del grupo son auditadas por la Intervención General de las Administraciones Públicas, no existiendo por tanto honorarios profesionales.</p>
<p class='centro_cursiva'>19. Información segmentada</p>
<p class='parrafo_2'>Las entidades que forman el grupo dedican su actividad al fomento de la sociedad de la información, por lo que no existen actividades segmentadas.</p>
</texto>
</documento>
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Tue Jul 23 07:46:52 +0000 2013
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Conforme a lo establecido en el artículo 136.4 de la Ley 7/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que en su apartado cuarto establece que «las entidades que deban aplicar principios contables públicos así como las restantes que no tengan obligación de publicar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil publicarán anualmente en el «Boletín Oficial del Estado» el balance de situación y la cuenta económico-patrimonial y un resumen de los restantes estados que conforman las cuentas anuales», se dispone la publicación de las cuentas anuales del Grupo Entidad Pública Empresarial Red.es, del ejercicio 2012 para su general conocimiento.
Madrid, 9 de julio de 2013.–El Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, Borja Adsuara Varela.
MEMORIA DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
1. Actividad del grupo Entidad Pública Empresarial Red.es
La Entidad Pública Empresarial Red.es (Entidad dominante) tiene su origen en el Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión, creado por el artículo 124 de la Ley 37/1988 con el objeto de prestar en régimen de monopolio el servicio de transporte y difusión de las señales de televisión, servicio que fue prestado hasta el mes de abril del año 2000.
La creación y regulación vigente de la Entidad Pública Empresarial Red.es, está recogida en la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones (declarada expresamente en vigor por la disposición derogatoria única de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre), en redacción dada por el artículo 55 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por el artículo 14.tres de la Ley 24/2001, y por la disposición final segunda y la disposición adicional sexta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico.
Red.es se configura como entidad pública empresarial, conforme a lo previsto en el artículo 43.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Se aprobó su Estatuto por el Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, siendo modificado posteriormente por el Real Decreto 1433/2008, de 29 de Agosto. Dicha entidad está adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la información.
Red.es está dotada de personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio. Constituye su objeto la gestión, administración y disposición de los bienes y derechos que integran su patrimonio, actuando conforme a criterios empresariales.
El artículo 55 de la Ley 14/2000, establece las principales funciones de la Entidad Pública:
a) La gestión del registro de los nombres y direcciones de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es), de acuerdo con la política de registros que se determine por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en la normativa correspondiente.
b) La participación en los órganos que coordinen la gestión de Registros de nombre y dominios de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), o la organización que en su caso la sustituya, así como el asesoramiento al Ministerio de Ciencia y Tecnología en el Comité Asesor Gubernamental de ICANN (GAC) y, en general cuando le sea solicitado, el asesoramiento a la Administración General del Estado en el resto de los organismos internacionales y, en particular, en la Unión Europea, en todos los temas de su competencia.
c) La de observatorio del sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información.
d) La elaboración de estudios e informes y, en general, el asesoramiento de la Administración General del Estado en todo lo relativo a la sociedad de la información, de conformidad con las instrucciones que dicte el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
e) El fomento y desarrollo de la Sociedad de la Información.
El artículo 80 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, modifica la disposición adicional 6.ª de la Ley 11/1998, General de Telecomunicaciones y el Real Decreto 164/2002, por el que se aprueba el Estatuto de Red.es, incorporando bajo la letra f) una nueva función de la Entidad:
f) Ofrecer a la comunidad académica y científica nacional una infraestructura básica de comunicaciones mediante servicios de red y servicios de aplicación a través de la Red IRIS.
El régimen de contratación, adquisición y enajenación de la Entidad se acomoda a las normas de derecho privado, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre de contratos del Sector Público.
El régimen patrimonial de la Entidad Pública se ajusta a las previsiones del artículo 56 de la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. No obstante, los actos de disposición y enajenación de los bienes que integran su patrimonio se regirán por el derecho privado. En especial, la Entidad podrá afectar sus activos, entre los que se encuentra el remanente al que hace referencia el artículo 6 del Real Decreto-Ley 16/1999, a las funciones de fomento y desarrollo de la Sociedad de la Información y a financiar transitoriamente el déficit de explotación que se derive del ejercicio del resto de las referidas funciones de la Entidad Pública.
La contratación del personal se ajusta al derecho laboral, conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 6/1997. El régimen presupuestario, el económico-financiero, el de contabilidad, el de intervención y el de control financiero, están sometidos a la Ley General Presupuestaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 y en la disposición transitoria tercera de la Ley 6/1997.
Los recursos económicos de Red.es podrán provenir de cualquiera de los enumerados en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley 6/1997. Entre los recursos económicos se incluye además la «Tasa por asignación del recurso limitado de nombres y direcciones de Internet» regulada por la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones en la redacción dada por el artículo 14.tres de la Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y por la disposición final segunda de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico.
La Entidad tiene su domicilio en la Pza. Manuel Gómez Moreno s/n de Madrid.
Red.es y su filial Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A. (INTECO), domiciliada en León, forman el Grupo Entidad Publica Empresarial Red.es, del cual es la entidad dominante.
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), es una sociedad mercantil estatal, que forma parte del sector público empresarial, conforme a lo establecido en el apartado c) del artículo 166.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAAPP).
Está participada al 100 % por la Entidad Pública Empresarial Red.es., adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y su creación fue aprobada en el Consejo de Ministros de 29 de abril de 2005, como instrumento para desarrollar la Sociedad del Conocimiento y el desarrollo tecnológico en la comunicación.
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A. está dotado de personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio. Constituye su objeto social la gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en el marco de la Sociedad de la Información. Tiene autonomía para la gestión, administración y disposición de los bienes y derechos que integran su patrimonio, actuando conforme a criterios empresariales.
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, como sociedad mercantil estatal con forma de sociedad anónima, se rige íntegramente por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y de contratación, según prevé el apartado 1 de la DA 12.ª de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE).
La Sociedad no forma parte de la Administración General del Estado y está sometida a derecho privado en sus relaciones jurídicas por tanto contrata personal conforme al derecho laboral.
La contratación de la Sociedad se rige por las disposiciones de la legislación de contratos del sector público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) previstas para los poderes adjudicadores.
La misión de INTECO es aportar valor e innovación a los ciudadanos, a las PYMES, a las Administraciones Públicas y al sector de las tecnologías de la información, a través del desarrollo de proyectos que contribuyan a reforzar la confianza en los servicios de la Sociedad de la Información en nuestro país, promoviendo además una línea de participación internacional.
Para ello, INTECO desarrolla actuaciones en las siguientes líneas:
• Seguridad Tecnológica: INTECO está comprometido con la promoción de servicios de la Sociedad de la Información cada vez más seguros, que protejan los datos personales de los interesados, su intimidad, la integridad de su información y eviten ataques que pongan en riesgo los servicios prestados. Y por supuesto que garanticen un cumplimiento estricto de la normativa legal en materia de TIC.
• Accesibilidad: INTECO promueve servicios de la Sociedad de la Información más accesibles, que supriman las barreras de exclusión, cualquiera que sea la dificultad o carencia técnica, formativa, etc., incluso discapacidad, que tengan sus usuarios. Y que faciliten la integración progresiva de todos los colectivos de usuarios, de modo que todos ellos puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece la Sociedad de la Información. Asimismo desarrolla proyectos en el ámbito de la accesibilidad orientados a garantizar el derecho de ciudadanos y empresas a relacionarse electrónicamente con las AAPP.
• Calidad TIC. INTECO promueve unos servicios de la Sociedad de la Información que cada vez sean de mayor calidad, que garanticen unos adecuados niveles de servicio, lo cual se traduce en una mayor robustez de aplicaciones y sistemas, un compromiso en la disponibilidad y los tiempos de respuesta, un adecuado soporte para los usuarios, una información precisa y clara sobre la evolución de las funcionalidades de los servicios, y en resumen, servicios cada vez mejores.
• Formación: La formación es un factor determinante para la atracción de talento y para la mejora de la competitividad de las empresas. Por ello, INTECO impulsa la formación de universitarios y profesionales en las tecnologías más demandadas por la industria.
Junto a las actuaciones de interés general desarrolladas anteriormente, INTECO desarrolla una línea de negocio basada en la prestación de servicios directamente relacionados con las materias de su especialidad (seguridad, accesibilidad y calidad TIC) principalmente derivados de su condición de medio propio de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
En el ejercicio 2012, INTECO, ha iniciado un proceso de focalización de su actividad, aún más, en temas de ciberseguridad, diseñando y elaborando un nuevo plan de actividades que fija como misión de la Sociedad reforzar la ciberseguridad, la confianza y la protección de la privacidad en los servicios de la Sociedad de la Información, aportando valor a ciudadanos, empresas, Administración, al sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones y sectores estratégicos en general.
El domicilio social de la Sociedad se encuentra ubicado en la calle José Aguado, número 41 de León.
2. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas
a) Imagen fiel.
Las cuentas anuales consolidadas adjuntas que han sido formuladas por el Presidente de la Entidad Pública Empresarial Red.es como entidad dominante, se han preparado a partir de los registros contables de las entidades que forman el grupo, realizando las clasificaciones oportunas para presentarlas de acuerdo con el Plan General de Contabilidad y habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del grupo, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. Las cuentas anuales adjuntas correspondientes al ejercicio 2011 se someterán a la aprobación del Consejo de Administración de la entidad dominante, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.
b) Principios contables.
Para la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han seguido los principios contables y normas de valoración generalmente aceptadas en España descritos en la Nota 4. No existe ningún principio contable obligatorio que, siendo significativo su efecto en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
La preparación de las cuentas anuales consolidadas exige el uso por parte del grupo de ciertas estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las actuales circunstancias.
d) Comparación de la información.
A fin de facilitar la comparación de la información con las cifras del presente ejercicio, se han adaptado las cifras del ejercicio precedente. La adaptación afecta a clasificación del activo corriente por haber llevado a Deudores varios una partida pendiente de liquidar por el Tesoro Público que en el ejercicio precedente se contabilizó en el epígrafe de Administraciones Públicas y al pasivo corriente por haber llevado a periodificaciones a corto plazo los anticipos recibidos para el registro de dominios del año siguiente que en el ejercicio precedente estaban en anticipos de clientes, por lo que no afecta al resultado, patrimonio neto o total de activos y pasivos.
Las cifras del presente ejercicio contenidas en estas cuentas anuales son, por tanto, perfectamente comparables con las del ejercicio anterior.
e) Corrección de errores.
Por decisión de la Comisión Europea de 21 de diciembre de 2011, se modificó la tasa de retorno del Fondo Tecnológico que dentro del marco de Fondos Feder gestiona la Entidad, pasando ésta del 70 al 80 %, la Entidad, por error, no se reconoció en el ejercicio 2011 los ingresos adicionales por todas las certificaciones presentadas desde el inicio del programa correspondientes a este aumento de tasa que ascendian a 553 miles de euros, habiéndolo hecho en 2012, razón por la cual estos ingresos se han contabilizado directamente contra el patrimonio.
3. Distribución del resultado de la entidad dominante
Se propondrá al Consejo de Administración la aprobación de la siguiente distribución del resultado del ejercicio de la entidad dominante:
Base de reparto
Miles de euros
Resultado del ejercicio
(3.900)
Otras aportaciones de socios
4.000
Total
100
Aplicación
Miles de euros
Reservas voluntarias
100
Total
100
4. Normas de registro y valoración
Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011, de acuerdo con las establecidas por las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, han sido las siguientes:
a) Criterios de consolidación.
Las cuentas anuales de la entidad dependiente (INTECO) se han consolidado con las de la entidad dominante por aplicación del método de integración global, al ser su participación del 100 % de su capital social. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones efectuadas entre las entidades consolidadas, así como los resultados por operaciones intergrupo han sido eliminados en el proceso de consolidación.
b) Homogeneización de partidas.
Las partidas de las cuentas individuales de las entidades incluidas en el perímetro de consolidación han sido homogeneizadas, en caso necesario, de acuerdo con los criterios empleados para la elaboración de las cuentas anuales de la entidad dominante.
c) Inmovilizaciones intangible.
Corresponde principalmente a aplicaciones informáticas. Estos activos se encuentran valorados a su coste de adquisición a terceros.
Es criterio del grupo amortizarlos linealmente en función de las vidas útiles estimadas que se detallan a continuación:
Años de vida útil estimada
Patentes y marcas comerciales
10
Aplicaciones Informáticas
3-4
d) Inmovilizado material.
El grupo valora su inmovilizado material por su precio de adquisición, recogiendo en su caso los gastos producidos hasta su puesta en marcha. Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.
Los gastos de conservación y mantenimiento se registran con cargo a los resultados del ejercicio en que se incurren.
El grupo amortiza su inmovilizado material, con excepción de los terrenos, siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada según el siguiente detalle:
Años de vida útil estimada
Construcciones
25-50
Otras Instalaciones
8-13
Equipos para proceso de información
4
Mobiliario
10
Elementos de transporte
7
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias.
e) Inversiones inmobiliarias.
La Entidad ha clasificado como inversiones inmobiliarias aquellas arrendadas a terceros. Los criterios de valoración aplicados a las mismas son idénticos a los aplicados a las construcciones.
f) Activos financieros.
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en «Créditos a empresas» y «Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar» en el balance.
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
g) Débitos y partidas a pagar.
Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que se tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
h) Subvenciones recibidas.
Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención.
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará.
En el caso de subvenciones concedidas para financiar gastos específicos de ejecución plurianual, como los programas FEDER, la subvención se considera no reintegrable en proporción al gasto ejecutado elegible, siempre que no existan dudas razonables de que se concluirá su ejecución en los términos fijados en las condiciones del otorgamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la O.M. EHA/733/2010, de 25 de marzo, en su disposición adicional única apartado 2 c).
Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al momento de su reconocimiento.
Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos y las concedidas para compensar déficit de explotación en el ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan a compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios.
Las subvenciones no reintegrables procedentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información para actividades de interés público y que no se corresponden con un proyecto o encargo concreto se registran directamente como fondos propios.
i) Provisión para impuestos.
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido.
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto.
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias.
Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en dependientes, asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que el grupo puede controlar el momento de reversión de las diferencias temporarias y además es probable que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible.
La Entidad dominante forma Grupo Fiscal Consolidado con su filial Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A.
Siguiendo el principio de prudencia, el grupo no ha reconocido créditos fiscales por las bases imponibles negativas generadas hasta la fecha.
j) Provisiones y pasivos contingentes.
Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se reconocen cuando el grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable. Las provisiones por reestructuración incluyen sanciones por cancelación del arrendamiento y pagos por despido a los empleados. No se reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando.
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se descuentan.
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente segura su recepción.
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros independientes de la voluntad del grupo. Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la memoria.
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su artículo 2, apartado 1, establece para el año 2012 la supresión tanto de la paga extraordinaria del mes de diciembre como de la paga adicional de complemento específico o pagas equivalentes de dicho mes para el personal del sector público definido en el artículo 22.1 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales. Las dos entidades que forman el grupo acuerdo con el artículo 22.1 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, han aplicado lo dispuesto en el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio.
En relación a lo dispuesto en el apartado 4 del citado artículo, en cuanto a futuras aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de la jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los Administradores de la entidades que forman el Grupo consideran que en el momento actual no existe una obligación presente por lo que no procede dotar una provisión en relación con las aportaciones mencionadas en el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto 20/2012, de 13 de julio.
k) Reconocimiento de ingresos.
Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades del grupo, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido.
El grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. No se considera que se pueda valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. El grupo basa sus estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos concretos de cada acuerdo.
Los importes cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se registran como subvenciones de explotación no reintegrables en proporción al gasto ejecutado elegible que cumple los requisitos de la normativa comunitaria y, específicamente, del Programa Operativo correspondiente, tal como se explica en la nota h) de este mismo apartado.
El grupo presta servicios derivados de gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en el marco de la Sociedad de la Información. Estos servicios se suministran sobre la base de una fecha y material concreto o bien como contrato a precio fijo.
Los ingresos de contratos de fecha y material concretos, habitualmente derivados de la prestación de servicios derivados de encomiendas de gestión realizadas por la Administración General del Estado, se reconocen a las tarifas estipuladas en el contrato a medida que se realizan los trabajos y se incurre en los gastos directos.
Los ingresos derivados de contratos a precio fijo por prestaciones de servicios se reconocen siguiendo las indicaciones del contrato.
Si surgieran circunstancias que modificaran las estimaciones iniciales de ingresos ordinarios, costes o grado de avance, se procede a revisar dichas estimaciones. Las revisiones podrían dar lugar a aumentos o disminuciones en los ingresos y costes estimados y se reflejan en la cuenta de resultados en el periodo en el que las circunstancias que han motivado dichas revisiones son conocidas por la dirección.
l) Transacciones en moneda extranjera.
Las cuentas anuales consolidada se presentan en euros, que es la moneda de presentación y funcional de la Entidad dominante.
Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como disponibles para la venta son analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios en el coste amortizado del título y otros cambios en el valor contable del título. Las diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el valor contable se reconocen en el patrimonio neto.
Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable. Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio clasificados como activos financieros disponibles para la venta, se incluyen en el patrimonio neto.
m) Planes de pensiones y otras obligaciones con el personal.
El grupo no tiene establecido un plan de pensiones para sus empleados, estando cubiertas todas sus obligaciones al respecto por la Seguridad Social del Estado.
5. Inmovilizado material
El movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones, ha sido el siguiente:
La Entidad tiene en propiedad diversas plantas del Edifico Bronce en Madrid, cuyo coste de adquisición asciende a un total de 37.686 miles de euros, de los que 17.990 miles corresponden a la repercusión del suelo, 16.650 miles de euros están registrados en «construcciones» y 3.046 miles de euros en la partida de «otras instalaciones». La parte dedicada a la explotación de la entidad se refleja en el cuadro adjunto. El resto, destinado al arrendamiento a terceros, se encuentra clasificado como inversiones inmobiliarias dentro del balance de situación.
La filial INTECO tiene en propiedad un edifico en León, cuyo coste de adquisición asciende a un total de 17.862 miles de euros €, de los cuales 1.103 corresponden al valor del terreno, 10.728 están registrados en «construcciones» y 6.031 en la partida «otras instalaciones».
En las adiciones o dataciones de inmovilizado material registradas en 2012, se encuentra una regularización de los bienes de inversión incluida en el acta con acuerdo firmada por la filial INTECO con la Agencia Tributaria, explicada en la nota 10, cuyo importe total asciende a 405 miles de euros.
En el ejercicio 2011, la Intervención General de la Administración del Estado emitió el informe correspondiente a la auditoría operativa y de cumplimiento llevada a cabo en el año 2008 en la Sociedad filial INTECO. Del examen de los ejercicios 2006, 2007 y parte del 2008, resultaron dos tipos de actuaciones: la primera, un informe especial que se refiere exclusivamente a la construcción del edificio que se llevó a cabo en 2007-2008. La Intervención solicita una mayor justificación técnica del incremento de la cantidad certificada y liquidada respecto al presupuesto del proyecto inicial, y llevar a cabo mediciones y comprobaciones de unidades de obra, para determinar si, en su caso, se hubiera producido un daño patrimonial a la Sociedad filial INTECO. En el ejercicio 2012, la Intervención General de la Administración del Estado eleva las actuaciones al Tribunal de Cuentas para su oportuna fiscalización. El Tribunal de Cuentas nombra instructor y abre diligencias preliminares para examinar la posible existencia de un supuesto de responsabilidad por alcance por los daños causados al patrimonio de la Sociedad filial INTECO. En las mismas, la Sociedad filial INTECO aporta al expediente la documentación requerida y finalmente el Tribunal dicta Auto al que se refiere la nota 15. En segundo lugar en cuanto al Informe general de recomendaciones, la Sociedad ha modificado sus procedimientos e implementado las medidas necesarias para proceder a su cumplimiento.
La política del grupo es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material.
6. Inversiones inmobiliarias
El movimiento habido en el ejercicio 2012, en las diferentes cuentas de inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente:
Como se expresa en la nota 5, La Entidad tiene en propiedad diversas plantas del Edifico Bronce en Madrid, destinado principalmente a la explotación. El resto, destinado al arrendamiento a terceros, se encuentra clasificado como inversiones inmobiliarias dentro del balance de situación. El coste de adquisición correspondiente a la inversión inmobiliaria en el mismo asciende a los siguientes importes:
– Terreno: 135 miles de euros.
– Construcciones: 125 miles de euros
La Entidad también tiene en propiedad un edificio en Sevilla, antiguo pabellón de Retevisión en la Exposición Universal de 1992. El coste de adquisición del edificio es de 7.862 miles de euros, estando registrado su importe en la cuenta de «construcciones».
7. Inmovilizado intangible
El movimiento habido en el ejercicio 2012, en las diferentes cuentas de inmovilizado intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente:
8. Arrendamientos
Los arrendamientos que posee el grupo se clasifican como operativos puesto que se trata de acuerdos mediante los cuales el arrendador conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de percibir una serie de pagos o cuotas, sin que se trate de un arrendamiento financiero.
Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos son considerados como ingresos y gastos del ejercicio en el que los mismos se devengan, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias.
Como se explica en la nota 5, el grupo es arrendador de locales para oficinas, con contratos de carácter anual renovables. Los cobros futuros no cancelables, esto es, sin considerar las previsibles prórrogas ascienden a las siguientes cantidades:
Miles de euros
2012
2011
Hasta un año
367
619
Entre uno y cinco años
2
69
Más de cinco años
0
Por otro lado, el grupo es arrendatario de oficinas. Los pagos futuros no cancelables, esto es, sin considerar las previsibles prórrogas ascienden a los siguientes importes:
Miles de euros
2012
2011
Hasta un año
15
15
Entre uno y cinco años
0
Más de cinco años
0
9. Instrumentos financieros
9.1 Consideraciones generales.
La información que se presenta en esta nota corresponde a los instrumentos financieros incluidos en el alcance de la norma de registro y valoración novena del Plan General de Contabilidad.
9.2 Información relacionada con el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias consolidados.
a) Categoría de activos y pasivos financieros.
El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma de registro y valoración de «Instrumentos financieros es el siguiente:
b) Clasificación por vencimientos.
Todos los instrumentos financieros recogidos como activos y pasivos corrientes en el balance de situación tienen vencimiento inferior al año.
Los instrumentos financieros recogidos como Créditos a largo plazo en el activo tienen su vencimiento en 2018 y corresponden a préstamos concedidos por la entidad dominante a fondos de capital riesgo dentro del programa emprendedores que desarrolla para fomentar inversiones en empresas de base tecnológica del sector TIC.
El detalle de los mismos es el siguiente:
Miles de euros
2012
2011
Principal
2.400
2.400
Intereses devengados
165
26
Total
2.565
2.426
Los instrumentos financieros recogidos como Débitos y partidas a pagar a largo plazo en el pasivo tienen su vencimiento en 2019 y corresponden a préstamos concedidos a la entidad dominante por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información para a su vez prestar a fondos de capital riesgo dentro del programa emprendedores que desarrolla para fomentar inversiones en empresas de base tecnológica del sector TIC.
El detalle de los mismos es el siguiente:
Miles de euros
2012
2011
Principal
2.400
2.400
Intereses devengados
156
22
Total
2.556
2.422
Con fecha 26 de febrero de 2008, INTECO firmó un convenio de colaboración con la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el que se le concede un préstamo nominativo por importe de 14.000.000 de euros para la financiación de determinadas fases de la construcción y acondicionamiento del edificio que constituye la sede social de la sociedad. En 2009 se realizó un reintegro parcial del préstamo, quedando el principal en 13.151 miles de euros. La amortización del préstamo, que no devenga intereses, comenzará en el año 2012, y durante quince años se amortizará por cuotas iguales de 877 miles de euros cada año.
La contabilización del préstamo a su coste amortizado se ha realizado teniendo en cuenta el tipo de interés de referencia Euribor a 12 meses medio a la firma de del convenio (4,35 %) incrementado con un diferencial del 1 %, obteniéndose así el valor actual de la deuda.
Vencimiento
Miles de euros
Intereses implícitos
Coste amortizado
Corto plazo
2013
877
432
445
Largo plazo
2014-2026
11.398
3.778
7.620
Total
12.275
4.210
8.065
Los intereses implícitos pendientes de este préstamo han sido recogidos como subvenciones de capital, una vez descontado el efecto impositivo correspondiente.
Los saldos correspondientes a este préstamo recogidos en las cuentas anuales se relacionan a continuación:
Miles de euros
2012
2011
Balance
Subvenciones de capital
2.621
2.859
Balance
Pasivos por impuesto diferido
1.123
1.226
Balance
Deudas a largo plazo
7.952
8.369
Balance
Otras deudas a corto plazo
877
877
P y G
Imputación de subvenciones
1.479
1.138
P y G
Gastos financieros
(1.777)
(1.318)
Total
12.275
13.151
c) Deudores y calidad crediticia.
El saldo de clientes, ascendente a 5.830 miles de euros, corresponde fundamentalmente a Administraciones Públicas por prestaciones de servicios.
La cuenta de «deudores varios» presenta el siguiente desglose:
Miles de euros
2012
2011
FEDER
78.755
66.549
Transferencias presupuestos 2010
48.019
129.070
Transferencias presupuestos 2011
99.109
131.220
Transferencias presupuestos 2012
29.705
Otras subvenciones
157
210
Otros deudores
548
6.212
Total
256.293
333.261
I. Programas FEDER.
La Entidad dominante es organismo intermedio de Programas FEDER, teniendo asignada la ejecución de diversos programas de actuación plurianual por parte de este organismo comunitario. La finalidad de las aportaciones FEDER es la cofinanciación comunitaria de medidas destinadas a promover el acceso a infraestructuras y servicios digitales en Regiones Objetivo FEDER.
Tal como se explica en las Normas de Registro y Valoración, notas 4 h) y k), los importes recibidos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se registran como subvenciones de explotación no reintegrables en proporción al gasto ejecutado elegible que cumple los requisitos de la normativa comunitaria y, específicamente, del Programa Operativo correspondiente.
La Entidad dominante estima que ha cumplido todas las condiciones asociadas a dichas subvenciones, en especial la calificación de los gastos como elegibles y las condiciones de los Reglamentos CE 1828/2006 y 1083/2006.
El desglose por programas y situación de la cuenta a cobrar al FEDER se desglosa en el siguiente cuadro:
Miles de euros
2012
Certificado
Pendiente certificar
Total ayuda
POSI
0
0
0
POEC
62.856
11.473
74.329
P.O. Regionales
1.071
1.001
2.072
Fondo tecnológico
1.688
297
1.985
POAT
337
32
369
Total
65.952
12.803
78.755
Los importes reconocidos son elegibles en el marco de las actuaciones aprobadas por la Comisión Europea en los correspondientes Programas Operativos, y en concreto, conforme al artículo 56 del Reglamento 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, en base a las Normas sobre los gastos subvencionables de los Programas Operativos financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión, y a los Criterios de Selección aprobados por la Comisión Europea.
Para los importes certificados se ha realizado la solicitud de reembolso ante la Autoridad Nacional de Gestión (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). Sobre los importes pendientes de certificar, la tramitación de la solicitud de reembolso de dichos gastos se encuentra en proceso al cierre del ejercicio, realizándose las tareas previas a la mencionada solicitud: pagos a proveedores, verificaciones del artículo 13 del Reglamento 1083/2006, incluyendo verificaciones sobre el terreno, y las tareas de adaptación de la información para su carga en la herramienta Fondos 2007 habilitada para generar las solicitudes de reembolso.
Por decisión de la Comisión Europea de 31 de octubre de 2012 se ha modificado la tasa de retorno del Programa Operativo de la Economía del Conocimiento, pasando del 70 al 80 % esto ha hecho que la Entidad se haya reconocido como ingresos el 10 % adicional por todas las certificaciones de gasto presentadas desde el inicio del programa. La cifra reconocida como ingreso por este concepto y que a final de ejercicio estaba pendiente de cobro, y por tanto recogida en la partida de deudores asciende a 26.753 miles de euros.
Igualmente por decisión de la Comisión Europea de 14 de febrero de 2012, se ha modificado el retorno de los Programas Regionales que gestiona la entidad en el marco del FEDER, concretamente se ha modificado la tasa de los programas regionales de Andalucía, Asturias, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Valencia, Murcia, Ceuta y Melilla, pasando en todos los casos del 70 al 80% de retorno. Esto ha hecho que la Entidad se haya reconocido como ingresos el 10% adicional por todas las certificaciones de gasto presentadas desde el inicio del programa. La cifra reconocida como ingreso por este concepto y que a final de ejercicio ya había sido cobrada asciende a 1.074 miles de euros.
Por lo que respecta al Fondo Tecnológico, también por decisión de Comisión Europea de 21 de diciembre de 2011, se modificó la tasa de retorno, pasando del 70 al 80 %, al ser la decisión del ejercicio anterior la Entidad se ha reconocido los ingresos adicionales por todas las certificaciones presentadas desde el inicio del programa correspondientes a este aumento de tasa directamente contra el patrimonio, ascendiendo dichos ingresos a 553 miles de euros, que a cierre de ejercicio ya habían sido cobrados.
A continuación se detalla la composición de los importes pendientes de certificar según nomenclatura de los PO y tema prioritario, indicando el programa concreto y descripción del mismo:
II. Transferencias Presupuestos Generales 2010, 2011 y 2012.
Corresponden a consignaciones nominativas de Presupuestos Generales del Estado 2010, 2011 y 2012 a favor del Grupo y pendientes de ingreso por el Tesoro.
d) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
El saldo de Tesorería al cierre del ejercicio corresponde a depósitos bancarios con vencimientos inferiores a tres meses y cuentas a la vista, con remuneración referenciada al Euribor. El grupo mantiene los depósitos en entidades con calificación crediticia «BB» o superior, con la sola excepción de cuentas operativas para operaciones puntuales que no mantienen en el tiempo saldos significativos.
Miles de euros
2012
2011
Bancos AA
67.561
Bancos A
67.945
Bancos BBB
19.651
37.942
Bancos BB
166.254
Otros
3.718
Total
189.623
175.769
Las colocaciones de tesorería en depósitos y cuentas corrientes remuneradas ha supuesto un rendimiento financiero en el ejercicio ascendente a 6.355 miles de euros, según se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
9.3 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo de instrumentos financieros.
9.3.1 Información cualitativa: Factores del riesgo financiero.
Las actividades del grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. Los programas de gestión del riesgo global de la entidad dominante y su filial se centran en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad financiera. El grupo no emplea derivados para cubrir riesgos.
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento de Económico-Financiero de la entidad dominante que identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo de Administración.
a) Riesgo de mercado.
Riesgo de tipo de cambio.
El grupo no opera en el ámbito internacional y, por tanto, no está expuesta a riesgo de tipo de cambio por operaciones con divisas. Eventualmente se realiza alguna operación con divisas pero se trata de adquisiciones puntuales de algún material o servicio determinado que no suponen riesgo.
Riesgo de precio.
El grupo no está expuesto al riesgo del precio de los títulos de capital debido a que no posee inversiones clasificadas en el balance como disponibles para la venta o a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable.
Dada la naturaleza del grupo es prudente en las inversiones a realizar. Los ingresos y los flujos de efectivo de sus actividades de explotación son bastante independientes respecto de las variaciones en los tipos de interés de mercado. Por otro lado, los recursos ajenos a largo plazo que posee en la actualidad son a tipo de interés cero.
b) Riesgo de crédito.
El riesgo de crédito se gestiona por grupos. Surge de efectivo y equivalentes al efectivo, así como de clientes mayoristas, minoristas y administraciones públicas, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas.
En relación con los bancos e instituciones financieras, el grupo solo mantiene saldos significativos con entidades a las que se ha calificado de forma independiente con una categoría mínima de rating «BB». A los clientes mayoristas se les ha calificado según la calidad crediticia, teniendo en cuenta su posición financiera, la experiencia pasada y otros factores. Los límites individuales de crédito se establecen en función de las calificaciones internas. Las ventas a los clientes minoristas se liquidan mediante transferencia bancaria por anticipado.
c) Riesgo de liquidez.
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado. El Departamento de Económico-Financiero de la entidad dominante tiene como objetivo mantener la disponibilidad de los fondos.
Se realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez del grupo (que comprende el efectivo y equivalentes al efectivo) en función de los flujos de efectivo esperados.
9.3.2 Información cuantitativa del riesgo financiero.
El grupo tiene consignados para el ejercicio 2013 en Presupuestos Generales del Estado las siguientes cantidades para su actividad en el siguiente ejercicio, en miles de euros:
Aportación patrimonial
113.687
Transferencias de capital
7.000
Transferencias corrientes
750
Por otro lado tiene al cierre del ejercicio anticipos para la ejecución de programas y encomiendas por importe de 80.428 miles de euros.
Adicionalmente la senda mínima asignada en los programas FEDER para el ejercicio 2012 supone ayudas por importe mínimo de 33.454 miles de euros
El grupo tiene asegurada, por tanto, la financiación de la actividad a desarrollar en el siguiente ejercicio.
9.4 Fondos Propios.
La cuenta de Patrimonio recoge el valor neto del conjunto de bienes, derechos y obligaciones transferidos desde el Ente Público RTVE a la Entidad Pública Red.es (entonces denominada Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión) en el momento de su constitución, así como las correcciones valorativas posteriores, surgidas como consecuencia del análisis individualizado de los derechos y obligaciones transferidos en el momento de la constitución de la Entidad Pública dominante.
El movimiento habido en las cuentas de «Fondos propios» consolidados en el ejercicio de 2012 ha sido el siguiente:
Las aportaciones de socios corresponden a transferencias nominativas consignadas a la Entidad en Presupuestos Generales del Estado 2012 por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Tal y como se explica en la nota 4 h), al tener su destino actividades de interés público y que no se corresponden con un proyecto o encargo concreto se registran directamente como fondos propios.
De las reservas en sociedades consolidadas, 420 miles de euros corresponden a reservas de libre disposición y 85 miles de euros a reservas legales.
9.5 Deudas a largo plazo.
El detalle de las deudas a largo es el siguiente:
Miles de euros
2012
2011
Anticipo FEDER
33.620
33.620
Préstamos a largo plazo
10.508
10.787
Fianzas
12
14
Total
44.140
44.421
Se contabilizan a largo plazo los préstamos concedidos con vencimiento en 2018 que se han concedido por la entidad dominante a fondos de capital riesgo en el marco del programa emprendedores, así como las obligaciones derivadas del préstamo recibido por la entidad dependiente en los términos que se ha explicado en la nota 9.2b.
También se contabilizan a largo plazo los anticipos recibidos de FEDER que se transformarán en subvenciones cuando la entidad certifique los gastos que darán origen a la misma y cuya ejecución se prevé que se haga a más de un año.
9.6 Deudas a corto plazo.
El detalle de deudas a corto plazo en miles de euros es el siguiente:
Miles de euros
2012
2011
Depósitos y fianzas a corto plazo
469
403
Anticipos reintegrables programa RedIRIS Nova
0
35.947
Otras deudas
1.421
2.089
Total
1.890
38.439
9.7 Periodificaciones a largo plazo.
Se contabilizan en este epígrafe los anticipos de dominios pagados por los clientes para años posteriores a 2013.
9.8 Acreedores comerciales.
El importe de anticipos recibidos se corresponde al siguiente detalle:
Miles de euros
2012
2011
Anticipo Encomiendas
13.016
13.208
Anticipo Programas
67.412
62.451
Total
80.428
75.659
Los anticipos de encomiendas se corresponden a encomiendas de gestión de la Administración General del Estado.
Los anticipos de programas corresponden a convenios con organismos públicos para la ejecución de programas de Sociedad de la Información.
En ambos casos, las cantidades percibidas por el Grupo se imputan a resultados en función de los gastos incurridos en su realización, quedándose en el pasivo la parte no ejecutada a la fecha del balance.
La cifra de Proveedores corresponde a operaciones del tráfico habitual del Grupo. Del saldo pendiente de pago al cierre, ascendente a 20.900 miles de euros, 121 miles de euros superaba el plazo legal de pago establecido en 40 días para el año 2012 en el caso de la entidad dominante, en la Ley 15/2010 de 5 de julio, debido a documentación pendiente de entrega por los proveedores.
Información sobre aplazamientos de pagos efectuados a proveedores. D.A 3ª «Deber de información» de la Ley 15/201, de 5 de julio.
El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizadas durante el ejercicio y pendientes de pago en cada una de las entidades al cierre en relación con los plazos máximos legales previstos en la Ley 15/2010 es el siguiente:
RED.ES
Miles de euros
2012
2011
Importe
Porcentaje
Importe
Porcentaje
Dentro del plazo máximo legal
109.588
88
98.812
76
Resto
14.567
12
31.841
24
Total de pagos del ejercicio
124.155
100
130.653
100
PMPE (días)
26
38
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal
121
903
INTECO
Miles de euros
2012
2011
Importe
Porcentaje
Importe
Porcentaje
Dentro del plazo máximo legal
6.478
99
6.176
99
Resto
91
1
39
1
Total de pagos del ejercicio
6.569
100
6.215
100
PMPE (días)
21
21
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal
0
903
9.9 Personal.
El saldo al cierre del ejercicio corresponde a remuneraciones pendientes de pago.
No existen compromisos en materia de pensiones con el personal.
9.10 Periodificaciones a corto plazo.
Se contabilizan en este epígrafe los anticipos de dominios pagados por los clientes para el año 2013.
10. Situación fiscal
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2012 es como sigue:
Miles de euros
2012
2011
Resultado del ejercicio antes de impuestos
(3.900)
(28.795)
Diferencias permanentes
496
117
Diferencias temporarias con origen en el ejercicio
7
7
Base Imponible
(3.397)
(28.671)
A compensar en el Grupo Fiscal en el ejercicio
Base Imponible a compensar en futuros
(3.397)
(28.671)
Las diferencias permanentes corresponden fundamentalmente a patrocinios y donaciones a entidades sin ánimo de lucro.
Al cierre del ejercicio, existen bases imponibles negativas en el grupo pendientes de compensar por:
Ejercicio
Miles de euros
2007
(93.268)
2008
(61.387)
2009
(67.411)
2010
(43.681)
2011
(3.397)
2012
(3.397)
Total Bases Imponibles negativas.
(272.541)
El grupo podrá compensar los anteriores importes con bases imponibles positivas durante los 15 años posteriores a su generación. Las bases imponibles anteriores a la formación del Grupo Fiscal (2007) deberán ser compensadas con bases imponibles positivas generadas individualmente por la entidad dominante. Las posteriores podrán ser compensadas con bases imponibles positivas generadas por el Grupo Fiscal.
Siguiendo el principio de prudencia, el grupo no ha reconocido créditos fiscales por las bases imponibles negativas generadas hasta la fecha, al no estar razonablemente asegurada su realización futura.
El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas a 31 de diciembre, es el siguiente, en miles de euros:
Miles de euros
2012
2011
Deudor
Acreedor
Deudor
Acreedor
IVA
262
18
1.000
Impuesto sobre Sociedades
2.285
1.765
IRPF
363
415
Subvenciones
Devolución de IVA por actas de inspección
500
Seguridad Social
201
314
Totales
2.547
582
3.265
729
La entidad dominante tiene abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios para los impuestos que le sean aplicables. No se espera que se pudieran devengar pasivos adicionales de consideración como consecuencia de una posible inspección de dichos ejercicios pendientes.
La Agencia tributaria ha concluido las actuaciones inspectoras en el impuesto sobre el valor añadido del ejercicio 2009 al 2010, posteriormente ampliadas hasta el 2011 en la sociedad dependiente INTECO. Dichas actuaciones inspectoras han concluido con la firma el 18 de enero de 2013 de un acta con acuerdo.
El acuerdo alcanzado considera que la sociedad realiza actividades de carácter empresarial, plenamente sujetas y no exentas al IVA junto con otras actividades que no tienen carácter empresarial y que por lo tanto, no estarían sujetas a dicho impuesto. La Agencia Tributaria ha considerado que la sociedad debe clasificar cada uno de los bienes y servicios recibidos en función de la actividad a la que se han aplicado distinguiendo al menos estos grupos: los que se han utilizado solo a las actividades no sujetas, aquellos utilizados a las actividades sujetas y no exentas del impuesto, y aquellos que han sido utilizados en ambos tipos de actividades.
La estimación del porcentaje de aplicación de los recursos a las actividades económicas se ha realizado a partir del análisis de los medios de producción más relevantes de la sociedad. El activo más revelador es el inmueble en que se realiza estas actividades. Un vez analizado y junto con la ubicación del personal y los recursos se acuerda que se utiliza un 60 % en actividades empresariales y un 40 % en actividades no empresariales. Una vez convenido el porcentaje de deducción de las cuotas soportadas debe aplicarse como prorrata de la forma que se establece en la Ley del Impuesto.
La sociedad atendiendo a los nuevos criterios de valoración aplicados, puestos de manifiesto tras las conclusiones de la inspección, ha modificado las estimaciones establecidas para los ejercicios pasados y aún sujetos a inspección, siendo el impacto registrado por cada uno de los ejercicios:
Miles de euros
–
2012
Regularización año 2009
881
Regularización año 2010
373
Regularización año 2011
(52)
Intereses de demora
176
Totales
1.378
La sociedad ha concluido que el resultado de las actuaciones inspectoras, debe ser considerado como un cambio en las estimaciones contables conforme a lo establecido en el Plan General Contable «Políticas Contables, cambios en las estimaciones contables y errores contables», procediendo al registro de dichos impactos en la cuenta de resultados del ejercicio 2012.
Para el ejercicio 2012, en el ámbito de la gestión tributaria las cuentas incluyen la aplicación de una prorrata general de IVA deducible del 60 %.
Tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios del resto de impuestos que le son aplicables. No se espera que se pudieran devengar pasivos adicionales de consideración como consecuencia de una posible inspección de dichos ejercicios pendientes.
Debido a las diferentes interpretaciones posibles que pudieran darse a la normativa fiscal aplicable a las operaciones de la Sociedad, los resultados de futuras inspecciones a realizar por parte de las autoridades fiscales de los años pendientes de verificación, podrían poner de manifiesto en el futuro, pasivos fiscales de carácter contingente cuya cuantificación objetiva no es posible determinar en la actualidad. No obstante, en opinión de los Administradores de la Sociedad, las consecuencias que podrían derivarse, no deberían afectar significativamente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2012.
Los pasivos por impuesto diferido reconocidos corresponden a la aplicación del tipo impositivo (30 %) a importes recibidos en concepto de subvenciones (de capital y de intereses de préstamo), y a los traspasos al resultado según corresponde.
La planificación fiscal está condicionada a la vida útil de los activos.
Su movimiento durante el presente ejercicio se muestra a continuación en miles de euros:
Miles de euros
2012
2011
Saldo inicial
3.333
3.595
Altas
318
57
Traspasos
(293)
(319)
Saldo final
3.358
3.333
La cuenta de pérdidas y ganancias «otros tributos» presenta el siguiente detalle en miles de euros:
Miles de euros
2012
2011
Prorrata IVA
(191)
(1.273)
Otros tributos
(239)
(182)
Totales
(430)
(1.455)
11. Provisiones para impuestos
El movimiento habido durante los ejercicios 2011 y 2012 en las cuentas de provisiones para impuestos ha sido el siguiente:
Largo Plazo.
Provisión para impuestos
Miles de euros
Saldo a 31/12/09
18.610
Dotación para intereses
367
Saldo a 31/12/10
18.977
Dotación para intereses
366
Reclasificación a corto plazo
-19.326
Saldo a 31/12/11
17
Excesos
-17
Saldo a 31/12/12
0
Corto Plazo.
Los movimientos de la provisión para impuestos en 2012 se desglosan de la siguiente forma:
Entidad dominante.
El importe principal de la provisión para impuestos corresponde a las actas de inspección que la Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Tributaria levantó en el año 2000, correspondientes al Impuesto sobre Sociedades (períodos 1994 a 1997) e Impuesto sobre el Valor Añadido (períodos 1995 a 1998), que fueron firmadas en disconformidad por la Entidad Pública. En el año 2001 se recibieron los correspondientes actos de liquidación tributaria del Inspector Jefe de la Oficina Nacional de Inspección, en los que se aceptaban en parte las alegaciones de la Entidad Pública, disminuyendo la deuda tributaria reclamada en 6.262 miles de euros. Asimismo se recibieron los acuerdos de imposición de sanciones por importe total de 5.154 miles de euros. Todas las actas y sanciones han sido objeto de presentación, en su caso, de las correspondientes reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal Económico Administrativo Central o de los recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional.
Con fecha 5 de diciembre de 2005 la Audiencia Nacional dictó sentencia sobre el recurso correspondiente a IVA, anulando cuotas, sanciones e intereses por importe de 5.356 miles de euros. Dicha sentencia fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, quien no ha admitido a trámite parte del recurso, existiendo por tanto sentencia firme favorable a la Entidad por importe de 2.244 miles de euros. La provisión recoge los importes pendientes de resolución judicial por el Tribunal Supremo.
Con fecha 30 de septiembre de 2011 el Tribunal Supremo dictó sentencia por las reclamaciones en materia de IVA estimando en parte el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 5 de diciembre de 2005.
Con fecha 29 de septiembre de 2011 el Tribunal Supremo dictó sentencia por las reclamaciones en materia de Impuesto de Sociedades, desestimando el recurso de casación formulado por la Administración del Estado contra la sentencia dictada con fecha 12 de marzo de 2007 por la Audiencia Nacional. Adicionalmente en el fallo se estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por la entidad en el sentido de anular las sanciones interpuestas en los ejercicios 1996 y 1997.
A 31 de diciembre de 2011 la entidad estaba pendiente de que la Agencia Tributaria ejecutase ambas sentencias, razón por la cual se traspasaron los saldos provisionados a corto plazo.
Con fecha 16 de marzo de 2012, la Agencia Tributaria dictó Acuerdo de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo por las reclamaciones en materia de IVA. No estando conforme la Entidad con el citado Acuerdo, presentó reclamación ante la Oficina Técnica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que aceptó la reclamación, dictando una Resolución de Rectificación de errores al Acuerdo de Ejecución de sentencia por las reclamaciones en materia de IVA el 23 de abril de 2012, quedando fijada la cantidad a pagar en 2.711 miles de euros que fueron abonados en plazo.
Con fecha 28 de marzo de 2012, la Agencia Tributaria dictó Acuerdo de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo por las reclamaciones en materia de Sociedades, quedando fijada la cantidad a pagar en 7.449 miles de euros que fueron abonados en plazo.
Con fecha 17 de julio de 2012, la Agencia Tributaria dictó liquidación de intereses suspensivos por las reclamaciones en materia de Sociedades. No estando conforme la Entidad con la liquidación, presentó reclamación ante la Oficina Técnica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que aceptó la a reclamación, rectificando la anterior liquidación el 19 de julio de 2012, quedando fijada la cantidad a pagar en 4.443 miles de euros que fueron abonados en plazo.
Con fecha 19 de septiembre de 2012, la Agencia Tributaria dictó liquidación de intereses suspensivos por las reclamaciones en materia de IVA, quedando fijada la cantidad a pagar en 1.573 miles de euros que fueron abonados en plazo.
Adicionalmente se dio de baja con cargo a la provisión un derecho de cobro contemplado en la ejecución de la sentencia, por unas cantidades en materia de adquisiciones intracomunitarias por importe de 168 miles de euros.
También se aplicaron, con cargo a la provisión, los gastos de defensa jurídica que han ascendido a 69 miles de euros.
El resto del saldo de la provisión dotada, 3.245 miles de euros se ha contabilizado en la cuenta de resultados como exceso de provisión.
Por lo que respecta a los 17 miles de euros que estaban dotados a largo plazo por un recurso cameral, la entidad ha considerado que estaban prescritos, habiendo procedido a darles de baja produciéndose, por tanto, un exceso de provisión por la misma cantidad.
Entidad dependiente.
Como se ha explicado en la nota 10, se ha contabilizado en este epígrafe la contrapartida a los gastos que se han generado como consecuencia de las actuaciones inspectoras en el impuesto sobre el valor añadido que han concluido con la firma de un acta de conformidad el 18 de enero de 2013.
12. Subvenciones
12.1 Subvenciones de explotación.
Las subvenciones de explotación devengadas en el ejercicio han sido las siguientes, en miles de euros:
La nota 9.2 c) I «Programas FEDER» recoge los desgloses e información detallada de estas subvenciones, cuyos criterios de valoración se detallan en las notas 4 h) y k)
Por lo que respecta a los cambios significativos ocurridos en el ejercicio, cabe señalar lo siguiente:
Por decisión de la Comisión Europea de 31 de octubre de 2012 se ha modificado la tasa de retorno del Programa Operativo de la Economía del Conocimiento, pasando del 70 al 80 %, esto ha hecho que la Entidad se haya reconocido como ingresos el 10 % adicional por todas las certificaciones de gasto presentadas desde el inicio del programa. La cifra reconocida como ingreso en la entidad dominante por este concepto y que a final de ejercicio estaba pendiente de cobro, y por tanto recogida en la partida de deudores asciende a 26.753 miles de euros.
En algunos de estos programas FEDER la aportación nacional es cofinanciada por un tercero, en estos casos la entidad registra como ingreso la aportación del tercero. Al haber aumentado la tasa de retorno ha disminuido la tasa de cofinanciación nacional por lo que, en estos casos, los ingresos de terceros han disminuido en la misma cantidad en que han aumentado las Subvenciones de Explotación. El aumento de tasa correspondiente a los programas cofinancidos por terceros ha supuesto la cantidad de 14.872 miles de euros, cantidad que ha disminuido como importe de la cifra de negocio de la entidad dominante.
Por tanto la cantidad neta que ha supuesto a la cuenta de resultados el aumento de la tasa de retorno del Programa Operativo de la Economía del Conocimiento ha sido 11.881 miles de euros.
Igualmente por decisión de la Comisión Europea de 14 de febrero de 2012, se ha modificado el retorno de los Programas Regionales que gestiona la entidad en el marco del FEDER, concretamente se ha modificado la tasa de los programas regionales de Andalucía, Asturias, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Valencia, Murcia, Ceuta y Melilla, pasando en todos los casos del 70 al 80% de retorno. Esto ha hecho que la Entidad se haya reconocido como ingresos el 10% adicional por todas las certificaciones de gasto presentadas desde el inicio del programa. La cifra reconocida como ingreso en la entidad por este concepto y que a final de ejercicio ya había sido cobrada asciende a 1.074 miles de euros.
Por lo que respecta al Fondo Tecnológico, también por decisión de Comisión Europea de 21 de diciembre de 2011, se modificó la tasa de retorno, pasando del 70 al 80 %, al ser la decisión del ejercicio anterior la Entidad dominante se ha reconocido los ingresos adicionales por todas las certificaciones presentadas desde el inicio del programa correspondientes a este aumento de tasa directamente contra el patrimonio, ascendiendo dichos ingresos a 553 miles de euros, que a cierre de ejercicio ya habían sido cobrados.
12.2 Subvenciones de capital.
Las subvenciones de capital no reintegrables que aparecen en el balance bajo este epígrafe se corresponden con el saldo de subvenciones recibidas para la financiación de diversos activos en los ejercicios 2005 a 201, así como por la parte de los intereses de préstamos existentes a tipo de interés cero, y que han sido considerado por el grupo como una subvención de capital.
El detalle y movimientos de las subvenciones de capital se presentan en el siguiente cuadro, en miles de euros:
13. Ingresos y gastos
13.1 Cifra de negocios.
La totalidad de la cifra de negocios del grupo se produce en territorio nacional.
Las prestaciones de servicios corresponden a consultoría, asistencia técnica y gestión de programas de terceros, en el marco de los convenios firmados con otras administraciones públicas para el fomento de la Sociedad de la Información, así como de encomiendas de gestión de organismos de la Administración General del Estado, fundamentalmente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de quienes las entidades del grupo son consideradas medio propio.
13.2 Servicios exteriores.
Los servicios exteriores contratados por el Grupo están dedicados a las funciones asignadas en los estatutos de las entidades integrantes del grupo, siendo, en grandes epígrafes, las siguientes actividades desarrolladas:
Líneas de actividad
Miles de euros
2012
2011
Educación
4.501
10.192
Ciudadanos
483
6.243
Contexto digital (*)
9.628
Red Iris + Red Irisnova
30.973
34.372
Sanidad
20.775
26.459
Administración electrónica
21.645
25.683
Economía digital
8.138
6.822
Seguridad y accesibilidad
4.282
5.740
Otros
9.106
8.377
Total
99.903
133.516
La línea de Actividad de Contexto Digital ha quedado englobada en 2012 dentro de la línea de Economía Digital
13.3 Gastos de personal.
No existen compromisos en materia de pensiones con el personal, por lo que la partida «Cargas sociales» de la cuenta de pérdidas y ganancias no incluye dotaciones para pensiones.
El número medio de personas empleadas en el periodo por categorías ha sido:
Número medio por categoría
2012
2011
Directivos y técnicos
248
265
Administrativos
40
38
Total
288
303
El número de personas empleadas a 31 de diciembre de 2012 divididas por categoría y sexo era el siguiente:
Categorías
31.12.12
31.12.11
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Directivos y técnicos
110
133
120
149
Administrativos
27
13
26
12
Total
137
146
146
161
En cuanto a la composición del Consejo de Administración de la entidad dominante a 31 de diciembre de 2012 estaba compuesto por 14 hombres y 3 mujeres
13.4 Aportación de las entidades al resultado consolidado.
En miles de euros:
Miles de euros
2012
2011
Entidad Pública Empresarial Red.es
4.163
(21.733)
INTECO
(8.063)
(7.062)
Total
(3.900)
(28.795)
14. Información medioambiental
No existen impactos medioambientales derivados de la actividad del grupo, dado que las instalaciones y equipos utilizados para la misma cumplen la normativa vigente en esta materia. La normativa medioambiental vigente, por tanto, no afecta de forma relevante a las actividades desarrolladas por el grupo, no existiendo por este motivo responsabilidades, gastos, ingresos, subvenciones, activos, provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. En consecuencia, no se incluyen desgloses específicos en estas cuentas anuales respecto a información sobre aspectos medioambientales.
15. Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio
En el análisis de las operaciones realizadas con posterioridad al 31 de diciembre de 2012, y hasta la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales, no se han producido hechos significativos en la normal actividad.
Con fecha 18/01/2013 se firmó el acta con acuerdo en referencia al IVA en la entidad dependiente INTECO y se hizo efectivo el pago con fecha 17/01/2013.
En relación con la nota 5, el 26/02/2013 el Tribunal de Cuentas dicta auto acordando la incoación del procedimiento de reintegro por alcance para reclamar los posibles daños causados al patrimonio de la Sociedad filial INTECO derivados del presunto pago de unidades de obra que, a pesar de haber sido certificadas, no se han podido localizar.
16. Garantías comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes
El grupo tiene, al 31 de diciembre de 2012, avales concedidos por entidades financieras ante terceros por los siguientes importes al cierre del ejercicio:
Miles de euros
2012
2011
Avales
69.267
72.487
El grupo estima que los pasivos no previstos al 31 de diciembre de 2012 que pudieran originarse por los avales prestados, si los hubiera, no serían significativos.
17. Retribuciones y otras prestaciones al consejo de administración y alta dirección del grupo
Durante el ejercicio 2012 el Grupo ha abonado en concepto de dietas a los miembros de los consejos de administración de las entidades que lo componen las siguientes cantidades:
Miles de euros
2012
2011
Retribución del Consejo.
218
72.487
En el mismo ejercicio, El Grupo ha abonado en concepto de sueldos y salarios al personal de alta dirección de las entidades que lo componen las siguientes cantidades, siendo el incremento producido por incorporación de personal a la alta dirección:
Miles de euros
2012
2011
Retribución alta dirección.
975
1.008
Dentro de los 828 miles de euros de retribución de la alta dirección del año 2012 están incluidos 103 miles de euros de indemnizaciones, así como 162 miles de euros de Personal que no tiene una relación laboral de Alta Dirección sino que es Personal Estatutario.
Al 31 de diciembre de 2012 la entidades que conforman el Grupo no habían concedido anticipos, préstamos, ni contraído, avales o garantías, compromisos en materia de fondos de pensiones, seguros de vida u otros similares, con respecto a los miembros de su consejos de administración ni de la alta dirección.
Durante el ejercicio 2012 los miembros del consejo de administración y alta dirección no han realizado con la entidad dominante ni con sociedades del grupo operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de mercado.
18. Honorarios de Auditores
Las cuentas anuales consolidadas del grupo son auditadas por la Intervención General de las Administraciones Públicas, no existiendo por tanto honorarios profesionales.
19. Información segmentada
Las entidades que forman el grupo dedican su actividad al fomento de la sociedad de la información, por lo que no existen actividades segmentadas.
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Cuentas de 2012 de Red.es y del grupo #BOE
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Industria, Energía y Turismo
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Cuentas de 2012 de Red.es
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2013-05-15
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BOE-A-2013-5109
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Orden JUS/827/2013, de 26 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Murillo, con Grandeza de España, a favor de doña Beatriz Ramírez de Haro y Valdés.
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<texto>
<p class='parrafo'>De conformidad con lo prevenido en el artículo 12 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. El Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Murillo, con Grandeza de España, a favor de doña Beatriz Ramírez de Haro y Valdés, por cesión de su hermano, don Fernando Ramírez de Haro y Valdés.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 26 de abril de 2013.–El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez.</p>
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Wed May 15 08:14:11 +0000 2013
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De conformidad con lo prevenido en el artículo 12 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. El Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Murillo, con Grandeza de España, a favor de doña Beatriz Ramírez de Haro y Valdés, por cesión de su hermano, don Fernando Ramírez de Haro y Valdés.
Madrid, 26 de abril de 2013.–El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez.
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La condesa de Murillo ahora es la cuñada de Esperanza Aguirre #BOE
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PREMIOS_Y_MEDALLAS
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Ministerio de Justicia
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Beatriz Ramírez de Haro y Valdés, obtiene el título de Conde de Murillo, con Grandeza de España.
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[] | 765
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2022-07-18
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BOE-A-2022-11941
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Resolución de 5 de julio de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el Premio Nacional del Deporte Extraordinario correspondiente al año 2020.
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<texto>
<p class='parrafo'>La Constitución Española encomienda en su artículo 43.3 a los poderes públicos la labor de fomento de la Educación Física y el Deporte. Por su parte, la Ley del Deporte atribuye al Consejo Superior de Deportes las competencias que en esta materia son propias de la Administración General del Estado.</p>
<p class='parrafo'>En este sentido y considerando necesario el hacer expreso reconocimiento de personas y entidades que bien por su directa actividad o iniciativa personal o bien como partícipes en el desarrollo de la política deportiva, han contribuido en forma destacada a impulsar o difundir la actividad físico-deportiva, el Gobierno de España, a través del Consejo Superior de Deportes, convoca anualmente los Premios Nacionales del Deporte.</p>
<p class='parrafo'>Estos premios tienen como fin último reconocer el esfuerzo y mérito de aquellos deportistas, personalidades e instituciones que más se hubieren distinguido en cada una de las categorías respecto al propio año de convocatoria, bien en la práctica de su deporte, en la promoción y difusión de la actividad físico-deportiva, en el juego limpio o lucha contra la violencia en el deporte o en la investigación, educación y/o mejora del deporte de nuestro país.</p>
<p class='parrafo'>Lamentablemente, durante el año 2020, el mundo entero sufrió una devastadora pandemia que, además de los cientos de miles de muertos y millones de personas afectadas por todo el planeta, paralizó la economía, la industria, la actividad en general, la educación y muy especialmente, el deporte.</p>
<p class='parrafo'>La pandemia de COVID-19 ha supuesto el impacto directo más brutal contra el deporte, las competiciones, la práctica amateur y los eventos deportivos desde la II Guerra Mundial.</p>
<p class='parrafo'>Desde marzo de 2020 se cancelaron prácticamente todos los eventos deportivos, las competiciones, se aplazaron los Juegos Paralímpicos y Olímpicos de Tokyo y se limitó durante muchos meses la práctica deportiva, incluso la individual.</p>
<p class='parrafo'>En el ámbito profesional, algunos deportes, especialmente los que se desarrollaron antes de marzo o aquellos cuyo calendario principal fue después del verano, pudieron practicarse en el año 2020 con cierta normalidad -los primeros- o con limitaciones, especialmente de asistencia al público o traslados internacionales -los segundos-.</p>
<p class='parrafo'>Es por ello por lo que, durante el citado año 2020, multitud de deportistas a nivel individual y colectivo –los deportes de equipo fueron especialmente afectados– no pudieron competir ni acumular méritos deportivos a su carrera.</p>
<p class='parrafo'>Sin embargo, pese a la falta de competición y a las enormes restricciones impuestas por la pandemia en España, el mundo del deporte fue protagonista de algunos de los mejores episodios de solidaridad, compromiso, patriotismo e implicación social que pudimos vivir.</p>
<p class='parrafo'>Desde el primer momento los y las deportistas españoles demostraron su solidaridad y compromiso poniéndose a disposición de las instituciones, para contribuir a la lucha contra la pandemia y muy especialmente para animar a una población que pasaba miedo, incertidumbre y mucho dolor.</p>
<p class='parrafo'>El deporte español se sumaba sistemáticamente al homenaje a los cuerpos sanitarios y de servicios esenciales en el espontáneo homenaje de las 20:00 horas que brindaba la población a los héroes del COVID. Muchos deportistas de primer nivel de nuestro país dejaron sus entrenamientos y solicitaron el retorno a sus trabajos de origen (médicos, enfermeras, policías, militares) para poder ayudar a salir de la crisis y vencer a la pandemia.</p>
<p class='parrafo'>Además de contribuir a la lucha contra la enfermedad, nuestros deportistas tuvieron un importante papel, para que el regreso de las competiciones deportivas se hiciese en condiciones de seguridad y contribuyeron decisivamente a que España fuese un referente internacional en el ámbito del deporte seguro, tal y como reconoció la OMS.</p>
<p class='parrafo'>Además, el concepto «deporte Seguro» se instauró para la práctica deportiva, profesional y amateur, y gracias a esa responsabilidad nuestros deportistas fueron vacunados y seguros a los juegos de Tokio y a otras competiciones de ámbito internacional.</p>
<p class='parrafo'>Es por los motivos anteriormente expuestos que, siendo que durante el año 2020 no hubo posibilidad para los deportistas de competir en igualdad de condiciones y que, por lo tanto, se podría incurrir en un agravio comparativo entre quienes pudieron competir antes o después del confinamiento y quienes no pudieron hacerlo, y que además cabe reconocer el esfuerzo institucional realizado para el regreso seguro de nuestro deporte, que no cabe convocatoria habitual de los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2020.</p>
<p class='parrafo'>En reconocimiento de los miles de deportistas federados de nuestro país, que sirvieron a España y a su sociedad en los peores momentos, también en el ámbito del acompañamiento, a través de proyecto solidarios o contribuyendo a que el confinamiento se hiciera más llevadero, con programas de fomento de la práctica deportiva.</p>
<p class='parrafo'>Por su compromiso con la sociedad de aquellos y aquellas deportistas que, desde sus puestos de trabajo en primera línea de la lucha contra el COVID, entregaron lo mejor de sí mismos, trasladando los mejores valores del deporte a la batalla contra la pandemia.</p>
<p class='parrafo'>Por los motivos anteriormente expuestos y por la necesidad de reconocer el esfuerzo de nuestros deportistas y las estructuras del deporte español, se otorga de manera directa el:</p>
<p class='parrafo_2'>Premio Nacional del Deporte Extraordinario 2020 a todos los deportistas españoles que contribuyeron a la lucha contra la pandemia.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 5 de julio de 2022.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco Pardo.</p>
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</documento>
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Mon Jul 18 07:05:28 +0000 2022
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La Constitución Española encomienda en su artículo 43.3 a los poderes públicos la labor de fomento de la Educación Física y el Deporte. Por su parte, la Ley del Deporte atribuye al Consejo Superior de Deportes las competencias que en esta materia son propias de la Administración General del Estado.
En este sentido y considerando necesario el hacer expreso reconocimiento de personas y entidades que bien por su directa actividad o iniciativa personal o bien como partícipes en el desarrollo de la política deportiva, han contribuido en forma destacada a impulsar o difundir la actividad físico-deportiva, el Gobierno de España, a través del Consejo Superior de Deportes, convoca anualmente los Premios Nacionales del Deporte.
Estos premios tienen como fin último reconocer el esfuerzo y mérito de aquellos deportistas, personalidades e instituciones que más se hubieren distinguido en cada una de las categorías respecto al propio año de convocatoria, bien en la práctica de su deporte, en la promoción y difusión de la actividad físico-deportiva, en el juego limpio o lucha contra la violencia en el deporte o en la investigación, educación y/o mejora del deporte de nuestro país.
Lamentablemente, durante el año 2020, el mundo entero sufrió una devastadora pandemia que, además de los cientos de miles de muertos y millones de personas afectadas por todo el planeta, paralizó la economía, la industria, la actividad en general, la educación y muy especialmente, el deporte.
La pandemia de COVID-19 ha supuesto el impacto directo más brutal contra el deporte, las competiciones, la práctica amateur y los eventos deportivos desde la II Guerra Mundial.
Desde marzo de 2020 se cancelaron prácticamente todos los eventos deportivos, las competiciones, se aplazaron los Juegos Paralímpicos y Olímpicos de Tokyo y se limitó durante muchos meses la práctica deportiva, incluso la individual.
En el ámbito profesional, algunos deportes, especialmente los que se desarrollaron antes de marzo o aquellos cuyo calendario principal fue después del verano, pudieron practicarse en el año 2020 con cierta normalidad -los primeros- o con limitaciones, especialmente de asistencia al público o traslados internacionales -los segundos-.
Es por ello por lo que, durante el citado año 2020, multitud de deportistas a nivel individual y colectivo –los deportes de equipo fueron especialmente afectados– no pudieron competir ni acumular méritos deportivos a su carrera.
Sin embargo, pese a la falta de competición y a las enormes restricciones impuestas por la pandemia en España, el mundo del deporte fue protagonista de algunos de los mejores episodios de solidaridad, compromiso, patriotismo e implicación social que pudimos vivir.
Desde el primer momento los y las deportistas españoles demostraron su solidaridad y compromiso poniéndose a disposición de las instituciones, para contribuir a la lucha contra la pandemia y muy especialmente para animar a una población que pasaba miedo, incertidumbre y mucho dolor.
El deporte español se sumaba sistemáticamente al homenaje a los cuerpos sanitarios y de servicios esenciales en el espontáneo homenaje de las 20:00 horas que brindaba la población a los héroes del COVID. Muchos deportistas de primer nivel de nuestro país dejaron sus entrenamientos y solicitaron el retorno a sus trabajos de origen (médicos, enfermeras, policías, militares) para poder ayudar a salir de la crisis y vencer a la pandemia.
Además de contribuir a la lucha contra la enfermedad, nuestros deportistas tuvieron un importante papel, para que el regreso de las competiciones deportivas se hiciese en condiciones de seguridad y contribuyeron decisivamente a que España fuese un referente internacional en el ámbito del deporte seguro, tal y como reconoció la OMS.
Además, el concepto «deporte Seguro» se instauró para la práctica deportiva, profesional y amateur, y gracias a esa responsabilidad nuestros deportistas fueron vacunados y seguros a los juegos de Tokio y a otras competiciones de ámbito internacional.
Es por los motivos anteriormente expuestos que, siendo que durante el año 2020 no hubo posibilidad para los deportistas de competir en igualdad de condiciones y que, por lo tanto, se podría incurrir en un agravio comparativo entre quienes pudieron competir antes o después del confinamiento y quienes no pudieron hacerlo, y que además cabe reconocer el esfuerzo institucional realizado para el regreso seguro de nuestro deporte, que no cabe convocatoria habitual de los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2020.
En reconocimiento de los miles de deportistas federados de nuestro país, que sirvieron a España y a su sociedad en los peores momentos, también en el ámbito del acompañamiento, a través de proyecto solidarios o contribuyendo a que el confinamiento se hiciera más llevadero, con programas de fomento de la práctica deportiva.
Por su compromiso con la sociedad de aquellos y aquellas deportistas que, desde sus puestos de trabajo en primera línea de la lucha contra el COVID, entregaron lo mejor de sí mismos, trasladando los mejores valores del deporte a la batalla contra la pandemia.
Por los motivos anteriormente expuestos y por la necesidad de reconocer el esfuerzo de nuestros deportistas y las estructuras del deporte español, se otorga de manera directa el:
Premio Nacional del Deporte Extraordinario 2020 a todos los deportistas españoles que contribuyeron a la lucha contra la pandemia.
Madrid, 5 de julio de 2022.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco Pardo.
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Premio Nacional del Deporte Extraordinario 2020 a todos los deportistas españoles que contribuyeron a la lucha contra la pandemia. #BOE
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Cultura y Deporte
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Premio Nacional del Deporte Extraordinario 2020 a todos los deportistas españoles que contribuyeron a la lucha contra la pandemia.
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2013-12-23
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Cuestión promovida por supuesta inconstitucionalidad
del art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio
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BOE-A-2013-13462
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Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6907-2013, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación a los funcionarios públicos, por posible vulneración del artículo 9.3 de la CE.
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<titulo>Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6907-2013, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación a los funcionarios públicos, por posible vulneración del artículo 9.3 de la CE.</titulo>
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<palabra codigo='530'>Cuestión promovida por supuesta inconstitucionalidad</palabra>
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<texto>en la misma y SE DECLARA la extinción, por desaparición sobrevenida de su objeto, por Sentencia 206/2015, de 5 de octubre</texto>
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<p class='parrafo'>El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 17 de diciembre actual, ha acordado admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número 6907-2013 planteada por el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 10, en el procedimiento abreviado núm. 25-2013, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación a los funcionarios públicos, por posible vulneración del artículo 9.3 de la CE, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 c) LOTC deferir a la Sala Primera, a la que por turno objetivo le ha correspondido, el conocimiento de la presente cuestión.</p>
<p class='parrafo'>De conformidad con lo establecido en el artículo 37.2 LOTC, quienes sean parte en el procedimiento 25-2013, podrán personarse ante este Tribunal dentro de los quince días siguientes a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 17 de diciembre de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.</p>
</texto>
</documento>
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Mon Dec 23 06:53:46 +0000 2013
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El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 17 de diciembre actual, ha acordado admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número 6907-2013 planteada por el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 10, en el procedimiento abreviado núm. 25-2013, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación a los funcionarios públicos, por posible vulneración del artículo 9.3 de la CE, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 c) LOTC deferir a la Sala Primera, a la que por turno objetivo le ha correspondido, el conocimiento de la presente cuestión.
De conformidad con lo establecido en el artículo 37.2 LOTC, quienes sean parte en el procedimiento 25-2013, podrán personarse ante este Tribunal dentro de los quince días siguientes a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 17 de diciembre de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.
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TC admite otras 2 cuestiones inconstitucionalidad contra supresión paga extra funcionarios y
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[
"116",
"131"
] |
TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL
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Tribunal Constitucional
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TC admite a tramite la cuestión de inconstitucionalidad número 6907-2013, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
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SE DICTA
en la misma y SE DECLARA la extinción, por desaparición sobrevenida de su objeto, por Sentencia 206/2015, de 5 de octubre
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[
"2253",
"3159",
"6230"
] | 767
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2013-09-11
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BOE-A-2013-9506
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Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a asociaciones juveniles y a federaciones y confederaciones de estudiantes universitarios.
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<identificador>BOE-A-2013-9506</identificador>
<titulo>Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a asociaciones juveniles y a federaciones y confederaciones de estudiantes universitarios.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<departamento codigo='4220'>Ministerio de Educación, Cultura y Deporte</departamento>
<rango codigo='1370'>Resolución</rango>
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<fecha_disposicion>20130904</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20130911</fecha_publicacion>
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<estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
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<alerta codigo='114' orden=''>Educación y enseñanza</alerta>
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<p class='parrafo'>El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es el Departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, de universidades.</p>
<p class='parrafo'>De conformidad con el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Real Decreto 138/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, y por otro lado, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en su artículo 46.2 g) que establece el derecho a asociarse de los estudiantes universitarios.</p>
<p class='parrafo'>Con el fin de alentar el desarrollo de las actividades de las Asociaciones juveniles y Federaciones y Confederaciones de estudiantes cuya representatividad e implantación sea de ámbito estatal y que su campo de actuación sea el Sistema Universitario Español y por tanto más de una Comunidad Autónoma, y en cumplimiento del Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, los Presupuestos Generales del Estado para 2013 han consignado una cantidad, que ha de distribuirse entre las mismas, para ayudarlas económicamente en los gastos necesarios para desarrollar actividades de participación y representación en el ámbito nacional o internacional, para promover actividades formativas, científicas y culturales dentro del ámbito universitario y para promover programas de comunicación a la comunidad estudiantil en el ámbito de la adaptación de los estudios al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).</p>
<p class='parrafo'>En cumplimiento de lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la mencionada ley, la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 12 de mayo), de bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva.</p>
<p class='parrafo'>En atención a lo expuesto y de conformidad con lo previsto en las normas citadas, procede iniciar el procedimiento de concesión de estas subvenciones mediante la presente convocatoria, por lo que previo informe de la Abogacía del Estado y fiscalización de la Intervención Delegada en el Departamento, dispongo:</p>
<p class='articulo'>Primero. Objeto de las subvenciones.</p>
<p class='parrafo'>1.1 El objeto del presente procedimiento es financiar los gastos derivados de la organización de actividades dirigidas a fomentar la participación estudiantil en las universidades, el desarrollo del asociacionismo relacionado directamente con la educación universitaria, el intercambio entre organizaciones estudiantiles de carácter universitario dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, así como de actividades de carácter científico, solidario y formativo en el ámbito universitario o de promoción y desarrollo de los proyectos Campus de Excelencia Internacional, llevadas a cabo por Asociaciones juveniles y Federaciones y Confederaciones de estudiantes en el ámbito universitario.</p>
<p class='parrafo'>1.2 El procedimiento de concesión de las subvenciones se efectúa en régimen de concurrencia competitiva.</p>
<p class='articulo'>Segundo. Cuantía de la subvención.</p>
<p class='parrafo'>Aplicación presupuestaria 18.07.322C.489.</p>
<p class='parrafo'>Importe total a subvencionar: 40.000,00 euros.</p>
<p class='parrafo'>Cuantía máxima de la subvención por solicitud: Hasta un máximo de 4.000 euros.</p>
<p class='articulo'>Tercero. Requisitos que deben reunir los beneficiarios.</p>
<p class='parrafo'>3.1 Los beneficiarios de las presentes subvenciones serán Asociaciones juveniles y Federaciones y Confederaciones de estudiantes de ámbito nacional cuya implantación y campo de actuación sea el Sistema Universitario y por tanto el ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma, que tengan como finalidad participar en la vida universitaria respetando las normas democráticas explicitadas en la Constitución y en la Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU).</p>
<p class='parrafo'>3.2 No podrán presentar solicitud aquellas entidades que no hayan justificado o reintegrado, en su caso, el importe percibido en cualquier convocatoria anterior procedente de este Departamento.</p>
<p class='parrafo'>3.3 Los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos y las obligaciones previstos en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.</p>
<p class='parrafo'>3.4 No podrán resultar beneficiarias dos Asociaciones que tengan entre sí relación federada o jurídica.</p>
<p class='articulo'>Cuarto. Solicitud, plazo, lugar de presentación y documentación a adjuntar con las solicitudes.</p>
<p class='parrafo'>4.1 Solicitudes: Las solicitudes de las subvenciones se formularán conforme al modelo que figura como anexo I de la presente resolución, al que se incorporará el anexo II, III, o IV según se trate respectivamente de asociaciones, federaciones o confederaciones de asociaciones, y, en su caso, el anexo V y se dirigirán a la Unidad de Gestión Económica del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Universidades.</p>
<p class='parrafo'>Tanto el impreso de solicitud, como los demás anexos citados, podrán obtenerse en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (www.mecd.gob.es).</p>
<p class='parrafo'>4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales, contados desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo'>4.3 Lugar de presentación: En el Registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte situado en la calle Los Madrazo, 15. Madrid 28071, o bien en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.</p>
<p class='parrafo'>4.4 Documentación. A la solicitud se acompañará la documentación que se indica a continuación:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Para solicitantes que no han recibido ayudas en la convocatoria 2012:</p>
<p class='parrafo_2'>4.4.1 Fotocopia compulsada de los estatutos, debidamente legalizados, de la entidad solicitante.</p>
<p class='parrafo'>4.4.2 Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal.</p>
<p class='parrafo'>4.4.3 La solicitud debe ser firmada por el Presidente, además deberán aportar copia compulsada del Acuerdo de los órganos competentes de la Asociación, Federación o Confederación por el que se decide solicitar la ayuda y acreditación del Secretario de que la Entidad continúa desarrollando sus fines fundacionales.</p>
<p class='parrafo'>4.4.4 Documentación acreditativa que justifique la implantación de la Asociación juvenil, Federación y/o Confederación de estudiantes universitarios en el ámbito del Sistema Universitario Nacional (o de más de una Comunidad Autónoma), así como el hecho de que la actuación de las correspondientes organizaciones se refieran al ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma.</p>
<p class='parrafo'>4.4.5 Certificado del Presidente de la entidad solicitante de no recibir ninguna otra subvención para la misma finalidad para la que se solicita la subvención del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.</p>
<p class='parrafo'>4.4.6 Plan de actividades para las que se solicita la ayuda. Deberá contener un presupuesto estimativo y desglosado, detallando todos los conceptos por cada actividad programada y una memoria de cada una de las actividades para las que se solicitan las ayudas. Debiendo ser todas las actividades programadas para el curso académico 2013-2014.</p>
<p class='parrafo_2'>En la memoria también deberá figurar, como mínimo, la denominación, descripción de la actividad, objetivos que se persiguen con la misma, lugar y fecha aproximada en que se realizará cada acción, número de destinatarios de cada una y número de asociaciones o personas potencialmente beneficiarias de las actividades programadas.</p>
<p class='parrafo_2'>b) Para solicitantes que han recibido ayudas en la convocatoria 2012:</p>
<p class='parrafo_2'>Se aportarán los documentos solicitados en los apartados 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 y 4.4.6 Todo ello, junto con el documento de solicitud.</p>
<p class='articulo'>Quinto. Naturaleza de los gastos subvencionables y criterios de valoración.</p>
<p class='parrafo'>Las actividades que podrán ser objeto de subvención serán las que se indican a continuación, puntuándose de la forma siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>1. Organización de actividades dirigidas a fomentar la participación estudiantil en las universidades y el desarrollo del asociacionismo, siempre que se relacione directamente con la educación universitaria y su desarrollo académico.</p>
<p class='parrafo'>Atendiendo a los siguientes criterios de valoración:</p>
<p class='parrafo_2'>– Número de Actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.</p>
<p class='parrafo'>– Número de Estudiantes Universitarios beneficiarios de las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.</p>
<p class='parrafo'>– Número de asociaciones, ajenas y/o pertenecientes a la comunidad educativa en su conjunto, potencialmente beneficiarias de las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.</p>
<p class='parrafo'>– Número de Universidades en las que se van a desarrollar las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.</p>
<p class='parrafo'>– Temporalidad y durabilidad de las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.</p>
<p class='parrafo_2'>Valoración máxima de este apartado: Hasta 5 puntos.</p>
<p class='parrafo'>2. Organización de certámenes y jornadas de estudiantes que fomenten el intercambio entre organizaciones estudiantiles de carácter universitario dentro del Espacio Europeo de Educación Superior.</p>
<p class='parrafo'>Atendiendo a los siguientes criterios de valoración:</p>
<p class='parrafo_2'>– Número de Actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.</p>
<p class='parrafo'>– Número de Estudiantes Universitarios beneficiarios de las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.</p>
<p class='parrafo'>– Número de asociaciones, ajenas y/o pertenecientes a la comunidad educativa en su conjunto, potencialmente beneficiarias de las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.</p>
<p class='parrafo'>– Número de Universidades en las que se van a desarrollar las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.</p>
<p class='parrafo'>– Temporalidad y durabilidad de las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.</p>
<p class='parrafo_2'>Valoración máxima de este apartado: Hasta 5 puntos.</p>
<p class='parrafo'>3. Organización y desarrollo de actividades de carácter científico, solidario y formativo en el ámbito universitario, o de promoción y desarrollo de los proyectos Campus de Excelencia Internacional.</p>
<p class='parrafo'>Atendiendo a los siguientes criterios de valoración:</p>
<p class='parrafo_2'>– Número de Actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.</p>
<p class='parrafo'>– Número de Estudiantes Universitarios beneficiarios de las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.</p>
<p class='parrafo'>– Número de personas, ajenas y/o pertenecientes a la comunidad educativa en su conjunto, potencialmente beneficiarias de las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.</p>
<p class='parrafo'>– Número de Universidades en las que se van a desarrollar las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.</p>
<p class='parrafo'>– Temporalidad y durabilidad de las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.</p>
<p class='parrafo_2'>Valoración máxima de este apartado: Hasta 5 puntos.</p>
<p class='parrafo_2'>El método de cálculo del importe de la ayuda se realizará de manera proporcional a la puntuación obtenida, partiendo de la puntuación máxima total resultante de la valoración de los criterios relacionados en este apartado y no pudiendo exceder, en ningún caso, de la cuantía máxima por solicitud, señalada en el apartado segundo de la presente convocatoria.</p>
<p class='articulo'>Sexto. Subsanación de errores.</p>
<p class='parrafo'>Si la solicitud no reuniera los datos de identificación, fuera incompleta o presentara errores subsanables, se requerirá al solicitante para que de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en un plazo de diez días hábiles, subsane las faltas, complemente la documentación o aporte los documentos preceptivos solicitados, con indicación de que, si así no se hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, con los efectos previstos en el artículo 42 de la misma ley.</p>
<p class='articulo'>Séptimo. Órganos competentes.</p>
<p class='parrafo'>El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será la Unidad de Gestión Económica del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Universidades. Podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias y que están recogidas en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.</p>
<p class='parrafo'>La resolución del procedimiento de concesión corresponderá al Director General de Política Universitaria por delegación de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, según Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 9), apartado 10.1.b, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, una vez examinado el expediente de concesión de subvenciones que contendrá:</p>
<p class='parrafo_2'>– Informe del órgano instructor, en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a la subvención.</p>
<p class='parrafo'>– Propuesta de resolución definitiva, formulada por el órgano instructor a la vista del informe de la Comisión de Evaluación, órgano colegiado de la presente convocatoria.</p>
<p class='articulo'>Octavo. Comisión de Evaluación.</p>
<p class='parrafo'>8.1 Se constituirá una Comisión de Evaluación de solicitudes, como órgano colegiado, formada por cinco personas. La Comisión de Evaluación estará compuesta por tres personas designadas por la Secretaría General de Universidades, a las que corresponderá desempeñar la Presidencia de la Comisión, la Secretaría de la Comisión y un puesto de Vocal y dos personas designadas por la Dirección General de Política Universitaria, como Vocales.</p>
<p class='parrafo'>8.2 La Presidencia de la Comisión de Evaluación de solicitudes tendrá entre sus competencias ejercer el voto de calidad en el caso de producirse un empate en las deliberaciones, evaluaciones y acuerdos a decidir por la citada Comisión. La figura del Secretario tendrá la competencia de elevar acta de todos los trabajos, deliberaciones, valoraciones y acuerdos que se produzcan en la Comisión, sin posibilidad de voto.</p>
<p class='parrafo'>8.3 El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.</p>
<p class='parrafo'>8.4 Sus principales funciones serán:</p>
<p class='parrafo_2'>– Evaluar y valorar las solicitudes presentadas teniendo en cuenta su adecuación a la finalidad de la subvención.</p>
<p class='parrafo'>– Solicitar, en su caso, al órgano instructor que se efectué trámite de audiencia.</p>
<p class='parrafo'>– Emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, remitiéndolo al órgano instructor para que formule la propuesta de resolución.</p>
<p class='articulo'>Noveno. Procedimiento de concesión.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, previamente a la redacción de la propuesta de resolución definitiva, el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que se establece en los apartados décimo y undécimo de la presente convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones, los documentos y justificantes pertinentes. No obstante, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.</p>
<p class='parrafo'>Una vez efectuado el trámite de audiencia, el órgano instructor elevará al Director General de Política Universitaria la propuesta de resolución definitiva, en la que expresará la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.</p>
<p class='articulo'>Décimo. Resolución. Plazo de notificación.</p>
<p class='parrafo'>10.1 El plazo para la resolución y notificación del procedimiento será de tres meses, contados a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.</p>
<p class='parrafo'>10.2 Transcurrido el plazo anterior sin que se haya producido notificación a los interesados, éstos podrán entender desestimadas sus solicitudes.</p>
<p class='parrafo'>10.3 La resolución de concesión o denegación de la subvención será motivada.</p>
<p class='articulo'>Undécimo. Medio de notificación de la resolución de concesión.</p>
<p class='parrafo'>La notificación de la resolución se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.</p>
<p class='articulo'>Duodécimo. Abono de las ayudas.</p>
<p class='parrafo'>Las cantidades que se concedan en virtud de la resolución de esta convocatoria se harán efectivas en su totalidad después de formalizada su concesión.</p>
<p class='parrafo'>Previo a la percepción de las ayudas concedidas, las confederaciones, federaciones y asociaciones deberán acreditar en un plazo máximo de 10 días naturales desde la notificación de la resolución, los siguientes aspectos:</p>
<p class='parrafo_2'>a. Certificado de estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.1 e) de la Ley General de Subvenciones. No será necesario presentar estos certificados en el caso de haber aportado junto a la solicitud el Anexo V, de autorización para recabar datos de la AEAT y de la TGSS.</p>
<p class='parrafo'>b. En el caso de que la entidad no se halle sujeta o esté exenta de la obligación de presentar declaración a efectos tributarios o no esté obligada a darse de alta en la Seguridad Social, deberá presentar también declaración responsable del representante de la entidad en la que conste que la misma no está obligada a darse de alta a efectos tributarios o de Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>c. Declaración responsable del presidente o representante legal de la asociación certificando que la asociación cumple los requisitos necesarios que indica la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 34 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la mencionada ley, para obtener la condición de beneficiario.</p>
<p class='parrafo'>d. Para poder ser abonadas las ayudas es preciso que proporcione los datos de cuenta bancaria de la entidad preceptora. Esta cuenta deberá estar dada de alta en el Registro Central de Terceros de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.</p>
<p class='parrafo_2'>No obstante, todas las cantidades concedidas se realizan en concepto de pago anticipado y serán objeto de reintegro junto a la exigencia del interés de demora correspondiente por parte de los beneficiarios si se incumpliese cualquiera la normativa establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la mencionada ley.</p>
<p class='parrafo'>El pago de las ayudas previstas en esta resolución no precisará de la constitución de garantías.</p>
<p class='articulo'>Decimotercero. Obligaciones del beneficiario.</p>
<p class='parrafo'>13.1 Insertar en el documento gráfico editado para la promoción y difusión de las actividades subvencionadas el logotipo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte según lo previsto en la normativa sobre la imagen institucional de la Administración General del Estado. Asimismo se indicará en el mismo documento gráfico que la actividad a desarrollar está cofinanciada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.</p>
<p class='parrafo'>13.2 Realizar las actividades, certámenes, reuniones, viajes y proyectos objeto de subvención.</p>
<p class='parrafo'>13.3 Justificar el cumplimiento de la finalidad de la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.</p>
<p class='parrafo_2'>13.3.1 Antes del 30 de junio de 2014 los beneficiarios deberán acreditar el cumplimiento de la finalidad de la subvención, mediante la remisión a la Unidad de Gestión Económica del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Universidades de la documentación justificativa correspondiente.</p>
<p class='parrafo'>13.3.2 La acreditación deberá realizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley General de Subvenciones y el artículo 75 del Reglamento de la citada Ley y, en particular, mediante la presentación de los siguientes documentos:</p>
<p class='parrafo_2'>– Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas con cargo a la subvención concedida, que contendrá:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Una relación detallada de los gastos, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. En dicha relación se totalizará el importe de todas las facturas o documentos de análogo valor probatorio que se incluyan en la cuenta justificativa, mostrando también el importe total de la actividad realizada. Así mismo se ha de asociar cada una de las facturas a la actividad o actividades correspondientes que hayan sido subvencionadas.</p>
<p class='parrafo'>b) Se incorporarán las facturas originales o documentos de valor probatorio equivalente a la relación a que hace referencia el apartado a), acompañados de la documentación acreditativa del pago. Los tiques no se considerarán válidos.</p>
<p class='parrafo'>c) Se aportará además el programa de la actividad o actividades, indicando los ponentes y temas tratados.</p>
<p class='parrafo'>d) Se adjuntará un ejemplar de la publicación, folleto o propaganda que se hubiera realizado para difundir la actividad o actividades con cargo a la subvención.</p>
<p class='parrafo_2'>– Memoria de actividades a realizar durante el curso académico 2013-2014, con cargo a la subvención. En ella se indicarán las acciones y los resultados obtenidos.</p>
<p class='parrafo_2'>13.3.3 El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención, o la justificación insuficiente, llevará aparejado el reintegro y la exigencia del interés de demora correspondiente en las condiciones previstas en la Ley General de Subvenciones.</p>
<p class='articulo'>Decimocuarto. Recursos.</p>
<p class='parrafo'>La resolución de la convocatoria pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, o ser impugnada mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su fecha de publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, contra la presente convocatoria podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='articulo'>Decimoquinto. Posibilidad de modificar la subvención.</p>
<p class='parrafo'>Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones, ayudas, patrocinios, ingresos o aportaciones de otras Administraciones Públicas o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, tendrá que ser notificada en el momento que se tenga conocimiento al órgano convocante de la presente convocatoria de subvenciones, pudiendo dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión de la subvención.</p>
<p class='articulo'>Decimosexto. Compatibilidad con otras subvenciones.</p>
<p class='parrafo'>La percepción de las ayudas objeto de esta convocatoria es incompatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. El importe de la subvención de cada actividad en ningún caso podrá superar el coste de la misma.</p>
<p class='articulo'>Decimoséptimo. Reintegros.</p>
<p class='parrafo'>Los incumplimientos por los beneficiarios en la ejecución del presupuesto financiado, o de los objetivos establecidos, siempre que exista por el beneficiario una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos, solo llevarán aparejada la obligación de reintegro de las ayudas en una proporción equivalente a dichos incumplimientos.</p>
<p class='parrafo'>Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas así como la exigencia del interés de demora correspondiente de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.</p>
<p class='articulo'>Decimoctavo. Responsabilidad y régimen sancionador.</p>
<p class='parrafo'>Los beneficiarios de las presentes subvenciones quedan sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que establece el Título IV del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.</p>
<p class='articulo'>Decimonoveno. Habilitación competencial.</p>
<p class='parrafo'>La presente Resolución de convocatoria se aprueba al amparo del artículo 149.1.30º de la Constitución y que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 4 de septiembre de 2013.–La Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio Kindelan.</p>
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Wed Sep 11 07:32:55 +0000 2013
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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es el Departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, de universidades.
De conformidad con el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Real Decreto 138/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, y por otro lado, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en su artículo 46.2 g) que establece el derecho a asociarse de los estudiantes universitarios.
Con el fin de alentar el desarrollo de las actividades de las Asociaciones juveniles y Federaciones y Confederaciones de estudiantes cuya representatividad e implantación sea de ámbito estatal y que su campo de actuación sea el Sistema Universitario Español y por tanto más de una Comunidad Autónoma, y en cumplimiento del Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, los Presupuestos Generales del Estado para 2013 han consignado una cantidad, que ha de distribuirse entre las mismas, para ayudarlas económicamente en los gastos necesarios para desarrollar actividades de participación y representación en el ámbito nacional o internacional, para promover actividades formativas, científicas y culturales dentro del ámbito universitario y para promover programas de comunicación a la comunidad estudiantil en el ámbito de la adaptación de los estudios al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
En cumplimiento de lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la mencionada ley, la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 12 de mayo), de bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva.
En atención a lo expuesto y de conformidad con lo previsto en las normas citadas, procede iniciar el procedimiento de concesión de estas subvenciones mediante la presente convocatoria, por lo que previo informe de la Abogacía del Estado y fiscalización de la Intervención Delegada en el Departamento, dispongo:
Primero. Objeto de las subvenciones.
1.1 El objeto del presente procedimiento es financiar los gastos derivados de la organización de actividades dirigidas a fomentar la participación estudiantil en las universidades, el desarrollo del asociacionismo relacionado directamente con la educación universitaria, el intercambio entre organizaciones estudiantiles de carácter universitario dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, así como de actividades de carácter científico, solidario y formativo en el ámbito universitario o de promoción y desarrollo de los proyectos Campus de Excelencia Internacional, llevadas a cabo por Asociaciones juveniles y Federaciones y Confederaciones de estudiantes en el ámbito universitario.
1.2 El procedimiento de concesión de las subvenciones se efectúa en régimen de concurrencia competitiva.
Segundo. Cuantía de la subvención.
Aplicación presupuestaria 18.07.322C.489.
Importe total a subvencionar: 40.000,00 euros.
Cuantía máxima de la subvención por solicitud: Hasta un máximo de 4.000 euros.
Tercero. Requisitos que deben reunir los beneficiarios.
3.1 Los beneficiarios de las presentes subvenciones serán Asociaciones juveniles y Federaciones y Confederaciones de estudiantes de ámbito nacional cuya implantación y campo de actuación sea el Sistema Universitario y por tanto el ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma, que tengan como finalidad participar en la vida universitaria respetando las normas democráticas explicitadas en la Constitución y en la Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU).
3.2 No podrán presentar solicitud aquellas entidades que no hayan justificado o reintegrado, en su caso, el importe percibido en cualquier convocatoria anterior procedente de este Departamento.
3.3 Los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos y las obligaciones previstos en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3.4 No podrán resultar beneficiarias dos Asociaciones que tengan entre sí relación federada o jurídica.
Cuarto. Solicitud, plazo, lugar de presentación y documentación a adjuntar con las solicitudes.
4.1 Solicitudes: Las solicitudes de las subvenciones se formularán conforme al modelo que figura como anexo I de la presente resolución, al que se incorporará el anexo II, III, o IV según se trate respectivamente de asociaciones, federaciones o confederaciones de asociaciones, y, en su caso, el anexo V y se dirigirán a la Unidad de Gestión Económica del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Universidades.
Tanto el impreso de solicitud, como los demás anexos citados, podrán obtenerse en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (www.mecd.gob.es).
4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales, contados desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
4.3 Lugar de presentación: En el Registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte situado en la calle Los Madrazo, 15. Madrid 28071, o bien en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4.4 Documentación. A la solicitud se acompañará la documentación que se indica a continuación:
a) Para solicitantes que no han recibido ayudas en la convocatoria 2012:
4.4.1 Fotocopia compulsada de los estatutos, debidamente legalizados, de la entidad solicitante.
4.4.2 Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal.
4.4.3 La solicitud debe ser firmada por el Presidente, además deberán aportar copia compulsada del Acuerdo de los órganos competentes de la Asociación, Federación o Confederación por el que se decide solicitar la ayuda y acreditación del Secretario de que la Entidad continúa desarrollando sus fines fundacionales.
4.4.4 Documentación acreditativa que justifique la implantación de la Asociación juvenil, Federación y/o Confederación de estudiantes universitarios en el ámbito del Sistema Universitario Nacional (o de más de una Comunidad Autónoma), así como el hecho de que la actuación de las correspondientes organizaciones se refieran al ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma.
4.4.5 Certificado del Presidente de la entidad solicitante de no recibir ninguna otra subvención para la misma finalidad para la que se solicita la subvención del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
4.4.6 Plan de actividades para las que se solicita la ayuda. Deberá contener un presupuesto estimativo y desglosado, detallando todos los conceptos por cada actividad programada y una memoria de cada una de las actividades para las que se solicitan las ayudas. Debiendo ser todas las actividades programadas para el curso académico 2013-2014.
En la memoria también deberá figurar, como mínimo, la denominación, descripción de la actividad, objetivos que se persiguen con la misma, lugar y fecha aproximada en que se realizará cada acción, número de destinatarios de cada una y número de asociaciones o personas potencialmente beneficiarias de las actividades programadas.
b) Para solicitantes que han recibido ayudas en la convocatoria 2012:
Se aportarán los documentos solicitados en los apartados 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 y 4.4.6 Todo ello, junto con el documento de solicitud.
Quinto. Naturaleza de los gastos subvencionables y criterios de valoración.
Las actividades que podrán ser objeto de subvención serán las que se indican a continuación, puntuándose de la forma siguiente:
1. Organización de actividades dirigidas a fomentar la participación estudiantil en las universidades y el desarrollo del asociacionismo, siempre que se relacione directamente con la educación universitaria y su desarrollo académico.
Atendiendo a los siguientes criterios de valoración:
– Número de Actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.
– Número de Estudiantes Universitarios beneficiarios de las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.
– Número de asociaciones, ajenas y/o pertenecientes a la comunidad educativa en su conjunto, potencialmente beneficiarias de las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.
– Número de Universidades en las que se van a desarrollar las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.
– Temporalidad y durabilidad de las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.
Valoración máxima de este apartado: Hasta 5 puntos.
2. Organización de certámenes y jornadas de estudiantes que fomenten el intercambio entre organizaciones estudiantiles de carácter universitario dentro del Espacio Europeo de Educación Superior.
Atendiendo a los siguientes criterios de valoración:
– Número de Actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.
– Número de Estudiantes Universitarios beneficiarios de las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.
– Número de asociaciones, ajenas y/o pertenecientes a la comunidad educativa en su conjunto, potencialmente beneficiarias de las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.
– Número de Universidades en las que se van a desarrollar las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.
– Temporalidad y durabilidad de las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.
Valoración máxima de este apartado: Hasta 5 puntos.
3. Organización y desarrollo de actividades de carácter científico, solidario y formativo en el ámbito universitario, o de promoción y desarrollo de los proyectos Campus de Excelencia Internacional.
Atendiendo a los siguientes criterios de valoración:
– Número de Actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.
– Número de Estudiantes Universitarios beneficiarios de las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.
– Número de personas, ajenas y/o pertenecientes a la comunidad educativa en su conjunto, potencialmente beneficiarias de las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.
– Número de Universidades en las que se van a desarrollar las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.
– Temporalidad y durabilidad de las actividades programadas. Puntuación máxima: 1 punto.
Valoración máxima de este apartado: Hasta 5 puntos.
El método de cálculo del importe de la ayuda se realizará de manera proporcional a la puntuación obtenida, partiendo de la puntuación máxima total resultante de la valoración de los criterios relacionados en este apartado y no pudiendo exceder, en ningún caso, de la cuantía máxima por solicitud, señalada en el apartado segundo de la presente convocatoria.
Sexto. Subsanación de errores.
Si la solicitud no reuniera los datos de identificación, fuera incompleta o presentara errores subsanables, se requerirá al solicitante para que de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en un plazo de diez días hábiles, subsane las faltas, complemente la documentación o aporte los documentos preceptivos solicitados, con indicación de que, si así no se hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, con los efectos previstos en el artículo 42 de la misma ley.
Séptimo. Órganos competentes.
El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será la Unidad de Gestión Económica del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Universidades. Podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias y que están recogidas en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La resolución del procedimiento de concesión corresponderá al Director General de Política Universitaria por delegación de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, según Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 9), apartado 10.1.b, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, una vez examinado el expediente de concesión de subvenciones que contendrá:
– Informe del órgano instructor, en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a la subvención.
– Propuesta de resolución definitiva, formulada por el órgano instructor a la vista del informe de la Comisión de Evaluación, órgano colegiado de la presente convocatoria.
Octavo. Comisión de Evaluación.
8.1 Se constituirá una Comisión de Evaluación de solicitudes, como órgano colegiado, formada por cinco personas. La Comisión de Evaluación estará compuesta por tres personas designadas por la Secretaría General de Universidades, a las que corresponderá desempeñar la Presidencia de la Comisión, la Secretaría de la Comisión y un puesto de Vocal y dos personas designadas por la Dirección General de Política Universitaria, como Vocales.
8.2 La Presidencia de la Comisión de Evaluación de solicitudes tendrá entre sus competencias ejercer el voto de calidad en el caso de producirse un empate en las deliberaciones, evaluaciones y acuerdos a decidir por la citada Comisión. La figura del Secretario tendrá la competencia de elevar acta de todos los trabajos, deliberaciones, valoraciones y acuerdos que se produzcan en la Comisión, sin posibilidad de voto.
8.3 El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
8.4 Sus principales funciones serán:
– Evaluar y valorar las solicitudes presentadas teniendo en cuenta su adecuación a la finalidad de la subvención.
– Solicitar, en su caso, al órgano instructor que se efectué trámite de audiencia.
– Emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, remitiéndolo al órgano instructor para que formule la propuesta de resolución.
Noveno. Procedimiento de concesión.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, previamente a la redacción de la propuesta de resolución definitiva, el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que se establece en los apartados décimo y undécimo de la presente convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones, los documentos y justificantes pertinentes. No obstante, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
Una vez efectuado el trámite de audiencia, el órgano instructor elevará al Director General de Política Universitaria la propuesta de resolución definitiva, en la que expresará la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
Décimo. Resolución. Plazo de notificación.
10.1 El plazo para la resolución y notificación del procedimiento será de tres meses, contados a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
10.2 Transcurrido el plazo anterior sin que se haya producido notificación a los interesados, éstos podrán entender desestimadas sus solicitudes.
10.3 La resolución de concesión o denegación de la subvención será motivada.
Undécimo. Medio de notificación de la resolución de concesión.
La notificación de la resolución se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Duodécimo. Abono de las ayudas.
Las cantidades que se concedan en virtud de la resolución de esta convocatoria se harán efectivas en su totalidad después de formalizada su concesión.
Previo a la percepción de las ayudas concedidas, las confederaciones, federaciones y asociaciones deberán acreditar en un plazo máximo de 10 días naturales desde la notificación de la resolución, los siguientes aspectos:
a. Certificado de estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.1 e) de la Ley General de Subvenciones. No será necesario presentar estos certificados en el caso de haber aportado junto a la solicitud el Anexo V, de autorización para recabar datos de la AEAT y de la TGSS.
b. En el caso de que la entidad no se halle sujeta o esté exenta de la obligación de presentar declaración a efectos tributarios o no esté obligada a darse de alta en la Seguridad Social, deberá presentar también declaración responsable del representante de la entidad en la que conste que la misma no está obligada a darse de alta a efectos tributarios o de Seguridad Social.
c. Declaración responsable del presidente o representante legal de la asociación certificando que la asociación cumple los requisitos necesarios que indica la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 34 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la mencionada ley, para obtener la condición de beneficiario.
d. Para poder ser abonadas las ayudas es preciso que proporcione los datos de cuenta bancaria de la entidad preceptora. Esta cuenta deberá estar dada de alta en el Registro Central de Terceros de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
No obstante, todas las cantidades concedidas se realizan en concepto de pago anticipado y serán objeto de reintegro junto a la exigencia del interés de demora correspondiente por parte de los beneficiarios si se incumpliese cualquiera la normativa establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la mencionada ley.
El pago de las ayudas previstas en esta resolución no precisará de la constitución de garantías.
Decimotercero. Obligaciones del beneficiario.
13.1 Insertar en el documento gráfico editado para la promoción y difusión de las actividades subvencionadas el logotipo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte según lo previsto en la normativa sobre la imagen institucional de la Administración General del Estado. Asimismo se indicará en el mismo documento gráfico que la actividad a desarrollar está cofinanciada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
13.2 Realizar las actividades, certámenes, reuniones, viajes y proyectos objeto de subvención.
13.3 Justificar el cumplimiento de la finalidad de la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
13.3.1 Antes del 30 de junio de 2014 los beneficiarios deberán acreditar el cumplimiento de la finalidad de la subvención, mediante la remisión a la Unidad de Gestión Económica del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Universidades de la documentación justificativa correspondiente.
13.3.2 La acreditación deberá realizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley General de Subvenciones y el artículo 75 del Reglamento de la citada Ley y, en particular, mediante la presentación de los siguientes documentos:
– Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas con cargo a la subvención concedida, que contendrá:
a) Una relación detallada de los gastos, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. En dicha relación se totalizará el importe de todas las facturas o documentos de análogo valor probatorio que se incluyan en la cuenta justificativa, mostrando también el importe total de la actividad realizada. Así mismo se ha de asociar cada una de las facturas a la actividad o actividades correspondientes que hayan sido subvencionadas.
b) Se incorporarán las facturas originales o documentos de valor probatorio equivalente a la relación a que hace referencia el apartado a), acompañados de la documentación acreditativa del pago. Los tiques no se considerarán válidos.
c) Se aportará además el programa de la actividad o actividades, indicando los ponentes y temas tratados.
d) Se adjuntará un ejemplar de la publicación, folleto o propaganda que se hubiera realizado para difundir la actividad o actividades con cargo a la subvención.
– Memoria de actividades a realizar durante el curso académico 2013-2014, con cargo a la subvención. En ella se indicarán las acciones y los resultados obtenidos.
13.3.3 El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención, o la justificación insuficiente, llevará aparejado el reintegro y la exigencia del interés de demora correspondiente en las condiciones previstas en la Ley General de Subvenciones.
Decimocuarto. Recursos.
La resolución de la convocatoria pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, o ser impugnada mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su fecha de publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Asimismo, contra la presente convocatoria podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Decimoquinto. Posibilidad de modificar la subvención.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones, ayudas, patrocinios, ingresos o aportaciones de otras Administraciones Públicas o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, tendrá que ser notificada en el momento que se tenga conocimiento al órgano convocante de la presente convocatoria de subvenciones, pudiendo dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión de la subvención.
Decimosexto. Compatibilidad con otras subvenciones.
La percepción de las ayudas objeto de esta convocatoria es incompatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. El importe de la subvención de cada actividad en ningún caso podrá superar el coste de la misma.
Decimoséptimo. Reintegros.
Los incumplimientos por los beneficiarios en la ejecución del presupuesto financiado, o de los objetivos establecidos, siempre que exista por el beneficiario una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos, solo llevarán aparejada la obligación de reintegro de las ayudas en una proporción equivalente a dichos incumplimientos.
Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas así como la exigencia del interés de demora correspondiente de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Decimoctavo. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las presentes subvenciones quedan sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que establece el Título IV del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Decimonoveno. Habilitación competencial.
La presente Resolución de convocatoria se aprueba al amparo del artículo 149.1.30º de la Constitución y que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Madrid, 4 de septiembre de 2013.–La Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio Kindelan.
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Ayudas a asoc. y fed. de estudiantes univ. > 40.000 euros; en 2011 fueron 50.000 y antes solían ser 300.000 #BOE
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"114"
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SUBVENCIONES
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Ayudas a asociaciones y federaciones de estudiantes universitarios; 40.000 euros.
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[] | 768
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2014-07-22
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BOE-A-2014-7783
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Sala Segunda. Sentencia 102/2014, de 23 de junio de 2014. Recurso de amparo 4160-2012. Promovido por don Juan José Gomáriz Moreno en relación con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia parcialmente estimatoria de su demanda declarativa de dominio y de división de cosa común. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): Sentencia de apelación que no concreta los criterios esenciales sobre los que se funda la desestimación parcial de la acción.
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<titulo>Sala Segunda. Sentencia 102/2014, de 23 de junio de 2014. Recurso de amparo 4160-2012. Promovido por don Juan José Gomáriz Moreno en relación con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia parcialmente estimatoria de su demanda declarativa de dominio y de división de cosa común. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): Sentencia de apelación que no concreta los criterios esenciales sobre los que se funda la desestimación parcial de la acción.</titulo>
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<p class='parrafo'>La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta; don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado</p>
<p class='centro_redonda'>EN NOMBRE DEL REY</p>
<p class='parrafo_2'>la siguiente</p>
<p class='centro_redonda'>SENTENCIA</p>
<p class='parrafo_2'>En el recurso de amparo núm. 4160-2012, promovido por don Juan José Gomáriz Moreno, representado por el Procurador de los Tribunales don Manuel Ortiz de Urbina Ruiz y asistido por el Abogado don José Luis Ferreres Grao, contra la Sentencia de 19 de abril de 2012, núm. 271/2012 y providencia de 29 de mayo de 2012 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, dictadas en el recurso de apelación 389-2011 dimanante del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Molina de Segura en procedimiento ordinario 547-2008 en que fue dictada Sentencia con fecha 28 de mayo de 2010. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Han comparecido don Bernardino Gomáriz Moreno y doña Dolores Campoy y López, representados por el Procurador de los Tribunales don Jesús Jenaro Tejada y asistidos por el Abogado don Pedro García-Corcolés Escudero. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan José González Rivas, quien expresa el parecer del Tribunal.</p>
<p class='centro_negrita'>I. Antecedentes</p>
<p class='parrafo_2'>1. Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el día 6 de julio de 2012, el Procurador de los Tribunales don Manuel Ortiz de Urbina Ruiz, en nombre y representación de don Juan José Gomáriz Moreno, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Los hechos de los que trae causa la demanda, relevantes para la resolución del recurso son, en síntesis, los siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) El demandante en amparo interpuso contra sus hermanos demanda de juicio declarativo ordinario en ejercicio de las acciones declarativa de dominio y de división de cosa común respecto de cinco fincas registrales y solicitaba, en esencia, que se reconociera que los inmuebles objeto del litigio pertenecían proindiviso y en iguales partes a los tres hermanos y que, una vez declarada su cotitularidad, se procediera a la división, partición y adjudicación de los mismos. La cuestión planteada fue resuelta por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Molina de Segura, en virtud de Sentencia desestimatoria de 28 de mayo de 2010.</p>
<p class='parrafo'>b) Contra la anterior resolución, el ahora recurrente formuló recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia y la Sección Cuarta de la misma con fecha 19 de abril de 2012, dictó Sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:</p>
<p class='sangrado_2'>«[Q]ue estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por don Juan José Gomáriz Moreno, representado por el Procurador señor Cantero Meseguer, contra la sentencia de 28 de mayo de 2010, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Molina de Segura en autos de Juicio Ordinario n.° 547/2008 de los que dimana este rollo n.º 389/2011, debemos revocar y revocamos dicha resolución, dictando otra en su lugar, estimando en parte la demanda presentada por don Juan José Gomáriz Moreno y declarando que la finca registral n.º 16.893 del Registro de la Propiedad de Mula pertenece en terceras partes proindivisas a la sociedad de gananciales de don Juan José, don Bernardino, y herederos de don Justo Gomáriz Moreno, y que las fincas registrales n.º 1.788-2.ª del Registro de la Propiedad de Cieza, inscrita en el tomo 245, libro 14, folio 142 situada en el Partido de la Alquibla y Sitio de la Pitera, y n.º 5.653-1.ª del Registro de la Propiedad de Cieza, inscrita en el tomo 371, libro 45, folio 58, pertenecen a los herederos de don Justo Gomáriz Moreno las dos terceras partes, y a don Juan José Gomáriz Moreno la tercera parte restante indivisa de ambas fincas, debiéndose proceder a la división partición y adjudicación de las tres fincas referidas, mediante la división material en tres partes de igual valor económico y adjudicación por sorteo de una parte de las tres fincas a don Juan José Gomáriz Moreno. Se confirma la desestimación de la demanda en lo que se refiere a las fincas y bienes de don Bernardino Gomáriz Moreno. Y no se hace especial declaración respecto a las costas causadas en ambas instancias.»</p>
<p class='parrafo_2'>El razonamiento de la Audiencia Provincial, en el fundamento jurídico segundo, es el siguiente:</p>
<p class='sangrado_2'>«Para que hubiera procedido estimar la demanda tenía que haber acreditado don Juan José Gomáriz que era copropietario de los bienes que reclamaba, porque la acción declarativa de propiedad requiere, en primer lugar, la prueba del dominio de la finca que se reclame y las referencias a los actos de conciliación de los años 1991 y 1997 únicamente ponen de manifiesto que los mismos se celebraron con avenencia, por lo que resulta incomprensible que a fecha de presentación de la demanda (año 2008), es decir, 17 años después del primer acto de conciliación, don Juan José se encuentre en la misma situación. Don Juan José Gomáriz tenía que haber probado su condición de propietario de las fincas objeto del procedimiento, pero únicamente acreditó que la finca 16.893 del Registro de la Propiedad de Mula pertenecía a los tres hermanos, sin que existiera controversia al respecto. Por ello, procede revocar en este extremo la sentencia apelada y declarar que la finca número 16.893 del Registro de la Propiedad de Mula pertenece a don Bernardino Gomáriz Moreno, don Juan José Gomáriz Moreno y herederos de don Justo Gomáriz Moreno, acordando la partición de la parcela 10 de dicha finca, procediéndose por técnico competente a la división material en tres partes de igual valor económico y a su adjudicación por sorteo. Respecto de las fincas n.º 1788 y 5653 del Registro de la Propiedad de Cieza se afirma únicamente que: 'al pertenecer en su totalidad a don Justo Gomáriz Moreno y haberse allanado los herederos de éste, también procede la estimación parcial de la demanda, reconociendo que dos tercios de las fincas registrales números 1788 y 5653 pertenecen a los herederos de don Justo Gomáriz Moreno y el tercio restante a don Juan José Gomáriz Moreno, procediendo la división de las mismas en los términos recogidos en el hecho quinto, apartados B y C del escrito de demanda’’.»</p>
<p class='parrafo_2'>c) Interpuesto por la parte recurrente un incidente de nulidad de actuaciones contra la anterior resolución, al entender que los pronunciamientos desestimatorios incurrían en el defecto de falta de motivación <em>ex</em> art. 24.1 CE, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia dictó providencia de inadmisión, en fecha de 29 de mayo de 2012. Dicha resolución se fundamenta expresa y exclusivamente de la siguiente manera: «Visto el contenido del escrito presentado, lo dispuesto en los artículos 238 y 241 LOPJ, 225 y 228 LEC y art. 24.1 y 53.2 CE, así como los fundamentos de derecho primero y segundo de la sentencia dictada en esta instancia, procede la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones».</p>
<p class='parrafo_2'>3. En la demanda del recurso de amparo, la parte actora se dirige de manera independiente contra las dos resoluciones judiciales obtenidas en el juicio declarativo al que se ha hecho referencia anteriormente.</p>
<p class='parrafo_2'>a) En primer lugar, imputa a la Sentencia dictada en grado de apelación, de 19 de abril de 2012, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva <em>ex</em> art. 24.1 CE, por falta de motivación. Así, afirma que la resolución judicial no expresa las razones que le han llevado a estimar que, si bien los actos de conciliación sobre la titularidad de las fincas litigiosas fueron celebrados con avenencia entre las partes, no se admite su titularidad dominical, en contra de los efectos que debería tener dicha transacción y recuerda que si se le deniega este reconocimiento es alegando la falta de prueba.</p>
<p class='parrafo'>Por lo que se refiere a un almacén con cámaras frigoríficas y centro de transformación, la parte recurrente sostiene que la Sentencia no incurre en una motivación insuficiente, sino de una total y absoluta falta de motivación, puesto que sólo es posible inferir la desestimación por el pronunciamiento contenido en el fallo de la Sentencia. También subraya el hecho de que las pretensiones sobre los bienes litigiosos habían sido planteadas de forma separada e individualizada respecto de cada uno de ellos y habían sido fundamentadas independientemente sosteniéndolas mediante la aportación de pruebas también distintas. A pesar de ello, las pruebas no han sido mencionadas por la Sentencia de apelación para explicar cuando menos la razón por la cual carecerían de virtualidad o por qué resultan irrelevantes.</p>
<p class='parrafo'>b) En segundo lugar, la demanda se dirige contra la providencia de 29 de mayo de 2012, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, que inadmite el incidente de nulidad de actuaciones formulado por el demandante de amparo contra la Sentencia de 19 de abril de 2012. En este punto, aduce que esta resolución ha vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), por considerar que la inadmisión de plano del incidente en aplicación del art. 228 de la Ley de enjuiciamiento civil, además de ser contraria a la ley, ha impedido su derecho de acceso a los recursos. Para el recurrente es precisamente la redacción vigente del art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), lo que determina la idoneidad del incidente cuando se alega la conculcación de algún derecho fundamental, viéndose obligado el Tribunal a su admisión y resolución sobre el fondo. En este sentido defiende que la providencia de 29 de mayo de 2012 ha vulnerado su derecho de acceso al recurso, pues la Audiencia Provincial ha seguido un criterio de admisibilidad que no es el vigente, al ignorar el contenido del nuevo art. 241.1 LOPJ, tras la aprobación de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de marzo.</p>
<p class='parrafo_2'>4. Por providencia de 13 de diciembre de 2012 la Sala Segunda acordó conocer del presente recurso de amparo, admitir a trámite la demanda y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), requerir a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia a fin de que en el plazo de diez días remitiera certificación o copia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de apelación 389-2011. En aquella misma providencia se acordó dirigir comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Molina de Segura, para que en igual plazo remitiera testimonio del procedimiento ordinario núm. 777-2009, interesándose al tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el procedimiento, a excepción de los recurrentes en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional.</p>
<p class='parrafo_2'>5. Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Segunda de 12 de abril de 2013 se tuvo por personada y parte al Procurador de los Tribunales don Jesús Jenaro Tejada, en nombre y representación de don Bernardino Gomáriz Moreno y doña Dolores Campoy y López.</p>
<p class='parrafo_2'>6. Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Segunda, de 12 de abril de 2013, se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Molina de Segura y de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia acordándose, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, en la Secretaría de la Sala, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convinieran.</p>
<p class='parrafo_2'>7. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el día 17 de mayo de 2013, interesando el otorgamiento del amparo.</p>
<p class='parrafo'>El Fiscal aduce que aplicando la doctrina constitucional sobre el significado de la exigencia de la motivación de las Sentencias <em>(v.gr.</em> STC 3l4/2005, de 12 de diciembre, FJ 4 y las que en ella se citan), parece verosímil la lesión constitucional denunciada por el actor, toda vez que la Sentencia afirma que las fincas están inscritas a favor de don Bernardino como reconoce el apelante. Esta afirmación de la Sala sentenciadora parece que le conduce a la desestimación de la pretensión del recurrente y sin embargo, en opinión del Ministerio público, la inscripción registral no determina sin más la titularidad privativa de la persona a cuyo favor figura la finca, pues la titularidad registral ya se conocía antes de iniciarse el pleito. Consecuentemente, si se lleva a la última consecuencia tal afirmación, huelga el planteamiento de la <em>litis.</em></p>
<p class='parrafo'>El Fiscal, por ello, entiende que debió hacerse alusión a la prueba habida para acreditar o desvirtuar la existencia de un negocio fiduciario que contradijera o no la realidad registral, no llegando a comprender cómo se puede zanjar la solución del pleito con una afirmación de tal obviedad sin una explicación complementaria.</p>
<p class='parrafo'>Por otro lado, se subraya que la alusión a los actos de conciliación, en el párrafo siguiente y último de la motivación, es de carácter ambiguo porque la expresión vertida en la Sentencia de apelación de que «resulta incomprensible que a la fecha de la presentación de la demanda (año 2008), es decir, diecisiete años después del primer acto de conciliación, Juan José Gomáriz se encuentre en la misma situación» es de contenido neutro y ambiguo sin que se añada razonamiento alguno explicativo. En este aspecto, se subraya que se puede interpretar también en sentido opuesto al que lo hace el órgano judicial, es decir, como favorecedor de la postura del demandante, sobre la base de que el acto de conciliación había acordado la división por partes de la finca.</p>
<p class='parrafo'>Finaliza su escrito de alegaciones recordando que este Tribunal Constitucional no puede entrar a decidir sobre el valor probatorio de los actos de conciliación y a favor de qué parte se inclinan los mismos, pero sí señalar que la motivación es insuficiente al no haber entrado en el fondo de la cuestión litigiosa pues, de una parte no se procede a explicar por qué la inscripción registral decide la propiedad sin otro aditamento que el aserto del juez cuando se ha debatido sobre la posibilidad de un negocio fiduciario que encubriera la real propiedad. De otro lado, subraya que no se explica la razón por la que el encontrarse en la misma situación el demandante se perjudica en su posición procesal y contraría la pretensión deducida.</p>
<p class='parrafo'>Para el Fiscal se ha producido la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y además no resultó remediada por la providencia de inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones que se limita a reproducir una fundamentación defectuosa, por lo que interesa la estimación del recurso y, en consecuencia, la anulación de ambas resoluciones recurridas en amparo, con retrotracción de las actuaciones al momento anterior al dictado de la sentencia para que sea dictada otra con respeto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.</p>
<p class='parrafo_2'>8. La representación procesal de don Bernardino Gomáriz Moreno y doña Dolores Campoy y López presentó su escrito de alegaciones, en fecha 17 de mayo de 2013, en el que solicita que se deniegue el amparo. Basa su pretensión en la afirmación de que la motivación de la Sentencia de apelación fue adecuada y suficiente, toda vez que de conformidad con los criterios doctrinales y jurisprudenciales determinantes del requisito que debe de cumplirse en la persona que ejercita acción declarativa de dominio y división de la cosa común, no se cumple en el demandante y ahora recurrente en amparo, porque en ningún momento ha acreditado que fuera propietario o copropietario de la finca que reclama. Por lo tanto, entiende que faltando la prueba de tal requisito, que no sería otra que acompañar el título de propiedad, en modo alguno puede acogerse la reclamación que efectúa, razón por la que tanto la Sentencia en Primera Instancia como la dictada en apelación por la Audiencia Provincial proceden a desestimar y confirmar la desestimación, respectivamente, de la demanda en lo que se refiere a las fincas y bienes de don Bernardino Gomáriz Moreno y esposa.</p>
<p class='parrafo'>Por otro lado, no considera que la providencia de inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones intentado por el demandante de amparo, de 29 mayo de 2012, esté falta de motivación, pues se redacta «para que pueda ser entendida por la persona a la que va dirigida, toda vez que a quien va directamente dirigida –como cualquier resolución judicial– es al Letrado director del asunto y, evidentemente, se presume que éste es conocedor y sabe perfectamente interpretar si para él mismo se viola su derecho a la tutela judicial efectiva y se produce indefensión».</p>
<p class='parrafo_2'>9. La representación procesal de la parte demandante de amparo no ha formulado alegaciones.</p>
<p class='parrafo_2'>10. Por providencia de 18 de junio de 2014 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 23 del mismo mes y año.</p>
<p class='centro_negrita'>II. Fundamentos jurídicos</p>
<p class='parrafo_2'>1. El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de 19 de abril de 2012, núm. 271/2012, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia en rollo de apelación núm. 389-2011 y contra la providencia de 29 de mayo de 2012, de la misma Sección que inadmite el incidente de nulidad de actuaciones formulado por la parte demandante de amparo, al entender que ambas resoluciones vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva <em>ex</em> art. 24.1 CE, por falta de motivación.</p>
<p class='parrafo'>En la demanda de amparo se imputa a la Sentencia dictada en apelación la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva <em>ex</em> art. 24.1 CE, dado que no expresa las razones que han llevado a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia a estimar que, si bien los actos de conciliación sobre la titularidad fueron celebrados con avenencia entre las partes, no se admite su titularidad dominical, en contra de los efectos que debería tener dicha transacción. Es más, recuerda que si se le deniega este reconocimiento es alegando la falta de prueba. En segundo término y por lo que se refiere a un almacén con cámaras frigoríficas y centro de transformación, el recurrente estima que la Sentencia incurre en una total y absoluta falta de motivación, puesto que sólo es posible inferir la desestimación por el pronunciamiento contenido en el fallo de la Sentencia. En tal sentido, subraya que las pretensiones sobre los bienes litigiosos habían sido planteadas de forma separada e individualizada respecto de cada uno de ellos y habían sido fundamentadas independientemente sosteniéndolas mediante la aportación de pruebas también distintas. A pesar de ello, tan siquiera las pruebas han sido mencionadas por la Sentencia de apelación para explicar cuando menos la razón por la cual carecerían de virtualidad o por qué resultan irrelevantes.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, en la demanda se impugna la providencia de 29 de mayo de 2012, que inadmite el incidente de nulidad de actuaciones, por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), por considerar que la inadmisión de plano del incidente en aplicación del art. 228 de la Ley de enjuiciamiento civil, además de contraria a la ley, vulnera el derecho de acceso a los recursos. Para el recurrente es precisamente el actual contenido del art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), tras la reforma de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, el que determina la idoneidad del incidente cuando se alegue la conculcación de algún derecho fundamental, viéndose obligado el Tribunal a su admisión y resolución sobre el fondo. En este sentido defiende que la providencia de 29 de mayo de 2012 ha vulnerado su derecho de acceso al recurso, pues la Audiencia Provincial ha seguido un criterio de admisibilidad que no es el vigente al ignorar el contenido del nuevo art. 241.1 LOPJ, tras la aprobación de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo.</p>
<p class='parrafo'>El Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso por entender que concurre la vulneración denunciada, en tanto que la representación don Bernardino Gomáriz Moreno y doña Dolores Campoy y López se opone al recurso de amparo.</p>
<p class='parrafo_2'>2. La falta de motivación que se imputa a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 19 de abril de 2012 debe examinarse con referencia al debate procesal planteado con ocasión del recurso de apelación, por lo que procede analizar los siguientes contenidos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) El demandante en amparo formuló demanda de juicio declarativo ordinario contra sus hermanos en ejercicio de las acciones declarativa de dominio y de división de cosa común respecto de cinco fincas registrales, que fue resuelta por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Molina de Segura, en virtud de Sentencia desestimatoria de 28 de mayo de 2010.</p>
<p class='parrafo'>b) Frente a dicha Sentencia interpuso recurso de apelación en el cual argumentaba, en esencia, que los cinco inmuebles objeto del litigio pertenecían proindiviso y en iguales partes a los tres hermanos.</p>
<p class='parrafo'>En los motivos de apelación, el recurrente alegaba que: i) ostentaba un título de propiedad respecto de las cinco fincas, aduciendo la existencia de negocios fiduciarios entre los tres hermanos que se constataban por la documental practicada; ii) se habían celebrado sendos actos de conciliación en los años 1991 y 1997, con la presencia y consentimiento de los tres hermanos, con resultado de avenencia; y iii) la nave industrial, el transformador y las cámaras frigoríficas de una de las fincas (4.368) pertenecen a los tres hermanos, que habían abonado las cantidades para la instalación del negocio por terceras partes, según resultaba de la prueba documental y testifical practicada.</p>
<p class='parrafo'>c) La Sentencia recurrida dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia de 19 de abril de 2012 estima parcialmente el recurso al entender acreditada la titularidad indivisa de tres de las fincas (16.983, 1.788 y 5.653); pero no así respecto de las otras dos fincas (4.368 y 7.166), desestimando la acción por los siguientes fundamentos: i) las fincas están inscritas registralmente a nombre de uno de los codemandados; y ii) el demandante no ha probado el dominio, si bien se acepta que se celebraron dos actos de conciliación con avenencia en los años 1991 y 1997, entendiendo el Tribunal de apelación que «resulta incomprensible que a fecha de presentación de la demanda (año 2008), es decir diecisiete años después del primer acto de conciliación, don Juan José Gomáriz se encuentre en la misma situación».</p>
<p class='parrafo'>d) Los déficits de motivación fueron manifestados por el recurrente en el incidente de nulidad, siendo desestimados por el Tribunal de apelación en providencia de 29 de mayo de 2012, con una cita genérica de los preceptos aplicables y con remisión a la fundamentación de la Sentencia, según se recoge en los antecedentes de esta resolución.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Este Tribunal viene expresando reiteradamente que la motivación se integra en el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE y consiste en la expresión de los criterios esenciales de la decisión o, lo que es lo mismo, su <em>ratio decidendi</em> (SSTC 119/2003, de 16 junio; 75/2005, de 4 abril; y 60/2008, de 26 mayo), por lo que se produce infracción constitucional cuando no hay motivación –por carencia total–, o es insuficiente, pues está desprovista de razonabilidad, desconectada con la realidad de lo actuado. Del mismo modo, hemos afirmado que «la arbitrariedad e irrazonabilidad se producen cuando la motivación es una mera apariencia. Son arbitrarias o irrazonables las resoluciones carentes de razón, dictadas por puro capricho, huérfanas de razones formales o materiales y que, por tanto, resultan mera expresión de voluntad (STC 215/2006, de 3 de julio), o, cuando, aún constatada la existencia formal de la argumentación, el resultado resulte fruto del mero voluntarismo judicial, o exponente de un proceso deductivo irracional o absurdo» (STC 248/2006, de 24 de julio).</p>
<p class='parrafo'>Corresponde por tanto a este Tribunal, como garante último del derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales, examinar desde el plano de la motivación los razonamientos en que se funda la decisión judicial; motivación que ha de ser suficiente –en el sentido de expresiva <em>ad casum</em> de la <em>ratio decidendi</em>– y ajustada a aquellos límites de su fundamentación en Derecho –esto es, no arbitrariedad, manifiesta irrazonabilidad o error patente en la interpretación de la causa legal aplicada–.</p>
<p class='parrafo'>Tales exigencias no han sido cumplimentadas en esta ocasión, tal como alega la parte recurrente en amparo y comparte el Ministerio Fiscal, pues en el presente caso, en relación a la respuesta desestimatoria de la acción sobre dos fincas (4.368 y 7.166) se constata que, por una parte, se da un valor absoluto a la inscripción registral, sin referencia alguna a la prueba practicada en el proceso y sin ninguna explicación complementaria sobre los negocios fiduciarios alegados por el demandante, y, por otra parte, se desprovee de valor a los actos de conciliación celebrados en los años 1991 y 1997 con el argumento de que han transcurrido diecisiete años y que resulta «incomprensible» que el demandante se encuentre en la misma situación, razonamiento que no es inteligible en los términos en que aparece formulado, tal como alega el Fiscal, pues se trata de una fundamentación de contenido neutro y ambiguo, sin que aparezca explicada ni en el texto ni en el contexto de la Sentencia. Por otra parte, se omite todo pronunciamiento sobre la cuestión referida a la nave industrial, transformador y cámaras frigoríficas instaladas en la finca registral 4.368.</p>
<p class='parrafo'>En consecuencia, no nos encontramos simplemente ante un desacuerdo de la parte recurrente con la argumentación dada por el órgano judicial respecto de la titularidad dominical de los bienes inmuebles litigiosos que incidiría en un juicio de legalidad, sino ante la insuficiente motivación de la Sentencia, que parte del dato aceptado de la titularidad registral sobre las dos fincas controvertidas, sin respuesta alguna a los argumentos del apelante y sin consideración a la prueba practicada en el proceso, y además desprovee de valor a la conciliación alcanzada por las partes con un argumento –transcurso de diecisiete años desde la conciliación y misma situación del demandante– que no resulta comprensible en los términos en que resulta formulado.</p>
<p class='parrafo_2'>4. Los razonamientos expuestos, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal y en coherencia con lo manifestado por el Ministerio Fiscal, conducen a la conclusión de que existe una insuficiencia en la motivación de la Sentencia de apelación en tanto que no permite identificar la <em>ratio decidendi,</em> esto es, los criterios esenciales sobre los que se funda la desestimación de la acción sobre dos de las fincas reivindicadas. Ello nos lleva a afirmar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva invocado (art. 24.1 CE), debiendo dictarse nueva Sentencia respetuosa con el derecho vulnerado y quedando extramuros de este recurso el debate fáctico y de legalidad que deberá resolverse por el órgano jurisdiccional en ejecución del pronunciamiento estimatorio del amparo.</p>
<p class='parrafo'>En relación a la providencia de fecha 29 de mayo de 2012, debe indicarse que la estimación del anterior motivo y consecuente anulación de la Sentencia con retroacción de actuaciones al momento anterior al de su dictado, implica necesariamente la nulidad de esta resolución procesal posterior de inadmisión del incidente excepcional de nulidad de actuaciones planteado por el recurrente.</p>
<p class='parrafo_2'>5. Por todo lo expuesto, debe otorgarse el amparo, con anulación de ambas resoluciones y retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al dictado de la Sentencia para que sea dictada otra con respeto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.</p>
<p class='centro_redonda'>FALLO</p>
<p class='parrafo_2'>En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,</p>
<p class='centro_redonda'>Ha decidido</p>
<p class='parrafo_2'>Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Juan José Gomáriz Moreno y, en consecuencia:</p>
<p class='parrafo_2'>1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).</p>
<p class='parrafo_2'>2.º Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de la Sentencia de 19 de abril de 2012 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia en el recurso de apelación 389-2011, dimanante del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Molina de Segura en procedimiento ordinario 547-2008, así como de la providencia de 29 de mayo de 2012 que inadmite el incidente de nulidad de actuaciones formulado por el demandante de amparo.</p>
<p class='parrafo_2'>3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al pronunciamiento de la primera de las citadas resoluciones para que el órgano judicial dicte una nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.</p>
<p class='parrafo_2'>Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dada en Madrid, a veintitrés de junio de dos mil catorce.–Adela Asua Batarrita.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.</p>
</texto>
</documento>
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Tue Jul 22 10:34:19 +0000 2014
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La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta; don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4160-2012, promovido por don Juan José Gomáriz Moreno, representado por el Procurador de los Tribunales don Manuel Ortiz de Urbina Ruiz y asistido por el Abogado don José Luis Ferreres Grao, contra la Sentencia de 19 de abril de 2012, núm. 271/2012 y providencia de 29 de mayo de 2012 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, dictadas en el recurso de apelación 389-2011 dimanante del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Molina de Segura en procedimiento ordinario 547-2008 en que fue dictada Sentencia con fecha 28 de mayo de 2010. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Han comparecido don Bernardino Gomáriz Moreno y doña Dolores Campoy y López, representados por el Procurador de los Tribunales don Jesús Jenaro Tejada y asistidos por el Abogado don Pedro García-Corcolés Escudero. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan José González Rivas, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el día 6 de julio de 2012, el Procurador de los Tribunales don Manuel Ortiz de Urbina Ruiz, en nombre y representación de don Juan José Gomáriz Moreno, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento.
2. Los hechos de los que trae causa la demanda, relevantes para la resolución del recurso son, en síntesis, los siguientes:
a) El demandante en amparo interpuso contra sus hermanos demanda de juicio declarativo ordinario en ejercicio de las acciones declarativa de dominio y de división de cosa común respecto de cinco fincas registrales y solicitaba, en esencia, que se reconociera que los inmuebles objeto del litigio pertenecían proindiviso y en iguales partes a los tres hermanos y que, una vez declarada su cotitularidad, se procediera a la división, partición y adjudicación de los mismos. La cuestión planteada fue resuelta por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Molina de Segura, en virtud de Sentencia desestimatoria de 28 de mayo de 2010.
b) Contra la anterior resolución, el ahora recurrente formuló recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia y la Sección Cuarta de la misma con fecha 19 de abril de 2012, dictó Sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«[Q]ue estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por don Juan José Gomáriz Moreno, representado por el Procurador señor Cantero Meseguer, contra la sentencia de 28 de mayo de 2010, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Molina de Segura en autos de Juicio Ordinario n.° 547/2008 de los que dimana este rollo n.º 389/2011, debemos revocar y revocamos dicha resolución, dictando otra en su lugar, estimando en parte la demanda presentada por don Juan José Gomáriz Moreno y declarando que la finca registral n.º 16.893 del Registro de la Propiedad de Mula pertenece en terceras partes proindivisas a la sociedad de gananciales de don Juan José, don Bernardino, y herederos de don Justo Gomáriz Moreno, y que las fincas registrales n.º 1.788-2.ª del Registro de la Propiedad de Cieza, inscrita en el tomo 245, libro 14, folio 142 situada en el Partido de la Alquibla y Sitio de la Pitera, y n.º 5.653-1.ª del Registro de la Propiedad de Cieza, inscrita en el tomo 371, libro 45, folio 58, pertenecen a los herederos de don Justo Gomáriz Moreno las dos terceras partes, y a don Juan José Gomáriz Moreno la tercera parte restante indivisa de ambas fincas, debiéndose proceder a la división partición y adjudicación de las tres fincas referidas, mediante la división material en tres partes de igual valor económico y adjudicación por sorteo de una parte de las tres fincas a don Juan José Gomáriz Moreno. Se confirma la desestimación de la demanda en lo que se refiere a las fincas y bienes de don Bernardino Gomáriz Moreno. Y no se hace especial declaración respecto a las costas causadas en ambas instancias.»
El razonamiento de la Audiencia Provincial, en el fundamento jurídico segundo, es el siguiente:
«Para que hubiera procedido estimar la demanda tenía que haber acreditado don Juan José Gomáriz que era copropietario de los bienes que reclamaba, porque la acción declarativa de propiedad requiere, en primer lugar, la prueba del dominio de la finca que se reclame y las referencias a los actos de conciliación de los años 1991 y 1997 únicamente ponen de manifiesto que los mismos se celebraron con avenencia, por lo que resulta incomprensible que a fecha de presentación de la demanda (año 2008), es decir, 17 años después del primer acto de conciliación, don Juan José se encuentre en la misma situación. Don Juan José Gomáriz tenía que haber probado su condición de propietario de las fincas objeto del procedimiento, pero únicamente acreditó que la finca 16.893 del Registro de la Propiedad de Mula pertenecía a los tres hermanos, sin que existiera controversia al respecto. Por ello, procede revocar en este extremo la sentencia apelada y declarar que la finca número 16.893 del Registro de la Propiedad de Mula pertenece a don Bernardino Gomáriz Moreno, don Juan José Gomáriz Moreno y herederos de don Justo Gomáriz Moreno, acordando la partición de la parcela 10 de dicha finca, procediéndose por técnico competente a la división material en tres partes de igual valor económico y a su adjudicación por sorteo. Respecto de las fincas n.º 1788 y 5653 del Registro de la Propiedad de Cieza se afirma únicamente que: 'al pertenecer en su totalidad a don Justo Gomáriz Moreno y haberse allanado los herederos de éste, también procede la estimación parcial de la demanda, reconociendo que dos tercios de las fincas registrales números 1788 y 5653 pertenecen a los herederos de don Justo Gomáriz Moreno y el tercio restante a don Juan José Gomáriz Moreno, procediendo la división de las mismas en los términos recogidos en el hecho quinto, apartados B y C del escrito de demanda’’.»
c) Interpuesto por la parte recurrente un incidente de nulidad de actuaciones contra la anterior resolución, al entender que los pronunciamientos desestimatorios incurrían en el defecto de falta de motivación ex art. 24.1 CE, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia dictó providencia de inadmisión, en fecha de 29 de mayo de 2012. Dicha resolución se fundamenta expresa y exclusivamente de la siguiente manera: «Visto el contenido del escrito presentado, lo dispuesto en los artículos 238 y 241 LOPJ, 225 y 228 LEC y art. 24.1 y 53.2 CE, así como los fundamentos de derecho primero y segundo de la sentencia dictada en esta instancia, procede la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones».
3. En la demanda del recurso de amparo, la parte actora se dirige de manera independiente contra las dos resoluciones judiciales obtenidas en el juicio declarativo al que se ha hecho referencia anteriormente.
a) En primer lugar, imputa a la Sentencia dictada en grado de apelación, de 19 de abril de 2012, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ex art. 24.1 CE, por falta de motivación. Así, afirma que la resolución judicial no expresa las razones que le han llevado a estimar que, si bien los actos de conciliación sobre la titularidad de las fincas litigiosas fueron celebrados con avenencia entre las partes, no se admite su titularidad dominical, en contra de los efectos que debería tener dicha transacción y recuerda que si se le deniega este reconocimiento es alegando la falta de prueba.
Por lo que se refiere a un almacén con cámaras frigoríficas y centro de transformación, la parte recurrente sostiene que la Sentencia no incurre en una motivación insuficiente, sino de una total y absoluta falta de motivación, puesto que sólo es posible inferir la desestimación por el pronunciamiento contenido en el fallo de la Sentencia. También subraya el hecho de que las pretensiones sobre los bienes litigiosos habían sido planteadas de forma separada e individualizada respecto de cada uno de ellos y habían sido fundamentadas independientemente sosteniéndolas mediante la aportación de pruebas también distintas. A pesar de ello, las pruebas no han sido mencionadas por la Sentencia de apelación para explicar cuando menos la razón por la cual carecerían de virtualidad o por qué resultan irrelevantes.
b) En segundo lugar, la demanda se dirige contra la providencia de 29 de mayo de 2012, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, que inadmite el incidente de nulidad de actuaciones formulado por el demandante de amparo contra la Sentencia de 19 de abril de 2012. En este punto, aduce que esta resolución ha vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), por considerar que la inadmisión de plano del incidente en aplicación del art. 228 de la Ley de enjuiciamiento civil, además de ser contraria a la ley, ha impedido su derecho de acceso a los recursos. Para el recurrente es precisamente la redacción vigente del art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), lo que determina la idoneidad del incidente cuando se alega la conculcación de algún derecho fundamental, viéndose obligado el Tribunal a su admisión y resolución sobre el fondo. En este sentido defiende que la providencia de 29 de mayo de 2012 ha vulnerado su derecho de acceso al recurso, pues la Audiencia Provincial ha seguido un criterio de admisibilidad que no es el vigente, al ignorar el contenido del nuevo art. 241.1 LOPJ, tras la aprobación de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de marzo.
4. Por providencia de 13 de diciembre de 2012 la Sala Segunda acordó conocer del presente recurso de amparo, admitir a trámite la demanda y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), requerir a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia a fin de que en el plazo de diez días remitiera certificación o copia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de apelación 389-2011. En aquella misma providencia se acordó dirigir comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Molina de Segura, para que en igual plazo remitiera testimonio del procedimiento ordinario núm. 777-2009, interesándose al tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el procedimiento, a excepción de los recurrentes en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional.
5. Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Segunda de 12 de abril de 2013 se tuvo por personada y parte al Procurador de los Tribunales don Jesús Jenaro Tejada, en nombre y representación de don Bernardino Gomáriz Moreno y doña Dolores Campoy y López.
6. Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Segunda, de 12 de abril de 2013, se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Molina de Segura y de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia acordándose, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, en la Secretaría de la Sala, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convinieran.
7. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el día 17 de mayo de 2013, interesando el otorgamiento del amparo.
El Fiscal aduce que aplicando la doctrina constitucional sobre el significado de la exigencia de la motivación de las Sentencias (v.gr. STC 3l4/2005, de 12 de diciembre, FJ 4 y las que en ella se citan), parece verosímil la lesión constitucional denunciada por el actor, toda vez que la Sentencia afirma que las fincas están inscritas a favor de don Bernardino como reconoce el apelante. Esta afirmación de la Sala sentenciadora parece que le conduce a la desestimación de la pretensión del recurrente y sin embargo, en opinión del Ministerio público, la inscripción registral no determina sin más la titularidad privativa de la persona a cuyo favor figura la finca, pues la titularidad registral ya se conocía antes de iniciarse el pleito. Consecuentemente, si se lleva a la última consecuencia tal afirmación, huelga el planteamiento de la litis.
El Fiscal, por ello, entiende que debió hacerse alusión a la prueba habida para acreditar o desvirtuar la existencia de un negocio fiduciario que contradijera o no la realidad registral, no llegando a comprender cómo se puede zanjar la solución del pleito con una afirmación de tal obviedad sin una explicación complementaria.
Por otro lado, se subraya que la alusión a los actos de conciliación, en el párrafo siguiente y último de la motivación, es de carácter ambiguo porque la expresión vertida en la Sentencia de apelación de que «resulta incomprensible que a la fecha de la presentación de la demanda (año 2008), es decir, diecisiete años después del primer acto de conciliación, Juan José Gomáriz se encuentre en la misma situación» es de contenido neutro y ambiguo sin que se añada razonamiento alguno explicativo. En este aspecto, se subraya que se puede interpretar también en sentido opuesto al que lo hace el órgano judicial, es decir, como favorecedor de la postura del demandante, sobre la base de que el acto de conciliación había acordado la división por partes de la finca.
Finaliza su escrito de alegaciones recordando que este Tribunal Constitucional no puede entrar a decidir sobre el valor probatorio de los actos de conciliación y a favor de qué parte se inclinan los mismos, pero sí señalar que la motivación es insuficiente al no haber entrado en el fondo de la cuestión litigiosa pues, de una parte no se procede a explicar por qué la inscripción registral decide la propiedad sin otro aditamento que el aserto del juez cuando se ha debatido sobre la posibilidad de un negocio fiduciario que encubriera la real propiedad. De otro lado, subraya que no se explica la razón por la que el encontrarse en la misma situación el demandante se perjudica en su posición procesal y contraría la pretensión deducida.
Para el Fiscal se ha producido la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y además no resultó remediada por la providencia de inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones que se limita a reproducir una fundamentación defectuosa, por lo que interesa la estimación del recurso y, en consecuencia, la anulación de ambas resoluciones recurridas en amparo, con retrotracción de las actuaciones al momento anterior al dictado de la sentencia para que sea dictada otra con respeto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
8. La representación procesal de don Bernardino Gomáriz Moreno y doña Dolores Campoy y López presentó su escrito de alegaciones, en fecha 17 de mayo de 2013, en el que solicita que se deniegue el amparo. Basa su pretensión en la afirmación de que la motivación de la Sentencia de apelación fue adecuada y suficiente, toda vez que de conformidad con los criterios doctrinales y jurisprudenciales determinantes del requisito que debe de cumplirse en la persona que ejercita acción declarativa de dominio y división de la cosa común, no se cumple en el demandante y ahora recurrente en amparo, porque en ningún momento ha acreditado que fuera propietario o copropietario de la finca que reclama. Por lo tanto, entiende que faltando la prueba de tal requisito, que no sería otra que acompañar el título de propiedad, en modo alguno puede acogerse la reclamación que efectúa, razón por la que tanto la Sentencia en Primera Instancia como la dictada en apelación por la Audiencia Provincial proceden a desestimar y confirmar la desestimación, respectivamente, de la demanda en lo que se refiere a las fincas y bienes de don Bernardino Gomáriz Moreno y esposa.
Por otro lado, no considera que la providencia de inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones intentado por el demandante de amparo, de 29 mayo de 2012, esté falta de motivación, pues se redacta «para que pueda ser entendida por la persona a la que va dirigida, toda vez que a quien va directamente dirigida –como cualquier resolución judicial– es al Letrado director del asunto y, evidentemente, se presume que éste es conocedor y sabe perfectamente interpretar si para él mismo se viola su derecho a la tutela judicial efectiva y se produce indefensión».
9. La representación procesal de la parte demandante de amparo no ha formulado alegaciones.
10. Por providencia de 18 de junio de 2014 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 23 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de 19 de abril de 2012, núm. 271/2012, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia en rollo de apelación núm. 389-2011 y contra la providencia de 29 de mayo de 2012, de la misma Sección que inadmite el incidente de nulidad de actuaciones formulado por la parte demandante de amparo, al entender que ambas resoluciones vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva ex art. 24.1 CE, por falta de motivación.
En la demanda de amparo se imputa a la Sentencia dictada en apelación la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva ex art. 24.1 CE, dado que no expresa las razones que han llevado a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia a estimar que, si bien los actos de conciliación sobre la titularidad fueron celebrados con avenencia entre las partes, no se admite su titularidad dominical, en contra de los efectos que debería tener dicha transacción. Es más, recuerda que si se le deniega este reconocimiento es alegando la falta de prueba. En segundo término y por lo que se refiere a un almacén con cámaras frigoríficas y centro de transformación, el recurrente estima que la Sentencia incurre en una total y absoluta falta de motivación, puesto que sólo es posible inferir la desestimación por el pronunciamiento contenido en el fallo de la Sentencia. En tal sentido, subraya que las pretensiones sobre los bienes litigiosos habían sido planteadas de forma separada e individualizada respecto de cada uno de ellos y habían sido fundamentadas independientemente sosteniéndolas mediante la aportación de pruebas también distintas. A pesar de ello, tan siquiera las pruebas han sido mencionadas por la Sentencia de apelación para explicar cuando menos la razón por la cual carecerían de virtualidad o por qué resultan irrelevantes.
Asimismo, en la demanda se impugna la providencia de 29 de mayo de 2012, que inadmite el incidente de nulidad de actuaciones, por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), por considerar que la inadmisión de plano del incidente en aplicación del art. 228 de la Ley de enjuiciamiento civil, además de contraria a la ley, vulnera el derecho de acceso a los recursos. Para el recurrente es precisamente el actual contenido del art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), tras la reforma de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, el que determina la idoneidad del incidente cuando se alegue la conculcación de algún derecho fundamental, viéndose obligado el Tribunal a su admisión y resolución sobre el fondo. En este sentido defiende que la providencia de 29 de mayo de 2012 ha vulnerado su derecho de acceso al recurso, pues la Audiencia Provincial ha seguido un criterio de admisibilidad que no es el vigente al ignorar el contenido del nuevo art. 241.1 LOPJ, tras la aprobación de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo.
El Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso por entender que concurre la vulneración denunciada, en tanto que la representación don Bernardino Gomáriz Moreno y doña Dolores Campoy y López se opone al recurso de amparo.
2. La falta de motivación que se imputa a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 19 de abril de 2012 debe examinarse con referencia al debate procesal planteado con ocasión del recurso de apelación, por lo que procede analizar los siguientes contenidos:
a) El demandante en amparo formuló demanda de juicio declarativo ordinario contra sus hermanos en ejercicio de las acciones declarativa de dominio y de división de cosa común respecto de cinco fincas registrales, que fue resuelta por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Molina de Segura, en virtud de Sentencia desestimatoria de 28 de mayo de 2010.
b) Frente a dicha Sentencia interpuso recurso de apelación en el cual argumentaba, en esencia, que los cinco inmuebles objeto del litigio pertenecían proindiviso y en iguales partes a los tres hermanos.
En los motivos de apelación, el recurrente alegaba que: i) ostentaba un título de propiedad respecto de las cinco fincas, aduciendo la existencia de negocios fiduciarios entre los tres hermanos que se constataban por la documental practicada; ii) se habían celebrado sendos actos de conciliación en los años 1991 y 1997, con la presencia y consentimiento de los tres hermanos, con resultado de avenencia; y iii) la nave industrial, el transformador y las cámaras frigoríficas de una de las fincas (4.368) pertenecen a los tres hermanos, que habían abonado las cantidades para la instalación del negocio por terceras partes, según resultaba de la prueba documental y testifical practicada.
c) La Sentencia recurrida dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia de 19 de abril de 2012 estima parcialmente el recurso al entender acreditada la titularidad indivisa de tres de las fincas (16.983, 1.788 y 5.653); pero no así respecto de las otras dos fincas (4.368 y 7.166), desestimando la acción por los siguientes fundamentos: i) las fincas están inscritas registralmente a nombre de uno de los codemandados; y ii) el demandante no ha probado el dominio, si bien se acepta que se celebraron dos actos de conciliación con avenencia en los años 1991 y 1997, entendiendo el Tribunal de apelación que «resulta incomprensible que a fecha de presentación de la demanda (año 2008), es decir diecisiete años después del primer acto de conciliación, don Juan José Gomáriz se encuentre en la misma situación».
d) Los déficits de motivación fueron manifestados por el recurrente en el incidente de nulidad, siendo desestimados por el Tribunal de apelación en providencia de 29 de mayo de 2012, con una cita genérica de los preceptos aplicables y con remisión a la fundamentación de la Sentencia, según se recoge en los antecedentes de esta resolución.
3. Este Tribunal viene expresando reiteradamente que la motivación se integra en el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE y consiste en la expresión de los criterios esenciales de la decisión o, lo que es lo mismo, su ratio decidendi (SSTC 119/2003, de 16 junio; 75/2005, de 4 abril; y 60/2008, de 26 mayo), por lo que se produce infracción constitucional cuando no hay motivación –por carencia total–, o es insuficiente, pues está desprovista de razonabilidad, desconectada con la realidad de lo actuado. Del mismo modo, hemos afirmado que «la arbitrariedad e irrazonabilidad se producen cuando la motivación es una mera apariencia. Son arbitrarias o irrazonables las resoluciones carentes de razón, dictadas por puro capricho, huérfanas de razones formales o materiales y que, por tanto, resultan mera expresión de voluntad (STC 215/2006, de 3 de julio), o, cuando, aún constatada la existencia formal de la argumentación, el resultado resulte fruto del mero voluntarismo judicial, o exponente de un proceso deductivo irracional o absurdo» (STC 248/2006, de 24 de julio).
Corresponde por tanto a este Tribunal, como garante último del derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales, examinar desde el plano de la motivación los razonamientos en que se funda la decisión judicial; motivación que ha de ser suficiente –en el sentido de expresiva ad casum de la ratio decidendi– y ajustada a aquellos límites de su fundamentación en Derecho –esto es, no arbitrariedad, manifiesta irrazonabilidad o error patente en la interpretación de la causa legal aplicada–.
Tales exigencias no han sido cumplimentadas en esta ocasión, tal como alega la parte recurrente en amparo y comparte el Ministerio Fiscal, pues en el presente caso, en relación a la respuesta desestimatoria de la acción sobre dos fincas (4.368 y 7.166) se constata que, por una parte, se da un valor absoluto a la inscripción registral, sin referencia alguna a la prueba practicada en el proceso y sin ninguna explicación complementaria sobre los negocios fiduciarios alegados por el demandante, y, por otra parte, se desprovee de valor a los actos de conciliación celebrados en los años 1991 y 1997 con el argumento de que han transcurrido diecisiete años y que resulta «incomprensible» que el demandante se encuentre en la misma situación, razonamiento que no es inteligible en los términos en que aparece formulado, tal como alega el Fiscal, pues se trata de una fundamentación de contenido neutro y ambiguo, sin que aparezca explicada ni en el texto ni en el contexto de la Sentencia. Por otra parte, se omite todo pronunciamiento sobre la cuestión referida a la nave industrial, transformador y cámaras frigoríficas instaladas en la finca registral 4.368.
En consecuencia, no nos encontramos simplemente ante un desacuerdo de la parte recurrente con la argumentación dada por el órgano judicial respecto de la titularidad dominical de los bienes inmuebles litigiosos que incidiría en un juicio de legalidad, sino ante la insuficiente motivación de la Sentencia, que parte del dato aceptado de la titularidad registral sobre las dos fincas controvertidas, sin respuesta alguna a los argumentos del apelante y sin consideración a la prueba practicada en el proceso, y además desprovee de valor a la conciliación alcanzada por las partes con un argumento –transcurso de diecisiete años desde la conciliación y misma situación del demandante– que no resulta comprensible en los términos en que resulta formulado.
4. Los razonamientos expuestos, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal y en coherencia con lo manifestado por el Ministerio Fiscal, conducen a la conclusión de que existe una insuficiencia en la motivación de la Sentencia de apelación en tanto que no permite identificar la ratio decidendi, esto es, los criterios esenciales sobre los que se funda la desestimación de la acción sobre dos de las fincas reivindicadas. Ello nos lleva a afirmar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva invocado (art. 24.1 CE), debiendo dictarse nueva Sentencia respetuosa con el derecho vulnerado y quedando extramuros de este recurso el debate fáctico y de legalidad que deberá resolverse por el órgano jurisdiccional en ejecución del pronunciamiento estimatorio del amparo.
En relación a la providencia de fecha 29 de mayo de 2012, debe indicarse que la estimación del anterior motivo y consecuente anulación de la Sentencia con retroacción de actuaciones al momento anterior al de su dictado, implica necesariamente la nulidad de esta resolución procesal posterior de inadmisión del incidente excepcional de nulidad de actuaciones planteado por el recurrente.
5. Por todo lo expuesto, debe otorgarse el amparo, con anulación de ambas resoluciones y retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al dictado de la Sentencia para que sea dictada otra con respeto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Juan José Gomáriz Moreno y, en consecuencia:
1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de la Sentencia de 19 de abril de 2012 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia en el recurso de apelación 389-2011, dimanante del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Molina de Segura en procedimiento ordinario 547-2008, así como de la providencia de 29 de mayo de 2012 que inadmite el incidente de nulidad de actuaciones formulado por el demandante de amparo.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al pronunciamiento de la primera de las citadas resoluciones para que el órgano judicial dicte una nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintitrés de junio de dos mil catorce.–Adela Asua Batarrita.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
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Las herencias y lo que -a veces- producen. Una disputa entre hermanos por unas fincas llega al Constitucional #BOE
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TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL
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Tribunal Constitucional
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Una disputa entre hermanos por unas fincas llega al Constitucional
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2013-07-23
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BOE-A-2013-8040
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Resolución de 9 de julio de 2013, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se publican las cuentas anuales del Grupo Entidad Pública Empresarial Red.es del ejercicio 2012.
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<p class='parrafo'>Conforme a lo establecido en el artículo 136.4 de la Ley 7/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que en su apartado cuarto establece que «las entidades que deban aplicar principios contables públicos así como las restantes que no tengan obligación de publicar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil publicarán anualmente en el «Boletín Oficial del Estado» el balance de situación y la cuenta económico-patrimonial y un resumen de los restantes estados que conforman las cuentas anuales», se dispone la publicación de las cuentas anuales del Grupo Entidad Pública Empresarial Red.es, del ejercicio 2012 para su general conocimiento.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 9 de julio de 2013.–El Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, Borja Adsuara Varela.</p>
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<p class='centro_redonda'>MEMORIA DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</p>
<p class='centro_cursiva'>1. Actividad del grupo Entidad Pública Empresarial Red.es</p>
<p class='parrafo_2'>La Entidad Pública Empresarial Red.es (Entidad dominante) tiene su origen en el Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión, creado por el artículo 124 de la Ley 37/1988 con el objeto de prestar en régimen de monopolio el servicio de transporte y difusión de las señales de televisión, servicio que fue prestado hasta el mes de abril del año 2000.</p>
<p class='parrafo'>La creación y regulación vigente de la Entidad Pública Empresarial Red.es, está recogida en la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones (declarada expresamente en vigor por la disposición derogatoria única de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre), en redacción dada por el artículo 55 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por el artículo 14.tres de la Ley 24/2001, y por la disposición final segunda y la disposición adicional sexta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico.</p>
<p class='parrafo'>Red.es se configura como entidad pública empresarial, conforme a lo previsto en el artículo 43.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Se aprobó su Estatuto por el Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, siendo modificado posteriormente por el Real Decreto 1433/2008, de 29 de Agosto. Dicha entidad está adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la información.</p>
<p class='parrafo'>Red.es está dotada de personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio. Constituye su objeto la gestión, administración y disposición de los bienes y derechos que integran su patrimonio, actuando conforme a criterios empresariales.</p>
<p class='parrafo'>El artículo 55 de la Ley 14/2000, establece las principales funciones de la Entidad Pública:</p>
<p class='parrafo_2'>a) La gestión del registro de los nombres y direcciones de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es), de acuerdo con la política de registros que se determine por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en la normativa correspondiente.</p>
<p class='parrafo'>b) La participación en los órganos que coordinen la gestión de Registros de nombre y dominios de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), o la organización que en su caso la sustituya, así como el asesoramiento al Ministerio de Ciencia y Tecnología en el Comité Asesor Gubernamental de ICANN (GAC) y, en general cuando le sea solicitado, el asesoramiento a la Administración General del Estado en el resto de los organismos internacionales y, en particular, en la Unión Europea, en todos los temas de su competencia.</p>
<p class='parrafo'>c) La de observatorio del sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información.</p>
<p class='parrafo'>d) La elaboración de estudios e informes y, en general, el asesoramiento de la Administración General del Estado en todo lo relativo a la sociedad de la información, de conformidad con las instrucciones que dicte el Ministerio de Ciencia y Tecnología.</p>
<p class='parrafo'>e) El fomento y desarrollo de la Sociedad de la Información.</p>
<p class='parrafo_2'>El artículo 80 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, modifica la disposición adicional 6.ª de la Ley 11/1998, General de Telecomunicaciones y el Real Decreto 164/2002, por el que se aprueba el Estatuto de Red.es, incorporando bajo la letra f) una nueva función de la Entidad:</p>
<p class='parrafo_2'>f) Ofrecer a la comunidad académica y científica nacional una infraestructura básica de comunicaciones mediante servicios de red y servicios de aplicación a través de la Red IRIS.</p>
<p class='parrafo_2'>El régimen de contratación, adquisición y enajenación de la Entidad se acomoda a las normas de derecho privado, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre de contratos del Sector Público.</p>
<p class='parrafo'>El régimen patrimonial de la Entidad Pública se ajusta a las previsiones del artículo 56 de la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. No obstante, los actos de disposición y enajenación de los bienes que integran su patrimonio se regirán por el derecho privado. En especial, la Entidad podrá afectar sus activos, entre los que se encuentra el remanente al que hace referencia el artículo 6 del Real Decreto-Ley 16/1999, a las funciones de fomento y desarrollo de la Sociedad de la Información y a financiar transitoriamente el déficit de explotación que se derive del ejercicio del resto de las referidas funciones de la Entidad Pública.</p>
<p class='parrafo'>La contratación del personal se ajusta al derecho laboral, conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 6/1997. El régimen presupuestario, el económico-financiero, el de contabilidad, el de intervención y el de control financiero, están sometidos a la Ley General Presupuestaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 y en la disposición transitoria tercera de la Ley 6/1997.</p>
<p class='parrafo'>Los recursos económicos de Red.es podrán provenir de cualquiera de los enumerados en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley 6/1997. Entre los recursos económicos se incluye además la «Tasa por asignación del recurso limitado de nombres y direcciones de Internet» regulada por la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones en la redacción dada por el artículo 14.tres de la Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y por la disposición final segunda de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico.</p>
<p class='parrafo'>La Entidad tiene su domicilio en la Pza. Manuel Gómez Moreno s/n de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>Red.es y su filial Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A. (INTECO), domiciliada en León, forman el Grupo Entidad Publica Empresarial Red.es, del cual es la entidad dominante.</p>
<p class='parrafo'>El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), es una sociedad mercantil estatal, que forma parte del sector público empresarial, conforme a lo establecido en el apartado c) del artículo 166.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAAPP).</p>
<p class='parrafo'>Está participada al 100 % por la Entidad Pública Empresarial Red.es., adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y su creación fue aprobada en el Consejo de Ministros de 29 de abril de 2005, como instrumento para desarrollar la Sociedad del Conocimiento y el desarrollo tecnológico en la comunicación.</p>
<p class='parrafo'>El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A. está dotado de personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio. Constituye su objeto social la gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en el marco de la Sociedad de la Información. Tiene autonomía para la gestión, administración y disposición de los bienes y derechos que integran su patrimonio, actuando conforme a criterios empresariales.</p>
<p class='parrafo'>El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, como sociedad mercantil estatal con forma de sociedad anónima, se rige íntegramente por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y de contratación, según prevé el apartado 1 de la DA 12.ª de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE).</p>
<p class='parrafo'>La Sociedad no forma parte de la Administración General del Estado y está sometida a derecho privado en sus relaciones jurídicas por tanto contrata personal conforme al derecho laboral.</p>
<p class='parrafo'>La contratación de la Sociedad se rige por las disposiciones de la legislación de contratos del sector público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) previstas para los poderes adjudicadores.</p>
<p class='parrafo'>La misión de INTECO es aportar valor e innovación a los ciudadanos, a las PYMES, a las Administraciones Públicas y al sector de las tecnologías de la información, a través del desarrollo de proyectos que contribuyan a reforzar la confianza en los servicios de la Sociedad de la Información en nuestro país, promoviendo además una línea de participación internacional.</p>
<p class='parrafo'>Para ello, INTECO desarrolla actuaciones en las siguientes líneas:</p>
<p class='parrafo_2'>• Seguridad Tecnológica: INTECO está comprometido con la promoción de servicios de la Sociedad de la Información cada vez más seguros, que protejan los datos personales de los interesados, su intimidad, la integridad de su información y eviten ataques que pongan en riesgo los servicios prestados. Y por supuesto que garanticen un cumplimiento estricto de la normativa legal en materia de TIC.</p>
<p class='parrafo'>• Accesibilidad: INTECO promueve servicios de la Sociedad de la Información más accesibles, que supriman las barreras de exclusión, cualquiera que sea la dificultad o carencia técnica, formativa, etc., incluso discapacidad, que tengan sus usuarios. Y que faciliten la integración progresiva de todos los colectivos de usuarios, de modo que todos ellos puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece la Sociedad de la Información. Asimismo desarrolla proyectos en el ámbito de la accesibilidad orientados a garantizar el derecho de ciudadanos y empresas a relacionarse electrónicamente con las AAPP.</p>
<p class='parrafo'>• Calidad TIC. INTECO promueve unos servicios de la Sociedad de la Información que cada vez sean de mayor calidad, que garanticen unos adecuados niveles de servicio, lo cual se traduce en una mayor robustez de aplicaciones y sistemas, un compromiso en la disponibilidad y los tiempos de respuesta, un adecuado soporte para los usuarios, una información precisa y clara sobre la evolución de las funcionalidades de los servicios, y en resumen, servicios cada vez mejores.</p>
<p class='parrafo'>• Formación: La formación es un factor determinante para la atracción de talento y para la mejora de la competitividad de las empresas. Por ello, INTECO impulsa la formación de universitarios y profesionales en las tecnologías más demandadas por la industria.</p>
<p class='parrafo_2'>Junto a las actuaciones de interés general desarrolladas anteriormente, INTECO desarrolla una línea de negocio basada en la prestación de servicios directamente relacionados con las materias de su especialidad (seguridad, accesibilidad y calidad TIC) principalmente derivados de su condición de medio propio de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.</p>
<p class='parrafo'>En el ejercicio 2012, INTECO, ha iniciado un proceso de focalización de su actividad, aún más, en temas de ciberseguridad, diseñando y elaborando un nuevo plan de actividades que fija como misión de la Sociedad reforzar la ciberseguridad, la confianza y la protección de la privacidad en los servicios de la Sociedad de la Información, aportando valor a ciudadanos, empresas, Administración, al sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones y sectores estratégicos en general.</p>
<p class='parrafo'>El domicilio social de la Sociedad se encuentra ubicado en la calle José Aguado, número 41 de León.</p>
<p class='centro_cursiva'>2. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas</p>
<p class='parrafo_2'>a) Imagen fiel.</p>
<p class='parrafo_2'>Las cuentas anuales consolidadas adjuntas que han sido formuladas por el Presidente de la Entidad Pública Empresarial Red.es como entidad dominante, se han preparado a partir de los registros contables de las entidades que forman el grupo, realizando las clasificaciones oportunas para presentarlas de acuerdo con el Plan General de Contabilidad y habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del grupo, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. Las cuentas anuales adjuntas correspondientes al ejercicio 2011 se someterán a la aprobación del Consejo de Administración de la entidad dominante, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.</p>
<p class='parrafo_2'>b) Principios contables.</p>
<p class='parrafo_2'>Para la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han seguido los principios contables y normas de valoración generalmente aceptadas en España descritos en la Nota 4. No existe ningún principio contable obligatorio que, siendo significativo su efecto en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.</p>
<p class='parrafo_2'>c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.</p>
<p class='parrafo_2'>La preparación de las cuentas anuales consolidadas exige el uso por parte del grupo de ciertas estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las actuales circunstancias.</p>
<p class='parrafo_2'>d) Comparación de la información.</p>
<p class='parrafo_2'>A fin de facilitar la comparación de la información con las cifras del presente ejercicio, se han adaptado las cifras del ejercicio precedente. La adaptación afecta a clasificación del activo corriente por haber llevado a Deudores varios una partida pendiente de liquidar por el Tesoro Público que en el ejercicio precedente se contabilizó en el epígrafe de Administraciones Públicas y al pasivo corriente por haber llevado a periodificaciones a corto plazo los anticipos recibidos para el registro de dominios del año siguiente que en el ejercicio precedente estaban en anticipos de clientes, por lo que no afecta al resultado, patrimonio neto o total de activos y pasivos.</p>
<p class='parrafo'>Las cifras del presente ejercicio contenidas en estas cuentas anuales son, por tanto, perfectamente comparables con las del ejercicio anterior.</p>
<p class='parrafo_2'>e) Corrección de errores.</p>
<p class='parrafo_2'>Por decisión de la Comisión Europea de 21 de diciembre de 2011, se modificó la tasa de retorno del Fondo Tecnológico que dentro del marco de Fondos Feder gestiona la Entidad, pasando ésta del 70 al 80 %, la Entidad, por error, no se reconoció en el ejercicio 2011 los ingresos adicionales por todas las certificaciones presentadas desde el inicio del programa correspondientes a este aumento de tasa que ascendian a 553 miles de euros, habiéndolo hecho en 2012, razón por la cual estos ingresos se han contabilizado directamente contra el patrimonio.</p>
<p class='centro_cursiva'>3. Distribución del resultado de la entidad dominante</p>
<p class='parrafo_2'>Se propondrá al Consejo de Administración la aprobación de la siguiente distribución del resultado del ejercicio de la entidad dominante:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Base de reparto</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Resultado del ejercicio</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(3.900)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Otras aportaciones de socios</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>4.000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>100</p>
</td>
</tr>
</table>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Aplicación</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Reservas voluntarias</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>100</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>100</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='centro_cursiva'>4. Normas de registro y valoración</p>
<p class='parrafo_2'>Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011, de acuerdo con las establecidas por las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, han sido las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Criterios de consolidación.</p>
<p class='parrafo_2'>Las cuentas anuales de la entidad dependiente (INTECO) se han consolidado con las de la entidad dominante por aplicación del método de integración global, al ser su participación del 100 % de su capital social. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones efectuadas entre las entidades consolidadas, así como los resultados por operaciones intergrupo han sido eliminados en el proceso de consolidación.</p>
<p class='parrafo_2'>b) Homogeneización de partidas.</p>
<p class='parrafo_2'>Las partidas de las cuentas individuales de las entidades incluidas en el perímetro de consolidación han sido homogeneizadas, en caso necesario, de acuerdo con los criterios empleados para la elaboración de las cuentas anuales de la entidad dominante.</p>
<p class='parrafo_2'>c) Inmovilizaciones intangible.</p>
<p class='parrafo_2'>Corresponde principalmente a aplicaciones informáticas. Estos activos se encuentran valorados a su coste de adquisición a terceros.</p>
<p class='parrafo'>Es criterio del grupo amortizarlos linealmente en función de las vidas útiles estimadas que se detallan a continuación:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Años de vida útil estimada</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Patentes y marcas comerciales</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>10</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Aplicaciones Informáticas</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3-4</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>d) Inmovilizado material.</p>
<p class='parrafo_2'>El grupo valora su inmovilizado material por su precio de adquisición, recogiendo en su caso los gastos producidos hasta su puesta en marcha. Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.</p>
<p class='parrafo'>Los gastos de conservación y mantenimiento se registran con cargo a los resultados del ejercicio en que se incurren.</p>
<p class='parrafo'>El grupo amortiza su inmovilizado material, con excepción de los terrenos, siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada según el siguiente detalle:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Años de vida útil estimada</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Construcciones</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>25-50</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Otras Instalaciones</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>8-13</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Equipos para proceso de información</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Mobiliario</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>10</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Elementos de transporte</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>7</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias.</p>
<p class='parrafo_2'>e) Inversiones inmobiliarias.</p>
<p class='parrafo_2'>La Entidad ha clasificado como inversiones inmobiliarias aquellas arrendadas a terceros. Los criterios de valoración aplicados a las mismas son idénticos a los aplicados a las construcciones.</p>
<p class='parrafo_2'>f) Activos financieros.</p>
<p class='parrafo_2'>Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en «Créditos a empresas» y «Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar» en el balance.</p>
<p class='parrafo'>Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.</p>
<p class='parrafo'>Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.</p>
<p class='parrafo'>El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.</p>
<p class='parrafo_2'>g) Débitos y partidas a pagar.</p>
<p class='parrafo_2'>Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que se tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.</p>
<p class='parrafo'>Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.</p>
<p class='parrafo'>No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.</p>
<p class='parrafo_2'>h) Subvenciones recibidas.</p>
<p class='parrafo_2'>Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención.</p>
<p class='parrafo'>A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará.</p>
<p class='parrafo'>En el caso de subvenciones concedidas para financiar gastos específicos de ejecución plurianual, como los programas FEDER, la subvención se considera no reintegrable en proporción al gasto ejecutado elegible, siempre que no existan dudas razonables de que se concluirá su ejecución en los términos fijados en las condiciones del otorgamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la O.M. EHA/733/2010, de 25 de marzo, en su disposición adicional única apartado 2 c).</p>
<p class='parrafo'>Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al momento de su reconocimiento.</p>
<p class='parrafo'>Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos y las concedidas para compensar déficit de explotación en el ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan a compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios.</p>
<p class='parrafo'>Las subvenciones no reintegrables procedentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información para actividades de interés público y que no se corresponden con un proyecto o encargo concreto se registran directamente como fondos propios.</p>
<p class='parrafo_2'>i) Provisión para impuestos.</p>
<p class='parrafo_2'>El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido.</p>
<p class='parrafo'>Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto.</p>
<p class='parrafo'>Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.</p>
<p class='parrafo'>Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.</p>
<p class='parrafo'>Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias.</p>
<p class='parrafo'>Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en dependientes, asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que el grupo puede controlar el momento de reversión de las diferencias temporarias y además es probable que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible.</p>
<p class='parrafo'>La Entidad dominante forma Grupo Fiscal Consolidado con su filial Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A.</p>
<p class='parrafo'>Siguiendo el principio de prudencia, el grupo no ha reconocido créditos fiscales por las bases imponibles negativas generadas hasta la fecha.</p>
<p class='parrafo_2'>j) Provisiones y pasivos contingentes.</p>
<p class='parrafo_2'>Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se reconocen cuando el grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable. Las provisiones por reestructuración incluyen sanciones por cancelación del arrendamiento y pagos por despido a los empleados. No se reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras.</p>
<p class='parrafo'>Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando.</p>
<p class='parrafo'>Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se descuentan.</p>
<p class='parrafo'>Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente segura su recepción.</p>
<p class='parrafo'>Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros independientes de la voluntad del grupo. Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la memoria.</p>
<p class='parrafo'>El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su artículo 2, apartado 1, establece para el año 2012 la supresión tanto de la paga extraordinaria del mes de diciembre como de la paga adicional de complemento específico o pagas equivalentes de dicho mes para el personal del sector público definido en el artículo 22.1 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales. Las dos entidades que forman el grupo acuerdo con el artículo 22.1 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, han aplicado lo dispuesto en el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio.</p>
<p class='parrafo'>En relación a lo dispuesto en el apartado 4 del citado artículo, en cuanto a futuras aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de la jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los Administradores de la entidades que forman el Grupo consideran que en el momento actual no existe una obligación presente por lo que no procede dotar una provisión en relación con las aportaciones mencionadas en el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto 20/2012, de 13 de julio.</p>
<p class='parrafo_2'>k) Reconocimiento de ingresos.</p>
<p class='parrafo_2'>Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades del grupo, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido.</p>
<p class='parrafo'>El grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. No se considera que se pueda valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. El grupo basa sus estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos concretos de cada acuerdo.</p>
<p class='parrafo'>Los importes cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se registran como subvenciones de explotación no reintegrables en proporción al gasto ejecutado elegible que cumple los requisitos de la normativa comunitaria y, específicamente, del Programa Operativo correspondiente, tal como se explica en la nota h) de este mismo apartado.</p>
<p class='parrafo'>El grupo presta servicios derivados de gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en el marco de la Sociedad de la Información. Estos servicios se suministran sobre la base de una fecha y material concreto o bien como contrato a precio fijo.</p>
<p class='parrafo'>Los ingresos de contratos de fecha y material concretos, habitualmente derivados de la prestación de servicios derivados de encomiendas de gestión realizadas por la Administración General del Estado, se reconocen a las tarifas estipuladas en el contrato a medida que se realizan los trabajos y se incurre en los gastos directos.</p>
<p class='parrafo'>Los ingresos derivados de contratos a precio fijo por prestaciones de servicios se reconocen siguiendo las indicaciones del contrato.</p>
<p class='parrafo'>Si surgieran circunstancias que modificaran las estimaciones iniciales de ingresos ordinarios, costes o grado de avance, se procede a revisar dichas estimaciones. Las revisiones podrían dar lugar a aumentos o disminuciones en los ingresos y costes estimados y se reflejan en la cuenta de resultados en el periodo en el que las circunstancias que han motivado dichas revisiones son conocidas por la dirección.</p>
<p class='parrafo_2'>l) Transacciones en moneda extranjera.</p>
<p class='parrafo_2'>Las cuentas anuales consolidada se presentan en euros, que es la moneda de presentación y funcional de la Entidad dominante.</p>
<p class='parrafo'>Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como disponibles para la venta son analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios en el coste amortizado del título y otros cambios en el valor contable del título. Las diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el valor contable se reconocen en el patrimonio neto.</p>
<p class='parrafo'>Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable. Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio clasificados como activos financieros disponibles para la venta, se incluyen en el patrimonio neto.</p>
<p class='parrafo_2'>m) Planes de pensiones y otras obligaciones con el personal.</p>
<p class='parrafo_2'>El grupo no tiene establecido un plan de pensiones para sus empleados, estando cubiertas todas sus obligaciones al respecto por la Seguridad Social del Estado.</p>
<p class='centro_cursiva'>5. Inmovilizado material</p>
<p class='parrafo_2'>El movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones, ha sido el siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>La Entidad tiene en propiedad diversas plantas del Edifico Bronce en Madrid, cuyo coste de adquisición asciende a un total de 37.686 miles de euros, de los que 17.990 miles corresponden a la repercusión del suelo, 16.650 miles de euros están registrados en «construcciones» y 3.046 miles de euros en la partida de «otras instalaciones». La parte dedicada a la explotación de la entidad se refleja en el cuadro adjunto. El resto, destinado al arrendamiento a terceros, se encuentra clasificado como inversiones inmobiliarias dentro del balance de situación.</p>
<p class='parrafo'>La filial INTECO tiene en propiedad un edifico en León, cuyo coste de adquisición asciende a un total de 17.862 miles de euros €, de los cuales 1.103 corresponden al valor del terreno, 10.728 están registrados en «construcciones» y 6.031 en la partida «otras instalaciones».</p>
<p class='parrafo'>En las adiciones o dataciones de inmovilizado material registradas en 2012, se encuentra una regularización de los bienes de inversión incluida en el acta con acuerdo firmada por la filial INTECO con la Agencia Tributaria, explicada en la nota 10, cuyo importe total asciende a 405 miles de euros.</p>
<p class='parrafo'>En el ejercicio 2011, la Intervención General de la Administración del Estado emitió el informe correspondiente a la auditoría operativa y de cumplimiento llevada a cabo en el año 2008 en la Sociedad filial INTECO. Del examen de los ejercicios 2006, 2007 y parte del 2008, resultaron dos tipos de actuaciones: la primera, un informe especial que se refiere exclusivamente a la construcción del edificio que se llevó a cabo en 2007-2008. La Intervención solicita una mayor justificación técnica del incremento de la cantidad certificada y liquidada respecto al presupuesto del proyecto inicial, y llevar a cabo mediciones y comprobaciones de unidades de obra, para determinar si, en su caso, se hubiera producido un daño patrimonial a la Sociedad filial INTECO. En el ejercicio 2012, la Intervención General de la Administración del Estado eleva las actuaciones al Tribunal de Cuentas para su oportuna fiscalización. El Tribunal de Cuentas nombra instructor y abre diligencias preliminares para examinar la posible existencia de un supuesto de responsabilidad por alcance por los daños causados al patrimonio de la Sociedad filial INTECO. En las mismas, la Sociedad filial INTECO aporta al expediente la documentación requerida y finalmente el Tribunal dicta Auto al que se refiere la nota 15. En segundo lugar en cuanto al Informe general de recomendaciones, la Sociedad ha modificado sus procedimientos e implementado las medidas necesarias para proceder a su cumplimiento.</p>
<p class='parrafo'>La política del grupo es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material.</p>
<p class='centro_cursiva'>6. Inversiones inmobiliarias</p>
<p class='parrafo_2'>El movimiento habido en el ejercicio 2012, en las diferentes cuentas de inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente:</p>
<img/>
<p class='parrafo_2'>Como se expresa en la nota 5, La Entidad tiene en propiedad diversas plantas del Edifico Bronce en Madrid, destinado principalmente a la explotación. El resto, destinado al arrendamiento a terceros, se encuentra clasificado como inversiones inmobiliarias dentro del balance de situación. El coste de adquisición correspondiente a la inversión inmobiliaria en el mismo asciende a los siguientes importes:</p>
<p class='parrafo_2'>– Terreno: 135 miles de euros.</p>
<p class='parrafo'>– Construcciones: 125 miles de euros</p>
<p class='parrafo_2'>La Entidad también tiene en propiedad un edificio en Sevilla, antiguo pabellón de Retevisión en la Exposición Universal de 1992. El coste de adquisición del edificio es de 7.862 miles de euros, estando registrado su importe en la cuenta de «construcciones».</p>
<p class='centro_cursiva'>7. Inmovilizado intangible</p>
<p class='parrafo_2'>El movimiento habido en el ejercicio 2012, en las diferentes cuentas de inmovilizado intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente:</p>
<p class='centro_cursiva'>8. Arrendamientos</p>
<p class='parrafo_2'>Los arrendamientos que posee el grupo se clasifican como operativos puesto que se trata de acuerdos mediante los cuales el arrendador conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de percibir una serie de pagos o cuotas, sin que se trate de un arrendamiento financiero.</p>
<p class='parrafo'>Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos son considerados como ingresos y gastos del ejercicio en el que los mismos se devengan, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias.</p>
<p class='parrafo'>Como se explica en la nota 5, el grupo es arrendador de locales para oficinas, con contratos de carácter anual renovables. Los cobros futuros no cancelables, esto es, sin considerar las previsibles prórrogas ascienden a las siguientes cantidades:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Hasta un año</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>367</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>619</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Entre uno y cinco años</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>69</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Más de cinco años</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Por otro lado, el grupo es arrendatario de oficinas. Los pagos futuros no cancelables, esto es, sin considerar las previsibles prórrogas ascienden a los siguientes importes:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Hasta un año</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>15</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>15</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Entre uno y cinco años</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Más de cinco años</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='centro_cursiva'>9. Instrumentos financieros</p>
<p class='parrafo_2'>9.1 Consideraciones generales.</p>
<p class='parrafo_2'>La información que se presenta en esta nota corresponde a los instrumentos financieros incluidos en el alcance de la norma de registro y valoración novena del Plan General de Contabilidad.</p>
<p class='parrafo_2'>9.2 Información relacionada con el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias consolidados.</p>
<p class='parrafo_2'>a) Categoría de activos y pasivos financieros.</p>
<p class='parrafo_2'>El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma de registro y valoración de «Instrumentos financieros es el siguiente:</p>
<img/>
<p class='parrafo'>b) Clasificación por vencimientos.</p>
<p class='parrafo_2'>Todos los instrumentos financieros recogidos como activos y pasivos corrientes en el balance de situación tienen vencimiento inferior al año.</p>
<p class='parrafo'>Los instrumentos financieros recogidos como Créditos a largo plazo en el activo tienen su vencimiento en 2018 y corresponden a préstamos concedidos por la entidad dominante a fondos de capital riesgo dentro del programa emprendedores que desarrolla para fomentar inversiones en empresas de base tecnológica del sector TIC.</p>
<p class='parrafo'>El detalle de los mismos es el siguiente:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='2'>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Principal</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.400</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.400</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Intereses devengados</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>165</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>26</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.565</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.426</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Los instrumentos financieros recogidos como Débitos y partidas a pagar a largo plazo en el pasivo tienen su vencimiento en 2019 y corresponden a préstamos concedidos a la entidad dominante por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información para a su vez prestar a fondos de capital riesgo dentro del programa emprendedores que desarrolla para fomentar inversiones en empresas de base tecnológica del sector TIC.</p>
<p class='parrafo'>El detalle de los mismos es el siguiente:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='2'>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Principal</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.400</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.400</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Intereses devengados</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>156</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>22</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.556</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.422</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Con fecha 26 de febrero de 2008, INTECO firmó un convenio de colaboración con la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el que se le concede un préstamo nominativo por importe de 14.000.000 de euros para la financiación de determinadas fases de la construcción y acondicionamiento del edificio que constituye la sede social de la sociedad. En 2009 se realizó un reintegro parcial del préstamo, quedando el principal en 13.151 miles de euros. La amortización del préstamo, que no devenga intereses, comenzará en el año 2012, y durante quince años se amortizará por cuotas iguales de 877 miles de euros cada año.</p>
<p class='parrafo'>La contabilización del préstamo a su coste amortizado se ha realizado teniendo en cuenta el tipo de interés de referencia Euribor a 12 meses medio a la firma de del convenio (4,35 %) incrementado con un diferencial del 1 %, obteniéndose así el valor actual de la deuda.</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Vencimiento</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Intereses implícitos</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Coste amortizado</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Corto plazo</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2013</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>877</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>432</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>445</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Largo plazo</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2014-2026</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>11.398</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>3.778</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>7.620</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan='2'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>12.275</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>4.210</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>8.065</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Los intereses implícitos pendientes de este préstamo han sido recogidos como subvenciones de capital, una vez descontado el efecto impositivo correspondiente.</p>
<p class='parrafo'>Los saldos correspondientes a este préstamo recogidos en las cuentas anuales se relacionan a continuación:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td colspan='2' rowspan='2'>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Balance</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Subvenciones de capital</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.621</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.859</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Balance</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Pasivos por impuesto diferido</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.123</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.226</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Balance</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Deudas a largo plazo</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>7.952</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>8.369</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Balance</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Otras deudas a corto plazo</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>877</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>877</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>P y G</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Imputación de subvenciones</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.479</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.138</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>P y G</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos financieros</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(1.777)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(1.318)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan='2'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>12.275</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>13.151</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>c) Deudores y calidad crediticia.</p>
<p class='parrafo_2'>El saldo de clientes, ascendente a 5.830 miles de euros, corresponde fundamentalmente a Administraciones Públicas por prestaciones de servicios.</p>
<p class='parrafo'>La cuenta de «deudores varios» presenta el siguiente desglose:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>FEDER</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>78.755</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>66.549</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Transferencias presupuestos 2010</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>48.019</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>129.070</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Transferencias presupuestos 2011</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>99.109</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>131.220</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Transferencias presupuestos 2012</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>29.705</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Otras subvenciones</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>157</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>210</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Otros deudores</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>548</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>6.212</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>256.293</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>333.261</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>I. Programas FEDER.</p>
<p class='parrafo_2'>La Entidad dominante es organismo intermedio de Programas FEDER, teniendo asignada la ejecución de diversos programas de actuación plurianual por parte de este organismo comunitario. La finalidad de las aportaciones FEDER es la cofinanciación comunitaria de medidas destinadas a promover el acceso a infraestructuras y servicios digitales en Regiones Objetivo FEDER.</p>
<p class='parrafo'>Tal como se explica en las Normas de Registro y Valoración, notas 4 h) y k), los importes recibidos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se registran como subvenciones de explotación no reintegrables en proporción al gasto ejecutado elegible que cumple los requisitos de la normativa comunitaria y, específicamente, del Programa Operativo correspondiente.</p>
<p class='parrafo'>La Entidad dominante estima que ha cumplido todas las condiciones asociadas a dichas subvenciones, en especial la calificación de los gastos como elegibles y las condiciones de los Reglamentos CE 1828/2006 y 1083/2006.</p>
<p class='parrafo'>El desglose por programas y situación de la cuenta a cobrar al FEDER se desglosa en el siguiente cuadro:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
<td colspan='3'>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Certificado</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Pendiente certificar</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Total ayuda</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>POSI</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>POEC</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>62.856</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>11.473</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>74.329</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>P.O. Regionales</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.071</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.001</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.072</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Fondo tecnológico</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.688</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>297</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.985</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>POAT</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>337</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>32</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>369</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>65.952</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>12.803</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>78.755</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Los importes reconocidos son elegibles en el marco de las actuaciones aprobadas por la Comisión Europea en los correspondientes Programas Operativos, y en concreto, conforme al artículo 56 del Reglamento 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, en base a las Normas sobre los gastos subvencionables de los Programas Operativos financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión, y a los Criterios de Selección aprobados por la Comisión Europea.</p>
<p class='parrafo'>Para los importes certificados se ha realizado la solicitud de reembolso ante la Autoridad Nacional de Gestión (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). Sobre los importes pendientes de certificar, la tramitación de la solicitud de reembolso de dichos gastos se encuentra en proceso al cierre del ejercicio, realizándose las tareas previas a la mencionada solicitud: pagos a proveedores, verificaciones del artículo 13 del Reglamento 1083/2006, incluyendo verificaciones sobre el terreno, y las tareas de adaptación de la información para su carga en la herramienta Fondos 2007 habilitada para generar las solicitudes de reembolso.</p>
<p class='parrafo'>Por decisión de la Comisión Europea de 31 de octubre de 2012 se ha modificado la tasa de retorno del Programa Operativo de la Economía del Conocimiento, pasando del 70 al 80 % esto ha hecho que la Entidad se haya reconocido como ingresos el 10 % adicional por todas las certificaciones de gasto presentadas desde el inicio del programa. La cifra reconocida como ingreso por este concepto y que a final de ejercicio estaba pendiente de cobro, y por tanto recogida en la partida de deudores asciende a 26.753 miles de euros.</p>
<p class='parrafo'>Igualmente por decisión de la Comisión Europea de 14 de febrero de 2012, se ha modificado el retorno de los Programas Regionales que gestiona la entidad en el marco del FEDER, concretamente se ha modificado la tasa de los programas regionales de Andalucía, Asturias, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Valencia, Murcia, Ceuta y Melilla, pasando en todos los casos del 70 al 80% de retorno. Esto ha hecho que la Entidad se haya reconocido como ingresos el 10% adicional por todas las certificaciones de gasto presentadas desde el inicio del programa. La cifra reconocida como ingreso por este concepto y que a final de ejercicio ya había sido cobrada asciende a 1.074 miles de euros.</p>
<p class='parrafo'>Por lo que respecta al Fondo Tecnológico, también por decisión de Comisión Europea de 21 de diciembre de 2011, se modificó la tasa de retorno, pasando del 70 al 80 %, al ser la decisión del ejercicio anterior la Entidad se ha reconocido los ingresos adicionales por todas las certificaciones presentadas desde el inicio del programa correspondientes a este aumento de tasa directamente contra el patrimonio, ascendiendo dichos ingresos a 553 miles de euros, que a cierre de ejercicio ya habían sido cobrados.</p>
<p class='parrafo'>A continuación se detalla la composición de los importes pendientes de certificar según nomenclatura de los PO y tema prioritario, indicando el programa concreto y descripción del mismo:</p>
<img/>
<p class='parrafo_2'>II. Transferencias Presupuestos Generales 2010, 2011 y 2012.</p>
<p class='parrafo_2'>Corresponden a consignaciones nominativas de Presupuestos Generales del Estado 2010, 2011 y 2012 a favor del Grupo y pendientes de ingreso por el Tesoro.</p>
<p class='parrafo_2'>d) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>
<p class='parrafo_2'>El saldo de Tesorería al cierre del ejercicio corresponde a depósitos bancarios con vencimientos inferiores a tres meses y cuentas a la vista, con remuneración referenciada al Euribor. El grupo mantiene los depósitos en entidades con calificación crediticia «BB» o superior, con la sola excepción de cuentas operativas para operaciones puntuales que no mantienen en el tiempo saldos significativos.</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='2'>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Bancos AA</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>67.561</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Bancos A</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>67.945</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Bancos BBB</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>19.651</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>37.942</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Bancos BB</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>166.254</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Otros</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>3.718</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>189.623</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>175.769</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Las colocaciones de tesorería en depósitos y cuentas corrientes remuneradas ha supuesto un rendimiento financiero en el ejercicio ascendente a 6.355 miles de euros, según se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.</p>
<p class='parrafo_2'>9.3 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo de instrumentos financieros.</p>
<p class='parrafo_2'>9.3.1 Información cualitativa: Factores del riesgo financiero.</p>
<p class='parrafo_2'>Las actividades del grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. Los programas de gestión del riesgo global de la entidad dominante y su filial se centran en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad financiera. El grupo no emplea derivados para cubrir riesgos.</p>
<p class='parrafo'>La gestión del riesgo está controlada por el Departamento de Económico-Financiero de la entidad dominante que identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo de Administración.</p>
<p class='parrafo_2'>a) Riesgo de mercado.</p>
<p class='parrafo_2'>Riesgo de tipo de cambio.</p>
<p class='parrafo_2'>El grupo no opera en el ámbito internacional y, por tanto, no está expuesta a riesgo de tipo de cambio por operaciones con divisas. Eventualmente se realiza alguna operación con divisas pero se trata de adquisiciones puntuales de algún material o servicio determinado que no suponen riesgo.</p>
<p class='parrafo_2'>Riesgo de precio.</p>
<p class='parrafo_2'>El grupo no está expuesto al riesgo del precio de los títulos de capital debido a que no posee inversiones clasificadas en el balance como disponibles para la venta o a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.</p>
<p class='parrafo_2'>Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable.</p>
<p class='parrafo_2'>Dada la naturaleza del grupo es prudente en las inversiones a realizar. Los ingresos y los flujos de efectivo de sus actividades de explotación son bastante independientes respecto de las variaciones en los tipos de interés de mercado. Por otro lado, los recursos ajenos a largo plazo que posee en la actualidad son a tipo de interés cero.</p>
<p class='parrafo_2'>b) Riesgo de crédito.</p>
<p class='parrafo_2'>El riesgo de crédito se gestiona por grupos. Surge de efectivo y equivalentes al efectivo, así como de clientes mayoristas, minoristas y administraciones públicas, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas.</p>
<p class='parrafo'>En relación con los bancos e instituciones financieras, el grupo solo mantiene saldos significativos con entidades a las que se ha calificado de forma independiente con una categoría mínima de rating «BB». A los clientes mayoristas se les ha calificado según la calidad crediticia, teniendo en cuenta su posición financiera, la experiencia pasada y otros factores. Los límites individuales de crédito se establecen en función de las calificaciones internas. Las ventas a los clientes minoristas se liquidan mediante transferencia bancaria por anticipado.</p>
<p class='parrafo_2'>c) Riesgo de liquidez.</p>
<p class='parrafo_2'>Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado. El Departamento de Económico-Financiero de la entidad dominante tiene como objetivo mantener la disponibilidad de los fondos.</p>
<p class='parrafo'>Se realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez del grupo (que comprende el efectivo y equivalentes al efectivo) en función de los flujos de efectivo esperados.</p>
<p class='parrafo_2'>9.3.2 Información cuantitativa del riesgo financiero.</p>
<p class='parrafo_2'>El grupo tiene consignados para el ejercicio 2013 en Presupuestos Generales del Estado las siguientes cantidades para su actividad en el siguiente ejercicio, en miles de euros:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Aportación patrimonial</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>113.687</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Transferencias de capital</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>7.000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Transferencias corrientes</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>750</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Por otro lado tiene al cierre del ejercicio anticipos para la ejecución de programas y encomiendas por importe de 80.428 miles de euros.</p>
<p class='parrafo'>Adicionalmente la senda mínima asignada en los programas FEDER para el ejercicio 2012 supone ayudas por importe mínimo de 33.454 miles de euros</p>
<p class='parrafo'>El grupo tiene asegurada, por tanto, la financiación de la actividad a desarrollar en el siguiente ejercicio.</p>
<p class='parrafo_2'>9.4 Fondos Propios.</p>
<p class='parrafo_2'>La cuenta de Patrimonio recoge el valor neto del conjunto de bienes, derechos y obligaciones transferidos desde el Ente Público RTVE a la Entidad Pública Red.es (entonces denominada Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión) en el momento de su constitución, así como las correcciones valorativas posteriores, surgidas como consecuencia del análisis individualizado de los derechos y obligaciones transferidos en el momento de la constitución de la Entidad Pública dominante.</p>
<p class='parrafo'>El movimiento habido en las cuentas de «Fondos propios» consolidados en el ejercicio de 2012 ha sido el siguiente:</p>
<img/>
<p class='parrafo'>Las aportaciones de socios corresponden a transferencias nominativas consignadas a la Entidad en Presupuestos Generales del Estado 2012 por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Tal y como se explica en la nota 4 h), al tener su destino actividades de interés público y que no se corresponden con un proyecto o encargo concreto se registran directamente como fondos propios.</p>
<p class='parrafo'>De las reservas en sociedades consolidadas, 420 miles de euros corresponden a reservas de libre disposición y 85 miles de euros a reservas legales.</p>
<p class='parrafo_2'>9.5 Deudas a largo plazo.</p>
<p class='parrafo_2'>El detalle de las deudas a largo es el siguiente:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='2'>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Anticipo FEDER</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>33.620</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>33.620</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Préstamos a largo plazo</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>10.508</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>10.787</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Fianzas</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>12</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>14</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>44.140</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>44.421</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Se contabilizan a largo plazo los préstamos concedidos con vencimiento en 2018 que se han concedido por la entidad dominante a fondos de capital riesgo en el marco del programa emprendedores, así como las obligaciones derivadas del préstamo recibido por la entidad dependiente en los términos que se ha explicado en la nota 9.2b.</p>
<p class='parrafo'>También se contabilizan a largo plazo los anticipos recibidos de FEDER que se transformarán en subvenciones cuando la entidad certifique los gastos que darán origen a la misma y cuya ejecución se prevé que se haga a más de un año.</p>
<p class='parrafo_2'>9.6 Deudas a corto plazo.</p>
<p class='parrafo_2'>El detalle de deudas a corto plazo en miles de euros es el siguiente:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='2'>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Depósitos y fianzas a corto plazo</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>469</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>403</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Anticipos reintegrables programa RedIRIS Nova</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>35.947</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Otras deudas</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.421</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.089</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.890</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>38.439</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>9.7 Periodificaciones a largo plazo.</p>
<p class='parrafo_2'>Se contabilizan en este epígrafe los anticipos de dominios pagados por los clientes para años posteriores a 2013.</p>
<p class='parrafo_2'>9.8 Acreedores comerciales.</p>
<p class='parrafo_2'>El importe de anticipos recibidos se corresponde al siguiente detalle:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='2'>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Anticipo Encomiendas</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>13.016</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>13.208</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Anticipo Programas</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>67.412</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>62.451</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>80.428</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>75.659</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Los anticipos de encomiendas se corresponden a encomiendas de gestión de la Administración General del Estado.</p>
<p class='parrafo'>Los anticipos de programas corresponden a convenios con organismos públicos para la ejecución de programas de Sociedad de la Información.</p>
<p class='parrafo'>En ambos casos, las cantidades percibidas por el Grupo se imputan a resultados en función de los gastos incurridos en su realización, quedándose en el pasivo la parte no ejecutada a la fecha del balance.</p>
<p class='parrafo'>La cifra de Proveedores corresponde a operaciones del tráfico habitual del Grupo. Del saldo pendiente de pago al cierre, ascendente a 20.900 miles de euros, 121 miles de euros superaba el plazo legal de pago establecido en 40 días para el año 2012 en el caso de la entidad dominante, en la Ley 15/2010 de 5 de julio, debido a documentación pendiente de entrega por los proveedores.</p>
<p class='parrafo'>Información sobre aplazamientos de pagos efectuados a proveedores. D.A 3ª «Deber de información» de la Ley 15/201, de 5 de julio.</p>
<p class='parrafo'>El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizadas durante el ejercicio y pendientes de pago en cada una de las entidades al cierre en relación con los plazos máximos legales previstos en la Ley 15/2010 es el siguiente:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='4'>
</td>
<td colspan='4'>
<p class='cabeza_tabla'>RED.ES</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan='4'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Importe</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Porcentaje</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Importe</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Porcentaje</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Dentro del plazo máximo legal</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>109.588</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>88</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>98.812</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>76</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Resto</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>14.567</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>12</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>31.841</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>24</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total de pagos del ejercicio</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>124.155</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>100</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>130.653</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>100</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>PMPE (días)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>26</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>38</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>121</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>903</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
</table>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='3'>
</td>
<td colspan='4'>
<p class='cabeza_tabla'>INTECO</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan='4'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Importe</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Porcentaje</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Importe</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Porcentaje</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Dentro del plazo máximo legal</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>6.478</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>99</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>6.176</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>99</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Resto</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>91</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>39</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total de pagos del ejercicio</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>6.569</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>100</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>6.215</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>100</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>PMPE (días)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>21</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>21</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>903</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>9.9 Personal.</p>
<p class='parrafo_2'>El saldo al cierre del ejercicio corresponde a remuneraciones pendientes de pago.</p>
<p class='parrafo'>No existen compromisos en materia de pensiones con el personal.</p>
<p class='parrafo_2'>9.10 Periodificaciones a corto plazo.</p>
<p class='parrafo_2'>Se contabilizan en este epígrafe los anticipos de dominios pagados por los clientes para el año 2013.</p>
<p class='centro_cursiva'>10. Situación fiscal</p>
<p class='parrafo_2'>La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2012 es como sigue:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Resultado del ejercicio antes de impuestos</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(3.900)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(28.795)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Diferencias permanentes</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>496</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>117</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Diferencias temporarias con origen en el ejercicio</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>7</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>7</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Base Imponible</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(3.397)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(28.671)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>A compensar en el Grupo Fiscal en el ejercicio</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Base Imponible a compensar en futuros</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(3.397)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(28.671)</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Las diferencias permanentes corresponden fundamentalmente a patrocinios y donaciones a entidades sin ánimo de lucro.</p>
<p class='parrafo'>Al cierre del ejercicio, existen bases imponibles negativas en el grupo pendientes de compensar por:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Ejercicio</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2007</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(93.268)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2008</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(61.387)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2009</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(67.411)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2010</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(43.681)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2011</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(3.397)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(3.397)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total Bases Imponibles negativas.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(272.541)</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>El grupo podrá compensar los anteriores importes con bases imponibles positivas durante los 15 años posteriores a su generación. Las bases imponibles anteriores a la formación del Grupo Fiscal (2007) deberán ser compensadas con bases imponibles positivas generadas individualmente por la entidad dominante. Las posteriores podrán ser compensadas con bases imponibles positivas generadas por el Grupo Fiscal.</p>
<p class='parrafo'>Siguiendo el principio de prudencia, el grupo no ha reconocido créditos fiscales por las bases imponibles negativas generadas hasta la fecha, al no estar razonablemente asegurada su realización futura.</p>
<p class='parrafo'>El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas a 31 de diciembre, es el siguiente, en miles de euros:</p>
<table class='tabla_ancha'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td colspan='4'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Deudor</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Acreedor</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Deudor</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Acreedor</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>IVA</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>262</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>18</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.000</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Impuesto sobre Sociedades</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.285</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.765</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>IRPF</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>363</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>415</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Subvenciones</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Devolución de IVA por actas de inspección</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>500</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Seguridad Social</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>201</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>314</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Totales</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.547</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>582</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>3.265</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>729</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>La entidad dominante tiene abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios para los impuestos que le sean aplicables. No se espera que se pudieran devengar pasivos adicionales de consideración como consecuencia de una posible inspección de dichos ejercicios pendientes.</p>
<p class='parrafo'>La Agencia tributaria ha concluido las actuaciones inspectoras en el impuesto sobre el valor añadido del ejercicio 2009 al 2010, posteriormente ampliadas hasta el 2011 en la sociedad dependiente INTECO. Dichas actuaciones inspectoras han concluido con la firma el 18 de enero de 2013 de un acta con acuerdo.</p>
<p class='parrafo'>El acuerdo alcanzado considera que la sociedad realiza actividades de carácter empresarial, plenamente sujetas y no exentas al IVA junto con otras actividades que no tienen carácter empresarial y que por lo tanto, no estarían sujetas a dicho impuesto. La Agencia Tributaria ha considerado que la sociedad debe clasificar cada uno de los bienes y servicios recibidos en función de la actividad a la que se han aplicado distinguiendo al menos estos grupos: los que se han utilizado solo a las actividades no sujetas, aquellos utilizados a las actividades sujetas y no exentas del impuesto, y aquellos que han sido utilizados en ambos tipos de actividades.</p>
<p class='parrafo'>La estimación del porcentaje de aplicación de los recursos a las actividades económicas se ha realizado a partir del análisis de los medios de producción más relevantes de la sociedad. El activo más revelador es el inmueble en que se realiza estas actividades. Un vez analizado y junto con la ubicación del personal y los recursos se acuerda que se utiliza un 60 % en actividades empresariales y un 40 % en actividades no empresariales. Una vez convenido el porcentaje de deducción de las cuotas soportadas debe aplicarse como prorrata de la forma que se establece en la Ley del Impuesto.</p>
<p class='parrafo'>La sociedad atendiendo a los nuevos criterios de valoración aplicados, puestos de manifiesto tras las conclusiones de la inspección, ha modificado las estimaciones establecidas para los ejercicios pasados y aún sujetos a inspección, siendo el impacto registrado por cada uno de los ejercicios:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros </p>
<p class='cabeza_tabla'>– </p>
<p class='cabeza_tabla'>
<u>2012</u>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Regularización año 2009</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>881</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Regularización año 2010</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>373</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Regularización año 2011</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(52)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Intereses de demora</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>176</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Totales</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.378</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>La sociedad ha concluido que el resultado de las actuaciones inspectoras, debe ser considerado como un cambio en las estimaciones contables conforme a lo establecido en el Plan General Contable «Políticas Contables, cambios en las estimaciones contables y errores contables», procediendo al registro de dichos impactos en la cuenta de resultados del ejercicio 2012.</p>
<p class='parrafo'>Para el ejercicio 2012, en el ámbito de la gestión tributaria las cuentas incluyen la aplicación de una prorrata general de IVA deducible del 60 %.</p>
<p class='parrafo'>Tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios del resto de impuestos que le son aplicables. No se espera que se pudieran devengar pasivos adicionales de consideración como consecuencia de una posible inspección de dichos ejercicios pendientes.</p>
<p class='parrafo'>Debido a las diferentes interpretaciones posibles que pudieran darse a la normativa fiscal aplicable a las operaciones de la Sociedad, los resultados de futuras inspecciones a realizar por parte de las autoridades fiscales de los años pendientes de verificación, podrían poner de manifiesto en el futuro, pasivos fiscales de carácter contingente cuya cuantificación objetiva no es posible determinar en la actualidad. No obstante, en opinión de los Administradores de la Sociedad, las consecuencias que podrían derivarse, no deberían afectar significativamente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2012.</p>
<p class='parrafo'>Los pasivos por impuesto diferido reconocidos corresponden a la aplicación del tipo impositivo (30 %) a importes recibidos en concepto de subvenciones (de capital y de intereses de préstamo), y a los traspasos al resultado según corresponde.</p>
<p class='parrafo'>La planificación fiscal está condicionada a la vida útil de los activos.</p>
<p class='parrafo'>Su movimiento durante el presente ejercicio se muestra a continuación en miles de euros:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Saldo inicial</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>3.333</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>3.595</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Altas</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>318</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>57</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Traspasos</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(293)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(319)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Saldo final</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>3.358</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>3.333</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>La cuenta de pérdidas y ganancias «otros tributos» presenta el siguiente detalle en miles de euros:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Prorrata IVA</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(191)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(1.273)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Otros tributos</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(239)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(182)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Totales</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(430)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(1.455)</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='centro_cursiva'>11. Provisiones para impuestos</p>
<p class='parrafo_2'>El movimiento habido durante los ejercicios 2011 y 2012 en las cuentas de provisiones para impuestos ha sido el siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>Largo Plazo.</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Provisión para impuestos</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Saldo a 31/12/09</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>18.610</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Dotación para intereses</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>367</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Saldo a 31/12/10</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>18.977</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Dotación para intereses</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>366</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Reclasificación a corto plazo</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>-19.326</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Saldo a 31/12/11</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>17</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Excesos</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>-17</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Saldo a 31/12/12</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Corto Plazo.</p>
<p class='parrafo_2'>Los movimientos de la provisión para impuestos en 2012 se desglosan de la siguiente forma:</p>
<img/>
<p class='parrafo'>Entidad dominante.</p>
<p class='parrafo_2'>El importe principal de la provisión para impuestos corresponde a las actas de inspección que la Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Tributaria levantó en el año 2000, correspondientes al Impuesto sobre Sociedades (períodos 1994 a 1997) e Impuesto sobre el Valor Añadido (períodos 1995 a 1998), que fueron firmadas en disconformidad por la Entidad Pública. En el año 2001 se recibieron los correspondientes actos de liquidación tributaria del Inspector Jefe de la Oficina Nacional de Inspección, en los que se aceptaban en parte las alegaciones de la Entidad Pública, disminuyendo la deuda tributaria reclamada en 6.262 miles de euros. Asimismo se recibieron los acuerdos de imposición de sanciones por importe total de 5.154 miles de euros. Todas las actas y sanciones han sido objeto de presentación, en su caso, de las correspondientes reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal Económico Administrativo Central o de los recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional.</p>
<p class='parrafo'>Con fecha 5 de diciembre de 2005 la Audiencia Nacional dictó sentencia sobre el recurso correspondiente a IVA, anulando cuotas, sanciones e intereses por importe de 5.356 miles de euros. Dicha sentencia fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, quien no ha admitido a trámite parte del recurso, existiendo por tanto sentencia firme favorable a la Entidad por importe de 2.244 miles de euros. La provisión recoge los importes pendientes de resolución judicial por el Tribunal Supremo.</p>
<p class='parrafo'>Con fecha 30 de septiembre de 2011 el Tribunal Supremo dictó sentencia por las reclamaciones en materia de IVA estimando en parte el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 5 de diciembre de 2005.</p>
<p class='parrafo'>Con fecha 29 de septiembre de 2011 el Tribunal Supremo dictó sentencia por las reclamaciones en materia de Impuesto de Sociedades, desestimando el recurso de casación formulado por la Administración del Estado contra la sentencia dictada con fecha 12 de marzo de 2007 por la Audiencia Nacional. Adicionalmente en el fallo se estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por la entidad en el sentido de anular las sanciones interpuestas en los ejercicios 1996 y 1997.</p>
<p class='parrafo'>A 31 de diciembre de 2011 la entidad estaba pendiente de que la Agencia Tributaria ejecutase ambas sentencias, razón por la cual se traspasaron los saldos provisionados a corto plazo.</p>
<p class='parrafo'>Con fecha 16 de marzo de 2012, la Agencia Tributaria dictó Acuerdo de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo por las reclamaciones en materia de IVA. No estando conforme la Entidad con el citado Acuerdo, presentó reclamación ante la Oficina Técnica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que aceptó la reclamación, dictando una Resolución de Rectificación de errores al Acuerdo de Ejecución de sentencia por las reclamaciones en materia de IVA el 23 de abril de 2012, quedando fijada la cantidad a pagar en 2.711 miles de euros que fueron abonados en plazo.</p>
<p class='parrafo'>Con fecha 28 de marzo de 2012, la Agencia Tributaria dictó Acuerdo de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo por las reclamaciones en materia de Sociedades, quedando fijada la cantidad a pagar en 7.449 miles de euros que fueron abonados en plazo.</p>
<p class='parrafo'>Con fecha 17 de julio de 2012, la Agencia Tributaria dictó liquidación de intereses suspensivos por las reclamaciones en materia de Sociedades. No estando conforme la Entidad con la liquidación, presentó reclamación ante la Oficina Técnica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que aceptó la a reclamación, rectificando la anterior liquidación el 19 de julio de 2012, quedando fijada la cantidad a pagar en 4.443 miles de euros que fueron abonados en plazo.</p>
<p class='parrafo'>Con fecha 19 de septiembre de 2012, la Agencia Tributaria dictó liquidación de intereses suspensivos por las reclamaciones en materia de IVA, quedando fijada la cantidad a pagar en 1.573 miles de euros que fueron abonados en plazo.</p>
<p class='parrafo'>Adicionalmente se dio de baja con cargo a la provisión un derecho de cobro contemplado en la ejecución de la sentencia, por unas cantidades en materia de adquisiciones intracomunitarias por importe de 168 miles de euros.</p>
<p class='parrafo'>También se aplicaron, con cargo a la provisión, los gastos de defensa jurídica que han ascendido a 69 miles de euros.</p>
<p class='parrafo'>El resto del saldo de la provisión dotada, 3.245 miles de euros se ha contabilizado en la cuenta de resultados como exceso de provisión.</p>
<p class='parrafo'>Por lo que respecta a los 17 miles de euros que estaban dotados a largo plazo por un recurso cameral, la entidad ha considerado que estaban prescritos, habiendo procedido a darles de baja produciéndose, por tanto, un exceso de provisión por la misma cantidad.</p>
<p class='parrafo_2'>Entidad dependiente.</p>
<p class='parrafo_2'>Como se ha explicado en la nota 10, se ha contabilizado en este epígrafe la contrapartida a los gastos que se han generado como consecuencia de las actuaciones inspectoras en el impuesto sobre el valor añadido que han concluido con la firma de un acta de conformidad el 18 de enero de 2013.</p>
<p class='centro_cursiva'>12. Subvenciones</p>
<p class='parrafo_2'>12.1 Subvenciones de explotación.</p>
<p class='parrafo_2'>Las subvenciones de explotación devengadas en el ejercicio han sido las siguientes, en miles de euros:</p>
<img/>
<p class='parrafo'>La nota 9.2 c) I «Programas FEDER» recoge los desgloses e información detallada de estas subvenciones, cuyos criterios de valoración se detallan en las notas 4 h) y k)</p>
<p class='parrafo'>Por lo que respecta a los cambios significativos ocurridos en el ejercicio, cabe señalar lo siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>Por decisión de la Comisión Europea de 31 de octubre de 2012 se ha modificado la tasa de retorno del Programa Operativo de la Economía del Conocimiento, pasando del 70 al 80 %, esto ha hecho que la Entidad se haya reconocido como ingresos el 10 % adicional por todas las certificaciones de gasto presentadas desde el inicio del programa. La cifra reconocida como ingreso en la entidad dominante por este concepto y que a final de ejercicio estaba pendiente de cobro, y por tanto recogida en la partida de deudores asciende a 26.753 miles de euros.</p>
<p class='parrafo'>En algunos de estos programas FEDER la aportación nacional es cofinanciada por un tercero, en estos casos la entidad registra como ingreso la aportación del tercero. Al haber aumentado la tasa de retorno ha disminuido la tasa de cofinanciación nacional por lo que, en estos casos, los ingresos de terceros han disminuido en la misma cantidad en que han aumentado las Subvenciones de Explotación. El aumento de tasa correspondiente a los programas cofinancidos por terceros ha supuesto la cantidad de 14.872 miles de euros, cantidad que ha disminuido como importe de la cifra de negocio de la entidad dominante.</p>
<p class='parrafo'>Por tanto la cantidad neta que ha supuesto a la cuenta de resultados el aumento de la tasa de retorno del Programa Operativo de la Economía del Conocimiento ha sido 11.881 miles de euros.</p>
<p class='parrafo'>Igualmente por decisión de la Comisión Europea de 14 de febrero de 2012, se ha modificado el retorno de los Programas Regionales que gestiona la entidad en el marco del FEDER, concretamente se ha modificado la tasa de los programas regionales de Andalucía, Asturias, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Valencia, Murcia, Ceuta y Melilla, pasando en todos los casos del 70 al 80% de retorno. Esto ha hecho que la Entidad se haya reconocido como ingresos el 10% adicional por todas las certificaciones de gasto presentadas desde el inicio del programa. La cifra reconocida como ingreso en la entidad por este concepto y que a final de ejercicio ya había sido cobrada asciende a 1.074 miles de euros.</p>
<p class='parrafo'>Por lo que respecta al Fondo Tecnológico, también por decisión de Comisión Europea de 21 de diciembre de 2011, se modificó la tasa de retorno, pasando del 70 al 80 %, al ser la decisión del ejercicio anterior la Entidad dominante se ha reconocido los ingresos adicionales por todas las certificaciones presentadas desde el inicio del programa correspondientes a este aumento de tasa directamente contra el patrimonio, ascendiendo dichos ingresos a 553 miles de euros, que a cierre de ejercicio ya habían sido cobrados.</p>
<p class='parrafo_2'>12.2 Subvenciones de capital.</p>
<p class='parrafo_2'>Las subvenciones de capital no reintegrables que aparecen en el balance bajo este epígrafe se corresponden con el saldo de subvenciones recibidas para la financiación de diversos activos en los ejercicios 2005 a 201, así como por la parte de los intereses de préstamos existentes a tipo de interés cero, y que han sido considerado por el grupo como una subvención de capital.</p>
<p class='parrafo'>El detalle y movimientos de las subvenciones de capital se presentan en el siguiente cuadro, en miles de euros:</p>
<img/>
<p class='centro_cursiva'>13. Ingresos y gastos</p>
<p class='parrafo_2'>13.1 Cifra de negocios.</p>
<p class='parrafo_2'>La totalidad de la cifra de negocios del grupo se produce en territorio nacional.</p>
<p class='parrafo'>Las prestaciones de servicios corresponden a consultoría, asistencia técnica y gestión de programas de terceros, en el marco de los convenios firmados con otras administraciones públicas para el fomento de la Sociedad de la Información, así como de encomiendas de gestión de organismos de la Administración General del Estado, fundamentalmente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de quienes las entidades del grupo son consideradas medio propio.</p>
<p class='parrafo_2'>13.2 Servicios exteriores.</p>
<p class='parrafo_2'>Los servicios exteriores contratados por el Grupo están dedicados a las funciones asignadas en los estatutos de las entidades integrantes del grupo, siendo, en grandes epígrafes, las siguientes actividades desarrolladas:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Líneas de actividad</p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Educación</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>4.501</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>10.192</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ciudadanos</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>483</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>6.243</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Contexto digital (*)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>9.628</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Red Iris + Red Irisnova</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>30.973</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>34.372</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sanidad</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>20.775</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>26.459</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Administración electrónica</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>21.645</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>25.683</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Economía digital</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>8.138</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>6.822</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Seguridad y accesibilidad</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>4.282</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>5.740</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Otros</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>9.106</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>8.377</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>99.903</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>133.516</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>La línea de Actividad de Contexto Digital ha quedado englobada en 2012 dentro de la línea de Economía Digital</p>
<p class='parrafo_2'>13.3 Gastos de personal.</p>
<p class='parrafo_2'>No existen compromisos en materia de pensiones con el personal, por lo que la partida «Cargas sociales» de la cuenta de pérdidas y ganancias no incluye dotaciones para pensiones.</p>
<p class='parrafo'>El número medio de personas empleadas en el periodo por categorías ha sido:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='2'>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Número medio por categoría</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Directivos y técnicos</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>248</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>265</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Administrativos</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>40</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>38</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>288</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>303</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>El número de personas empleadas a 31 de diciembre de 2012 divididas por categoría y sexo era el siguiente:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td rowspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Categorías</p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>31.12.12</p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>31.12.11</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Mujeres</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Hombres</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Mujeres</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Hombres</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Directivos y técnicos</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>110</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>133</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>120</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>149</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Administrativos</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>27</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>13</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>26</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>12</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>137</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>146</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>146</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>161</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>En cuanto a la composición del Consejo de Administración de la entidad dominante a 31 de diciembre de 2012 estaba compuesto por 14 hombres y 3 mujeres</p>
<p class='parrafo_2'>13.4 Aportación de las entidades al resultado consolidado.</p>
<p class='parrafo_2'>En miles de euros:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Entidad Pública Empresarial Red.es</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>4.163</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(21.733)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>INTECO</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(8.063)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(7.062)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(3.900)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>(28.795)</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='centro_cursiva'>14. Información medioambiental</p>
<p class='parrafo_2'>No existen impactos medioambientales derivados de la actividad del grupo, dado que las instalaciones y equipos utilizados para la misma cumplen la normativa vigente en esta materia. La normativa medioambiental vigente, por tanto, no afecta de forma relevante a las actividades desarrolladas por el grupo, no existiendo por este motivo responsabilidades, gastos, ingresos, subvenciones, activos, provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. En consecuencia, no se incluyen desgloses específicos en estas cuentas anuales respecto a información sobre aspectos medioambientales.</p>
<p class='centro_cursiva'>15. Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio</p>
<p class='parrafo_2'>En el análisis de las operaciones realizadas con posterioridad al 31 de diciembre de 2012, y hasta la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales, no se han producido hechos significativos en la normal actividad.</p>
<p class='parrafo'>Con fecha 18/01/2013 se firmó el acta con acuerdo en referencia al IVA en la entidad dependiente INTECO y se hizo efectivo el pago con fecha 17/01/2013.</p>
<p class='parrafo'>En relación con la nota 5, el 26/02/2013 el Tribunal de Cuentas dicta auto acordando la incoación del procedimiento de reintegro por alcance para reclamar los posibles daños causados al patrimonio de la Sociedad filial INTECO derivados del presunto pago de unidades de obra que, a pesar de haber sido certificadas, no se han podido localizar.</p>
<p class='centro_cursiva'>16. Garantías comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes</p>
<p class='parrafo_2'>El grupo tiene, al 31 de diciembre de 2012, avales concedidos por entidades financieras ante terceros por los siguientes importes al cierre del ejercicio:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Avales</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>69.267</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>72.487</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>El grupo estima que los pasivos no previstos al 31 de diciembre de 2012 que pudieran originarse por los avales prestados, si los hubiera, no serían significativos.</p>
<p class='centro_cursiva'>17. Retribuciones y otras prestaciones al consejo de administración y alta dirección del grupo</p>
<p class='parrafo_2'>Durante el ejercicio 2012 el Grupo ha abonado en concepto de dietas a los miembros de los consejos de administración de las entidades que lo componen las siguientes cantidades:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Retribución del Consejo.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>218</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>72.487</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>En el mismo ejercicio, El Grupo ha abonado en concepto de sueldos y salarios al personal de alta dirección de las entidades que lo componen las siguientes cantidades, siendo el incremento producido por incorporación de personal a la alta dirección:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Retribución alta dirección.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>975</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1.008</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>Dentro de los 828 miles de euros de retribución de la alta dirección del año 2012 están incluidos 103 miles de euros de indemnizaciones, así como 162 miles de euros de Personal que no tiene una relación laboral de Alta Dirección sino que es Personal Estatutario.</p>
<p class='parrafo'>Al 31 de diciembre de 2012 la entidades que conforman el Grupo no habían concedido anticipos, préstamos, ni contraído, avales o garantías, compromisos en materia de fondos de pensiones, seguros de vida u otros similares, con respecto a los miembros de su consejos de administración ni de la alta dirección.</p>
<p class='parrafo'>Durante el ejercicio 2012 los miembros del consejo de administración y alta dirección no han realizado con la entidad dominante ni con sociedades del grupo operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de mercado.</p>
<p class='centro_cursiva'>18. Honorarios de Auditores</p>
<p class='parrafo_2'>Las cuentas anuales consolidadas del grupo son auditadas por la Intervención General de las Administraciones Públicas, no existiendo por tanto honorarios profesionales.</p>
<p class='centro_cursiva'>19. Información segmentada</p>
<p class='parrafo_2'>Las entidades que forman el grupo dedican su actividad al fomento de la sociedad de la información, por lo que no existen actividades segmentadas.</p>
</texto>
</documento>
|
Tue Jul 23 09:05:09 +0000 2013
|
Conforme a lo establecido en el artículo 136.4 de la Ley 7/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que en su apartado cuarto establece que «las entidades que deban aplicar principios contables públicos así como las restantes que no tengan obligación de publicar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil publicarán anualmente en el «Boletín Oficial del Estado» el balance de situación y la cuenta económico-patrimonial y un resumen de los restantes estados que conforman las cuentas anuales», se dispone la publicación de las cuentas anuales del Grupo Entidad Pública Empresarial Red.es, del ejercicio 2012 para su general conocimiento.
Madrid, 9 de julio de 2013.–El Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, Borja Adsuara Varela.
MEMORIA DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
1. Actividad del grupo Entidad Pública Empresarial Red.es
La Entidad Pública Empresarial Red.es (Entidad dominante) tiene su origen en el Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión, creado por el artículo 124 de la Ley 37/1988 con el objeto de prestar en régimen de monopolio el servicio de transporte y difusión de las señales de televisión, servicio que fue prestado hasta el mes de abril del año 2000.
La creación y regulación vigente de la Entidad Pública Empresarial Red.es, está recogida en la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones (declarada expresamente en vigor por la disposición derogatoria única de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre), en redacción dada por el artículo 55 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por el artículo 14.tres de la Ley 24/2001, y por la disposición final segunda y la disposición adicional sexta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico.
Red.es se configura como entidad pública empresarial, conforme a lo previsto en el artículo 43.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Se aprobó su Estatuto por el Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, siendo modificado posteriormente por el Real Decreto 1433/2008, de 29 de Agosto. Dicha entidad está adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la información.
Red.es está dotada de personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio. Constituye su objeto la gestión, administración y disposición de los bienes y derechos que integran su patrimonio, actuando conforme a criterios empresariales.
El artículo 55 de la Ley 14/2000, establece las principales funciones de la Entidad Pública:
a) La gestión del registro de los nombres y direcciones de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es), de acuerdo con la política de registros que se determine por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en la normativa correspondiente.
b) La participación en los órganos que coordinen la gestión de Registros de nombre y dominios de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), o la organización que en su caso la sustituya, así como el asesoramiento al Ministerio de Ciencia y Tecnología en el Comité Asesor Gubernamental de ICANN (GAC) y, en general cuando le sea solicitado, el asesoramiento a la Administración General del Estado en el resto de los organismos internacionales y, en particular, en la Unión Europea, en todos los temas de su competencia.
c) La de observatorio del sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información.
d) La elaboración de estudios e informes y, en general, el asesoramiento de la Administración General del Estado en todo lo relativo a la sociedad de la información, de conformidad con las instrucciones que dicte el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
e) El fomento y desarrollo de la Sociedad de la Información.
El artículo 80 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, modifica la disposición adicional 6.ª de la Ley 11/1998, General de Telecomunicaciones y el Real Decreto 164/2002, por el que se aprueba el Estatuto de Red.es, incorporando bajo la letra f) una nueva función de la Entidad:
f) Ofrecer a la comunidad académica y científica nacional una infraestructura básica de comunicaciones mediante servicios de red y servicios de aplicación a través de la Red IRIS.
El régimen de contratación, adquisición y enajenación de la Entidad se acomoda a las normas de derecho privado, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre de contratos del Sector Público.
El régimen patrimonial de la Entidad Pública se ajusta a las previsiones del artículo 56 de la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. No obstante, los actos de disposición y enajenación de los bienes que integran su patrimonio se regirán por el derecho privado. En especial, la Entidad podrá afectar sus activos, entre los que se encuentra el remanente al que hace referencia el artículo 6 del Real Decreto-Ley 16/1999, a las funciones de fomento y desarrollo de la Sociedad de la Información y a financiar transitoriamente el déficit de explotación que se derive del ejercicio del resto de las referidas funciones de la Entidad Pública.
La contratación del personal se ajusta al derecho laboral, conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 6/1997. El régimen presupuestario, el económico-financiero, el de contabilidad, el de intervención y el de control financiero, están sometidos a la Ley General Presupuestaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 y en la disposición transitoria tercera de la Ley 6/1997.
Los recursos económicos de Red.es podrán provenir de cualquiera de los enumerados en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley 6/1997. Entre los recursos económicos se incluye además la «Tasa por asignación del recurso limitado de nombres y direcciones de Internet» regulada por la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones en la redacción dada por el artículo 14.tres de la Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y por la disposición final segunda de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico.
La Entidad tiene su domicilio en la Pza. Manuel Gómez Moreno s/n de Madrid.
Red.es y su filial Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A. (INTECO), domiciliada en León, forman el Grupo Entidad Publica Empresarial Red.es, del cual es la entidad dominante.
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), es una sociedad mercantil estatal, que forma parte del sector público empresarial, conforme a lo establecido en el apartado c) del artículo 166.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAAPP).
Está participada al 100 % por la Entidad Pública Empresarial Red.es., adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y su creación fue aprobada en el Consejo de Ministros de 29 de abril de 2005, como instrumento para desarrollar la Sociedad del Conocimiento y el desarrollo tecnológico en la comunicación.
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A. está dotado de personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio. Constituye su objeto social la gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en el marco de la Sociedad de la Información. Tiene autonomía para la gestión, administración y disposición de los bienes y derechos que integran su patrimonio, actuando conforme a criterios empresariales.
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, como sociedad mercantil estatal con forma de sociedad anónima, se rige íntegramente por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y de contratación, según prevé el apartado 1 de la DA 12.ª de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE).
La Sociedad no forma parte de la Administración General del Estado y está sometida a derecho privado en sus relaciones jurídicas por tanto contrata personal conforme al derecho laboral.
La contratación de la Sociedad se rige por las disposiciones de la legislación de contratos del sector público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) previstas para los poderes adjudicadores.
La misión de INTECO es aportar valor e innovación a los ciudadanos, a las PYMES, a las Administraciones Públicas y al sector de las tecnologías de la información, a través del desarrollo de proyectos que contribuyan a reforzar la confianza en los servicios de la Sociedad de la Información en nuestro país, promoviendo además una línea de participación internacional.
Para ello, INTECO desarrolla actuaciones en las siguientes líneas:
• Seguridad Tecnológica: INTECO está comprometido con la promoción de servicios de la Sociedad de la Información cada vez más seguros, que protejan los datos personales de los interesados, su intimidad, la integridad de su información y eviten ataques que pongan en riesgo los servicios prestados. Y por supuesto que garanticen un cumplimiento estricto de la normativa legal en materia de TIC.
• Accesibilidad: INTECO promueve servicios de la Sociedad de la Información más accesibles, que supriman las barreras de exclusión, cualquiera que sea la dificultad o carencia técnica, formativa, etc., incluso discapacidad, que tengan sus usuarios. Y que faciliten la integración progresiva de todos los colectivos de usuarios, de modo que todos ellos puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece la Sociedad de la Información. Asimismo desarrolla proyectos en el ámbito de la accesibilidad orientados a garantizar el derecho de ciudadanos y empresas a relacionarse electrónicamente con las AAPP.
• Calidad TIC. INTECO promueve unos servicios de la Sociedad de la Información que cada vez sean de mayor calidad, que garanticen unos adecuados niveles de servicio, lo cual se traduce en una mayor robustez de aplicaciones y sistemas, un compromiso en la disponibilidad y los tiempos de respuesta, un adecuado soporte para los usuarios, una información precisa y clara sobre la evolución de las funcionalidades de los servicios, y en resumen, servicios cada vez mejores.
• Formación: La formación es un factor determinante para la atracción de talento y para la mejora de la competitividad de las empresas. Por ello, INTECO impulsa la formación de universitarios y profesionales en las tecnologías más demandadas por la industria.
Junto a las actuaciones de interés general desarrolladas anteriormente, INTECO desarrolla una línea de negocio basada en la prestación de servicios directamente relacionados con las materias de su especialidad (seguridad, accesibilidad y calidad TIC) principalmente derivados de su condición de medio propio de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
En el ejercicio 2012, INTECO, ha iniciado un proceso de focalización de su actividad, aún más, en temas de ciberseguridad, diseñando y elaborando un nuevo plan de actividades que fija como misión de la Sociedad reforzar la ciberseguridad, la confianza y la protección de la privacidad en los servicios de la Sociedad de la Información, aportando valor a ciudadanos, empresas, Administración, al sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones y sectores estratégicos en general.
El domicilio social de la Sociedad se encuentra ubicado en la calle José Aguado, número 41 de León.
2. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas
a) Imagen fiel.
Las cuentas anuales consolidadas adjuntas que han sido formuladas por el Presidente de la Entidad Pública Empresarial Red.es como entidad dominante, se han preparado a partir de los registros contables de las entidades que forman el grupo, realizando las clasificaciones oportunas para presentarlas de acuerdo con el Plan General de Contabilidad y habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del grupo, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. Las cuentas anuales adjuntas correspondientes al ejercicio 2011 se someterán a la aprobación del Consejo de Administración de la entidad dominante, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.
b) Principios contables.
Para la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han seguido los principios contables y normas de valoración generalmente aceptadas en España descritos en la Nota 4. No existe ningún principio contable obligatorio que, siendo significativo su efecto en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
La preparación de las cuentas anuales consolidadas exige el uso por parte del grupo de ciertas estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las actuales circunstancias.
d) Comparación de la información.
A fin de facilitar la comparación de la información con las cifras del presente ejercicio, se han adaptado las cifras del ejercicio precedente. La adaptación afecta a clasificación del activo corriente por haber llevado a Deudores varios una partida pendiente de liquidar por el Tesoro Público que en el ejercicio precedente se contabilizó en el epígrafe de Administraciones Públicas y al pasivo corriente por haber llevado a periodificaciones a corto plazo los anticipos recibidos para el registro de dominios del año siguiente que en el ejercicio precedente estaban en anticipos de clientes, por lo que no afecta al resultado, patrimonio neto o total de activos y pasivos.
Las cifras del presente ejercicio contenidas en estas cuentas anuales son, por tanto, perfectamente comparables con las del ejercicio anterior.
e) Corrección de errores.
Por decisión de la Comisión Europea de 21 de diciembre de 2011, se modificó la tasa de retorno del Fondo Tecnológico que dentro del marco de Fondos Feder gestiona la Entidad, pasando ésta del 70 al 80 %, la Entidad, por error, no se reconoció en el ejercicio 2011 los ingresos adicionales por todas las certificaciones presentadas desde el inicio del programa correspondientes a este aumento de tasa que ascendian a 553 miles de euros, habiéndolo hecho en 2012, razón por la cual estos ingresos se han contabilizado directamente contra el patrimonio.
3. Distribución del resultado de la entidad dominante
Se propondrá al Consejo de Administración la aprobación de la siguiente distribución del resultado del ejercicio de la entidad dominante:
Base de reparto
Miles de euros
Resultado del ejercicio
(3.900)
Otras aportaciones de socios
4.000
Total
100
Aplicación
Miles de euros
Reservas voluntarias
100
Total
100
4. Normas de registro y valoración
Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011, de acuerdo con las establecidas por las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, han sido las siguientes:
a) Criterios de consolidación.
Las cuentas anuales de la entidad dependiente (INTECO) se han consolidado con las de la entidad dominante por aplicación del método de integración global, al ser su participación del 100 % de su capital social. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones efectuadas entre las entidades consolidadas, así como los resultados por operaciones intergrupo han sido eliminados en el proceso de consolidación.
b) Homogeneización de partidas.
Las partidas de las cuentas individuales de las entidades incluidas en el perímetro de consolidación han sido homogeneizadas, en caso necesario, de acuerdo con los criterios empleados para la elaboración de las cuentas anuales de la entidad dominante.
c) Inmovilizaciones intangible.
Corresponde principalmente a aplicaciones informáticas. Estos activos se encuentran valorados a su coste de adquisición a terceros.
Es criterio del grupo amortizarlos linealmente en función de las vidas útiles estimadas que se detallan a continuación:
Años de vida útil estimada
Patentes y marcas comerciales
10
Aplicaciones Informáticas
3-4
d) Inmovilizado material.
El grupo valora su inmovilizado material por su precio de adquisición, recogiendo en su caso los gastos producidos hasta su puesta en marcha. Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.
Los gastos de conservación y mantenimiento se registran con cargo a los resultados del ejercicio en que se incurren.
El grupo amortiza su inmovilizado material, con excepción de los terrenos, siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada según el siguiente detalle:
Años de vida útil estimada
Construcciones
25-50
Otras Instalaciones
8-13
Equipos para proceso de información
4
Mobiliario
10
Elementos de transporte
7
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias.
e) Inversiones inmobiliarias.
La Entidad ha clasificado como inversiones inmobiliarias aquellas arrendadas a terceros. Los criterios de valoración aplicados a las mismas son idénticos a los aplicados a las construcciones.
f) Activos financieros.
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en «Créditos a empresas» y «Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar» en el balance.
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
g) Débitos y partidas a pagar.
Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que se tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
h) Subvenciones recibidas.
Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención.
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará.
En el caso de subvenciones concedidas para financiar gastos específicos de ejecución plurianual, como los programas FEDER, la subvención se considera no reintegrable en proporción al gasto ejecutado elegible, siempre que no existan dudas razonables de que se concluirá su ejecución en los términos fijados en las condiciones del otorgamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la O.M. EHA/733/2010, de 25 de marzo, en su disposición adicional única apartado 2 c).
Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al momento de su reconocimiento.
Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos y las concedidas para compensar déficit de explotación en el ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan a compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios.
Las subvenciones no reintegrables procedentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información para actividades de interés público y que no se corresponden con un proyecto o encargo concreto se registran directamente como fondos propios.
i) Provisión para impuestos.
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido.
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto.
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias.
Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en dependientes, asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que el grupo puede controlar el momento de reversión de las diferencias temporarias y además es probable que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible.
La Entidad dominante forma Grupo Fiscal Consolidado con su filial Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A.
Siguiendo el principio de prudencia, el grupo no ha reconocido créditos fiscales por las bases imponibles negativas generadas hasta la fecha.
j) Provisiones y pasivos contingentes.
Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se reconocen cuando el grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable. Las provisiones por reestructuración incluyen sanciones por cancelación del arrendamiento y pagos por despido a los empleados. No se reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando.
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se descuentan.
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente segura su recepción.
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros independientes de la voluntad del grupo. Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la memoria.
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su artículo 2, apartado 1, establece para el año 2012 la supresión tanto de la paga extraordinaria del mes de diciembre como de la paga adicional de complemento específico o pagas equivalentes de dicho mes para el personal del sector público definido en el artículo 22.1 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales. Las dos entidades que forman el grupo acuerdo con el artículo 22.1 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, han aplicado lo dispuesto en el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio.
En relación a lo dispuesto en el apartado 4 del citado artículo, en cuanto a futuras aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de la jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los Administradores de la entidades que forman el Grupo consideran que en el momento actual no existe una obligación presente por lo que no procede dotar una provisión en relación con las aportaciones mencionadas en el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto 20/2012, de 13 de julio.
k) Reconocimiento de ingresos.
Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades del grupo, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido.
El grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. No se considera que se pueda valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. El grupo basa sus estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos concretos de cada acuerdo.
Los importes cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se registran como subvenciones de explotación no reintegrables en proporción al gasto ejecutado elegible que cumple los requisitos de la normativa comunitaria y, específicamente, del Programa Operativo correspondiente, tal como se explica en la nota h) de este mismo apartado.
El grupo presta servicios derivados de gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en el marco de la Sociedad de la Información. Estos servicios se suministran sobre la base de una fecha y material concreto o bien como contrato a precio fijo.
Los ingresos de contratos de fecha y material concretos, habitualmente derivados de la prestación de servicios derivados de encomiendas de gestión realizadas por la Administración General del Estado, se reconocen a las tarifas estipuladas en el contrato a medida que se realizan los trabajos y se incurre en los gastos directos.
Los ingresos derivados de contratos a precio fijo por prestaciones de servicios se reconocen siguiendo las indicaciones del contrato.
Si surgieran circunstancias que modificaran las estimaciones iniciales de ingresos ordinarios, costes o grado de avance, se procede a revisar dichas estimaciones. Las revisiones podrían dar lugar a aumentos o disminuciones en los ingresos y costes estimados y se reflejan en la cuenta de resultados en el periodo en el que las circunstancias que han motivado dichas revisiones son conocidas por la dirección.
l) Transacciones en moneda extranjera.
Las cuentas anuales consolidada se presentan en euros, que es la moneda de presentación y funcional de la Entidad dominante.
Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como disponibles para la venta son analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios en el coste amortizado del título y otros cambios en el valor contable del título. Las diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el valor contable se reconocen en el patrimonio neto.
Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable. Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio clasificados como activos financieros disponibles para la venta, se incluyen en el patrimonio neto.
m) Planes de pensiones y otras obligaciones con el personal.
El grupo no tiene establecido un plan de pensiones para sus empleados, estando cubiertas todas sus obligaciones al respecto por la Seguridad Social del Estado.
5. Inmovilizado material
El movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones, ha sido el siguiente:
La Entidad tiene en propiedad diversas plantas del Edifico Bronce en Madrid, cuyo coste de adquisición asciende a un total de 37.686 miles de euros, de los que 17.990 miles corresponden a la repercusión del suelo, 16.650 miles de euros están registrados en «construcciones» y 3.046 miles de euros en la partida de «otras instalaciones». La parte dedicada a la explotación de la entidad se refleja en el cuadro adjunto. El resto, destinado al arrendamiento a terceros, se encuentra clasificado como inversiones inmobiliarias dentro del balance de situación.
La filial INTECO tiene en propiedad un edifico en León, cuyo coste de adquisición asciende a un total de 17.862 miles de euros €, de los cuales 1.103 corresponden al valor del terreno, 10.728 están registrados en «construcciones» y 6.031 en la partida «otras instalaciones».
En las adiciones o dataciones de inmovilizado material registradas en 2012, se encuentra una regularización de los bienes de inversión incluida en el acta con acuerdo firmada por la filial INTECO con la Agencia Tributaria, explicada en la nota 10, cuyo importe total asciende a 405 miles de euros.
En el ejercicio 2011, la Intervención General de la Administración del Estado emitió el informe correspondiente a la auditoría operativa y de cumplimiento llevada a cabo en el año 2008 en la Sociedad filial INTECO. Del examen de los ejercicios 2006, 2007 y parte del 2008, resultaron dos tipos de actuaciones: la primera, un informe especial que se refiere exclusivamente a la construcción del edificio que se llevó a cabo en 2007-2008. La Intervención solicita una mayor justificación técnica del incremento de la cantidad certificada y liquidada respecto al presupuesto del proyecto inicial, y llevar a cabo mediciones y comprobaciones de unidades de obra, para determinar si, en su caso, se hubiera producido un daño patrimonial a la Sociedad filial INTECO. En el ejercicio 2012, la Intervención General de la Administración del Estado eleva las actuaciones al Tribunal de Cuentas para su oportuna fiscalización. El Tribunal de Cuentas nombra instructor y abre diligencias preliminares para examinar la posible existencia de un supuesto de responsabilidad por alcance por los daños causados al patrimonio de la Sociedad filial INTECO. En las mismas, la Sociedad filial INTECO aporta al expediente la documentación requerida y finalmente el Tribunal dicta Auto al que se refiere la nota 15. En segundo lugar en cuanto al Informe general de recomendaciones, la Sociedad ha modificado sus procedimientos e implementado las medidas necesarias para proceder a su cumplimiento.
La política del grupo es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material.
6. Inversiones inmobiliarias
El movimiento habido en el ejercicio 2012, en las diferentes cuentas de inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente:
Como se expresa en la nota 5, La Entidad tiene en propiedad diversas plantas del Edifico Bronce en Madrid, destinado principalmente a la explotación. El resto, destinado al arrendamiento a terceros, se encuentra clasificado como inversiones inmobiliarias dentro del balance de situación. El coste de adquisición correspondiente a la inversión inmobiliaria en el mismo asciende a los siguientes importes:
– Terreno: 135 miles de euros.
– Construcciones: 125 miles de euros
La Entidad también tiene en propiedad un edificio en Sevilla, antiguo pabellón de Retevisión en la Exposición Universal de 1992. El coste de adquisición del edificio es de 7.862 miles de euros, estando registrado su importe en la cuenta de «construcciones».
7. Inmovilizado intangible
El movimiento habido en el ejercicio 2012, en las diferentes cuentas de inmovilizado intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente:
8. Arrendamientos
Los arrendamientos que posee el grupo se clasifican como operativos puesto que se trata de acuerdos mediante los cuales el arrendador conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de percibir una serie de pagos o cuotas, sin que se trate de un arrendamiento financiero.
Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos son considerados como ingresos y gastos del ejercicio en el que los mismos se devengan, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias.
Como se explica en la nota 5, el grupo es arrendador de locales para oficinas, con contratos de carácter anual renovables. Los cobros futuros no cancelables, esto es, sin considerar las previsibles prórrogas ascienden a las siguientes cantidades:
Miles de euros
2012
2011
Hasta un año
367
619
Entre uno y cinco años
2
69
Más de cinco años
0
Por otro lado, el grupo es arrendatario de oficinas. Los pagos futuros no cancelables, esto es, sin considerar las previsibles prórrogas ascienden a los siguientes importes:
Miles de euros
2012
2011
Hasta un año
15
15
Entre uno y cinco años
0
Más de cinco años
0
9. Instrumentos financieros
9.1 Consideraciones generales.
La información que se presenta en esta nota corresponde a los instrumentos financieros incluidos en el alcance de la norma de registro y valoración novena del Plan General de Contabilidad.
9.2 Información relacionada con el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias consolidados.
a) Categoría de activos y pasivos financieros.
El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma de registro y valoración de «Instrumentos financieros es el siguiente:
b) Clasificación por vencimientos.
Todos los instrumentos financieros recogidos como activos y pasivos corrientes en el balance de situación tienen vencimiento inferior al año.
Los instrumentos financieros recogidos como Créditos a largo plazo en el activo tienen su vencimiento en 2018 y corresponden a préstamos concedidos por la entidad dominante a fondos de capital riesgo dentro del programa emprendedores que desarrolla para fomentar inversiones en empresas de base tecnológica del sector TIC.
El detalle de los mismos es el siguiente:
Miles de euros
2012
2011
Principal
2.400
2.400
Intereses devengados
165
26
Total
2.565
2.426
Los instrumentos financieros recogidos como Débitos y partidas a pagar a largo plazo en el pasivo tienen su vencimiento en 2019 y corresponden a préstamos concedidos a la entidad dominante por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información para a su vez prestar a fondos de capital riesgo dentro del programa emprendedores que desarrolla para fomentar inversiones en empresas de base tecnológica del sector TIC.
El detalle de los mismos es el siguiente:
Miles de euros
2012
2011
Principal
2.400
2.400
Intereses devengados
156
22
Total
2.556
2.422
Con fecha 26 de febrero de 2008, INTECO firmó un convenio de colaboración con la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el que se le concede un préstamo nominativo por importe de 14.000.000 de euros para la financiación de determinadas fases de la construcción y acondicionamiento del edificio que constituye la sede social de la sociedad. En 2009 se realizó un reintegro parcial del préstamo, quedando el principal en 13.151 miles de euros. La amortización del préstamo, que no devenga intereses, comenzará en el año 2012, y durante quince años se amortizará por cuotas iguales de 877 miles de euros cada año.
La contabilización del préstamo a su coste amortizado se ha realizado teniendo en cuenta el tipo de interés de referencia Euribor a 12 meses medio a la firma de del convenio (4,35 %) incrementado con un diferencial del 1 %, obteniéndose así el valor actual de la deuda.
Vencimiento
Miles de euros
Intereses implícitos
Coste amortizado
Corto plazo
2013
877
432
445
Largo plazo
2014-2026
11.398
3.778
7.620
Total
12.275
4.210
8.065
Los intereses implícitos pendientes de este préstamo han sido recogidos como subvenciones de capital, una vez descontado el efecto impositivo correspondiente.
Los saldos correspondientes a este préstamo recogidos en las cuentas anuales se relacionan a continuación:
Miles de euros
2012
2011
Balance
Subvenciones de capital
2.621
2.859
Balance
Pasivos por impuesto diferido
1.123
1.226
Balance
Deudas a largo plazo
7.952
8.369
Balance
Otras deudas a corto plazo
877
877
P y G
Imputación de subvenciones
1.479
1.138
P y G
Gastos financieros
(1.777)
(1.318)
Total
12.275
13.151
c) Deudores y calidad crediticia.
El saldo de clientes, ascendente a 5.830 miles de euros, corresponde fundamentalmente a Administraciones Públicas por prestaciones de servicios.
La cuenta de «deudores varios» presenta el siguiente desglose:
Miles de euros
2012
2011
FEDER
78.755
66.549
Transferencias presupuestos 2010
48.019
129.070
Transferencias presupuestos 2011
99.109
131.220
Transferencias presupuestos 2012
29.705
Otras subvenciones
157
210
Otros deudores
548
6.212
Total
256.293
333.261
I. Programas FEDER.
La Entidad dominante es organismo intermedio de Programas FEDER, teniendo asignada la ejecución de diversos programas de actuación plurianual por parte de este organismo comunitario. La finalidad de las aportaciones FEDER es la cofinanciación comunitaria de medidas destinadas a promover el acceso a infraestructuras y servicios digitales en Regiones Objetivo FEDER.
Tal como se explica en las Normas de Registro y Valoración, notas 4 h) y k), los importes recibidos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se registran como subvenciones de explotación no reintegrables en proporción al gasto ejecutado elegible que cumple los requisitos de la normativa comunitaria y, específicamente, del Programa Operativo correspondiente.
La Entidad dominante estima que ha cumplido todas las condiciones asociadas a dichas subvenciones, en especial la calificación de los gastos como elegibles y las condiciones de los Reglamentos CE 1828/2006 y 1083/2006.
El desglose por programas y situación de la cuenta a cobrar al FEDER se desglosa en el siguiente cuadro:
Miles de euros
2012
Certificado
Pendiente certificar
Total ayuda
POSI
0
0
0
POEC
62.856
11.473
74.329
P.O. Regionales
1.071
1.001
2.072
Fondo tecnológico
1.688
297
1.985
POAT
337
32
369
Total
65.952
12.803
78.755
Los importes reconocidos son elegibles en el marco de las actuaciones aprobadas por la Comisión Europea en los correspondientes Programas Operativos, y en concreto, conforme al artículo 56 del Reglamento 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, en base a las Normas sobre los gastos subvencionables de los Programas Operativos financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión, y a los Criterios de Selección aprobados por la Comisión Europea.
Para los importes certificados se ha realizado la solicitud de reembolso ante la Autoridad Nacional de Gestión (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). Sobre los importes pendientes de certificar, la tramitación de la solicitud de reembolso de dichos gastos se encuentra en proceso al cierre del ejercicio, realizándose las tareas previas a la mencionada solicitud: pagos a proveedores, verificaciones del artículo 13 del Reglamento 1083/2006, incluyendo verificaciones sobre el terreno, y las tareas de adaptación de la información para su carga en la herramienta Fondos 2007 habilitada para generar las solicitudes de reembolso.
Por decisión de la Comisión Europea de 31 de octubre de 2012 se ha modificado la tasa de retorno del Programa Operativo de la Economía del Conocimiento, pasando del 70 al 80 % esto ha hecho que la Entidad se haya reconocido como ingresos el 10 % adicional por todas las certificaciones de gasto presentadas desde el inicio del programa. La cifra reconocida como ingreso por este concepto y que a final de ejercicio estaba pendiente de cobro, y por tanto recogida en la partida de deudores asciende a 26.753 miles de euros.
Igualmente por decisión de la Comisión Europea de 14 de febrero de 2012, se ha modificado el retorno de los Programas Regionales que gestiona la entidad en el marco del FEDER, concretamente se ha modificado la tasa de los programas regionales de Andalucía, Asturias, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Valencia, Murcia, Ceuta y Melilla, pasando en todos los casos del 70 al 80% de retorno. Esto ha hecho que la Entidad se haya reconocido como ingresos el 10% adicional por todas las certificaciones de gasto presentadas desde el inicio del programa. La cifra reconocida como ingreso por este concepto y que a final de ejercicio ya había sido cobrada asciende a 1.074 miles de euros.
Por lo que respecta al Fondo Tecnológico, también por decisión de Comisión Europea de 21 de diciembre de 2011, se modificó la tasa de retorno, pasando del 70 al 80 %, al ser la decisión del ejercicio anterior la Entidad se ha reconocido los ingresos adicionales por todas las certificaciones presentadas desde el inicio del programa correspondientes a este aumento de tasa directamente contra el patrimonio, ascendiendo dichos ingresos a 553 miles de euros, que a cierre de ejercicio ya habían sido cobrados.
A continuación se detalla la composición de los importes pendientes de certificar según nomenclatura de los PO y tema prioritario, indicando el programa concreto y descripción del mismo:
II. Transferencias Presupuestos Generales 2010, 2011 y 2012.
Corresponden a consignaciones nominativas de Presupuestos Generales del Estado 2010, 2011 y 2012 a favor del Grupo y pendientes de ingreso por el Tesoro.
d) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
El saldo de Tesorería al cierre del ejercicio corresponde a depósitos bancarios con vencimientos inferiores a tres meses y cuentas a la vista, con remuneración referenciada al Euribor. El grupo mantiene los depósitos en entidades con calificación crediticia «BB» o superior, con la sola excepción de cuentas operativas para operaciones puntuales que no mantienen en el tiempo saldos significativos.
Miles de euros
2012
2011
Bancos AA
67.561
Bancos A
67.945
Bancos BBB
19.651
37.942
Bancos BB
166.254
Otros
3.718
Total
189.623
175.769
Las colocaciones de tesorería en depósitos y cuentas corrientes remuneradas ha supuesto un rendimiento financiero en el ejercicio ascendente a 6.355 miles de euros, según se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
9.3 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo de instrumentos financieros.
9.3.1 Información cualitativa: Factores del riesgo financiero.
Las actividades del grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. Los programas de gestión del riesgo global de la entidad dominante y su filial se centran en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad financiera. El grupo no emplea derivados para cubrir riesgos.
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento de Económico-Financiero de la entidad dominante que identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo de Administración.
a) Riesgo de mercado.
Riesgo de tipo de cambio.
El grupo no opera en el ámbito internacional y, por tanto, no está expuesta a riesgo de tipo de cambio por operaciones con divisas. Eventualmente se realiza alguna operación con divisas pero se trata de adquisiciones puntuales de algún material o servicio determinado que no suponen riesgo.
Riesgo de precio.
El grupo no está expuesto al riesgo del precio de los títulos de capital debido a que no posee inversiones clasificadas en el balance como disponibles para la venta o a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable.
Dada la naturaleza del grupo es prudente en las inversiones a realizar. Los ingresos y los flujos de efectivo de sus actividades de explotación son bastante independientes respecto de las variaciones en los tipos de interés de mercado. Por otro lado, los recursos ajenos a largo plazo que posee en la actualidad son a tipo de interés cero.
b) Riesgo de crédito.
El riesgo de crédito se gestiona por grupos. Surge de efectivo y equivalentes al efectivo, así como de clientes mayoristas, minoristas y administraciones públicas, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas.
En relación con los bancos e instituciones financieras, el grupo solo mantiene saldos significativos con entidades a las que se ha calificado de forma independiente con una categoría mínima de rating «BB». A los clientes mayoristas se les ha calificado según la calidad crediticia, teniendo en cuenta su posición financiera, la experiencia pasada y otros factores. Los límites individuales de crédito se establecen en función de las calificaciones internas. Las ventas a los clientes minoristas se liquidan mediante transferencia bancaria por anticipado.
c) Riesgo de liquidez.
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado. El Departamento de Económico-Financiero de la entidad dominante tiene como objetivo mantener la disponibilidad de los fondos.
Se realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez del grupo (que comprende el efectivo y equivalentes al efectivo) en función de los flujos de efectivo esperados.
9.3.2 Información cuantitativa del riesgo financiero.
El grupo tiene consignados para el ejercicio 2013 en Presupuestos Generales del Estado las siguientes cantidades para su actividad en el siguiente ejercicio, en miles de euros:
Aportación patrimonial
113.687
Transferencias de capital
7.000
Transferencias corrientes
750
Por otro lado tiene al cierre del ejercicio anticipos para la ejecución de programas y encomiendas por importe de 80.428 miles de euros.
Adicionalmente la senda mínima asignada en los programas FEDER para el ejercicio 2012 supone ayudas por importe mínimo de 33.454 miles de euros
El grupo tiene asegurada, por tanto, la financiación de la actividad a desarrollar en el siguiente ejercicio.
9.4 Fondos Propios.
La cuenta de Patrimonio recoge el valor neto del conjunto de bienes, derechos y obligaciones transferidos desde el Ente Público RTVE a la Entidad Pública Red.es (entonces denominada Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión) en el momento de su constitución, así como las correcciones valorativas posteriores, surgidas como consecuencia del análisis individualizado de los derechos y obligaciones transferidos en el momento de la constitución de la Entidad Pública dominante.
El movimiento habido en las cuentas de «Fondos propios» consolidados en el ejercicio de 2012 ha sido el siguiente:
Las aportaciones de socios corresponden a transferencias nominativas consignadas a la Entidad en Presupuestos Generales del Estado 2012 por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Tal y como se explica en la nota 4 h), al tener su destino actividades de interés público y que no se corresponden con un proyecto o encargo concreto se registran directamente como fondos propios.
De las reservas en sociedades consolidadas, 420 miles de euros corresponden a reservas de libre disposición y 85 miles de euros a reservas legales.
9.5 Deudas a largo plazo.
El detalle de las deudas a largo es el siguiente:
Miles de euros
2012
2011
Anticipo FEDER
33.620
33.620
Préstamos a largo plazo
10.508
10.787
Fianzas
12
14
Total
44.140
44.421
Se contabilizan a largo plazo los préstamos concedidos con vencimiento en 2018 que se han concedido por la entidad dominante a fondos de capital riesgo en el marco del programa emprendedores, así como las obligaciones derivadas del préstamo recibido por la entidad dependiente en los términos que se ha explicado en la nota 9.2b.
También se contabilizan a largo plazo los anticipos recibidos de FEDER que se transformarán en subvenciones cuando la entidad certifique los gastos que darán origen a la misma y cuya ejecución se prevé que se haga a más de un año.
9.6 Deudas a corto plazo.
El detalle de deudas a corto plazo en miles de euros es el siguiente:
Miles de euros
2012
2011
Depósitos y fianzas a corto plazo
469
403
Anticipos reintegrables programa RedIRIS Nova
0
35.947
Otras deudas
1.421
2.089
Total
1.890
38.439
9.7 Periodificaciones a largo plazo.
Se contabilizan en este epígrafe los anticipos de dominios pagados por los clientes para años posteriores a 2013.
9.8 Acreedores comerciales.
El importe de anticipos recibidos se corresponde al siguiente detalle:
Miles de euros
2012
2011
Anticipo Encomiendas
13.016
13.208
Anticipo Programas
67.412
62.451
Total
80.428
75.659
Los anticipos de encomiendas se corresponden a encomiendas de gestión de la Administración General del Estado.
Los anticipos de programas corresponden a convenios con organismos públicos para la ejecución de programas de Sociedad de la Información.
En ambos casos, las cantidades percibidas por el Grupo se imputan a resultados en función de los gastos incurridos en su realización, quedándose en el pasivo la parte no ejecutada a la fecha del balance.
La cifra de Proveedores corresponde a operaciones del tráfico habitual del Grupo. Del saldo pendiente de pago al cierre, ascendente a 20.900 miles de euros, 121 miles de euros superaba el plazo legal de pago establecido en 40 días para el año 2012 en el caso de la entidad dominante, en la Ley 15/2010 de 5 de julio, debido a documentación pendiente de entrega por los proveedores.
Información sobre aplazamientos de pagos efectuados a proveedores. D.A 3ª «Deber de información» de la Ley 15/201, de 5 de julio.
El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizadas durante el ejercicio y pendientes de pago en cada una de las entidades al cierre en relación con los plazos máximos legales previstos en la Ley 15/2010 es el siguiente:
RED.ES
Miles de euros
2012
2011
Importe
Porcentaje
Importe
Porcentaje
Dentro del plazo máximo legal
109.588
88
98.812
76
Resto
14.567
12
31.841
24
Total de pagos del ejercicio
124.155
100
130.653
100
PMPE (días)
26
38
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal
121
903
INTECO
Miles de euros
2012
2011
Importe
Porcentaje
Importe
Porcentaje
Dentro del plazo máximo legal
6.478
99
6.176
99
Resto
91
1
39
1
Total de pagos del ejercicio
6.569
100
6.215
100
PMPE (días)
21
21
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal
0
903
9.9 Personal.
El saldo al cierre del ejercicio corresponde a remuneraciones pendientes de pago.
No existen compromisos en materia de pensiones con el personal.
9.10 Periodificaciones a corto plazo.
Se contabilizan en este epígrafe los anticipos de dominios pagados por los clientes para el año 2013.
10. Situación fiscal
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2012 es como sigue:
Miles de euros
2012
2011
Resultado del ejercicio antes de impuestos
(3.900)
(28.795)
Diferencias permanentes
496
117
Diferencias temporarias con origen en el ejercicio
7
7
Base Imponible
(3.397)
(28.671)
A compensar en el Grupo Fiscal en el ejercicio
Base Imponible a compensar en futuros
(3.397)
(28.671)
Las diferencias permanentes corresponden fundamentalmente a patrocinios y donaciones a entidades sin ánimo de lucro.
Al cierre del ejercicio, existen bases imponibles negativas en el grupo pendientes de compensar por:
Ejercicio
Miles de euros
2007
(93.268)
2008
(61.387)
2009
(67.411)
2010
(43.681)
2011
(3.397)
2012
(3.397)
Total Bases Imponibles negativas.
(272.541)
El grupo podrá compensar los anteriores importes con bases imponibles positivas durante los 15 años posteriores a su generación. Las bases imponibles anteriores a la formación del Grupo Fiscal (2007) deberán ser compensadas con bases imponibles positivas generadas individualmente por la entidad dominante. Las posteriores podrán ser compensadas con bases imponibles positivas generadas por el Grupo Fiscal.
Siguiendo el principio de prudencia, el grupo no ha reconocido créditos fiscales por las bases imponibles negativas generadas hasta la fecha, al no estar razonablemente asegurada su realización futura.
El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas a 31 de diciembre, es el siguiente, en miles de euros:
Miles de euros
2012
2011
Deudor
Acreedor
Deudor
Acreedor
IVA
262
18
1.000
Impuesto sobre Sociedades
2.285
1.765
IRPF
363
415
Subvenciones
Devolución de IVA por actas de inspección
500
Seguridad Social
201
314
Totales
2.547
582
3.265
729
La entidad dominante tiene abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios para los impuestos que le sean aplicables. No se espera que se pudieran devengar pasivos adicionales de consideración como consecuencia de una posible inspección de dichos ejercicios pendientes.
La Agencia tributaria ha concluido las actuaciones inspectoras en el impuesto sobre el valor añadido del ejercicio 2009 al 2010, posteriormente ampliadas hasta el 2011 en la sociedad dependiente INTECO. Dichas actuaciones inspectoras han concluido con la firma el 18 de enero de 2013 de un acta con acuerdo.
El acuerdo alcanzado considera que la sociedad realiza actividades de carácter empresarial, plenamente sujetas y no exentas al IVA junto con otras actividades que no tienen carácter empresarial y que por lo tanto, no estarían sujetas a dicho impuesto. La Agencia Tributaria ha considerado que la sociedad debe clasificar cada uno de los bienes y servicios recibidos en función de la actividad a la que se han aplicado distinguiendo al menos estos grupos: los que se han utilizado solo a las actividades no sujetas, aquellos utilizados a las actividades sujetas y no exentas del impuesto, y aquellos que han sido utilizados en ambos tipos de actividades.
La estimación del porcentaje de aplicación de los recursos a las actividades económicas se ha realizado a partir del análisis de los medios de producción más relevantes de la sociedad. El activo más revelador es el inmueble en que se realiza estas actividades. Un vez analizado y junto con la ubicación del personal y los recursos se acuerda que se utiliza un 60 % en actividades empresariales y un 40 % en actividades no empresariales. Una vez convenido el porcentaje de deducción de las cuotas soportadas debe aplicarse como prorrata de la forma que se establece en la Ley del Impuesto.
La sociedad atendiendo a los nuevos criterios de valoración aplicados, puestos de manifiesto tras las conclusiones de la inspección, ha modificado las estimaciones establecidas para los ejercicios pasados y aún sujetos a inspección, siendo el impacto registrado por cada uno de los ejercicios:
Miles de euros
–
2012
Regularización año 2009
881
Regularización año 2010
373
Regularización año 2011
(52)
Intereses de demora
176
Totales
1.378
La sociedad ha concluido que el resultado de las actuaciones inspectoras, debe ser considerado como un cambio en las estimaciones contables conforme a lo establecido en el Plan General Contable «Políticas Contables, cambios en las estimaciones contables y errores contables», procediendo al registro de dichos impactos en la cuenta de resultados del ejercicio 2012.
Para el ejercicio 2012, en el ámbito de la gestión tributaria las cuentas incluyen la aplicación de una prorrata general de IVA deducible del 60 %.
Tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios del resto de impuestos que le son aplicables. No se espera que se pudieran devengar pasivos adicionales de consideración como consecuencia de una posible inspección de dichos ejercicios pendientes.
Debido a las diferentes interpretaciones posibles que pudieran darse a la normativa fiscal aplicable a las operaciones de la Sociedad, los resultados de futuras inspecciones a realizar por parte de las autoridades fiscales de los años pendientes de verificación, podrían poner de manifiesto en el futuro, pasivos fiscales de carácter contingente cuya cuantificación objetiva no es posible determinar en la actualidad. No obstante, en opinión de los Administradores de la Sociedad, las consecuencias que podrían derivarse, no deberían afectar significativamente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2012.
Los pasivos por impuesto diferido reconocidos corresponden a la aplicación del tipo impositivo (30 %) a importes recibidos en concepto de subvenciones (de capital y de intereses de préstamo), y a los traspasos al resultado según corresponde.
La planificación fiscal está condicionada a la vida útil de los activos.
Su movimiento durante el presente ejercicio se muestra a continuación en miles de euros:
Miles de euros
2012
2011
Saldo inicial
3.333
3.595
Altas
318
57
Traspasos
(293)
(319)
Saldo final
3.358
3.333
La cuenta de pérdidas y ganancias «otros tributos» presenta el siguiente detalle en miles de euros:
Miles de euros
2012
2011
Prorrata IVA
(191)
(1.273)
Otros tributos
(239)
(182)
Totales
(430)
(1.455)
11. Provisiones para impuestos
El movimiento habido durante los ejercicios 2011 y 2012 en las cuentas de provisiones para impuestos ha sido el siguiente:
Largo Plazo.
Provisión para impuestos
Miles de euros
Saldo a 31/12/09
18.610
Dotación para intereses
367
Saldo a 31/12/10
18.977
Dotación para intereses
366
Reclasificación a corto plazo
-19.326
Saldo a 31/12/11
17
Excesos
-17
Saldo a 31/12/12
0
Corto Plazo.
Los movimientos de la provisión para impuestos en 2012 se desglosan de la siguiente forma:
Entidad dominante.
El importe principal de la provisión para impuestos corresponde a las actas de inspección que la Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Tributaria levantó en el año 2000, correspondientes al Impuesto sobre Sociedades (períodos 1994 a 1997) e Impuesto sobre el Valor Añadido (períodos 1995 a 1998), que fueron firmadas en disconformidad por la Entidad Pública. En el año 2001 se recibieron los correspondientes actos de liquidación tributaria del Inspector Jefe de la Oficina Nacional de Inspección, en los que se aceptaban en parte las alegaciones de la Entidad Pública, disminuyendo la deuda tributaria reclamada en 6.262 miles de euros. Asimismo se recibieron los acuerdos de imposición de sanciones por importe total de 5.154 miles de euros. Todas las actas y sanciones han sido objeto de presentación, en su caso, de las correspondientes reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal Económico Administrativo Central o de los recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional.
Con fecha 5 de diciembre de 2005 la Audiencia Nacional dictó sentencia sobre el recurso correspondiente a IVA, anulando cuotas, sanciones e intereses por importe de 5.356 miles de euros. Dicha sentencia fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, quien no ha admitido a trámite parte del recurso, existiendo por tanto sentencia firme favorable a la Entidad por importe de 2.244 miles de euros. La provisión recoge los importes pendientes de resolución judicial por el Tribunal Supremo.
Con fecha 30 de septiembre de 2011 el Tribunal Supremo dictó sentencia por las reclamaciones en materia de IVA estimando en parte el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 5 de diciembre de 2005.
Con fecha 29 de septiembre de 2011 el Tribunal Supremo dictó sentencia por las reclamaciones en materia de Impuesto de Sociedades, desestimando el recurso de casación formulado por la Administración del Estado contra la sentencia dictada con fecha 12 de marzo de 2007 por la Audiencia Nacional. Adicionalmente en el fallo se estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por la entidad en el sentido de anular las sanciones interpuestas en los ejercicios 1996 y 1997.
A 31 de diciembre de 2011 la entidad estaba pendiente de que la Agencia Tributaria ejecutase ambas sentencias, razón por la cual se traspasaron los saldos provisionados a corto plazo.
Con fecha 16 de marzo de 2012, la Agencia Tributaria dictó Acuerdo de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo por las reclamaciones en materia de IVA. No estando conforme la Entidad con el citado Acuerdo, presentó reclamación ante la Oficina Técnica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que aceptó la reclamación, dictando una Resolución de Rectificación de errores al Acuerdo de Ejecución de sentencia por las reclamaciones en materia de IVA el 23 de abril de 2012, quedando fijada la cantidad a pagar en 2.711 miles de euros que fueron abonados en plazo.
Con fecha 28 de marzo de 2012, la Agencia Tributaria dictó Acuerdo de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo por las reclamaciones en materia de Sociedades, quedando fijada la cantidad a pagar en 7.449 miles de euros que fueron abonados en plazo.
Con fecha 17 de julio de 2012, la Agencia Tributaria dictó liquidación de intereses suspensivos por las reclamaciones en materia de Sociedades. No estando conforme la Entidad con la liquidación, presentó reclamación ante la Oficina Técnica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que aceptó la a reclamación, rectificando la anterior liquidación el 19 de julio de 2012, quedando fijada la cantidad a pagar en 4.443 miles de euros que fueron abonados en plazo.
Con fecha 19 de septiembre de 2012, la Agencia Tributaria dictó liquidación de intereses suspensivos por las reclamaciones en materia de IVA, quedando fijada la cantidad a pagar en 1.573 miles de euros que fueron abonados en plazo.
Adicionalmente se dio de baja con cargo a la provisión un derecho de cobro contemplado en la ejecución de la sentencia, por unas cantidades en materia de adquisiciones intracomunitarias por importe de 168 miles de euros.
También se aplicaron, con cargo a la provisión, los gastos de defensa jurídica que han ascendido a 69 miles de euros.
El resto del saldo de la provisión dotada, 3.245 miles de euros se ha contabilizado en la cuenta de resultados como exceso de provisión.
Por lo que respecta a los 17 miles de euros que estaban dotados a largo plazo por un recurso cameral, la entidad ha considerado que estaban prescritos, habiendo procedido a darles de baja produciéndose, por tanto, un exceso de provisión por la misma cantidad.
Entidad dependiente.
Como se ha explicado en la nota 10, se ha contabilizado en este epígrafe la contrapartida a los gastos que se han generado como consecuencia de las actuaciones inspectoras en el impuesto sobre el valor añadido que han concluido con la firma de un acta de conformidad el 18 de enero de 2013.
12. Subvenciones
12.1 Subvenciones de explotación.
Las subvenciones de explotación devengadas en el ejercicio han sido las siguientes, en miles de euros:
La nota 9.2 c) I «Programas FEDER» recoge los desgloses e información detallada de estas subvenciones, cuyos criterios de valoración se detallan en las notas 4 h) y k)
Por lo que respecta a los cambios significativos ocurridos en el ejercicio, cabe señalar lo siguiente:
Por decisión de la Comisión Europea de 31 de octubre de 2012 se ha modificado la tasa de retorno del Programa Operativo de la Economía del Conocimiento, pasando del 70 al 80 %, esto ha hecho que la Entidad se haya reconocido como ingresos el 10 % adicional por todas las certificaciones de gasto presentadas desde el inicio del programa. La cifra reconocida como ingreso en la entidad dominante por este concepto y que a final de ejercicio estaba pendiente de cobro, y por tanto recogida en la partida de deudores asciende a 26.753 miles de euros.
En algunos de estos programas FEDER la aportación nacional es cofinanciada por un tercero, en estos casos la entidad registra como ingreso la aportación del tercero. Al haber aumentado la tasa de retorno ha disminuido la tasa de cofinanciación nacional por lo que, en estos casos, los ingresos de terceros han disminuido en la misma cantidad en que han aumentado las Subvenciones de Explotación. El aumento de tasa correspondiente a los programas cofinancidos por terceros ha supuesto la cantidad de 14.872 miles de euros, cantidad que ha disminuido como importe de la cifra de negocio de la entidad dominante.
Por tanto la cantidad neta que ha supuesto a la cuenta de resultados el aumento de la tasa de retorno del Programa Operativo de la Economía del Conocimiento ha sido 11.881 miles de euros.
Igualmente por decisión de la Comisión Europea de 14 de febrero de 2012, se ha modificado el retorno de los Programas Regionales que gestiona la entidad en el marco del FEDER, concretamente se ha modificado la tasa de los programas regionales de Andalucía, Asturias, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Valencia, Murcia, Ceuta y Melilla, pasando en todos los casos del 70 al 80% de retorno. Esto ha hecho que la Entidad se haya reconocido como ingresos el 10% adicional por todas las certificaciones de gasto presentadas desde el inicio del programa. La cifra reconocida como ingreso en la entidad por este concepto y que a final de ejercicio ya había sido cobrada asciende a 1.074 miles de euros.
Por lo que respecta al Fondo Tecnológico, también por decisión de Comisión Europea de 21 de diciembre de 2011, se modificó la tasa de retorno, pasando del 70 al 80 %, al ser la decisión del ejercicio anterior la Entidad dominante se ha reconocido los ingresos adicionales por todas las certificaciones presentadas desde el inicio del programa correspondientes a este aumento de tasa directamente contra el patrimonio, ascendiendo dichos ingresos a 553 miles de euros, que a cierre de ejercicio ya habían sido cobrados.
12.2 Subvenciones de capital.
Las subvenciones de capital no reintegrables que aparecen en el balance bajo este epígrafe se corresponden con el saldo de subvenciones recibidas para la financiación de diversos activos en los ejercicios 2005 a 201, así como por la parte de los intereses de préstamos existentes a tipo de interés cero, y que han sido considerado por el grupo como una subvención de capital.
El detalle y movimientos de las subvenciones de capital se presentan en el siguiente cuadro, en miles de euros:
13. Ingresos y gastos
13.1 Cifra de negocios.
La totalidad de la cifra de negocios del grupo se produce en territorio nacional.
Las prestaciones de servicios corresponden a consultoría, asistencia técnica y gestión de programas de terceros, en el marco de los convenios firmados con otras administraciones públicas para el fomento de la Sociedad de la Información, así como de encomiendas de gestión de organismos de la Administración General del Estado, fundamentalmente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de quienes las entidades del grupo son consideradas medio propio.
13.2 Servicios exteriores.
Los servicios exteriores contratados por el Grupo están dedicados a las funciones asignadas en los estatutos de las entidades integrantes del grupo, siendo, en grandes epígrafes, las siguientes actividades desarrolladas:
Líneas de actividad
Miles de euros
2012
2011
Educación
4.501
10.192
Ciudadanos
483
6.243
Contexto digital (*)
9.628
Red Iris + Red Irisnova
30.973
34.372
Sanidad
20.775
26.459
Administración electrónica
21.645
25.683
Economía digital
8.138
6.822
Seguridad y accesibilidad
4.282
5.740
Otros
9.106
8.377
Total
99.903
133.516
La línea de Actividad de Contexto Digital ha quedado englobada en 2012 dentro de la línea de Economía Digital
13.3 Gastos de personal.
No existen compromisos en materia de pensiones con el personal, por lo que la partida «Cargas sociales» de la cuenta de pérdidas y ganancias no incluye dotaciones para pensiones.
El número medio de personas empleadas en el periodo por categorías ha sido:
Número medio por categoría
2012
2011
Directivos y técnicos
248
265
Administrativos
40
38
Total
288
303
El número de personas empleadas a 31 de diciembre de 2012 divididas por categoría y sexo era el siguiente:
Categorías
31.12.12
31.12.11
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Directivos y técnicos
110
133
120
149
Administrativos
27
13
26
12
Total
137
146
146
161
En cuanto a la composición del Consejo de Administración de la entidad dominante a 31 de diciembre de 2012 estaba compuesto por 14 hombres y 3 mujeres
13.4 Aportación de las entidades al resultado consolidado.
En miles de euros:
Miles de euros
2012
2011
Entidad Pública Empresarial Red.es
4.163
(21.733)
INTECO
(8.063)
(7.062)
Total
(3.900)
(28.795)
14. Información medioambiental
No existen impactos medioambientales derivados de la actividad del grupo, dado que las instalaciones y equipos utilizados para la misma cumplen la normativa vigente en esta materia. La normativa medioambiental vigente, por tanto, no afecta de forma relevante a las actividades desarrolladas por el grupo, no existiendo por este motivo responsabilidades, gastos, ingresos, subvenciones, activos, provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. En consecuencia, no se incluyen desgloses específicos en estas cuentas anuales respecto a información sobre aspectos medioambientales.
15. Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio
En el análisis de las operaciones realizadas con posterioridad al 31 de diciembre de 2012, y hasta la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales, no se han producido hechos significativos en la normal actividad.
Con fecha 18/01/2013 se firmó el acta con acuerdo en referencia al IVA en la entidad dependiente INTECO y se hizo efectivo el pago con fecha 17/01/2013.
En relación con la nota 5, el 26/02/2013 el Tribunal de Cuentas dicta auto acordando la incoación del procedimiento de reintegro por alcance para reclamar los posibles daños causados al patrimonio de la Sociedad filial INTECO derivados del presunto pago de unidades de obra que, a pesar de haber sido certificadas, no se han podido localizar.
16. Garantías comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes
El grupo tiene, al 31 de diciembre de 2012, avales concedidos por entidades financieras ante terceros por los siguientes importes al cierre del ejercicio:
Miles de euros
2012
2011
Avales
69.267
72.487
El grupo estima que los pasivos no previstos al 31 de diciembre de 2012 que pudieran originarse por los avales prestados, si los hubiera, no serían significativos.
17. Retribuciones y otras prestaciones al consejo de administración y alta dirección del grupo
Durante el ejercicio 2012 el Grupo ha abonado en concepto de dietas a los miembros de los consejos de administración de las entidades que lo componen las siguientes cantidades:
Miles de euros
2012
2011
Retribución del Consejo.
218
72.487
En el mismo ejercicio, El Grupo ha abonado en concepto de sueldos y salarios al personal de alta dirección de las entidades que lo componen las siguientes cantidades, siendo el incremento producido por incorporación de personal a la alta dirección:
Miles de euros
2012
2011
Retribución alta dirección.
975
1.008
Dentro de los 828 miles de euros de retribución de la alta dirección del año 2012 están incluidos 103 miles de euros de indemnizaciones, así como 162 miles de euros de Personal que no tiene una relación laboral de Alta Dirección sino que es Personal Estatutario.
Al 31 de diciembre de 2012 la entidades que conforman el Grupo no habían concedido anticipos, préstamos, ni contraído, avales o garantías, compromisos en materia de fondos de pensiones, seguros de vida u otros similares, con respecto a los miembros de su consejos de administración ni de la alta dirección.
Durante el ejercicio 2012 los miembros del consejo de administración y alta dirección no han realizado con la entidad dominante ni con sociedades del grupo operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de mercado.
18. Honorarios de Auditores
Las cuentas anuales consolidadas del grupo son auditadas por la Intervención General de las Administraciones Públicas, no existiendo por tanto honorarios profesionales.
19. Información segmentada
Las entidades que forman el grupo dedican su actividad al fomento de la sociedad de la información, por lo que no existen actividades segmentadas.
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Como apunta el ojo sabio de @pabloromero, los sueldos de alta dirección de Red.es suman casi un millón de euros #BOE
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Industria, Energía y Turismo
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Publicación de las cuentas anuales del Grupo Entidad Pública Empresarial Red.es. Los sueldos de alta dirección suman casi un millón de euros
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2014-07-07
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BOE-B-2014-24225
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SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO
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<titulo>SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO</titulo>
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<analisis></analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Departamento Segundo.</p>
<p class='parrafo'>Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas del Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en Providencia de fecha 4 de junio de 2014, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-113/14 de Administración del Estado (M.º de Asuntos Exteriores y Cooperación -Depositaría de los Bienes del Estado Español en el Sáhara), Madrid, que en este Tribunal se sigue procedimiento por un presunto alcance en los fondos de la Depositaría de Bienes del Estado Español en el Sáhara por importe de CIENTO CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (105.143,91 €) más sus correspondientes intereses legales.</p>
<p class='parrafo'>Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este Edicto.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 5 de junio de 2014.- El Secretario.- Jaime Vegas Torres.</p>
</texto>
</documento>
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Mon Jul 07 08:24:34 +0000 2014
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Departamento Segundo.
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas del Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en Providencia de fecha 4 de junio de 2014, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-113/14 de Administración del Estado (M.º de Asuntos Exteriores y Cooperación -Depositaría de los Bienes del Estado Español en el Sáhara), Madrid, que en este Tribunal se sigue procedimiento por un presunto alcance en los fondos de la Depositaría de Bienes del Estado Español en el Sáhara por importe de CIENTO CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (105.143,91 €) más sus correspondientes intereses legales.
Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este Edicto.
Madrid, 5 de junio de 2014.- El Secretario.- Jaime Vegas Torres.
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Ojo! Tribunal de Cuentas investiga alcance de 100.000 € en la Depositaría de los Bienes españoles en el Sáhara #BOE
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TRIBUNAL_DE_CUENTAS
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TRIBUNAL DE CUENTAS
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Tribunal de Cuentas investiga el alcance de 105.143,91 euros en la Depositaría de los Bienes españoles en el Sáhara
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2015-02-26
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SUSPENDE
La vigencia, para el año 2015, del art. 37.1 de la Ley 3/2013, de 18 de junio
SUSPENDE
La aplicación de los arts. 19.1 y 23.3 de la Ley 1/1986, de 10 de abril
DE CONFORMIDAD con
el Estatuto aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero
DECLARA la vigencia
, para el ejercicio 2015, de la disposición adicional 12 de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre
CITA
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril
CITA
Ley 9/1990, de 8 de noviembre
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BOE-A-2015-1955
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Ley 3/2014, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2015.
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<titulo>Ley 3/2014, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2015.</titulo>
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<analisis>
<notas>
<nota codigo='14' orden='400'>Publicada en el BOCM núm. 309, de 29 de diciembre de 2014.</nota>
</notas>
<materias>
<materia codigo='3842' orden=''>Función Pública</materia>
<materia codigo='4831' orden=''>Madrid</materia>
<materia codigo='5429' orden=''>Patrimonio de las Comunidades Autónomas</materia>
<materia codigo='5435' orden=''>Patrimonio Histórico-Artístico</materia>
<materia codigo='5685' orden=''>Presupuestos de las Comunidades Autónomas</materia>
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<alerta codigo='107' orden=''>Cultura y ocio</alerta>
<alerta codigo='116' orden=''>Función Pública</alerta>
<alerta codigo='121' orden=''>Organización de la Administración</alerta>
<alerta codigo='127' orden=''>Sistema financiero</alerta>
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<referencias>
<anteriores>
<anterior orden='2090' referencia='BOE-A-2013-10725'>
<palabra codigo='231'>SUSPENDE</palabra>
<texto>La vigencia, para el año 2015, del art. 37.1 de la Ley 3/2013, de 18 de junio</texto>
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<anterior orden='2090' referencia='BOE-A-1986-23734'>
<palabra codigo='231'>SUSPENDE</palabra>
<texto>La aplicación de los arts. 19.1 y 23.3 de la Ley 1/1986, de 10 de abril</texto>
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<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>el Estatuto aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero</texto>
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<anterior orden='5010' referencia='BOE-A-2012-2979'>
<palabra codigo='480'>DECLARA la vigencia</palabra>
<texto>, para el ejercicio 2015, de la disposición adicional 12 de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre</texto>
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<palabra codigo='330'>CITA</palabra>
<texto>Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril</texto>
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<anterior orden='5020' referencia='BOE-A-1991-413'>
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<texto>Ley 9/1990, de 8 de noviembre</texto>
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<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='centro_redonda'>EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID</p>
<p class='parrafo_2'>Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.</p>
<p class='centro_redonda'>PREÁMBULO</p>
<p class='centro_redonda'>I</p>
<p class='parrafo_2'>Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid fundamentan su marco normativo básico en la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en el Estatuto de Autonomía, la Ley General Presupuestaria, la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el contenido de la Ley de Presupuestos se distinguen dos tipos de preceptos, en primer lugar, los que responden al contenido mínimo, necesario e indisponible de la misma, que está constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos y, por otro lado, los que conforman lo que se ha denominado por la citada jurisprudencia como contenido eventual, en la medida que se trata de materias que guardan relación directa con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gastos o los criterios de política económica general, que sean complemento para la más fácil interpretación y más eficaz ejecución del presupuesto y de la política económica del Gobierno.</p>
<p class='parrafo'>Este presupuesto es el tercero que se elabora desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011, y da cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, garantizando una adaptación continua y automática a la normativa europea.</p>
<p class='parrafo'>Por otra parte, se trata de los primeros presupuestos que se elaboran tras la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que ha elevado el nivel de exigencia de transparencia e información pública a todas las Administraciones, considerándola eje fundamental de toda acción política. Este requerimiento se extiende sobre todos los ámbitos de actuación administrativa, incluido el presupuestario como instrumento para la ejecución de las políticas públicas.</p>
<p class='parrafo'>En este contexto, con el propósito fundamental de atender al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y transparencia, consignados en las referidas Leyes y que recorren el espíritu de la legislación vigente, se modifica la estructura presupuestaria, que proporcionará un mayor grado de concreción en la información suministrada sobre los distintos estados de gastos de este presupuesto y permitirá una mejor rendición de cuentas a distintas Instituciones y Administraciones Públicas, así como un exhaustivo seguimiento y control de actuaciones específicas.</p>
<p class='parrafo'>Este marco normativo persigue garantizar la sostenibilidad financiera, fortalecer la confianza en la recuperación económica y reforzar el compromiso con la estabilidad presupuestaria. El logro de estos tres objetivos contribuirá a consolidar el marco de una política económica orientada al crecimiento económico y la creación del empleo.</p>
<p class='centro_redonda'>II</p>
<p class='parrafo_2'>La situación económica por la que atravesó tanto España como el conjunto de nuestros socios europeos fue complicada, fruto de una crisis sin precedentes, que condicionó el marco económico de la Comunidad de Madrid, la restricción presupuestaria que debió abordar, las políticas que pudo aplicar y la forma en la que debió hacerlo.</p>
<p class='parrafo'>Adicionalmente, el sistema de financiación autonómica, que no se ha sometido a una reforma estructural conforme a la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, relativa al sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, continúa perjudicando a la Comunidad de Madrid. Solo el desfase y la estimación errónea de IVA e Impuestos Especiales producen una pérdida a los madrileños de más de 1.000 millones de euros, que afectan al presupuesto de ingresos.</p>
<p class='parrafo'>Sin embargo, pese a ello, la Comunidad de Madrid salió la primera de la recesión y la crisis y lidera ahora la recuperación de la economía nacional, gracias a la política económica aplicada, basada en la austeridad y la eficiencia en el gasto, el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, la rebaja de impuestos, la eliminación de trabas, y la liberalización de la economía, y, principalmente, gracias al esfuerzo de los madrileños, esfuerzos que ya han hecho y que, por tanto, no se les va a pedir ninguno más adicional.</p>
<p class='parrafo'>Por ello, este proyecto de Presupuestos es el de la recuperación, que cuenta con un incremento notable en inversiones, fruto del momento de recuperación en el que hemos entrado, y mantiene el redimensionamiento de la actividad de la Comunidad de Madrid con el objetivo de ser más eficientes, ajustar el gasto al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y generar confianza y coherencia. También cuenta con el refuerzo de los gastos esenciales: Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Transporte.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, la Comunidad de Madrid, que siempre ha sido la Administración que antes, más y mejor ha cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria, como muestra el hecho de tener el menor déficit medio y la menor deuda de todas las regiones, cumplirá también en 2015 con el objetivo de estabilidad presupuestaria, fijado en -0,7 por 100 del PIB.</p>
<p class='parrafo'>Es, además, un proyecto realizado con suma cautela, al considerar un escenario macroeconómico prudente, que contempla el peor de los escenarios posibles, aunque muy probablemente la economía crecerá como marca el escenario neutral, pero que, en aras de la prudencia, se ha presupuestado considerando el peor escenario macroeconómico estimado actualmente dentro de los intervalos de confianza de la estimación.</p>
<p class='parrafo'>Es un proyecto de Presupuestos que garantiza el nivel de los servicios a los madrileños. Mantiene y acrecienta la solidaridad de los madrileños. Los madrileños son los que más aportan al fondo de garantía de los servicios esenciales de otras regiones, aportación que crece año tras año y, en cuatro años, ha incrementado el peso de su contribución en 10 puntos, de manera que ya aporta el 72 por 100 de la transferencia neta a dicho fondo de garantía.</p>
<p class='parrafo'>El proyecto de Presupuestos para 2015, un año más, es eminentemente social, un 90 por 100 del presupuesto, al priorizar el gasto en sanidad, educación, servicios sociales y transporte, con especial importancia en sanidad y potenciación de la Renta Mínima de Inserción y la Calidad Educativa.</p>
<p class='parrafo'>En definitiva, este proyecto traza unos presupuestos serios y eficientes, los presupuestos de la recuperación, con incremento de las inversiones, que dinamizarán la economía, y con refuerzo de los servicios esenciales, prioridad del Gobierno de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>Por lo que se refiere a la política sanitaria de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2015, el objetivo principal es continuar mejorando la calidad y accesibilidad de nuestro sistema sanitario público, universal y gratuito, profundizando en la determinación y análisis de las necesidades asistenciales demandadas por los ciudadanos y, consecuentemente, en la búsqueda de soluciones que redunden en una mayor eficacia y eficiencia en la organización sanitaria y avanzar así hacia las metas de excelencia marcadas por el Gobierno Regional.</p>
<p class='parrafo'>Las iniciativas emprendidas, en este sentido, en los ejercicios anteriores demuestran que los resultados en salud y la calidad de la atención sanitaria se pueden mantener, e incluso mejorar, optimizando la gestión. Por ello, en 2015 se extremará la eficiencia, en línea con el contenido de los presupuestos de los últimos años, como ejercicio obligado de responsabilidad, imprescindible para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema. Estas iniciativas formarán un conjunto ordenado y coherente, que deberá ser periódicamente evaluado y que se verá acompañado por una continua rendición de cuentas de los resultados en salud de la sanidad pública madrileña.</p>
<p class='parrafo'>La política educativa continuará teniendo como base la mejora de la calidad de la enseñanza de los ciudadanos de la región, de conformidad con las medidas establecidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), realizando una fuerte apuesta por las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, impulsando el esfuerzo y el mérito de los alumnos, así como la extensión de la enseñanza bilingüe, la promoción de la formación profesional dual, la libertad de elección de las familias para la educación de sus hijos, la igualdad de oportunidades gracias a una mayor dotación en el sistema de ayudas, la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria y el apoyo a la actividad investigadora, y, por último, fomentando las actividades dirigidas a los jóvenes y al deporte.</p>
<p class='parrafo'>En materia de asuntos sociales, se ejecutarán políticas tendentes a mantener e incrementar el nivel de protección social alcanzado a lo largo de estos últimos años en aquellos servicios y prestaciones sociales considerados esenciales o prioritarios, como son los dirigidos a las personas en situación de dependencia.</p>
<p class='parrafo'>Entre las acciones prioritarias que se atenderán, destacan las encaminadas a garantizar unos ingresos básicos a través de la Renta Mínima de Inserción a todo aquel que realmente los necesite o el mantenimiento de las plazas de atención residencial y de día para personas mayores dependientes y de las plazas de atención a personas con discapacidad y con enfermedad mental.</p>
<p class='parrafo'>El presupuesto contempla también los créditos para reforzar los programas dirigidos a la protección integral a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, y para llevar a cabo políticas de atención a la familia y a la infancia, atención residencial a los menores, reconocimiento de las prestaciones y apoyos económicos para el acogimiento familiar, así como políticas de promoción del voluntariado social.</p>
<p class='parrafo'>Por su parte, la política de seguridad se asienta en el proyecto BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid), cuyo principal objetivo es contribuir a la mejora de la seguridad del ciudadano madrileño. Este proyecto ha sido implantado en 109 municipios mediante la suscripción de Convenios de Colaboración, de forma que la Comunidad de Madrid coadyuva a la financiación de las retribuciones y seguridad social de los policías locales adscritos a las Brigadas, el suministro de vehículos, combustible y el servicio de comunicaciones.</p>
<p class='parrafo'>En el campo de la protección ciudadana, se continuará con las actuaciones relativas a la mejora y modernización de los medios materiales adscritos al Cuerpo de Bomberos que redunden en una respuesta más segura, rápida y eficaz en sus intervenciones. Por otro lado, la Campaña para la Detección y Extinción de Incendios en la Comunidad de Madrid (INFOMA) articulará, como en pasados años, las actuaciones tanto preventivas como de vigilancia y extinción de incendios que garanticen la conservación de los ecosistemas forestales del territorio regional.</p>
<p class='parrafo'>En materia de justicia, en 2015, el esfuerzo irá destinado a continuar con la dotación de medios materiales y humanos, y garantizar el acceso a la asistencia jurídica gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.</p>
<p class='parrafo'>En materia de política económica y tecnológica, se seguirá avanzando en la creación de un entorno económico favorable a la actividad empresarial, por medio de instrumentos que favorezcan la competitividad de nuestra economía y el liderazgo tecnológico, la innovación a través de la colaboración público-privada, nuevas iniciativas de inversión y una mayor cooperación entre administraciones, evitando duplicidades.</p>
<p class='parrafo'>Por otro lado, desde la Comunidad de Madrid se seguirán apoyando todas aquellas medidas tendentes a alcanzar mayores niveles de competitividad, a través del fomento de la internacionalización de la economía madrileña, como elemento fundamental e imprescindible para el crecimiento económico de nuestra región, intensificando para ello la cooperación con la Cámara de Comercio de Madrid y los organismos estatales que trabajan en esa misión.</p>
<p class='parrafo'>En el sector del comercio, se continuará trabajando en la promoción del comercio madrileño, con el fin de reactivar la demanda y el consumo, mediante actuaciones de promoción y dinamización, del fomento del comercio electrónico y el uso de las nuevas tecnologías, la colaboración público-privada, así como facilitando el acceso de las pymes comerciales a la financiación.</p>
<p class='parrafo'>Por lo que se refiere a la industria, se mantiene la política de apoyo a la competitividad del sector industrial y priorizando la seguridad industrial, minera y energética. En el ámbito energético, se mantendrán los planes de ahorro y mejora de la eficiencia energética, asegurando la fiabilidad y seguridad del suministro energético y el impulso de las energías renovables.</p>
<p class='parrafo'>En materia de medio ambiente, como objetivos primordiales se fijan los siguientes: el desarrollo de actuaciones relacionadas con la conservación y gestión del medio ambiente y la política de desarrollo regional, la evaluación de la incidencia ambiental de ciertas actuaciones y la configuración de un modelo territorial equilibrado con posibilidades de desarrollo a través del planeamiento, la elaboración y revisión de la normativa urbanística, la tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa, la valoración de suelo y la programación y gestión de actuaciones públicas de suelo, y el fomento de la innovación tecnológica en el medio rural.</p>
<p class='parrafo'>El programa de actuaciones para el año 2015 en materia de infraestructuras del transporte se concreta, fundamentalmente, en el desarrollo de la red de Metro. La estrategia global de Metro de Madrid es ofrecer un servicio de calidad a los madrileños, basado en la eficiencia, seguridad y sostenibilidad. La inversión programada para 2015 corresponde al desarrollo de la segunda fase, entre Mirasierra y la estación de intercambio con Cercanías que se sitúa en las inmediaciones de la calle Costa Brava. Además, se potenciará el crecimiento de los ferrocarriles de Cercanías y Metros Ligeros.</p>
<p class='parrafo'>Por lo que respecta a la política de vivienda, el Gobierno Regional tiene como propósito prioritario favorecer el acceso de los ciudadanos a una vivienda en condiciones asequibles y adaptadas a sus necesidades. En este sentido, se promueve el alquiler y el alquiler con opción a compra, como las formas de acceso que suponen un menor esfuerzo económico a las familias.</p>
<p class='parrafo'>El Instituto de la Vivienda de Madrid continuará dando respuesta a las necesidades de vivienda de los más desfavorecidos, intensificando las adjudicaciones a las familias con menos recursos. Igualmente, se continuará con el proceso de desmantelamiento y realojamiento de núcleos chabolistas.</p>
<p class='parrafo'>En materia de políticas activas de empleo y formación, la Comunidad de Madrid profundiza en el II Plan de Empleo 2014-2015 y se compromete al impulso de la creación de empleo, a reforzar la estabilidad de nuestro mercado de trabajo y a aumentar las oportunidades laborales de los mayores de 45 años, mujeres, parados de larga duración y personas con discapacidad. Por otra parte, los jóvenes contarán con programas específicos de empleo, al igual que autónomos y emprendedores, motor del crecimiento económico. Todo ello se dirigirá al fomento de la contratación, el apoyo al emprendimiento y la mejora de la empleabilidad de los trabajadores en situación de desempleo.</p>
<p class='centro_redonda'>III</p>
<p class='parrafo_2'>La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2015 consta de 6 títulos, de cuyo contenido pueden reseñarse los siguientes aspectos.</p>
<p class='parrafo'>El Título I, «De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones», constituye la parte principal del contenido calificado como esencial, en la medida en que el Capítulo I del mismo incluye la totalidad de los gastos e ingresos que conforman los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, integrados por los Presupuestos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad, de sus Organismos Autónomos, de sus Empresas Públicas y Entes Públicos, a los que se refieren los artículos 5 y 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Se incluyen las fundaciones y los consorcios a los efectos de las exigencias de transparencia de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Igualmente, se recogen en este Capítulo I los importes relativos a los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>El Capítulo II contiene medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria derivadas de las exigencias de la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Para el cumplimiento del objetivo de estabilidad, el Gobierno mantiene en el presupuesto para 2015 la existencia de un «Fondo de Contingencia» como Capítulo 5 de gastos, dentro de la Sección 26, con la finalidad de financiar aquellas necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio y que, financiadas con otros recursos, hubieran generado déficit en términos de contabilidad nacional.</p>
<p class='parrafo'>El Capítulo III contiene normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y de los presupuestos aprobados. Establece el carácter limitativo y vinculante de los créditos, regulando, con carácter general, la vinculación a nivel de artículo y, sin perjuicio de ello, se consigna el detalle de dicha vinculación en el estado de gastos. Se regula también el régimen de modificación de los créditos presupuestarios, determinando limitaciones específicas para las transferencias de créditos destinados a Planes Especiales de Actuaciones e Inversiones, gastos asociados a ingresos o a cooperación municipal.</p>
<p class='parrafo'>El Título II, «De los gastos de Personal», consta de dos capítulos, el primero regula el régimen de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, distinguiendo según sea funcionarial, laboral o estatutario el vínculo de su relación de servicios, así como las retribuciones de los Altos Cargos y del personal directivo. En aplicación de la legislación básica dictada por el Estado, se establece, con carácter general, que no habrá incremento retributivo para el ejercicio 2015 respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2014, no obstante, de acuerdo con la posibilidad de carácter básico que contempla el Estado, se incluye una previsión dirigida a la recuperación parcial de los importes efectivamente dejados de percibir por los empleados públicos de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento a la competitividad. Asimismo, se mantienen en este capítulo las medidas emprendidas en anteriores ejercicios tendentes a garantizar criterios de control eficiente en la materia respecto de las entidades que componen el sector público.</p>
<p class='parrafo'>También se regula la Oferta de Empleo Público, que incluirá aquellas plazas que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En el año 2015, en cumplimiento de la normativa básica y con carácter general, se fija la tasa de reposición en un máximo del 50 por 100 en los sectores determinados por la normativa estatal. Al igual que en ejercicios anteriores, se establecen restricciones a la contratación de personal laboral temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, que tendrán un carácter excepcional vinculado a necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la Consejería de Economía y Hacienda.</p>
<p class='parrafo'>En el Capítulo II de este Título se encuentran otras disposiciones en materia de personal que, básicamente, se refieren a los requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral, la prohibición de ingresos atípicos, la prohibición de cláusulas indemnizatorias o los requisitos para la contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones.</p>
<p class='parrafo'>El Título III, «De las operaciones financieras», se divide en dos capítulos. En el Capítulo I «Operaciones de crédito» se regulan, fundamentalmente, los límites y la autorización para el endeudamiento anual de la Comunidad de Madrid, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, las Empresas Públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector de Administraciones Públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas nacionales y regionales (SEC), endeudamiento que se sujeta a los límites previstos en las Leyes de Estabilidad Presupuestaria y en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.</p>
<p class='parrafo'>En el Capítulo II, «Tesorería», se recogen una serie de medidas para garantizar una correcta ejecución de las funciones de tesorería y que afectan a la autorización para la apertura de cuentas bancarias y a la fijación de la cuantía mínima para que se acuerde la no liquidación y exacción de deudas.</p>
<p class='parrafo'>El Título IV, «Procedimientos de gestión presupuestaria», estructurado en cinco capítulos, establece en el Capítulo I, la cuantía que delimita la competencia reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la autorización de gastos.</p>
<p class='parrafo'>En el Capítulo II, se fijan los módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos y se atribuye al Gobierno de la Comunidad la competencia para autorizar el número máximo de nuevas unidades a concertar en centros privados sostenidos con fondos públicos durante el ejercicio 2015.</p>
<p class='parrafo'>El régimen presupuestario de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid y la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las Universidades se recogen en el Capítulo III.</p>
<p class='parrafo'>Por otra parte, el Capítulo IV regula determinadas especialidades del régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud y las particularidades en la tramitación de las modificaciones presupuestarias.</p>
<p class='parrafo'>En el Capítulo V, se establecen otras normas de gestión presupuestaria como son la posibilidad del Gobierno de aprobar planes y programas de actuación, especialidades en el ejercicio de la función interventora y las cuantías de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para el ejercicio 2015.</p>
<p class='parrafo'>En el Título V, «Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid», se recogen disposiciones generales sobre reordenación del sector público y se autoriza la formalización de convenios de colaboración.</p>
<p class='parrafo'>Finalmente, en el Título VI, «De las tasas», se establece el mantenimiento de la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>En la parte final de la ley, las disposiciones adicionales completan el marco jurídico presupuestario recogiendo preceptos de índole muy variada. En primer lugar, se establece el informe preceptivo por la Consejería de Economía y Hacienda de las disposiciones normativas o convenios cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid, respecto del autorizado y previsto en la ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros. Dicho informe será preceptivo en relación a los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Generales de la Comunidad y hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, se mantiene la vigencia de las disposiciones de la Ley 4/2012, de 4 de julio, sobre arrendamientos de inmuebles a disposición de organizaciones sindicales, o la suspensión de determinadas normas convencionales, y se establece la limitación de subvenciones a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales para gastos de funcionamiento.</p>
<p class='parrafo'>Por último, en las disposiciones finales se autoriza el desarrollo normativo de la Ley y se fija la entrada en vigor de la misma.</p>
<p class='titulo_num'>TÍTULO I</p>
<p class='titulo_tit'>De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO I</p>
<p class='capitulo_tit'>De los créditos y su financiación</p>
<p class='articulo'>Artículo 1. Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>1. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio del año 2015 están integrados por:</p>
<p class='parrafo_2'>a) El Presupuesto de la Asamblea de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>b) El Presupuesto de la Cámara de Cuentas.</p>
<p class='parrafo'>c) El Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>d) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos administrativos.</p>
<p class='parrafo'>e) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles.</p>
<p class='parrafo'>f) Los Presupuestos de los Entes Públicos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.</p>
<p class='parrafo'>g) Los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público.</p>
<p class='parrafo'>h) Los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil.</p>
<p class='parrafo'>i) El Presupuesto del Ente Público Radio Televisión Madrid y de las sociedades para la gestión de los servicios públicos de radiodifusión y televisión.</p>
<p class='parrafo'>j) Los Presupuestos de los restantes Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo_2'>2. A los solos efectos de cumplir con las exigencias derivadas de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid integran los presupuestos de las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, incluidos en el Sector Administraciones Públicas delimitado conforme el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC).</p>
<p class='parrafo'>Se entiende por fundaciones del sector público autonómico aquellas que, o bien se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos públicos o demás entidades del sector público de la Comunidad de Madrid, o bien su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.</p>
<p class='articulo'>Artículo 2. De los créditos iniciales y financiación de los mismos.</p>
<p class='parrafo'>1. En el estado de gastos del Presupuesto de la Asamblea de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 26.511.400 euros, que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2015 de igual cuantía.</p>
<p class='parrafo'>2. En el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara de Cuentas se aprueban créditos por un importe total de 6.951.640 euros, que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2015 de igual cuantía.</p>
<p class='parrafo'>3. En el estado de gastos del Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 20.346.065.487 euros, de los que 17.010.283.924 euros corresponden al gasto no financiero y aportaciones a empresas públicas, que se financiarán:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2015, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en 15.650.008.729 euros.</p>
<p class='parrafo'>b) Con el importe de las operaciones de endeudamiento que se consignan en el capítulo 9 de los estados de ingresos.</p>
<p class='parrafo_2'>4. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos administrativos se aprueban créditos por los siguientes importes:</p>
<table class='tabla'>
<tbody>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Organismos autónomos administrativos</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Servicio Regional de Bienestar Social</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>273.718.261</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>38.177.793</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Instituto Madrileño de la Familia y el Menor</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>110.196.996</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>36.115.325</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>19.753.923</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Madrid 112</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>13.005.768</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Instituto Madrileño del Deporte</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>17.146.552</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2'>Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2015, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en importe de igual cuantía a los gastos consignados.</p>
<p class='parrafo'>5. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles, se aprueban créditos por los siguientes importes:</p>
<table class='tabla'>
<tbody>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Organismos autónomos mercantiles</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Instituto de la Vivienda de Madrid</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>240.784.918</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Consorcio Regional de Transportes</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>957.658.537</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>9.923.136</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>14.666.441</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2'>Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2015, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados.</p>
<p class='parrafo'>Se aprueban las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidas a las operaciones propias de la actividad de estos organismos, recogidas en las respectivas cuentas de operaciones comerciales.</p>
<p class='parrafo'>6. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Entes Públicos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos, se aprueban créditos por los siguientes importes:</p>
<table class='tabla'>
<tbody>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Entes públicos cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Servicio Madrileño de Salud</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>7.170.114.000</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2'>Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2015, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados.</p>
<p class='parrafo'>7. La distribución de los estados de ingresos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:</p>
<table class='tabla'>
<tbody>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Ingresos no financieros CAP. 1 A 7</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Activos financieros CAP. 8</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Total</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>165.000</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.452.130</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.617.130</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Administración de la Comunidad de Madrid</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>15.639.569.804</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>7.129.050</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>15.646.698.854</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Organismos Autónomos administrativos</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>41.825.580</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>321.481</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>42.147.061</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Organismos Autónomos mercantiles</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>301.829.807</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>767.772</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>302.597.579</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Entes del artículo 1.1. f) de la presente ley</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>56.842.032</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>3.479.223</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>60.321.255</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>16.040.232.223</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>13.149.656</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>16.053.381.879</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo'>8. La distribución de los estados de gastos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:</p>
<table class='tabla'>
<tbody>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Gastos no financieros CAP. 1 A 7</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Activos financieros CAP. 8</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Total</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>33.313.640</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>149.400</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>33.463.040</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Administración de la Comunidad de Madrid</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>8.289.402.909</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>702.505.162</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>8.991.908.071</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Organismos autónomos administrativos</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>507.043.137</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.071.481</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>508.114.618</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Organismos autónomos mercantiles</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.116.455.343</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>117.781</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.116.573.124</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Entes del artículo 1.1. f) de la presente ley</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>6.435.341.660</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>734.772.340</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>7.170.114.000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>16.381.556.689</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.438.616.164</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>17.820.172.853</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo'>Para la amortización de pasivos financieros se aprueban créditos en el capítulo 9 de los estados de gastos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo por importe de 3.032.415.817 euros.</p>
<p class='parrafo'>Los créditos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio 2015, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y se estiman en importe de igual cuantía, previendo operaciones en el capítulo 9 del estado de ingresos de los centros referidos por importe de 4.799.206.791 euros.</p>
<p class='parrafo'>9. La distribución funcional de los estados de gastos consolidados de los centros previstos en los apartados uno a seis del presente artículo es la siguiente:</p>
<table class='tabla'>
<tbody>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Política de gasto</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Justicia</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>393.760.724</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Seguridad ciudadana</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>221.548.054</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Servicios sociales y promoción social</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.397.436.475</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Fomento del empleo</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>266.300.249</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Acceso a la vivienda y fomento de la edificación</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>320.859.175</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sanidad</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>7.292.487.541</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Educación</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>4.256.580.145</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Cultura</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>128.161.922</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Industria y energía</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>11.703.220</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Comercio, turismo y PYMES</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>21.678.233</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Infraestructuras y gestión del transporte</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.353.313.517</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Investigación, desarrollo e innovación</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>470.380.005</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Otras actuaciones de carácter económico</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>71.560.421</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Alta dirección</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>38.730.868</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Servicios de carácter general</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>594.811.241</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Administración financiera y tributaria</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>60.798.080</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Transferencias a otras Administraciones Públicas</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>66.523.635</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Deuda Pública</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>3.885.955.165</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='articulo'>Artículo 3. De los Presupuestos de Empresas Públicas y resto de Entes Públicos.</p>
<p class='parrafo'>1. Se aprueban los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público, que ajustan su actividad al ordenamiento jurídico privado, en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por los siguientes importes:</p>
<table class='tabla'>
<tbody>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Empresas públicas con forma de entidad de Derecho Público</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Canal de Isabel II</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>319.091.874</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Hospital de Fuenlabrada</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>115.058.595</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Empresa Pública Hospital del Sur</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>71.882.026</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Empresa Pública Hospital del Norte</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>116.139.912</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Empresa Pública Hospital del Sureste</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>60.684.047</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Empresa Pública Hospital del Henares</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>78.550.070</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Empresa Pública Hospital del Tajo</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>50.547.138</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Empresa Pública Hospital de Vallecas</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>108.459.784</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Unidad Central de Radiodiagnóstico</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>18.108.410</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ente Público Radio Televisión Madrid</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>97.629.000</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2'>2. Se aprueban los presupuestos de las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, así como sus estados financieros referidos a su actividad específica, por los siguientes importes:</p>
<table class='tabla'>
<tbody>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Empresas públicas con forma de sociedad mercantil</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Hidráulica Santillana, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>3.665.224</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Hispanagua, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>27.658.984</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>4.778.036</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Mercado Puerta de Toledo, S.A., en liquidación</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>678.622</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Madrid Activa, S.A.U.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>964.186</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Centro de Transportes de Coslada, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.572.922</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Turmadrid, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>7.300.000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Arproma, Arrend. y Promociones de la Com. Madrid, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>30.764.680</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Metro de Madrid, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.060.739.488</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Gestión y Desarrollo Medio Ambiente de Madrid, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>3.383.952</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Canal Extensia, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.931.671</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nuevo Arpegio, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>63.596.983</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Canal de Isabel II Gestión, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.163.589.830</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Canal Gestión Lanzarote, S.A.U.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>50.514.690</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2'>3. Asimismo, se aprueban los presupuestos de aquellas Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil que, por carecer de actividad o encontrarse en proceso de liquidación, cuentan con importe cero, y se relacionan en el anexo V de la presente ley.</p>
<p class='parrafo'>4. Se aprueban los presupuestos de los restantes Entes Públicos en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, por los siguientes importes:</p>
<table class='tabla'>
<tbody>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Restantes entes públicos</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>158.012.062</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>5.383.950</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Instituto de Realojamiento e Integración Social</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>14.742.920</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Fundación Hospital Alcorcón</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>143.948.743</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='articulo'>Artículo 4. Transferencias internas entre Entes del sector público de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>1. El Consejero de Economía y Hacienda establecerá el procedimiento y requisitos necesarios para la tramitación de las transferencias nominativas y las aportaciones consignadas en el artículo 89 «Aportaciones a empresas y entes públicos» a favor de los distintos entes que conforman el sector público de la Comunidad de Madrid, que en todo caso incluirá la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>2. A estos efectos, conforman el sector público de la Comunidad de Madrid los entes incluidos en las letras c), d), e), f), g), h), i), y j) del artículo 1.1 de la presente ley y las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='articulo'>Artículo 5. Aplicación de remanentes de tesorería.</p>
<p class='parrafo'>1. Durante 2015 los remanentes de tesorería de los Organismos Autónomos y entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos quedarán afectados al cumplimiento de las obligaciones generales de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior el Instituto de la Vivienda de Madrid, el Servicio Regional de Bienestar Social y el Consorcio Regional de Transportes, cuyos remanentes de tesorería tendrán la consideración de recursos propios.</p>
<p class='parrafo'>3. Por el Consejero de Economía y Hacienda se desarrollarán los procedimientos necesarios para aplicar a la Tesorería de la Administración General de la Comunidad de Madrid los remanentes de tesorería de los Organismos y Entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos.</p>
<p class='parrafo'>4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los remanentes de tesorería derivados de la inejecución de los créditos que a continuación se indican quedarán afectados a la financiación de las actuaciones vinculadas en los términos que se señalan: los correspondientes al saldo positivo de financiación procedente del Estado o de la Unión Europea, que se destinarán al cumplimiento de sus finalidades específicas para las que aquella fue concedida siempre y cuando se mantengan en los mismos términos que entonces, en cuyo caso, podrán aplicarse al presupuesto de gastos mediante las modificaciones presupuestarias que sean precisas.</p>
<p class='articulo'>Artículo 6. Beneficios fiscales.</p>
<p class='parrafo'>Los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid se estiman en 11.723 millones de euros.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO II</p>
<p class='capitulo_tit'>De la Estabilidad Presupuestaria</p>
<p class='articulo'>Artículo 7. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.</p>
<p class='parrafo'>1. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid se presentan y aprueban en los términos y condiciones previstos por el principio de estabilidad presupuestaria que para las Administraciones Públicas fija la normativa básica en la materia.</p>
<p class='parrafo'>2. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid contienen la información necesaria para cumplir con las exigencias derivadas del principio de transparencia establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y sus normas de desarrollo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 8. Disponibilidad de los créditos.</p>
<p class='parrafo'>1. En cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera contemplados en la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, en el caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá aprobar una declaración de no disponibilidad de créditos consignados en el presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid para 2015, en la cuantía y distribución necesarios, así como cualesquiera otras medidas preventivas o correctivas, para reconducir la ejecución presupuestaria dentro de los límites que garanticen el cumplimiento de los objetivos.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá hacer uso de esta facultad, en los siguientes casos previstos en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:</p>
<p class='parrafo_2'>a) En el caso de que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, formule a la Comunidad Autónoma una advertencia motivada de riesgo de incumplimiento, regulada en el artículo 19.</p>
<p class='parrafo'>b) En el caso de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera considere que las medidas contenidas en los planes presentados no garantizan la corrección de la situación de desequilibrio, según lo establecido en el artículo 23.</p>
<p class='parrafo'>c) En el caso de que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas verifique desviación en los informes de seguimiento de los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio, prevista en el artículo 24.3.</p>
<p class='parrafo_2'>El Consejo de Gobierno adoptará las correspondientes medidas en el supuesto de que se activen las medidas coercitivas establecidas en los artículos 25 y 26 de la mencionada Ley Orgánica.</p>
<p class='parrafo'>2. En el supuesto de que a lo largo del ejercicio 2015 se aprobaran disposiciones estatales que contuvieran previsiones que tuvieran repercusión sobre la ejecución presupuestaria de la Comunidad de Madrid, por el Consejo de Gobierno se realizarán las adecuaciones procedentes en la proporción que corresponda para ajustar sus consecuencias.</p>
<p class='articulo'>Artículo 9. Fondo de Contingencia.</p>
<p class='parrafo'>A efectos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se dotan créditos consignados en la sección 26 como capítulo 5 «Fondo de contingencia», para atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO III</p>
<p class='capitulo_tit'>Normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y modificación de los presupuestos aprobados</p>
<p class='articulo'>Artículo 10. Vinculación de los créditos.</p>
<p class='parrafo'>1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados por la presente Ley tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en todos los capítulos de la clasificación económica.</p>
<p class='parrafo'>2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los créditos serán vinculantes con el nivel de desagregación orgánica, funcional y económica que se detalla en el estado de gastos.</p>
<p class='parrafo'>3. Durante 2015 los créditos aprobados para transferencias nominativas y para subvenciones nominativas vincularán con el nivel de desagregación con que aparezcan en los estados de gastos.</p>
<p class='parrafo'>4. Durante 2015 los créditos consignados en los siguientes conceptos vincularán con el nivel de desagregación señalado:</p>
<p class='parrafo_2'>131 «Laboral eventual».</p>
<p class='parrafo'>141 «Otro personal».</p>
<p class='parrafo'>154 «Cumplimiento de objetivos».</p>
<p class='parrafo'>452 «Universidades públicas: otras actuaciones».</p>
<p class='parrafo'>455 «Complemento retributivo universidades públicas».</p>
<p class='parrafo'>485 «A centros docentes no universitarios».</p>
<p class='parrafo'>782 «Investigación».</p>
<p class='parrafo_2'>5. Durante 2015 serán vinculantes los distintos subconceptos del artículo 89 «Aportaciones a empresas y entes públicos», 24 «Servicios Nuevos» y 69 «Servicios Nuevos».</p>
<p class='parrafo'>6. Durante 2015, serán vinculantes a nivel de subconcepto:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Los subconceptos incluidos en los artículos 15 «Incentivos al rendimiento» y 18 «Ajustes técnicos, crecimiento de plantilla, funciones y servicios transferidos», excepto los subconceptos 18005 «Provisión gestión centralizada Recursos Humanos» y 18009 «Actuación centralizada», que vincularán a nivel de artículo.</p>
<p class='parrafo'>b) Los créditos destinados a financiar el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid o el Fondo Regional de Cooperación Municipal; en concreto, los subconceptos 46300 «Fondo Regional de Cooperación Municipal», 62900 «Inversiones directas en Planes Municipales (PRISMA)» y 76300 «Transferencias a Corporaciones Locales (PRISMA)».</p>
<p class='parrafo'>c) Los créditos destinados a financiar los mandatos realizados a la Empresa Pública ARPROMA, en concreto, los subconceptos 61203 «Patrimonio histórico-artístico y cultural: Mandato ARPROMA», 62105 «Construcción edificios: Mandato ARPROMA» y 63104 «Reposición o mejora edificios: Mandato ARPROMA».</p>
<p class='parrafo'>d) Los créditos destinados a financiar los convenios realizados con la Empresa Pública Nuevo Arpegio, en concreto, el subconcepto 65000 «Convenio Colaboración: Nuevo Arpegio».</p>
<p class='parrafo'>e) Los siguientes subconceptos:</p>
<p class='parrafo_2'>12401 «Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo».</p>
<p class='parrafo'>12600 «Funcionarios docentes con permiso parcialmente retribuido».</p>
<p class='parrafo'>13105 «Retribuciones personal con contrato alta dirección».</p>
<p class='parrafo'>13106 «Retrib. básicas laboral eventual sust. liberados sindicales».</p>
<p class='parrafo'>14103 «Funcionarios con dispensa total sindical sustituidos».</p>
<p class='parrafo'>14104 «Profesores especialistas».</p>
<p class='parrafo'>14105 «Personal directivo de instituciones sanitarias».</p>
<p class='parrafo'>14106 «Profesores de religión».</p>
<p class='parrafo'>14107 «Retrib. básicas estatutario event. sust. liberados sindic.».</p>
<p class='parrafo'>14108 «Sustitución de sanitarios locales».</p>
<p class='parrafo'>14109 «Retrib. compl. estatutario event. sust. liberados sindic.».</p>
<p class='parrafo'>14300 «Funcionarios interinos de justicia».</p>
<p class='parrafo'>15402 «Cumplimiento de programas concretos de actuación».</p>
<p class='parrafo'>16000 «Cuotas sociales».</p>
<p class='parrafo'>16001 «Cuotas sociales personal eventual».</p>
<p class='parrafo'>20200 «Arrendamiento edificios y otras construcciones».</p>
<p class='parrafo'>22601 «Atenciones protocolarias y representativas».</p>
<p class='parrafo'>22602 «Divulgación y publicaciones».</p>
<p class='parrafo'>62104 «Viviendas IVIMA».</p>
<p class='parrafo_2'>7. La adscripción de programas a cada sección es la que se recoge en el anexo I de esta ley.</p>
<p class='parrafo'>8. La creación de nuevos elementos de la clasificación económica, según cuál sea el nivel de vinculación jurídica de los créditos, se realizará mediante orden del Consejero de Economía y Hacienda, que informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.</p>
<p class='articulo'>Artículo 11. Plan Especial de Actuaciones e Inversiones.</p>
<p class='parrafo'>1. Los créditos para actuaciones incluidas en el Plan de Actuaciones e Inversiones en Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, que se relacionan en el anexo II, no podrán minorarse durante el año 2015, excepto para incrementar otra actuación incluida en su correspondiente anexo o en los anexos del mismo Plan de ejercicios anteriores que estén pendientes de ejecución.</p>
<p class='parrafo'>2. Con el fin de garantizar el cumplimiento del plan citado en el apartado anterior, durante el ejercicio 2015, los responsables de la gestión de los créditos consignados en el mismo realizarán una memoria de su estado de ejecución a fecha 1 de septiembre. Dicha memoria será remitida, a efectos informativos, a la Consejería de Economía y Hacienda.</p>
<p class='articulo'>Artículo 12. Régimen jurídico aplicable a las modificaciones presupuestarias.</p>
<p class='parrafo'>Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, salvo en aquellos extremos que resulten modificados o excepcionados por la presente ley.</p>
<p class='articulo'>Artículo 13. Transferencias de crédito.</p>
<p class='parrafo'>1. En el caso de que una transferencia de crédito afecte a distintos centros presupuestarios, simultáneamente se realizarán los ajustes técnicos necesarios con la finalidad de mantener el equilibrio presupuestario en cada uno de los centros afectados.</p>
<p class='parrafo'>2. Durante el año 2015, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Las transferencias que se realicen en los créditos destinados a transferencias nominativas a favor de empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>b) Las transferencias que se realicen procedentes de los artículos 24 «Servicios nuevos: gastos de funcionamiento» y 69 «Servicios nuevos: gastos de inversión».</p>
<p class='parrafo'>c) Las transferencias que se realicen entre créditos destinados a arrendamientos de bienes inmuebles.</p>
<p class='parrafo'>d) Las transferencias que afecten al artículo 89 «Aportaciones a empresas y entes públicos».</p>
<p class='parrafo_2'>3. Las transferencias de crédito que afecten al subconcepto 20200 «Arrendamiento edificios y otras construcciones» requerirán para su tramitación informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.</p>
<p class='parrafo'>4. No obstante lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, durante el año 2015 corresponde al Consejero de Economía y Hacienda autorizar las transferencias de crédito que afecten a la Sección 26 «Créditos Centralizados».</p>
<p class='articulo'>Artículo 14. Limitación de transferencias de crédito.</p>
<p class='parrafo'>1. No obstante lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2015 solo podrán ser incrementados en casos de urgencia o necesidad inaplazable los créditos de los subconceptos 14300 «Funcionarios interinos de Justicia», 15301 «Productividad factor fijo: otro personal estatutario temporal» y 16001 «Cuotas sociales personal eventual» y de los conceptos 131 «Laboral eventual», 141 «Otro personal» y 194 «Retribuciones de otro personal estatutario temporal», con excepción de los subconceptos 14104 «Profesores Especialistas», 14105 «Personal directivo de instituciones sanitarias» y 14106 «Profesores de Religión».</p>
<p class='parrafo'>2. En ningún caso las transferencias podrán destinarse a nuevas dotaciones de créditos que financien subvenciones nominativas, salvo en los supuestos previstos en el artículo 57.2.b) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>3. No serán de aplicación las limitaciones establecidas en los apartados anteriores cuando se trate de modificaciones derivadas de reestructuraciones orgánicas, así como las que se produzcan como consecuencia de la aprobación de normas con rango de ley.</p>
<p class='articulo'>Artículo 15. Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias.</p>
<p class='parrafo'>1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá autorizar las habilitaciones de crédito que puedan establecerse en virtud de la mayor recaudación o reconocimiento de derechos de cualquiera de los conceptos de ingresos previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2015, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado.</p>
<p class='parrafo'>2. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a realizar en los créditos de gastos de personal las modificaciones presupuestarias necesarias para su ajuste a las variaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de las Plantillas Presupuestarias.</p>
<p class='parrafo'>3. No obstante lo previsto en el artículo 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2015, cada Consejero podrá autorizar transferencias de crédito dentro del capítulo 1, en un mismo programa o entre varios programas de una misma sección, para el cumplimiento de resoluciones judiciales firmes, de acuerdo con los requisitos de documentación y procedimiento establecidos al efecto.</p>
<p class='articulo'>Artículo 16. Subconceptos de gastos asociados a ingresos.</p>
<p class='parrafo'>1. Los créditos asociados a ingresos en cada subconcepto de gasto, por el importe que se recoge en el anexo III de la presente ley, no podrán ser minorados mediante modificaciones u operaciones sobre el presupuesto durante el ejercicio 2015, salvo que tengan como destino otros créditos asociados a ingresos con igual o superior tasa de cofinanciación o cuando tengan como destino otros créditos con inferior tasa de cofinanciación y se asocie un volumen de créditos suficientes que garantice los ingresos inicialmente previstos.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, se garantizarán los ingresos previstos, en caso de asociación o disociación, parcial o total, del crédito afectado a ingresos, sin que medie ninguna modificación u operación sobre el presupuesto, mediante la asociación de crédito en el importe suficiente para compensar los citados ingresos.</p>
<p class='parrafo'>Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, y con vigencia exclusiva para el ejercicio 2015, los subconceptos de gastos asociados a financiación tanto del período elegible 2007-2013 como del nuevo período de programación 2014-2020, podrán ser minorados o incrementados, si se producen variaciones que alteren las tasas de cofinanciación, los criterios de elegibilidad, la territorialidad de los objetivos comunitarios o cualquier otra circunstancia que afecte a las condiciones de cofinanciación. Asimismo, si se establecieran nuevos criterios de elegibilidad, se asociarán nuevos gastos a ingresos, por su importe correspondiente.</p>
<p class='parrafo'>De la realización de las actuaciones descritas en el párrafo primero de este apartado se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea mediante la remisión de un informe trimestral.</p>
<p class='parrafo'>2. Para la realización de cualquiera de las actuaciones descritas en el párrafo primero, segundo y tercero de los apartados anteriores, se requerirá informe previo y favorable de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno en el caso de actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea, salvo en el caso de las financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo de la Pesca (FEP), en que dicho informe corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En el resto de los casos, el informe corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda, previos los informes que se estimen necesarios.</p>
<p class='parrafo'>Los citados órganos serán igualmente competentes para informar con carácter previo y favorable con respecto a los fondos equivalentes que resulten del nuevo Período de Programación 2014-2020.</p>
<p class='parrafo'>3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores y con vigencia durante el ejercicio 2015, se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para que disponga, con carácter obligatorio, la iniciación, tramitación, y elevación al órgano competente para su aprobación de modificaciones presupuestarias u otras operaciones sobre los presupuestos que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los programas y proyectos que reciban cofinanciación de la Unión Europea, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado.</p>
<p class='articulo'>Artículo 17. Cooperación municipal.</p>
<p class='parrafo'>1. Durante 2015 no podrán realizarse transferencias de crédito, cualquiera que sea el programa afectado, que minoren los créditos destinados a financiar el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid o el Fondo Regional de Cooperación Municipal, salvo que vayan destinadas a incrementar cualquiera de los citados instrumentos de cooperación del mismo o de otros programas presupuestarios.</p>
<p class='parrafo'>2. Durante el año 2015 las transferencias a que se refiere el apartado anterior no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>3. Se exceptúan de lo establecido en el anterior apartado 1 las transferencias de crédito financiadas con fondos de la reserva de aportación regional prevista en la disposición adicional primera del Decreto 68/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) para el período 2008-2011 que en la fecha de su tramitación, no estén adscritos a encomienda, ni hayan sido solicitados para su inclusión como actuación PRISMA, de acuerdo con lo previsto en los artículos 6 y 11 y en la disposición transitoria única del citado decreto.</p>
<p class='articulo'>Artículo 18. Información y control.</p>
<p class='parrafo'>El Consejero de Economía y Hacienda, trimestralmente, informará a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las modificaciones de crédito por él autorizadas, al amparo de los artículos 62.1, 62.5, 65 y 67 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. A dicha información se adjuntará un extracto de la memoria explicativa.</p>
<p class='articulo'>Artículo 19. De los presupuestos de carácter estimativo.</p>
<p class='parrafo'>1. Durante 2015 los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC), no podrán superar los importes globales de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea.</p>
<p class='parrafo'>2. Los gastos de personal de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, estarán limitados a la cuantía prevista en su presupuesto aprobado por la Asamblea.</p>
<p class='parrafo'>3. La modificación de los límites establecidos en los apartados anteriores precisará la previa autorización del Consejero de Economía y Hacienda, sin perjuicio de las competencias que establece el artículo 79.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para las variaciones de los presupuestos de explotación y capital.</p>
<p class='parrafo'>4. Durante 2015 las dotaciones para gastos de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC), se destinarán exclusivamente a la finalidad para la que hayan sido previstas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Flujos de Efectivo de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea.</p>
<p class='parrafo'>Las modificaciones que afecten exclusivamente a la finalidad de las dotaciones precisarán autorización del titular de la Consejería a la que estén adscritos. Dicha competencia no podrá ser delegada.</p>
<p class='parrafo'>5. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación al Ente Público «Radio Televisión Madrid» y las sociedades anónimas dependientes del mismo. En el supuesto de modificaciones de los presupuestos de explotación y capital derivados de encargos o mandatos a empresas públicas que precisen de la aprobación de un Plan Económico Financiero, no será necesaria la autorización de la modificación de los límites de dichos presupuestos.</p>
<p class='articulo'>Artículo 20. Créditos para el cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.</p>
<p class='parrafo'>1. Durante 2015 las aportaciones del Estado para financiar las prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, quedarán afectadas al cumplimiento de los fines de la misma.</p>
<p class='parrafo'>2. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, la Consejería de Asuntos Sociales, en el marco de los límites previamente fijados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, podrá adquirir compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios futuros más allá de los que autoriza el artículo 55 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para el aplazamiento de las ayudas para ciudadanos en el entorno familiar de personas dependientes. Dicho aplazamiento no generará intereses de demora ni legales.</p>
<p class='titulo_num'>TÍTULO II</p>
<p class='titulo_tit'>De los gastos de personal</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO I</p>
<p class='capitulo_tit'>De los gastos de personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid</p>
<p class='articulo'>Artículo 21. De las retribuciones.</p>
<p class='parrafo'>1. A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público de la Comunidad de Madrid:</p>
<p class='parrafo_2'>a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos.</p>
<p class='parrafo'>b) El Ente Público «Radio Televisión Madrid» y las sociedades anónimas dependientes del mismo.</p>
<p class='parrafo'>c) Las Universidades Públicas y centros universitarios de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>d) Las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y con forma de sociedad mercantil.</p>
<p class='parrafo'>e) Los Entes Públicos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2 y 3 de la presente ley.</p>
<p class='parrafo'>f) Las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 1.2 de esta ley.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Con efectos de 1 de enero de 2015, las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a los efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.</p>
<p class='parrafo'>No obstante, en concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento a la competitividad, se abonarán al personal que corresponda las cantidades que procedan en los términos de la disposición adicional decimosexta de la presente ley.</p>
<p class='parrafo'>3. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente.</p>
<p class='parrafo'>4. Los acuerdos, pactos o convenios y disposiciones administrativas que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento.</p>
<p class='parrafo'>5. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras.</p>
<p class='parrafo'>6. No se podrán realizar a favor del personal contemplado en el presente artículo aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.</p>
<p class='parrafo'>7. Durante el año 2015, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 párrafo segundo y 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, queda suspendida y sin efecto la aplicación de cualquier previsión relativa a la percepción de beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, que tengan su origen en acuerdos, pactos, convenios y cláusulas contractuales para el personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid contemplado en el presente artículo, excluidos prestamos, anticipos y las ayudas y pluses al transporte de los empleados públicos.</p>
<p class='parrafo'>En consecuencia, no se procederá al abono de cantidad alguna, ni de complementos personales, consolidados o no, que tengan como causa dichos conceptos.</p>
<p class='parrafo'>Por su parte, dicha suspensión se aplicará al personal estatutario en los términos previstos en el artículo 27.5.</p>
<p class='parrafo'>La autorización de la masa salarial por la Consejería de Economía y Hacienda regulada en el artículo 24 de esta ley se hará teniendo en cuenta la suspensión prevista en este apartado.</p>
<p class='parrafo'>8. Todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares de la Administración de la Comunidad de Madrid, Organismos Autónomos, Entidades de Derecho Público, sociedades mercantiles públicas, Universidades Públicas y demás Entes Públicos del sector público de la Comunidad de Madrid, requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicho informe o en sentido contrario al mismo, sin que de los mismos pueda en ningún caso derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de retribuciones.</p>
<p class='parrafo'>9. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones de los contratos mercantiles del personal del sector público.</p>
<p class='articulo'>Artículo 22. Oferta de Empleo Público.</p>
<p class='parrafo'>1. A lo largo del ejercicio 2015 no se procederá a la incorporación de nuevo personal en el sector público definido en el artículo 21.1 de esta Ley, a excepción de las sociedades mercantiles, las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, que se regirán por el apartado 11 de este artículo, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores.</p>
<p class='parrafo'>Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.</p>
<p class='parrafo'>2. En todo caso, las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal del sector público al que hace referencia el apartado anterior requerirán la autorización del Consejo de Gobierno, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.</p>
<p class='parrafo'>3. Una vez agotados todos los sistemas de reordenación, la Oferta de Empleo Público, incluirá, en su caso, aquellas plazas de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión sin personalidad jurídica propia, Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y demás Entes Públicos, que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o afecte al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo previsto en el siguiente apartado.</p>
<p class='parrafo'>No se incluirán en la Oferta de Empleo Público las plazas vacantes de personal laboral pertenecientes a la Entidad de Derecho Público Canal de Isabel II, ni al Ente Público Radio Televisión Madrid.</p>
<p class='parrafo'>4. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del capítulo 1 del presupuesto de gastos, se establece, en cumplimiento de la normativa básica estatal, una tasa de reposición hasta un máximo del 50 por 100, tasa que se adecuará a los sectores y a las condiciones que en dicha normativa se determine.</p>
<p class='parrafo'>Dentro del referido límite máximo, el Consejo de Gobierno podrá acumular la tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios de estos sectores en otro u otros de los sectores contemplados en el citado precepto básico estatal o en aquellos Cuerpos, Escalas o categorías profesionales de alguno o algunos de los mencionados sectores cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos, a cuyos efectos se tendrán en cuenta las necesidades organizativas, la adopción de medidas de racionalización y flexibilización en la gestión de recursos humanos y los índices de absentismo existentes.</p>
<p class='parrafo'>5. Para calcular la tasa de reposición de efectivos se tomarán en consideración los criterios en la materia establecidos por la normativa básica estatal en su Ley de presupuestos para el año 2015.</p>
<p class='parrafo'>6. La validez de la autorización contenida en el apartado 4 estará condicionada, igualmente, al cumplimiento de lo dispuesto en dicha normativa presupuestaria estatal con carácter básico.</p>
<p class='parrafo'>7. Durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la Consejería de Economía y Hacienda.</p>
<p class='parrafo'>Los puestos de trabajo que resulten ocupados por personal indefinido no fijo serán incluidos en la primera convocatoria de concurso de traslados que se efectúe en las categorías correspondientes. En todo caso, la resolución de dicho sistema de provisión interna supondrá la extinción de la relación laboral de los trabajadores de referencia como consecuencia de la adjudicación que derive del mismo o, en su caso, por declararse desierta la cobertura del puesto correspondiente.</p>
<p class='parrafo'>8. Los nombramientos de funcionarios interinos que sean autorizados en el año 2015 de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, incluirán la fecha máxima que corresponda de finalización de los efectos del nombramiento, de acuerdo con la duración de las circunstancias de necesidad y urgencia derivadas del cumplimiento de las políticas, programas, objetivos y créditos definidos para el presente ejercicio presupuestario, sin que dicha fecha pueda en ningún caso ser posterior al 31 de diciembre de 2015, sin posibilidad de prórroga.</p>
<p class='parrafo'>Se exceptúa de lo anterior el personal funcionario interino de administración y servicios en centros educativos no universitarios, cuyo nombramiento podrá extenderse hasta, como máximo, la finalización del plazo ordinario de matriculación de alumnos para el curso académico siguiente.</p>
<p class='parrafo'>9. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión sin personalidad jurídica propia, Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y demás Entes Públicos autonómicos requerirán la previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda con las condiciones que establezca la misma.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, la Consejería de Economía y Hacienda podrá autorizar a dichas Entidades de Derecho Público y demás Entes Públicos la contratación de personal funcionario, laboral o estatutario, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público de la Comunidad de Madrid. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en la Consejería, organismo, ente, empresa pública, fundación o consorcio público de procedencia.</p>
<p class='parrafo'>Los funcionarios interinos, excluidos los de cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que se regirán por su normativa específica, y estatutarios temporales nombrados en puestos de trabajo previamente reservados a sus titulares, o vacantes y vinculados a oferta de empleo público, deberán ser cesados cuando el puesto en el que han sido nombrados deje de estar reservado a su titular o haya finalizado el proceso selectivo correspondiente, con independencia de que se produzca la cobertura definitiva del puesto o este resulte desierto.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, se producirá la finalización de la relación de servicios del personal laboral interino de vacante cuando se produzca la adjudicación del puesto al personal laboral que haya superado el proceso selectivo correspondiente, o haya sido declarada desierta la plaza a cubrir en virtud de dicho proceso, atendiendo en este último caso a lo que establezca el contrato suscrito, sin perjuicio de otras causas legales o convencionales que sean de aplicación.</p>
<p class='parrafo'>10. Las plazas vinculadas a Ofertas de Empleo Público, estén o no ocupadas interina o temporalmente, en tanto no hayan sido objeto de convocatoria para su provisión mediante el correspondiente proceso selectivo, se cubrirán preferentemente a través de los oportunos mecanismos de movilidad interna, voluntaria o forzosa, o como consecuencia de la atención a las solicitudes de reingreso al servicio activo, o de movilidad por razones de salud o de violencia de género de funcionarios de carrera o personal laboral fijo.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, dichas plazas podrán ser objeto de amortización como consecuencia de procesos de reordenación o reorganización administrativa, por razones de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos humanos existentes o por motivos de índole presupuestaria, mientras no se encuentren incursas en convocatorias de pruebas selectivas aprobadas.</p>
<p class='parrafo'>La aplicación de lo previsto en los dos párrafos anteriores requerirá la desvinculación, en su caso, de los puestos de trabajo afectados de la Oferta de Empleo Público en la que se encuentren incluidos.</p>
<p class='parrafo'>Los puestos de trabajo vinculados a Oferta de Empleo Público que se encuentren desempeñados por personal interino, temporal o indefinido no fijo, ya se trate de personal funcionario, estatutario o laboral, se adscribirán preferentemente a sectores prioritarios, para la prestación de servicios públicos esenciales, salvo que proceda su amortización.</p>
<p class='parrafo'>11. En el año 2015, las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil a que se refiere el artículo 21.1.d) no podrán proceder a la contratación de nuevo personal.</p>
<p class='parrafo'>Por su parte, las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público contemplados en el artículo 21.1.f) de la presente ley no podrán proceder a la contratación de nuevo personal.</p>
<p class='parrafo'>No obstante, las referidas prohibiciones en dichos ámbitos no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal, funcionario, laboral o estatutario, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público de la Comunidad de Madrid, previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en la Consejería, organismo, ente, empresa pública, fundación o consorcio público de procedencia.</p>
<p class='parrafo'>Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, se podrán llevar a cabo contrataciones temporales, de conformidad con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía y Hacienda.</p>
<p class='parrafo'>Además, las sociedades mercantiles públicas que hayan tenido beneficios en los últimos tres ejercicios podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 50 por 100 de su tasa de reposición, calculada conforme se establece en el apartado 5 de este artículo. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público contemplados en el artículo 21.1.f) de la presente ley que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 50 por 100 de su tasa de reposición, calculada conforme se establece en el apartado 5 de este artículo. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.</p>
<p class='parrafo'>12. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal de las Universidades Públicas se adecuarán a las normas básicas en materia de oferta de empleo público y a lo establecido en la legislación vigente en materia de Universidades, correspondiendo al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid las autorizaciones que procedan de acuerdo con dichas normas, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y de la Consejería de Economía y Hacienda, y debiendo acreditar las Universidades Públicas el cumplimiento de los requisitos exigidos para su aprobación.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, el nombramiento de personal funcionario interino y la contratación de personal laboral temporal de las Universidades Públicas deberá respetar la normativa básica estatal en la materia.</p>
<p class='articulo'>Artículo 23. Personal del sector público de la Comunidad de Madrid sometido a régimen administrativo y estatutario.</p>
<p class='parrafo'>Con efectos de 1 de enero de 2015, las cuantías de las retribuciones del personal del sector público de la Comunidad de Madrid, sometido al régimen administrativo y estatutario, serán las derivadas de la aplicación de las siguientes normas:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo que desempeñe, no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias cuando sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.</p>
<p class='parrafo'>Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre e incluirán un importe cada una de ellas de las cuantías en concepto de sueldo y trienios establecidas en el artículo 26.b) de la presente ley, y de una mensualidad de complemento de destino, concepto o cuantía equivalente en función del régimen retributivo de los colectivos a los que este artículo resulte de aplicación.</p>
<p class='parrafo'>b) El conjunto de las restantes retribuciones complementarias no experimentará incremento alguno, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo y del resultado individual de su aplicación.</p>
<p class='parrafo'>c) Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta Ley, sin que experimenten incremento alguno.</p>
<p class='parrafo'>d) El personal a que se refiere el presente artículo percibirá, en su caso, las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio de acuerdo con la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal.</p>
<p class='articulo'>Artículo 24. Personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>1. La masa salarial del personal laboral, que no podrá incrementarse en 2015, estará integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social no suspendidos para 2015, devengados por el personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid en 2014, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, con el límite de las cuantías autorizadas por la Consejería de Economía y Hacienda, para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo caso:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.</p>
<p class='parrafo'>c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.</p>
<p class='parrafo'>d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Con efectos de 1 de enero de 2015, la masa salarial del personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.2 de esta ley, no podrá experimentar ningún crecimiento, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada Consejería, Organismo Autónomo, Empresa, Ente Público, fundación del sector público autonómico y consorcio participado mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y Organismos que integran su sector público, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional. En estos supuestos, será preceptivo, en todo caso, el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. Asimismo, se requerirá autorización del Consejo de Gobierno cuando el importe solicitado supere los 250.000 euros.</p>
<p class='parrafo'>Tampoco experimentarán incremento alguno las retribuciones de cualquier otro personal vinculado mediante una relación de carácter laboral no acogido a convenio con independencia de su tipología, modalidad o naturaleza, incluido el personal directivo del sector público.</p>
<p class='parrafo'>3. Durante el primer trimestre de 2015 la Consejería de Economía y Hacienda autorizará la masa salarial de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público, las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil y los restantes Entes a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, así como la de las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público. La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal afectado.</p>
<p class='parrafo'>La autorización de la masa salarial por la Consejería de Economía y Hacienda de las entidades y organismos relacionados en este artículo se hará teniendo en cuenta la suspensión prevista en el artículo 21.7 de la presente ley.</p>
<p class='parrafo'>4. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos anualizados y de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos.</p>
<p class='parrafo'>5. Lo previsto en los apartados anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva. La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2015 y con cargo a ella deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.</p>
<p class='parrafo'>6. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse a la Consejería de Economía y Hacienda las retribuciones satisfechas y devengadas durante 2014, mediante la correspondiente certificación.</p>
<p class='parrafo'>7. Las indemnizaciones o suplidos de este personal se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley y no podrán experimentar ningún crecimiento respecto a 2014.</p>
<p class='articulo'>Artículo 25. Retribuciones de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y de los miembros del Consejo Consultivo.</p>
<p class='parrafo'>1. En el año 2015 las retribuciones del Presidente, Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros de la Comunidad de Madrid y Altos Cargos que tengan reconocido alguno de estos rangos no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.</p>
<p class='parrafo'>2. En el año 2015 las retribuciones de los Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos, Altos Cargos con el mismo rango y Gerentes de Organismos Autónomos no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.</p>
<p class='parrafo'>3. El régimen retributivo del apartado anterior servirá de referencia a efectos de lo establecido en la disposición adicional de la Ley 8/2000, de 20 de junio, por la que se procede a la homologación de las retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Comunidad de Madrid con los de la Administración General del Estado, y de los Diputados de la Asamblea de Madrid con los Diputados por Madrid del Congreso.</p>
<p class='parrafo'>4. Los demás Altos Cargos de la Comunidad de Madrid percibirán una retribución anual equivalente a la de minorar en un 20 por 100 las retribuciones del cargo de Director General, salvo que esta limitación haya sido excepcionada por la Consejería de Economía y Hacienda.</p>
<p class='parrafo'>Las retribuciones de este personal no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.</p>
<p class='parrafo'>5. Los Altos Cargos mencionados en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo tendrán derecho, en su caso, a la cuantía que en concepto de complemento de productividad les pudiera ser asignada por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta del Consejero respectivo.</p>
<p class='parrafo'>6. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero respectivo, y previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá excepcionar de la limitación del apartado 1 de este artículo a determinados puestos, cuando concurran especiales circunstancias que así se justifiquen.</p>
<p class='parrafo'>7. En el año 2015 las retribuciones del Presidente, los Consejeros y el Secretario General del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.</p>
<p class='parrafo'>8. Sin perjuicio de lo expuesto, los Altos Cargos tendrán derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios y personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, en las cuantías establecidas para este tipo de personal en la normativa que, en cada caso, resulte de aplicación, así como al régimen asistencial y prestacional vigente en la Comunidad de Madrid, respetándose las peculiaridades que comporte el sistema mutual que tuviesen reconocido. Los trienios devengados se abonarán con cargo a los créditos y cuantías que para trienios de funcionarios se incluyen en el presupuesto de gastos.</p>
<p class='articulo'>Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta ley, las retribuciones a percibir en el año 2015 por los funcionarios a los que se les aplica el régimen retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, serán las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:</p>
<table class='tabla'>
<tbody>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Grupo/Subgrupo Ley 7/2007</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Sueldo</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Trienios</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>A1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>13.308,60</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>511,80</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>A2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>11.507,76</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>417,24</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>B</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>10.059,24</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>366,24</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>C1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>8.640,24</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>315,72</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>C2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>7.191,00</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>214,80</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/07, de 12 de abril)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>6.581,64</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>161,64</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2'>b) Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre, e incluirán un importe, cada una de ellas, de las siguientes cuantías en concepto de sueldo y trienios, así como el de una mensualidad del complemento de destino mensual que se perciba:</p>
<table class='tabla'>
<tbody>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Grupo/Subgrupo</p>
<p class='cabeza_tabla'>Ley 7/2007</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Sueldo</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Trienios</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>A1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>684,36</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>26,31</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>A2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>699,38</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>25,35</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>B</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>724,50</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>26,38</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>C1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>622,30</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>22,73</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>C2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>593,79</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>17,73</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/07, de 12 de abril)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>548,47</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>13,47</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo'>A efectos de lo dispuesto en este apartado y en el anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los Grupos y Subgrupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, pasan a estar referenciadas a los Grupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta Ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>– Grupo A Ley 30/1984. Subgrupo A1 Ley 7/2007.</p>
<p class='parrafo'>– Grupo B Ley 30/1984. Subgrupo A2 Ley 7/2007.</p>
<p class='parrafo'>– Grupo C Ley 30/1984. Subgrupo C1 Ley 7/2007.</p>
<p class='parrafo'>– Grupo D Ley 30/1984. Subgrupo C2 Ley 7/2007.</p>
<p class='parrafo'>– Grupo E Ley 30/1984. Agrupaciones profesionales Ley 7/2007.</p>
<p class='parrafo_2'>Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.</p>
<p class='parrafo'>c) El complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:</p>
<table class='tabla'>
<tbody>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Nivel</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Importe</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>30</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>11.625,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>29</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>10.427,16</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>28</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>9.988,80</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>27</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>9.550,20</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>26</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>8.378,40</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>25</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>7.433,64</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>24</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>6.995,04</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>23</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>6.556,92</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>22</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>6.118,08</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>21</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>5.680,20</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>20</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>5.276,40</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>19</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>5.007,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>18</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4.737,48</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>17</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4.467,96</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>16</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4.199,16</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>15</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3.929,28</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>14</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3.660,12</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>13</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3.390,36</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>12</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3.120,84</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>11</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2.851,44</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>10</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2.582,28</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>9</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2.447,64</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>8</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2.312,52</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>7</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2.178,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>6</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2.043,24</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>5</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1.908,48</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1.706,52</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1.505,04</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1.302,84</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1.101,00</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo'>d) El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2014. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para las pagas de junio y diciembre de 2014.</p>
<p class='parrafo'>e) El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar sus resultados, se aplicará de conformidad con la normativa específica vigente en cada momento. La valoración de la productividad deberá realizarse en función de las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo en el correspondiente programa.</p>
<p class='parrafo'>Las cuantías individuales asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.</p>
<p class='parrafo'>En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.</p>
<p class='parrafo'>f) Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral tendrán carácter excepcional, y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos. Las gratificaciones por servicios extraordinarios se concederán por los Consejeros respectivos dentro de los créditos asignados a tal fin, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido.</p>
<p class='parrafo'>g) Los complementos personales y transitorios reconocidos serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2015, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015.</p>
<p class='parrafo'>En el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, no se considerarán los trienios, el complemento de productividad o de dedicación especial, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.</p>
<p class='articulo'>Artículo 27. Retribuciones del personal estatutario de los servicios de salud.</p>
<p class='parrafo'>1. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá las siguientes retribuciones:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 26.a), b) y c) de la presente ley.</p>
<p class='parrafo'>b) El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específicos que, en su caso, estén asignados al referido personal no experimentará incremento alguno respecto al vigente a 31 de diciembre de 2014. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para las pagas de junio y diciembre de 2014.</p>
<p class='parrafo'>c) Las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, estén fijadas al referido personal no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.</p>
<p class='parrafo'>d) El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo por sus titulares, así como su participación en programas o actuaciones concretas y el cumplimiento de objetivos. Las cuantías asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Las retribuciones del restante personal estatutario no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.</p>
<p class='parrafo'>3. Las cuantías a percibir por el concepto de carrera profesional no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.</p>
<p class='parrafo'>Con carácter excepcional y durante el ejercicio 2015, no entrarán en vigor las previsiones contenidas en el apartado 12 de los Anexos I y II del Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, sobre carrera profesional de licenciados sanitarios y diplomados sanitarios, por lo que no se procederá al reconocimiento y pago del nivel IV de carrera profesional de los licenciados sanitarios (Anexo I del Acuerdo), ni de los diplomados sanitarios (Anexo II del Acuerdo).</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago de los niveles I, II y III a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2015.</p>
<p class='parrafo'>4. Las cuantías a percibir por el concepto de promoción profesional no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.</p>
<p class='parrafo'>Durante el ejercicio 2015, no se procederá al reconocimiento y pago a cuenta del 3.o y 4.o nivel de promoción profesional en aplicación del acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, en materia de promoción profesional del personal estatutario, negociación colectiva y participación en las condiciones de trabajo y personal en formación mediante el sistema de residencia.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago a cuenta de los niveles 1.o y 2.o a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2015.</p>
<p class='parrafo'>5. Durante el año 2015, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se suspenden y quedan sin efecto las previsiones contenidas en cualquier acuerdo, pacto o convenio de aplicación al personal incluido en el artículo 2.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, relativas a la percepción de ayudas, pluses y premios de cualquier clase, beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, excluidos prestamos y anticipos.</p>
<p class='parrafo'>En consecuencia, no se procederá al abono de cantidad alguna, ni de complementos personales, consolidados o no, que tengan como causa dichos conceptos.</p>
<p class='parrafo'>6. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal a que se refiere el presente artículo serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2015, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en el artículo 26.g) de esta ley.</p>
<p class='articulo'>Artículo 28. Retribuciones de los funcionarios a los que no es de aplicación el sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>Las cuantías de las retribuciones íntegras de los funcionarios que por no tener aprobada la aplicación del sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, y en tanto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid se acuerde la aprobación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o la integración en las mismas de colectivos de personal procedente de transferencias del Estado, se regirán por lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley, manteniéndose la misma estructura retributiva.</p>
<p class='articulo'>Artículo 29. Retribuciones del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.</p>
<p class='parrafo'>1. El personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que desempeñe sus funciones en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 y en la demás normativa que resulte aplicable.</p>
<p class='parrafo'>2. Los complementos y mejoras retributivas que estén regulados en disposiciones o acuerdos adoptados por los órganos de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias respecto de este personal, no experimentarán incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2014, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la presente ley.</p>
<p class='articulo'>Artículo 30. Otras retribuciones: personal eventual, funcionarios interinos, funcionarios en prácticas, contratos de alta dirección y otro personal directivo.</p>
<p class='parrafo'>1. El personal eventual regulado en la disposición adicional octava de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe y los trienios que pudiera tener reconocidos como personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el artículo 21.2 y en el artículo 26.b) y d) de la presente ley.</p>
<p class='parrafo'>2. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirán el sueldo correspondiente al Grupo o Subgrupo en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen vacante, los trienios que tuvieran reconocidos y el 100 por 100 de las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.</p>
<p class='parrafo'>Por su parte, los funcionarios interinos nombrados en los supuestos previstos en las letras c) y d) del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, percibirán las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a un puesto base del Cuerpo o Escala en el que sean nombrados.</p>
<p class='parrafo'>Será de aplicación a los funcionarios interinos lo dispuesto en el artículo 21.2 y en el artículo 26.b) y d) de la presente ley.</p>
<p class='parrafo'>3. Las retribuciones de los funcionarios en prácticas se regularán por la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal.</p>
<p class='parrafo'>4. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos a que se refiere el apartado 2 de este artículo, así como al personal eventual y a los funcionarios en prácticas en el supuesto en que las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada la aplicación de dicho complemento a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>5. Las retribuciones del personal con contrato de alta dirección no comprendido en los artículos 25 y 31 de esta ley no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio del derecho a la percepción, referida a catorce mensualidades, de los trienios que pudieran tener reconocidos como personal al servicio de la Administración del Estado y demás Administraciones Públicas.</p>
<p class='parrafo'>Por su parte, las retribuciones del personal directivo de entes públicos, empresas públicas, fundaciones del sector público y el de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, no comprendido en el párrafo primero de este apartado, ni en los artículos 25 y 31 de esta ley, no experimentarán incremento alguno de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.</p>
<p class='parrafo'>6. La fijación inicial de las retribuciones del personal directivo de las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid, definidas a estos efectos en el artículo 21.1.f) de esta ley, así como de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda y se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la presente ley.</p>
<p class='parrafo'>7. A los efectos de lo preceptuado en los apartados 5 y 6 de este artículo, se entenderá por personal directivo aquel cuyas retribuciones brutas anuales por todos los conceptos, excluida la antigüedad, sean equivalentes o superiores a las fijadas para los altos cargos a los que se refiere el artículo 25.4 de esta ley y, en todo caso, aquel con contrato de trabajo de personal de alta dirección, por lo que respecta a la fijación inicial de retribuciones.</p>
<p class='articulo'>Artículo 31. Retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad.</p>
<p class='parrafo'>1. Durante el año 2015, la cuantía de las retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad no experimentará incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014. La Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la Consejería de Sanidad, determinará las cuantías máximas que en concepto de productividad variable por cumplimiento de objetivos deba percibir el citado personal, que no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014. Asimismo, el importe total que se abone por este concepto no podrá superar las cuantías globales de los créditos que se hayan consignado para tal fin en la partida 15303 «Productividad factor variable del personal directivo» de la Sección 17.</p>
<p class='parrafo'>2. No obstante, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Sanidad, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá establecer las retribuciones de naturaleza fija y las cuantías máximas de productividad variable que deban incluirse en los nuevos contratos o nombramientos que se formalicen para este personal, cuando concurran especiales circunstancias que así lo justifiquen.</p>
<p class='articulo'>Artículo 32. De los costes de personal incluidos en los Presupuestos de las Universidades Públicas.</p>
<p class='parrafo'>1. A los efectos de las previsiones de la presente ley, para la determinación del régimen jurídico de retribuciones del personal de las Universidades Públicas se aplicará:</p>
<p class='parrafo_2'>a) La legislación estatal en materia de Función Pública al personal docente e investigador de carácter funcionarial.</p>
<p class='parrafo'>b) La legislación autonómica al personal laboral, tanto docente e investigador como de administración y servicios.</p>
<p class='parrafo'>c) Las normas que dicten las universidades, en el marco de la legislación básica del Estado sobre función pública y dentro del límite máximo establecido en los artículos 21 y 23 de esta ley, al personal de administración y servicios de carácter funcionarial.</p>
<p class='parrafo_2'>2. La Consejería de Educación, Juventud y Deporte autorizará, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, los costes de personal docente e investigador y de administración y servicios de cada una de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, en el marco de la normativa básica sobre oferta de empleo público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 3.a) de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>Los costes de personal autorizados serán los que las universidades deberán reflejar en sus presupuestos, tal y como establece el artículo 51.4.b) de esta ley.</p>
<p class='parrafo'>En todo caso, las retribuciones del personal de las universidades solo podrán ser revisadas con el límite general y criterios establecidos en el artículo 21 de la presente ley o en los preceptos correspondientes de la legislación estatal, según el régimen jurídico aplicable al colectivo de personal de que se trate.</p>
<p class='parrafo'>3. Con objeto de recabar esta autorización, las universidades deberán remitir a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, antes del 15 de septiembre, la siguiente documentación:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Su plantilla de personal efectiva, junto con la relación de puestos de trabajo, comprensiva de todas las categorías de personal, tanto docente e investigador, como de administración y servicios a la que se adjuntará un anexo en el que figuren todos los puestos de nuevo ingreso que se proponen, de acuerdo con las disposiciones básicas en materia de oferta de empleo público que se recogen en el artículo 22 de esta ley.</p>
<p class='parrafo'>b) La totalidad de los costes de personal.</p>
<p class='parrafo'>c) La actividad docente e investigadora del personal docente e investigador.</p>
<p class='parrafo'>d) El proyecto del capítulo 1 de sus presupuestos.</p>
<p class='parrafo_2'>Esta documentación se remitirá con la distribución, requisitos y desagregación que establezca la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.</p>
<p class='parrafo'>4. Los costes de personal autorizados para 2015 no podrán ser objeto de incremento alguno.</p>
<p class='parrafo'>5. Por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte se dará traslado a la Consejería de Economía y Hacienda de la información a la que se refiere el apartado 3 de este artículo, así como de la autorización de costes realizada.</p>
<p class='parrafo'>6. Las cuantías que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.6 de la Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2013, se han integrado en las transferencias corrientes de carácter nominativo a favor de las universidades, solo podrán destinarse a retribuciones de personal de carácter variable, ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión. En el caso de que una universidad estuviera incursa en el supuesto previsto en el artículo 51.8 de esta ley, o se encontrara en riesgo de incumplir el objetivo del ejercicio 2015, podrá acordar la no disponibilidad total o parcial de los importes antes citados.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO II</p>
<p class='capitulo_tit'>Otras disposiciones en materia de personal</p>
<p class='articulo'>Artículo 33. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario.</p>
<p class='parrafo'>1. Durante el año 2015, será preciso informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no funcionario y laboral al servicio de:</p>
<p class='parrafo_2'>a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos.</p>
<p class='parrafo'>b) El Ente Público «Radio Televisión Madrid» y las sociedades anónimas dependientes del mismo.</p>
<p class='parrafo'>c) Las empresas públicas con forma de Entidad de Derecho Público y con forma de sociedad mercantil.</p>
<p class='parrafo'>d) Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2 y 3 de la presente Ley.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Se entenderá por determinación o modificación de las condiciones retributivas del personal no funcionario, las siguientes actuaciones:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación.</p>
<p class='parrafo'>b) Firma de Convenios Colectivos, acuerdos o instrumentos similares suscritos por los organismos citados en el apartado 1 anterior, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.</p>
<p class='parrafo'>c) Aplicación de los Convenios Colectivos de ámbito sectorial, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.</p>
<p class='parrafo'>d) Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante Convenio Colectivo.</p>
<p class='parrafo'>e) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Una vez finalizado el proceso negociador y con carácter previo a su acuerdo o firma en el caso de Convenios Colectivos o contratos individuales, se remitirá a la Consejería de Economía y Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos, al efecto de emitir el pertinente informe.</p>
<p class='parrafo'>4. El mencionado informe será evacuado en el plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto y versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2015 como para ejercicios futuros, y especialmente en lo que se refiere a control del crecimiento de la masa salarial.</p>
<p class='parrafo'>5. Los instrumentos convencionales que se deriven de la negociación colectiva precisarán del previo informe de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. El mencionado informe será evacuado en el plazo de quince días, a contar desde la recepción del proyecto y versará sobre las cuestiones de índole no estrictamente económica que se pacten en aquellos.</p>
<p class='parrafo'>6. Serán nulos de pleno derecho, y por consiguiente sin ningún valor ni eficacia, los acuerdos adoptados en esta materia con omisión de los informes señalados en este artículo, o cuando los mismos se hayan emitido en sentido desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen las futuras Leyes de Presupuestos.</p>
<p class='parrafo'>7. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para el año 2015 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 34. Contratos de alta dirección.</p>
<p class='parrafo'>Los contratos de alta dirección que se celebren durante 2015 por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho Público como de sociedad mercantil, resto de Entes del sector público autonómico y por las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, deberán remitirse, al menos con quince días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, aportando al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho y, por consiguiente, sin ningún valor ni eficacia, los contratos suscritos con omisión de la petición de los informes señalados o cuando alguno de ellos no haya sido emitido en sentido favorable.</p>
<p class='parrafo'>El informe del párrafo anterior se recabará con anterioridad a la aprobación del contrato por el órgano competente de la entidad correspondiente.</p>
<p class='articulo'>Artículo 35. Prohibición de ingresos atípicos.</p>
<p class='parrafo'>Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente ley no podrán percibir participación alguna de los tributos u otros ingresos de cualquier naturaleza que correspondan a la Administración o a cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, sin perjuicio de lo que resulte de aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.</p>
<p class='articulo'>Artículo 36. Prohibición de cláusulas indemnizatorias.</p>
<p class='parrafo'>1. En la contratación de personal por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho Público como de sociedad mercantil y por el resto de Entes del sector público autonómico, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias, dinerarias o no dinerarias, por razón de la extinción de la relación jurídica que les una con la Comunidad de Madrid, que se tendrán por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningún valor ni eficacia, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en representación de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>2. La anterior prohibición se aplicará también en la contratación de personal por las fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, a los que se refiere el artículo 21.1 de esta ley.</p>
<p class='parrafo'>3. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, la modificación o novación de los contratos indicados en el anterior apartado exigirá la adaptación de su contenido, en lo relativo a indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, a lo previsto en este artículo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 37. Contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones.</p>
<p class='parrafo'>1. Las diferentes Consejerías y Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos, podrán formalizar durante el año 2015, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación sobre contratación del Sector Público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.</p>
<p class='parrafo'>b) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Esta contratación requerirá el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma por carecer de suficiente personal fijo, o de crédito suficiente en el concepto presupuestario destinado a la contratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. El informe de la Consejería de Economía y Hacienda se emitirá en el plazo máximo de quince días, dando cuenta trimestralmente a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>3. Serán nulos de pleno derecho los actos que infrinjan el procedimiento establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>4. Los contratos habrán de someterse a las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, y respetar lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. En los contratos, se hará constar la obra o servicio para cuya realización se celebra el contrato, así como el resto de los requisitos que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o temporales. Los incumplimientos de estas obligaciones formales, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse los derechos de fijeza para el personal contratado, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 129 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>5. Asimismo, podrán realizarse contratos de formación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, con aquellos que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller y casas de oficios, los cuales deberán respetar la regulación contenida en la normativa aplicable a estos programas que dicte la Comunidad de Madrid y, supletoriamente, la Administración del Estado.</p>
<p class='articulo'>Artículo 38. Formalización de contratos, adscripción o nombramiento de personal.</p>
<p class='parrafo'>1. La formalización de todo nuevo contrato, adscripción o nombramiento de personal, en puestos de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, requerirá previamente la justificación de que la plaza objeto del contrato, adscripción o nombramiento esté dotada presupuestariamente, se encuentre vacante y exista el crédito necesario para atender al pago de las retribuciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 6 del artículo 60 de esta ley.</p>
<p class='parrafo'>En los demás supuestos la formalización de contratos, adscripción, o nombramiento de personal requerirá previamente la justificación de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al pago de las retribuciones con cargo a las dotaciones globales aprobadas para tal fin.</p>
<p class='parrafo'>2. Los créditos correspondientes a dotaciones de personal no implicarán en modo alguno reconocimiento y variaciones en las plantillas presupuestarias ni de derechos económicos individuales, que se regirán por las normas legales o reglamentarias que les sean de aplicación.</p>
<p class='parrafo'>3. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='titulo_num'>TÍTULO III</p>
<p class='titulo_tit'>De las operaciones financieras</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO I</p>
<p class='capitulo_tit'>Operaciones de crédito</p>
<p class='articulo'>Artículo 39. Límite del endeudamiento.</p>
<p class='parrafo'>Durante 2015, la Administración de la Comunidad de Madrid, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, las Empresas Públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), podrán tomar deuda tanto a corto como a largo plazo por un importe máximo que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en los acuerdos que en materia de endeudamiento se hayan adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de los volúmenes que se dispongan a lo largo del ejercicio.</p>
<p class='articulo'>Artículo 40. Operaciones financieras a largo plazo.</p>
<p class='parrafo'>1. Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, disponga la realización de las operaciones financieras a que se refiere el artículo 90 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, dentro del límite establecido en el artículo anterior.</p>
<p class='parrafo'>2. Los Organismos Autónomos, las Empresas Públicas, y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), podrán concertar, previa autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, operaciones de crédito a largo plazo, incluidas operaciones entre sí, dentro del límite establecido en el artículo anterior.</p>
<p class='parrafo'>3. Los sujetos clasificados en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas que a continuación se enumeran podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo, incluidas operaciones entre sí, previa autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, por un importe máximo de:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Canal de Isabel II Gestión, S.A.: 500.000.000 euros.</p>
<p class='parrafo'>b) Metro de Madrid, S.A.: 195.701.525 euros, con el límite de un endeudamiento neto máximo de 120.000.000 euros.</p>
<p class='parrafo_2'>La deuda viva a largo plazo de los sujetos mencionados en este apartado experimentará un crecimiento a 31 de diciembre de 2015 por importe equivalente a la creación neta de endeudamiento, sin perjuicio de los volúmenes autorizados que se dispongan a lo largo del ejercicio.</p>
<p class='parrafo'>4. Cualquier otra operación por encima de los límites fijados en el apartado 3 o de los Organismos Autónomos, Empresas Públicas, Entes y demás sujetos que se clasifiquen en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas distintos de los mencionados en el apartado 3 anterior, así como de aquellos otros que, en el transcurso de la vigencia de esta Ley, se incorporen a la Comunidad de Madrid como Sociedades no financieras Públicas, deberán contar con la autorización del Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe favorable de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.</p>
<p class='parrafo'>5. El Consejero de Economía y Hacienda autorizará las condiciones de las operaciones financieras a largo plazo establecidas en los apartados anteriores, y las formalizará en representación de la Comunidad de Madrid por lo que respecta a las referidas en el apartado 1.</p>
<p class='parrafo'>6. La Comunidad de Madrid, dentro del límite de endeudamiento previsto en el artículo 39 de la presente Ley, asumirá los vencimientos de capital correspondientes a 2015 de las operaciones financieras a largo plazo del Ente Público Radio Televisión Madrid en sus respectivas fechas.</p>
<p class='parrafo'>La Consejería de Economía y Hacienda autorizará las operaciones de tesorería y dictará las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.</p>
<p class='parrafo'>7. El Gobierno de la Comunidad de Madrid remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses tras su formalización, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del presente artículo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 41. Operaciones financieras a corto plazo.</p>
<p class='parrafo'>1. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Concertar operaciones financieras activas que tengan por objeto invertir excedentes de tesorería, siempre que el plazo de las mismas no rebase el 31 de diciembre de 2015, salvo que exista pacto expreso de recompra con la contraparte.</p>
<p class='parrafo'>b) Concertar operaciones financieras pasivas que tengan por objeto cubrir necesidades transitorias de tesorería, siempre que se efectúen por plazo no superior a un año.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos dependientes de la Comunidad de Madrid podrán, siempre que cuenten con autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, realizar las operaciones financieras contempladas en el apartado anterior.</p>
<p class='parrafo'>3. El Gobierno de la Comunidad de Madrid remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses desde su contratación, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en el presente artículo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 42. Otras operaciones financieras.</p>
<p class='parrafo'>1. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para modificar, refinanciar y sustituir las operaciones de endeudamiento ya existentes, con o sin novación de contrato, con el objeto de obtener un menor coste, una distribución de la carga financiera más adecuada, prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones en las condiciones de mercado o cuando las circunstancias del mercado u otras causas así lo aconsejen. Asimismo, podrá acordar operaciones con instrumentos financieros derivados, tales como permutas financieras, opciones y futuros financieros, seguros y cualesquiera otras operaciones que permitan asegurar o disminuir el riesgo, así como mejorar la gestión o las condiciones de la carga financiera de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>2. Corresponde al Consejero de Economía y Hacienda la determinación de las características de las operaciones a que se refiere el apartado anterior.</p>
<p class='parrafo'>3. Se autoriza a los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos a realizar, previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda, las operaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.</p>
<p class='parrafo'>4. Cuando las operaciones a que se refieren los apartados 1 y 3 anteriores provoquen movimientos transitorios de tesorería de signo contrario en los que el aseguramiento o cobertura sea consecuencia del saldo neto entre aquellos, dichos movimientos se contabilizarán de forma separada, siendo su saldo neto el que se aplique al presupuesto, de acuerdo con el carácter limitativo o estimativo de dicho presupuesto, en función de la naturaleza jurídica del ente afectado.</p>
<p class='parrafo'>5. Los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos necesitarán autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda para realizar operaciones de titulización de activos o de cesión de derechos de crédito de cualquier naturaleza.</p>
<p class='articulo'>Artículo 43. Anticipos de caja.</p>
<p class='parrafo'>1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar la concesión de anticipos de caja a los Organismos Autónomos, Empresas Públicas, Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid y demás Entes Públicos, hasta un límite máximo del 15 por 100 de su presupuesto inicial, con el fin de hacer frente a los desfases entre ingresos y pagos del período. Este límite se entiende operación a operación, pudiéndose solicitar un nuevo anticipo una vez quede cancelado el precedente.</p>
<p class='parrafo'>2. El límite máximo del 15 por 100 señalado en el apartado anterior podrá superarse por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, a petición razonada de la Consejería de Economía y Hacienda.</p>
<p class='parrafo'>3. A efectos contables, dichos anticipos tendrán la consideración de Operaciones de Tesorería con el correspondiente reflejo en la cuenta de «Deudores», debiendo quedar reintegrados antes de la finalización del ejercicio económico en el que se concedan.</p>
<p class='parrafo'>4. Los anticipos contemplados en este artículo no podrán otorgarse, en ningún supuesto, si representaran necesidad de endeudamiento por parte de la Comunidad de Madrid. Todas las operaciones autorizadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid al amparo de este artículo, se remitirán, en el plazo máximo de treinta días, a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO II</p>
<p class='capitulo_tit'>Tesorería</p>
<p class='articulo'>Artículo 44. Apertura de cuentas en entidades financieras.</p>
<p class='parrafo'>La apertura de cuentas en entidades financieras que haya de realizarse por los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos de la Comunidad de Madrid requerirá de la autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda.</p>
<p class='articulo'>Artículo 45. Valores pendientes de cobro.</p>
<p class='parrafo'>A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, la cantidad estimada como mínima suficiente para cubrir el coste de exacción y recaudación será la determinada mediante orden del Consejero de Economía y Hacienda.</p>
<p class='parrafo'>No quedarán afectadas por esta norma las deudas referidas a un mismo deudor cuya suma supere la cuantía fijada, excluido el recargo de apremio.</p>
<p class='titulo_num'>TÍTULO IV</p>
<p class='titulo_tit'>Procedimientos de gestión presupuestaria</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO I</p>
<p class='capitulo_tit'>Autorización de gastos</p>
<p class='articulo'>Artículo 46. Autorización de gastos.</p>
<p class='parrafo'>En relación con lo dispuesto en el artículo 55.3.a) y en el artículo 69.1.c) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, estará reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso de gastos de capital y operaciones financieras cuya cuantía exceda de 750.000 euros, o de 250.000 euros en gastos corrientes.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO II</p>
<p class='capitulo_tit'>De los centros docentes no universitarios</p>
<p class='articulo'>Artículo 47. Autorización de cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios, de contrataciones de otro profesorado en centros docentes públicos no universitarios y la designación de asesores técnicos docentes.</p>
<p class='parrafo'>1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizará, a propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, el número global de nuevos cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios para el curso escolar 2015-2016.</p>
<p class='parrafo'>2. Durante 2015, requerirá autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda la determinación del número máximo de otro profesorado no funcionario que preste servicio en centros públicos no universitarios, así como la designación de asesores técnicos docentes.</p>
<p class='articulo'>Artículo 48. Módulo económico para financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos.</p>
<p class='parrafo'>1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el Anexo IV de la presente ley se fijan los módulos económicos correspondientes a la distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados a la financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos en el año 2015:</p>
<p class='parrafo_2'>a) En el ejercicio de sus competencias, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá incrementar los módulos incluidos en el Anexo citado adecuándolos a las exigencias derivadas de la impartición de las enseñanzas reguladas por las leyes orgánicas en materia educativa, mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.</p>
<p class='parrafo'>b) La Consejería de Educación, Juventud y Deporte establecerá los criterios de distribución de los importes que integran los «gastos variables» de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 117.3.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dentro de este concepto de «gastos variables» se abonarán las retribuciones de los directores, a los que hace referencia el artículo 54 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de forma progresiva y dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes, y de acuerdo con el desarrollo reglamentario que se efectúe, se abonarán las compensaciones económicas y profesionales correspondientes al desempeño de otras funciones directivas que se determinen por los centros en base a su autonomía organizativa. Dicha financiación tendrá el importe máximo que se señala en el anexo IV de la presente ley.</p>
<p class='parrafo'>La financiación de la función directiva establecida en este artículo y en el anexo IV constituye la aportación máxima de la Comunidad de Madrid para financiar este objetivo en el ejercicio 2015 y posee carácter finalista, no pudiendo los centros destinarla a otros fines.</p>
<p class='parrafo'>c) Las cuantías señaladas para «salarios del personal docente» y «gastos variables», incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades entre el profesorado y el titular del centro respectivo, derivadas de la relación laboral existente, relación a la que es totalmente ajena la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>En el año 2015, las cuantías del apartado de «salarios de personal docente, incluidas cargas sociales» de los módulos económicos para la financiación de los conciertos educativos, no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014.</p>
<p class='parrafo'>La Administración no asumirá:</p>
<p class='parrafo_2'>1.º Los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del anexo IV de la presente ley.</p>
<p class='parrafo'>2.º Los incrementos retributivos del personal docente en centros concertados que supongan superar las retribuciones del personal funcionario docente no universitario.</p>
<p class='parrafo'>3.º Alteraciones de cualquier tipo en las retribuciones del profesorado, derivadas de convenios colectivos, que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a abonos para el personal docente, establecido en los módulos del citado anexo IV.</p>
<p class='parrafo'>4.º Los incumplimientos de los centros concertados con la Seguridad Social o la Administración tributaria, de tal forma que, en ningún caso, puedan imputarse a la Comunidad de Madrid las deudas tributarias y cuotas sociales de los mismos ni afectarla en su condición de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social o a la Administración Tributaria.</p>
<p class='parrafo_2'>d) Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero del año 2015, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de la enseñanza privada, aplicables a cada nivel educativo en los centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente convenio colectivo, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero del año 2015.</p>
<p class='parrafo'>e) La cuantía correspondiente a «otros gastos» se abonará mensualmente, debiendo los centros justificar su aplicación, por curso escolar, al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del mismo centro. Este módulo destinado a «otros gastos» tendrá efectividad a partir de 1 de enero de 2015.</p>
<p class='parrafo'>En los centros concertados que escolaricen a alumnos que, por su situación de desventaja social, cultural y económica, presenten dificultades para el acceso e integración en el centro educativo, se podrá incrementar la cuantía correspondiente a «otros gastos» por unidad de apoyo de compensación educativa hasta un máximo de 4.494,84 euros y en función de las disponibilidades presupuestarias, para financiar los recursos materiales estrictamente necesarios en la escolarización del alumnado, para su integración en las actividades del centro en igualdad de condiciones que sus compañeros. La parte de esta asignación económica que tenga carácter individual para uso del alumno será incompatible con otras ayudas que se puedan percibir para la misma finalidad. Estas cuantías se abonarán y justificarán dentro del módulo destinado a «otros gastos».</p>
<p class='parrafo'>Con carácter singular, dentro de las disponibilidades presupuestarias, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, los importes de otros gastos podrán incrementarse para sufragar el coste de programas de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, tales como aulas de enlace y otros programas para atender las necesidades específicas del alumnado que se convoquen a lo largo del año.</p>
<p class='parrafo'>f) A los centros docentes que tengan unidades concertadas en educación secundaria obligatoria, programas de cualificación profesional inicial (módulos voluntarios), enseñanzas de formación profesional de grado medio y formación profesional básica se les dotará de la financiación para sufragar el servicio de orientación educativa previsto en el artículo 157.1.h) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación será la equivalente y proporcional a una jornada completa del orientador por cada 20 unidades concertadas de dichas enseñanzas.</p>
<p class='parrafo'>g) De conformidad con lo señalado en el artículo 72, apartados 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a los centros concertados que escolaricen a alumnos con necesidades educativas específicas se les dotará de los recursos adicionales necesarios para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.</p>
<p class='parrafo'>h) A los centros docentes concertados de educación especial, y en función de las disponibilidades presupuestarias, se les dotará de una ayuda destinada a financiar el transporte de alumnos plurideficientes con discapacidad motora que tengan serias dificultades en el desplazamiento y que requieran un transporte adaptado. El importe anual de la ayuda será de 1.256,48 euros por alumno, que se abonarán al centro en función del número de alumnos escolarizados en el mismo desde el inicio de cada curso escolar. Esta ayuda será incompatible con otras que puedan percibir los alumnos para la misma finalidad de transporte adaptado.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Las relaciones profesor/unidad concertada («ratios») adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, fijadas por la Administración educativa y calculadas siempre en base a jornadas de 25 horas lectivas semanales, son las que aparecen en el anexo IV junto al módulo de cada nivel. La ratio profesor/unidad escolar podrá ser incrementada por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte para adecuarlas a las necesidades concretas de determinados centros y alumnado, dentro de las disponibilidades presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno en aplicación de lo establecido en el artículo 49 de la presente ley. Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades escolares que se produzcan en los centros concertados por atención a necesidades educativas específicas, así como en consecuencia de la aplicación de la normativa vigente en materia de conciertos educativos.</p>
<p class='parrafo'>En el caso de las enseñanzas de formación profesional que se desarrollen según proyectos propios autorizados, la ratio de profesorado por unidad escolar se ajustará al proyecto autorizado en función de la distribución de la carga horaria entre las horas lectivas en el centro educativo y los períodos de formación en la empresa. En enseñanzas con una duración de 2.000 horas, los centros podrán distribuir la cuantía económica total, correspondiente a la ratio de profesorado de los dos cursos de las enseñanzas, en función de sus necesidades organizativas.</p>
<p class='parrafo'>3. En los conciertos singulares suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, los centros podrán percibir por parte de los alumnos, en concepto exclusivo de enseñanza reglada de Bachillerato, la cantidad entre 18 y 36 euros alumno/mes, durante diez meses en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.</p>
<p class='parrafo'>La financiación obtenida por los centros, como consecuencia del cobro a los alumnos tendrá carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los otros gastos.</p>
<p class='parrafo'>La cantidad abonada por la Administración no podrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,06 euros el importe correspondiente a «otros gastos» establecido en el anexo IV de la presente ley.</p>
<p class='parrafo'>4. Los centros privados regidos mediante convenios con la Administración educativa se financiarán de acuerdo a los términos de los mismos.</p>
<p class='parrafo'>5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la presente regulación sobre los módulos económicos para el sostenimiento de los centros concertados se adaptará, en su caso, a lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.</p>
<p class='articulo'>Artículo 49. Autorización de unidades escolares en centros privados sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2015-2016.</p>
<p class='parrafo'>El Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizará, con carácter global, el número máximo de unidades a concertar para el curso escolar 2015-2016, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.</p>
<p class='articulo'>Artículo 50. Convenios con Corporaciones Locales.</p>
<p class='parrafo'>1. Durante 2015, la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales para la creación, construcción y funcionamiento de los centros docentes públicos que se establezcan en desarrollo de la planificación educativa precisará informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda. Estos convenios se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, así como por lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y su normativa de desarrollo, de conformidad con el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.</p>
<p class='parrafo'>2. Durante 2015 la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales en materia de construcción y gestión de centros concertados precisará informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO III</p>
<p class='capitulo_tit'>Universidades Públicas</p>
<p class='articulo'>Artículo 51. Régimen presupuestario de las universidades.</p>
<p class='parrafo'>1. A efectos de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria definido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid elaborarán, aprobarán y ejecutarán sus presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos en situación de equilibrio, coherente con la normativa europea.</p>
<p class='parrafo'>2. Las actuaciones de las universidades estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera, entendida como la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y normativa europea.</p>
<p class='parrafo'>3. Los preceptos contenidos en los apartados 1 y 2 anteriores son aplicables a las entidades dependientes de las Universidades Públicas que hayan sido clasificadas dentro del sector Administración Pública de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC).</p>
<p class='parrafo'>4. La estructura de los presupuestos de gastos y sistema contable de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid se adaptarán a la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con las siguientes especificidades:</p>
<p class='parrafo_2'>a) A las clasificaciones del estado de gastos previstas en el artículo 47.2 de la citada Ley, se les añadirá una memoria comprensiva de la clasificación territorial que refleje los gastos por municipios que, en todo caso, comprenderá los proyectos de inversión.</p>
<p class='parrafo'>b) Al estado de gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de los costes, previamente autorizados, y se incluirá un Anexo en el que figuren los puestos de nuevo ingreso que se proponen.</p>
<p class='parrafo_2'>La memoria comprensiva de la clasificación territorial de los gastos, así como la relación de puestos de trabajo del personal de la universidad, serán remitidas junto con el resto de la documentación, una vez aprobados los presupuestos, a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Esta Consejería dará traslado de la citada documentación a la Consejería de Economía y Hacienda.</p>
<p class='parrafo'>5. Si los presupuestos de la universidad no resultaran aprobados antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la publicación de los nuevos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>6. Las cuentas anuales consolidadas de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid deberán someterse, antes de su aprobación, a una auditoría externa financiera y de cumplimiento. Las cuentas anuales consolidadas de cada universidad, junto con el informe de auditoría, deberán enviarse a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, a la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos y a la Dirección General de Universidades e Investigación, antes del 30 de junio del ejercicio siguiente.</p>
<p class='parrafo'>Dicha documentación se adjuntará, figurando separadamente, a la Cuenta General de la Comunidad de Madrid para su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>7. De acuerdo con el principio de transparencia enunciado en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los presupuestos de las Universidades Públicas y sus liquidaciones deberán contener información suficiente y adecuada para permitir la verificación de su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia.</p>
<p class='parrafo'>La Comunidad de Madrid recabará de las Universidades Públicas madrileñas la información necesaria para el cumplimiento efectivo del principio de transparencia. A estos efectos, por orden conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y Educación, Juventud y Deporte, se concretará la información a suministrar, que deberá ser aportada en el plazo máximo de quince días naturales. En todo caso, se informará con carácter anual sobre el presupuesto inicial de ingresos y gastos y la liquidación del mismo y con carácter trimestral de la liquidación de los ingresos y los gastos ejecutados en el trimestre anterior.</p>
<p class='parrafo'>En el supuesto de que las universidades incumplan la obligación de remitir la información requerida, se podrá proceder por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, a la retención del 10 por 100 del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las mismas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Cuando se remita la mencionada información, se reanudará el pago completo de los libramientos mensuales a partir de la que corresponda al mes siguiente al de su recepción, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad.</p>
<p class='parrafo'>8. Las universidades que no hayan cumplido con el objetivo de equilibrio presupuestario calculado de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC) tendrán la obligación de aprobar en el plazo de tres meses, desde la aprobación o liquidación del presupuesto en situación de desequilibrio, un plan económico-financiero a un plazo máximo de tres años. Este plan, que será aprobado por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, recogerá las actividades a realizar y las medidas a adoptar en relación con la regulación, ejecución y gestión de los gastos y de los ingresos, que permitan garantizar el retorno a una situación de equilibrio presupuestario.</p>
<p class='parrafo'>El plan económico financiero deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.</p>
<p class='parrafo'>La Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, podrá proceder a la retención del 10 por 100 del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las Universidades Públicas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid en los siguientes supuestos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) En caso de que estas no elaborasen en plazo el plan económico-financiero.</p>
<p class='parrafo'>b) En caso de no aprobarse el citado plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por no cumplir con los requisitos legal y reglamentariamente establecidos.</p>
<p class='parrafo'>c) En el supuesto de que, una vez aprobado el plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se observe el incumplimiento del mismo.</p>
<p class='parrafo'>d) En supuestos de liquidación del presupuesto con remanente negativo, ante la ausencia de adopción de medidas previstas en el artículo 81.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, de acuerdo con su redacción dada por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.</p>
<p class='parrafo_2'>La Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, reanudará el pago completo de los libramientos mensuales, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad, con un máximo de seis mensualidades, en los siguientes supuestos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Cuando se apruebe el plan económico-financiero por el Consejo de Gobierno.</p>
<p class='parrafo'>b) En el supuesto de la letra c) anterior, cuando se observe el efectivo cumplimiento del mismo por la universidad correspondiente.</p>
<p class='parrafo_2'>9. Las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid podrán realizar transferencias de crédito entre capítulos de operaciones corrientes y entre capítulos de operaciones de capital. Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podrán ser acordadas por el Consejo Social. Las transferencias de gastos de capital a cualquier otro capítulo podrán ser acordadas por el Consejo Social, previo informe favorable del Consejero de Educación, Juventud y Deporte y autorización de la Consejería de Economía y Hacienda.</p>
<p class='parrafo'>10. Las operaciones de crédito de las Universidades Públicas y de los organismos y entes dependientes de las mismas serán autorizadas previamente por la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe favorable de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.</p>
<p class='parrafo'>El Gobierno de la Comunidad de Madrid comunicará a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses, las operaciones de crédito autorizadas.</p>
<p class='parrafo'>11. Las universidades remitirán directamente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea los presupuestos aprobados y el último presupuesto liquidado.</p>
<p class='articulo'>Artículo 52. De la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las universidades.</p>
<p class='parrafo'>1. Las transferencias corrientes de carácter nominativo a las universidades, consignadas en el concepto 450 «A Universidades públicas: asignación nominativa», se librarán por doceavas partes.</p>
<p class='parrafo'>En el caso de que se acuda al mecanismo previsto en el artículo 43 de esta Ley cuando concurran las circunstancias previstas en el mismo, se compensarán los libramientos pendientes con el anticipo concedido.</p>
<p class='parrafo'>2. Las inversiones de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional estarán sujetas a las limitaciones establecidas para los gastos cofinanciados en el artículo 16 de la presente ley.</p>
<p class='parrafo'>3. Las transferencias de capital de carácter nominativo a las universidades, consignadas en el concepto 751 «Universidades públicas: obra nueva y reforma», se librarán de acuerdo con lo que se disponga mediante orden de la Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la Consejería competente en materia de universidades.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO IV</p>
<p class='capitulo_tit'>Régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud</p>
<p class='articulo'>Artículo 53. Gestión económica y presupuestaria.</p>
<p class='parrafo'>La gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud se rige por lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la presente ley y las normas reglamentarias de desarrollo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 54. Modificaciones de los créditos.</p>
<p class='parrafo'>1. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley de Presupuestos y a lo que al efecto se establece en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y las normas reglamentarias de desarrollo.</p>
<p class='parrafo'>2. Durante 2015, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, las transferencias de crédito que se realicen dentro del programa 312A «Atención especializada».</p>
<p class='parrafo'>3. Con carácter excepcional, durante 2015, respecto de los créditos del programa 312A «Atención especializada», no precisarán previo informe de la Intervención Delegada o, en su caso, de la General, las transferencias de crédito que se realicen dentro del mismo con el siguiente alcance:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Entre créditos de capítulo 1 del mismo programa y centro gestor, siempre que no sean consecuencia de modificaciones de plantilla.</p>
<p class='parrafo'>b) En el resto de los capítulos, entre créditos del mismo capítulo, ya se realicen dentro de un centro gestor o entre varios centros gestores de la misma subfunción.</p>
<p class='parrafo_2'>4. Con carácter excepcional, durante 2015, en el ámbito del programa 312A «Atención especializada», cada responsable de un centro gestor podrá autorizar transferencias entre los créditos consignados en su centro, dentro del mismo capítulo de la clasificación económica de gastos, siempre que no sean consecuencia de reestructuraciones orgánicas o de modificaciones de plantilla. Esta competencia incluirá el alta de elementos de la clasificación económica que figuren en el programa 312A «Atención especializada», siendo competencia del Consejero de Economía y Hacienda la creación de nuevos elementos de la clasificación económica que no figuren en el citado programa.</p>
<p class='parrafo'>La tramitación de los expedientes de transferencias requerirá el previo informe favorable de la Consejería de Sanidad, que se emitirá en el plazo máximo de cinco días. Se entenderá autorizado el inicio del expediente de modificación presupuestaria, cuando afecte a cualquier capítulo excepto el capítulo 1, si transcurrido el plazo señalado no hubiera resolución expresa.</p>
<p class='parrafo'>La Consejería de Sanidad informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las transferencias de crédito autorizadas.</p>
<p class='articulo'>Artículo 55. Gestión presupuestaria.</p>
<p class='parrafo'>1. Compete al Viceconsejero de Asistencia Sanitaria la adopción de los actos y operaciones correspondientes al proceso del gasto, en cuanto a los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los establecidos en el apartado 2 de este artículo reservados al Gobierno y aquellos que en la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, se atribuyen al Consejero de Economía y Hacienda.</p>
<p class='parrafo'>2. Corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso del gasto en los siguientes supuestos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Gastos de cuantía indeterminada.</p>
<p class='parrafo'>b) Gastos cuyo importe supere la cuantía de 3.000.000 de euros.</p>
<p class='parrafo'>c) Gastos plurianuales cuando la suma del conjunto de anualidades supere el importe de 6.000.000 de euros, o los que requieran modificación de los porcentajes o del número de anualidades previstos en el artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>En el caso de reajustes o reprogramación de anualidades, únicamente en los supuestos del artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>A estos efectos, el cálculo de los límites de porcentajes se hará sobre los créditos del programa 312A «Atención especializada».</p>
<p class='parrafo'>d) Gastos derivados de la adquisición de inmuebles o suministro de bienes muebles en los supuestos recogidos en el artículo 57.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>e) Gastos derivados de contratos cuyo pago se concierte mediante los sistemas de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere cuatro años.</p>
<p class='parrafo_2'>3. El previo informe de la Dirección General competente en materia de presupuestos previsto en el artículo 55.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, relativo a la tramitación de gastos plurianuales solo será necesario en los supuestos a) y b) del citado artículo.</p>
<p class='parrafo'>4. El Viceconsejero de Asistencia Sanitaria será el competente para ejecutar cualquiera de las fases del presupuesto de ingresos a que se refiere el artículo 70 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>5. Las competencias referidas al proceso del gasto y a las fases de ejecución del presupuesto de ingresos podrán delegarse en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO V</p>
<p class='capitulo_tit'>Otras normas de gestión presupuestaria</p>
<p class='articulo'>Artículo 56. Planes y programas de actuación.</p>
<p class='parrafo'>El Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá aprobar planes y programas de actuación que impliquen gastos que puedan extenderse a ejercicios futuros, los cuales deberán incluir en su formulación, objetivos, medios y calendarios de ejecución, así como las previsiones de financiación y gasto.</p>
<p class='articulo'>Artículo 57. Retención y compensación.</p>
<p class='parrafo'>1. En el supuesto de que cualesquiera entidades privadas o públicas, incluidas las Corporaciones Locales, adeuden importes a la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), que no hubiesen sido satisfechos en los términos previstos, la Consejería de Economía y Hacienda podrá practicar retenciones de los pagos a favor del ente acreedor. En todo caso, se concederá audiencia previa a las entidades afectadas.</p>
<p class='parrafo'>2. Cuando la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes, que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), fuere acreedora de Corporaciones Locales y se tratara de deudas vencidas y exigibles, la Consejería de Economía y Hacienda, mediante expediente instruido al efecto, podrá acordar la compensación de las mismas con los pagos correspondientes a transferencias corrientes o de capital destinadas a tales Corporaciones Locales, como vía de extinción total o parcial de sus deudas.</p>
<p class='articulo'>Artículo 58. Disposición de créditos financiados con transferencias finalistas.</p>
<p class='parrafo'>1. El Consejero de Economía y Hacienda determinará las normas de gestión de los créditos consignados inicialmente en el presupuesto, así como los generados durante el ejercicio, cuya financiación se produzca a través de transferencias de carácter finalista, con el fin de adecuar la ejecución de los mismos a la cuantía de las transferencias efectivamente concedidas.</p>
<p class='parrafo'>2. En el caso de que las obligaciones contraídas superen el importe concedido, el Consejero respectivo deberá proponer las oportunas minoraciones de crédito en aquellos conceptos presupuestarios de la sección afectada cuya disminución ocasione menor perjuicio para el servicio público.</p>
<p class='articulo'>Artículo 59. Especialidades en el ejercicio de la función interventora.</p>
<p class='parrafo'>1. Durante el año 2015, la función interventora a que se refieren los artículos 16 y 83 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, podrá ser ejercida sobre una muestra y no sobre el total, con relación a las pensiones de carácter asistencial, no contributivas, Renta Mínima de Inserción, Proyectos de Integración, prestaciones económicas y servicios del Sistema de Dependencia, ayudas destinadas a la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, ayudas a los seguros agrarios, ayudas a la instalación de ascensores, a la adquisición, rehabilitación y arrendamiento incluidas en los diferentes Planes Regionales de Vivienda y ayudas individuales a personas con discapacidad y a enfermos mentales crónicos.</p>
<p class='parrafo'>2. Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que durante 2015, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, acuerde la aplicación del sistema de fiscalización previa plena sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos, en los supuestos en los que la naturaleza de los gastos así lo requiera.</p>
<p class='parrafo'>3. En relación a lo dispuesto en los apartados anteriores, la Intervención General de la Comunidad de Madrid establecerá los procedimientos a aplicar para la selección, identificación y tratamiento de la muestra de manera que se garantice la fiabilidad y la objetividad de la información y propondrá la toma de decisiones que puedan derivarse del ejercicio de esta función.</p>
<p class='parrafo'>4. Durante 2015, el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal y para el nombramiento de funcionarios interinos de cuerpos docentes adscritos a centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte se producirá en el momento de la inclusión de dichos contratos y nombramientos en nómina.</p>
<p class='parrafo'>5. Durante 2015, no estarán sometidas a intervención previa las ayudas económicas gestionadas por el Fondo de Emergencia regulado en el artículo 18.2 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Su control se efectuará de acuerdo con los procedimientos y en la forma que se determine por la Intervención General de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>6. Durante 2015, el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal encargado de la atención directa a los usuarios de los Centros adscritos al Servicio Regional de Bienestar Social se producirá en el momento de la inclusión de los contratos en nómina.</p>
<p class='articulo'>Artículo 60. Importe de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para 2015.</p>
<p class='parrafo'>Con efectos 1 de enero de 2015, el importe de la Renta Mínima de Inserción se fija en las siguientes cuantías:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Importe de la prestación mensual básica: 375,55 euros.</p>
<p class='parrafo'>b) Complemento por el primer miembro adicional de la unidad de convivencia: 112,67 euros.</p>
<p class='parrafo'>c) Complemento por cada uno de los miembros siguientes de la unidad de convivencia: 75,11 euros.</p>
<p class='titulo_num'>TÍTULO V</p>
<p class='titulo_tit'>Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid</p>
<p class='articulo'>Artículo 61. Reordenación del sector público.</p>
<p class='parrafo'>Por razones de política económica, presupuestaria u organizativas, se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid durante el ejercicio 2015 para que, mediante decreto, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y a iniciativa de la Consejería interesada por razón de la materia, proceda a reestructurar, modificar y suprimir Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos, creados o autorizados por ley, dando cuenta a la Asamblea en un plazo de treinta días desde su aprobación.</p>
<p class='articulo'>Artículo 62. Información de Organismos Autónomos mercantiles y Empresas Públicas.</p>
<p class='parrafo'>Los Organismos Autónomos mercantiles y las Empresas Públicas de la Comunidad de Madrid remitirán a la Consejería de Economía y Hacienda información sobre actuaciones, inversiones y financiación, así como aquella otra que se determine por orden del Consejero de Economía y Hacienda.</p>
<p class='articulo'>Artículo 63. Encargos a Empresas y Entes Públicos.</p>
<p class='parrafo'>1. Anualmente, para financiar las actuaciones objeto de mandato y encomienda de gestión a las Empresas y Entes que tienen la condición de medio propio, se podrán comprometer créditos y reconocer obligaciones a las citadas Empresas y Entes por un importe global dentro de los créditos dotados a tal fin.</p>
<p class='parrafo'>2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no será necesaria la tramitación independiente del Plan Económico Financiero, pudiendo librarse los fondos precisos para el cumplimiento de los mandatos y encomiendas de gestión a las Empresas y Entes que tienen la condición de medio propio en los términos que se determine en los instrumentos de colaboración, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.</p>
<p class='parrafo'>3. Durante 2015, en las condiciones que se establecen en el presente artículo, y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se autoriza a la Administración de la Comunidad de Madrid, a sus Organismos Autónomos y demás Entes de Derecho Público a que puedan encomendar y efectuar mandatos, previo acuerdo del Gobierno en los casos que establezca la normativa vigente, según los convenios de colaboración ya suscritos o en los términos que se fijen en el citado Acuerdo a las Empresas y Entes Públicos, para que actúen en nombre y por cuenta de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos y demás Entes de Derecho Público, por ellas mismas o por terceras personas, según los términos de los encargos y los mandatos de actuación. Entre otros, podrá encomendarse y efectuarse mandatos a las siguientes Empresas:</p>
<p class='parrafo_2'>a) «Nuevo Arpegio, S.A.», para la ejecución de los encargos que le realice la Consejería competente en materia de Administración Local, para gestionar, contratar y ejecutar las obras que corresponda realizar a la citada Consejería, vinculadas a sus competencias en materia de Administración Local.</p>
<p class='parrafo'>b) «ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.», para proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar toda clase de infraestructuras, así como los servicios que en ellas se puedan instalar o desarrollar, y para la ejecución de otras actuaciones.</p>
<p class='articulo'>Artículo 64. Radio Televisión Madrid.</p>
<p class='parrafo'>Durante el año 2015, se procederá por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la firma de un contrato-programa con el Ente Público «Radio Televisión Madrid», por un importe total de 68.782.000 euros.</p>
<p class='parrafo'>Se habilita al Consejo de Gobierno para articular los ajustes presupuestarios precisos en el supuesto de adaptaciones del referido contrato-programa.</p>
<p class='titulo_num'>TÍTULO VI</p>
<p class='titulo_tit'>De las tasas</p>
<p class='articulo'>Artículo 65. Mantenimiento de la cuantía de las tasas.</p>
<p class='parrafo'>Durante el ejercicio de 2015 se mantendrá la cuantía de las tasas vigentes en 2014, salvo las modificaciones singulares que pudieran aprobarse por ley.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional primera. Informes de la Consejería de Economía y Hacienda.</p>
<p class='parrafo'>1. Todo proyecto de ley, disposición administrativa o convenio, cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previstos en la presente ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros, habrá de remitirse para informe preceptivo a la Consejería de Economía y Hacienda.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, habrán de remitirse para informe preceptivo de la Consejería de Economía y Hacienda las disposiciones administrativas, los convenios, los contratos y cualquier otro negocio jurídico de los sujetos cuyos presupuestos integran los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), que pudiera suponer un incremento del gasto o disminución de los ingresos respecto de los previstos en la presente ley o que tengan incidencia presupuestaria en ejercicios futuros, cuando su importe exceda del 5 por 100 del respectivo presupuesto.</p>
<p class='parrafo'>2. Durante 2015, precisarán informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda las concesiones administrativas de servicios públicos o de obra pública, así como cualquier otro negocio jurídico promovido por la Comunidad de Madrid, de los cuales puedan derivarse obligaciones para su Hacienda cuando no supongan compromisos de gastos.</p>
<p class='parrafo'>3. A efectos del informe previsto en los apartados anteriores, los expedientes habrán de documentarse con una memoria económica en la que se detallen las posibles repercusiones presupuestarias de su aplicación. Dicho informe habrá de emitirse en un plazo de quince días.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional segunda. Suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>Durante el año 2015, se suspenden las prescripciones contenidas en los artículos 19.1 y 23.3 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional tercera. Personal transferido.</p>
<p class='parrafo'>1. Durante el ejercicio 2015, no se efectuarán transferencias de personal temporal o interino, cualquiera que sea su vinculación jurídica, desde otras Administraciones Públicas a la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>2. Al personal funcionario le será de aplicación el artículo 88 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.</p>
<p class='parrafo'>Al personal laboral le será de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de esta ley.</p>
<p class='parrafo'>3. En todo caso, y en cumplimiento de lo acordado en el seno de la Comisión de Coordinación de la Función Pública de 28 de mayo de 1998, corresponde a la Comunidad de Madrid hacer efectivos los resultados de los procesos de promoción interna, consolidación de empleo temporal o funcionarización convocados por la Administración del Estado con carácter previo a la transferencia del personal de que se trate, vinculantes para la Comunidad de Madrid en lo que no se oponga a su política de recursos humanos, siempre que el personal afectado por los antedichos procesos se encuentre relacionado como tal en el Anexo del correspondiente Real Decreto de traspaso de medios personales y materiales. Asimismo, para la asunción de los efectivos por la Comunidad de Madrid, será necesario que, una vez concluido cada proceso, sea aprobado el correspondiente acuerdo de ampliación de los medios económicos correspondientes al mayor coste efectivo del traspaso y se dé traslado desde la Administración del Estado de las resoluciones derivadas de los citados procesos a la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>En cualquier caso, la efectividad en la Comunidad de Madrid de los resultados de dichos procesos quedará condicionada a la aprobación por esta de los expedientes que resulten necesarios para efectuar la correspondiente adecuación de su organización interna a las situaciones jurídicas derivadas de la asunción de los referidos resultados y a la posterior toma de posesión de los interesados en los destinos adjudicados.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional cuarta. Integración de personal laboral en la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>1. El personal laboral fijo de empresas públicas autonómicas y resto de entes del sector público a que hace referencia el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que, por previsión de la norma fundacional, de la extintiva, de la modificativa, por disposición del propio Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o por cualquier proceso de racionalización o reorganización administrativa autonómica, se integre durante el año 2015 en la plantilla de la Comunidad de Madrid lo hará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen, tareas que viniere desempeñando y área de actividad.</p>
<p class='parrafo'>En el apartado retributivo, se le asignará el salario establecido para la Categoría y Nivel en que fuera integrado en el Convenio Colectivo, con independencia de las retribuciones que viniera percibiendo en la empresa o ente público de procedencia.</p>
<p class='parrafo'>2. El personal laboral no incluido en los supuestos anteriores que se integre durante el año 2015 en la Comunidad de Madrid con sujeción al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o lo hiciere por resolución judicial se integrará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen o para la suscripción del contrato administrativo, en su caso, tareas que viniere desempeñando y área de actividad, con el salario establecido para su categoría en el referido Convenio, con independencia de las retribuciones que tuviere consolidadas.</p>
<p class='parrafo'>En las mismas condiciones se integrará el personal laboral de cualquier Administración Pública con motivo de la reorganización administrativa de las autoridades públicas administrativas o de cualquier traspaso de funciones entre las mismas.</p>
<p class='parrafo'>Sin perjuicio de lo anterior, si en la norma o resolución judicial se estableciese la obligación de incorporar al trabajador con un salario determinado, superior al resultante de la aplicación de las tablas salariales del Convenio Colectivo para la Categoría y Nivel en que se integre, la diferencia entre ambos dará lugar a un complemento personal transitorio, absorbible, reducible y compensable en los términos previstos en el apartado 3 de este artículo.</p>
<p class='parrafo'>3. El complemento personal transitorio a que hubiere lugar en el supuesto anterior se percibirá en doce mensualidades del mismo importe y será absorbido en su integridad por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del ejercicio presupuestario, así como por los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la modificación de los complementos del mismo.</p>
<p class='parrafo'>A efectos de esta absorción no se considerarán ni la antigüedad, ni los conceptos de naturaleza variable.</p>
<p class='parrafo'>4. Al personal integrado, sin perjuicio de aplicar lo que se disponga al efecto en la norma que origine la integración o en la resolución judicial correspondiente, le podrán ser reconocidos, en su caso, los servicios prestados de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional quinta. Adaptaciones técnicas del presupuesto.</p>
<p class='parrafo'>Durante 2015, se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a efectuar en los estados de gastos e ingresos de los Presupuestos aprobados, así como en los correspondientes Anexos, las adaptaciones técnicas que sean precisas, derivadas de reorganizaciones administrativas, del traspaso de competencias desde la Administración del Estado o de otras Administraciones Públicas y de la aprobación de normas con rango de ley.</p>
<p class='parrafo'>La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior podrá dar lugar a la apertura, modificación o supresión de cualquier elemento de las clasificaciones orgánica, funcional o por programas, y económica, pero no implicará incremento en los créditos globales del presupuesto, salvo cuando exista una fuente de financiación.</p>
<p class='parrafo'>Tales adaptaciones técnicas se efectuarán conforme al procedimiento establecido para las modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional sexta. Contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios.</p>
<p class='parrafo'>1. Durante 2015, las distintas unidades de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, así como las Empresas Públicas y resto de Entes Públicos, a excepción del Ente Público Radio Televisión Madrid, deberán solicitar autorización previa de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios en cualquier medio de difusión. Estas solicitudes deberán contener, en su caso, los correspondientes planes de medios. Asimismo, dichas unidades, Organismos, Empresas Públicas y resto de Entes Públicos deberán remitir a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno certificación de los abonos correspondientes a los servicios contratados y ejecutados.</p>
<p class='parrafo'>2. Las empresas en cuyo capital social participe de forma significativa, directa o indirectamente, la Comunidad de Madrid deberán comunicar previamente la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios.</p>
<p class='parrafo'>3. No será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando se trate de anuncios o publicaciones en los diarios oficiales de cualquier Administración Pública.</p>
<p class='parrafo'>4. Se autoriza a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias en desarrollo del procedimiento previsto en el presente artículo.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional séptima. Contratos, convenios y subvenciones a las Universidades.</p>
<p class='parrafo'>Durante 2015, en el caso de que alguna Consejería, Centro Directivo, Organismo Autónomo, Empresa o Ente Público de la Comunidad de Madrid se proponga celebrar contratos o convenios o conceder subvenciones o cualquier tipo de ayudas a todas o alguna de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, deberá solicitar informe preceptivo de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, salvo cuando deriven de un procedimiento de concurrencia pública, en cuyo supuesto se sustituirá por comunicación posterior.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional octava. Destino del canon de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas.</p>
<p class='parrafo'>Los derechos del canon aportados por la empresa adjudicataria de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas se destinarán a la mejora del edificio y de las instalaciones de dicha plaza, así como al fomento y promoción de la Fiesta de los Toros en todas sus dimensiones.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional novena. Suspensión de acuerdos.</p>
<p class='parrafo'>Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 21 de la presente Ley, durante el año 2015 se mantiene la suspensión de las siguientes disposiciones del Acuerdo Sectorial del personal funcionario docente al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, que imparte enseñanzas no universitarias para el período 2006-2009:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Artículo 6, apartado B), letra e), en lo relativo a la percepción económica correspondiente a vacaciones por parte de los profesores interinos.</p>
<p class='parrafo'>b) Artículo 17, en lo relativo a la incentivación de la jubilación anticipada.</p>
<p class='parrafo'>c) Artículo 18, en lo relativo a las licencias retribuidas por estudios, de modo que no se aprobarán nuevas convocatorias de dichas licencias.</p>
<p class='parrafo'>d) Artículo 19, denominado «Ayudas a la formación fuera de la red propia y para cursar estudios de enseñanzas de régimen especial y para la matriculación en centros públicos de enseñanza no universitaria y universitaria».</p>
<p class='parrafo'>e) Artículo 23, denominado «Formación», en lo relativo al fondo destinado a acciones formativas incluidas en los respectivos planes anuales de formación que gestionan las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial del personal docente no universitario.</p>
<p class='parrafo'>f) Artículo 24, apartado A), punto 1, relativo al tiempo retribuido para realizar funciones sindicales, siendo de aplicación en su lugar lo establecido en el artículo 41.1.d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge los créditos de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo que son retribuidas como de trabajo efectivo, con arreglo a la siguiente escala:</p>
<p class='parrafo_2'>– Hasta 100 funcionarios: 15.</p>
<p class='parrafo'>– De 101 a 250 funcionarios: 20.</p>
<p class='parrafo'>– De 251 a 500 funcionarios: 30.</p>
<p class='parrafo'>– De 501 a 750 funcionarios: 35.</p>
<p class='parrafo'>– De 751 en adelante: 40.</p>
<p class='parrafo_2'>g) Artículo 25, apartado 1, relativo al derecho de los sindicatos considerados de especial audiencia sobre dispensa total de asistencia al trabajo de funcionarios docentes.</p>
<p class='parrafo'>h) Disposición transitoria primera, denominada «Ayudas para gastos de administración del Acuerdo».</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional décima. Suspensión de normas convencionales.</p>
<p class='parrafo'>En el año 2015, con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado en el artículo 21.1 de esta ley y en coherencia con lo dispuesto en el artículo 21.4 de la misma, quedan suspendidas todas las previsiones contenidas en Acuerdos para personal funcionario y estatutario o en Convenios Colectivos para el personal laboral suscritos, que puedan dar lugar a incremento de la masa salarial para el año 2015, cualquiera que sea el ejercicio del que procedan.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional undécima. Arrendamientos de inmuebles a disposición de organizaciones sindicales.</p>
<p class='parrafo'>1. En el año 2015, con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado en el artículo 21.1 de esta ley, excluidas las Universidades Públicas, queda sin efecto cualquier obligación normativa o convencional autonómica que pueda implicar, para cualquier centro directivo de esta Administración, el abono de rentas por el arrendamiento de inmuebles que estuvieran a disposición de organizaciones sindicales.</p>
<p class='parrafo'>2. Las organizaciones sindicales que hayan alcanzado los niveles de representatividad legalmente requeridos para estar presentes en órganos de negociación y no estén utilizando otros inmuebles de titularidad de la Comunidad de Madrid podrán solicitar a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno la puesta a disposición de un inmueble de propiedad autonómica entre aquellos que, a criterio discrecional de la Consejería de Economía y Hacienda, se encuentren disponibles en el ámbito territorial de la Comunidad y sea viable su utilización.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional duodécima. Subvenciones a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales.</p>
<p class='parrafo'>Durante 2015, solo se concederán subvenciones o cualquier tipo de ayudas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales, cuando las mismas sean objeto de concesión por el procedimiento de concurrencia competitiva. En el supuesto del procedimiento de concesión directa solo se podrán conceder cuando las mismas subvencionen acciones o actuaciones de utilidad pública o interés social distintas a las de su actividad propia como partidos políticos u organizaciones sindicales y empresariales, a excepción de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional decimotercera. Subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita.</p>
<p class='parrafo'>Durante el año 2015, se mantiene la vigencia de lo dispuesto en la disposición adicional duodécima de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales para la Comunidad de Madrid, en relación con la subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional decimocuarta. Devengo de las pagas extraordinarias del personal laboral.</p>
<p class='parrafo'>Las pagas extraordinarias del personal sujeto al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid se devengarán por semestres naturales, de 1 de enero a 30 de junio y de 1 de julio a 31 de diciembre.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional decimoquinta. Ayudas sociales a pacientes hemofílicos u otras coagulopatías congénitas afectadas por el virus de la hepatitis C (VHC), como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>1. Se reconoce una ayuda social por importe total de 12.020,24 euros, a abonar en tres anualidades, a las personas que sean afectadas de hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C a consecuencia de transfusiones o tratamientos con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>2. Para acceder a las ayudas a las que hace referencia el párrafo anterior, será necesaria la previa renuncia al ejercicio de todo tipo de reclamaciones por contaminación por el virus de la hepatitis C contra cualquiera de las Administraciones Públicas sanitarias, sus autoridades y los profesionales que presten servicios en ellas.</p>
<p class='parrafo'>3. Estas ayudas serán compatibles y complementarias con las que pudieran otorgarse por el estado al amparo de la Ley 14/2002, de 5 de junio, por la que se establecen ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C a consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público, y otras normas tributarias.</p>
<p class='parrafo'>4. Se faculta al Consejero correspondiente para dictar cuantas disposiciones de aplicación o desarrollo fueren necesarias.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional decimosexta. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>1. Durante el año 2015, el personal del sector público de la Comunidad de Madrid definido en el artículo 19.1 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012 percibirá las cantidades en concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/12, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento a la competitividad, con el alcance y límites establecidos en la presente disposición.</p>
<p class='parrafo'>2. La recuperación de la paga extraordinaria y pagas adicionales a que se refiere el apartado anterior en los ámbitos de las letras a), b), d) y e) y en el apartado 6 del artículo 19 de dicha Ley, se efectuará con arreglo a las siguientes reglas:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Las cantidades que se abonarán por este concepto, sobre el importe dejado de percibir por cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, serán las equivalentes a la parte proporcional correspondiente a 44 días de la paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre. En aquellos casos en los no hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad de la paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, los 44 días se reducirán proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido.</p>
<p class='parrafo'>A los efectos previstos en el párrafo anterior, el cómputo de la parte de la paga extraordinaria y pagas adicionales que corresponden a los 44 días, o cifra inferior, se realizará a cada tipo de personal de acuerdo con su régimen jurídico vigente en el momento en que se dejaron de percibir dichas pagas.</p>
<p class='parrafo'>Siempre que la normativa convencional aplicable no disponga de otra cosa el número de días totales a que se hace referencia en el párrafo anterior será de 183.</p>
<p class='parrafo'>b) Las cantidades que se reconozcan por este concepto al personal que no contemplase en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o se perciban más de dos al año, serán las equivalentes a un 24,04 por 100 del importe dejado de percibir por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.</p>
<p class='parrafo'>c) Al personal afectado que se encuentre en servicio activo en el mismo nombramiento o contrato a la entrada en vigor de la presente ley, las cantidades a que se refiere esta disposición le serán abonadas de acuerdo con el procedimiento que se establezca.</p>
<p class='parrafo_2'>Al personal que no se encontrara en situación de servicio activo o asimilada en el mismo nombramiento o contrato o en la fecha de entrada en vigor de la presente ley o que hubiera perdido su condición de empleado público, las cantidades a que se refiere la presente disposición le serán abonadas por el centro gestor al que le hubiere correspondido abonar la paga en diciembre de 2012, previa solicitud.</p>
<p class='parrafo'>En caso de fallecimiento del empleado, la petición deberán formularla sus herederos conforme a Derecho Civil ante el centro gestor al que le hubiere correspondido abonar la referida paga.</p>
<p class='parrafo'>3. Las Universidades Públicas y centros universitarios de la Comunidad de Madrid, en el marco de la autonomía de que disponen de acuerdo con la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, se podrán acoger a las medidas previstas en esta disposición, condicionado al cumplimiento de los criterios y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera, en los términos establecidos por la normativa dictada por el Estado con carácter básico.</p>
<p class='parrafo'>En el supuesto de que las universidades no se acogieran a las medidas previstas en esta disposición, la parte de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las Universidades Públicas cuya finalidad sea la recuperación de los conceptos señalados en los apartados anteriores se destinarán íntegramente a reducir su nivel de deuda.</p>
<p class='parrafo'>4. Las cantidades percibidas como recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 corresponderán a los primeros días del devengo de acuerdo con el régimen jurídico vigente aplicable en cada caso.</p>
<p class='articulo'>Disposición final primera. Modificación de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>Durante el año 2015, se suspende la vigencia del apartado 1 del artículo 37 de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='articulo'>Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución de la presente ley.</p>
<p class='parrafo'>Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.</p>
<p class='articulo'>Disposición final tercera. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo'>La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2015.</p>
<p class='parrafo_2'>Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 22 de diciembre de 2014.–El Presidente, Ignacio González González.</p>
<p class='publicado'>(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 309, de 29 de diciembre de 2014)</p>
<p class='anexo_num'> ANEXO I</p>
<p class='anexo_tit'>Adscripción de Programas por Secciones</p>
<table class='tabla_ancha'>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro' colspan='3'>
<strong>01 ASAMBLEA DE MADRID</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>911N</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>ACTIVIDAD LEGISLATIVA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro' colspan='3'>
<strong>02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>911O</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>CÁMARA DE CUENTAS</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro' colspan='3'>
<strong>03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>912M</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro' colspan='3'>
<strong>11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>112A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>112B</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>112C</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>114A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>131M</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>POLÍTICA INTERIOR</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>132A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>SEGURIDAD</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>134A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>134M</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>334D</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>ASUNTOS TAURINOS</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>921N</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>FUNCIÓN PÚBLICA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>921Q</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>MEDIOS DE COMUNICACIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>921R</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>921S</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>DEFENSA JURÍDICA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>921T</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>921U</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>ASUNTOS EUROPEOS</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>921V</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>921W</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>924M</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>942N</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>ADMINISTRACIÓN LOCAL</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro' colspan='3'>
<strong>12 ECONOMÍA Y HACIENDA</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>422B</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>INDUSTRIA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>431A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>COMERCIO</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>433A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>ECONOMÍA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>463A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>INNOVACIÓN TECNOLÓGICA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>492A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>CONSUMO</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>492B</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>ARBITRAJE DE CONSUMO</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>921M</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>923A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>923C</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>ESTADÍSTICA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>923M</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>931M</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>POLÍTICA FINANCIERA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>931N</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>931P</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>CONTROL INTERNO</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>932M</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>INGRESOS PÚBLICOS</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>932O</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>ORDENACIÓN DEL JUEGO</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro' colspan='3'>
<strong>14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>261A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>VIVIENDA Y REHABILITACIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>261B</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>451M</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>453A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>453B</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>453M</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>453N</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro' colspan='3'>
<strong>15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>232A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>JUVENTUD</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>321M</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>321O</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>321P</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>322A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>322B</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>322C</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>UNIVERSIDADES</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>322E</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>322F</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>322G</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>EDUCACIÓN COMPENSATORIA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>322O</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>CALIDAD DE LA ENSEÑANZA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>322P</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>323M</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>324M</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>336A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>336B</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>466A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>INVESTIGACIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro' colspan='3'>
<strong>16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>261O</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>SUELO</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>261P</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>456A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>MEDIO AMBIENTE</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>456M</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>456N</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>EVALUACIÓN AMBIENTAL</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>467A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro' colspan='3'>
<strong>17 SANIDAD</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>311M</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>311N</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>ORDENACIÓN E INSPECCIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>311P</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>312A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>ATENCIÓN ESPECIALIZADA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>312B</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>312C</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>312D</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>312F</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>313A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>313B</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>313C</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>SUMMA 112</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro' colspan='3'>
<strong>19 ASUNTOS SOCIALES</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>231A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>SERVICIOS SOCIALES</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>231B</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>CENTROS DE MAYORES</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>231C</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>231D</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>231E</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>COMEDORES SOCIALES</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>231F</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>231G</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>231H</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>231I</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>231J</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>232B</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>232C</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>INMIGRACIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>232D</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>232E</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>239M</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS SOCIALES</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>239N</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro' colspan='3'>
<strong>20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>241A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>FORMACIÓN PARA EL EMPLEO</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>332A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>332B</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>333A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>MUSEOS Y EXPOSICIONES</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>334A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>337C</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>432A</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>TURISMO</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>491M</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>494M</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>TRABAJO</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro' colspan='3'>
<strong>25 DEUDA PÚBLICA</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>951M</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>ENDEUDAMIENTO</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro' colspan='3'>
<strong>26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>929N</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>GESTIÓN CENTRALIZADA</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro' colspan='3'>
<strong>27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>912N</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='2'>CONSEJO CONSULTIVO</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='anexo_num'>ANEXO II</p>
<p class='anexo_tit'>Plan de actuaciones en Vallecas</p>
<table class='tabla_ancha'>
<thead>
<tr>
<th class='cabeza_tabla'> </th>
<th class='cabeza_tabla'> </th>
<th class='cabeza_tabla'> </th>
<th class='cabeza_tabla'> </th>
<th class='cabeza_tabla'> </th>
<th class='cabeza_tabla'>(En euros)</th>
</tr>
<tr>
<th class='cabeza_tabla' colspan='6'>14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA</th>
</tr>
<tr>
<th class='cabeza_tabla'>CÓDIGO</th>
<th class='cabeza_tabla'>DENOMINACIÓN</th>
<th class='cabeza_tabla'>C.GESTOR</th>
<th class='cabeza_tabla'>PROGRAMA</th>
<th class='cabeza_tabla'>SUBCONCEPTO</th>
<th class='cabeza_tabla'>IMPORTE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>2001/000827</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PLAN VALLECAS</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>140140000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>261A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>78402</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>2001/000827</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PLAN VALLECAS</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>140140000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>261A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>78403</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq' colspan='4'>
<strong>TOTAL SECCIÓN</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>
<strong>40.000</strong>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='anexo_num'>ANEXO III</p>
<p class='anexo_tit'>Gastos asociados a ingresos</p>
<table class='tabla_ancha'>
<thead>
<tr>
<th class='cabeza_tabla' colspan='6'>
<strong>11-PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO</strong>
</th>
</tr>
<tr>
<th class='cabeza_tabla' colspan='3'>
<strong>GASTOS</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'> </th>
<th class='cabeza_tabla' colspan='2'>
<strong>INGRESOS</strong>
</th>
</tr>
<tr>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Orgánica</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Programa</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Subconcepto</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Importe</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Centro</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Subconcepto</strong>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>11011</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>134A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>22706</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>404.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>70302</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79004</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>11011</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>134A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>60105</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>400.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>70302</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79004</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>11011</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>134A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>63100</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>78.881</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>70302</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79004</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>11011</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>134A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>63308</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>13.247</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>70302</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79004</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>11013</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>921N</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>46201</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>864.670</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41301</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>11017</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>942N</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>26002</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>9.500</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49203</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>11017</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>942N</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>46309</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>70.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49203</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>11017</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>942N</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>76309</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>2.774.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79004</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>11017</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>942N</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>77300</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>95.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49203</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>11018</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>921V</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>22602</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>10.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49203</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>11018</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>921V</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>22706</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>106.743</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49203</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>11018</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>921V</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>22709</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>13.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49203</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>11018</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>921V</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>28001</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>20.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49203</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>Total Sección</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>
<strong>4.859.041</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo'> </p>
<table class='tabla_ancha'>
<thead>
<tr>
<th class='cabeza_tabla' colspan='6'>
<strong>12-ECONOMÍA Y HACIENDA</strong>
</th>
</tr>
<tr>
<th class='cabeza_tabla' colspan='3'>
<strong>GASTOS</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'> </th>
<th class='cabeza_tabla' colspan='2'>
<strong>INGRESOS</strong>
</th>
</tr>
<tr>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Orgánica</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Programa</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Subconcepto</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Importe</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Centro</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Subconcepto</strong>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>12002</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>463A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>64099</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>3.000.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>12002</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>463A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>77301</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>7.000.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>12002</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>463A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79000</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>3.500.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>12018</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>931P</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>22706</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>73.768</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49203</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79109</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>Total Sección</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>
<strong>13.573.768</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo'> </p>
<table class='tabla_ancha'>
<thead>
<tr>
<th class='cabeza_tabla' colspan='6'>
<strong>14-TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA</strong>
</th>
</tr>
<tr>
<th class='cabeza_tabla' colspan='3'>
<strong>GASTOS</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'> </th>
<th class='cabeza_tabla' colspan='2'>
<strong>INGRESOS</strong>
</th>
</tr>
<tr>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Orgánica</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Programa</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Subconcepto</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Importe</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Centro</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Subconcepto</strong>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>14203</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>453N</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>48300</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>878.795.473</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1011</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>40303</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1011</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>46001</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>Total Sección</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>
<strong>878.795.473</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo'> </p>
<table class='tabla_ancha'>
<thead>
<tr>
<th class='cabeza_tabla' colspan='6'>
<strong>15-EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE</strong>
</th>
</tr>
<tr>
<th class='cabeza_tabla' colspan='3'>
<strong>GASTOS</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'> </th>
<th class='cabeza_tabla' colspan='2'>
<strong>INGRESOS</strong>
</th>
</tr>
<tr>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Orgánica</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Programa</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Subconcepto</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Importe</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Centro</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Subconcepto</strong>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>15011</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>322B</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>24003</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.653.545</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49206</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>15011</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>322B</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>29000</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>3.431.448</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>40400</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>15011</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>322F</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>46200</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>673.575</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49203</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>15011</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>322F</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>48200</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>967.590</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49203</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>15012</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>323M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>24003</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>9.000.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49206</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>15012</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>323M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>48505</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>4.406.477</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>40400</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>15012</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>323M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>48507</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>800.385</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>40400</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>15014</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>466A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>24003</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>4.980.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49206</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>15014</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>466A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>48102</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>200.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>15014</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>466A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>78002</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>5.525.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49205</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>15014</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>466A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>78200</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>5.825.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49205</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>Total Sección</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>
<strong>37.463.020</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo'> </p>
<table class='tabla_ancha'>
<thead>
<tr>
<th class='cabeza_tabla' colspan='6'>
<strong>16-MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO</strong>
</th>
</tr>
<tr>
<th class='cabeza_tabla' colspan='3'>
<strong>GASTOS</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'> </th>
<th class='cabeza_tabla' colspan='2'>
<strong>INGRESOS</strong>
</th>
</tr>
<tr>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Orgánica</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Programa</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Subconcepto</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Importe</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Centro</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Subconcepto</strong>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>16010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>456A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>48099</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.453.298</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>40300</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49004</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>16010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>456A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>60105</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>2.542.314</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>70302</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79004</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>16010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>456A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>60107</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>374.460</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>70302</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79004</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>16010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>456A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>60199</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>61.983</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>70302</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79004</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>16010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>456A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>61105</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.273.224</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>70302</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79004</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>16010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>456A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>64100</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>25.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>70302</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>16010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>456A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>64103</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>24.793</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>70302</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79004</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>16010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>456A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>77303</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>835.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>70302</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>16010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>456A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>77306</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>12.170.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>70302</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79004</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>16010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>456A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>78009</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>3.776.125</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>70302</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79004</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>16010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>456A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79000</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>3.300.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>70302</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79004</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
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</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>16206</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>467A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>26009</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>45.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1013</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49004</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>16206</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>467A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>28001</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>60.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1013</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49004</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>16206</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>467A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>64003</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.112.748</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1013</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>70408</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1013</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79004</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>Total Sección</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>
<strong>27.053.945</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo'> </p>
<table class='tabla_ancha'>
<thead>
<tr>
<th class='cabeza_tabla' colspan='6'>
<strong>17-SANIDAD</strong>
</th>
</tr>
<tr>
<th class='cabeza_tabla' colspan='3'>
<strong>GASTOS</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'> </th>
<th class='cabeza_tabla' colspan='2'>
<strong>INGRESOS</strong>
</th>
</tr>
<tr>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Orgánica</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Programa</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Subconcepto</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Importe</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Centro</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Subconcepto</strong>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>17106</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>313A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>22704</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>501.074</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49203</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>17106</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>313A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>26002</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>973.917</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49203</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>Total Sección</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>
<strong>1.474.991</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo'> </p>
<table class='tabla_ancha'>
<thead>
<tr>
<th class='cabeza_tabla' colspan='6'>
<strong>19-ASUNTOS SOCIALES</strong>
</th>
</tr>
<tr>
<th class='cabeza_tabla' colspan='3'>
<strong>GASTOS</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'> </th>
<th class='cabeza_tabla' colspan='2'>
<strong>INGRESOS</strong>
</th>
</tr>
<tr>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Orgánica</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Programa</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Subconcepto</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Importe</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Centro</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Subconcepto</strong>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>239M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>63301</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>385.800</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>231A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>22709</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>322.750</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49205</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>231A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>25401</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>7.000.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49205</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>231A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>26002</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>30.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49205</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>231A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>48200</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>4.360.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49205</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>231A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>63100</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>50.960</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>231A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>63301</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>71.548</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>231C</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>63301</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>341.602</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>231F</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>25401</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>7.200.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49205</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>231F</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>26002</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>2.602.797</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49203</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49205</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>231F</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>63100</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>318.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>231F</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>63301</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>120.500</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>231F</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>63307</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>25.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>231F</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>63500</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>23.870</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19010</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>232E</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>48302</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>30.000.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49205</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19011</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>231D</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>62302</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>102.322</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19011</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>231D</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>63100</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>278.640</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19011</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>231D</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>63301</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>590.300</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19011</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>231D</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>63308</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>431.580</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19013</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>232B</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>22706</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>250.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49205</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19013</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>232B</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>22804</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>20.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49205</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19013</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>232B</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>25400</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>2.935.623</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49205</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19013</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>232B</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>26002</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>368.797</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49205</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19013</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>232B</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>26004</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.639.933</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49205</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19013</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>232B</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>28001</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>700.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49205</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19014</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>231I</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>48399</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>122.525.023</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>40401</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>232C</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>25401</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.961.827</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49205</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>232C</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>48099</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>500.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49205</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19102</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>239N</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>63104</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>209.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>19105</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>231G</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>63301</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>180.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>79110</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>Total Sección</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>
<strong>185.545.872</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo'> </p>
<table class='tabla_ancha'>
<thead>
<tr>
<th class='cabeza_tabla' colspan='6'>
<strong>20-EMPLEO, TURISMO Y CULTURA</strong>
</th>
</tr>
<tr>
<th class='cabeza_tabla' colspan='3'>
<strong>GASTOS</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'> </th>
<th class='cabeza_tabla' colspan='2'>
<strong>INGRESOS</strong>
</th>
</tr>
<tr>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Orgánica</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Programa</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Subconcepto</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Importe</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Centro</strong>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<strong>Subconcepto</strong>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>21200</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>24.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41402</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>21300</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>29.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41402</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>21600</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>50.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41402</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>22000</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>70.250</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41402</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>22004</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>66.030</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41402</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>22201</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>200.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41402</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>22706</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>100.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41402</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>26002</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>3.222.422</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41400</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>47200</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>50.000.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49206</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>47202</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>38.884.082</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41400</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>47399</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>650.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41400</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>48099</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>29.600.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41400</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49102</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>250.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41400</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>62105</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.619.616</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41402</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>62300</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>38.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41402</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>62303</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>40.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41402</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>62308</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>21.240</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41402</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>62399</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>4.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41402</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>62500</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>50.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41402</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>62501</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>4.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41402</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>62502</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>364.724</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41402</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>62802</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>40.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41402</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>63100</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>116.485</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41402</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>63500</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>30.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41402</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>64010</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>100.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41402</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20015</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>77309</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>561.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49205</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20017</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>22109</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>62.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41403</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20017</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>22706</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>560.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41403</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49203</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20017</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>23001</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>5.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41403</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20017</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>23100</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>10.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41403</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20017</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>26002</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>11.266.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41401</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41403</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49203</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20017</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>28001</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.775.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41401</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41403</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49203</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20017</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>47200</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>5.260.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41400</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41401</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20017</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>47201</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>51.069.269</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41401</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20017</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>47202</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.000.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41400</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20017</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49101</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>13.698.366</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41401</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20017</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241A</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>77400</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>950.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41400</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20018</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>22706</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.365.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49203</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20018</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>22809</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>706.400</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49203</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20018</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>26002</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.000.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>41401</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20018</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>241M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>28001</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>675.034</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49203</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>20114</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>494M</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>28001</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.335.000</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1001</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>49203</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>Total Sección</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>
<strong>216.871.918</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='anexo_num'>ANEXO IV</p>
<p class='anexo_tit'>Módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos</p>
<p class='parrafo_2'>Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de esta ley, los importes anuales y el desglose de los módulos económicos por unidad escolar o programa en los centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos, en el territorio de la Comunidad de Madrid, con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2015, de la siguiente forma:</p>
<table class='tabla_ancha'>
<thead>
<tr>
<th class='cabeza_tabla'>Nivel Educativo</th>
<th class='cabeza_tabla'>Importes anuales por unidad escolar o programa</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>1- EDUCACIÓN</strong> <strong>INFANTIL</strong></td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>a)<strong> </strong>Educación infantil primer ciclo</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Importe total anual (hasta un máximo de)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>41.380,11</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>b) Educación infantil segundo ciclo</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>(Ratio profesor/unidad concertada 1,17:1) (en adelante «Ratio»)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>41.947,75</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos variables</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>4.520,34</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Otros gastos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>6.909,17</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Importe total anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>53.377,26</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>2.-</strong> <strong>EDUCACIÓN PRIMARIA</strong></td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>(Ratio 1,20:1)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>43.023,33</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos variables</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>4.661,70</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Otros gastos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>6.909,17</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Importe total anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>54.594,20</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>3.-</strong> <strong>EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA</strong></td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>a) Primer y segundo cursos: maestros</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>(Ratio 1,49:1)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>56.318,22</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos variable</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>5.643,56</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Otros gastos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>8.344,13</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Importe total anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>70.305,91</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>b) Primer y segundo cursos: Licenciados</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>(Ratio 1,49:1)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>59.900,40</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos variable</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>5.775,37</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Otros gastos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>8.344,13</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Importe total anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>74.019,90</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>c) Tercer y cuarto cursos:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>(Ratio 1,49:1)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>59.900,40</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos variable</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>9.536,72</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Otros gastos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>9.207,33</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Importe total anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>78.644,45</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>4.-</strong> <strong>ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS EN CENTROS ORDINARIOS</strong></td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>a) Apoyos de Integración</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>a.1) Educación Infantil (Ratio 1:1)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>35.852,77</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos variables</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>3.863,54</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Otros gastos, hasta un máximo</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.173,00</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Importe total anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>40.889,31</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>a.2) Educación Primaria (Ratio 1:1)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>35.852,77</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos variables</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>3.884,75</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Otros gastos, hasta un máximo</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.173,00</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Importe total anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>40.910,52</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>a.3) Educación Secundaria (Ratio 1:1)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>35.852,77</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos variables</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>3.884,75</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Otros gastos, hasta un máximo</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.173,00</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Importe total anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>40.910,52</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>b)</strong> <strong>Compensación educativa:</strong></td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>b.1) Apoyos de compensación educativa en Primaria (Ratio 1:1)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Salario de profesor de apoyo, incluidas cargas sociales</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>35.852,77</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos variables</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>3.884,75</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Otros gastos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.173,00</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Importe total anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>40.910,52</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>b.2) Apoyos de compensación educativa para ESO (Ratio 1:1)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>37.797,46</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos variables</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>3.884,75</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Otros gastos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.173,00</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Importe total anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>42.855,21</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>b.3) Aulas de compensación educativa para ESO (Ratio 1,60:1)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>59.039,80</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos variables</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>6.241,67</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Otros gastos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>10.413,51</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Importe total anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>75.694,98</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>c)</strong> <strong>Personal Complementario</strong></td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Importe a determinar por la Administración en función de las necesidades concretas a atender tanto del alumnado como del profesorado.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Motóricos, hasta un máximo</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>24.175,35</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Auditivos, hasta un máximo</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>22.904,95</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Otros, hasta un máximo</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>28.682,25</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>5.-</strong> <strong>PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL</strong></td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>MÓDULOS VOLUNTARIOS</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>(Ratio 0,88:1)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>35.377,42</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos variables</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>5.632,43</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Otros gastos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>9.207,33</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Importe total anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>50.217,18</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>6.-</strong> <strong>EDUCACIÓN ESPECIAL</strong></td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>a) Educación Infantil</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>(Ratio 1,17:1)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>41.947,75</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos variables</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>4.520,34</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Otros gastos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>7.368,14</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Importe total anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>53.836,23</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Personal complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según deficiencias:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Psíquicos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>24.175,35</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Autistas o problemas graves de personalidad</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>20.311,46</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Auditivos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>22.904,95</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Plurideficientes</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>28.682,25</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.256,48</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>b)</strong> <strong>Educación Básica</strong></td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>(Ratio 1,20:1)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>43.023,33</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos variables</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>4.661,70</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Otros gastos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>7.368,14</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Importe total anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>55.053,17</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Personal complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según deficiencias:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Psíquico</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>24.175,35</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Autistas o problemas graves de personalidad</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>20.311,46</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Auditivos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>22.904,95</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Plurideficientes</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>28.682,25</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.256,48</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>c)</strong> <strong>Programas de formación para la transición a la vida adulta</strong></td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>c.1) Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 1:1)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>En unidades de psíquicos auditivos con 6-8 alumnos; autistas o problemas graves de personalidad con 3-5 alumnos; plurideficientes con 4-6 alumnos.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>35.852,78</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos variables</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>2.609,27</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Otros gastos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>10.486,11</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Importe total anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>48.948,16</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>c.2) Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 2:1)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>En unidades de psíquicos auditivos con más de 8 alumnos; autistas o problemas graves de personalidad con más de 5 alumnos; plurideficientes con más de 6 alumnos.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>71.705,55</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos variables</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>5.218,53</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Otros gastos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>10.486,11</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Importe total anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>87.410,19</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>c.3) Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social, y otros perfiles autorizados), según deficiencias:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Psíquicos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>39.816,44</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Autistas o problemas graves de personalidad</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>35.758,58</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Auditivos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>29.813,03</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Plurideficientes</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>44.111,94</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.256,48</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>d)</strong> <strong>Programas de Cualificación Profesional Inicial</strong></td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>(Ratio 2:1)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>71.705,55</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos variables</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>5.218,53</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Otros gastos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>10.486,11</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Importe total anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>87.410,19</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Psíquicos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>39.816,44</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Autistas o problemas graves de personalidad</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>35.758,58</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Auditivos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>29.813,03</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Plurideficientes</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>44.111,94</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.256,48</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>e)</strong> <strong>Programas Profesionales para alumnos con necesidades educativas especiales</strong></td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>(Ratio 2:1)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Primer curso y Segundo curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>71.705,55</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos variables</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>5.218,53</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Otros gastos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>10.486,11</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Importe total anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>87.410,19</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Psíquicos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>39.816,44</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Autistas o problemas graves de personalidad</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>35.758,58</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Auditivos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>29.813,03</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Plurideficientes</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>44.111,94</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.256,48</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>7.-</strong> <strong>FORMACION PROFESIONAL</strong></td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>a) Formación Profesional Básica(ratio 1,56:1 períodos lectivos en el centro / ratio 0,54:1 períodos formación en la empresa)</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (módulo medio por curso)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Primer curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>59.498,39</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>59.498,39</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos variables (módulo medio por curso)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Primer curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>6.999,81</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>6.999,81</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Otros gastos (Primer y segundo curso)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Actividades agropecuarias</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>9.671,45</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Actividades pesqueras</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>11.937,35</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Agrojardinería y composiciones florales</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>9.671,45</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Alojamiento y lavandería</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>9.111,63</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Aprovechamiento forestales</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>9.671,45</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>9.111,63</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Artes gráficas</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>11.141,53</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Carpintería y mueble</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>10.505,14</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Cocina y restauración</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>9.671,45</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Electricidad y electrónica</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>10.413,51</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Fabricación y montaje</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>11.937,35</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Industrias alimentarias</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>9.111,63</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Informática de oficinas</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>10.880,38</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Informática y comunicaciones</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>10.880,38</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Mantenimiento de vehículos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>10.505,14</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Peluquería y estética</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>9.111,63</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Reforma y mantenimiento de edificios</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>9.671,45</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Servicios administrativos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>9.111,63</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Servicios comerciales</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>9.111,63</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Tapicería y cortinaje</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>9.111,63</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Vidriería y alfarería</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>11.937,35</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>b)</strong> <strong>Ciclo formativo de grado medio</strong></td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>b.1) Ciclos de 1.300 a 1.700 horas (ratio hasta 1,56:1)</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Salarios de personal docente incluidas cargas sociales</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Primer curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>62.714,52</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>-</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos variables</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Primer curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>7.378,18</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>-</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Otros gastos:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>según grupo de financiación.</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>GRUPO 1</strong>. Ciclos formativos de:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Estética Personal Decorativa.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Conducción de Actividades Físico deportivas en el Medio Natural.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Primer curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>12.490,88</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>3.170,50</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>GRUPO 2</strong>. Ciclos formativos de:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Cuidados Auxiliares de Enfermería.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Buceo a Media Profundidad.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Laboratorio de Imagen.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Elaboración de Productos Lácteos.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Matadero y Carnicería-Charcutería.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Molinería e Industrias Cerealistas.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Laboratorio.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Primer curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>14.915,89</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>3.170,50</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>GRUPO 3.</strong> Ciclos formativos de:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Transformación de Madera y Corcho.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Operaciones de Proceso y Pasta de Papel.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Operaciones de Ennoblecimiento Textil.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Primer curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>17.752,03</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>3.170,50</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>GRUPO 4</strong>. Ciclos formativos de:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Encuadernados y Manipulados de Papel y Cartón.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Impresión en Artes Gráficas.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Fundición.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Tratamientos Superficiales y Térmicos.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Calzado y Marroquinería.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Producción de Hilatura y Tejeduría Calada.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Producción de Tejidos de Punto.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Primer curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>20.538,56</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>3.170,50</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>GRUPO 5</strong>. Ciclos formativos de:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>GRUPO 6.</strong> Ciclos formativos de:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Operaciones de Cultivo Acuícola.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Primer curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>17.752,03</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>5.127,04</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>GRUPO 11</strong>. Ciclos formativos de:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>GRUPO 12</strong>. Ciclos formativos de:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Comercio.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Primer curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>24.134,25</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>3.170,50</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>b.2) Ciclos de 2.000 horas (ratio 1,56:1 períodos lectivos en el centro/ratio 0,54:1 períodos de formación en la empresa)</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (módulo medio por curso)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Primer curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>55.880,24</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>55.880,24</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos variables (módulo medio por curso)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Primer curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>6.636,31</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>6.636,31</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Otros gastos:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>según grupo de financiación.</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>GRUPO 7</strong>. Ciclos formativos:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Atención sociosanitaria.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Explotaciones Ganaderas.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Jardinería.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Trabajos Forestales y de Conservación de Medio Natural.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Pesca y Transporte Marítimo.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Obras de Albañilería.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Obras de Hormigón.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Caracterización.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Emergencias Sanitarias.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Servicios en Restauración.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Farmacia y Parafarmacia.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Atención a Personas en Situación de Dependencia.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Aceites de Oliva y Vinos.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Planta Química.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Jardinería y Floristería.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Primer curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>11.935,43</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>13.634,90</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>GRUPO 8</strong>. Ciclos formativos de:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Explotaciones Agrarias Extensivas.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Explotaciones Agrícolas Intensivas.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Operación, Control y Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones del Buque.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Acabados de Construcción.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Panadería, Repostería y Confitería.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Cocina y Gastronomía.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Sistemas Microinformáticos y Redes.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Instalaciones de Telecomunicaciones.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Primer curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>13.888,82</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>15.532,81</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>GRUPO 9</strong>. Ciclos formativos de:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Instalaciones de Producción de Calor.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Instalaciones Frigoríficas y de climatización.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Primer curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>16.005,22</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>17.757,51</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>GRUPO 10.</strong> Ciclos formativos de:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Preimpresión en Artes Gráficas.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Mecanizado.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Soldadura y Calderería.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducción de</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Líneas.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Mantenimiento Ferroviario.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Mantenimiento Electromecánico.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Preimpresión digital.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Joyería.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Primer curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>18.513,62</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>19.852,15</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>GRUPO 13.</strong> Ciclos formativos de:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Peluquería.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Peluquería y Cosmética Capilar.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Primer curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>16.753,48</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>18.012,06</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>GRUPO 14</strong>. Ciclos formativos de:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Fabricación a Medida e Instalación de Madera y Mueble.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Carrocería.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Instalación y Amueblamiento.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Primer curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>16.433,52</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>17.757,51</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>GRUPO 15</strong>. Ciclos formativos de:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Instalaciones Eléctricas y Automáticas.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Confección y Moda.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Primer curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>20.273,19</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>21.531,79</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>GRUPO 16</strong>. Ciclos formativos de:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Electromecánica de Vehículos Automóviles.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Primer curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>20.401,22</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>21.627,79</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>GRUPO 17</strong>. Ciclos formativos de:</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Equipos Electrónicos de Consumo.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gestión Administrativa.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Primer curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>23.408,98</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Segundo curso</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>24.635,54</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>8.-</strong> <strong>BACHILLERATO</strong></td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>(Ratio 1,64:1)</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>65.930,65</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Gastos variables</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>12.784,66</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Otros gastos</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>9.264,21</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Importe total anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>87.979,52</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>9.- OTRAS FUNCIONES DIRECTIVAS</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.b) de la presente ley y en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los conceptos de gastos variables y otros gastos se verán incrementados, con destino a la financiación de otras funciones directivas docentes y no docentes, hasta las cuantías máximas por centro que aparecen a continuación. En el caso de la función directiva no docente, dicha financiación podrá justificarse tanto con el personal que preste servicios directamente en el centro como con personal que realice la función directiva no docente fuera del centro en equipos centralizados de dirección y gestión de la propia titularidad.</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>a) FUNCIÓN DIRECTIVA DOCENTE (a abonar a través de la nómina de pago delegado)</strong>
</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>1.-<strong> </strong>A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto al menos dos de las siguientes enseñanzas: ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial módulos voluntarios), Bachillerato, Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio, hasta un importe máximo anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>4.755,28 €</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>2.- A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto Bachillerato, más otras dos enseñanzas entre las siguientes: ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial módulos voluntarios), Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio, se dotará una financiación adicional, hasta un importe máximo anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>4.755,28 €</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>3.- A los centros que impartan en régimen de concierto Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades en ese nivel y en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>3.078,27 €</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>4.- A los centros que tengan en régimen de concierto al menos nueve unidades en Educación Especial, hasta un importe máximo anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>3.078,27 €</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'><strong>b)</strong> <strong>FUNCIÓN DIRECTIVA NO DOCENTE</strong></td>
<td class='cuerpo_tabla_der'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>1.-<strong> </strong>A los centros que impartan Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en esa etapa y, en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.998,26 €</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>2.- A los centros que tengan al menos ocho unidades sostenidas con fondos públicos en ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial módulos voluntarios), Bachillerato, Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio, hasta un importe máximo anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>4.995,66 €</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>3.- A los centros que tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en Educación Especial, hasta un importe máximo anual</td>
<td class='cuerpo_tabla_der'>1.998,26 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='anexo_num'>ANEXO V</p>
<p class='anexo_tit'>Empresas Públicas con forma de Sociedad Mercantil del artículo 3.3</p>
<table class='tabla'>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Campus de la Justicia de Madrid, S.A., en liquidación</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Canal Energía, S.L.</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Canal Energía Generación, S.L.</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Canal Energía Comercialización, S.L.</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Canal Energía Distribución, S.L.</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Canal Gas Distribución, S.L.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='imagen'>
<img class='no_escalar' height='885' src='/datos/imagenes/disp/2015/49/01955_5585749_image2.png' width='1212'/>
</p>
<p class='imagen'>
<img class='no_escalar' height='885' src='/datos/imagenes/disp/2015/49/01955_5585749_image3.png' width='1212'/>
</p>
<p class='imagen'>
<img class='no_escalar' height='950' src='/datos/imagenes/disp/2015/49/01955_5585749_image4.png' width='1212'/>
</p>
<p class='imagen'>
<img class='no_escalar' height='716' src='/datos/imagenes/disp/2015/49/01955_5585749_image5.png' width='1212'/>
</p>
<p class='imagen'>
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</p>
<p class='imagen'>
<img class='no_escalar' height='721' src='/datos/imagenes/disp/2015/49/01955_5585749_image7.png' width='1212'/>
</p>
<p class='imagen'>
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</p>
<p class='imagen'>
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</p>
<p class='imagen'>
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</p>
<p class='imagen'>
<img class='no_escalar' height='964' src='/datos/imagenes/disp/2015/49/01955_5585749_image11.png' width='1212'/>
</p>
<p class='imagen'>
<img class='no_escalar' height='716' src='/datos/imagenes/disp/2015/49/01955_5585749_image12.png' width='1212'/>
</p>
<p class='imagen'>
<img class='no_escalar' height='640' src='/datos/imagenes/disp/2015/49/01955_5585749_image13.png' width='1212'/>
</p>
<p class='imagen'>
<img class='no_escalar' height='721' src='/datos/imagenes/disp/2015/49/01955_5585749_image14.png' width='1212'/>
</p>
<p class='imagen'>
<img class='no_escalar' height='721' src='/datos/imagenes/disp/2015/49/01955_5585749_image15.png' width='1212'/>
</p>
<p class='imagen'>
<img class='no_escalar' height='721' src='/datos/imagenes/disp/2015/49/01955_5585749_image16.png' width='1212'/>
</p>
<p class='imagen'>
<img class='no_escalar' height='618' src='/datos/imagenes/disp/2015/49/01955_5585749_image17.png' width='1211'/>
</p>
</texto>
</documento>
|
Thu Feb 26 07:06:55 +0000 2015
|
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.
PREÁMBULO
I
Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid fundamentan su marco normativo básico en la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en el Estatuto de Autonomía, la Ley General Presupuestaria, la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el contenido de la Ley de Presupuestos se distinguen dos tipos de preceptos, en primer lugar, los que responden al contenido mínimo, necesario e indisponible de la misma, que está constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos y, por otro lado, los que conforman lo que se ha denominado por la citada jurisprudencia como contenido eventual, en la medida que se trata de materias que guardan relación directa con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gastos o los criterios de política económica general, que sean complemento para la más fácil interpretación y más eficaz ejecución del presupuesto y de la política económica del Gobierno.
Este presupuesto es el tercero que se elabora desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011, y da cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, garantizando una adaptación continua y automática a la normativa europea.
Por otra parte, se trata de los primeros presupuestos que se elaboran tras la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que ha elevado el nivel de exigencia de transparencia e información pública a todas las Administraciones, considerándola eje fundamental de toda acción política. Este requerimiento se extiende sobre todos los ámbitos de actuación administrativa, incluido el presupuestario como instrumento para la ejecución de las políticas públicas.
En este contexto, con el propósito fundamental de atender al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y transparencia, consignados en las referidas Leyes y que recorren el espíritu de la legislación vigente, se modifica la estructura presupuestaria, que proporcionará un mayor grado de concreción en la información suministrada sobre los distintos estados de gastos de este presupuesto y permitirá una mejor rendición de cuentas a distintas Instituciones y Administraciones Públicas, así como un exhaustivo seguimiento y control de actuaciones específicas.
Este marco normativo persigue garantizar la sostenibilidad financiera, fortalecer la confianza en la recuperación económica y reforzar el compromiso con la estabilidad presupuestaria. El logro de estos tres objetivos contribuirá a consolidar el marco de una política económica orientada al crecimiento económico y la creación del empleo.
II
La situación económica por la que atravesó tanto España como el conjunto de nuestros socios europeos fue complicada, fruto de una crisis sin precedentes, que condicionó el marco económico de la Comunidad de Madrid, la restricción presupuestaria que debió abordar, las políticas que pudo aplicar y la forma en la que debió hacerlo.
Adicionalmente, el sistema de financiación autonómica, que no se ha sometido a una reforma estructural conforme a la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, relativa al sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, continúa perjudicando a la Comunidad de Madrid. Solo el desfase y la estimación errónea de IVA e Impuestos Especiales producen una pérdida a los madrileños de más de 1.000 millones de euros, que afectan al presupuesto de ingresos.
Sin embargo, pese a ello, la Comunidad de Madrid salió la primera de la recesión y la crisis y lidera ahora la recuperación de la economía nacional, gracias a la política económica aplicada, basada en la austeridad y la eficiencia en el gasto, el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, la rebaja de impuestos, la eliminación de trabas, y la liberalización de la economía, y, principalmente, gracias al esfuerzo de los madrileños, esfuerzos que ya han hecho y que, por tanto, no se les va a pedir ninguno más adicional.
Por ello, este proyecto de Presupuestos es el de la recuperación, que cuenta con un incremento notable en inversiones, fruto del momento de recuperación en el que hemos entrado, y mantiene el redimensionamiento de la actividad de la Comunidad de Madrid con el objetivo de ser más eficientes, ajustar el gasto al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y generar confianza y coherencia. También cuenta con el refuerzo de los gastos esenciales: Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Transporte.
Asimismo, la Comunidad de Madrid, que siempre ha sido la Administración que antes, más y mejor ha cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria, como muestra el hecho de tener el menor déficit medio y la menor deuda de todas las regiones, cumplirá también en 2015 con el objetivo de estabilidad presupuestaria, fijado en -0,7 por 100 del PIB.
Es, además, un proyecto realizado con suma cautela, al considerar un escenario macroeconómico prudente, que contempla el peor de los escenarios posibles, aunque muy probablemente la economía crecerá como marca el escenario neutral, pero que, en aras de la prudencia, se ha presupuestado considerando el peor escenario macroeconómico estimado actualmente dentro de los intervalos de confianza de la estimación.
Es un proyecto de Presupuestos que garantiza el nivel de los servicios a los madrileños. Mantiene y acrecienta la solidaridad de los madrileños. Los madrileños son los que más aportan al fondo de garantía de los servicios esenciales de otras regiones, aportación que crece año tras año y, en cuatro años, ha incrementado el peso de su contribución en 10 puntos, de manera que ya aporta el 72 por 100 de la transferencia neta a dicho fondo de garantía.
El proyecto de Presupuestos para 2015, un año más, es eminentemente social, un 90 por 100 del presupuesto, al priorizar el gasto en sanidad, educación, servicios sociales y transporte, con especial importancia en sanidad y potenciación de la Renta Mínima de Inserción y la Calidad Educativa.
En definitiva, este proyecto traza unos presupuestos serios y eficientes, los presupuestos de la recuperación, con incremento de las inversiones, que dinamizarán la economía, y con refuerzo de los servicios esenciales, prioridad del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Por lo que se refiere a la política sanitaria de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2015, el objetivo principal es continuar mejorando la calidad y accesibilidad de nuestro sistema sanitario público, universal y gratuito, profundizando en la determinación y análisis de las necesidades asistenciales demandadas por los ciudadanos y, consecuentemente, en la búsqueda de soluciones que redunden en una mayor eficacia y eficiencia en la organización sanitaria y avanzar así hacia las metas de excelencia marcadas por el Gobierno Regional.
Las iniciativas emprendidas, en este sentido, en los ejercicios anteriores demuestran que los resultados en salud y la calidad de la atención sanitaria se pueden mantener, e incluso mejorar, optimizando la gestión. Por ello, en 2015 se extremará la eficiencia, en línea con el contenido de los presupuestos de los últimos años, como ejercicio obligado de responsabilidad, imprescindible para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema. Estas iniciativas formarán un conjunto ordenado y coherente, que deberá ser periódicamente evaluado y que se verá acompañado por una continua rendición de cuentas de los resultados en salud de la sanidad pública madrileña.
La política educativa continuará teniendo como base la mejora de la calidad de la enseñanza de los ciudadanos de la región, de conformidad con las medidas establecidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), realizando una fuerte apuesta por las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, impulsando el esfuerzo y el mérito de los alumnos, así como la extensión de la enseñanza bilingüe, la promoción de la formación profesional dual, la libertad de elección de las familias para la educación de sus hijos, la igualdad de oportunidades gracias a una mayor dotación en el sistema de ayudas, la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria y el apoyo a la actividad investigadora, y, por último, fomentando las actividades dirigidas a los jóvenes y al deporte.
En materia de asuntos sociales, se ejecutarán políticas tendentes a mantener e incrementar el nivel de protección social alcanzado a lo largo de estos últimos años en aquellos servicios y prestaciones sociales considerados esenciales o prioritarios, como son los dirigidos a las personas en situación de dependencia.
Entre las acciones prioritarias que se atenderán, destacan las encaminadas a garantizar unos ingresos básicos a través de la Renta Mínima de Inserción a todo aquel que realmente los necesite o el mantenimiento de las plazas de atención residencial y de día para personas mayores dependientes y de las plazas de atención a personas con discapacidad y con enfermedad mental.
El presupuesto contempla también los créditos para reforzar los programas dirigidos a la protección integral a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, y para llevar a cabo políticas de atención a la familia y a la infancia, atención residencial a los menores, reconocimiento de las prestaciones y apoyos económicos para el acogimiento familiar, así como políticas de promoción del voluntariado social.
Por su parte, la política de seguridad se asienta en el proyecto BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid), cuyo principal objetivo es contribuir a la mejora de la seguridad del ciudadano madrileño. Este proyecto ha sido implantado en 109 municipios mediante la suscripción de Convenios de Colaboración, de forma que la Comunidad de Madrid coadyuva a la financiación de las retribuciones y seguridad social de los policías locales adscritos a las Brigadas, el suministro de vehículos, combustible y el servicio de comunicaciones.
En el campo de la protección ciudadana, se continuará con las actuaciones relativas a la mejora y modernización de los medios materiales adscritos al Cuerpo de Bomberos que redunden en una respuesta más segura, rápida y eficaz en sus intervenciones. Por otro lado, la Campaña para la Detección y Extinción de Incendios en la Comunidad de Madrid (INFOMA) articulará, como en pasados años, las actuaciones tanto preventivas como de vigilancia y extinción de incendios que garanticen la conservación de los ecosistemas forestales del territorio regional.
En materia de justicia, en 2015, el esfuerzo irá destinado a continuar con la dotación de medios materiales y humanos, y garantizar el acceso a la asistencia jurídica gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
En materia de política económica y tecnológica, se seguirá avanzando en la creación de un entorno económico favorable a la actividad empresarial, por medio de instrumentos que favorezcan la competitividad de nuestra economía y el liderazgo tecnológico, la innovación a través de la colaboración público-privada, nuevas iniciativas de inversión y una mayor cooperación entre administraciones, evitando duplicidades.
Por otro lado, desde la Comunidad de Madrid se seguirán apoyando todas aquellas medidas tendentes a alcanzar mayores niveles de competitividad, a través del fomento de la internacionalización de la economía madrileña, como elemento fundamental e imprescindible para el crecimiento económico de nuestra región, intensificando para ello la cooperación con la Cámara de Comercio de Madrid y los organismos estatales que trabajan en esa misión.
En el sector del comercio, se continuará trabajando en la promoción del comercio madrileño, con el fin de reactivar la demanda y el consumo, mediante actuaciones de promoción y dinamización, del fomento del comercio electrónico y el uso de las nuevas tecnologías, la colaboración público-privada, así como facilitando el acceso de las pymes comerciales a la financiación.
Por lo que se refiere a la industria, se mantiene la política de apoyo a la competitividad del sector industrial y priorizando la seguridad industrial, minera y energética. En el ámbito energético, se mantendrán los planes de ahorro y mejora de la eficiencia energética, asegurando la fiabilidad y seguridad del suministro energético y el impulso de las energías renovables.
En materia de medio ambiente, como objetivos primordiales se fijan los siguientes: el desarrollo de actuaciones relacionadas con la conservación y gestión del medio ambiente y la política de desarrollo regional, la evaluación de la incidencia ambiental de ciertas actuaciones y la configuración de un modelo territorial equilibrado con posibilidades de desarrollo a través del planeamiento, la elaboración y revisión de la normativa urbanística, la tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa, la valoración de suelo y la programación y gestión de actuaciones públicas de suelo, y el fomento de la innovación tecnológica en el medio rural.
El programa de actuaciones para el año 2015 en materia de infraestructuras del transporte se concreta, fundamentalmente, en el desarrollo de la red de Metro. La estrategia global de Metro de Madrid es ofrecer un servicio de calidad a los madrileños, basado en la eficiencia, seguridad y sostenibilidad. La inversión programada para 2015 corresponde al desarrollo de la segunda fase, entre Mirasierra y la estación de intercambio con Cercanías que se sitúa en las inmediaciones de la calle Costa Brava. Además, se potenciará el crecimiento de los ferrocarriles de Cercanías y Metros Ligeros.
Por lo que respecta a la política de vivienda, el Gobierno Regional tiene como propósito prioritario favorecer el acceso de los ciudadanos a una vivienda en condiciones asequibles y adaptadas a sus necesidades. En este sentido, se promueve el alquiler y el alquiler con opción a compra, como las formas de acceso que suponen un menor esfuerzo económico a las familias.
El Instituto de la Vivienda de Madrid continuará dando respuesta a las necesidades de vivienda de los más desfavorecidos, intensificando las adjudicaciones a las familias con menos recursos. Igualmente, se continuará con el proceso de desmantelamiento y realojamiento de núcleos chabolistas.
En materia de políticas activas de empleo y formación, la Comunidad de Madrid profundiza en el II Plan de Empleo 2014-2015 y se compromete al impulso de la creación de empleo, a reforzar la estabilidad de nuestro mercado de trabajo y a aumentar las oportunidades laborales de los mayores de 45 años, mujeres, parados de larga duración y personas con discapacidad. Por otra parte, los jóvenes contarán con programas específicos de empleo, al igual que autónomos y emprendedores, motor del crecimiento económico. Todo ello se dirigirá al fomento de la contratación, el apoyo al emprendimiento y la mejora de la empleabilidad de los trabajadores en situación de desempleo.
III
La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2015 consta de 6 títulos, de cuyo contenido pueden reseñarse los siguientes aspectos.
El Título I, «De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones», constituye la parte principal del contenido calificado como esencial, en la medida en que el Capítulo I del mismo incluye la totalidad de los gastos e ingresos que conforman los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, integrados por los Presupuestos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad, de sus Organismos Autónomos, de sus Empresas Públicas y Entes Públicos, a los que se refieren los artículos 5 y 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Se incluyen las fundaciones y los consorcios a los efectos de las exigencias de transparencia de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Igualmente, se recogen en este Capítulo I los importes relativos a los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid.
El Capítulo II contiene medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria derivadas de las exigencias de la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Para el cumplimiento del objetivo de estabilidad, el Gobierno mantiene en el presupuesto para 2015 la existencia de un «Fondo de Contingencia» como Capítulo 5 de gastos, dentro de la Sección 26, con la finalidad de financiar aquellas necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio y que, financiadas con otros recursos, hubieran generado déficit en términos de contabilidad nacional.
El Capítulo III contiene normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y de los presupuestos aprobados. Establece el carácter limitativo y vinculante de los créditos, regulando, con carácter general, la vinculación a nivel de artículo y, sin perjuicio de ello, se consigna el detalle de dicha vinculación en el estado de gastos. Se regula también el régimen de modificación de los créditos presupuestarios, determinando limitaciones específicas para las transferencias de créditos destinados a Planes Especiales de Actuaciones e Inversiones, gastos asociados a ingresos o a cooperación municipal.
El Título II, «De los gastos de Personal», consta de dos capítulos, el primero regula el régimen de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, distinguiendo según sea funcionarial, laboral o estatutario el vínculo de su relación de servicios, así como las retribuciones de los Altos Cargos y del personal directivo. En aplicación de la legislación básica dictada por el Estado, se establece, con carácter general, que no habrá incremento retributivo para el ejercicio 2015 respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2014, no obstante, de acuerdo con la posibilidad de carácter básico que contempla el Estado, se incluye una previsión dirigida a la recuperación parcial de los importes efectivamente dejados de percibir por los empleados públicos de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento a la competitividad. Asimismo, se mantienen en este capítulo las medidas emprendidas en anteriores ejercicios tendentes a garantizar criterios de control eficiente en la materia respecto de las entidades que componen el sector público.
También se regula la Oferta de Empleo Público, que incluirá aquellas plazas que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En el año 2015, en cumplimiento de la normativa básica y con carácter general, se fija la tasa de reposición en un máximo del 50 por 100 en los sectores determinados por la normativa estatal. Al igual que en ejercicios anteriores, se establecen restricciones a la contratación de personal laboral temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, que tendrán un carácter excepcional vinculado a necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la Consejería de Economía y Hacienda.
En el Capítulo II de este Título se encuentran otras disposiciones en materia de personal que, básicamente, se refieren a los requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral, la prohibición de ingresos atípicos, la prohibición de cláusulas indemnizatorias o los requisitos para la contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones.
El Título III, «De las operaciones financieras», se divide en dos capítulos. En el Capítulo I «Operaciones de crédito» se regulan, fundamentalmente, los límites y la autorización para el endeudamiento anual de la Comunidad de Madrid, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, las Empresas Públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector de Administraciones Públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas nacionales y regionales (SEC), endeudamiento que se sujeta a los límites previstos en las Leyes de Estabilidad Presupuestaria y en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
En el Capítulo II, «Tesorería», se recogen una serie de medidas para garantizar una correcta ejecución de las funciones de tesorería y que afectan a la autorización para la apertura de cuentas bancarias y a la fijación de la cuantía mínima para que se acuerde la no liquidación y exacción de deudas.
El Título IV, «Procedimientos de gestión presupuestaria», estructurado en cinco capítulos, establece en el Capítulo I, la cuantía que delimita la competencia reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la autorización de gastos.
En el Capítulo II, se fijan los módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos y se atribuye al Gobierno de la Comunidad la competencia para autorizar el número máximo de nuevas unidades a concertar en centros privados sostenidos con fondos públicos durante el ejercicio 2015.
El régimen presupuestario de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid y la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las Universidades se recogen en el Capítulo III.
Por otra parte, el Capítulo IV regula determinadas especialidades del régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud y las particularidades en la tramitación de las modificaciones presupuestarias.
En el Capítulo V, se establecen otras normas de gestión presupuestaria como son la posibilidad del Gobierno de aprobar planes y programas de actuación, especialidades en el ejercicio de la función interventora y las cuantías de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para el ejercicio 2015.
En el Título V, «Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid», se recogen disposiciones generales sobre reordenación del sector público y se autoriza la formalización de convenios de colaboración.
Finalmente, en el Título VI, «De las tasas», se establece el mantenimiento de la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid.
En la parte final de la ley, las disposiciones adicionales completan el marco jurídico presupuestario recogiendo preceptos de índole muy variada. En primer lugar, se establece el informe preceptivo por la Consejería de Economía y Hacienda de las disposiciones normativas o convenios cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid, respecto del autorizado y previsto en la ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros. Dicho informe será preceptivo en relación a los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Generales de la Comunidad y hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
Asimismo, se mantiene la vigencia de las disposiciones de la Ley 4/2012, de 4 de julio, sobre arrendamientos de inmuebles a disposición de organizaciones sindicales, o la suspensión de determinadas normas convencionales, y se establece la limitación de subvenciones a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales para gastos de funcionamiento.
Por último, en las disposiciones finales se autoriza el desarrollo normativo de la Ley y se fija la entrada en vigor de la misma.
TÍTULO I
De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones
CAPÍTULO I
De los créditos y su financiación
Artículo 1. Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
1. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio del año 2015 están integrados por:
a) El Presupuesto de la Asamblea de Madrid.
b) El Presupuesto de la Cámara de Cuentas.
c) El Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid.
d) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos administrativos.
e) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles.
f) Los Presupuestos de los Entes Públicos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.
g) Los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público.
h) Los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil.
i) El Presupuesto del Ente Público Radio Televisión Madrid y de las sociedades para la gestión de los servicios públicos de radiodifusión y televisión.
j) Los Presupuestos de los restantes Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
2. A los solos efectos de cumplir con las exigencias derivadas de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid integran los presupuestos de las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, incluidos en el Sector Administraciones Públicas delimitado conforme el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC).
Se entiende por fundaciones del sector público autonómico aquellas que, o bien se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos públicos o demás entidades del sector público de la Comunidad de Madrid, o bien su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.
Artículo 2. De los créditos iniciales y financiación de los mismos.
1. En el estado de gastos del Presupuesto de la Asamblea de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 26.511.400 euros, que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2015 de igual cuantía.
2. En el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara de Cuentas se aprueban créditos por un importe total de 6.951.640 euros, que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2015 de igual cuantía.
3. En el estado de gastos del Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 20.346.065.487 euros, de los que 17.010.283.924 euros corresponden al gasto no financiero y aportaciones a empresas públicas, que se financiarán:
a) Con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2015, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en 15.650.008.729 euros.
b) Con el importe de las operaciones de endeudamiento que se consignan en el capítulo 9 de los estados de ingresos.
4. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos administrativos se aprueban créditos por los siguientes importes:
Organismos autónomos administrativos
Euros
Servicio Regional de Bienestar Social
273.718.261
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor
38.177.793
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor
110.196.996
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid
36.115.325
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
19.753.923
Madrid 112
13.005.768
Instituto Madrileño del Deporte
17.146.552
Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2015, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en importe de igual cuantía a los gastos consignados.
5. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles, se aprueban créditos por los siguientes importes:
Organismos autónomos mercantiles
Euros
Instituto de la Vivienda de Madrid
240.784.918
Consorcio Regional de Transportes
957.658.537
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
9.923.136
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario
14.666.441
Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2015, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados.
Se aprueban las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidas a las operaciones propias de la actividad de estos organismos, recogidas en las respectivas cuentas de operaciones comerciales.
6. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Entes Públicos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos, se aprueban créditos por los siguientes importes:
Entes públicos cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos
Euros
Servicio Madrileño de Salud
7.170.114.000
Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2015, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados.
7. La distribución de los estados de ingresos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:
Ingresos no financieros CAP. 1 A 7
Activos financieros CAP. 8
Total
Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas
165.000
1.452.130
1.617.130
Administración de la Comunidad de Madrid
15.639.569.804
7.129.050
15.646.698.854
Organismos Autónomos administrativos
41.825.580
321.481
42.147.061
Organismos Autónomos mercantiles
301.829.807
767.772
302.597.579
Entes del artículo 1.1. f) de la presente ley
56.842.032
3.479.223
60.321.255
Total
16.040.232.223
13.149.656
16.053.381.879
8. La distribución de los estados de gastos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:
Gastos no financieros CAP. 1 A 7
Activos financieros CAP. 8
Total
Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas
33.313.640
149.400
33.463.040
Administración de la Comunidad de Madrid
8.289.402.909
702.505.162
8.991.908.071
Organismos autónomos administrativos
507.043.137
1.071.481
508.114.618
Organismos autónomos mercantiles
1.116.455.343
117.781
1.116.573.124
Entes del artículo 1.1. f) de la presente ley
6.435.341.660
734.772.340
7.170.114.000
Total
16.381.556.689
1.438.616.164
17.820.172.853
Para la amortización de pasivos financieros se aprueban créditos en el capítulo 9 de los estados de gastos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo por importe de 3.032.415.817 euros.
Los créditos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio 2015, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y se estiman en importe de igual cuantía, previendo operaciones en el capítulo 9 del estado de ingresos de los centros referidos por importe de 4.799.206.791 euros.
9. La distribución funcional de los estados de gastos consolidados de los centros previstos en los apartados uno a seis del presente artículo es la siguiente:
Política de gasto
Euros
Justicia
393.760.724
Seguridad ciudadana
221.548.054
Servicios sociales y promoción social
1.397.436.475
Fomento del empleo
266.300.249
Acceso a la vivienda y fomento de la edificación
320.859.175
Sanidad
7.292.487.541
Educación
4.256.580.145
Cultura
128.161.922
Industria y energía
11.703.220
Comercio, turismo y PYMES
21.678.233
Infraestructuras y gestión del transporte
1.353.313.517
Investigación, desarrollo e innovación
470.380.005
Otras actuaciones de carácter económico
71.560.421
Alta dirección
38.730.868
Servicios de carácter general
594.811.241
Administración financiera y tributaria
60.798.080
Transferencias a otras Administraciones Públicas
66.523.635
Deuda Pública
3.885.955.165
Artículo 3. De los Presupuestos de Empresas Públicas y resto de Entes Públicos.
1. Se aprueban los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público, que ajustan su actividad al ordenamiento jurídico privado, en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por los siguientes importes:
Empresas públicas con forma de entidad de Derecho Público
Euros
Canal de Isabel II
319.091.874
Hospital de Fuenlabrada
115.058.595
Empresa Pública Hospital del Sur
71.882.026
Empresa Pública Hospital del Norte
116.139.912
Empresa Pública Hospital del Sureste
60.684.047
Empresa Pública Hospital del Henares
78.550.070
Empresa Pública Hospital del Tajo
50.547.138
Empresa Pública Hospital de Vallecas
108.459.784
Unidad Central de Radiodiagnóstico
18.108.410
Ente Público Radio Televisión Madrid
97.629.000
2. Se aprueban los presupuestos de las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, así como sus estados financieros referidos a su actividad específica, por los siguientes importes:
Empresas públicas con forma de sociedad mercantil
Euros
Hidráulica Santillana, S.A.
3.665.224
Hispanagua, S.A.
27.658.984
Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.
4.778.036
Mercado Puerta de Toledo, S.A., en liquidación
678.622
Madrid Activa, S.A.U.
964.186
Centro de Transportes de Coslada, S.A.
1.572.922
Turmadrid, S.A.
7.300.000
Arproma, Arrend. y Promociones de la Com. Madrid, S.A.
30.764.680
Metro de Madrid, S.A.
1.060.739.488
Gestión y Desarrollo Medio Ambiente de Madrid, S.A.
3.383.952
Canal Extensia, S.A.
1.931.671
Nuevo Arpegio, S.A.
63.596.983
Canal de Isabel II Gestión, S.A.
1.163.589.830
Canal Gestión Lanzarote, S.A.U.
50.514.690
3. Asimismo, se aprueban los presupuestos de aquellas Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil que, por carecer de actividad o encontrarse en proceso de liquidación, cuentan con importe cero, y se relacionan en el anexo V de la presente ley.
4. Se aprueban los presupuestos de los restantes Entes Públicos en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, por los siguientes importes:
Restantes entes públicos
Euros
Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid
158.012.062
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos
5.383.950
Instituto de Realojamiento e Integración Social
14.742.920
Fundación Hospital Alcorcón
143.948.743
Artículo 4. Transferencias internas entre Entes del sector público de la Comunidad de Madrid.
1. El Consejero de Economía y Hacienda establecerá el procedimiento y requisitos necesarios para la tramitación de las transferencias nominativas y las aportaciones consignadas en el artículo 89 «Aportaciones a empresas y entes públicos» a favor de los distintos entes que conforman el sector público de la Comunidad de Madrid, que en todo caso incluirá la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
2. A estos efectos, conforman el sector público de la Comunidad de Madrid los entes incluidos en las letras c), d), e), f), g), h), i), y j) del artículo 1.1 de la presente ley y las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
Artículo 5. Aplicación de remanentes de tesorería.
1. Durante 2015 los remanentes de tesorería de los Organismos Autónomos y entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos quedarán afectados al cumplimiento de las obligaciones generales de la Comunidad de Madrid.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior el Instituto de la Vivienda de Madrid, el Servicio Regional de Bienestar Social y el Consorcio Regional de Transportes, cuyos remanentes de tesorería tendrán la consideración de recursos propios.
3. Por el Consejero de Economía y Hacienda se desarrollarán los procedimientos necesarios para aplicar a la Tesorería de la Administración General de la Comunidad de Madrid los remanentes de tesorería de los Organismos y Entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los remanentes de tesorería derivados de la inejecución de los créditos que a continuación se indican quedarán afectados a la financiación de las actuaciones vinculadas en los términos que se señalan: los correspondientes al saldo positivo de financiación procedente del Estado o de la Unión Europea, que se destinarán al cumplimiento de sus finalidades específicas para las que aquella fue concedida siempre y cuando se mantengan en los mismos términos que entonces, en cuyo caso, podrán aplicarse al presupuesto de gastos mediante las modificaciones presupuestarias que sean precisas.
Artículo 6. Beneficios fiscales.
Los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid se estiman en 11.723 millones de euros.
CAPÍTULO II
De la Estabilidad Presupuestaria
Artículo 7. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
1. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid se presentan y aprueban en los términos y condiciones previstos por el principio de estabilidad presupuestaria que para las Administraciones Públicas fija la normativa básica en la materia.
2. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid contienen la información necesaria para cumplir con las exigencias derivadas del principio de transparencia establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y sus normas de desarrollo.
Artículo 8. Disponibilidad de los créditos.
1. En cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera contemplados en la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, en el caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá aprobar una declaración de no disponibilidad de créditos consignados en el presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid para 2015, en la cuantía y distribución necesarios, así como cualesquiera otras medidas preventivas o correctivas, para reconducir la ejecución presupuestaria dentro de los límites que garanticen el cumplimiento de los objetivos.
Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá hacer uso de esta facultad, en los siguientes casos previstos en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:
a) En el caso de que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, formule a la Comunidad Autónoma una advertencia motivada de riesgo de incumplimiento, regulada en el artículo 19.
b) En el caso de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera considere que las medidas contenidas en los planes presentados no garantizan la corrección de la situación de desequilibrio, según lo establecido en el artículo 23.
c) En el caso de que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas verifique desviación en los informes de seguimiento de los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio, prevista en el artículo 24.3.
El Consejo de Gobierno adoptará las correspondientes medidas en el supuesto de que se activen las medidas coercitivas establecidas en los artículos 25 y 26 de la mencionada Ley Orgánica.
2. En el supuesto de que a lo largo del ejercicio 2015 se aprobaran disposiciones estatales que contuvieran previsiones que tuvieran repercusión sobre la ejecución presupuestaria de la Comunidad de Madrid, por el Consejo de Gobierno se realizarán las adecuaciones procedentes en la proporción que corresponda para ajustar sus consecuencias.
Artículo 9. Fondo de Contingencia.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se dotan créditos consignados en la sección 26 como capítulo 5 «Fondo de contingencia», para atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.
CAPÍTULO III
Normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y modificación de los presupuestos aprobados
Artículo 10. Vinculación de los créditos.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados por la presente Ley tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en todos los capítulos de la clasificación económica.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los créditos serán vinculantes con el nivel de desagregación orgánica, funcional y económica que se detalla en el estado de gastos.
3. Durante 2015 los créditos aprobados para transferencias nominativas y para subvenciones nominativas vincularán con el nivel de desagregación con que aparezcan en los estados de gastos.
4. Durante 2015 los créditos consignados en los siguientes conceptos vincularán con el nivel de desagregación señalado:
131 «Laboral eventual».
141 «Otro personal».
154 «Cumplimiento de objetivos».
452 «Universidades públicas: otras actuaciones».
455 «Complemento retributivo universidades públicas».
485 «A centros docentes no universitarios».
782 «Investigación».
5. Durante 2015 serán vinculantes los distintos subconceptos del artículo 89 «Aportaciones a empresas y entes públicos», 24 «Servicios Nuevos» y 69 «Servicios Nuevos».
6. Durante 2015, serán vinculantes a nivel de subconcepto:
a) Los subconceptos incluidos en los artículos 15 «Incentivos al rendimiento» y 18 «Ajustes técnicos, crecimiento de plantilla, funciones y servicios transferidos», excepto los subconceptos 18005 «Provisión gestión centralizada Recursos Humanos» y 18009 «Actuación centralizada», que vincularán a nivel de artículo.
b) Los créditos destinados a financiar el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid o el Fondo Regional de Cooperación Municipal; en concreto, los subconceptos 46300 «Fondo Regional de Cooperación Municipal», 62900 «Inversiones directas en Planes Municipales (PRISMA)» y 76300 «Transferencias a Corporaciones Locales (PRISMA)».
c) Los créditos destinados a financiar los mandatos realizados a la Empresa Pública ARPROMA, en concreto, los subconceptos 61203 «Patrimonio histórico-artístico y cultural: Mandato ARPROMA», 62105 «Construcción edificios: Mandato ARPROMA» y 63104 «Reposición o mejora edificios: Mandato ARPROMA».
d) Los créditos destinados a financiar los convenios realizados con la Empresa Pública Nuevo Arpegio, en concreto, el subconcepto 65000 «Convenio Colaboración: Nuevo Arpegio».
e) Los siguientes subconceptos:
12401 «Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo».
12600 «Funcionarios docentes con permiso parcialmente retribuido».
13105 «Retribuciones personal con contrato alta dirección».
13106 «Retrib. básicas laboral eventual sust. liberados sindicales».
14103 «Funcionarios con dispensa total sindical sustituidos».
14104 «Profesores especialistas».
14105 «Personal directivo de instituciones sanitarias».
14106 «Profesores de religión».
14107 «Retrib. básicas estatutario event. sust. liberados sindic.».
14108 «Sustitución de sanitarios locales».
14109 «Retrib. compl. estatutario event. sust. liberados sindic.».
14300 «Funcionarios interinos de justicia».
15402 «Cumplimiento de programas concretos de actuación».
16000 «Cuotas sociales».
16001 «Cuotas sociales personal eventual».
20200 «Arrendamiento edificios y otras construcciones».
22601 «Atenciones protocolarias y representativas».
22602 «Divulgación y publicaciones».
62104 «Viviendas IVIMA».
7. La adscripción de programas a cada sección es la que se recoge en el anexo I de esta ley.
8. La creación de nuevos elementos de la clasificación económica, según cuál sea el nivel de vinculación jurídica de los créditos, se realizará mediante orden del Consejero de Economía y Hacienda, que informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.
Artículo 11. Plan Especial de Actuaciones e Inversiones.
1. Los créditos para actuaciones incluidas en el Plan de Actuaciones e Inversiones en Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, que se relacionan en el anexo II, no podrán minorarse durante el año 2015, excepto para incrementar otra actuación incluida en su correspondiente anexo o en los anexos del mismo Plan de ejercicios anteriores que estén pendientes de ejecución.
2. Con el fin de garantizar el cumplimiento del plan citado en el apartado anterior, durante el ejercicio 2015, los responsables de la gestión de los créditos consignados en el mismo realizarán una memoria de su estado de ejecución a fecha 1 de septiembre. Dicha memoria será remitida, a efectos informativos, a la Consejería de Economía y Hacienda.
Artículo 12. Régimen jurídico aplicable a las modificaciones presupuestarias.
Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, salvo en aquellos extremos que resulten modificados o excepcionados por la presente ley.
Artículo 13. Transferencias de crédito.
1. En el caso de que una transferencia de crédito afecte a distintos centros presupuestarios, simultáneamente se realizarán los ajustes técnicos necesarios con la finalidad de mantener el equilibrio presupuestario en cada uno de los centros afectados.
2. Durante el año 2015, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid:
a) Las transferencias que se realicen en los créditos destinados a transferencias nominativas a favor de empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid.
b) Las transferencias que se realicen procedentes de los artículos 24 «Servicios nuevos: gastos de funcionamiento» y 69 «Servicios nuevos: gastos de inversión».
c) Las transferencias que se realicen entre créditos destinados a arrendamientos de bienes inmuebles.
d) Las transferencias que afecten al artículo 89 «Aportaciones a empresas y entes públicos».
3. Las transferencias de crédito que afecten al subconcepto 20200 «Arrendamiento edificios y otras construcciones» requerirán para su tramitación informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.
4. No obstante lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, durante el año 2015 corresponde al Consejero de Economía y Hacienda autorizar las transferencias de crédito que afecten a la Sección 26 «Créditos Centralizados».
Artículo 14. Limitación de transferencias de crédito.
1. No obstante lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2015 solo podrán ser incrementados en casos de urgencia o necesidad inaplazable los créditos de los subconceptos 14300 «Funcionarios interinos de Justicia», 15301 «Productividad factor fijo: otro personal estatutario temporal» y 16001 «Cuotas sociales personal eventual» y de los conceptos 131 «Laboral eventual», 141 «Otro personal» y 194 «Retribuciones de otro personal estatutario temporal», con excepción de los subconceptos 14104 «Profesores Especialistas», 14105 «Personal directivo de instituciones sanitarias» y 14106 «Profesores de Religión».
2. En ningún caso las transferencias podrán destinarse a nuevas dotaciones de créditos que financien subvenciones nominativas, salvo en los supuestos previstos en el artículo 57.2.b) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
3. No serán de aplicación las limitaciones establecidas en los apartados anteriores cuando se trate de modificaciones derivadas de reestructuraciones orgánicas, así como las que se produzcan como consecuencia de la aprobación de normas con rango de ley.
Artículo 15. Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias.
1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá autorizar las habilitaciones de crédito que puedan establecerse en virtud de la mayor recaudación o reconocimiento de derechos de cualquiera de los conceptos de ingresos previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2015, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado.
2. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a realizar en los créditos de gastos de personal las modificaciones presupuestarias necesarias para su ajuste a las variaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de las Plantillas Presupuestarias.
3. No obstante lo previsto en el artículo 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2015, cada Consejero podrá autorizar transferencias de crédito dentro del capítulo 1, en un mismo programa o entre varios programas de una misma sección, para el cumplimiento de resoluciones judiciales firmes, de acuerdo con los requisitos de documentación y procedimiento establecidos al efecto.
Artículo 16. Subconceptos de gastos asociados a ingresos.
1. Los créditos asociados a ingresos en cada subconcepto de gasto, por el importe que se recoge en el anexo III de la presente ley, no podrán ser minorados mediante modificaciones u operaciones sobre el presupuesto durante el ejercicio 2015, salvo que tengan como destino otros créditos asociados a ingresos con igual o superior tasa de cofinanciación o cuando tengan como destino otros créditos con inferior tasa de cofinanciación y se asocie un volumen de créditos suficientes que garantice los ingresos inicialmente previstos.
Asimismo, se garantizarán los ingresos previstos, en caso de asociación o disociación, parcial o total, del crédito afectado a ingresos, sin que medie ninguna modificación u operación sobre el presupuesto, mediante la asociación de crédito en el importe suficiente para compensar los citados ingresos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, y con vigencia exclusiva para el ejercicio 2015, los subconceptos de gastos asociados a financiación tanto del período elegible 2007-2013 como del nuevo período de programación 2014-2020, podrán ser minorados o incrementados, si se producen variaciones que alteren las tasas de cofinanciación, los criterios de elegibilidad, la territorialidad de los objetivos comunitarios o cualquier otra circunstancia que afecte a las condiciones de cofinanciación. Asimismo, si se establecieran nuevos criterios de elegibilidad, se asociarán nuevos gastos a ingresos, por su importe correspondiente.
De la realización de las actuaciones descritas en el párrafo primero de este apartado se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea mediante la remisión de un informe trimestral.
2. Para la realización de cualquiera de las actuaciones descritas en el párrafo primero, segundo y tercero de los apartados anteriores, se requerirá informe previo y favorable de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno en el caso de actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea, salvo en el caso de las financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo de la Pesca (FEP), en que dicho informe corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En el resto de los casos, el informe corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda, previos los informes que se estimen necesarios.
Los citados órganos serán igualmente competentes para informar con carácter previo y favorable con respecto a los fondos equivalentes que resulten del nuevo Período de Programación 2014-2020.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores y con vigencia durante el ejercicio 2015, se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para que disponga, con carácter obligatorio, la iniciación, tramitación, y elevación al órgano competente para su aprobación de modificaciones presupuestarias u otras operaciones sobre los presupuestos que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los programas y proyectos que reciban cofinanciación de la Unión Europea, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado.
Artículo 17. Cooperación municipal.
1. Durante 2015 no podrán realizarse transferencias de crédito, cualquiera que sea el programa afectado, que minoren los créditos destinados a financiar el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid o el Fondo Regional de Cooperación Municipal, salvo que vayan destinadas a incrementar cualquiera de los citados instrumentos de cooperación del mismo o de otros programas presupuestarios.
2. Durante el año 2015 las transferencias a que se refiere el apartado anterior no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
3. Se exceptúan de lo establecido en el anterior apartado 1 las transferencias de crédito financiadas con fondos de la reserva de aportación regional prevista en la disposición adicional primera del Decreto 68/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) para el período 2008-2011 que en la fecha de su tramitación, no estén adscritos a encomienda, ni hayan sido solicitados para su inclusión como actuación PRISMA, de acuerdo con lo previsto en los artículos 6 y 11 y en la disposición transitoria única del citado decreto.
Artículo 18. Información y control.
El Consejero de Economía y Hacienda, trimestralmente, informará a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las modificaciones de crédito por él autorizadas, al amparo de los artículos 62.1, 62.5, 65 y 67 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. A dicha información se adjuntará un extracto de la memoria explicativa.
Artículo 19. De los presupuestos de carácter estimativo.
1. Durante 2015 los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC), no podrán superar los importes globales de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea.
2. Los gastos de personal de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, estarán limitados a la cuantía prevista en su presupuesto aprobado por la Asamblea.
3. La modificación de los límites establecidos en los apartados anteriores precisará la previa autorización del Consejero de Economía y Hacienda, sin perjuicio de las competencias que establece el artículo 79.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para las variaciones de los presupuestos de explotación y capital.
4. Durante 2015 las dotaciones para gastos de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC), se destinarán exclusivamente a la finalidad para la que hayan sido previstas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Flujos de Efectivo de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea.
Las modificaciones que afecten exclusivamente a la finalidad de las dotaciones precisarán autorización del titular de la Consejería a la que estén adscritos. Dicha competencia no podrá ser delegada.
5. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación al Ente Público «Radio Televisión Madrid» y las sociedades anónimas dependientes del mismo. En el supuesto de modificaciones de los presupuestos de explotación y capital derivados de encargos o mandatos a empresas públicas que precisen de la aprobación de un Plan Económico Financiero, no será necesaria la autorización de la modificación de los límites de dichos presupuestos.
Artículo 20. Créditos para el cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
1. Durante 2015 las aportaciones del Estado para financiar las prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, quedarán afectadas al cumplimiento de los fines de la misma.
2. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, la Consejería de Asuntos Sociales, en el marco de los límites previamente fijados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, podrá adquirir compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios futuros más allá de los que autoriza el artículo 55 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para el aplazamiento de las ayudas para ciudadanos en el entorno familiar de personas dependientes. Dicho aplazamiento no generará intereses de demora ni legales.
TÍTULO II
De los gastos de personal
CAPÍTULO I
De los gastos de personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid
Artículo 21. De las retribuciones.
1. A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público de la Comunidad de Madrid:
a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos.
b) El Ente Público «Radio Televisión Madrid» y las sociedades anónimas dependientes del mismo.
c) Las Universidades Públicas y centros universitarios de la Comunidad de Madrid.
d) Las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y con forma de sociedad mercantil.
e) Los Entes Públicos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2 y 3 de la presente ley.
f) Las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 1.2 de esta ley.
2. Con efectos de 1 de enero de 2015, las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a los efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.
No obstante, en concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento a la competitividad, se abonarán al personal que corresponda las cantidades que procedan en los términos de la disposición adicional decimosexta de la presente ley.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente.
4. Los acuerdos, pactos o convenios y disposiciones administrativas que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento.
5. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras.
6. No se podrán realizar a favor del personal contemplado en el presente artículo aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.
7. Durante el año 2015, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 párrafo segundo y 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, queda suspendida y sin efecto la aplicación de cualquier previsión relativa a la percepción de beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, que tengan su origen en acuerdos, pactos, convenios y cláusulas contractuales para el personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid contemplado en el presente artículo, excluidos prestamos, anticipos y las ayudas y pluses al transporte de los empleados públicos.
En consecuencia, no se procederá al abono de cantidad alguna, ni de complementos personales, consolidados o no, que tengan como causa dichos conceptos.
Por su parte, dicha suspensión se aplicará al personal estatutario en los términos previstos en el artículo 27.5.
La autorización de la masa salarial por la Consejería de Economía y Hacienda regulada en el artículo 24 de esta ley se hará teniendo en cuenta la suspensión prevista en este apartado.
8. Todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares de la Administración de la Comunidad de Madrid, Organismos Autónomos, Entidades de Derecho Público, sociedades mercantiles públicas, Universidades Públicas y demás Entes Públicos del sector público de la Comunidad de Madrid, requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicho informe o en sentido contrario al mismo, sin que de los mismos pueda en ningún caso derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de retribuciones.
9. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones de los contratos mercantiles del personal del sector público.
Artículo 22. Oferta de Empleo Público.
1. A lo largo del ejercicio 2015 no se procederá a la incorporación de nuevo personal en el sector público definido en el artículo 21.1 de esta Ley, a excepción de las sociedades mercantiles, las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, que se regirán por el apartado 11 de este artículo, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores.
Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. En todo caso, las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal del sector público al que hace referencia el apartado anterior requerirán la autorización del Consejo de Gobierno, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.
3. Una vez agotados todos los sistemas de reordenación, la Oferta de Empleo Público, incluirá, en su caso, aquellas plazas de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión sin personalidad jurídica propia, Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y demás Entes Públicos, que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o afecte al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo previsto en el siguiente apartado.
No se incluirán en la Oferta de Empleo Público las plazas vacantes de personal laboral pertenecientes a la Entidad de Derecho Público Canal de Isabel II, ni al Ente Público Radio Televisión Madrid.
4. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del capítulo 1 del presupuesto de gastos, se establece, en cumplimiento de la normativa básica estatal, una tasa de reposición hasta un máximo del 50 por 100, tasa que se adecuará a los sectores y a las condiciones que en dicha normativa se determine.
Dentro del referido límite máximo, el Consejo de Gobierno podrá acumular la tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios de estos sectores en otro u otros de los sectores contemplados en el citado precepto básico estatal o en aquellos Cuerpos, Escalas o categorías profesionales de alguno o algunos de los mencionados sectores cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos, a cuyos efectos se tendrán en cuenta las necesidades organizativas, la adopción de medidas de racionalización y flexibilización en la gestión de recursos humanos y los índices de absentismo existentes.
5. Para calcular la tasa de reposición de efectivos se tomarán en consideración los criterios en la materia establecidos por la normativa básica estatal en su Ley de presupuestos para el año 2015.
6. La validez de la autorización contenida en el apartado 4 estará condicionada, igualmente, al cumplimiento de lo dispuesto en dicha normativa presupuestaria estatal con carácter básico.
7. Durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la Consejería de Economía y Hacienda.
Los puestos de trabajo que resulten ocupados por personal indefinido no fijo serán incluidos en la primera convocatoria de concurso de traslados que se efectúe en las categorías correspondientes. En todo caso, la resolución de dicho sistema de provisión interna supondrá la extinción de la relación laboral de los trabajadores de referencia como consecuencia de la adjudicación que derive del mismo o, en su caso, por declararse desierta la cobertura del puesto correspondiente.
8. Los nombramientos de funcionarios interinos que sean autorizados en el año 2015 de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, incluirán la fecha máxima que corresponda de finalización de los efectos del nombramiento, de acuerdo con la duración de las circunstancias de necesidad y urgencia derivadas del cumplimiento de las políticas, programas, objetivos y créditos definidos para el presente ejercicio presupuestario, sin que dicha fecha pueda en ningún caso ser posterior al 31 de diciembre de 2015, sin posibilidad de prórroga.
Se exceptúa de lo anterior el personal funcionario interino de administración y servicios en centros educativos no universitarios, cuyo nombramiento podrá extenderse hasta, como máximo, la finalización del plazo ordinario de matriculación de alumnos para el curso académico siguiente.
9. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión sin personalidad jurídica propia, Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y demás Entes Públicos autonómicos requerirán la previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda con las condiciones que establezca la misma.
Asimismo, la Consejería de Economía y Hacienda podrá autorizar a dichas Entidades de Derecho Público y demás Entes Públicos la contratación de personal funcionario, laboral o estatutario, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público de la Comunidad de Madrid. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en la Consejería, organismo, ente, empresa pública, fundación o consorcio público de procedencia.
Los funcionarios interinos, excluidos los de cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que se regirán por su normativa específica, y estatutarios temporales nombrados en puestos de trabajo previamente reservados a sus titulares, o vacantes y vinculados a oferta de empleo público, deberán ser cesados cuando el puesto en el que han sido nombrados deje de estar reservado a su titular o haya finalizado el proceso selectivo correspondiente, con independencia de que se produzca la cobertura definitiva del puesto o este resulte desierto.
Asimismo, se producirá la finalización de la relación de servicios del personal laboral interino de vacante cuando se produzca la adjudicación del puesto al personal laboral que haya superado el proceso selectivo correspondiente, o haya sido declarada desierta la plaza a cubrir en virtud de dicho proceso, atendiendo en este último caso a lo que establezca el contrato suscrito, sin perjuicio de otras causas legales o convencionales que sean de aplicación.
10. Las plazas vinculadas a Ofertas de Empleo Público, estén o no ocupadas interina o temporalmente, en tanto no hayan sido objeto de convocatoria para su provisión mediante el correspondiente proceso selectivo, se cubrirán preferentemente a través de los oportunos mecanismos de movilidad interna, voluntaria o forzosa, o como consecuencia de la atención a las solicitudes de reingreso al servicio activo, o de movilidad por razones de salud o de violencia de género de funcionarios de carrera o personal laboral fijo.
Asimismo, dichas plazas podrán ser objeto de amortización como consecuencia de procesos de reordenación o reorganización administrativa, por razones de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos humanos existentes o por motivos de índole presupuestaria, mientras no se encuentren incursas en convocatorias de pruebas selectivas aprobadas.
La aplicación de lo previsto en los dos párrafos anteriores requerirá la desvinculación, en su caso, de los puestos de trabajo afectados de la Oferta de Empleo Público en la que se encuentren incluidos.
Los puestos de trabajo vinculados a Oferta de Empleo Público que se encuentren desempeñados por personal interino, temporal o indefinido no fijo, ya se trate de personal funcionario, estatutario o laboral, se adscribirán preferentemente a sectores prioritarios, para la prestación de servicios públicos esenciales, salvo que proceda su amortización.
11. En el año 2015, las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil a que se refiere el artículo 21.1.d) no podrán proceder a la contratación de nuevo personal.
Por su parte, las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público contemplados en el artículo 21.1.f) de la presente ley no podrán proceder a la contratación de nuevo personal.
No obstante, las referidas prohibiciones en dichos ámbitos no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal, funcionario, laboral o estatutario, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público de la Comunidad de Madrid, previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en la Consejería, organismo, ente, empresa pública, fundación o consorcio público de procedencia.
Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, se podrán llevar a cabo contrataciones temporales, de conformidad con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía y Hacienda.
Además, las sociedades mercantiles públicas que hayan tenido beneficios en los últimos tres ejercicios podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 50 por 100 de su tasa de reposición, calculada conforme se establece en el apartado 5 de este artículo. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.
Asimismo, las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público contemplados en el artículo 21.1.f) de la presente ley que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 50 por 100 de su tasa de reposición, calculada conforme se establece en el apartado 5 de este artículo. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.
12. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal de las Universidades Públicas se adecuarán a las normas básicas en materia de oferta de empleo público y a lo establecido en la legislación vigente en materia de Universidades, correspondiendo al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid las autorizaciones que procedan de acuerdo con dichas normas, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y de la Consejería de Economía y Hacienda, y debiendo acreditar las Universidades Públicas el cumplimiento de los requisitos exigidos para su aprobación.
Asimismo, el nombramiento de personal funcionario interino y la contratación de personal laboral temporal de las Universidades Públicas deberá respetar la normativa básica estatal en la materia.
Artículo 23. Personal del sector público de la Comunidad de Madrid sometido a régimen administrativo y estatutario.
Con efectos de 1 de enero de 2015, las cuantías de las retribuciones del personal del sector público de la Comunidad de Madrid, sometido al régimen administrativo y estatutario, serán las derivadas de la aplicación de las siguientes normas:
a) Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo que desempeñe, no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias cuando sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.
Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre e incluirán un importe cada una de ellas de las cuantías en concepto de sueldo y trienios establecidas en el artículo 26.b) de la presente ley, y de una mensualidad de complemento de destino, concepto o cuantía equivalente en función del régimen retributivo de los colectivos a los que este artículo resulte de aplicación.
b) El conjunto de las restantes retribuciones complementarias no experimentará incremento alguno, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo y del resultado individual de su aplicación.
c) Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta Ley, sin que experimenten incremento alguno.
d) El personal a que se refiere el presente artículo percibirá, en su caso, las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio de acuerdo con la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal.
Artículo 24. Personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid.
1. La masa salarial del personal laboral, que no podrá incrementarse en 2015, estará integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social no suspendidos para 2015, devengados por el personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid en 2014, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, con el límite de las cuantías autorizadas por la Consejería de Economía y Hacienda, para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo caso:
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.
2. Con efectos de 1 de enero de 2015, la masa salarial del personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.2 de esta ley, no podrá experimentar ningún crecimiento, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada Consejería, Organismo Autónomo, Empresa, Ente Público, fundación del sector público autonómico y consorcio participado mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y Organismos que integran su sector público, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional. En estos supuestos, será preceptivo, en todo caso, el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. Asimismo, se requerirá autorización del Consejo de Gobierno cuando el importe solicitado supere los 250.000 euros.
Tampoco experimentarán incremento alguno las retribuciones de cualquier otro personal vinculado mediante una relación de carácter laboral no acogido a convenio con independencia de su tipología, modalidad o naturaleza, incluido el personal directivo del sector público.
3. Durante el primer trimestre de 2015 la Consejería de Economía y Hacienda autorizará la masa salarial de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público, las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil y los restantes Entes a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, así como la de las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público. La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal afectado.
La autorización de la masa salarial por la Consejería de Economía y Hacienda de las entidades y organismos relacionados en este artículo se hará teniendo en cuenta la suspensión prevista en el artículo 21.7 de la presente ley.
4. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos anualizados y de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos.
5. Lo previsto en los apartados anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva. La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2015 y con cargo a ella deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.
6. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse a la Consejería de Economía y Hacienda las retribuciones satisfechas y devengadas durante 2014, mediante la correspondiente certificación.
7. Las indemnizaciones o suplidos de este personal se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley y no podrán experimentar ningún crecimiento respecto a 2014.
Artículo 25. Retribuciones de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y de los miembros del Consejo Consultivo.
1. En el año 2015 las retribuciones del Presidente, Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros de la Comunidad de Madrid y Altos Cargos que tengan reconocido alguno de estos rangos no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.
2. En el año 2015 las retribuciones de los Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos, Altos Cargos con el mismo rango y Gerentes de Organismos Autónomos no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.
3. El régimen retributivo del apartado anterior servirá de referencia a efectos de lo establecido en la disposición adicional de la Ley 8/2000, de 20 de junio, por la que se procede a la homologación de las retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Comunidad de Madrid con los de la Administración General del Estado, y de los Diputados de la Asamblea de Madrid con los Diputados por Madrid del Congreso.
4. Los demás Altos Cargos de la Comunidad de Madrid percibirán una retribución anual equivalente a la de minorar en un 20 por 100 las retribuciones del cargo de Director General, salvo que esta limitación haya sido excepcionada por la Consejería de Economía y Hacienda.
Las retribuciones de este personal no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.
5. Los Altos Cargos mencionados en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo tendrán derecho, en su caso, a la cuantía que en concepto de complemento de productividad les pudiera ser asignada por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta del Consejero respectivo.
6. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero respectivo, y previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá excepcionar de la limitación del apartado 1 de este artículo a determinados puestos, cuando concurran especiales circunstancias que así se justifiquen.
7. En el año 2015 las retribuciones del Presidente, los Consejeros y el Secretario General del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.
8. Sin perjuicio de lo expuesto, los Altos Cargos tendrán derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios y personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, en las cuantías establecidas para este tipo de personal en la normativa que, en cada caso, resulte de aplicación, así como al régimen asistencial y prestacional vigente en la Comunidad de Madrid, respetándose las peculiaridades que comporte el sistema mutual que tuviesen reconocido. Los trienios devengados se abonarán con cargo a los créditos y cuantías que para trienios de funcionarios se incluyen en el presupuesto de gastos.
Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios de la Comunidad de Madrid.
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta ley, las retribuciones a percibir en el año 2015 por los funcionarios a los que se les aplica el régimen retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, serán las siguientes:
a) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
Grupo/Subgrupo Ley 7/2007
Sueldo
Trienios
A1
13.308,60
511,80
A2
11.507,76
417,24
B
10.059,24
366,24
C1
8.640,24
315,72
C2
7.191,00
214,80
E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/07, de 12 de abril)
6.581,64
161,64
b) Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre, e incluirán un importe, cada una de ellas, de las siguientes cuantías en concepto de sueldo y trienios, así como el de una mensualidad del complemento de destino mensual que se perciba:
Grupo/Subgrupo
Ley 7/2007
Sueldo
Trienios
A1
684,36
26,31
A2
699,38
25,35
B
724,50
26,38
C1
622,30
22,73
C2
593,79
17,73
E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/07, de 12 de abril)
548,47
13,47
A efectos de lo dispuesto en este apartado y en el anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los Grupos y Subgrupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, pasan a estar referenciadas a los Grupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta Ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:
– Grupo A Ley 30/1984. Subgrupo A1 Ley 7/2007.
– Grupo B Ley 30/1984. Subgrupo A2 Ley 7/2007.
– Grupo C Ley 30/1984. Subgrupo C1 Ley 7/2007.
– Grupo D Ley 30/1984. Subgrupo C2 Ley 7/2007.
– Grupo E Ley 30/1984. Agrupaciones profesionales Ley 7/2007.
Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.
c) El complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
Nivel
Importe
30
11.625,00
29
10.427,16
28
9.988,80
27
9.550,20
26
8.378,40
25
7.433,64
24
6.995,04
23
6.556,92
22
6.118,08
21
5.680,20
20
5.276,40
19
5.007,00
18
4.737,48
17
4.467,96
16
4.199,16
15
3.929,28
14
3.660,12
13
3.390,36
12
3.120,84
11
2.851,44
10
2.582,28
9
2.447,64
8
2.312,52
7
2.178,00
6
2.043,24
5
1.908,48
4
1.706,52
3
1.505,04
2
1.302,84
1
1.101,00
d) El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2014. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para las pagas de junio y diciembre de 2014.
e) El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar sus resultados, se aplicará de conformidad con la normativa específica vigente en cada momento. La valoración de la productividad deberá realizarse en función de las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo en el correspondiente programa.
Las cuantías individuales asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.
En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
f) Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral tendrán carácter excepcional, y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos. Las gratificaciones por servicios extraordinarios se concederán por los Consejeros respectivos dentro de los créditos asignados a tal fin, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido.
g) Los complementos personales y transitorios reconocidos serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2015, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015.
En el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.
A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, no se considerarán los trienios, el complemento de productividad o de dedicación especial, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.
Artículo 27. Retribuciones del personal estatutario de los servicios de salud.
1. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá las siguientes retribuciones:
a) Las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 26.a), b) y c) de la presente ley.
b) El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específicos que, en su caso, estén asignados al referido personal no experimentará incremento alguno respecto al vigente a 31 de diciembre de 2014. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para las pagas de junio y diciembre de 2014.
c) Las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, estén fijadas al referido personal no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.
d) El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo por sus titulares, así como su participación en programas o actuaciones concretas y el cumplimiento de objetivos. Las cuantías asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.
2. Las retribuciones del restante personal estatutario no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.
3. Las cuantías a percibir por el concepto de carrera profesional no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.
Con carácter excepcional y durante el ejercicio 2015, no entrarán en vigor las previsiones contenidas en el apartado 12 de los Anexos I y II del Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, sobre carrera profesional de licenciados sanitarios y diplomados sanitarios, por lo que no se procederá al reconocimiento y pago del nivel IV de carrera profesional de los licenciados sanitarios (Anexo I del Acuerdo), ni de los diplomados sanitarios (Anexo II del Acuerdo).
Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago de los niveles I, II y III a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2015.
4. Las cuantías a percibir por el concepto de promoción profesional no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.
Durante el ejercicio 2015, no se procederá al reconocimiento y pago a cuenta del 3.o y 4.o nivel de promoción profesional en aplicación del acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, en materia de promoción profesional del personal estatutario, negociación colectiva y participación en las condiciones de trabajo y personal en formación mediante el sistema de residencia.
Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago a cuenta de los niveles 1.o y 2.o a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2015.
5. Durante el año 2015, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se suspenden y quedan sin efecto las previsiones contenidas en cualquier acuerdo, pacto o convenio de aplicación al personal incluido en el artículo 2.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, relativas a la percepción de ayudas, pluses y premios de cualquier clase, beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, excluidos prestamos y anticipos.
En consecuencia, no se procederá al abono de cantidad alguna, ni de complementos personales, consolidados o no, que tengan como causa dichos conceptos.
6. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal a que se refiere el presente artículo serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2015, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en el artículo 26.g) de esta ley.
Artículo 28. Retribuciones de los funcionarios a los que no es de aplicación el sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
Las cuantías de las retribuciones íntegras de los funcionarios que por no tener aprobada la aplicación del sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, y en tanto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid se acuerde la aprobación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o la integración en las mismas de colectivos de personal procedente de transferencias del Estado, se regirán por lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley, manteniéndose la misma estructura retributiva.
Artículo 29. Retribuciones del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
1. El personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que desempeñe sus funciones en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 y en la demás normativa que resulte aplicable.
2. Los complementos y mejoras retributivas que estén regulados en disposiciones o acuerdos adoptados por los órganos de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias respecto de este personal, no experimentarán incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2014, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la presente ley.
Artículo 30. Otras retribuciones: personal eventual, funcionarios interinos, funcionarios en prácticas, contratos de alta dirección y otro personal directivo.
1. El personal eventual regulado en la disposición adicional octava de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe y los trienios que pudiera tener reconocidos como personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el artículo 21.2 y en el artículo 26.b) y d) de la presente ley.
2. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirán el sueldo correspondiente al Grupo o Subgrupo en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen vacante, los trienios que tuvieran reconocidos y el 100 por 100 de las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.
Por su parte, los funcionarios interinos nombrados en los supuestos previstos en las letras c) y d) del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, percibirán las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a un puesto base del Cuerpo o Escala en el que sean nombrados.
Será de aplicación a los funcionarios interinos lo dispuesto en el artículo 21.2 y en el artículo 26.b) y d) de la presente ley.
3. Las retribuciones de los funcionarios en prácticas se regularán por la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal.
4. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos a que se refiere el apartado 2 de este artículo, así como al personal eventual y a los funcionarios en prácticas en el supuesto en que las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada la aplicación de dicho complemento a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo.
5. Las retribuciones del personal con contrato de alta dirección no comprendido en los artículos 25 y 31 de esta ley no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio del derecho a la percepción, referida a catorce mensualidades, de los trienios que pudieran tener reconocidos como personal al servicio de la Administración del Estado y demás Administraciones Públicas.
Por su parte, las retribuciones del personal directivo de entes públicos, empresas públicas, fundaciones del sector público y el de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, no comprendido en el párrafo primero de este apartado, ni en los artículos 25 y 31 de esta ley, no experimentarán incremento alguno de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.
6. La fijación inicial de las retribuciones del personal directivo de las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid, definidas a estos efectos en el artículo 21.1.f) de esta ley, así como de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda y se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la presente ley.
7. A los efectos de lo preceptuado en los apartados 5 y 6 de este artículo, se entenderá por personal directivo aquel cuyas retribuciones brutas anuales por todos los conceptos, excluida la antigüedad, sean equivalentes o superiores a las fijadas para los altos cargos a los que se refiere el artículo 25.4 de esta ley y, en todo caso, aquel con contrato de trabajo de personal de alta dirección, por lo que respecta a la fijación inicial de retribuciones.
Artículo 31. Retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad.
1. Durante el año 2015, la cuantía de las retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad no experimentará incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014. La Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la Consejería de Sanidad, determinará las cuantías máximas que en concepto de productividad variable por cumplimiento de objetivos deba percibir el citado personal, que no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014. Asimismo, el importe total que se abone por este concepto no podrá superar las cuantías globales de los créditos que se hayan consignado para tal fin en la partida 15303 «Productividad factor variable del personal directivo» de la Sección 17.
2. No obstante, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Sanidad, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá establecer las retribuciones de naturaleza fija y las cuantías máximas de productividad variable que deban incluirse en los nuevos contratos o nombramientos que se formalicen para este personal, cuando concurran especiales circunstancias que así lo justifiquen.
Artículo 32. De los costes de personal incluidos en los Presupuestos de las Universidades Públicas.
1. A los efectos de las previsiones de la presente ley, para la determinación del régimen jurídico de retribuciones del personal de las Universidades Públicas se aplicará:
a) La legislación estatal en materia de Función Pública al personal docente e investigador de carácter funcionarial.
b) La legislación autonómica al personal laboral, tanto docente e investigador como de administración y servicios.
c) Las normas que dicten las universidades, en el marco de la legislación básica del Estado sobre función pública y dentro del límite máximo establecido en los artículos 21 y 23 de esta ley, al personal de administración y servicios de carácter funcionarial.
2. La Consejería de Educación, Juventud y Deporte autorizará, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, los costes de personal docente e investigador y de administración y servicios de cada una de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, en el marco de la normativa básica sobre oferta de empleo público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 3.a) de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
Los costes de personal autorizados serán los que las universidades deberán reflejar en sus presupuestos, tal y como establece el artículo 51.4.b) de esta ley.
En todo caso, las retribuciones del personal de las universidades solo podrán ser revisadas con el límite general y criterios establecidos en el artículo 21 de la presente ley o en los preceptos correspondientes de la legislación estatal, según el régimen jurídico aplicable al colectivo de personal de que se trate.
3. Con objeto de recabar esta autorización, las universidades deberán remitir a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, antes del 15 de septiembre, la siguiente documentación:
a) Su plantilla de personal efectiva, junto con la relación de puestos de trabajo, comprensiva de todas las categorías de personal, tanto docente e investigador, como de administración y servicios a la que se adjuntará un anexo en el que figuren todos los puestos de nuevo ingreso que se proponen, de acuerdo con las disposiciones básicas en materia de oferta de empleo público que se recogen en el artículo 22 de esta ley.
b) La totalidad de los costes de personal.
c) La actividad docente e investigadora del personal docente e investigador.
d) El proyecto del capítulo 1 de sus presupuestos.
Esta documentación se remitirá con la distribución, requisitos y desagregación que establezca la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
4. Los costes de personal autorizados para 2015 no podrán ser objeto de incremento alguno.
5. Por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte se dará traslado a la Consejería de Economía y Hacienda de la información a la que se refiere el apartado 3 de este artículo, así como de la autorización de costes realizada.
6. Las cuantías que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.6 de la Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2013, se han integrado en las transferencias corrientes de carácter nominativo a favor de las universidades, solo podrán destinarse a retribuciones de personal de carácter variable, ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión. En el caso de que una universidad estuviera incursa en el supuesto previsto en el artículo 51.8 de esta ley, o se encontrara en riesgo de incumplir el objetivo del ejercicio 2015, podrá acordar la no disponibilidad total o parcial de los importes antes citados.
CAPÍTULO II
Otras disposiciones en materia de personal
Artículo 33. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario.
1. Durante el año 2015, será preciso informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no funcionario y laboral al servicio de:
a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos.
b) El Ente Público «Radio Televisión Madrid» y las sociedades anónimas dependientes del mismo.
c) Las empresas públicas con forma de Entidad de Derecho Público y con forma de sociedad mercantil.
d) Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2 y 3 de la presente Ley.
2. Se entenderá por determinación o modificación de las condiciones retributivas del personal no funcionario, las siguientes actuaciones:
a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación.
b) Firma de Convenios Colectivos, acuerdos o instrumentos similares suscritos por los organismos citados en el apartado 1 anterior, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.
c) Aplicación de los Convenios Colectivos de ámbito sectorial, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.
d) Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante Convenio Colectivo.
e) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos.
3. Una vez finalizado el proceso negociador y con carácter previo a su acuerdo o firma en el caso de Convenios Colectivos o contratos individuales, se remitirá a la Consejería de Economía y Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos, al efecto de emitir el pertinente informe.
4. El mencionado informe será evacuado en el plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto y versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2015 como para ejercicios futuros, y especialmente en lo que se refiere a control del crecimiento de la masa salarial.
5. Los instrumentos convencionales que se deriven de la negociación colectiva precisarán del previo informe de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. El mencionado informe será evacuado en el plazo de quince días, a contar desde la recepción del proyecto y versará sobre las cuestiones de índole no estrictamente económica que se pacten en aquellos.
6. Serán nulos de pleno derecho, y por consiguiente sin ningún valor ni eficacia, los acuerdos adoptados en esta materia con omisión de los informes señalados en este artículo, o cuando los mismos se hayan emitido en sentido desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen las futuras Leyes de Presupuestos.
7. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para el año 2015 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo.
Artículo 34. Contratos de alta dirección.
Los contratos de alta dirección que se celebren durante 2015 por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho Público como de sociedad mercantil, resto de Entes del sector público autonómico y por las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, deberán remitirse, al menos con quince días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, aportando al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho y, por consiguiente, sin ningún valor ni eficacia, los contratos suscritos con omisión de la petición de los informes señalados o cuando alguno de ellos no haya sido emitido en sentido favorable.
El informe del párrafo anterior se recabará con anterioridad a la aprobación del contrato por el órgano competente de la entidad correspondiente.
Artículo 35. Prohibición de ingresos atípicos.
Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente ley no podrán percibir participación alguna de los tributos u otros ingresos de cualquier naturaleza que correspondan a la Administración o a cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, sin perjuicio de lo que resulte de aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.
Artículo 36. Prohibición de cláusulas indemnizatorias.
1. En la contratación de personal por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho Público como de sociedad mercantil y por el resto de Entes del sector público autonómico, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias, dinerarias o no dinerarias, por razón de la extinción de la relación jurídica que les una con la Comunidad de Madrid, que se tendrán por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningún valor ni eficacia, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en representación de la Comunidad de Madrid.
2. La anterior prohibición se aplicará también en la contratación de personal por las fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, a los que se refiere el artículo 21.1 de esta ley.
3. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, la modificación o novación de los contratos indicados en el anterior apartado exigirá la adaptación de su contenido, en lo relativo a indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, a lo previsto en este artículo.
Artículo 37. Contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones.
1. Las diferentes Consejerías y Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos, podrán formalizar durante el año 2015, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación sobre contratación del Sector Público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.
b) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal.
2. Esta contratación requerirá el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma por carecer de suficiente personal fijo, o de crédito suficiente en el concepto presupuestario destinado a la contratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. El informe de la Consejería de Economía y Hacienda se emitirá en el plazo máximo de quince días, dando cuenta trimestralmente a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid.
3. Serán nulos de pleno derecho los actos que infrinjan el procedimiento establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid.
4. Los contratos habrán de someterse a las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, y respetar lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. En los contratos, se hará constar la obra o servicio para cuya realización se celebra el contrato, así como el resto de los requisitos que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o temporales. Los incumplimientos de estas obligaciones formales, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse los derechos de fijeza para el personal contratado, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 129 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
5. Asimismo, podrán realizarse contratos de formación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, con aquellos que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller y casas de oficios, los cuales deberán respetar la regulación contenida en la normativa aplicable a estos programas que dicte la Comunidad de Madrid y, supletoriamente, la Administración del Estado.
Artículo 38. Formalización de contratos, adscripción o nombramiento de personal.
1. La formalización de todo nuevo contrato, adscripción o nombramiento de personal, en puestos de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, requerirá previamente la justificación de que la plaza objeto del contrato, adscripción o nombramiento esté dotada presupuestariamente, se encuentre vacante y exista el crédito necesario para atender al pago de las retribuciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 6 del artículo 60 de esta ley.
En los demás supuestos la formalización de contratos, adscripción, o nombramiento de personal requerirá previamente la justificación de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al pago de las retribuciones con cargo a las dotaciones globales aprobadas para tal fin.
2. Los créditos correspondientes a dotaciones de personal no implicarán en modo alguno reconocimiento y variaciones en las plantillas presupuestarias ni de derechos económicos individuales, que se regirán por las normas legales o reglamentarias que les sean de aplicación.
3. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid.
TÍTULO III
De las operaciones financieras
CAPÍTULO I
Operaciones de crédito
Artículo 39. Límite del endeudamiento.
Durante 2015, la Administración de la Comunidad de Madrid, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, las Empresas Públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), podrán tomar deuda tanto a corto como a largo plazo por un importe máximo que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en los acuerdos que en materia de endeudamiento se hayan adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de los volúmenes que se dispongan a lo largo del ejercicio.
Artículo 40. Operaciones financieras a largo plazo.
1. Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, disponga la realización de las operaciones financieras a que se refiere el artículo 90 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, dentro del límite establecido en el artículo anterior.
2. Los Organismos Autónomos, las Empresas Públicas, y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), podrán concertar, previa autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, operaciones de crédito a largo plazo, incluidas operaciones entre sí, dentro del límite establecido en el artículo anterior.
3. Los sujetos clasificados en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas que a continuación se enumeran podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo, incluidas operaciones entre sí, previa autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, por un importe máximo de:
a) Canal de Isabel II Gestión, S.A.: 500.000.000 euros.
b) Metro de Madrid, S.A.: 195.701.525 euros, con el límite de un endeudamiento neto máximo de 120.000.000 euros.
La deuda viva a largo plazo de los sujetos mencionados en este apartado experimentará un crecimiento a 31 de diciembre de 2015 por importe equivalente a la creación neta de endeudamiento, sin perjuicio de los volúmenes autorizados que se dispongan a lo largo del ejercicio.
4. Cualquier otra operación por encima de los límites fijados en el apartado 3 o de los Organismos Autónomos, Empresas Públicas, Entes y demás sujetos que se clasifiquen en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas distintos de los mencionados en el apartado 3 anterior, así como de aquellos otros que, en el transcurso de la vigencia de esta Ley, se incorporen a la Comunidad de Madrid como Sociedades no financieras Públicas, deberán contar con la autorización del Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe favorable de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.
5. El Consejero de Economía y Hacienda autorizará las condiciones de las operaciones financieras a largo plazo establecidas en los apartados anteriores, y las formalizará en representación de la Comunidad de Madrid por lo que respecta a las referidas en el apartado 1.
6. La Comunidad de Madrid, dentro del límite de endeudamiento previsto en el artículo 39 de la presente Ley, asumirá los vencimientos de capital correspondientes a 2015 de las operaciones financieras a largo plazo del Ente Público Radio Televisión Madrid en sus respectivas fechas.
La Consejería de Economía y Hacienda autorizará las operaciones de tesorería y dictará las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.
7. El Gobierno de la Comunidad de Madrid remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses tras su formalización, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del presente artículo.
Artículo 41. Operaciones financieras a corto plazo.
1. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para:
a) Concertar operaciones financieras activas que tengan por objeto invertir excedentes de tesorería, siempre que el plazo de las mismas no rebase el 31 de diciembre de 2015, salvo que exista pacto expreso de recompra con la contraparte.
b) Concertar operaciones financieras pasivas que tengan por objeto cubrir necesidades transitorias de tesorería, siempre que se efectúen por plazo no superior a un año.
2. Los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos dependientes de la Comunidad de Madrid podrán, siempre que cuenten con autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, realizar las operaciones financieras contempladas en el apartado anterior.
3. El Gobierno de la Comunidad de Madrid remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses desde su contratación, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en el presente artículo.
Artículo 42. Otras operaciones financieras.
1. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para modificar, refinanciar y sustituir las operaciones de endeudamiento ya existentes, con o sin novación de contrato, con el objeto de obtener un menor coste, una distribución de la carga financiera más adecuada, prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones en las condiciones de mercado o cuando las circunstancias del mercado u otras causas así lo aconsejen. Asimismo, podrá acordar operaciones con instrumentos financieros derivados, tales como permutas financieras, opciones y futuros financieros, seguros y cualesquiera otras operaciones que permitan asegurar o disminuir el riesgo, así como mejorar la gestión o las condiciones de la carga financiera de la Comunidad de Madrid.
2. Corresponde al Consejero de Economía y Hacienda la determinación de las características de las operaciones a que se refiere el apartado anterior.
3. Se autoriza a los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos a realizar, previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda, las operaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.
4. Cuando las operaciones a que se refieren los apartados 1 y 3 anteriores provoquen movimientos transitorios de tesorería de signo contrario en los que el aseguramiento o cobertura sea consecuencia del saldo neto entre aquellos, dichos movimientos se contabilizarán de forma separada, siendo su saldo neto el que se aplique al presupuesto, de acuerdo con el carácter limitativo o estimativo de dicho presupuesto, en función de la naturaleza jurídica del ente afectado.
5. Los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos necesitarán autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda para realizar operaciones de titulización de activos o de cesión de derechos de crédito de cualquier naturaleza.
Artículo 43. Anticipos de caja.
1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar la concesión de anticipos de caja a los Organismos Autónomos, Empresas Públicas, Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid y demás Entes Públicos, hasta un límite máximo del 15 por 100 de su presupuesto inicial, con el fin de hacer frente a los desfases entre ingresos y pagos del período. Este límite se entiende operación a operación, pudiéndose solicitar un nuevo anticipo una vez quede cancelado el precedente.
2. El límite máximo del 15 por 100 señalado en el apartado anterior podrá superarse por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, a petición razonada de la Consejería de Economía y Hacienda.
3. A efectos contables, dichos anticipos tendrán la consideración de Operaciones de Tesorería con el correspondiente reflejo en la cuenta de «Deudores», debiendo quedar reintegrados antes de la finalización del ejercicio económico en el que se concedan.
4. Los anticipos contemplados en este artículo no podrán otorgarse, en ningún supuesto, si representaran necesidad de endeudamiento por parte de la Comunidad de Madrid. Todas las operaciones autorizadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid al amparo de este artículo, se remitirán, en el plazo máximo de treinta días, a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.
CAPÍTULO II
Tesorería
Artículo 44. Apertura de cuentas en entidades financieras.
La apertura de cuentas en entidades financieras que haya de realizarse por los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos de la Comunidad de Madrid requerirá de la autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda.
Artículo 45. Valores pendientes de cobro.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, la cantidad estimada como mínima suficiente para cubrir el coste de exacción y recaudación será la determinada mediante orden del Consejero de Economía y Hacienda.
No quedarán afectadas por esta norma las deudas referidas a un mismo deudor cuya suma supere la cuantía fijada, excluido el recargo de apremio.
TÍTULO IV
Procedimientos de gestión presupuestaria
CAPÍTULO I
Autorización de gastos
Artículo 46. Autorización de gastos.
En relación con lo dispuesto en el artículo 55.3.a) y en el artículo 69.1.c) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, estará reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso de gastos de capital y operaciones financieras cuya cuantía exceda de 750.000 euros, o de 250.000 euros en gastos corrientes.
CAPÍTULO II
De los centros docentes no universitarios
Artículo 47. Autorización de cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios, de contrataciones de otro profesorado en centros docentes públicos no universitarios y la designación de asesores técnicos docentes.
1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizará, a propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, el número global de nuevos cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios para el curso escolar 2015-2016.
2. Durante 2015, requerirá autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda la determinación del número máximo de otro profesorado no funcionario que preste servicio en centros públicos no universitarios, así como la designación de asesores técnicos docentes.
Artículo 48. Módulo económico para financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos.
1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el Anexo IV de la presente ley se fijan los módulos económicos correspondientes a la distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados a la financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos en el año 2015:
a) En el ejercicio de sus competencias, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá incrementar los módulos incluidos en el Anexo citado adecuándolos a las exigencias derivadas de la impartición de las enseñanzas reguladas por las leyes orgánicas en materia educativa, mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.
b) La Consejería de Educación, Juventud y Deporte establecerá los criterios de distribución de los importes que integran los «gastos variables» de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 117.3.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dentro de este concepto de «gastos variables» se abonarán las retribuciones de los directores, a los que hace referencia el artículo 54 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de forma progresiva y dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes, y de acuerdo con el desarrollo reglamentario que se efectúe, se abonarán las compensaciones económicas y profesionales correspondientes al desempeño de otras funciones directivas que se determinen por los centros en base a su autonomía organizativa. Dicha financiación tendrá el importe máximo que se señala en el anexo IV de la presente ley.
La financiación de la función directiva establecida en este artículo y en el anexo IV constituye la aportación máxima de la Comunidad de Madrid para financiar este objetivo en el ejercicio 2015 y posee carácter finalista, no pudiendo los centros destinarla a otros fines.
c) Las cuantías señaladas para «salarios del personal docente» y «gastos variables», incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades entre el profesorado y el titular del centro respectivo, derivadas de la relación laboral existente, relación a la que es totalmente ajena la Comunidad de Madrid.
En el año 2015, las cuantías del apartado de «salarios de personal docente, incluidas cargas sociales» de los módulos económicos para la financiación de los conciertos educativos, no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014.
La Administración no asumirá:
1.º Los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del anexo IV de la presente ley.
2.º Los incrementos retributivos del personal docente en centros concertados que supongan superar las retribuciones del personal funcionario docente no universitario.
3.º Alteraciones de cualquier tipo en las retribuciones del profesorado, derivadas de convenios colectivos, que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a abonos para el personal docente, establecido en los módulos del citado anexo IV.
4.º Los incumplimientos de los centros concertados con la Seguridad Social o la Administración tributaria, de tal forma que, en ningún caso, puedan imputarse a la Comunidad de Madrid las deudas tributarias y cuotas sociales de los mismos ni afectarla en su condición de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social o a la Administración Tributaria.
d) Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero del año 2015, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de la enseñanza privada, aplicables a cada nivel educativo en los centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente convenio colectivo, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero del año 2015.
e) La cuantía correspondiente a «otros gastos» se abonará mensualmente, debiendo los centros justificar su aplicación, por curso escolar, al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del mismo centro. Este módulo destinado a «otros gastos» tendrá efectividad a partir de 1 de enero de 2015.
En los centros concertados que escolaricen a alumnos que, por su situación de desventaja social, cultural y económica, presenten dificultades para el acceso e integración en el centro educativo, se podrá incrementar la cuantía correspondiente a «otros gastos» por unidad de apoyo de compensación educativa hasta un máximo de 4.494,84 euros y en función de las disponibilidades presupuestarias, para financiar los recursos materiales estrictamente necesarios en la escolarización del alumnado, para su integración en las actividades del centro en igualdad de condiciones que sus compañeros. La parte de esta asignación económica que tenga carácter individual para uso del alumno será incompatible con otras ayudas que se puedan percibir para la misma finalidad. Estas cuantías se abonarán y justificarán dentro del módulo destinado a «otros gastos».
Con carácter singular, dentro de las disponibilidades presupuestarias, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, los importes de otros gastos podrán incrementarse para sufragar el coste de programas de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, tales como aulas de enlace y otros programas para atender las necesidades específicas del alumnado que se convoquen a lo largo del año.
f) A los centros docentes que tengan unidades concertadas en educación secundaria obligatoria, programas de cualificación profesional inicial (módulos voluntarios), enseñanzas de formación profesional de grado medio y formación profesional básica se les dotará de la financiación para sufragar el servicio de orientación educativa previsto en el artículo 157.1.h) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación será la equivalente y proporcional a una jornada completa del orientador por cada 20 unidades concertadas de dichas enseñanzas.
g) De conformidad con lo señalado en el artículo 72, apartados 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a los centros concertados que escolaricen a alumnos con necesidades educativas específicas se les dotará de los recursos adicionales necesarios para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
h) A los centros docentes concertados de educación especial, y en función de las disponibilidades presupuestarias, se les dotará de una ayuda destinada a financiar el transporte de alumnos plurideficientes con discapacidad motora que tengan serias dificultades en el desplazamiento y que requieran un transporte adaptado. El importe anual de la ayuda será de 1.256,48 euros por alumno, que se abonarán al centro en función del número de alumnos escolarizados en el mismo desde el inicio de cada curso escolar. Esta ayuda será incompatible con otras que puedan percibir los alumnos para la misma finalidad de transporte adaptado.
2. Las relaciones profesor/unidad concertada («ratios») adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, fijadas por la Administración educativa y calculadas siempre en base a jornadas de 25 horas lectivas semanales, son las que aparecen en el anexo IV junto al módulo de cada nivel. La ratio profesor/unidad escolar podrá ser incrementada por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte para adecuarlas a las necesidades concretas de determinados centros y alumnado, dentro de las disponibilidades presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno en aplicación de lo establecido en el artículo 49 de la presente ley. Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades escolares que se produzcan en los centros concertados por atención a necesidades educativas específicas, así como en consecuencia de la aplicación de la normativa vigente en materia de conciertos educativos.
En el caso de las enseñanzas de formación profesional que se desarrollen según proyectos propios autorizados, la ratio de profesorado por unidad escolar se ajustará al proyecto autorizado en función de la distribución de la carga horaria entre las horas lectivas en el centro educativo y los períodos de formación en la empresa. En enseñanzas con una duración de 2.000 horas, los centros podrán distribuir la cuantía económica total, correspondiente a la ratio de profesorado de los dos cursos de las enseñanzas, en función de sus necesidades organizativas.
3. En los conciertos singulares suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, los centros podrán percibir por parte de los alumnos, en concepto exclusivo de enseñanza reglada de Bachillerato, la cantidad entre 18 y 36 euros alumno/mes, durante diez meses en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.
La financiación obtenida por los centros, como consecuencia del cobro a los alumnos tendrá carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los otros gastos.
La cantidad abonada por la Administración no podrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,06 euros el importe correspondiente a «otros gastos» establecido en el anexo IV de la presente ley.
4. Los centros privados regidos mediante convenios con la Administración educativa se financiarán de acuerdo a los términos de los mismos.
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la presente regulación sobre los módulos económicos para el sostenimiento de los centros concertados se adaptará, en su caso, a lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.
Artículo 49. Autorización de unidades escolares en centros privados sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2015-2016.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizará, con carácter global, el número máximo de unidades a concertar para el curso escolar 2015-2016, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.
Artículo 50. Convenios con Corporaciones Locales.
1. Durante 2015, la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales para la creación, construcción y funcionamiento de los centros docentes públicos que se establezcan en desarrollo de la planificación educativa precisará informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda. Estos convenios se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, así como por lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y su normativa de desarrollo, de conformidad con el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Durante 2015 la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales en materia de construcción y gestión de centros concertados precisará informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda.
CAPÍTULO III
Universidades Públicas
Artículo 51. Régimen presupuestario de las universidades.
1. A efectos de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria definido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid elaborarán, aprobarán y ejecutarán sus presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos en situación de equilibrio, coherente con la normativa europea.
2. Las actuaciones de las universidades estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera, entendida como la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y normativa europea.
3. Los preceptos contenidos en los apartados 1 y 2 anteriores son aplicables a las entidades dependientes de las Universidades Públicas que hayan sido clasificadas dentro del sector Administración Pública de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC).
4. La estructura de los presupuestos de gastos y sistema contable de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid se adaptarán a la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con las siguientes especificidades:
a) A las clasificaciones del estado de gastos previstas en el artículo 47.2 de la citada Ley, se les añadirá una memoria comprensiva de la clasificación territorial que refleje los gastos por municipios que, en todo caso, comprenderá los proyectos de inversión.
b) Al estado de gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de los costes, previamente autorizados, y se incluirá un Anexo en el que figuren los puestos de nuevo ingreso que se proponen.
La memoria comprensiva de la clasificación territorial de los gastos, así como la relación de puestos de trabajo del personal de la universidad, serán remitidas junto con el resto de la documentación, una vez aprobados los presupuestos, a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Esta Consejería dará traslado de la citada documentación a la Consejería de Economía y Hacienda.
5. Si los presupuestos de la universidad no resultaran aprobados antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la publicación de los nuevos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
6. Las cuentas anuales consolidadas de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid deberán someterse, antes de su aprobación, a una auditoría externa financiera y de cumplimiento. Las cuentas anuales consolidadas de cada universidad, junto con el informe de auditoría, deberán enviarse a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, a la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos y a la Dirección General de Universidades e Investigación, antes del 30 de junio del ejercicio siguiente.
Dicha documentación se adjuntará, figurando separadamente, a la Cuenta General de la Comunidad de Madrid para su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
7. De acuerdo con el principio de transparencia enunciado en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los presupuestos de las Universidades Públicas y sus liquidaciones deberán contener información suficiente y adecuada para permitir la verificación de su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia.
La Comunidad de Madrid recabará de las Universidades Públicas madrileñas la información necesaria para el cumplimiento efectivo del principio de transparencia. A estos efectos, por orden conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y Educación, Juventud y Deporte, se concretará la información a suministrar, que deberá ser aportada en el plazo máximo de quince días naturales. En todo caso, se informará con carácter anual sobre el presupuesto inicial de ingresos y gastos y la liquidación del mismo y con carácter trimestral de la liquidación de los ingresos y los gastos ejecutados en el trimestre anterior.
En el supuesto de que las universidades incumplan la obligación de remitir la información requerida, se podrá proceder por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, a la retención del 10 por 100 del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las mismas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Cuando se remita la mencionada información, se reanudará el pago completo de los libramientos mensuales a partir de la que corresponda al mes siguiente al de su recepción, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad.
8. Las universidades que no hayan cumplido con el objetivo de equilibrio presupuestario calculado de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC) tendrán la obligación de aprobar en el plazo de tres meses, desde la aprobación o liquidación del presupuesto en situación de desequilibrio, un plan económico-financiero a un plazo máximo de tres años. Este plan, que será aprobado por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, recogerá las actividades a realizar y las medidas a adoptar en relación con la regulación, ejecución y gestión de los gastos y de los ingresos, que permitan garantizar el retorno a una situación de equilibrio presupuestario.
El plan económico financiero deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
La Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, podrá proceder a la retención del 10 por 100 del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las Universidades Públicas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid en los siguientes supuestos:
a) En caso de que estas no elaborasen en plazo el plan económico-financiero.
b) En caso de no aprobarse el citado plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por no cumplir con los requisitos legal y reglamentariamente establecidos.
c) En el supuesto de que, una vez aprobado el plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se observe el incumplimiento del mismo.
d) En supuestos de liquidación del presupuesto con remanente negativo, ante la ausencia de adopción de medidas previstas en el artículo 81.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, de acuerdo con su redacción dada por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
La Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, reanudará el pago completo de los libramientos mensuales, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad, con un máximo de seis mensualidades, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se apruebe el plan económico-financiero por el Consejo de Gobierno.
b) En el supuesto de la letra c) anterior, cuando se observe el efectivo cumplimiento del mismo por la universidad correspondiente.
9. Las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid podrán realizar transferencias de crédito entre capítulos de operaciones corrientes y entre capítulos de operaciones de capital. Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podrán ser acordadas por el Consejo Social. Las transferencias de gastos de capital a cualquier otro capítulo podrán ser acordadas por el Consejo Social, previo informe favorable del Consejero de Educación, Juventud y Deporte y autorización de la Consejería de Economía y Hacienda.
10. Las operaciones de crédito de las Universidades Públicas y de los organismos y entes dependientes de las mismas serán autorizadas previamente por la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe favorable de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid comunicará a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses, las operaciones de crédito autorizadas.
11. Las universidades remitirán directamente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea los presupuestos aprobados y el último presupuesto liquidado.
Artículo 52. De la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las universidades.
1. Las transferencias corrientes de carácter nominativo a las universidades, consignadas en el concepto 450 «A Universidades públicas: asignación nominativa», se librarán por doceavas partes.
En el caso de que se acuda al mecanismo previsto en el artículo 43 de esta Ley cuando concurran las circunstancias previstas en el mismo, se compensarán los libramientos pendientes con el anticipo concedido.
2. Las inversiones de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional estarán sujetas a las limitaciones establecidas para los gastos cofinanciados en el artículo 16 de la presente ley.
3. Las transferencias de capital de carácter nominativo a las universidades, consignadas en el concepto 751 «Universidades públicas: obra nueva y reforma», se librarán de acuerdo con lo que se disponga mediante orden de la Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la Consejería competente en materia de universidades.
CAPÍTULO IV
Régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud
Artículo 53. Gestión económica y presupuestaria.
La gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud se rige por lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la presente ley y las normas reglamentarias de desarrollo.
Artículo 54. Modificaciones de los créditos.
1. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley de Presupuestos y a lo que al efecto se establece en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y las normas reglamentarias de desarrollo.
2. Durante 2015, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, las transferencias de crédito que se realicen dentro del programa 312A «Atención especializada».
3. Con carácter excepcional, durante 2015, respecto de los créditos del programa 312A «Atención especializada», no precisarán previo informe de la Intervención Delegada o, en su caso, de la General, las transferencias de crédito que se realicen dentro del mismo con el siguiente alcance:
a) Entre créditos de capítulo 1 del mismo programa y centro gestor, siempre que no sean consecuencia de modificaciones de plantilla.
b) En el resto de los capítulos, entre créditos del mismo capítulo, ya se realicen dentro de un centro gestor o entre varios centros gestores de la misma subfunción.
4. Con carácter excepcional, durante 2015, en el ámbito del programa 312A «Atención especializada», cada responsable de un centro gestor podrá autorizar transferencias entre los créditos consignados en su centro, dentro del mismo capítulo de la clasificación económica de gastos, siempre que no sean consecuencia de reestructuraciones orgánicas o de modificaciones de plantilla. Esta competencia incluirá el alta de elementos de la clasificación económica que figuren en el programa 312A «Atención especializada», siendo competencia del Consejero de Economía y Hacienda la creación de nuevos elementos de la clasificación económica que no figuren en el citado programa.
La tramitación de los expedientes de transferencias requerirá el previo informe favorable de la Consejería de Sanidad, que se emitirá en el plazo máximo de cinco días. Se entenderá autorizado el inicio del expediente de modificación presupuestaria, cuando afecte a cualquier capítulo excepto el capítulo 1, si transcurrido el plazo señalado no hubiera resolución expresa.
La Consejería de Sanidad informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las transferencias de crédito autorizadas.
Artículo 55. Gestión presupuestaria.
1. Compete al Viceconsejero de Asistencia Sanitaria la adopción de los actos y operaciones correspondientes al proceso del gasto, en cuanto a los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los establecidos en el apartado 2 de este artículo reservados al Gobierno y aquellos que en la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, se atribuyen al Consejero de Economía y Hacienda.
2. Corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso del gasto en los siguientes supuestos:
a) Gastos de cuantía indeterminada.
b) Gastos cuyo importe supere la cuantía de 3.000.000 de euros.
c) Gastos plurianuales cuando la suma del conjunto de anualidades supere el importe de 6.000.000 de euros, o los que requieran modificación de los porcentajes o del número de anualidades previstos en el artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
En el caso de reajustes o reprogramación de anualidades, únicamente en los supuestos del artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
A estos efectos, el cálculo de los límites de porcentajes se hará sobre los créditos del programa 312A «Atención especializada».
d) Gastos derivados de la adquisición de inmuebles o suministro de bienes muebles en los supuestos recogidos en el artículo 57.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
e) Gastos derivados de contratos cuyo pago se concierte mediante los sistemas de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere cuatro años.
3. El previo informe de la Dirección General competente en materia de presupuestos previsto en el artículo 55.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, relativo a la tramitación de gastos plurianuales solo será necesario en los supuestos a) y b) del citado artículo.
4. El Viceconsejero de Asistencia Sanitaria será el competente para ejecutar cualquiera de las fases del presupuesto de ingresos a que se refiere el artículo 70 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
5. Las competencias referidas al proceso del gasto y a las fases de ejecución del presupuesto de ingresos podrán delegarse en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CAPÍTULO V
Otras normas de gestión presupuestaria
Artículo 56. Planes y programas de actuación.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá aprobar planes y programas de actuación que impliquen gastos que puedan extenderse a ejercicios futuros, los cuales deberán incluir en su formulación, objetivos, medios y calendarios de ejecución, así como las previsiones de financiación y gasto.
Artículo 57. Retención y compensación.
1. En el supuesto de que cualesquiera entidades privadas o públicas, incluidas las Corporaciones Locales, adeuden importes a la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), que no hubiesen sido satisfechos en los términos previstos, la Consejería de Economía y Hacienda podrá practicar retenciones de los pagos a favor del ente acreedor. En todo caso, se concederá audiencia previa a las entidades afectadas.
2. Cuando la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes, que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), fuere acreedora de Corporaciones Locales y se tratara de deudas vencidas y exigibles, la Consejería de Economía y Hacienda, mediante expediente instruido al efecto, podrá acordar la compensación de las mismas con los pagos correspondientes a transferencias corrientes o de capital destinadas a tales Corporaciones Locales, como vía de extinción total o parcial de sus deudas.
Artículo 58. Disposición de créditos financiados con transferencias finalistas.
1. El Consejero de Economía y Hacienda determinará las normas de gestión de los créditos consignados inicialmente en el presupuesto, así como los generados durante el ejercicio, cuya financiación se produzca a través de transferencias de carácter finalista, con el fin de adecuar la ejecución de los mismos a la cuantía de las transferencias efectivamente concedidas.
2. En el caso de que las obligaciones contraídas superen el importe concedido, el Consejero respectivo deberá proponer las oportunas minoraciones de crédito en aquellos conceptos presupuestarios de la sección afectada cuya disminución ocasione menor perjuicio para el servicio público.
Artículo 59. Especialidades en el ejercicio de la función interventora.
1. Durante el año 2015, la función interventora a que se refieren los artículos 16 y 83 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, podrá ser ejercida sobre una muestra y no sobre el total, con relación a las pensiones de carácter asistencial, no contributivas, Renta Mínima de Inserción, Proyectos de Integración, prestaciones económicas y servicios del Sistema de Dependencia, ayudas destinadas a la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, ayudas a los seguros agrarios, ayudas a la instalación de ascensores, a la adquisición, rehabilitación y arrendamiento incluidas en los diferentes Planes Regionales de Vivienda y ayudas individuales a personas con discapacidad y a enfermos mentales crónicos.
2. Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que durante 2015, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, acuerde la aplicación del sistema de fiscalización previa plena sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos, en los supuestos en los que la naturaleza de los gastos así lo requiera.
3. En relación a lo dispuesto en los apartados anteriores, la Intervención General de la Comunidad de Madrid establecerá los procedimientos a aplicar para la selección, identificación y tratamiento de la muestra de manera que se garantice la fiabilidad y la objetividad de la información y propondrá la toma de decisiones que puedan derivarse del ejercicio de esta función.
4. Durante 2015, el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal y para el nombramiento de funcionarios interinos de cuerpos docentes adscritos a centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte se producirá en el momento de la inclusión de dichos contratos y nombramientos en nómina.
5. Durante 2015, no estarán sometidas a intervención previa las ayudas económicas gestionadas por el Fondo de Emergencia regulado en el artículo 18.2 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Su control se efectuará de acuerdo con los procedimientos y en la forma que se determine por la Intervención General de la Comunidad de Madrid.
6. Durante 2015, el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal encargado de la atención directa a los usuarios de los Centros adscritos al Servicio Regional de Bienestar Social se producirá en el momento de la inclusión de los contratos en nómina.
Artículo 60. Importe de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para 2015.
Con efectos 1 de enero de 2015, el importe de la Renta Mínima de Inserción se fija en las siguientes cuantías:
a) Importe de la prestación mensual básica: 375,55 euros.
b) Complemento por el primer miembro adicional de la unidad de convivencia: 112,67 euros.
c) Complemento por cada uno de los miembros siguientes de la unidad de convivencia: 75,11 euros.
TÍTULO V
Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid
Artículo 61. Reordenación del sector público.
Por razones de política económica, presupuestaria u organizativas, se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid durante el ejercicio 2015 para que, mediante decreto, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y a iniciativa de la Consejería interesada por razón de la materia, proceda a reestructurar, modificar y suprimir Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos, creados o autorizados por ley, dando cuenta a la Asamblea en un plazo de treinta días desde su aprobación.
Artículo 62. Información de Organismos Autónomos mercantiles y Empresas Públicas.
Los Organismos Autónomos mercantiles y las Empresas Públicas de la Comunidad de Madrid remitirán a la Consejería de Economía y Hacienda información sobre actuaciones, inversiones y financiación, así como aquella otra que se determine por orden del Consejero de Economía y Hacienda.
Artículo 63. Encargos a Empresas y Entes Públicos.
1. Anualmente, para financiar las actuaciones objeto de mandato y encomienda de gestión a las Empresas y Entes que tienen la condición de medio propio, se podrán comprometer créditos y reconocer obligaciones a las citadas Empresas y Entes por un importe global dentro de los créditos dotados a tal fin.
2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no será necesaria la tramitación independiente del Plan Económico Financiero, pudiendo librarse los fondos precisos para el cumplimiento de los mandatos y encomiendas de gestión a las Empresas y Entes que tienen la condición de medio propio en los términos que se determine en los instrumentos de colaboración, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.
3. Durante 2015, en las condiciones que se establecen en el presente artículo, y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se autoriza a la Administración de la Comunidad de Madrid, a sus Organismos Autónomos y demás Entes de Derecho Público a que puedan encomendar y efectuar mandatos, previo acuerdo del Gobierno en los casos que establezca la normativa vigente, según los convenios de colaboración ya suscritos o en los términos que se fijen en el citado Acuerdo a las Empresas y Entes Públicos, para que actúen en nombre y por cuenta de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos y demás Entes de Derecho Público, por ellas mismas o por terceras personas, según los términos de los encargos y los mandatos de actuación. Entre otros, podrá encomendarse y efectuarse mandatos a las siguientes Empresas:
a) «Nuevo Arpegio, S.A.», para la ejecución de los encargos que le realice la Consejería competente en materia de Administración Local, para gestionar, contratar y ejecutar las obras que corresponda realizar a la citada Consejería, vinculadas a sus competencias en materia de Administración Local.
b) «ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.», para proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar toda clase de infraestructuras, así como los servicios que en ellas se puedan instalar o desarrollar, y para la ejecución de otras actuaciones.
Artículo 64. Radio Televisión Madrid.
Durante el año 2015, se procederá por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la firma de un contrato-programa con el Ente Público «Radio Televisión Madrid», por un importe total de 68.782.000 euros.
Se habilita al Consejo de Gobierno para articular los ajustes presupuestarios precisos en el supuesto de adaptaciones del referido contrato-programa.
TÍTULO VI
De las tasas
Artículo 65. Mantenimiento de la cuantía de las tasas.
Durante el ejercicio de 2015 se mantendrá la cuantía de las tasas vigentes en 2014, salvo las modificaciones singulares que pudieran aprobarse por ley.
Disposición adicional primera. Informes de la Consejería de Economía y Hacienda.
1. Todo proyecto de ley, disposición administrativa o convenio, cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previstos en la presente ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros, habrá de remitirse para informe preceptivo a la Consejería de Economía y Hacienda.
Asimismo, habrán de remitirse para informe preceptivo de la Consejería de Economía y Hacienda las disposiciones administrativas, los convenios, los contratos y cualquier otro negocio jurídico de los sujetos cuyos presupuestos integran los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), que pudiera suponer un incremento del gasto o disminución de los ingresos respecto de los previstos en la presente ley o que tengan incidencia presupuestaria en ejercicios futuros, cuando su importe exceda del 5 por 100 del respectivo presupuesto.
2. Durante 2015, precisarán informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda las concesiones administrativas de servicios públicos o de obra pública, así como cualquier otro negocio jurídico promovido por la Comunidad de Madrid, de los cuales puedan derivarse obligaciones para su Hacienda cuando no supongan compromisos de gastos.
3. A efectos del informe previsto en los apartados anteriores, los expedientes habrán de documentarse con una memoria económica en la que se detallen las posibles repercusiones presupuestarias de su aplicación. Dicho informe habrá de emitirse en un plazo de quince días.
Disposición adicional segunda. Suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
Durante el año 2015, se suspenden las prescripciones contenidas en los artículos 19.1 y 23.3 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
Disposición adicional tercera. Personal transferido.
1. Durante el ejercicio 2015, no se efectuarán transferencias de personal temporal o interino, cualquiera que sea su vinculación jurídica, desde otras Administraciones Públicas a la Comunidad de Madrid.
2. Al personal funcionario le será de aplicación el artículo 88 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Al personal laboral le será de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de esta ley.
3. En todo caso, y en cumplimiento de lo acordado en el seno de la Comisión de Coordinación de la Función Pública de 28 de mayo de 1998, corresponde a la Comunidad de Madrid hacer efectivos los resultados de los procesos de promoción interna, consolidación de empleo temporal o funcionarización convocados por la Administración del Estado con carácter previo a la transferencia del personal de que se trate, vinculantes para la Comunidad de Madrid en lo que no se oponga a su política de recursos humanos, siempre que el personal afectado por los antedichos procesos se encuentre relacionado como tal en el Anexo del correspondiente Real Decreto de traspaso de medios personales y materiales. Asimismo, para la asunción de los efectivos por la Comunidad de Madrid, será necesario que, una vez concluido cada proceso, sea aprobado el correspondiente acuerdo de ampliación de los medios económicos correspondientes al mayor coste efectivo del traspaso y se dé traslado desde la Administración del Estado de las resoluciones derivadas de los citados procesos a la Comunidad de Madrid.
En cualquier caso, la efectividad en la Comunidad de Madrid de los resultados de dichos procesos quedará condicionada a la aprobación por esta de los expedientes que resulten necesarios para efectuar la correspondiente adecuación de su organización interna a las situaciones jurídicas derivadas de la asunción de los referidos resultados y a la posterior toma de posesión de los interesados en los destinos adjudicados.
Disposición adicional cuarta. Integración de personal laboral en la Comunidad de Madrid.
1. El personal laboral fijo de empresas públicas autonómicas y resto de entes del sector público a que hace referencia el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que, por previsión de la norma fundacional, de la extintiva, de la modificativa, por disposición del propio Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o por cualquier proceso de racionalización o reorganización administrativa autonómica, se integre durante el año 2015 en la plantilla de la Comunidad de Madrid lo hará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen, tareas que viniere desempeñando y área de actividad.
En el apartado retributivo, se le asignará el salario establecido para la Categoría y Nivel en que fuera integrado en el Convenio Colectivo, con independencia de las retribuciones que viniera percibiendo en la empresa o ente público de procedencia.
2. El personal laboral no incluido en los supuestos anteriores que se integre durante el año 2015 en la Comunidad de Madrid con sujeción al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o lo hiciere por resolución judicial se integrará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen o para la suscripción del contrato administrativo, en su caso, tareas que viniere desempeñando y área de actividad, con el salario establecido para su categoría en el referido Convenio, con independencia de las retribuciones que tuviere consolidadas.
En las mismas condiciones se integrará el personal laboral de cualquier Administración Pública con motivo de la reorganización administrativa de las autoridades públicas administrativas o de cualquier traspaso de funciones entre las mismas.
Sin perjuicio de lo anterior, si en la norma o resolución judicial se estableciese la obligación de incorporar al trabajador con un salario determinado, superior al resultante de la aplicación de las tablas salariales del Convenio Colectivo para la Categoría y Nivel en que se integre, la diferencia entre ambos dará lugar a un complemento personal transitorio, absorbible, reducible y compensable en los términos previstos en el apartado 3 de este artículo.
3. El complemento personal transitorio a que hubiere lugar en el supuesto anterior se percibirá en doce mensualidades del mismo importe y será absorbido en su integridad por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del ejercicio presupuestario, así como por los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la modificación de los complementos del mismo.
A efectos de esta absorción no se considerarán ni la antigüedad, ni los conceptos de naturaleza variable.
4. Al personal integrado, sin perjuicio de aplicar lo que se disponga al efecto en la norma que origine la integración o en la resolución judicial correspondiente, le podrán ser reconocidos, en su caso, los servicios prestados de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid.
Disposición adicional quinta. Adaptaciones técnicas del presupuesto.
Durante 2015, se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a efectuar en los estados de gastos e ingresos de los Presupuestos aprobados, así como en los correspondientes Anexos, las adaptaciones técnicas que sean precisas, derivadas de reorganizaciones administrativas, del traspaso de competencias desde la Administración del Estado o de otras Administraciones Públicas y de la aprobación de normas con rango de ley.
La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior podrá dar lugar a la apertura, modificación o supresión de cualquier elemento de las clasificaciones orgánica, funcional o por programas, y económica, pero no implicará incremento en los créditos globales del presupuesto, salvo cuando exista una fuente de financiación.
Tales adaptaciones técnicas se efectuarán conforme al procedimiento establecido para las modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos.
Disposición adicional sexta. Contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios.
1. Durante 2015, las distintas unidades de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, así como las Empresas Públicas y resto de Entes Públicos, a excepción del Ente Público Radio Televisión Madrid, deberán solicitar autorización previa de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios en cualquier medio de difusión. Estas solicitudes deberán contener, en su caso, los correspondientes planes de medios. Asimismo, dichas unidades, Organismos, Empresas Públicas y resto de Entes Públicos deberán remitir a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno certificación de los abonos correspondientes a los servicios contratados y ejecutados.
2. Las empresas en cuyo capital social participe de forma significativa, directa o indirectamente, la Comunidad de Madrid deberán comunicar previamente la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios.
3. No será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando se trate de anuncios o publicaciones en los diarios oficiales de cualquier Administración Pública.
4. Se autoriza a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias en desarrollo del procedimiento previsto en el presente artículo.
Disposición adicional séptima. Contratos, convenios y subvenciones a las Universidades.
Durante 2015, en el caso de que alguna Consejería, Centro Directivo, Organismo Autónomo, Empresa o Ente Público de la Comunidad de Madrid se proponga celebrar contratos o convenios o conceder subvenciones o cualquier tipo de ayudas a todas o alguna de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, deberá solicitar informe preceptivo de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, salvo cuando deriven de un procedimiento de concurrencia pública, en cuyo supuesto se sustituirá por comunicación posterior.
Disposición adicional octava. Destino del canon de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas.
Los derechos del canon aportados por la empresa adjudicataria de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas se destinarán a la mejora del edificio y de las instalaciones de dicha plaza, así como al fomento y promoción de la Fiesta de los Toros en todas sus dimensiones.
Disposición adicional novena. Suspensión de acuerdos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 21 de la presente Ley, durante el año 2015 se mantiene la suspensión de las siguientes disposiciones del Acuerdo Sectorial del personal funcionario docente al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, que imparte enseñanzas no universitarias para el período 2006-2009:
a) Artículo 6, apartado B), letra e), en lo relativo a la percepción económica correspondiente a vacaciones por parte de los profesores interinos.
b) Artículo 17, en lo relativo a la incentivación de la jubilación anticipada.
c) Artículo 18, en lo relativo a las licencias retribuidas por estudios, de modo que no se aprobarán nuevas convocatorias de dichas licencias.
d) Artículo 19, denominado «Ayudas a la formación fuera de la red propia y para cursar estudios de enseñanzas de régimen especial y para la matriculación en centros públicos de enseñanza no universitaria y universitaria».
e) Artículo 23, denominado «Formación», en lo relativo al fondo destinado a acciones formativas incluidas en los respectivos planes anuales de formación que gestionan las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial del personal docente no universitario.
f) Artículo 24, apartado A), punto 1, relativo al tiempo retribuido para realizar funciones sindicales, siendo de aplicación en su lugar lo establecido en el artículo 41.1.d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge los créditos de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo que son retribuidas como de trabajo efectivo, con arreglo a la siguiente escala:
– Hasta 100 funcionarios: 15.
– De 101 a 250 funcionarios: 20.
– De 251 a 500 funcionarios: 30.
– De 501 a 750 funcionarios: 35.
– De 751 en adelante: 40.
g) Artículo 25, apartado 1, relativo al derecho de los sindicatos considerados de especial audiencia sobre dispensa total de asistencia al trabajo de funcionarios docentes.
h) Disposición transitoria primera, denominada «Ayudas para gastos de administración del Acuerdo».
Disposición adicional décima. Suspensión de normas convencionales.
En el año 2015, con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado en el artículo 21.1 de esta ley y en coherencia con lo dispuesto en el artículo 21.4 de la misma, quedan suspendidas todas las previsiones contenidas en Acuerdos para personal funcionario y estatutario o en Convenios Colectivos para el personal laboral suscritos, que puedan dar lugar a incremento de la masa salarial para el año 2015, cualquiera que sea el ejercicio del que procedan.
Disposición adicional undécima. Arrendamientos de inmuebles a disposición de organizaciones sindicales.
1. En el año 2015, con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado en el artículo 21.1 de esta ley, excluidas las Universidades Públicas, queda sin efecto cualquier obligación normativa o convencional autonómica que pueda implicar, para cualquier centro directivo de esta Administración, el abono de rentas por el arrendamiento de inmuebles que estuvieran a disposición de organizaciones sindicales.
2. Las organizaciones sindicales que hayan alcanzado los niveles de representatividad legalmente requeridos para estar presentes en órganos de negociación y no estén utilizando otros inmuebles de titularidad de la Comunidad de Madrid podrán solicitar a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno la puesta a disposición de un inmueble de propiedad autonómica entre aquellos que, a criterio discrecional de la Consejería de Economía y Hacienda, se encuentren disponibles en el ámbito territorial de la Comunidad y sea viable su utilización.
Disposición adicional duodécima. Subvenciones a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales.
Durante 2015, solo se concederán subvenciones o cualquier tipo de ayudas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales, cuando las mismas sean objeto de concesión por el procedimiento de concurrencia competitiva. En el supuesto del procedimiento de concesión directa solo se podrán conceder cuando las mismas subvencionen acciones o actuaciones de utilidad pública o interés social distintas a las de su actividad propia como partidos políticos u organizaciones sindicales y empresariales, a excepción de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid.
Disposición adicional decimotercera. Subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita.
Durante el año 2015, se mantiene la vigencia de lo dispuesto en la disposición adicional duodécima de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales para la Comunidad de Madrid, en relación con la subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita.
Disposición adicional decimocuarta. Devengo de las pagas extraordinarias del personal laboral.
Las pagas extraordinarias del personal sujeto al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid se devengarán por semestres naturales, de 1 de enero a 30 de junio y de 1 de julio a 31 de diciembre.
Disposición adicional decimoquinta. Ayudas sociales a pacientes hemofílicos u otras coagulopatías congénitas afectadas por el virus de la hepatitis C (VHC), como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid.
1. Se reconoce una ayuda social por importe total de 12.020,24 euros, a abonar en tres anualidades, a las personas que sean afectadas de hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C a consecuencia de transfusiones o tratamientos con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid.
2. Para acceder a las ayudas a las que hace referencia el párrafo anterior, será necesaria la previa renuncia al ejercicio de todo tipo de reclamaciones por contaminación por el virus de la hepatitis C contra cualquiera de las Administraciones Públicas sanitarias, sus autoridades y los profesionales que presten servicios en ellas.
3. Estas ayudas serán compatibles y complementarias con las que pudieran otorgarse por el estado al amparo de la Ley 14/2002, de 5 de junio, por la que se establecen ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C a consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público, y otras normas tributarias.
4. Se faculta al Consejero correspondiente para dictar cuantas disposiciones de aplicación o desarrollo fueren necesarias.
Disposición adicional decimosexta. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid.
1. Durante el año 2015, el personal del sector público de la Comunidad de Madrid definido en el artículo 19.1 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012 percibirá las cantidades en concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/12, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento a la competitividad, con el alcance y límites establecidos en la presente disposición.
2. La recuperación de la paga extraordinaria y pagas adicionales a que se refiere el apartado anterior en los ámbitos de las letras a), b), d) y e) y en el apartado 6 del artículo 19 de dicha Ley, se efectuará con arreglo a las siguientes reglas:
a) Las cantidades que se abonarán por este concepto, sobre el importe dejado de percibir por cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, serán las equivalentes a la parte proporcional correspondiente a 44 días de la paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre. En aquellos casos en los no hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad de la paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, los 44 días se reducirán proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, el cómputo de la parte de la paga extraordinaria y pagas adicionales que corresponden a los 44 días, o cifra inferior, se realizará a cada tipo de personal de acuerdo con su régimen jurídico vigente en el momento en que se dejaron de percibir dichas pagas.
Siempre que la normativa convencional aplicable no disponga de otra cosa el número de días totales a que se hace referencia en el párrafo anterior será de 183.
b) Las cantidades que se reconozcan por este concepto al personal que no contemplase en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o se perciban más de dos al año, serán las equivalentes a un 24,04 por 100 del importe dejado de percibir por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.
c) Al personal afectado que se encuentre en servicio activo en el mismo nombramiento o contrato a la entrada en vigor de la presente ley, las cantidades a que se refiere esta disposición le serán abonadas de acuerdo con el procedimiento que se establezca.
Al personal que no se encontrara en situación de servicio activo o asimilada en el mismo nombramiento o contrato o en la fecha de entrada en vigor de la presente ley o que hubiera perdido su condición de empleado público, las cantidades a que se refiere la presente disposición le serán abonadas por el centro gestor al que le hubiere correspondido abonar la paga en diciembre de 2012, previa solicitud.
En caso de fallecimiento del empleado, la petición deberán formularla sus herederos conforme a Derecho Civil ante el centro gestor al que le hubiere correspondido abonar la referida paga.
3. Las Universidades Públicas y centros universitarios de la Comunidad de Madrid, en el marco de la autonomía de que disponen de acuerdo con la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, se podrán acoger a las medidas previstas en esta disposición, condicionado al cumplimiento de los criterios y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera, en los términos establecidos por la normativa dictada por el Estado con carácter básico.
En el supuesto de que las universidades no se acogieran a las medidas previstas en esta disposición, la parte de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las Universidades Públicas cuya finalidad sea la recuperación de los conceptos señalados en los apartados anteriores se destinarán íntegramente a reducir su nivel de deuda.
4. Las cantidades percibidas como recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 corresponderán a los primeros días del devengo de acuerdo con el régimen jurídico vigente aplicable en cada caso.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
Durante el año 2015, se suspende la vigencia del apartado 1 del artículo 37 de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución de la presente ley.
Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2015.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.
Madrid, 22 de diciembre de 2014.–El Presidente, Ignacio González González.
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 309, de 29 de diciembre de 2014)
ANEXO I
Adscripción de Programas por Secciones
01 ASAMBLEA DE MADRID
911N
ACTIVIDAD LEGISLATIVA
02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
911O
CÁMARA DE CUENTAS
03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
912M
ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA
11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
112A
MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
112B
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
112C
PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
114A
AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
131M
POLÍTICA INTERIOR
132A
SEGURIDAD
134A
CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL
134M
COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS
334D
ASUNTOS TAURINOS
921N
FUNCIÓN PÚBLICA
921Q
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
921R
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
921S
DEFENSA JURÍDICA
921T
CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
921U
ASUNTOS EUROPEOS
921V
COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS
921W
OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO
924M
DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
942N
ADMINISTRACIÓN LOCAL
12 ECONOMÍA Y HACIENDA
422B
INDUSTRIA
431A
COMERCIO
433A
ECONOMÍA
463A
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
492A
CONSUMO
492B
ARBITRAJE DE CONSUMO
921M
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
923A
GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
923C
ESTADÍSTICA
923M
DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
931M
POLÍTICA FINANCIERA
931N
PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO
931P
CONTROL INTERNO
932M
INGRESOS PÚBLICOS
932O
ORDENACIÓN DEL JUEGO
14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA
261A
VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
261B
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
451M
DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA
453A
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
453B
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
453M
CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE
453N
PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
232A
JUVENTUD
321M
DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
321O
DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR
321P
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
322A
EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL
322B
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
322C
UNIVERSIDADES
322E
ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS
322F
CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
322G
EDUCACIÓN COMPENSATORIA
322O
CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
322P
OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS
323M
BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN
324M
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA
336A
ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA
336B
GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
466A
INVESTIGACIÓN
16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
261O
SUELO
261P
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
456A
MEDIO AMBIENTE
456M
DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
456N
EVALUACIÓN AMBIENTAL
467A
INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
17 SANIDAD
311M
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD
311N
ORDENACIÓN E INSPECCIÓN
311P
DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
312A
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
312B
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
312C
PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA
312D
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS
312F
FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
313A
ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS
313B
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO
313C
SUMMA 112
19 ASUNTOS SOCIALES
231A
SERVICIOS SOCIALES
231B
CENTROS DE MAYORES
231C
ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
231D
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
231E
COMEDORES SOCIALES
231F
ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
231G
INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR
231H
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA
231I
COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA
231J
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS
232B
ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
232C
INMIGRACIÓN
232D
VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
232E
LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
239M
DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS SOCIALES
239N
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA
241A
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
241M
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO
332A
ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL
332B
BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
333A
MUSEOS Y EXPOSICIONES
334A
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
337C
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
432A
TURISMO
491M
DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA
494M
TRABAJO
25 DEUDA PÚBLICA
951M
ENDEUDAMIENTO
26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS
929N
GESTIÓN CENTRALIZADA
27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
912N
CONSEJO CONSULTIVO
ANEXO II
Plan de actuaciones en Vallecas
(En euros)
14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
C.GESTOR
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
IMPORTE
2001/000827
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PLAN VALLECAS
140140000
261A
78402
20.000
2001/000827
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PLAN VALLECAS
140140000
261A
78403
20.000
TOTAL SECCIÓN
40.000
ANEXO III
Gastos asociados a ingresos
11-PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO
GASTOS
INGRESOS
Orgánica
Programa
Subconcepto
Importe
Centro
Subconcepto
11011
134A
22706
404.000
1001
70302
1001
79004
11011
134A
60105
400.000
1001
70302
1001
79004
11011
134A
63100
78.881
1001
70302
1001
79004
11011
134A
63308
13.247
1001
70302
1001
79004
11013
921N
46201
864.670
1001
41301
11017
942N
26002
9.500
1001
49203
11017
942N
46309
70.000
1001
49203
11017
942N
76309
2.774.000
1001
79004
11017
942N
77300
95.000
1001
49203
11018
921V
22602
10.000
1001
49203
1001
79110
11018
921V
22706
106.743
1001
49203
1001
79110
11018
921V
22709
13.000
1001
49203
1001
79110
11018
921V
28001
20.000
1001
49203
1001
79110
Total Sección
4.859.041
12-ECONOMÍA Y HACIENDA
GASTOS
INGRESOS
Orgánica
Programa
Subconcepto
Importe
Centro
Subconcepto
12002
463A
64099
3.000.000
1001
79110
12002
463A
77301
7.000.000
1001
79110
12002
463A
79000
3.500.000
1001
79110
12018
931P
22706
73.768
1001
49203
1001
79109
Total Sección
13.573.768
14-TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA
GASTOS
INGRESOS
Orgánica
Programa
Subconcepto
Importe
Centro
Subconcepto
14203
453N
48300
878.795.473
1011
40303
1011
46001
Total Sección
878.795.473
15-EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
GASTOS
INGRESOS
Orgánica
Programa
Subconcepto
Importe
Centro
Subconcepto
15011
322B
24003
1.653.545
1001
49206
15011
322B
29000
3.431.448
1001
40400
15011
322F
46200
673.575
1001
49203
15011
322F
48200
967.590
1001
49203
15012
323M
24003
9.000.000
1001
49206
15012
323M
48505
4.406.477
1001
40400
15012
323M
48507
800.385
1001
40400
15014
466A
24003
4.980.000
1001
49206
15014
466A
48102
200.000
1001
79110
15014
466A
78002
5.525.000
1001
49205
1001
79110
15014
466A
78200
5.825.000
1001
49205
1001
79110
Total Sección
37.463.020
16-MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO
GASTOS
INGRESOS
Orgánica
Programa
Subconcepto
Importe
Centro
Subconcepto
16010
456A
48099
1.453.298
1001
40300
1001
49004
16010
456A
60105
2.542.314
1001
70302
1001
79004
16010
456A
60107
374.460
1001
70302
1001
79004
16010
456A
60199
61.983
1001
70302
1001
79004
16010
456A
61105
1.273.224
1001
70302
1001
79004
16010
456A
64100
25.000
1001
70302
16010
456A
64103
24.793
1001
70302
1001
79004
16010
456A
77303
835.000
1001
70302
16010
456A
77306
12.170.000
1001
70302
1001
79004
16010
456A
78009
3.776.125
1001
70302
1001
79004
16010
456A
79000
3.300.000
1001
70302
1001
79004
1001
79108
16206
467A
26009
45.000
1013
49004
16206
467A
28001
60.000
1013
49004
16206
467A
64003
1.112.748
1013
70408
1013
79004
Total Sección
27.053.945
17-SANIDAD
GASTOS
INGRESOS
Orgánica
Programa
Subconcepto
Importe
Centro
Subconcepto
17106
313A
22704
501.074
1001
49203
17106
313A
26002
973.917
1001
49203
Total Sección
1.474.991
19-ASUNTOS SOCIALES
GASTOS
INGRESOS
Orgánica
Programa
Subconcepto
Importe
Centro
Subconcepto
19001
239M
63301
385.800
1001
79110
19010
231A
22709
322.750
1001
49205
19010
231A
25401
7.000.000
1001
49205
19010
231A
26002
30.000
1001
49205
19010
231A
48200
4.360.000
1001
49205
19010
231A
63100
50.960
1001
79110
19010
231A
63301
71.548
1001
79110
19010
231C
63301
341.602
1001
79110
19010
231F
25401
7.200.000
1001
49205
19010
231F
26002
2.602.797
1001
49203
1001
49205
19010
231F
63100
318.000
1001
79110
19010
231F
63301
120.500
1001
79110
19010
231F
63307
25.000
1001
79110
19010
231F
63500
23.870
1001
79110
19010
232E
48302
30.000.000
1001
49205
19011
231D
62302
102.322
1001
79110
19011
231D
63100
278.640
1001
79110
19011
231D
63301
590.300
1001
79110
19011
231D
63308
431.580
1001
79110
19013
232B
22706
250.000
1001
49205
19013
232B
22804
20.000
1001
49205
19013
232B
25400
2.935.623
1001
49205
19013
232B
26002
368.797
1001
49205
19013
232B
26004
1.639.933
1001
49205
19013
232B
28001
700.000
1001
49205
19014
231I
48399
122.525.023
1001
40401
19015
232C
25401
1.961.827
1001
49205
19015
232C
48099
500.000
1001
49205
19102
239N
63104
209.000
1001
79110
19105
231G
63301
180.000
1001
79110
Total Sección
185.545.872
20-EMPLEO, TURISMO Y CULTURA
GASTOS
INGRESOS
Orgánica
Programa
Subconcepto
Importe
Centro
Subconcepto
20015
241M
21200
24.000
1001
41402
20015
241M
21300
29.000
1001
41402
20015
241M
21600
50.000
1001
41402
20015
241M
22000
70.250
1001
41402
20015
241M
22004
66.030
1001
41402
20015
241M
22201
200.000
1001
41402
20015
241M
22706
100.000
1001
41402
20015
241M
26002
3.222.422
1001
41400
20015
241M
47200
50.000.000
1001
49206
20015
241M
47202
38.884.082
1001
41400
20015
241M
47399
650.000
1001
41400
20015
241M
48099
29.600.000
1001
41400
20015
241M
49102
250.000
1001
41400
20015
241M
62105
1.619.616
1001
41402
20015
241M
62300
38.000
1001
41402
20015
241M
62303
40.000
1001
41402
20015
241M
62308
21.240
1001
41402
20015
241M
62399
4.000
1001
41402
20015
241M
62500
50.000
1001
41402
20015
241M
62501
4.000
1001
41402
20015
241M
62502
364.724
1001
41402
20015
241M
62802
40.000
1001
41402
20015
241M
63100
116.485
1001
41402
20015
241M
63500
30.000
1001
41402
20015
241M
64010
100.000
1001
41402
20015
241M
77309
561.000
1001
49205
20017
241A
22109
62.000
1001
41403
20017
241A
22706
560.000
1001
41403
1001
49203
20017
241A
23001
5.000
1001
41403
20017
241A
23100
10.000
1001
41403
20017
241A
26002
11.266.000
1001
41401
1001
41403
1001
49203
20017
241A
28001
1.775.000
1001
41401
1001
41403
1001
49203
20017
241A
47200
5.260.000
1001
41400
1001
41401
20017
241A
47201
51.069.269
1001
41401
20017
241A
47202
1.000.000
1001
41400
20017
241A
49101
13.698.366
1001
41401
20017
241A
77400
950.000
1001
41400
20018
241M
22706
1.365.000
1001
49203
20018
241M
22809
706.400
1001
49203
20018
241M
26002
1.000.000
1001
41401
20018
241M
28001
675.034
1001
49203
20114
494M
28001
1.335.000
1001
49203
Total Sección
216.871.918
ANEXO IV
Módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos
Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de esta ley, los importes anuales y el desglose de los módulos económicos por unidad escolar o programa en los centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos, en el territorio de la Comunidad de Madrid, con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2015, de la siguiente forma:
Nivel Educativo
Importes anuales por unidad escolar o programa
1- EDUCACIÓN INFANTIL
a) Educación infantil primer ciclo
Importe total anual (hasta un máximo de)
41.380,11
b) Educación infantil segundo ciclo
(Ratio profesor/unidad concertada 1,17:1) (en adelante «Ratio»)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
41.947,75
Gastos variables
4.520,34
Otros gastos
6.909,17
Importe total anual
53.377,26
2.- EDUCACIÓN PRIMARIA
(Ratio 1,20:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
43.023,33
Gastos variables
4.661,70
Otros gastos
6.909,17
Importe total anual
54.594,20
3.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
a) Primer y segundo cursos: maestros
(Ratio 1,49:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
56.318,22
Gastos variable
5.643,56
Otros gastos
8.344,13
Importe total anual
70.305,91
b) Primer y segundo cursos: Licenciados
(Ratio 1,49:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
59.900,40
Gastos variable
5.775,37
Otros gastos
8.344,13
Importe total anual
74.019,90
c) Tercer y cuarto cursos:
(Ratio 1,49:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
59.900,40
Gastos variable
9.536,72
Otros gastos
9.207,33
Importe total anual
78.644,45
4.- ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS EN CENTROS ORDINARIOS
a) Apoyos de Integración
a.1) Educación Infantil (Ratio 1:1)
Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales
35.852,77
Gastos variables
3.863,54
Otros gastos, hasta un máximo
1.173,00
Importe total anual
40.889,31
a.2) Educación Primaria (Ratio 1:1)
Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales
35.852,77
Gastos variables
3.884,75
Otros gastos, hasta un máximo
1.173,00
Importe total anual
40.910,52
a.3) Educación Secundaria (Ratio 1:1)
Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales
35.852,77
Gastos variables
3.884,75
Otros gastos, hasta un máximo
1.173,00
Importe total anual
40.910,52
b) Compensación educativa:
b.1) Apoyos de compensación educativa en Primaria (Ratio 1:1)
Salario de profesor de apoyo, incluidas cargas sociales
35.852,77
Gastos variables
3.884,75
Otros gastos
1.173,00
Importe total anual
40.910,52
b.2) Apoyos de compensación educativa para ESO (Ratio 1:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
37.797,46
Gastos variables
3.884,75
Otros gastos
1.173,00
Importe total anual
42.855,21
b.3) Aulas de compensación educativa para ESO (Ratio 1,60:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
59.039,80
Gastos variables
6.241,67
Otros gastos
10.413,51
Importe total anual
75.694,98
c) Personal Complementario
Importe a determinar por la Administración en función de las necesidades concretas a atender tanto del alumnado como del profesorado.
Motóricos, hasta un máximo
24.175,35
Auditivos, hasta un máximo
22.904,95
Otros, hasta un máximo
28.682,25
5.- PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
MÓDULOS VOLUNTARIOS
(Ratio 0,88:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
35.377,42
Gastos variables
5.632,43
Otros gastos
9.207,33
Importe total anual
50.217,18
6.- EDUCACIÓN ESPECIAL
a) Educación Infantil
(Ratio 1,17:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
41.947,75
Gastos variables
4.520,34
Otros gastos
7.368,14
Importe total anual
53.836,23
Personal complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según deficiencias:
Psíquicos
24.175,35
Autistas o problemas graves de personalidad
20.311,46
Auditivos
22.904,95
Plurideficientes
28.682,25
Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)
1.256,48
b) Educación Básica
(Ratio 1,20:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
43.023,33
Gastos variables
4.661,70
Otros gastos
7.368,14
Importe total anual
55.053,17
Personal complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según deficiencias:
Psíquico
24.175,35
Autistas o problemas graves de personalidad
20.311,46
Auditivos
22.904,95
Plurideficientes
28.682,25
Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)
1.256,48
c) Programas de formación para la transición a la vida adulta
c.1) Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 1:1)
En unidades de psíquicos auditivos con 6-8 alumnos; autistas o problemas graves de personalidad con 3-5 alumnos; plurideficientes con 4-6 alumnos.
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
35.852,78
Gastos variables
2.609,27
Otros gastos
10.486,11
Importe total anual
48.948,16
c.2) Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 2:1)
En unidades de psíquicos auditivos con más de 8 alumnos; autistas o problemas graves de personalidad con más de 5 alumnos; plurideficientes con más de 6 alumnos.
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
71.705,55
Gastos variables
5.218,53
Otros gastos
10.486,11
Importe total anual
87.410,19
c.3) Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social, y otros perfiles autorizados), según deficiencias:
Psíquicos
39.816,44
Autistas o problemas graves de personalidad
35.758,58
Auditivos
29.813,03
Plurideficientes
44.111,94
Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)
1.256,48
d) Programas de Cualificación Profesional Inicial
(Ratio 2:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
71.705,55
Gastos variables
5.218,53
Otros gastos
10.486,11
Importe total anual
87.410,19
Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias:
Psíquicos
39.816,44
Autistas o problemas graves de personalidad
35.758,58
Auditivos
29.813,03
Plurideficientes
44.111,94
Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)
1.256,48
e) Programas Profesionales para alumnos con necesidades educativas especiales
(Ratio 2:1)
Primer curso y Segundo curso
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
71.705,55
Gastos variables
5.218,53
Otros gastos
10.486,11
Importe total anual
87.410,19
Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias:
Psíquicos
39.816,44
Autistas o problemas graves de personalidad
35.758,58
Auditivos
29.813,03
Plurideficientes
44.111,94
Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)
1.256,48
7.- FORMACION PROFESIONAL
a) Formación Profesional Básica(ratio 1,56:1 períodos lectivos en el centro / ratio 0,54:1 períodos formación en la empresa)
Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (módulo medio por curso)
Primer curso
59.498,39
Segundo curso
59.498,39
Gastos variables (módulo medio por curso)
Primer curso
6.999,81
Segundo curso
6.999,81
Otros gastos (Primer y segundo curso)
Actividades agropecuarias
9.671,45
Actividades pesqueras
11.937,35
Agrojardinería y composiciones florales
9.671,45
Alojamiento y lavandería
9.111,63
Aprovechamiento forestales
9.671,45
Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel
9.111,63
Artes gráficas
11.141,53
Carpintería y mueble
10.505,14
Cocina y restauración
9.671,45
Electricidad y electrónica
10.413,51
Fabricación y montaje
11.937,35
Industrias alimentarias
9.111,63
Informática de oficinas
10.880,38
Informática y comunicaciones
10.880,38
Mantenimiento de vehículos
10.505,14
Peluquería y estética
9.111,63
Reforma y mantenimiento de edificios
9.671,45
Servicios administrativos
9.111,63
Servicios comerciales
9.111,63
Tapicería y cortinaje
9.111,63
Vidriería y alfarería
11.937,35
b) Ciclo formativo de grado medio
b.1) Ciclos de 1.300 a 1.700 horas (ratio hasta 1,56:1)
Salarios de personal docente incluidas cargas sociales
Primer curso
62.714,52
Segundo curso
-
Gastos variables
Primer curso
7.378,18
Segundo curso
-
Otros gastos:
según grupo de financiación.
GRUPO 1. Ciclos formativos de:
Estética Personal Decorativa.
Conducción de Actividades Físico deportivas en el Medio Natural.
Primer curso
12.490,88
Segundo curso
3.170,50
GRUPO 2. Ciclos formativos de:
Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Buceo a Media Profundidad.
Laboratorio de Imagen.
Elaboración de Productos Lácteos.
Matadero y Carnicería-Charcutería.
Molinería e Industrias Cerealistas.
Laboratorio.
Primer curso
14.915,89
Segundo curso
3.170,50
GRUPO 3. Ciclos formativos de:
Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado.
Transformación de Madera y Corcho.
Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos.
Operaciones de Proceso y Pasta de Papel.
Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho.
Operaciones de Ennoblecimiento Textil.
Primer curso
17.752,03
Segundo curso
3.170,50
GRUPO 4. Ciclos formativos de:
Encuadernados y Manipulados de Papel y Cartón.
Impresión en Artes Gráficas.
Fundición.
Tratamientos Superficiales y Térmicos.
Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble.
Calzado y Marroquinería.
Producción de Hilatura y Tejeduría Calada.
Producción de Tejidos de Punto.
Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos.
Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados.
Primer curso
20.538,56
Segundo curso
3.170,50
GRUPO 5. Ciclos formativos de:
En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.
GRUPO 6. Ciclos formativos de:
Operaciones de Cultivo Acuícola.
Primer curso
17.752,03
Segundo curso
5.127,04
GRUPO 11. Ciclos formativos de:
En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.
GRUPO 12. Ciclos formativos de:
Comercio.
Primer curso
24.134,25
Segundo curso
3.170,50
b.2) Ciclos de 2.000 horas (ratio 1,56:1 períodos lectivos en el centro/ratio 0,54:1 períodos de formación en la empresa)
Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (módulo medio por curso)
Primer curso
55.880,24
Segundo curso
55.880,24
Gastos variables (módulo medio por curso)
Primer curso
6.636,31
Segundo curso
6.636,31
Otros gastos:
según grupo de financiación.
GRUPO 7. Ciclos formativos:
Atención sociosanitaria.
Explotaciones Ganaderas.
Jardinería.
Trabajos Forestales y de Conservación de Medio Natural.
Pesca y Transporte Marítimo.
Obras de Albañilería.
Obras de Hormigón.
Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción.
Caracterización.
Emergencias Sanitarias.
Servicios en Restauración.
Farmacia y Parafarmacia.
Atención a Personas en Situación de Dependencia.
Aceites de Oliva y Vinos.
Planta Química.
Jardinería y Floristería.
Primer curso
11.935,43
Segundo curso
13.634,90
GRUPO 8. Ciclos formativos de:
Explotaciones Agrarias Extensivas.
Explotaciones Agrícolas Intensivas.
Operación, Control y Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones del Buque.
Acabados de Construcción.
Panadería, Repostería y Confitería.
Cocina y Gastronomía.
Sistemas Microinformáticos y Redes.
Instalaciones de Telecomunicaciones.
Primer curso
13.888,82
Segundo curso
15.532,81
GRUPO 9. Ciclos formativos de:
Instalaciones de Producción de Calor.
Instalaciones Frigoríficas y de climatización.
Primer curso
16.005,22
Segundo curso
17.757,51
GRUPO 10. Ciclos formativos de:
Preimpresión en Artes Gráficas.
Mecanizado.
Soldadura y Calderería.
Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducción de
Líneas.
Mantenimiento Ferroviario.
Mantenimiento Electromecánico.
Preimpresión digital.
Joyería.
Primer curso
18.513,62
Segundo curso
19.852,15
GRUPO 13. Ciclos formativos de:
Peluquería.
Peluquería y Cosmética Capilar.
Primer curso
16.753,48
Segundo curso
18.012,06
GRUPO 14. Ciclos formativos de:
Fabricación a Medida e Instalación de Madera y Mueble.
Carrocería.
Instalación y Amueblamiento.
Primer curso
16.433,52
Segundo curso
17.757,51
GRUPO 15. Ciclos formativos de:
Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
Confección y Moda.
Primer curso
20.273,19
Segundo curso
21.531,79
GRUPO 16. Ciclos formativos de:
Electromecánica de Vehículos Automóviles.
Primer curso
20.401,22
Segundo curso
21.627,79
GRUPO 17. Ciclos formativos de:
Equipos Electrónicos de Consumo.
Gestión Administrativa.
Primer curso
23.408,98
Segundo curso
24.635,54
8.- BACHILLERATO
(Ratio 1,64:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
65.930,65
Gastos variables
12.784,66
Otros gastos
9.264,21
Importe total anual
87.979,52
9.- OTRAS FUNCIONES DIRECTIVAS
De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.b) de la presente ley y en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los conceptos de gastos variables y otros gastos se verán incrementados, con destino a la financiación de otras funciones directivas docentes y no docentes, hasta las cuantías máximas por centro que aparecen a continuación. En el caso de la función directiva no docente, dicha financiación podrá justificarse tanto con el personal que preste servicios directamente en el centro como con personal que realice la función directiva no docente fuera del centro en equipos centralizados de dirección y gestión de la propia titularidad.
a) FUNCIÓN DIRECTIVA DOCENTE (a abonar a través de la nómina de pago delegado)
1.- A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto al menos dos de las siguientes enseñanzas: ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial módulos voluntarios), Bachillerato, Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio, hasta un importe máximo anual
4.755,28 €
2.- A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto Bachillerato, más otras dos enseñanzas entre las siguientes: ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial módulos voluntarios), Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio, se dotará una financiación adicional, hasta un importe máximo anual
4.755,28 €
3.- A los centros que impartan en régimen de concierto Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades en ese nivel y en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual
3.078,27 €
4.- A los centros que tengan en régimen de concierto al menos nueve unidades en Educación Especial, hasta un importe máximo anual
3.078,27 €
b) FUNCIÓN DIRECTIVA NO DOCENTE
1.- A los centros que impartan Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en esa etapa y, en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual
1.998,26 €
2.- A los centros que tengan al menos ocho unidades sostenidas con fondos públicos en ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial módulos voluntarios), Bachillerato, Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio, hasta un importe máximo anual
4.995,66 €
3.- A los centros que tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en Educación Especial, hasta un importe máximo anual
1.998,26 €
ANEXO V
Empresas Públicas con forma de Sociedad Mercantil del artículo 3.3
Campus de la Justicia de Madrid, S.A., en liquidación
Canal Energía, S.L.
Canal Energía Generación, S.L.
Canal Energía Comercialización, S.L.
Canal Energía Distribución, S.L.
Canal Gas Distribución, S.L.
|
Presupuestos de Com.de Madrid llegan hoy al #BOE El canon de Las Ventas se destina a la plaza y a promoción del toreo
|
[
"107",
"116",
"121",
"127"
] |
OTROS_ANUNCIOS
|
Comunidad de Madrid
|
Presupuestos de Comunidad de Madrid. El canon de Las Ventas se destina a la mejora del edificio y de las instalaciones de dicha plaza, así como al fomento y promoción de la Fiesta de los Toros en todas sus dimensiones.
|
[
"3842",
"4831",
"5429",
"5435",
"5685"
] | 772
|
|
2013-02-16
|
BOE-B-2013-6051
|
Anuncio del Congreso de los Diputados sobre formalización del contrato de suministro de vestuario para el personal del Congreso de los Diputados.
|
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<documento fecha_actualizacion='20200821112601'>
<metadatos>
<identificador>BOE-B-2013-6051</identificador>
<titulo>Anuncio del Congreso de los Diputados sobre formalización del contrato de suministro de vestuario para el personal del Congreso de los Diputados.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>41</diario_numero>
<seccion>5</seccion>
<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='1220'>Cortes Generales</departamento>
<numero_anuncio>A130007060</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20130216</fecha_publicacion>
<letra_imagen>B</letra_imagen>
<pagina_inicial>7921</pagina_inicial>
<pagina_final>7921</pagina_final>
<suplemento_letra_imagen></suplemento_letra_imagen>
<suplemento_pagina_inicial></suplemento_pagina_inicial>
<suplemento_pagina_final></suplemento_pagina_final>
<url_pdf>/boe/dias/2013/02/16/pdfs/BOE-B-2013-6051.pdf</url_pdf>
</metadatos>
<analisis>
<modalidad codigo='F'>Formalización contrato</modalidad>
<tipo codigo='1'>Suministros</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas></fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas></fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe></importe>
<ambito_geografico>Comunidad de Madrid</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>18000000 Prendas de vestir, calzado, artículos de viaje y accesorios</materias_cpv>
<observaciones>Varias adjudicaciones</observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Congreso de los Diputados.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Departamento de Patrimonio Histórico-Artístico y Adquisiciones.</dd>
<dt>d) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>www.congreso.es.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Suministros.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Suministro de vestuario para el personal del Congreso de los Diputados.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación.</dt>
<dd> Importe neto: 282.000 euros. Importe total: 332.760 euros. </dd>
<dt>6. Formalización del contrato:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha de adjudicación: </dt>
<dd>10 de enero de 2013.</dd>
<dt>b) Fecha de formalización del contrato: </dt>
<dd>1 de febrero de 2013.</dd>
<dt>c) Contratista: </dt>
<dd>Lote 1 y 2: El Corte Militar. Lote 3: El Corte Inglés.</dd>
<dt>d) Importe o canon de adjudicación: </dt>
<dd> Importe neto: Lote 1: 145.622,06. Lote 2: 35.040,08. Lote 3: 32.260,48. Importe total: Lote 1: 176.202,69. Lote 2: 42.398,50. Lote 3: 39.035,18. </dd>
</dl>
</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 8 de febrero de 2013.- Manuel Alba Navarro, Secretario General del Congreso de los Diputados.</p>
</texto>
</documento>
|
Sat Feb 16 11:04:45 +0000 2013
|
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Congreso de los Diputados.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Patrimonio Histórico-Artístico y Adquisiciones.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.congreso.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministros.
b) Descripción:
Suministro de vestuario para el personal del Congreso de los Diputados.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 282.000 euros. Importe total: 332.760 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
10 de enero de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
1 de febrero de 2013.
c) Contratista:
Lote 1 y 2: El Corte Militar. Lote 3: El Corte Inglés.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: Lote 1: 145.622,06. Lote 2: 35.040,08. Lote 3: 32.260,48. Importe total: Lote 1: 176.202,69. Lote 2: 42.398,50. Lote 3: 39.035,18.
Madrid, 8 de febrero de 2013.- Manuel Alba Navarro, Secretario General del Congreso de los Diputados.
|
Vestuario trabajadores del Congreso: 332.760 euros. Para El Corte Militar y El Corte Inglés (no hay relación) #BOE
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[] |
CONTRATOS_LICITACIONES
|
Cortes Generales
|
Contrato para el suministro de vestuario para el personal del Congreso de los Diputados por importe total de 332.760 euros.
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[] | 773
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||
2015-09-16
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BOE-A-2015-9972
|
Acuerdo de 29 de julio de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo para adoptar escudo heráldico y bandera municipal.
|
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<documento fecha_actualizacion='20181023201512'>
<metadatos>
<identificador>BOE-A-2015-9972</identificador>
<titulo>Acuerdo de 29 de julio de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo para adoptar escudo heráldico y bandera municipal.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>222</diario_numero>
<seccion>3</seccion>
<subseccion></subseccion>
<departamento codigo='8131'>Comunidad de Madrid</departamento>
<rango codigo='1020'>Acuerdo</rango>
<numero_oficial></numero_oficial>
<fecha_disposicion>20150729</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20150916</fecha_publicacion>
<fecha_vigencia></fecha_vigencia>
<fecha_derogacion></fecha_derogacion>
<letra_imagen>A</letra_imagen>
<pagina_inicial>81457</pagina_inicial>
<pagina_final>81458</pagina_final>
<suplemento_letra_imagen></suplemento_letra_imagen>
<suplemento_pagina_inicial></suplemento_pagina_inicial>
<suplemento_pagina_final></suplemento_pagina_final>
<estatus_legislativo></estatus_legislativo>
<origen_legislativo codigo='2'>Autonómico</origen_legislativo>
<estado_consolidacion codigo=''></estado_consolidacion>
<judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
<vigencia_agotada>N</vigencia_agotada>
<estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
<url_epub></url_epub>
<url_pdf>/boe/dias/2015/09/16/pdfs/BOE-A-2015-9972.pdf</url_pdf>
<url_pdf_catalan></url_pdf_catalan>
<url_pdf_euskera></url_pdf_euskera>
<url_pdf_gallego></url_pdf_gallego>
<url_pdf_valenciano></url_pdf_valenciano>
</metadatos>
<analisis>
<notas></notas>
<materias></materias>
<alertas></alertas>
<referencias>
<anteriores></anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio la tramitación de los expedientes de aprobación, modificación o rehabilitación de banderas y escudos municipales y otros símbolos municipales, según el Decreto 25/2015, de 26 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, en relación con el Decreto 72/2015, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>El Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo inició el expediente para la adopción<em> </em>de su Escudo Heráldico y Bandera Municipal, de acuerdo con la propuesta aprobada por el Pleno Municipal en sesión de 12 de febrero de 2014.</p>
<p class='parrafo'>La Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y la Real Academia de la Historia emitieron sendos informes favorables con fechas 6 y 13 de marzo de 2015, respectivamente, proponiendo algunas mejoras.</p>
<p class='parrafo'>El Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo, con fecha 15 de abril de 2015, adoptó nuevo Acuerdo por el que se adapta la propuesta a las sugerencias del informe de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.</p>
<p class='parrafo'>Consta asimismo informe favorable de la Dirección General de Relaciones Externas de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, emitido el 14 de mayo de 2015.</p>
<p class='parrafo'>El procedimiento se ha sustanciado con arreglo a las normas establecidas en los artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en el Decreto 30/1987, de 9 de abril del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se regula el procedimiento de adopción, modificación o rehabilitación de banderas y escudos municipales, y en el artículo 7 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, el Consejo de Gobierno, previa deliberación en reunión de fecha 29 de julio de 2015, acuerda:</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>Autorizar la adopción del Escudo Heráldico y Bandera Municipal de Colmenar del Arroyo, con la descripción siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>Escudo: «Escudo partido; De oro, una colmena orlada de ocho abejas de su color y puesta sobre ondas de azur y plata. Segundo y tercero, de gules, un acueducto de dos órdenes, de plata, mazonado de sable y puesto sobre diez peñascos de plata. Cuarto, de oro, una olma de su color, puesta sobre ondas de azur y plata. Al timbre, Corona Real cerrada».</p>
<p class='parrafo'>Bandera: «Paño de proporciones 2:3, de color verde, terciado en bajo de azul, perfilado de blanco y cargado al centro del escudo municipal».</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo.</p>
<p class='articulo'>Tercero.</p>
<p class='parrafo'>Este acuerdo es publicará en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», produciendo efectos desde el día siguiente a su publicación en este boletín oficial. También se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 29 de julio de 2015.–El Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada.–La Presidenta, Cristina Cifuentes Cuencas.</p>
</texto>
</documento>
|
Wed Sep 16 08:46:10 +0000 2015
|
Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio la tramitación de los expedientes de aprobación, modificación o rehabilitación de banderas y escudos municipales y otros símbolos municipales, según el Decreto 25/2015, de 26 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, en relación con el Decreto 72/2015, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo inició el expediente para la adopción de su Escudo Heráldico y Bandera Municipal, de acuerdo con la propuesta aprobada por el Pleno Municipal en sesión de 12 de febrero de 2014.
La Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y la Real Academia de la Historia emitieron sendos informes favorables con fechas 6 y 13 de marzo de 2015, respectivamente, proponiendo algunas mejoras.
El Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo, con fecha 15 de abril de 2015, adoptó nuevo Acuerdo por el que se adapta la propuesta a las sugerencias del informe de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
Consta asimismo informe favorable de la Dirección General de Relaciones Externas de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, emitido el 14 de mayo de 2015.
El procedimiento se ha sustanciado con arreglo a las normas establecidas en los artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en el Decreto 30/1987, de 9 de abril del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se regula el procedimiento de adopción, modificación o rehabilitación de banderas y escudos municipales, y en el artículo 7 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, el Consejo de Gobierno, previa deliberación en reunión de fecha 29 de julio de 2015, acuerda:
Primero.
Autorizar la adopción del Escudo Heráldico y Bandera Municipal de Colmenar del Arroyo, con la descripción siguiente:
Escudo: «Escudo partido; De oro, una colmena orlada de ocho abejas de su color y puesta sobre ondas de azur y plata. Segundo y tercero, de gules, un acueducto de dos órdenes, de plata, mazonado de sable y puesto sobre diez peñascos de plata. Cuarto, de oro, una olma de su color, puesta sobre ondas de azur y plata. Al timbre, Corona Real cerrada».
Bandera: «Paño de proporciones 2:3, de color verde, terciado en bajo de azul, perfilado de blanco y cargado al centro del escudo municipal».
Segundo.
Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo.
Tercero.
Este acuerdo es publicará en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», produciendo efectos desde el día siguiente a su publicación en este boletín oficial. También se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 29 de julio de 2015.–El Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada.–La Presidenta, Cristina Cifuentes Cuencas.
|
Símbolos. Galapagar y Colmenar del Arroyo (Madrid) ya tienen banderica oficial #BOE
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[] |
OTROS_ANUNCIOS
|
Comunidad de Madrid
|
Colmenar del Arroyo (Madrid) ya tiene Escudo Heráldico y Bandera Municipal.
|
[] | 775
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||
2013-07-23
|
BOE-B-2013-28574
|
Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la formalización del contrato que tiene por objeto la contratación de las pólizas de seguros del Ayuntamiento de Barcelona.
|
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<documento fecha_actualizacion='20200821115601'>
<metadatos>
<identificador>BOE-B-2013-28574</identificador>
<titulo>Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la formalización del contrato que tiene por objeto la contratación de las pólizas de seguros del Ayuntamiento de Barcelona.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>175</diario_numero>
<seccion>5</seccion>
<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='9525'>Administración Local</departamento>
<numero_anuncio>A130044078</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20130723</fecha_publicacion>
<letra_imagen>B</letra_imagen>
<pagina_inicial>38203</pagina_inicial>
<pagina_final>38203</pagina_final>
<suplemento_letra_imagen></suplemento_letra_imagen>
<suplemento_pagina_inicial></suplemento_pagina_inicial>
<suplemento_pagina_final></suplemento_pagina_final>
<url_pdf>/boe/dias/2013/07/23/pdfs/BOE-B-2013-28574.pdf</url_pdf>
</metadatos>
<analisis>
<modalidad codigo='F'>Formalización contrato</modalidad>
<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas></fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas></fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>9.519.999,00</importe>
<ambito_geografico>Cataluña</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>66000000 Servicios financieros y de seguros</materias_cpv>
<observaciones>Varias adjudicaciones</observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Ayuntamiento de Barcelona.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Dirección de Servicios de Administración.</dd>
<dt>c) Número de expediente: </dt>
<dd>Expediente 0514/12.</dd>
<dt>d) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>www.bcn.cat/perfilde contractant.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Contrato administrativo de servicios.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Contratación de las pólizas de seguros del Ayuntamiento de Barcelona.</dd>
<dt>c) Lote: </dt>
<dd>4 Lotes: Lote 1: seguros de accidentes personales; Lote 2: seguros de todo riesgo de pérdidas o daños materiales del patrimonio; Lote 3: seguros de vehículos terrestres; lote 4: seguros de responsabilidad patrimonial y civil.</dd>
<dt>d) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>672020.</dd>
<dt>e) Acuerdo marco: </dt>
<dd>No.</dd>
<dt>g) Medio de publicación del anuncio de licitación: </dt>
<dd>Anuncio al DOUE 2012/S 126-209338; anuncio en el BOE número 164; Perfil de contratante del Ayuntamiento de Barcelona.</dd>
<dt>h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: </dt>
<dd>Doue: 4 de julio de 2012; Boe: 10 de julio de 2012; Perfil de contratante: 3 de julio de 2012.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>11.900.000,48.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación.</dt>
<dd> Importe neto: 11.900.000,48 euros. Importe total: 11.900.000,48 euros. </dd>
<dt>6. Formalización del contrato:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha de adjudicación: </dt>
<dd>31 de octubre del 2012.</dd>
<dt>b) Fecha de formalización del contrato: </dt>
<dd>27 de noviembre del 2012.</dd>
<dt>c) Contratista: </dt>
<dd>Lote 1: Zurich Insurance PLC Sucursal en España, Lote 2: Zurich Insurance PLC Sucursal en España, Lote 3: Zurich Insurance PLC Sucursal en España, Lote 4: Zurich Insurance PLC Sucursal en España.</dd>
<dt>d) Importe o canon de adjudicación: </dt>
<dd> Importe neto: 9.519.999,00 euros. Importe total: 9.519.999,00. De acuerdo con el siguiente desglose: Lote 1: 932.268,00 euros; Lote 2: 1.295.295,00 euros; Lote 3: 603.142,00 euros; Lote 4: 6.689.294,00 euros. </dd>
<dt>e) Ventajas de la oferta adjudicataria: </dt>
<dd>La mejor oferta económica en la subasta electrónica celebrada.</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
<p class='parrafo'>Barcelona, 17 de julio de 2013.- El Secretario Delegado, Antonio Galiano Barajas.</p>
</texto>
</documento>
|
Tue Jul 23 08:08:38 +0000 2013
|
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios de Administración.
c) Número de expediente:
Expediente 0514/12.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.bcn.cat/perfilde contractant.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Contrato administrativo de servicios.
b) Descripción:
Contratación de las pólizas de seguros del Ayuntamiento de Barcelona.
c) Lote:
4 Lotes: Lote 1: seguros de accidentes personales; Lote 2: seguros de todo riesgo de pérdidas o daños materiales del patrimonio; Lote 3: seguros de vehículos terrestres; lote 4: seguros de responsabilidad patrimonial y civil.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
672020.
e) Acuerdo marco:
No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Anuncio al DOUE 2012/S 126-209338; anuncio en el BOE número 164; Perfil de contratante del Ayuntamiento de Barcelona.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
Doue: 4 de julio de 2012; Boe: 10 de julio de 2012; Perfil de contratante: 3 de julio de 2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
11.900.000,48.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 11.900.000,48 euros. Importe total: 11.900.000,48 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
31 de octubre del 2012.
b) Fecha de formalización del contrato:
27 de noviembre del 2012.
c) Contratista:
Lote 1: Zurich Insurance PLC Sucursal en España, Lote 2: Zurich Insurance PLC Sucursal en España, Lote 3: Zurich Insurance PLC Sucursal en España, Lote 4: Zurich Insurance PLC Sucursal en España.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 9.519.999,00 euros. Importe total: 9.519.999,00. De acuerdo con el siguiente desglose: Lote 1: 932.268,00 euros; Lote 2: 1.295.295,00 euros; Lote 3: 603.142,00 euros; Lote 4: 6.689.294,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
La mejor oferta económica en la subasta electrónica celebrada.
Barcelona, 17 de julio de 2013.- El Secretario Delegado, Antonio Galiano Barajas.
|
Zurich, compañía aseguradora del ayuntamiento de Barcelona, por 9 millones y medio #BOE
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Administración Local
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Contratación de las pólizas de seguros del Ayuntamiento de Barcelona por importe total de 9.519.999,00. (Lote 1: 932.268,00 euros; Lote 2: 1.295.295,00 euros; Lote 3: 603.142,00 euros; Lote 4: 6.689.294,00 euros.)
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[] | 776
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2013-04-29
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BOE-B-2013-16326
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Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del suministro en arrendamiento e instalación de la iluminación ornamental desde las Fiestas Patronales de 2013 hasta el Carnaval de 2015.
|
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<documento fecha_actualizacion='20200821115601'>
<metadatos>
<identificador>BOE-B-2013-16326</identificador>
<titulo>Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del suministro en arrendamiento e instalación de la iluminación ornamental desde las Fiestas Patronales de 2013 hasta el Carnaval de 2015.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>102</diario_numero>
<seccion>5</seccion>
<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='9525'>Administración Local</departamento>
<numero_anuncio>A130021674</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20130429</fecha_publicacion>
<letra_imagen>B</letra_imagen>
<pagina_inicial>21718</pagina_inicial>
<pagina_final>21719</pagina_final>
<suplemento_letra_imagen></suplemento_letra_imagen>
<suplemento_pagina_inicial></suplemento_pagina_inicial>
<suplemento_pagina_final></suplemento_pagina_final>
<url_pdf>/boe/dias/2013/04/29/pdfs/BOE-B-2013-16326.pdf</url_pdf>
</metadatos>
<analisis>
<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
<tipo codigo='1'>Suministros</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas>Hasta las 13:00 horas del día 27 de mayo de 2013</fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas>Indicado en el perfil del contratante</fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>224.301,71</importe>
<ambito_geografico>Comunidad de Madrid</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>31000000 Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación
45000000 Trabajos de construcción</materias_cpv>
<observaciones>Suministros y obras</observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Ayuntamiento de Fuenlabrada.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Negociado de Contratación.</dd>
<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Negociado de Contratación.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Plaza de la Constitución, número 1.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Fuenlabrada 28943.</dd>
<dt>4) Teléfono: </dt>
<dd>91 649 70 00.</dd>
<dt>5) Telefax: </dt>
<dd>91 649 70 99.</dd>
<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>www.ayto-fuenlabrada.es.</dd>
<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
<dd>Hasta el día final del plazo de recepción de ofertas.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>d) Número de expediente: </dt>
<dd>C.5.C.13.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Suministro.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Suministro en arrendamiento e instalación de la iluminación ornamental desde las Fiestas Patronales de 2013 hasta el Carnaval de 2015.</dd>
<dt>d) Lugar de ejecución/entrega: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Domicilio: </dt>
<dd>Ayuntamiento de Fuenlabrada.</dd>
<dt>2) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Fuenlabrada .</dd>
</dl>
</dd>
<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
<dd>Dos años.</dd>
<dt>f) Admisión de prórroga: </dt>
<dd>Posibilidad de prórroga por dos años más.</dd>
<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>45310000-3 Trabajos de instalación eléctrica.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
<dd>A) Número de trabajadores destinados al servicio de guardia y mantenimiento (Hasta 20 puntos); B) Oferta Ecónomica (Hasta 80 puntos).</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>370.746,62.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) </dt>
<dd> Importe neto: 185.373,31 euros. Importe total: 224.301,71 euros. </dd>
</dl>
</dd>
<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
<dd>Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación; Impuesto del Valor Añadido (I.VA.). Excluido.</dd>
<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
<dd>No se exige.</dd>
<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
<dd>Indicado en el pliego administrativo.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
<dd>Hasta las 13:00 horas del día 27 de mayo de 2013.</dd>
<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Negociado de Contratación.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Plaza de la Constitución, número 1, Edificio 2, planta segunda.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Fuenlabrada 28943.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: </dt>
<dd>Dos meses, contados a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Descripción: </dt>
<dd>Apertura: A las 12:00 horas del día 6 de junio de 2013. Primera planta.</dd>
<dt>b) Dirección: </dt>
<dd>Plaza de la Constitución, número 1, primera planta.</dd>
<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Fuenlabrada.</dd>
<dt>d) Fecha y hora: </dt>
<dd>Indicado en el perfil del contratante.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
<dd>A cargo del adjudicatario.</dd>
<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
<dd>17 de abril de 2013.</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Fuenlabrada, 19 de abril de 2013.- El Alcalde, don Manuel Robles Delgado.</p>
</texto>
</documento>
|
Mon Apr 29 10:17:59 +0000 2013
|
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Negociado de Contratación.
2) Domicilio:
Plaza de la Constitución, número 1.
3) Localidad y código postal:
Fuenlabrada 28943.
4) Teléfono:
91 649 70 00.
5) Telefax:
91 649 70 99.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.ayto-fuenlabrada.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Hasta el día final del plazo de recepción de ofertas.
d) Número de expediente:
C.5.C.13.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministro.
b) Descripción:
Suministro en arrendamiento e instalación de la iluminación ornamental desde las Fiestas Patronales de 2013 hasta el Carnaval de 2015.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Ayuntamiento de Fuenlabrada.
2) Localidad y código postal:
Fuenlabrada .
e) Plazo de ejecución/entrega:
Dos años.
f) Admisión de prórroga:
Posibilidad de prórroga por dos años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
45310000-3 Trabajos de instalación eléctrica.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
A) Número de trabajadores destinados al servicio de guardia y mantenimiento (Hasta 20 puntos); B) Oferta Ecónomica (Hasta 80 puntos).
4. Valor estimado del contrato:
370.746,62.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 185.373,31 euros. Importe total: 224.301,71 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación; Impuesto del Valor Añadido (I.VA.). Excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Indicado en el pliego administrativo.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
Hasta las 13:00 horas del día 27 de mayo de 2013.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Negociado de Contratación.
2) Domicilio:
Plaza de la Constitución, número 1, Edificio 2, planta segunda.
3) Localidad y código postal:
Fuenlabrada 28943.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Dos meses, contados a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Apertura: A las 12:00 horas del día 6 de junio de 2013. Primera planta.
b) Dirección:
Plaza de la Constitución, número 1, primera planta.
c) Localidad y código postal:
Fuenlabrada.
d) Fecha y hora:
Indicado en el perfil del contratante.
10. Gastos de publicidad:
A cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
17 de abril de 2013.
Fuenlabrada, 19 de abril de 2013.- El Alcalde, don Manuel Robles Delgado.
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Ayto Fuenlabrada: más de medio millón en infraestructuras y 224.000 en luces para festejos
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CONTRATOS_LICITACIONES
|
Administración Local
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Licitación para el suministro en arrendamiento e instalación de la iluminación ornamental desde las Fiestas Patronales de 2013 hasta el Carnaval de 2015 por importe total de 224.301,71 euros.
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2020-10-07
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BOE-A-2020-11898
|
Real Decreto 897/2020, de 6 de octubre, por el que se nombra Directora del Gabinete del Ministro del Interior a doña Susana Crisóstomo Sanz.
|
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<documento fecha_actualizacion='20201007072601'>
<metadatos>
<identificador>BOE-A-2020-11898</identificador>
<titulo>Real Decreto 897/2020, de 6 de octubre, por el que se nombra Directora del Gabinete del Ministro del Interior a doña Susana Crisóstomo Sanz.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>265</diario_numero>
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<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='7320'>Ministerio del Interior</departamento>
<rango codigo='1340'>Real Decreto</rango>
<numero_oficial>897/2020</numero_oficial>
<fecha_disposicion>20201006</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20201007</fecha_publicacion>
<fecha_vigencia></fecha_vigencia>
<fecha_derogacion></fecha_derogacion>
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<pagina_inicial>85059</pagina_inicial>
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<suplemento_pagina_inicial></suplemento_pagina_inicial>
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<judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
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<url_epub></url_epub>
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<url_pdf_catalan></url_pdf_catalan>
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<analisis>
<notas></notas>
<materias></materias>
<alertas>
<alerta codigo='139' orden=''>Nombramientos y ceses de altos cargos</alerta>
</alertas>
<referencias>
<anteriores></anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de octubre de 2020,</p>
<p class='parrafo'>Vengo en nombrar Directora del Gabinete del Ministro del Interior a doña Susana Crisóstomo Sanz.</p>
<p class='parrafo_2'>Dado en Madrid, el 6 de octubre de 2020.</p>
<p class='firma_rey'>FELIPE R.</p>
<p class='firma_ministro'>El Ministro del Interior,</p>
<p class='firma_ministro'>FERNANDO GRANDE-MARLASKA GÓMEZ</p>
</texto>
</documento>
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Wed Oct 07 06:38:06 +0000 2020
|
A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de octubre de 2020,
Vengo en nombrar Directora del Gabinete del Ministro del Interior a doña Susana Crisóstomo Sanz.
Dado en Madrid, el 6 de octubre de 2020.
FELIPE R.
El Ministro del Interior,
FERNANDO GRANDE-MARLASKA GÓMEZ
|
Marlaska nombra nueva jefa de gabinete. En esta noticia del lunes hay más info del tema: #BOE
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[
"139"
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NOMBRAMIENTOS_Y_CESES
|
Ministerio del Interior
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Susana Crisóstomo Sanz, nombrada Directora del Gabinete del Ministro del Interior
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2013-07-08
|
BOE-B-2013-26224
|
Anuncio de licitación de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para la contratación del servicio de bar-cafetería para la sede de la AEBOE de Avenida de Manoteras, 54, de Madrid. Expediente 2013/01000326.
|
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<documento fecha_actualizacion='20181023185509'>
<metadatos>
<identificador>BOE-B-2013-26224</identificador>
<titulo>Anuncio de licitación de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para la contratación del servicio de bar-cafetería para la sede de la AEBOE de Avenida de Manoteras, 54, de Madrid. Expediente 2013/01000326.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>162</diario_numero>
<seccion>5</seccion>
<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='7710'>Ministerio de la Presidencia</departamento>
<numero_anuncio>A130040938</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20130708</fecha_publicacion>
<letra_imagen>B</letra_imagen>
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<pagina_final>34994</pagina_final>
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<suplemento_pagina_final></suplemento_pagina_final>
<url_pdf>/boe/dias/2013/07/08/pdfs/BOE-B-2013-26224.pdf</url_pdf>
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<analisis>
<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas>Hasta las 15:00 horas del 11 de septiembre de 2013</fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas>25 de septiembre de 2013, a las 12:00 horas</fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>233.200,00</importe>
<ambito_geografico>Comunidad de Madrid</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>55000000 Servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Departamento de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.</dd>
<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Avenida de Manoteras, 54.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid, 28050.</dd>
<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>http://contrataciondelestado.es.</dd>
<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
<dd>Hasta las 15:00 horas del 11 de septiembre de 2013.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>d) Número de expediente: </dt>
<dd>2013/01000326.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Servicios.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Servicio de bar-cafetería para la sede de la AEBOE.</dd>
<dt>d) Lugar de ejecución/entrega: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Domicilio: </dt>
<dd>Avenida de Manoteras, 54.</dd>
<dt>2) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid 28050.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>55330000-2 Servicios de cafetería.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>424.000,00 euros.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) </dt>
<dd> Importe neto: 212.000,00 euros. Importe total: 233.200,00 euros. </dd>
</dl>
</dd>
<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
<dd> Definitiva (%): 5%.</dd>
<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
<dd>Grupo M, subgrupo 6, Categoría A.</dd>
<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
<dd>Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
<dd>Hasta las 15:00 horas del 11 de septiembre de 2013.</dd>
<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
<dd>Manual.</dd>
<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Registro General de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Avenida de Manoteras, 54.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid 28050.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
<dd>No.</dd>
<dt>f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: </dt>
<dd>2 meses.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Descripción: </dt>
<dd>Apertura sobre C.</dd>
<dt>b) Dirección: </dt>
<dd>Avenida de Manoteras, 54 (Salón de Actos de la AEBOE).</dd>
<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid.</dd>
<dt>d) Fecha y hora: </dt>
<dd>25 de septiembre de 2013, a las 12:00 horas.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
<dd>722,63 euros.</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 3 de julio de 2013.- El Director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.</p>
</texto>
</documento>
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Mon Jul 08 07:50:56 +0000 2013
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1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
2) Domicilio:
Avenida de Manoteras, 54.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28050.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Hasta las 15:00 horas del 11 de septiembre de 2013.
d) Número de expediente:
2013/01000326.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicio de bar-cafetería para la sede de la AEBOE.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Avenida de Manoteras, 54.
2) Localidad y código postal:
Madrid 28050.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
55330000-2 Servicios de cafetería.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
424.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 212.000,00 euros. Importe total: 233.200,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5%.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo M, subgrupo 6, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
Hasta las 15:00 horas del 11 de septiembre de 2013.
b) Modalidad de presentación:
Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro General de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
2) Domicilio:
Avenida de Manoteras, 54.
3) Localidad y código postal:
Madrid 28050.
e) Admisión de variantes:
No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
2 meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Apertura sobre C.
b) Dirección:
Avenida de Manoteras, 54 (Salón de Actos de la AEBOE).
c) Localidad y código postal:
Madrid.
d) Fecha y hora:
25 de septiembre de 2013, a las 12:00 horas.
10. Gastos de publicidad:
722,63 euros.
Madrid, 3 de julio de 2013.- El Director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
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Licitación cafetería en el edificio del #BOE: 166.600 euros/año Alcohol: los trabajadores solo pueden tomar cerveza
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Ministerio de la Presidencia
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Licitación del servicio de bar-cafetería para la sede de la AEBOE por importe total de 233.200,00 euros.
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[] | 779
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2014-01-31
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BOE-A-2014-1012
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Resolución 500/38014/2014, de 14 de enero, de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército, por la que se publica la convocatoria de Premios Ejército 2014.
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<documento fecha_actualizacion='20220119102602'>
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<identificador>BOE-A-2014-1012</identificador>
<titulo>Resolución 500/38014/2014, de 14 de enero, de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército, por la que se publica la convocatoria de Premios Ejército 2014.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<departamento codigo='6110'>Ministerio de Defensa</departamento>
<rango codigo='1370'>Resolución</rango>
<numero_oficial>500/38014/2014</numero_oficial>
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<texto>
<p class='centro_negrita'>Bases Premios Ejército 2014</p>
<p class='parrafo_2'>Con objeto de propiciar la creación artística referida a las múltiples actividades del Ejército de Tierra Español en el marco de las Fuerzas Armadas, así como el conocimiento y divulgación de la vida militar, el General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra dispone:</p>
<p class='articulo'>Primera. Convocatoria.</p>
<p class='parrafo'>Se convocan los Premios Ejército 2014 en su «52 edición» en las siguientes modalidades: Pintura general, pintura rápida, fotografía, miniaturas militares, enseñanza escolar e investigación en humanidades y ciencias sociales.</p>
<p class='articulo'>Segunda. Normas generales.</p>
<p class='parrafo'>2.1 Tema de Premios Ejército. Podrán concurrir a los Premios Ejército 2014 autores, nacionales o extranjeros, cuyas obras y trabajos estén referidos o relacionados con cualquiera de las múltiples actividades del Ejército de Tierra Español.</p>
<p class='parrafo'>2.2 Para facilitar, en su caso, el conocimiento de sus actividades, los concursantes que lo deseen, podrán visitar las Unidades, Centros u Organismos del Ejército de Tierra que tengan relación con su trabajo, siempre y cuando sea posible de acuerdo con las actividades de las Unidades a visitar y las normas de seguridad en vigor. Para ello, podrán solicitarlo a las Oficinas de Comunicación Territoriales, cuyas direcciones pueden encontrarse en la página web del Ejército de Tierra, según lo indicado en el punto 2.12 de estas bases, o bien directamente a las Unidades que estén interesados en visitar.</p>
<p class='parrafo'>2.3 El jurado estará formado por personas de acreditado prestigio en cada una de las modalidades. En calidad de presidente de los jurados actuará un Oficial General del Ejército de Tierra.</p>
<p class='parrafo'>2.4 El fallo sólo se hará público una vez firmada el acta de deliberación por el jurado correspondiente, publicándose en la página web (punto 2.12) y posteriormente en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de Defensa».</p>
<p class='parrafo'>2.5 El fallo de los premios se comunicará a los ganadores. Los autores recogerán el premio personalmente o a través de una persona delegada expresamente por el autor, en un acto oficial que se les anunciará previamente.</p>
<p class='parrafo'>2.6 El jurado podrá declarar desierto cualquier premio cuando estime que las obras presentadas no reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria o carecen de la calidad y el rigor adecuados, no pudiendo además declarar ningún premio ex aequo. El fallo del jurado es inapelable.</p>
<p class='parrafo'>2.7 No podrán presentarse familiares de los miembros del Jurado, ni personas vinculadas al desarrollo de los Premios. Los miembros del jurado, una vez dejen de formar parte del mismo, no podrán presentarse como concursante, en la modalidad a la cual estaban vinculados, durante las tres (3) ediciones posteriores a la última en la que fueron miembros del jurado.</p>
<p class='parrafo'>2.8 El Ejército de Tierra no se hace responsable de los deterioros que puedan sufrir las obras desde su entrega hasta su devolución. Los autores, si así lo estiman oportuno, podrán suscribir un seguro que cubra estos posibles deterioros, cuyos gastos correrán por cuenta del suscriptor.</p>
<p class='parrafo'>2.9 Las obras que hayan resultado ganadoras o seleccionadas, así como el nombre de sus autores, podrá ser difundido por cualquier medio de comunicación social.</p>
<p class='parrafo'>2.10 Las obras seleccionadas, antes de la devolución a sus autores, podrán ser expuestas, junto con las obras ganadoras, en una exposición de los Premios Ejército de la que se informará en la página web y que se realizará en fecha próxima posterior a la entrega de premios.</p>
<p class='parrafo'>2.11 Las obras y trabajos galardonados quedarán en propiedad del Ejército de Tierra, reservándose los derechos de propiedad y explotación, incluyendo réplicas totales o parciales sobre los mismos, por un plazo de tiempo ilimitado, ajustándose a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, que aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y las modificaciones establecidas en la Ley 23/2006, de 7 de julio. No obstante, cuando el autor pretenda hacer uso de esta obra, podrá solicitarlo al Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra.</p>
<p class='parrafo'>2.12 Para cuanta información necesiten pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico [email protected], teléfonos 91.780.28.93, 91.780.35.79 y 91.780.20.57, consultar en la página web http://www.ejercito.mde.es/premios-ejercito o dirigirse a las Oficinas de Comunicación Territoriales cuyas direcciones podrán encontrar en la página web anterior.</p>
<p class='parrafo'>2.13 De conformidad con la legislación vigente, todos los premios están sujetos a retención fiscal.</p>
<p class='parrafo'>2.14 Una vez adjudicados los premios con dotación económica, objeto de la presente convocatoria, los mismos serán abonados con cargo al subconcepto 227.06 mediante la tramitación del oportuno expediente de gasto en los términos previstos por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre y previa acreditación de la existencia de crédito adecuado y suficiente para su financiación.</p>
<p class='parrafo'>2.15 La participación en cada una de las modalidades supone la aceptación de las bases de la convocatoria.</p>
<p class='articulo'>Tercera. Pintura General.</p>
<p class='parrafo'>3.1 Se considera una única categoría que constará de los siguientes Premios:</p>
<p class='parrafo_2'>– Un primer premio dotado con 6.000 euros, trofeo y diploma.</p>
<p class='parrafo'>– Un segundo premio dotado con 4.000 euros, placa y diploma.</p>
<p class='parrafo_2'>Medidas: Las obras deberán tener un mínimo de 50 centímetros y un máximo de 170 centímetros por cualquiera de sus lados.</p>
<p class='parrafo'>Montaje: Deberán presentarse montadas en bastidores o soporte sólido y con un listoncillo o junquillo de anchura no superior a 5 centímetros y 1 centímetro de grosor. No serán admitidas las protegidas por cristal o cualquier otro elemento superpuesto que resulte peligroso para su integridad o transporte.</p>
<p class='parrafo'>Técnica y estilo: Libre. Para la valoración de las obras se tendrá en cuenta la forma de plasmar la imagen del Ejército de Tierra, prestándose especial atención a la creatividad y originalidad, no sólo en la composición sino también en las técnicas y materiales utilizados.</p>
<p class='parrafo_2'>3.2 Los autores podrán presentar como máximo una obra.</p>
<p class='parrafo'>3.3 Las obras que se presenten a concurso serán originales, inéditas y no presentadas a anteriores ediciones de Premios Ejército.</p>
<p class='parrafo'>3.4 Las obras deberán tener entrada, en mano o por mensajería, entre el 14 y el 30 de abril de 2014 (ambos inclusive), de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de nueve a trece horas, en el Cuartel General del Ejército, Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra, calle Prim, núm. 6, 28004 Madrid.</p>
<p class='parrafo'>3.5 Junto con la obra se entregará un sobre. En el exterior de éste aparecerá únicamente el título de la obra, y dentro se incluirá debidamente cumplimentado el «Anexo A» de esta convocatoria.</p>
<p class='parrafo'>3.6 El plazo de retirada de las obras no premiadas comenzará tan pronto como sea posible una vez producido el fallo de los jurados, de lo que se informará a través de la página web (punto 2.12). Sólo se podrán retirar las obras no premiadas solicitándolo previamente en los teléfonos 91.780.31.69 ó 91.780.28.93, y presentando el resguardo correspondiente. El horario de recogida será de lunes a viernes, de nueve a trece horas. También se podrá acordar el envío de la obra por otros medios con cargo al propio autor. Todas las obras no premiadas deberán ser retiradas por sus autores antes del 31 de julio de 2014.</p>
<p class='parrafo'>3.7 Las obras no retiradas en los plazos indicados, salvo comunicación escrita del propietario sobre el método de devolución en forma y tiempo, pasarán a ser propiedad del Ejército de Tierra.</p>
<p class='parrafo'>3.8 Las obras serán presentadas sin firma. Los autores de las obras premiadas y seleccionadas deberán firmar las mismas antes del día de la entrega de premios.</p>
<p class='articulo'>Cuarta. Pintura Rápida.</p>
<p class='parrafo'>4.1 El día 10 de mayo de 2014, se organizará en la Academia de Artillería, calle San Francisco, n.º 25, de Segovia, el V Certamen de Pintura Rápida. Si las circunstancias meteorológicas o de índole superior impidiesen la celebración del certamen el día señalado se informará sobre las posibles variaciones a través de la página web del Ejército de Tierra (punto 2.12).</p>
<p class='parrafo'>4.2 Se establecen los siguientes Premios:</p>
<p class='parrafo_2'>– Un primer premio dotado con 2.500 euros, trofeo y diploma.</p>
<p class='parrafo'>– Un segundo premio dotado con 1.500 euros, placa y diploma.</p>
<p class='parrafo'>– Un premio juvenil dotado con placa y diploma.</p>
<p class='parrafo'>– Un premio infantil dotado con placa y diploma.</p>
<p class='parrafo_2'>4.3 Características: Cada participante deberá ir provisto de todo el material que pueda necesitar para desarrollar su obra y de un caballete para la posterior exposición. A las categorías juvenil e infantil se les proporcionará diverso material de pintura.</p>
<p class='parrafo'>Medidas. Las obras deberán tener un mínimo de 50 cm y un máximo de 170 cm, por cualquiera de sus lados.</p>
<p class='parrafo'>Montaje. Deberán presentarse montadas en bastidores o soporte sólido con un listoncillo o junquillo de madera, en los cantos del lienzo, no superior a 5 cm en su lado más ancho y 1 centímetro de grosor. No se admitirán protecciones de cristal o cualquier otro elemento superpuesto que resulte peligroso para su integridad.</p>
<p class='parrafo'>Técnica y estilo: Libre.</p>
<p class='parrafo'>Para la valoración de las obras se tendrá en cuenta la forma de plasmar la imagen del Ejército de Tierra, prestándose especial atención a la creatividad y originalidad, no sólo en la composición sino también en las técnicas y materiales utilizados.</p>
<p class='parrafo'>Además de lo especificado en el punto 2.1 de estas bases, las obras presentadas podrán recoger imágenes de la Academia de Artillería, del Alcázar de Segovia y de aquellos puntos de la ciudad de Segovia que tengan cualquier tipo de relación con el Ejército de Tierra Español.</p>
<p class='parrafo'>4.4 Preinscripción: La preinscripción se hará a través de la página web del Ejército de Tierra (punto 2.12 de estas bases) del 21 de abril al 8 de mayo de 2014 (a.i.).</p>
<p class='parrafo'>4.5 Inscripción: El día del certamen se entregará a los artistas participantes, por duplicado, un boletín de inscripción y sellarán los soportes en la entrada de la Academia de Artillería, calle San Francisco, n.º 25, de Segovia, en horario de 8:30 a 11:00 horas, excepto las categorías juvenil e infantil que podrán realizarlo durante toda la jornada.</p>
<p class='parrafo'>4.6 Recepción de las obras: Los participantes darán por finalizado el concurso a las 16.00 horas y la entrega de las obras (sin firmar) se realizará desde las 16.00 horas hasta las 17.00 horas en la Academia de Artillería de Segovia donde quedarán expuestas y se procederá al fallo del jurado.</p>
<p class='parrafo'>4.7 Fallo del jurado: El fallo del jurado se hará público a partir de las 18:30 horas en el mismo recinto de la Academia de Artillería de Segovia.</p>
<p class='parrafo'>4.8 Retirada de las obras: Las obras no premiadas serán retiradas por los participantes inmediatamente después del fallo de los jurados. Será imprescindible para ello la presentación del resguardo sellado de inscripción.</p>
<p class='parrafo'>4.9 Para poder participar en la categoría de pintura rápida juvenil, los participantes deberán tener edades comprendidas entre los 13 y los 17 años el día del concurso. Los participantes de la categoría de pintura rápida infantil deberán tener un máximo de 12 años el día del concurso.</p>
<p class='parrafo'>4.10 Las obras serán presentadas sin firma. Los autores de las obras premiadas, el día del certamen, le asignarán un título a la misma y la firmarán después del fallo del jurado.</p>
<p class='articulo'>Quinta. Fotografía.</p>
<p class='parrafo'>5.1 Se establece una sola categoría de Serie, compuesta por 4 fotografías en color o blanco y negro, dotada con dos premios.</p>
<p class='parrafo'>5.2 Premios:</p>
<p class='parrafo_2'>– Mejor Serie: un premio dotado con 3.000 euros, trofeo y diploma para la mejor serie de cuatro fotografías.</p>
<p class='parrafo'>– Mejor fotografía individual: un premio dotado con 1.500 euros, trofeo y diploma a la mejor fotografía individual seleccionada de entre todas las series recibidas.</p>
<p class='parrafo_2'>5.3 La mejor fotografía individual no podrá formar parte de la mejor serie.</p>
<p class='parrafo'>5.4 No se remitirá ninguna copia en papel. Todas las fotografías se remitirán en un CD que contendrá tres carpetas:</p>
<p class='parrafo_2'>– Carpeta denominada «BAJA RESOLUCIÓN» que contendrá las cuatro (4) fotografías digitales que componen la serie con un tamaño máximo de alto y ancho de la imagen, dependiendo de la orientación de la misma, de 1.200 píxeles. Solo podrá ser entregada en formato JPEG.</p>
<p class='parrafo'>– Carpeta denominada «ALTA RESOLUCIÓN», que contendrá las mismas cuatro (4) fotografías digitales que componen la serie con un tamaño mínimo de alto y ancho de la imagen, dependiendo de la orientación de la misma, de 3.500 píxeles. Solo podrá ser entregada en formato JPEG.</p>
<p class='parrafo'>– Carpeta denominada «DATOS PERSONALES», que contendrá el «Anexo A» de estas bases debidamente cumplimentado.</p>
<p class='parrafo_2'>5.5 Tanto en el CD como en la carátula del mismo, deberán figurar el nombre del autor y el título de la serie.</p>
<p class='parrafo'>5.6 Los CD,s deberán tener entrada, en mano o por mensajería, entre el 14 y el 30 de abril de 2014 (ambos inclusive), de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de nueve a trece horas, en el Cuartel General del Ejército, Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra, calle Prim, núm. 6, 28004 Madrid.</p>
<p class='parrafo'>5.7 Cada autor podrá presentar una única serie de cuatro (4) fotografías.</p>
<p class='parrafo'>5.8 No se puede alterar, ni manipular el contenido esencial de la fotografía. Se puede tratar la fotografía con los estándares de revelado de los programas específicos de tratamiento gráfico: encuadre, color, brillo, niveles, saturación, tonos, etc. El jurado es el árbitro final de estos estándares y se podrá solicitar el archivo original sin retoques, tal como fue registrado por la cámara.</p>
<p class='parrafo'>5.9 Los fotomontajes y las exposiciones múltiples quedarán excluidos del concurso. Las imágenes con bordes, fondos y otros efectos añadidos no se aceptarán.</p>
<p class='parrafo'>5.10 Las imágenes no deberán mostrar el nombre del fotógrafo, ni marcas de agua con copyright del autor.</p>
<p class='parrafo'>5.11 Aquellas fotografías no premiadas que a criterio del jurado destaquen por su calidad, se podrán seleccionar para su inclusión en el catálogo que se edita, difusión a través de cualquier medio y exhibición en la exposición que se organice en relación a los Premios Ejército. Las fotografías seleccionadas no están dotadas de ningún premio.</p>
<p class='parrafo'>5.12 El Ejército de Tierra se compromete a destruir los CD,s de las fotografías no premiadas, ni seleccionadas, no devolviéndose ninguno de los CD,s recibidos.</p>
<p class='parrafo'>5.13 Los participantes garantizan y se responsabilizan ante el Ejército de Tierra, del cumplimiento de las disposiciones en materia de propiedad intelectual y de derechos de imagen sobre las fotografías presentadas, declarando que su difusión y/o reproducción en el marco del concurso y de estas bases no lesionan ni perjudican a terceros y asumiendo personalmente cualquier responsabilidad que de las mismas pudiera derivarse.</p>
<p class='articulo'>Sexta. Miniaturas Militares.</p>
<p class='parrafo'>6.1 Los días 10 y 11 de mayo de 2014, se organizará en la Academia de Artillería, calle San Francisco, n.º 25, 40001 Segovia, el Encuentro de Miniaturas Militares «Premios Ejército». Si circunstancias de índole superior impidiesen la celebración del Encuentro en los días señalados se informará sobre las posibles variaciones a través de la página web del Ejército de Tierra.</p>
<p class='parrafo'>6.2 Durante los días del Encuentro se celebrarán una serie de actividades que se detallarán en un programa que se publicará en la página web del Ejército de Tierra.</p>
<p class='parrafo'>6.3 En el Encuentro de Miniaturas Militares podrán participar las Asociaciones y Tiendas especializadas de modelismo que lo soliciten al Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra (Teléfono 917802057, email: [email protected]).</p>
<p class='parrafo'>6.4 Preinscripción: La preinscripción se hará a través de la página web del Ejército de Tierra (punto 2.12 de estas bases) del 21 de abril al 8 de mayo de 2014 (a.i.).</p>
<p class='parrafo'>6.5 Inscripción y recepción de obras: Las obras que se presenten a concurso se podrán enviar por cualquier medio a la Academia de Artillería, calle San Francisco, n.º 25, 40001 Segovia, debiendo tener entrada en la misma entre el 5 y el 9 de mayo de 2014, en horario de 09:00 a 13:00 horas. El día 10 de mayo se podrán entregar las obras en mano en el mismo lugar en horario de 09:00 a 17:00 horas. A la recepción de las obras se entregará un boletín de inscripción.</p>
<p class='parrafo'>6.6 Modalidades: Se consideran dos modalidades diferenciadas: Máster y Estándar.</p>
<p class='parrafo'>6.7 Categorías:</p>
<p class='parrafo_2'>– En la Modalidad Máster se consideran tres Categorías: Dioramas o Viñetas, Figuras y Materiales.</p>
<p class='parrafo'>– En la Modalidad Estándar se consideran cuatro Categorías: Dioramas o Viñetas, Figuras, Materiales y Miscelánea.</p>
<p class='parrafo_2'>6.8 Premios:</p>
<p class='parrafo_2'>Modalidad Máster:</p>
<p class='parrafo_2'>– Categoría Dioramas o Viñetas: 3.000 euros, trofeo y diploma.</p>
<p class='parrafo'>– Categoría Figuras: 2.000 euros, trofeo y diploma.</p>
<p class='parrafo'>– Categoría Materiales: 2.000 euros, trofeo y diploma.</p>
<p class='parrafo_2'>Modalidad Estándar:</p>
<p class='parrafo_2'>– Categoría Dioramas o Viñetas: Placa y diploma.</p>
<p class='parrafo'>– Categoría Figuras: Placa y diploma.</p>
<p class='parrafo'>– Categoría Materiales: Placa y diploma.</p>
<p class='parrafo'>– Categoría Miscelánea: Placa y diploma.</p>
<p class='parrafo_2'>Se concederán medallas conmemorativas a las tres mejores obras de cada una de las categorías, tanto en la modalidad máster como en la modalidad estándar.</p>
<p class='parrafo'>6.9 Se considera Diorama o Viñeta toda aquella obra en la que la ambientación es significativa en relación con el conjunto. Deberá llevar un mínimo de dos figuras constituyendo unidad temática y tendrán unas dimensiones máximas de 250 x 500 milímetros de base y 500 milímetros de altura.</p>
<p class='parrafo'>6.10 Se considera Figura aquella que está aislada, con montura o un busto. Tendrán una dimensión máxima de 100 × 100 milímetros de base. El tamaño máximo de ojos a pies será de 120 milímetros. Podrá presentarse sola o ambientada.</p>
<p class='parrafo'>6.11 Materiales se consideran a los vehículos, sistemas de armas y medios de dotación en las Unidades del Ejército de Tierra Español en cualquier época. Se podrá utilizar cualquier escala.</p>
<p class='parrafo'>6.12 Miscelánea se considerarán aquellas obras referidas al Ejército de Tierra Español que por su composición no puedan incluirse en las anteriores categorías.</p>
<p class='parrafo'>6.13 En la Modalidad Máster las figuras utilizadas deberán ser originales o procedentes de transformación de figuras comerciales. En la Modalidad Estándar se podrán utilizar figuras comerciales.</p>
<p class='parrafo'>6.14 Las figuras y materiales de cualquiera de las categorías, llevarán uniformes del Ejército de Tierra, Milicias o Tropas de Ultramar españolas o habrán sido utilizados en cualquier momento de su historia.</p>
<p class='parrafo'>6.15 Las obras presentadas podrán estar realizadas en cualquier material. Estarán pintadas o decoradas y colocadas sobre una peana que podrá estar ambientada.</p>
<p class='parrafo'>6.16 Los autores podrán presentar cuantas obras deseen en cada categoría de las modalidades que se especifican, pudiendo ser varios los autores de una obra.</p>
<p class='parrafo'>6.17 Para su identificación sobre las obras se pondrá solamente el título de la misma, en ningún caso deberá figurar el nombre del autor para garantizar el anonimato ante el jurado. Junto con las obras se entregará un sobre con el título de la misma en el exterior, y dentro de éste se incluirá debidamente cumplimentado el «Anexo A».</p>
<p class='parrafo'>6.18 Para la valoración de las obras se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: valor artístico, originalidad, grado de dificultad, rigor histórico, presentación y aspecto general.</p>
<p class='parrafo'>6.19 Fallo del jurado: El fallo del jurado se hará público el día 11 de mayo de 2014 a las 12:30 horas en el mismo recinto de la Academia de Artillería (Segovia).</p>
<p class='parrafo'>6.20 Además de las obras premiadas, aquellas que merezcan una mención especial por parte del jurado, podrán seleccionarse para formar parte de la exposición de los Premios Ejército, como queda detallado en el punto 2.10 de las normas generales de estas bases.</p>
<p class='parrafo'>6.21 Retirada de las obras:</p>
<p class='parrafo_2'>En la Modalidad Máster:</p>
<p class='parrafo_2'>– Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ejército de Tierra de acuerdo al punto 2.11 de estas bases.</p>
<p class='parrafo'>– Las obras seleccionadas participarán en las exposiciones de Premios Ejército de acuerdo al punto 2.10 de esta convocatoria y serán enviadas a sus autores una vez finalicen las mismas.</p>
<p class='parrafo'>– Las obras no premiadas ni seleccionadas serán retiradas por los participantes, en la Academia de Artillería (Segovia), inmediatamente después del fallo de los jurados. Será imprescindible para ello la presentación del resguardo sellado de inscripción.</p>
<p class='parrafo_2'>En la Modalidad Estándar:</p>
<p class='parrafo_2'>– Los autores de las obras ganadoras dejarán sus obras para las exposiciones que se organizarán en la entrega de galardones y en los jardines del Cuartel General del Ejército en Madrid y serán enviadas a sus autores una vez finalicen las exposiciones.</p>
<p class='parrafo'>– Las obras no premiadas, serán retiradas por los participantes, en la Academia de Artillería (Segovia), inmediatamente después del fallo de los jurados. Será imprescindible para ello la presentación del resguardo sellado de inscripción.</p>
<p class='articulo'>Séptima. Enseñanza Escolar.</p>
<p class='parrafo'>7.1 Se establecen tres niveles de participación para el Curso Escolar 2013-2014:</p>
<p class='parrafo_2'>Nivel A: Alumnos que cursen estudios de Educación Primaria.</p>
<p class='parrafo'>Nivel B: Alumnos que cursen estudios de Educación Secundaria o Formación Profesional de Grado Medio.</p>
<p class='parrafo'>Nivel C: Alumnos que cursen estudios de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Superior.</p>
<p class='parrafo_2'>7.2 Podrán optar a estos premios alumnos que cursen estudios equivalentes a los del sistema educativo español dentro o fuera de España.</p>
<p class='parrafo'>7.3 Cada Centro Escolar se podrá presentar a todos los Niveles (A, B y C) y dentro de cada nivel presentar trabajos de varios cursos y aulas.</p>
<p class='parrafo'>7.4 Los trabajos presentados han de ser un reflejo de las impresiones que los alumnos han recibido por cualquier medio de las actividades del Ejército de Tierra. Los trabajos podrán ser composiciones o textos escritos. Los textos escritos se presentarán en castellano y encuadernados, en formato A4, por una cara, o el equivalente en otros países. Su contenido no superará las cincuenta (50) páginas incluido el texto escrito, anexos, fotos, etc. Además, los colegios ganadores proporcionarán, antes de la entrega de premios, una copia digital del trabajo, para su posible exposición en la página web del Ejército de Tierra.</p>
<p class='parrafo'>7.5 Todos los colegios que aspiren a estos premios en sus niveles A, B y/o C disponen de un plazo de entrega de sus trabajos en las Oficinas de Comunicación Territoriales del Ejército de Tierra (ver punto 2.12), desde la publicación de estas bases hasta el 10 de abril de 2014 especificando que concursan a los Premios Ejército 2014 de Enseñanza Escolar en el nivel que corresponda.</p>
<p class='parrafo'>7.6 Para cada nivel A, B y C resultará ganador a nivel regional el mejor trabajo presentado a cada nivel, de entre todos los recibidos en las respectivas Oficinas de Comunicación Territoriales del Ejército de Tierra, donde al efecto de fallar los premios, se constituirá un jurado. Caso de trabajos procedentes del extranjero, éstos entrarán directamente en la categoría nacional y será por tanto el jurado nacional quien dictamine.</p>
<p class='parrafo'>7.7 Para su identificación sobre los trabajos se pondrá solamente el título del mismo, en ningún caso deberá figurar el nombre del Centro de Enseñanza ni autores para garantizar el anonimato ante el jurado. Junto con los trabajos se entregará un sobre con el título del mismo en el exterior, y dentro de éste se incluirá debidamente cumplimentado el «Anexo A».</p>
<p class='parrafo'>7.8 El jurado valorará la metodología, contenido, trabajo colectivo, estructura, unidad, creatividad, la justificación educativa y la labor de coordinación del profesor.</p>
<p class='parrafo'>7.9 Una vez fallados los correspondientes premios regionales, las respectivas Oficinas de Comunicación Territoriales del Ejército de Tierra remitirán los trabajos galardonados y cinco fotocopias de cada uno de ellos al Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra, debiendo tener entrada antes del 5 de mayo de 2014 para concurrir al premio nacional.</p>
<p class='parrafo'>7.10 Dotación del Premio Nacional.</p>
<p class='parrafo_2'>Nivel A: Un premio de 4.000 euros, trofeo y diploma que serán entregados al Centro de Enseñanza que resulte ganador. Éste distribuirá el premio de forma que 1.000 euros, el trofeo y el diploma serán para el Centro de Enseñanza, 1.000 euros para los profesores que participen en la orientación de los trabajos y 2.000 euros para los alumnos.</p>
<p class='parrafo'>Nivel B: Un premio de 4.000 euros, trofeo y diploma que serán entregados al Centro de Enseñanza que resulte ganador. Éste distribuirá el premio de forma que 1.000 euros, el trofeo y el diploma serán para el Centro de Enseñanza, 1.000 euros para los profesores que participen en la orientación de los trabajos y 2.000 euros para los alumnos.</p>
<p class='parrafo'>Nivel C: Un premio de 4.000 euros, trofeo y diploma que serán entregados al Centro de Enseñanza que resulte ganador. Éste distribuirá el premio de forma que 1.000 euros, el trofeo y el diploma serán para el Centro de Enseñanza, 1.000 euros para los profesores que participen en la orientación de los trabajos y 2.000 euros para los alumnos.</p>
<p class='parrafo_2'>7.11 De acuerdo con el punto 2.5 de estas bases, una representación de profesores y alumnos de los Centros de Enseñanza galardonados recogerán personalmente su premio en un acto oficial, cuya celebración será comunicada previamente, pudiendo delegar en un representante.</p>
<p class='articulo'>Octava. Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales.</p>
<p class='parrafo'>8.1 Se establece un premio dotado de 6.000 euros, trofeo y diploma.</p>
<p class='parrafo'>8.2 Podrán presentarse trabajos relacionados con el campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales basados en las actividades del Ejército de Tierra Español a lo largo de su historia.</p>
<p class='parrafo'>8.3 Los trabajos de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, así como todo cuanto esté relacionado con datos de autor, sumarios, etc., se presentarán en castellano, tendrán una extensión no inferior a 150 páginas ni superior a 250 (bibliografía y anexos aparte), impresos en tipo de letra Times New Roman tamaño 12 puntos, interlineado a espacio y medio, por una sola cara y en formato DIN A4 o el equivalente en otros países.</p>
<p class='parrafo'>8.4 Para su identificación sobre los trabajos se pondrá solamente el título del mismo, en ningún caso deberá figurar el nombre del autor para garantizar el anonimato ante el jurado.</p>
<p class='parrafo'>8.5 Los trabajos que se presenten a concurso serán originales, inéditos y no presentados a anteriores ediciones de Premios Ejército.</p>
<p class='parrafo'>8.6 Sólo se podrá presentar un trabajo por autor.</p>
<p class='parrafo'>8.7 Los trabajos deberán tener entrada, en mano o por mensajería, entre el 14 y el 30 de abril de 2014 (ambos inclusive), de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de nueve a trece horas, en el Cuartel General del Ejército, Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra, calle Prim, núm. 6, 28004 Madrid.</p>
<p class='parrafo'>8.8 El envío de los trabajos incluirá dos ejemplares de la obra, en soporte papel, encuadernados con espiral de alambre o similar y un CD con la obra en soporte digital que incluirá:</p>
<p class='parrafo_2'>– Una carpeta denominada «TRABAJO» que contendrá una copia del trabajo en formato Word y otra en formato PDF.</p>
<p class='parrafo'>– Una carpeta denominada «SUMARIO» que contendrá el sumario de la obra, no superior a 5 folios, en un archivo en formato WORD y otro en formato PDF.</p>
<p class='parrafo'>– Una carpeta denominada «DATOS PERSONALES» que contendrá dos archivos: uno con el Anexo «A» de estas bases, debidamente cumplimentado y otro con el currículum del autor del trabajo, ambos archivos en formato PDF.</p>
<p class='parrafo_2'>8.9 Tanto en el CD, como en la carátula del mismo, deberá figurar exclusivamente el título del trabajo.</p>
<p class='parrafo'>8.10 El Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra realizará los trámites necesarios ante el Ministerio de Defensa para la publicación de la obra premiada, para lo cual el autor galardonado deberá entregar el trabajo, en soporte informático, antes de recoger el premio.</p>
<p class='articulo'>Novena. Revista Ejército.</p>
<p class='parrafo'>9.1 Los premios «Revista Ejercito», cuya creación se remonta a 1980, tienen por finalidad distinguir a los autores de los mejores trabajos y colaboraciones publicados en la Revista Ejercito durante el año 2013.</p>
<p class='parrafo'>9.2 Se establecen los siguientes Premios:</p>
<p class='parrafo_2'>– Un primer premio dotado con 2.000 euros.</p>
<p class='parrafo'>– Un segundo premio dotado con 1.600 euros.</p>
<p class='parrafo'>– Un tercer premio dotado con 1.200 euros.</p>
<p class='parrafo'>– Diploma acreditativo.</p>
<p class='parrafo_2'>9.3 Normas particulares:</p>
<p class='parrafo_2'>Concurrirán a los premios primero, segundo y tercero, todos los artículos y colaboraciones publicadas en la Revista Ejercito en el año 2013, con excepción de los publicados en Documentos y Números Extraordinarios, independientemente de su extensión o tema, siempre que sean originales, tengan indudable categoría y guarden relación con materias de interés general o profesional para los miembros del Ejército de Tierra.</p>
<p class='parrafo'>El diploma acreditativo se concederá cuando se estime oportuno y pretende el reconocimiento público a una destacada labor de colaboración con la Revista Ejercito durante un significativo periodo de tiempo.</p>
<p class='parrafo'>El Jurado calificador estará constituido por el Director de la Revista Ejercito, en calidad de Presidente, y todos los consejeros que componen el Consejo de Redacción de la Revista Ejercito, actuando el Jefe de Redacción como Secretario del Jurado.</p>
<p class='parrafo'>El Jurado no tendrá en consideración los trabajos de autores que hubieran sido distinguidos con alguno de los «Premios Revista Ejercito» en los dos años inmediatamente anteriores y en ningún caso podrá concederse más de un premio, en el mismo año, a un mismo autor.</p>
<p class='parrafo'>La entrega de los Premios Revista Ejército se realizará en un evento diferenciado del de los Premios Ejército.</p>
<p class='articulo'>Décima. Distinción Especial.</p>
<p class='parrafo'>Es un reconocimiento de carácter extraordinario que puede otorgarse a aquella persona, entidad u organismo que se haya distinguido por su vinculación al Ejército de Tierra contribuyendo, con sus trabajos o colaboraciones, a mejorar su prestigio e imagen.</p>
<p class='parrafo'>La distinción especial se materializa en un sable de oficial general que se entregará en el transcurso de la ceremonia de entrega de galardones.</p>
<p class='parrafo'>Esta distinción será concedida por el General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército, escuchado el Consejo Superior del Ejército.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 14 de enero de 2014.–El General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército, Jaime Domínguez Buj.</p>
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Fri Jan 31 08:06:38 +0000 2014
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Bases Premios Ejército 2014
Con objeto de propiciar la creación artística referida a las múltiples actividades del Ejército de Tierra Español en el marco de las Fuerzas Armadas, así como el conocimiento y divulgación de la vida militar, el General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra dispone:
Primera. Convocatoria.
Se convocan los Premios Ejército 2014 en su «52 edición» en las siguientes modalidades: Pintura general, pintura rápida, fotografía, miniaturas militares, enseñanza escolar e investigación en humanidades y ciencias sociales.
Segunda. Normas generales.
2.1 Tema de Premios Ejército. Podrán concurrir a los Premios Ejército 2014 autores, nacionales o extranjeros, cuyas obras y trabajos estén referidos o relacionados con cualquiera de las múltiples actividades del Ejército de Tierra Español.
2.2 Para facilitar, en su caso, el conocimiento de sus actividades, los concursantes que lo deseen, podrán visitar las Unidades, Centros u Organismos del Ejército de Tierra que tengan relación con su trabajo, siempre y cuando sea posible de acuerdo con las actividades de las Unidades a visitar y las normas de seguridad en vigor. Para ello, podrán solicitarlo a las Oficinas de Comunicación Territoriales, cuyas direcciones pueden encontrarse en la página web del Ejército de Tierra, según lo indicado en el punto 2.12 de estas bases, o bien directamente a las Unidades que estén interesados en visitar.
2.3 El jurado estará formado por personas de acreditado prestigio en cada una de las modalidades. En calidad de presidente de los jurados actuará un Oficial General del Ejército de Tierra.
2.4 El fallo sólo se hará público una vez firmada el acta de deliberación por el jurado correspondiente, publicándose en la página web (punto 2.12) y posteriormente en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de Defensa».
2.5 El fallo de los premios se comunicará a los ganadores. Los autores recogerán el premio personalmente o a través de una persona delegada expresamente por el autor, en un acto oficial que se les anunciará previamente.
2.6 El jurado podrá declarar desierto cualquier premio cuando estime que las obras presentadas no reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria o carecen de la calidad y el rigor adecuados, no pudiendo además declarar ningún premio ex aequo. El fallo del jurado es inapelable.
2.7 No podrán presentarse familiares de los miembros del Jurado, ni personas vinculadas al desarrollo de los Premios. Los miembros del jurado, una vez dejen de formar parte del mismo, no podrán presentarse como concursante, en la modalidad a la cual estaban vinculados, durante las tres (3) ediciones posteriores a la última en la que fueron miembros del jurado.
2.8 El Ejército de Tierra no se hace responsable de los deterioros que puedan sufrir las obras desde su entrega hasta su devolución. Los autores, si así lo estiman oportuno, podrán suscribir un seguro que cubra estos posibles deterioros, cuyos gastos correrán por cuenta del suscriptor.
2.9 Las obras que hayan resultado ganadoras o seleccionadas, así como el nombre de sus autores, podrá ser difundido por cualquier medio de comunicación social.
2.10 Las obras seleccionadas, antes de la devolución a sus autores, podrán ser expuestas, junto con las obras ganadoras, en una exposición de los Premios Ejército de la que se informará en la página web y que se realizará en fecha próxima posterior a la entrega de premios.
2.11 Las obras y trabajos galardonados quedarán en propiedad del Ejército de Tierra, reservándose los derechos de propiedad y explotación, incluyendo réplicas totales o parciales sobre los mismos, por un plazo de tiempo ilimitado, ajustándose a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, que aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y las modificaciones establecidas en la Ley 23/2006, de 7 de julio. No obstante, cuando el autor pretenda hacer uso de esta obra, podrá solicitarlo al Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra.
2.12 Para cuanta información necesiten pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico [email protected], teléfonos 91.780.28.93, 91.780.35.79 y 91.780.20.57, consultar en la página web http://www.ejercito.mde.es/premios-ejercito o dirigirse a las Oficinas de Comunicación Territoriales cuyas direcciones podrán encontrar en la página web anterior.
2.13 De conformidad con la legislación vigente, todos los premios están sujetos a retención fiscal.
2.14 Una vez adjudicados los premios con dotación económica, objeto de la presente convocatoria, los mismos serán abonados con cargo al subconcepto 227.06 mediante la tramitación del oportuno expediente de gasto en los términos previstos por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre y previa acreditación de la existencia de crédito adecuado y suficiente para su financiación.
2.15 La participación en cada una de las modalidades supone la aceptación de las bases de la convocatoria.
Tercera. Pintura General.
3.1 Se considera una única categoría que constará de los siguientes Premios:
– Un primer premio dotado con 6.000 euros, trofeo y diploma.
– Un segundo premio dotado con 4.000 euros, placa y diploma.
Medidas: Las obras deberán tener un mínimo de 50 centímetros y un máximo de 170 centímetros por cualquiera de sus lados.
Montaje: Deberán presentarse montadas en bastidores o soporte sólido y con un listoncillo o junquillo de anchura no superior a 5 centímetros y 1 centímetro de grosor. No serán admitidas las protegidas por cristal o cualquier otro elemento superpuesto que resulte peligroso para su integridad o transporte.
Técnica y estilo: Libre. Para la valoración de las obras se tendrá en cuenta la forma de plasmar la imagen del Ejército de Tierra, prestándose especial atención a la creatividad y originalidad, no sólo en la composición sino también en las técnicas y materiales utilizados.
3.2 Los autores podrán presentar como máximo una obra.
3.3 Las obras que se presenten a concurso serán originales, inéditas y no presentadas a anteriores ediciones de Premios Ejército.
3.4 Las obras deberán tener entrada, en mano o por mensajería, entre el 14 y el 30 de abril de 2014 (ambos inclusive), de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de nueve a trece horas, en el Cuartel General del Ejército, Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra, calle Prim, núm. 6, 28004 Madrid.
3.5 Junto con la obra se entregará un sobre. En el exterior de éste aparecerá únicamente el título de la obra, y dentro se incluirá debidamente cumplimentado el «Anexo A» de esta convocatoria.
3.6 El plazo de retirada de las obras no premiadas comenzará tan pronto como sea posible una vez producido el fallo de los jurados, de lo que se informará a través de la página web (punto 2.12). Sólo se podrán retirar las obras no premiadas solicitándolo previamente en los teléfonos 91.780.31.69 ó 91.780.28.93, y presentando el resguardo correspondiente. El horario de recogida será de lunes a viernes, de nueve a trece horas. También se podrá acordar el envío de la obra por otros medios con cargo al propio autor. Todas las obras no premiadas deberán ser retiradas por sus autores antes del 31 de julio de 2014.
3.7 Las obras no retiradas en los plazos indicados, salvo comunicación escrita del propietario sobre el método de devolución en forma y tiempo, pasarán a ser propiedad del Ejército de Tierra.
3.8 Las obras serán presentadas sin firma. Los autores de las obras premiadas y seleccionadas deberán firmar las mismas antes del día de la entrega de premios.
Cuarta. Pintura Rápida.
4.1 El día 10 de mayo de 2014, se organizará en la Academia de Artillería, calle San Francisco, n.º 25, de Segovia, el V Certamen de Pintura Rápida. Si las circunstancias meteorológicas o de índole superior impidiesen la celebración del certamen el día señalado se informará sobre las posibles variaciones a través de la página web del Ejército de Tierra (punto 2.12).
4.2 Se establecen los siguientes Premios:
– Un primer premio dotado con 2.500 euros, trofeo y diploma.
– Un segundo premio dotado con 1.500 euros, placa y diploma.
– Un premio juvenil dotado con placa y diploma.
– Un premio infantil dotado con placa y diploma.
4.3 Características: Cada participante deberá ir provisto de todo el material que pueda necesitar para desarrollar su obra y de un caballete para la posterior exposición. A las categorías juvenil e infantil se les proporcionará diverso material de pintura.
Medidas. Las obras deberán tener un mínimo de 50 cm y un máximo de 170 cm, por cualquiera de sus lados.
Montaje. Deberán presentarse montadas en bastidores o soporte sólido con un listoncillo o junquillo de madera, en los cantos del lienzo, no superior a 5 cm en su lado más ancho y 1 centímetro de grosor. No se admitirán protecciones de cristal o cualquier otro elemento superpuesto que resulte peligroso para su integridad.
Técnica y estilo: Libre.
Para la valoración de las obras se tendrá en cuenta la forma de plasmar la imagen del Ejército de Tierra, prestándose especial atención a la creatividad y originalidad, no sólo en la composición sino también en las técnicas y materiales utilizados.
Además de lo especificado en el punto 2.1 de estas bases, las obras presentadas podrán recoger imágenes de la Academia de Artillería, del Alcázar de Segovia y de aquellos puntos de la ciudad de Segovia que tengan cualquier tipo de relación con el Ejército de Tierra Español.
4.4 Preinscripción: La preinscripción se hará a través de la página web del Ejército de Tierra (punto 2.12 de estas bases) del 21 de abril al 8 de mayo de 2014 (a.i.).
4.5 Inscripción: El día del certamen se entregará a los artistas participantes, por duplicado, un boletín de inscripción y sellarán los soportes en la entrada de la Academia de Artillería, calle San Francisco, n.º 25, de Segovia, en horario de 8:30 a 11:00 horas, excepto las categorías juvenil e infantil que podrán realizarlo durante toda la jornada.
4.6 Recepción de las obras: Los participantes darán por finalizado el concurso a las 16.00 horas y la entrega de las obras (sin firmar) se realizará desde las 16.00 horas hasta las 17.00 horas en la Academia de Artillería de Segovia donde quedarán expuestas y se procederá al fallo del jurado.
4.7 Fallo del jurado: El fallo del jurado se hará público a partir de las 18:30 horas en el mismo recinto de la Academia de Artillería de Segovia.
4.8 Retirada de las obras: Las obras no premiadas serán retiradas por los participantes inmediatamente después del fallo de los jurados. Será imprescindible para ello la presentación del resguardo sellado de inscripción.
4.9 Para poder participar en la categoría de pintura rápida juvenil, los participantes deberán tener edades comprendidas entre los 13 y los 17 años el día del concurso. Los participantes de la categoría de pintura rápida infantil deberán tener un máximo de 12 años el día del concurso.
4.10 Las obras serán presentadas sin firma. Los autores de las obras premiadas, el día del certamen, le asignarán un título a la misma y la firmarán después del fallo del jurado.
Quinta. Fotografía.
5.1 Se establece una sola categoría de Serie, compuesta por 4 fotografías en color o blanco y negro, dotada con dos premios.
5.2 Premios:
– Mejor Serie: un premio dotado con 3.000 euros, trofeo y diploma para la mejor serie de cuatro fotografías.
– Mejor fotografía individual: un premio dotado con 1.500 euros, trofeo y diploma a la mejor fotografía individual seleccionada de entre todas las series recibidas.
5.3 La mejor fotografía individual no podrá formar parte de la mejor serie.
5.4 No se remitirá ninguna copia en papel. Todas las fotografías se remitirán en un CD que contendrá tres carpetas:
– Carpeta denominada «BAJA RESOLUCIÓN» que contendrá las cuatro (4) fotografías digitales que componen la serie con un tamaño máximo de alto y ancho de la imagen, dependiendo de la orientación de la misma, de 1.200 píxeles. Solo podrá ser entregada en formato JPEG.
– Carpeta denominada «ALTA RESOLUCIÓN», que contendrá las mismas cuatro (4) fotografías digitales que componen la serie con un tamaño mínimo de alto y ancho de la imagen, dependiendo de la orientación de la misma, de 3.500 píxeles. Solo podrá ser entregada en formato JPEG.
– Carpeta denominada «DATOS PERSONALES», que contendrá el «Anexo A» de estas bases debidamente cumplimentado.
5.5 Tanto en el CD como en la carátula del mismo, deberán figurar el nombre del autor y el título de la serie.
5.6 Los CD,s deberán tener entrada, en mano o por mensajería, entre el 14 y el 30 de abril de 2014 (ambos inclusive), de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de nueve a trece horas, en el Cuartel General del Ejército, Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra, calle Prim, núm. 6, 28004 Madrid.
5.7 Cada autor podrá presentar una única serie de cuatro (4) fotografías.
5.8 No se puede alterar, ni manipular el contenido esencial de la fotografía. Se puede tratar la fotografía con los estándares de revelado de los programas específicos de tratamiento gráfico: encuadre, color, brillo, niveles, saturación, tonos, etc. El jurado es el árbitro final de estos estándares y se podrá solicitar el archivo original sin retoques, tal como fue registrado por la cámara.
5.9 Los fotomontajes y las exposiciones múltiples quedarán excluidos del concurso. Las imágenes con bordes, fondos y otros efectos añadidos no se aceptarán.
5.10 Las imágenes no deberán mostrar el nombre del fotógrafo, ni marcas de agua con copyright del autor.
5.11 Aquellas fotografías no premiadas que a criterio del jurado destaquen por su calidad, se podrán seleccionar para su inclusión en el catálogo que se edita, difusión a través de cualquier medio y exhibición en la exposición que se organice en relación a los Premios Ejército. Las fotografías seleccionadas no están dotadas de ningún premio.
5.12 El Ejército de Tierra se compromete a destruir los CD,s de las fotografías no premiadas, ni seleccionadas, no devolviéndose ninguno de los CD,s recibidos.
5.13 Los participantes garantizan y se responsabilizan ante el Ejército de Tierra, del cumplimiento de las disposiciones en materia de propiedad intelectual y de derechos de imagen sobre las fotografías presentadas, declarando que su difusión y/o reproducción en el marco del concurso y de estas bases no lesionan ni perjudican a terceros y asumiendo personalmente cualquier responsabilidad que de las mismas pudiera derivarse.
Sexta. Miniaturas Militares.
6.1 Los días 10 y 11 de mayo de 2014, se organizará en la Academia de Artillería, calle San Francisco, n.º 25, 40001 Segovia, el Encuentro de Miniaturas Militares «Premios Ejército». Si circunstancias de índole superior impidiesen la celebración del Encuentro en los días señalados se informará sobre las posibles variaciones a través de la página web del Ejército de Tierra.
6.2 Durante los días del Encuentro se celebrarán una serie de actividades que se detallarán en un programa que se publicará en la página web del Ejército de Tierra.
6.3 En el Encuentro de Miniaturas Militares podrán participar las Asociaciones y Tiendas especializadas de modelismo que lo soliciten al Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra (Teléfono 917802057, email: [email protected]).
6.4 Preinscripción: La preinscripción se hará a través de la página web del Ejército de Tierra (punto 2.12 de estas bases) del 21 de abril al 8 de mayo de 2014 (a.i.).
6.5 Inscripción y recepción de obras: Las obras que se presenten a concurso se podrán enviar por cualquier medio a la Academia de Artillería, calle San Francisco, n.º 25, 40001 Segovia, debiendo tener entrada en la misma entre el 5 y el 9 de mayo de 2014, en horario de 09:00 a 13:00 horas. El día 10 de mayo se podrán entregar las obras en mano en el mismo lugar en horario de 09:00 a 17:00 horas. A la recepción de las obras se entregará un boletín de inscripción.
6.6 Modalidades: Se consideran dos modalidades diferenciadas: Máster y Estándar.
6.7 Categorías:
– En la Modalidad Máster se consideran tres Categorías: Dioramas o Viñetas, Figuras y Materiales.
– En la Modalidad Estándar se consideran cuatro Categorías: Dioramas o Viñetas, Figuras, Materiales y Miscelánea.
6.8 Premios:
Modalidad Máster:
– Categoría Dioramas o Viñetas: 3.000 euros, trofeo y diploma.
– Categoría Figuras: 2.000 euros, trofeo y diploma.
– Categoría Materiales: 2.000 euros, trofeo y diploma.
Modalidad Estándar:
– Categoría Dioramas o Viñetas: Placa y diploma.
– Categoría Figuras: Placa y diploma.
– Categoría Materiales: Placa y diploma.
– Categoría Miscelánea: Placa y diploma.
Se concederán medallas conmemorativas a las tres mejores obras de cada una de las categorías, tanto en la modalidad máster como en la modalidad estándar.
6.9 Se considera Diorama o Viñeta toda aquella obra en la que la ambientación es significativa en relación con el conjunto. Deberá llevar un mínimo de dos figuras constituyendo unidad temática y tendrán unas dimensiones máximas de 250 x 500 milímetros de base y 500 milímetros de altura.
6.10 Se considera Figura aquella que está aislada, con montura o un busto. Tendrán una dimensión máxima de 100 × 100 milímetros de base. El tamaño máximo de ojos a pies será de 120 milímetros. Podrá presentarse sola o ambientada.
6.11 Materiales se consideran a los vehículos, sistemas de armas y medios de dotación en las Unidades del Ejército de Tierra Español en cualquier época. Se podrá utilizar cualquier escala.
6.12 Miscelánea se considerarán aquellas obras referidas al Ejército de Tierra Español que por su composición no puedan incluirse en las anteriores categorías.
6.13 En la Modalidad Máster las figuras utilizadas deberán ser originales o procedentes de transformación de figuras comerciales. En la Modalidad Estándar se podrán utilizar figuras comerciales.
6.14 Las figuras y materiales de cualquiera de las categorías, llevarán uniformes del Ejército de Tierra, Milicias o Tropas de Ultramar españolas o habrán sido utilizados en cualquier momento de su historia.
6.15 Las obras presentadas podrán estar realizadas en cualquier material. Estarán pintadas o decoradas y colocadas sobre una peana que podrá estar ambientada.
6.16 Los autores podrán presentar cuantas obras deseen en cada categoría de las modalidades que se especifican, pudiendo ser varios los autores de una obra.
6.17 Para su identificación sobre las obras se pondrá solamente el título de la misma, en ningún caso deberá figurar el nombre del autor para garantizar el anonimato ante el jurado. Junto con las obras se entregará un sobre con el título de la misma en el exterior, y dentro de éste se incluirá debidamente cumplimentado el «Anexo A».
6.18 Para la valoración de las obras se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: valor artístico, originalidad, grado de dificultad, rigor histórico, presentación y aspecto general.
6.19 Fallo del jurado: El fallo del jurado se hará público el día 11 de mayo de 2014 a las 12:30 horas en el mismo recinto de la Academia de Artillería (Segovia).
6.20 Además de las obras premiadas, aquellas que merezcan una mención especial por parte del jurado, podrán seleccionarse para formar parte de la exposición de los Premios Ejército, como queda detallado en el punto 2.10 de las normas generales de estas bases.
6.21 Retirada de las obras:
En la Modalidad Máster:
– Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ejército de Tierra de acuerdo al punto 2.11 de estas bases.
– Las obras seleccionadas participarán en las exposiciones de Premios Ejército de acuerdo al punto 2.10 de esta convocatoria y serán enviadas a sus autores una vez finalicen las mismas.
– Las obras no premiadas ni seleccionadas serán retiradas por los participantes, en la Academia de Artillería (Segovia), inmediatamente después del fallo de los jurados. Será imprescindible para ello la presentación del resguardo sellado de inscripción.
En la Modalidad Estándar:
– Los autores de las obras ganadoras dejarán sus obras para las exposiciones que se organizarán en la entrega de galardones y en los jardines del Cuartel General del Ejército en Madrid y serán enviadas a sus autores una vez finalicen las exposiciones.
– Las obras no premiadas, serán retiradas por los participantes, en la Academia de Artillería (Segovia), inmediatamente después del fallo de los jurados. Será imprescindible para ello la presentación del resguardo sellado de inscripción.
Séptima. Enseñanza Escolar.
7.1 Se establecen tres niveles de participación para el Curso Escolar 2013-2014:
Nivel A: Alumnos que cursen estudios de Educación Primaria.
Nivel B: Alumnos que cursen estudios de Educación Secundaria o Formación Profesional de Grado Medio.
Nivel C: Alumnos que cursen estudios de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Superior.
7.2 Podrán optar a estos premios alumnos que cursen estudios equivalentes a los del sistema educativo español dentro o fuera de España.
7.3 Cada Centro Escolar se podrá presentar a todos los Niveles (A, B y C) y dentro de cada nivel presentar trabajos de varios cursos y aulas.
7.4 Los trabajos presentados han de ser un reflejo de las impresiones que los alumnos han recibido por cualquier medio de las actividades del Ejército de Tierra. Los trabajos podrán ser composiciones o textos escritos. Los textos escritos se presentarán en castellano y encuadernados, en formato A4, por una cara, o el equivalente en otros países. Su contenido no superará las cincuenta (50) páginas incluido el texto escrito, anexos, fotos, etc. Además, los colegios ganadores proporcionarán, antes de la entrega de premios, una copia digital del trabajo, para su posible exposición en la página web del Ejército de Tierra.
7.5 Todos los colegios que aspiren a estos premios en sus niveles A, B y/o C disponen de un plazo de entrega de sus trabajos en las Oficinas de Comunicación Territoriales del Ejército de Tierra (ver punto 2.12), desde la publicación de estas bases hasta el 10 de abril de 2014 especificando que concursan a los Premios Ejército 2014 de Enseñanza Escolar en el nivel que corresponda.
7.6 Para cada nivel A, B y C resultará ganador a nivel regional el mejor trabajo presentado a cada nivel, de entre todos los recibidos en las respectivas Oficinas de Comunicación Territoriales del Ejército de Tierra, donde al efecto de fallar los premios, se constituirá un jurado. Caso de trabajos procedentes del extranjero, éstos entrarán directamente en la categoría nacional y será por tanto el jurado nacional quien dictamine.
7.7 Para su identificación sobre los trabajos se pondrá solamente el título del mismo, en ningún caso deberá figurar el nombre del Centro de Enseñanza ni autores para garantizar el anonimato ante el jurado. Junto con los trabajos se entregará un sobre con el título del mismo en el exterior, y dentro de éste se incluirá debidamente cumplimentado el «Anexo A».
7.8 El jurado valorará la metodología, contenido, trabajo colectivo, estructura, unidad, creatividad, la justificación educativa y la labor de coordinación del profesor.
7.9 Una vez fallados los correspondientes premios regionales, las respectivas Oficinas de Comunicación Territoriales del Ejército de Tierra remitirán los trabajos galardonados y cinco fotocopias de cada uno de ellos al Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra, debiendo tener entrada antes del 5 de mayo de 2014 para concurrir al premio nacional.
7.10 Dotación del Premio Nacional.
Nivel A: Un premio de 4.000 euros, trofeo y diploma que serán entregados al Centro de Enseñanza que resulte ganador. Éste distribuirá el premio de forma que 1.000 euros, el trofeo y el diploma serán para el Centro de Enseñanza, 1.000 euros para los profesores que participen en la orientación de los trabajos y 2.000 euros para los alumnos.
Nivel B: Un premio de 4.000 euros, trofeo y diploma que serán entregados al Centro de Enseñanza que resulte ganador. Éste distribuirá el premio de forma que 1.000 euros, el trofeo y el diploma serán para el Centro de Enseñanza, 1.000 euros para los profesores que participen en la orientación de los trabajos y 2.000 euros para los alumnos.
Nivel C: Un premio de 4.000 euros, trofeo y diploma que serán entregados al Centro de Enseñanza que resulte ganador. Éste distribuirá el premio de forma que 1.000 euros, el trofeo y el diploma serán para el Centro de Enseñanza, 1.000 euros para los profesores que participen en la orientación de los trabajos y 2.000 euros para los alumnos.
7.11 De acuerdo con el punto 2.5 de estas bases, una representación de profesores y alumnos de los Centros de Enseñanza galardonados recogerán personalmente su premio en un acto oficial, cuya celebración será comunicada previamente, pudiendo delegar en un representante.
Octava. Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales.
8.1 Se establece un premio dotado de 6.000 euros, trofeo y diploma.
8.2 Podrán presentarse trabajos relacionados con el campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales basados en las actividades del Ejército de Tierra Español a lo largo de su historia.
8.3 Los trabajos de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, así como todo cuanto esté relacionado con datos de autor, sumarios, etc., se presentarán en castellano, tendrán una extensión no inferior a 150 páginas ni superior a 250 (bibliografía y anexos aparte), impresos en tipo de letra Times New Roman tamaño 12 puntos, interlineado a espacio y medio, por una sola cara y en formato DIN A4 o el equivalente en otros países.
8.4 Para su identificación sobre los trabajos se pondrá solamente el título del mismo, en ningún caso deberá figurar el nombre del autor para garantizar el anonimato ante el jurado.
8.5 Los trabajos que se presenten a concurso serán originales, inéditos y no presentados a anteriores ediciones de Premios Ejército.
8.6 Sólo se podrá presentar un trabajo por autor.
8.7 Los trabajos deberán tener entrada, en mano o por mensajería, entre el 14 y el 30 de abril de 2014 (ambos inclusive), de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de nueve a trece horas, en el Cuartel General del Ejército, Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra, calle Prim, núm. 6, 28004 Madrid.
8.8 El envío de los trabajos incluirá dos ejemplares de la obra, en soporte papel, encuadernados con espiral de alambre o similar y un CD con la obra en soporte digital que incluirá:
– Una carpeta denominada «TRABAJO» que contendrá una copia del trabajo en formato Word y otra en formato PDF.
– Una carpeta denominada «SUMARIO» que contendrá el sumario de la obra, no superior a 5 folios, en un archivo en formato WORD y otro en formato PDF.
– Una carpeta denominada «DATOS PERSONALES» que contendrá dos archivos: uno con el Anexo «A» de estas bases, debidamente cumplimentado y otro con el currículum del autor del trabajo, ambos archivos en formato PDF.
8.9 Tanto en el CD, como en la carátula del mismo, deberá figurar exclusivamente el título del trabajo.
8.10 El Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra realizará los trámites necesarios ante el Ministerio de Defensa para la publicación de la obra premiada, para lo cual el autor galardonado deberá entregar el trabajo, en soporte informático, antes de recoger el premio.
Novena. Revista Ejército.
9.1 Los premios «Revista Ejercito», cuya creación se remonta a 1980, tienen por finalidad distinguir a los autores de los mejores trabajos y colaboraciones publicados en la Revista Ejercito durante el año 2013.
9.2 Se establecen los siguientes Premios:
– Un primer premio dotado con 2.000 euros.
– Un segundo premio dotado con 1.600 euros.
– Un tercer premio dotado con 1.200 euros.
– Diploma acreditativo.
9.3 Normas particulares:
Concurrirán a los premios primero, segundo y tercero, todos los artículos y colaboraciones publicadas en la Revista Ejercito en el año 2013, con excepción de los publicados en Documentos y Números Extraordinarios, independientemente de su extensión o tema, siempre que sean originales, tengan indudable categoría y guarden relación con materias de interés general o profesional para los miembros del Ejército de Tierra.
El diploma acreditativo se concederá cuando se estime oportuno y pretende el reconocimiento público a una destacada labor de colaboración con la Revista Ejercito durante un significativo periodo de tiempo.
El Jurado calificador estará constituido por el Director de la Revista Ejercito, en calidad de Presidente, y todos los consejeros que componen el Consejo de Redacción de la Revista Ejercito, actuando el Jefe de Redacción como Secretario del Jurado.
El Jurado no tendrá en consideración los trabajos de autores que hubieran sido distinguidos con alguno de los «Premios Revista Ejercito» en los dos años inmediatamente anteriores y en ningún caso podrá concederse más de un premio, en el mismo año, a un mismo autor.
La entrega de los Premios Revista Ejército se realizará en un evento diferenciado del de los Premios Ejército.
Décima. Distinción Especial.
Es un reconocimiento de carácter extraordinario que puede otorgarse a aquella persona, entidad u organismo que se haya distinguido por su vinculación al Ejército de Tierra contribuyendo, con sus trabajos o colaboraciones, a mejorar su prestigio e imagen.
La distinción especial se materializa en un sable de oficial general que se entregará en el transcurso de la ceremonia de entrega de galardones.
Esta distinción será concedida por el General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército, escuchado el Consejo Superior del Ejército.
Madrid, 14 de enero de 2014.–El General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército, Jaime Domínguez Buj.
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Un año más (y van 52) tenemos Premios Ejército, para la divulgación de la vida militar: pintura, fotografía… #BOE
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CONVOCATORIAS
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Ministerio de Defensa
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Premios Ejército, para la divulgación de la vida militar: pintura, fotografía…
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2014-05-22
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BOE-B-2014-18184
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Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para los servicios de mediación, inserción, asesoramiento, planificación y seguimiento de difusión publicitaria de campañas institucionales tanto en on como en off line realizadas por el Ayuntamiento de Parla.
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<documento fecha_actualizacion='20181023201505'>
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<identificador>BOE-B-2014-18184</identificador>
<titulo>Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para los servicios de mediación, inserción, asesoramiento, planificación y seguimiento de difusión publicitaria de campañas institucionales tanto en on como en off line realizadas por el Ayuntamiento de Parla.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>124</diario_numero>
<seccion>5</seccion>
<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='9525'>Administración Local</departamento>
<numero_anuncio>A140024950</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20140522</fecha_publicacion>
<letra_imagen>B</letra_imagen>
<pagina_inicial>24169</pagina_inicial>
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<url_pdf>/boe/dias/2014/05/22/pdfs/BOE-B-2014-18184.pdf</url_pdf>
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<analisis>
<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas>Veintiséis (26) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid o el Boletín Oficial del Estado si no fueran coincidentes, teniendo en cuenta el transcurso de cuarenta y siete (47) días naturales, a contar desde el envío del anuncio al DOUE</fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas>Se publicará en el perfíl del contratante</fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>108.900,00</importe>
<ambito_geografico>Comunidad de Madrid</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Ayuntamiento de Parla.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Departamento de Contratación.</dd>
<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Departamento de Contratación.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Plaza de la Constitución, n.º 1.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Parla 28981.</dd>
<dt>4) Teléfono: </dt>
<dd>91.624.03.32.</dd>
<dt>5) Telefax: </dt>
<dd>91.624.03.15.</dd>
<dt>6) Correo electrónico: </dt>
<dd>[email protected].</dd>
<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>www.ayuntamientoparla.es.</dd>
<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
<dd>Veintiséis (26) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid o el Boletín Oficial del Estado si no fueran coincidentes, teniendo en cuenta el transcurso de cuarenta y siete (47) días naturales, a contar desde el envío del anuncio al DOUE.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>d) Número de expediente: </dt>
<dd>34/13-SARA.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Servicios.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Servicios de mediación, inserción, asesoramiento, planificación y seguimiento de difusión publicitaria de campañas institucionales tanto en on como en off line realizadas por el Ayuntamiento de Parla.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
<dd>Según Pliegos.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>360.000,00 €.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) </dt>
<dd>Importe total: Presupuesto máximo anual 108.900,00. </dd>
</dl>
</dd>
<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
<dd> Definitiva (%): 5.</dd>
<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
<dd>Según Pliegos.</dd>
<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
<dd>Según Pliegos.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
<dd>Veintiséis (26) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid o el Boletín Oficial del Estado si no fueran coincidentes, teniendo en cuenta el transcurso de cuarenta y siete (47) días naturales, a contar desde el envío del anuncio al DOUE.</dd>
<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Registro General.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Plaza de la Constitución, n.º 1.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Parla 28981.</dd>
<dt>4) Dirección electrónica: </dt>
<dd>[email protected].</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
</dd>
<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Descripción: </dt>
<dd>Ayuntamiento de Parla.</dd>
<dt>b) Dirección: </dt>
<dd>Plaza de la Constitución, n.º 1.</dd>
<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Parla 28981.</dd>
<dt>d) Fecha y hora: </dt>
<dd>Se publicará en el perfíl del contratante.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
<dd>30 de abril de 2014.</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Parla, 7 de mayo de 2014.- Concejal Delegado de Hacienda, Patrimonio, Contratación, R. Interior y R. Humanos.</p>
</texto>
</documento>
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Thu May 22 10:39:18 +0000 2014
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1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Departamento de Contratación.
2) Domicilio:
Plaza de la Constitución, n.º 1.
3) Localidad y código postal:
Parla 28981.
4) Teléfono:
91.624.03.32.
5) Telefax:
91.624.03.15.
6) Correo electrónico:
[email protected].
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.ayuntamientoparla.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Veintiséis (26) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid o el Boletín Oficial del Estado si no fueran coincidentes, teniendo en cuenta el transcurso de cuarenta y siete (47) días naturales, a contar desde el envío del anuncio al DOUE.
d) Número de expediente:
34/13-SARA.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicios de mediación, inserción, asesoramiento, planificación y seguimiento de difusión publicitaria de campañas institucionales tanto en on como en off line realizadas por el Ayuntamiento de Parla.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Según Pliegos.
4. Valor estimado del contrato:
360.000,00 €.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe total: Presupuesto máximo anual 108.900,00.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según Pliegos.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Según Pliegos.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
Veintiséis (26) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid o el Boletín Oficial del Estado si no fueran coincidentes, teniendo en cuenta el transcurso de cuarenta y siete (47) días naturales, a contar desde el envío del anuncio al DOUE.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro General.
2) Domicilio:
Plaza de la Constitución, n.º 1.
3) Localidad y código postal:
Parla 28981.
4) Dirección electrónica:
[email protected].
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Ayuntamiento de Parla.
b) Dirección:
Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal:
Parla 28981.
d) Fecha y hora:
Se publicará en el perfíl del contratante.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
30 de abril de 2014.
Parla, 7 de mayo de 2014.- Concejal Delegado de Hacienda, Patrimonio, Contratación, R. Interior y R. Humanos.
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Inserción de anuncios de publi institucional ayto Parla: más de 100.000 €/año #BOE
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Administración Local
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Licitación para el servicios de mediación, inserción, asesoramiento, planificación y seguimiento de difusión publicitaria de campañas institucionales por importe total de 108.900,00 euros.
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2015-09-09
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BOE-A-2015-9729
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Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
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<identificador>BOE-A-2015-9729</identificador>
<titulo>Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>216</diario_numero>
<seccion>3</seccion>
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<departamento codigo='9216'>Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas</departamento>
<rango codigo='1370'>Resolución</rango>
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<fecha_disposicion>20150901</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20150909</fecha_publicacion>
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<origen_legislativo codigo='1'>Estatal</origen_legislativo>
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<judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
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<url_epub></url_epub>
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<notas></notas>
<materias></materias>
<alertas></alertas>
<referencias>
<anteriores></anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en el apartado primero de la Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» por las entidades a las que les sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, cuyo presupuesto de gastos tenga carácter limitativo, se hace pública la información contenida en el resumen de las cuentas anuales del Comisionado para el Mercado de Tabacos del ejercicio 2014 y el informe de auditoría de las mismas que figuran como anexo a esta resolución.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 1 de septiembre de 2015.–El Presidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos, Juan Luis Nieto Fernández.</p>
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</documento>
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Wed Sep 09 06:56:39 +0000 2015
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De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en el apartado primero de la Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» por las entidades a las que les sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, cuyo presupuesto de gastos tenga carácter limitativo, se hace pública la información contenida en el resumen de las cuentas anuales del Comisionado para el Mercado de Tabacos del ejercicio 2014 y el informe de auditoría de las mismas que figuran como anexo a esta resolución.
Madrid, 1 de septiembre de 2015.–El Presidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos, Juan Luis Nieto Fernández.
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Cuentas y auditoría de la Comisión Mercado Tabacos No dispone de un listado exhaustivo de deudores. 5,7M€ sin control
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
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Cuentas y auditoría de la Comisión Mercado Tabacos
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2018-01-29
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BOE-B-2018-5370
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios para la redacción del proyecto de ejecución y la asistencia a la dirección de obras para la remodelación de la Plaza de España de Madrid.
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<documento fecha_actualizacion='20181023201615'>
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<identificador>BOE-B-2018-5370</identificador>
<titulo>Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios para la redacción del proyecto de ejecución y la asistencia a la dirección de obras para la remodelación de la Plaza de España de Madrid.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>26</diario_numero>
<seccion>5</seccion>
<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='9525'>Administración Local</departamento>
<numero_anuncio>A180005329</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20180129</fecha_publicacion>
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<url_pdf>/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-B-2018-5370.pdf</url_pdf>
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<analisis>
<modalidad codigo='F'>Formalización contrato</modalidad>
<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
<tramitacion codigo=''></tramitacion>
<procedimiento codigo=''></procedimiento>
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<fecha_apertura_ofertas></fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>645.000,00</importe>
<ambito_geografico>Comunidad de Madrid</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Ayuntamiento de Madrid.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Servicios.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Contrato de servicios para la redacción del proyecto de ejecución y la asistencia a la dirección de obras para la remodelación de la Plaza de España de Madrid.</dd>
<dt>g) Medio de publicación del anuncio de licitación: </dt>
<dd>BOE.</dd>
<dt>h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: </dt>
<dd>27/06/2016</dd>
</dl>
</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación.</dt>
<dd>Importe total: 553.057,85 euros. </dd>
<dt>6. Formalización del contrato:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha de adjudicación: </dt>
<dd>14 de diciembre de 2017.</dd>
<dt>b) Fecha de formalización del contrato: </dt>
<dd>15 de enero de 2018.</dd>
<dt>c) Contratista: </dt>
<dd>Porras Guadiana Arquitectos, S.L.</dd>
<dt>d) Importe o canon de adjudicación: </dt>
<dd>Importe total: 645.000 euros. </dd>
<dt>e) Ventajas de la oferta adjudicataria: </dt>
<dd>Por haber resultado su propuesta, la ganadora del primer premio en la adjudicación del concurso de proyectos para la remodelación de la Plaza de España de Madrid y haberse constituido los ganadores del concurso de proyectos en la entidad PORRAS GUADIANA ARQUITECTOS, S.L.</dd>
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</dd>
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<p class='parrafo_2'>Madrid, 18 de enero de 2018.- La Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible. P.D. de firma (Resolución de 11 de noviembre de 2016), la Subdirectora General de Contratación y Asuntos Generales, Paula Mato García-Augustín.</p>
</texto>
</documento>
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Mon Jan 29 08:27:51 +0000 2018
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1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Ayuntamiento de Madrid.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Contrato de servicios para la redacción del proyecto de ejecución y la asistencia a la dirección de obras para la remodelación de la Plaza de España de Madrid.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
27/06/2016
5. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 553.057,85 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
14 de diciembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato:
15 de enero de 2018.
c) Contratista:
Porras Guadiana Arquitectos, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe total: 645.000 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Por haber resultado su propuesta, la ganadora del primer premio en la adjudicación del concurso de proyectos para la remodelación de la Plaza de España de Madrid y haberse constituido los ganadores del concurso de proyectos en la entidad PORRAS GUADIANA ARQUITECTOS, S.L.
Madrid, 18 de enero de 2018.- La Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible. P.D. de firma (Resolución de 11 de noviembre de 2016), la Subdirectora General de Contratación y Asuntos Generales, Paula Mato García-Augustín.
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Adjudicación redacción proyecto y asistencia a la dirección de obras para los arquitectos que ganaron el concurso de Plaza España (Madrid): 645.000€ #BOE
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[] |
CONTRATOS_LICITACIONES
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Administración Local
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Porras Guadiana Arquitectos, S.L. se lleva el contrato de servicios para la redacción del proyecto de ejecución y la asistencia a la dirección de obras para la remodelación de la Plaza de España de Madrid por importe total de 645.000 euros.
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[] | 783
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2021-03-08
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DE CONFORMIDAD con
el Real Decreto 645/2020, de 7 de julio
CITA
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo
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BOE-A-2021-3585
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Orden TMA/209/2021, de 4 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de los Premios Matilde Ucelay del Grupo MITMA.
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<p class='parrafo'>El derecho constitucional a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo recogido en el artículo 14 de la Constitución, se complementa, en el ámbito de la acción pública, con la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, prevista en el artículo 9.2 de la Constitución.</p>
<p class='parrafo'>En desarrollo de estos principios y de los recogidos en diversos textos internacionales, se aprobó la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que, en su artículo 15, recoge como unos de los principios generales de las políticas públicas de igualdad la transversalidad, de manera que todos los poderes públicos deben incorporar, de forma activa, la perspectiva de género en sus actuaciones.</p>
<p class='parrafo'>En este marco, también el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana incorpora la perspectiva de género y la promoción efectiva de la igualdad al ejercicio de las competencias que le corresponden de conformidad con el Real Decreto 645/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.</p>
<p class='parrafo'>Con el fin otorgar reconocimiento a la labor de aquellas personas o entidades que contribuyen con sus actividades a la introducción de la perspectiva de género en los ámbitos de las infraestructuras, los transportes, la movilidad, la vivienda y el urbanismo se considera idóneo la instauración de unos premios que permitan resaltar aquellas acciones que atendiendo a las demandas y necesidades específicas de las mujeres permitan avanzar hacia una sociedad más equitativa.</p>
<p class='parrafo'>La denominación de los premios quiere rendir homenaje a Matilde Ucelay Maortúa, primera mujer licenciada en arquitectura en España, que obtuvo el título en el año 1936. Pese a las enormes dificultades, desarrolló su carrera profesional durante más de 40 años y fue autora de más de un centenar de proyectos, especialmente viviendas, pero también edificios industriales y laboratorios. En el año 2004 obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura en reconocimiento a su «trayectoria excepcional»</p>
<p class='parrafo'>La presente orden cumple con los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, esta orden responde al principio de necesidad y eficacia, ya que el reconocimiento público de las actividades realizadas por personas o entidades en favor de la igualdad entre hombres y mujeres es una vía destacada para visibilizar los avances hacia la igualdad efectiva. En relación con los principios de eficacia, eficiencia y transparencia, la concesión de estos premios establece un procedimiento abierto de manera que las candidaturas al mismo podrán ser propuestas libremente por entidades o colectivos sociales interesados. Por último, por lo que respecta a los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad, esta norma es coherente con el ordenamiento jurídico y con las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.</p>
<p class='parrafo'>Durante la tramitación se ha recabado informe de la Abogacía del Estado en el Departamento.</p>
<p class='parrafo'>En su virtud, y con la aprobación previa del Ministro de Política Territorial y Función Pública, dispongo:</p>
<p class='articulo'>Artículo 1. Objeto.</p>
<p class='parrafo'>Los Premios Matilde Ucelay del Grupo MITMA, que se convocarán anualmente, tienen por objeto el reconocimiento público de aquellas actividades que, en el ámbito de la perspectiva de género, se desarrollen en el sector de los transportes, la movilidad o la agenda urbana.</p>
<p class='articulo'>Artículo 2. Beneficiarios.</p>
<p class='parrafo'>Podrán optar a los Premios todas aquellas personas físicas y jurídicas, entidades y organismos públicos o privados, organizaciones, fundaciones o asociaciones que hayan desarrollado actuaciones o proyectos relacionados con la perspectiva de género en el ámbito de los transportes, la movilidad o la agenda urbana.</p>
<p class='articulo'>Artículo 3. Categorías.</p>
<p class='parrafo'>Los Premios Matilde Ucelay del Grupo MITMA tendrán las siguientes categorías:</p>
<p class='parrafo_2'>a) A la trayectoria personal.–Mediante el que se otorgará el reconocimiento a aquellas personas físicas que, en el ámbito de los transportes, la movilidad o la agenda urbana, haya realizado una labor destacada en favor de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres.</p>
<p class='parrafo'>b) Al proyecto.–Mediante el que se otorgará el reconocimiento a aquel proyecto, práctica, programa o iniciativa relativa a la perspectiva de género que se haya desarrollado en el ámbito de los transportes, la movilidad o la agenda urbana.</p>
<p class='parrafo'>c) A la entidad.–Mediante el que se otorgará el reconocimiento a aquellas personas jurídicas, entidades, organismos, fundaciones, organizaciones o asociaciones que hayan realizado una destacada labor en el ámbito de la perspectiva de género en los sectores de los transportes, la movilidad o la agenda urbana.</p>
<p class='articulo'>Artículo 4. Criterios de concesión.</p>
<p class='parrafo'>Para el otorgamiento de los premios el Jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios para cada categoría:</p>
<p class='parrafo_2'>a) En la categoría «trayectoria personal», se valorará las actuaciones y trayectoria de la persona candidata en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres así como el impacto de la labor realizada en la visibilización de los problemas asociados a la desigualdad de la mujer.</p>
<p class='parrafo'>b) En la categoría «proyecto» se valorará la repercusión del proyecto, práctica, programa o iniciativa en el avance hacia una sociedad más equitativa así como su posible escalabilidad a otros ámbitos</p>
<p class='parrafo'>c) En la categoría «entidad» se valorará las actuaciones y trayectoria de la entidad en favor de la igualdad entre hombres y mujeres o así como la efectividad y el alcance de los trabajos realizados en favor de la misma.</p>
<p class='articulo'>Artículo 5. Dotación de los premios.</p>
<p class='parrafo'>1. Los premios regulados en esta orden no tendrán carácter económico.</p>
<p class='parrafo'>2. Para cada categoría convocada el premio consistirá en un diploma. Asimismo se dará difusión tanto a la concesión del premio como a los méritos y logros de las personas beneficiarias de los mismos</p>
<p class='parrafo'>3. El premio podrá ser declarado desierto, en todas o alguna de sus categorías, en caso de que ninguna de las candidaturas reuniera los méritos suficientes para ser galardonada con el mismo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 6. Candidaturas.</p>
<p class='parrafo'>1. Las candidaturas a los premios podrán ser presentadas por las personas que forman parte del Jurado y por entidades, organizaciones, instituciones, asociaciones o colectivos, mediante propuestas razonadas dirigidas al órgano instructor. En el caso de las candidaturas presentadas por las personas que forman parte del Jurado, dichas personas se abstendrán de participar en las deliberaciones que afecten a dicha candidatura</p>
<p class='parrafo'>2. Las candidaturas presentarán una solicitud de participación que incluirá una memoria razonada y argumentada, con los méritos y circunstancias especiales que concurran en las personas, entidades o proyectos candidatos, y la vinculación de las mismas con el sector de los transportes, la movilidad o la agenda urbana.</p>
<p class='parrafo'>3. Las candidaturas y la documentación que acompaña a las mismas podrán presentarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por medios electrónico o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la citada Ley.</p>
<p class='parrafo'>Las personas jurídicas estarán obligadas a utilizar los medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la citada Ley.</p>
<p class='parrafo'>4. La presentación de la candidatura supone la aceptación incondicionada de estas bases reguladoras y de toda la normativa que regule este premio. En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones recogidas en la misma, las personas beneficiarias perderán el premio otorgado.</p>
<p class='articulo'>Artículo 7. Procedimiento y órganos competentes.</p>
<p class='parrafo'>1. La convocatoria de las sucesivas ediciones del Premio Matilde Ucelay del Grupo MITMA se efectuará mediante Orden de la persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Las convocatorias se publicarán en el Boletín Oficial del Estado.</p>
<p class='parrafo'>2. Corresponderá al Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la instrucción de los actos de trámite necesarios para la concesión de los Premios.</p>
<p class='parrafo'>3. Las candidaturas presentadas serán sometidas a la consideración del Jurado que emitirá un informe concretando el resultado de la valoración efectuada y proponiendo a las personas beneficiarias de los premios en sus diferentes categorías.</p>
<p class='parrafo'>4. El órgano instructor, a la vista del Acta del Jurado, formulará la propuesta de resolución, que habrá de ser motivada, y la elevará con su informe a la persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que resolverá.</p>
<p class='articulo'>Artículo 8. Composición del Jurado.</p>
<p class='parrafo'>1. El Jurado estará presidido por la persona titular Dirección General de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y contará con las siguientes vocalías designadas por dicha Presidencia de conformidad con las propuestas que remitan los siguientes órganos:</p>
<p class='parrafo_2'>– Gabinete del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, un vocal con rango mínimo de Subdirector o Subdirectora General, o asimilado.</p>
<p class='parrafo'>– Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tres vocales con rango mínimo de Subdirector o Subdirectora General, o asimilados.</p>
<p class='parrafo'>– Las siguientes entidades públicas: ADIF, RENFE-Operadora, Puertos del Estado, AENA S.M.E. S.A., ENAIRE E.P.E., INECO S.M.E. M.P. S.A., y SEPES E.P.E. propondrán un vocal cada una de ellas.</p>
<p class='parrafo'>– En cuanto a la Secretaría del Jurado la ejercerá, con voz, pero sin voto, una persona con la condición de funcionario o funcionaria del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana</p>
<p class='parrafo_2'>2. En lo no previsto en estas bases, el funcionamiento del Jurado como órgano colegiado se ajustará a las previsiones contenidas en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.</p>
<p class='parrafo'>3. Atendiendo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cada uno de los órganos y entidades a los que corresponda proponer vocalías para el Jurado deberá proponer necesariamente a un hombre y a una mujer, entre quienes la Presidencia del Jurado designará a quien corresponda. </p>
<p class='articulo'>Artículo 9. Plazos.</p>
<p class='parrafo'>1. El plazo máximo para la presentación de candidaturas será establecido en la convocatoria, no pudiendo ser inferior a quince días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo'>2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de dos meses. Dicho plazo se computará desde la publicación de la convocatoria.</p>
<p class='articulo'>Artículo 10. Difusión y entrega del premio.</p>
<p class='parrafo'>1. Los premios serán entregados a las personas beneficiarias por la persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en un acto público, con la solemnidad y difusión adecuadas.</p>
<p class='parrafo'>2. El MITMA promoverá la realización de exposiciones y actividades de difusión en las instalaciones del Ministerio y de las entidades del Grupo MITMA, en las que se pongan de manifiesto los trabajos y los logros realizados por las personas premiadas.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional única. Ausencia de incremento de gasto.</p>
<p class='parrafo'>El funcionamiento del Jurado previsto en esta orden no supondrá incremento alguno de gasto público y será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios ya existentes en el Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda urbana.</p>
<p class='articulo'>Disposición final única. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo'>La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 4 de marzo de 2021.–El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos Meco.</p>
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Mon Mar 08 08:26:27 +0000 2021
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El derecho constitucional a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo recogido en el artículo 14 de la Constitución, se complementa, en el ámbito de la acción pública, con la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, prevista en el artículo 9.2 de la Constitución.
En desarrollo de estos principios y de los recogidos en diversos textos internacionales, se aprobó la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que, en su artículo 15, recoge como unos de los principios generales de las políticas públicas de igualdad la transversalidad, de manera que todos los poderes públicos deben incorporar, de forma activa, la perspectiva de género en sus actuaciones.
En este marco, también el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana incorpora la perspectiva de género y la promoción efectiva de la igualdad al ejercicio de las competencias que le corresponden de conformidad con el Real Decreto 645/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Con el fin otorgar reconocimiento a la labor de aquellas personas o entidades que contribuyen con sus actividades a la introducción de la perspectiva de género en los ámbitos de las infraestructuras, los transportes, la movilidad, la vivienda y el urbanismo se considera idóneo la instauración de unos premios que permitan resaltar aquellas acciones que atendiendo a las demandas y necesidades específicas de las mujeres permitan avanzar hacia una sociedad más equitativa.
La denominación de los premios quiere rendir homenaje a Matilde Ucelay Maortúa, primera mujer licenciada en arquitectura en España, que obtuvo el título en el año 1936. Pese a las enormes dificultades, desarrolló su carrera profesional durante más de 40 años y fue autora de más de un centenar de proyectos, especialmente viviendas, pero también edificios industriales y laboratorios. En el año 2004 obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura en reconocimiento a su «trayectoria excepcional»
La presente orden cumple con los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, esta orden responde al principio de necesidad y eficacia, ya que el reconocimiento público de las actividades realizadas por personas o entidades en favor de la igualdad entre hombres y mujeres es una vía destacada para visibilizar los avances hacia la igualdad efectiva. En relación con los principios de eficacia, eficiencia y transparencia, la concesión de estos premios establece un procedimiento abierto de manera que las candidaturas al mismo podrán ser propuestas libremente por entidades o colectivos sociales interesados. Por último, por lo que respecta a los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad, esta norma es coherente con el ordenamiento jurídico y con las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Durante la tramitación se ha recabado informe de la Abogacía del Estado en el Departamento.
En su virtud, y con la aprobación previa del Ministro de Política Territorial y Función Pública, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
Los Premios Matilde Ucelay del Grupo MITMA, que se convocarán anualmente, tienen por objeto el reconocimiento público de aquellas actividades que, en el ámbito de la perspectiva de género, se desarrollen en el sector de los transportes, la movilidad o la agenda urbana.
Artículo 2. Beneficiarios.
Podrán optar a los Premios todas aquellas personas físicas y jurídicas, entidades y organismos públicos o privados, organizaciones, fundaciones o asociaciones que hayan desarrollado actuaciones o proyectos relacionados con la perspectiva de género en el ámbito de los transportes, la movilidad o la agenda urbana.
Artículo 3. Categorías.
Los Premios Matilde Ucelay del Grupo MITMA tendrán las siguientes categorías:
a) A la trayectoria personal.–Mediante el que se otorgará el reconocimiento a aquellas personas físicas que, en el ámbito de los transportes, la movilidad o la agenda urbana, haya realizado una labor destacada en favor de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres.
b) Al proyecto.–Mediante el que se otorgará el reconocimiento a aquel proyecto, práctica, programa o iniciativa relativa a la perspectiva de género que se haya desarrollado en el ámbito de los transportes, la movilidad o la agenda urbana.
c) A la entidad.–Mediante el que se otorgará el reconocimiento a aquellas personas jurídicas, entidades, organismos, fundaciones, organizaciones o asociaciones que hayan realizado una destacada labor en el ámbito de la perspectiva de género en los sectores de los transportes, la movilidad o la agenda urbana.
Artículo 4. Criterios de concesión.
Para el otorgamiento de los premios el Jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios para cada categoría:
a) En la categoría «trayectoria personal», se valorará las actuaciones y trayectoria de la persona candidata en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres así como el impacto de la labor realizada en la visibilización de los problemas asociados a la desigualdad de la mujer.
b) En la categoría «proyecto» se valorará la repercusión del proyecto, práctica, programa o iniciativa en el avance hacia una sociedad más equitativa así como su posible escalabilidad a otros ámbitos
c) En la categoría «entidad» se valorará las actuaciones y trayectoria de la entidad en favor de la igualdad entre hombres y mujeres o así como la efectividad y el alcance de los trabajos realizados en favor de la misma.
Artículo 5. Dotación de los premios.
1. Los premios regulados en esta orden no tendrán carácter económico.
2. Para cada categoría convocada el premio consistirá en un diploma. Asimismo se dará difusión tanto a la concesión del premio como a los méritos y logros de las personas beneficiarias de los mismos
3. El premio podrá ser declarado desierto, en todas o alguna de sus categorías, en caso de que ninguna de las candidaturas reuniera los méritos suficientes para ser galardonada con el mismo.
Artículo 6. Candidaturas.
1. Las candidaturas a los premios podrán ser presentadas por las personas que forman parte del Jurado y por entidades, organizaciones, instituciones, asociaciones o colectivos, mediante propuestas razonadas dirigidas al órgano instructor. En el caso de las candidaturas presentadas por las personas que forman parte del Jurado, dichas personas se abstendrán de participar en las deliberaciones que afecten a dicha candidatura
2. Las candidaturas presentarán una solicitud de participación que incluirá una memoria razonada y argumentada, con los méritos y circunstancias especiales que concurran en las personas, entidades o proyectos candidatos, y la vinculación de las mismas con el sector de los transportes, la movilidad o la agenda urbana.
3. Las candidaturas y la documentación que acompaña a las mismas podrán presentarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por medios electrónico o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la citada Ley.
Las personas jurídicas estarán obligadas a utilizar los medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la citada Ley.
4. La presentación de la candidatura supone la aceptación incondicionada de estas bases reguladoras y de toda la normativa que regule este premio. En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones recogidas en la misma, las personas beneficiarias perderán el premio otorgado.
Artículo 7. Procedimiento y órganos competentes.
1. La convocatoria de las sucesivas ediciones del Premio Matilde Ucelay del Grupo MITMA se efectuará mediante Orden de la persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Las convocatorias se publicarán en el Boletín Oficial del Estado.
2. Corresponderá al Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la instrucción de los actos de trámite necesarios para la concesión de los Premios.
3. Las candidaturas presentadas serán sometidas a la consideración del Jurado que emitirá un informe concretando el resultado de la valoración efectuada y proponiendo a las personas beneficiarias de los premios en sus diferentes categorías.
4. El órgano instructor, a la vista del Acta del Jurado, formulará la propuesta de resolución, que habrá de ser motivada, y la elevará con su informe a la persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que resolverá.
Artículo 8. Composición del Jurado.
1. El Jurado estará presidido por la persona titular Dirección General de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y contará con las siguientes vocalías designadas por dicha Presidencia de conformidad con las propuestas que remitan los siguientes órganos:
– Gabinete del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, un vocal con rango mínimo de Subdirector o Subdirectora General, o asimilado.
– Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tres vocales con rango mínimo de Subdirector o Subdirectora General, o asimilados.
– Las siguientes entidades públicas: ADIF, RENFE-Operadora, Puertos del Estado, AENA S.M.E. S.A., ENAIRE E.P.E., INECO S.M.E. M.P. S.A., y SEPES E.P.E. propondrán un vocal cada una de ellas.
– En cuanto a la Secretaría del Jurado la ejercerá, con voz, pero sin voto, una persona con la condición de funcionario o funcionaria del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
2. En lo no previsto en estas bases, el funcionamiento del Jurado como órgano colegiado se ajustará a las previsiones contenidas en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3. Atendiendo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cada uno de los órganos y entidades a los que corresponda proponer vocalías para el Jurado deberá proponer necesariamente a un hombre y a una mujer, entre quienes la Presidencia del Jurado designará a quien corresponda.
Artículo 9. Plazos.
1. El plazo máximo para la presentación de candidaturas será establecido en la convocatoria, no pudiendo ser inferior a quince días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de dos meses. Dicho plazo se computará desde la publicación de la convocatoria.
Artículo 10. Difusión y entrega del premio.
1. Los premios serán entregados a las personas beneficiarias por la persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en un acto público, con la solemnidad y difusión adecuadas.
2. El MITMA promoverá la realización de exposiciones y actividades de difusión en las instalaciones del Ministerio y de las entidades del Grupo MITMA, en las que se pongan de manifiesto los trabajos y los logros realizados por las personas premiadas.
Disposición adicional única. Ausencia de incremento de gasto.
El funcionamiento del Jurado previsto en esta orden no supondrá incremento alguno de gasto público y será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios ya existentes en el Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda urbana.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 4 de marzo de 2021.–El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos Meco.
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Justo hoy, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lleva al #BOE las bases de unos premios para reconocer actividades con perspectiva de género. El premio: un diploma. Hay premios con pasta hasta para promover la cultura de la Defensa
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PREMIOS_Y_MEDALLAS
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Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lleva al BOE las bases de unos premios para reconocer actividades con perspectiva de género.
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2016-04-11
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BOE-A-2016-3436
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Orden ECC/507/2016, de 1 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ECC/2551/2015, de 4 de noviembre.
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<texto>
<p class='parrafo'>Por Orden ECC/2551/2015, de 4 de noviembre («BOE» de 1 de diciembre), se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de Economía y Competitividad.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación que exige el capítulo III, del título III del Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del procedimiento y el cumplimiento por parte de los candidatos elegidos de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.</p>
<p class='parrafo'>Este Ministerio acuerda, utilizando la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 56.1 del referido Reglamento, dar publicidad a la resolución parcial de la convocatoria de referencia según se detalla en el anexo.</p>
<p class='parrafo'>El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido en el artículo 48 del mencionado reglamento.</p>
<p class='parrafo'>Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo establecido en los artículos 9.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 1 de abril, de 2016.–El Ministro de Economía y Competitividad, P.D. (Orden ECC/1695/2012, de 27 de julio), el Subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury Redondo.</p>
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Mon Apr 11 09:56:10 +0000 2016
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Por Orden ECC/2551/2015, de 4 de noviembre («BOE» de 1 de diciembre), se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de Economía y Competitividad.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación que exige el capítulo III, del título III del Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del procedimiento y el cumplimiento por parte de los candidatos elegidos de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.
Este Ministerio acuerda, utilizando la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 56.1 del referido Reglamento, dar publicidad a la resolución parcial de la convocatoria de referencia según se detalla en el anexo.
El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido en el artículo 48 del mencionado reglamento.
Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo establecido en los artículos 9.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Madrid, 1 de abril, de 2016.–El Ministro de Economía y Competitividad, P.D. (Orden ECC/1695/2012, de 27 de julio), el Subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury Redondo.
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Si los apellidos no engañan, la hija de Pedro Solbes es asesora del ministro de Guindos Ya fue subdirectora #BOE
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CONVOCATORIAS
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Ministerio de Economía y Competitividad
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Convocatoria de puestos de trabajo de libre designación en el Ministerio de Economía y Competitividad.
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2015-02-24
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DICTADA
en el Recurso 5610/2012
DECLARA
la DESESTIMACIÓN en relación con determinados preceptos de la Ley 3/2012, de 6 de julio
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BOE-A-2015-1896
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Pleno. Sentencia 8/2015, de 22 de enero de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 5610-2012. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural del Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Derechos a la igualdad, a la libertad sindical, a la tutela judicial efectiva, a la negociación colectiva y al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad: constitucionalidad de los preceptos legales relativos al contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores; modificación sustancial de las condiciones de trabajo, negociación colectiva; extinción del contrato de trabajo, procesos por despido; aplicación de la suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o derivadas de fuerza mayor en el sector público; y nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten la extinción de los contratos de trabajo por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Voto particular.
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<titulo>Pleno. Sentencia 8/2015, de 22 de enero de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 5610-2012. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural del Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Derechos a la igualdad, a la libertad sindical, a la tutela judicial efectiva, a la negociación colectiva y al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad: constitucionalidad de los preceptos legales relativos al contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores; modificación sustancial de las condiciones de trabajo, negociación colectiva; extinción del contrato de trabajo, procesos por despido; aplicación de la suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o derivadas de fuerza mayor en el sector público; y nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten la extinción de los contratos de trabajo por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Voto particular.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>47</diario_numero>
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<departamento codigo='1410'>Tribunal Constitucional</departamento>
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<materia codigo='93' orden=''>Administraciones Públicas</materia>
<materia codigo='1667' orden=''>Contratos de trabajo</materia>
<materia codigo='2490' orden=''>Despidos</materia>
<materia codigo='3159' orden=''>Empleados públicos</materia>
<materia codigo='3478' orden=''>Estatuto de los Trabajadores</materia>
<materia codigo='5148' orden=''>Negociación colectiva</materia>
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<alerta codigo='111' orden=''>Derecho Constitucional</alerta>
<alerta codigo='116' orden=''>Función Pública</alerta>
<alerta codigo='131' orden=''>Trabajo y empleo</alerta>
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<referencias>
<anteriores>
<anterior orden='4005' referencia='BOE-A-2012-13830'>
<palabra codigo='693'>DICTADA</palabra>
<texto>en el Recurso 5610/2012</texto>
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<anterior orden='4010' referencia='BOE-A-2012-9110'>
<palabra codigo='470'>DECLARA</palabra>
<texto>la DESESTIMACIÓN en relación con determinados preceptos de la Ley 3/2012, de 6 de julio</texto>
</anterior>
</anteriores>
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</referencias>
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<texto>
<p class='parrafo'>El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado</p>
<p class='centro_redonda'>EN NOMBRE DEL REY</p>
<p class='parrafo_2'>la siguiente</p>
<p class='centro_redonda'>SENTENCIA</p>
<p class='parrafo_2'>En el recurso de inconstitucionalidad núm. 5610-2012, promovido por ciento cuatro Diputados del Grupo Parlamentario Socialista y once del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural [Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) y Chunta Aragonesista (CHA)] del Congreso de los Diputados, contra los arts. 4.3, 12.1, 14.1 y 2, 18.3 y 8, 23.1, así como contra la disposición adicional tercera y la disposición final cuarta.2, de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, por vulneración de los arts. 14, 23.2, 24.1, 28.1, 35.1, 37.1 y 103.3, todos ellos de la Constitución. Ha intervenido el Abogado del Estado en la representación que ostenta. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal.</p>
<p class='centro_negrita'>I. Antecedentes</p>
<p class='parrafo_2'>1. Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 5 de octubre de 2012, la Procuradora de los Tribunales doña Virginia Aragón Segura, actuando en nombre y representación de ciento cuatro Diputados del Grupo Parlamentario Socialista y once del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural [Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) y Chunta Aragonesista (CHA)] del Congreso de los Diputados, presentó recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 4.3, 12.1, 14.1 y 2, 18.3 y 8, 23.1, así como contra la disposición adicional tercera y la disposición final cuarta.2, de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (en adelante, Ley 3/2012, de 6 de julio), por vulneración de los arts. 14, 23.2, 24.1, 28.1, 35.1, 37.1 y 103.3, todos ellos de la Constitución.</p>
<p class='parrafo_2'>2. En el escrito de interposición del recurso, los recurrentes sustentan las vulneraciones constitucionales anteriormente citadas, con base a los razonamientos que a continuación se sintetizan:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Inician su recurso realizando un planteamiento general previo al examen de los distintos motivos de inconstitucionalidad. Recuerdan que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE), y señalan que esta circunstancia no sería necesario mencionarla si no fuera porque las infracciones constitucionales en las que incurren las normas impugnadas traen causa del «desconocimiento del marco estructural y axiológico en el que nuestra Constitución se inserta». Destacan a este respecto el papel que dentro de ese Estado social juegan los interlocutores sociales (art. 7 CE), el derecho a la negociación colectiva (art. 37 CE), la libertad sindical y el derecho de huelga (art. 28 CE), que se erigen en baluarte constitucional indisponible para la defensa de los trabajadores. Y abundando en tales razonamientos, añaden que la Ley 3/2012, de 6 de julio, que se cuestiona, se ha gestado desdeñando la posición de los interlocutores sociales, supone una transformación profunda de nuestro Derecho del trabajo, y «se sitúa fuera del marco de nuestro Estado social y democrático de derecho», así como «fuera de la Constitución». Niegan que esta última deje al legislador las manos libres para irrumpir en el mercado de trabajo, ignorando las prescripciones y condicionamientos constitucionales que buscan el equilibrio, el diálogo y la integración de posiciones contradictorias. Y partiendo de que éste y no otro es el modelo constitucional de relaciones laborales, aducen que es la primera vez que, de un modo tan notorio, es quebrantado por el legislador de la reforma laboral. Aunque reconocen que dentro de la Constitución caben diversas regulaciones de las instituciones laborales, sostienen que lo que queda constitucionalmente vedado al legislador es «sustituir los elementos centrales del modelo constitucional» por otros distintos. Y adicionan, que cuando el legislador actúa de ese modo, la consecuencia es que «el producto normativo nace al mundo del Derecho fuera de las coordenadas constitucionales». En suma, terminan diciendo que la decisión del legislador de «ignorar de partida nuestro modelo de relaciones laborales, modelo consecuente con la fórmula del Estado Social y democrático de Derecho» no puede sino saldarse con las inconstitucionalidades evidentes que se imputan a los preceptos recurridos.</p>
<p class='parrafo'>b) Una vez realizadas las anteriores consideraciones de índole general, los recurrentes pasan a examinar los concretos motivos de inconstitucionalidad. El primer precepto que consideran inconstitucional es el apartado primero del art. 14 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (Ley 3/2012, de 6 de julio), por el que se da nueva redacción al art. 82.3 del texto refundido de la Ley texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, (LET), al que imputan la vulneración de los arts. 24.1, 28.1 y 37.1, todos ellos de la Constitución, con motivo de la atribución a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, o a los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas, de la facultad de acordar la inaplicación de lo pactado en convenio colectivo.</p>
<p class='parrafo'>Comienzan señalando al respecto que es posible aceptar la inaplicación de condiciones de trabajo pactadas en convenio cuando tal decisión sea el resultado de un procedimiento negociado de inaplicación, como ocurría en precedentes regulaciones, pero que resulta inadmisible, por traspasar los límites de lo constitucionalmente aceptable, la actual atribución por iniciativa de la dirección de la empresa, de una facultad final resolutoria a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. No ponen objeción alguna los recurrentes con relación a las fases del procedimiento de inaplicación anteriores a la intervención de la citada Comisión, pues en ellas la decisión se atribuye a las propias partes negociadoras, o bien a otros sujetos colectivos con legitimación para negociar un convenio en el ámbito correspondiente, manteniéndose el precepto, por lo tanto, en la esfera del respeto de la autonomía de negociación. Por el contrario, la última de las fases se pone en marcha por iniciativa de una de las partes (que en la práctica será el empleador) y es un sujeto ajeno a ellas el que podrá acordar unilateralmente la inaplicación de las condiciones pactadas en convenio colectivo, con patente vulneración de su fuerza vinculante. Sostienen, por ello, que nos encontramos ante un arbitraje obligatorio (pues no existe compromiso arbitral) y público (por cuanto la decisión se adopta en el seno de un organismo de tal carácter cuyos acuerdos tienen la naturaleza de actos administrativos), identificable con el arbitraje obligatorio atribuido a la autoridad laboral para dirimir conflictos colectivos en el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, que fue declarado inconstitucional por STC 11/1981, de 8 de abril, y cuyos razonamientos consideran los recurrentes plenamente trasladables al presente caso para apreciar la vulneración de los arts. 37.1 y 28.1 CE.</p>
<p class='parrafo'>Precisan a continuación que no impide la apreciación de la inconstitucionalidad del precepto el que el arbitraje se atribuya a un órgano tripartito en el que participa una representación de los trabajadores, dado que esta última representación puede no coincidir con la que negoció el convenio colectivo cuya inaplicación se decide, con lo que cabría apreciar la vulneración de la libertad sindical de unos representantes de los trabajadores por parte de otros. También se aduce que, en la mayor parte de los casos, decidirá la Administración, que tendrá un voto de calidad en tanto que lo habitual será que la discrepancia entre las partes también se mantenga en esta última fase. Y se añade que aunque la decisión no se adopte en el seno de la, Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos sino por un árbitro nombrado al efecto, se verá igualmente afectada la fuerza vinculante del convenio, siendo trasladable a este supuesto todo lo dicho con relación a la Comisión.</p>
<p class='parrafo'>Conforme a los anteriores razonamientos, los recurrentes mantienen que la norma impugnada viene a consentir una intromisión pública que afecta claramente al contenido esencial de la negociación colectiva (art. 37.1 CE), como también del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE) desde el momento en que aquélla constituye un instrumento de la acción sindical. A mayor abundamiento, los recurrentes se quejan del margen de discrecionalidad que tienen la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o el árbitro para tomar la decisión de inaplicación, pues les basta con comprobar la concurrencia de las amplias causas justificativas previstas legalmente. Consideran que tal circunstancia impide al poder judicial un control de la adecuación o no de la medida, lo que conlleva la lesión consiguiente del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE. Después, se afirma que si bien la STC 11/1981 citada admitió el establecimiento de un arbitraje obligatorio en caso de huelga para situaciones extraordinarias o excepcionales (dando su conformidad al arbitraje obligatorio previsto en el párrafo segundo del art. 10 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo), en el caso de autos no concurriría un escenario de excepcionalidad o situación extraordinaria en la regulación del procedimiento de arbitraje obligatorio previsto para la inaplicación del convenio colectivo. Finalmente, niegan que se pueda establecer parangón alguno entre la competencia asignada a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en el precepto ahora impugnado con la que en el pasado ostentó para resolver discrepancias entre las partes a los efectos de cerrar el largo proceso de derogación de las ordenanzas laborales, en tanto que en este último caso la actuación de la Comisión no afectaba a la fuerza vinculante de los convenios colectivos.</p>
<p class='parrafo'>c) En segundo lugar, impugnan el apartado primero del art. 12 de la Ley 3/2012, por el que se modifica el art. 41 LET relativo a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, y en el que se reconoce, en sus apartados 4 y 5, la facultad del empleador de acordar unilateralmente la modificación de condiciones de trabajo pactadas en acuerdos o pactos colectivos extraestaturarios. Sostienen los recurrentes que tal precepto vulnera el reconocimiento constitucional de la fuerza vinculante de los convenios colectivos (art. 37.1 CE), la libertad sindical (art. 28.1 CE), y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).</p>
<p class='parrafo'>A juicio de los recurrentes, en este caso el incumplimiento de lo pactado en acuerdos colectivos es mucho más directo que en el supuesto analizado con anterioridad, dado que la decisión de alterar lo pactado colectivamente ni siquiera depende del control de un tercero (arbitraje), sino que es el propio empleador quien lo decide libremente de forma unilateral, con el simple requisito previo de sometimiento a un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, que aunque resulta preceptivo, no es vinculante. Con esta regulación, que afecta a los acuerdos colectivos no regulados en el título III del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores se vulnera la garantía del <em>pacta sunt servanda </em>colectivo del art. 37.1 CE y del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE). A este respecto, se indica que la Constitución garantiza la fuerza vinculante de todos los convenios colectivos, tanto de los estatutarios como de los extraestatutarios, sin que quepa que el legislador ordinario saque de esa garantía a determinados pactos colectivos.</p>
<p class='parrafo'>Conforme a lo anterior, consideran que el texto constitucional no permite que el legislador ordinario decida qué productos de la negociación colectiva merecen el calificativo de convenios colectivos y cuáles no, pues de lo contrario se le otorgaría plena discrecionalidad para decidir a qué acuerdos, de los alcanzados entre los representantes de los trabajadores y empresarios, se extiende la fuerza vinculante constitucional. Si bien el reconocimiento de la eficacia general del convenio colectivo no deriva del texto constitucional sino que constituye un plus de eficacia otorgado por el legislador ordinario, lo que no puede hacer este último es restar fuerza vinculante a algunos convenios colectivos, pues constitucionalmente se reconoce la misma sin distinción. Y es precisamente esto lo que, según los recurrentes, hace la nueva regulación cuando, permitiendo la modificación unilateral de los acuerdos y pactos colectivos, devalúa por completo su fuerza vinculante al extremo de negar el <em>pacta sunt servanda</em> del que goza cualquier contrato privado conforme a la legislación civil.</p>
<p class='parrafo'>A mayor abundamiento, para los diputados recurrentes, las causas que el precepto contempla como justificativas de esta inaplicación son de tal amplitud (basta con que la medida provoque efectos positivos sobre la marcha de la empresa) que posibilita el incumplimiento de los pactos y acuerdos colectivos en la práctica totalidad de las ocasiones, a salvo de situaciones de carácter discriminatorio o arbitrarias. Ello demuestra que la excepción que se establece a la fuerza vinculante de los convenios ni siquiera se presenta con rasgos de excepcionalidad, lo que hace más flagrante, si cabe, la lesión que con ello se produce de la garantía constitucional establecida en el art. 37.1 CE y, por derivación, de la libertad sindical del art. 28.1 CE, que se ejerce por los representantes de los trabajadores a través del proceso de concertación de los acuerdos y pactos colectivos de referencia. Entienden, finalmente, que con tal laxitud en la definición de las causas, el ejercicio de la facultad unilateral empresarial escapa a todo posible control, impidiendo el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).</p>
<p class='parrafo'>d) Cuestionan a continuación los diputados recurrentes el apartado segundo del art. 14 de la Ley 3/2012, que modifica el art. 84.2 LET, por posible vulneración de los arts. 37.1 y 28.1 CE al establecer la preferencia absoluta e incondicionada del convenio colectivo de empresa respecto de otros ámbitos o niveles de negociación, excluyendo a estos efectos que los interlocutores sociales puedan establecer reglas diversas de articulación y concurrencia entre convenios colectivos.</p>
<p class='parrafo'>Partiendo de la doctrina constitucional que establece la vinculación existente entre los derechos de negociación colectiva y libertad sindical, señalan que la aplicación del precepto legal ahora cuestionado lleva a dos resultados. El primero, la posibilidad de inaplicación de un convenio colectivo sectorial en el ámbito de una empresa, en materias tan específicas de la negociación colectiva como las que se mencionan en el precepto legal (en especial, las retributivas). Esta inaplicación sería el resultado de la negociación, en cualquier momento de la vigencia del convenio sectorial, de un convenio de empresa, que, de acuerdo con la Ley, puede suscribirse entre el empresario y el comité de empresa o los delegados de personal, es decir, por representantes no sindicales. Y esto mismo ocurre, en segundo lugar, con la posible inaplicación en virtud de un acuerdo a nivel de empresa, de las reglas y criterios sobre estructura de la negociación colectiva y prioridad de unidades de negociación que hayan sido adoptados en los acuerdos sobre ordenación de la estructura de la negociación colectiva concluidos por las organizaciones empresariales y sindicales.</p>
<p class='parrafo'>La norma conduce, según su parecer, a la postergación de la capacidad de regulación laboral de los representantes sindicales, en tanto que puede ser desplazada por la negociación de representantes de carácter no sindical. Además, en la medida en que declara que la preferencia aplicativa del convenio de empresa se puede hacer efectiva «en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior», la norma deja sin efecto la vigencia del convenio colectivo afectado, y conculca su propia fuerza vinculante. En definitiva, se entiende que no resulta posible en términos constitucionales que la normativa estatal proceda a fijar con exclusividad e imperativamente la estructura de la negociación colectiva, así como la determinación absoluta de los criterios conforme a los cuáles se resuelven los conflictos de concurrencia de convenios colectivos. Y en este sentido, se sostiene que forma parte del contenido esencial del derecho a la negociación colectiva tutelado constitucionalmente, no sólo la fijación de las condiciones de trabajo a través de los convenios colectivos, sino también la correspondiente al diseño de la estructura de la negociación colectiva.</p>
<p class='parrafo'>De esta manera, concluyen que la norma impugnada es plenamente invasiva y contraria a los arts. 37.1 y 28 CE, careciendo de objetividad y de proporcionalidad, y constituye una fórmula de intervencionismo máximo del legislador que provoca un efecto excluyente del protagonismo de los interlocutores sociales. No obstante, se aclara que no se desea discutir sobre la prioridad de la ley o la del convenio colectivo, sino de denunciar la marginación y exclusión del «espacio que por naturaleza le debe corresponder a la negociación colectiva». Por ello, se entiende que es necesario acudir a los criterios habituales de valoración de la constitucionalidad, examinando si concurren elementos objetivos y racionales que justifiquen la medida legislativa adoptada. El preámbulo de la Ley impugnada indica que la norma recurrida busca garantizar la descentralización convencional para facilitar una negociación de las condiciones laborales en el nivel más cercano y adecuado a la realidad de las empresas y los trabajadores. Pero los recurrentes consideran que, si bien es legítimo que los poderes públicos persigan ese objetivo, el legislador podía haber optado por fórmulas menos lesivas para el derecho de libertad sindical y de negociación colectiva, al derivarse del precepto impugnado la pérdida de la fuerza vinculante de los convenios suscritos por las organizaciones empresariales y sindicales en materias claves para la configuración de los mismos.</p>
<p class='parrafo'>e) Impugnan después los recurrentes el apartado segundo de la disposición final cuarta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, que modifica la disposición adicional décima de LET en el sentido de declarar nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad de jubilación. Se sostiene al respecto que forma parte del derecho a la negociación colectiva la libertad de las partes de decidir las materias objeto de estipulación, de manera que un impedimento carente de justificación y proporcionalidad de dicha libertad ha de entenderse contrario al derecho a la negociación colectiva del art. 37.1 CE y, consecuentemente, del derecho de libertad sindical del art. 28.1 CE, de cuyo contenido esencial forma parte aquél. Además, se crea una diferencia de trato injustificada y carente de toda proporcionalidad con relación a los funcionarios públicos, por lo que se vulneran los arts. 14, 23.2 y 103.3, todos ellos de la Constitución.</p>
<p class='parrafo'>Los diputados recurrentes comienzan indicando al respecto que por designio constitucional la negociación colectiva posee un espacio regulativo propio que no puede ser ahogado ni suprimido por completo por parte de la normativa estatal y que el derecho a la negociación colectiva reconocido constitucionalmente debe necesariamente incluir la libre decisión de negociar sobre las materias que las propias partes estimen oportunas. En este sentido, prosiguen diciendo que la norma impugnada carece de justificación, dado que las cláusulas convencionales sobre jubilación pueden responder a la confluencia de diversos derechos subjetivos e intereses legítimos: el derecho al trabajo, el desarrollo de una política de empleo que atienda a las demandas del conjunto de la población, la promoción de condiciones favorables para una distribución más equitativa de la renta, el equilibrio del régimen público de Seguridad Social y la eficiencia económica de las empresas, elementos todos ellos que deben ser ponderados, desde criterios de proporcionalidad, por la negociación colectiva. La norma, además, estaría prohibiendo a la negociación colectiva lo que puede ser decidido unilateralmente por el empresario en el marco de un despido por causas económicas, o acordado con los trabajadores por un simple acuerdo de empresa durante el período de consultas de los citados despidos económicos. La prohibición es tan absoluta que no sólo prohíbe las cláusulas que impongan la jubilación forzosa de los trabajadores, sino también aquellas que, por ejemplo, la fomenten o estimulen. Se añade que, existiendo un lícito interés de la negociación colectiva en marcar las líneas de la política de empleo en esta materia y de propiciar la adaptación de las dimensiones de las empresas por esta vía, está claro que los convenios colectivos pueden abordar dicha materia con apoyo en el derecho constitucional a la negociación colectiva. Una prohibición absoluta como la discutida sólo podría quedar justificada por razones objetivas de orden público laboral, que en el caso presente no concurren.</p>
<p class='parrafo'>Prosiguen diciendo que la norma impugnada vulneraría tanto el art. 37 CE como el art. 14 CE, en cuanto que limitaría injustificadamente la actividad sindical en una materia, sobre la que se permite al empresario adoptar medidas unilaterales, como la reestructuración del empleo por la vía de los despidos colectivos.</p>
<p class='parrafo'>Finalmente, con relación al ámbito del sector público, aducen que la norma también vulnera el art. 14 CE dado que mientras que para los funcionarios públicos rige un sistema de jubilación obligatoria por imperativo legal, la jubilación forzosa del personal laboral del sector público sólo se producía hasta la fecha a tenor de las cláusulas establecidas en los convenios colectivos que ahora se prohíben. Con lo cual, se viene a crear una diferencia de trato injustificada y carente de toda proporcionalidad que afecta al derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad (arts. 23.2 y 103.3 CE), al proyectarse no sólo al momento del ingreso sino también al de la pérdida de la condición de empleado público.</p>
<p class='parrafo'>f) El siguiente precepto impugnado es el art. 4.3 de la Ley 3/2012, en virtud del cual el contrato de apoyo a los emprendedores debe incorporar un período de prueba «de un año en todo caso», lo que a juicio de los recurrentes vulnera los arts. 24.1, 35.1 y 37.1, todos ellos de la Constitución. Se comienza señalando que la jurisprudencia constitucional ha consagrado la causalidad en la extinción contractual por voluntad unilateral del empresario como concreción del derecho al trabajo del art. 35.1 CE. Dicha exigencia de causalidad viene reforzada, además, por la normativa comunitaria e internacional. Siendo el período de prueba una excepción justificada a la exigencia de causalidad de la extinción del contrato, una regulación como la cuestionada carece de justificación objetiva y razonable, al establecer una duración de todo punto desvinculada de la finalidad para la que se concibe la institución del período de prueba, en cuanto dirigida a la constatación en la práctica de las aptitudes profesionales y de la adaptación al puesto del trabajo del trabajador. Las notas de indisponibilidad de su duración, su desvinculación con los niveles de formación y titulación y su extensión de un año, durante el cual el trabajador carece de toda protección frente a la decisión empresarial de extinción, carecen de justificación objetiva y razonable, así como de proporcionalidad, vulnerando el principio de estabilidad en el empleo y de causalidad de la extinción contractual (art. 35.1 CE). Además, la regulación cuestionada convierte esta materia en indisponible sin razón que lo justifique, vulnerando el derecho constitucional a la negociación colectiva del art. 37.1 CE. Igualmente, produce una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, al reconocer una plena capacidad de desistimiento empresarial durante un período de doce meses, con dos características particulares: la falta de capacidad de reacción del trabajador frente a la decisión extintiva, impidiéndose su control judicial, y la ausencia de resarcimiento para el trabajador. Finalmente, se denuncia también una diferencia de tratamiento entre trabajadores indefinidos contratados con esta modalidad contractual y trabajadores temporales (cuya extinción, por muy fundada y justificada que esté, sí da derecho a una indemnización), que a juicio de los recurrentes resulta injustificada y contraria al art. 14 CE.</p>
<p class='parrafo'>g) También consideran los recurrentes contrario a la Constitución el apartado tercero del art. 18 de la Ley 3/2012, al que imputan la vulneración de los arts. 35.1 y 24.1 CE. El citado precepto modifica el art. 51.1 LET —y, por extensión, el art. 52 c) LET—, en diversos aspectos, entre ellos, el que los recurrentes cuestionan en este recurso relativo a la definición de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justifican los despidos colectivos y objetivos regulados en los citados preceptos. Es decir, el debate constitucional planteado gira en torno a la concreción de la causalidad del despido por motivos empresariales. A juicio de los recurrentes, la nueva regulación prescinde, en realidad, del elemento de causalidad, vulnerando el derecho al trabajo del art. 35.1 CE y, como efecto derivado, impide el control judicial de esa causalidad del despido y, por tanto, el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE. De este modo, y por lo que a las causas económicas se refiere, dicen los Diputados recurrentes que la norma incorpora dos novedades principales en relación con la precedente regulación. La primera es la previsión de que, en todo caso, se entenderá que existe una disminución persistente del nivel de ventas o de ingresos si durante tres trimestres consecutivos éstos son inferiores al nivel de ventas o ingresos del mismo trimestre del año anterior. La segunda consiste en la eliminación de la exigencia de que el empresario acredite los resultados alegados y justifique que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado. Por lo que atañe a las causas organizativas, técnicas o de producción, la novedad más relevante es, nuevamente, que se suprime la previsión de que la empresa deba acreditar la concurrencia de alguna de las causas señaladas y justificar que de las mismas se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva.</p>
<p class='parrafo'>En relación con esta nueva caracterización de las causas, los recurrentes realizan dos consideraciones: en primer lugar, que se han vaciado de contenido las causas económicas y empresariales, en la medida en que se procede a identificar las mismas con simples hechos, eliminando el juicio de razonabilidad, y, en segundo lugar, que con ello el legislador persigue un automatismo en la aplicación de las causas legalmente definidas, evitando, como afirma el preámbulo, «elementos de incertidumbre» que han llevado a los tribunales en el pasado a realizar «juicios de oportunidad relativos a la gestión de la empresa». El resultado de todo ello ha sido una delimitación legal de las causas muy vaga, recurriéndose a fórmulas ejemplificativas, así como la eliminación del elemento de causalidad, pues lo que ahora importa es la concurrencia, sin más, de unos hechos. Y dado que se impide el control judicial de la causalidad del despido, al circunscribir indirectamente la actuación de los Tribunales a la constatación de la concurrencia de determinados hechos económicos o empresariales, no sólo se vulnera el art. 35.1 CE sino también el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE.</p>
<p class='parrafo'>h) El siguiente precepto recurrido es el apartado octavo del art. 18 (que modifica el apartado 2, del art. 56 LET), y, por conexión, el art. 23.1 —que modifica el art. 110.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social—, ambos de la Ley 3/2012, que limitan el pago de los salarios de tramitación al supuesto en que el empresario, tras la declaración de improcedencia del despido, opte por la readmisión del trabajador, suprimiéndolos en caso de que opte por la extinción indemnizada de la relación laboral. A juicio de los recurrentes, al favorecerse la extinción definitiva de la relación laboral, se vulnera el art. 35.1 CE, una de cuyas manifestaciones es la estabilidad en el empleo. Se produce, además, una diferencia de trato contraria al art. 14 CE que afecta tanto a los empresarios (pues según la opción elegida, estarán o no obligados al pago de los salarios de tramitación), como a los trabajadores (que tendrán o no derecho a su percepción en virtud de la opción ejercitada por su empleador).</p>
<p class='parrafo'>Aducen que no es obstáculo para defender la inconstitucionalidad del precepto, sin embargo, el hecho de que este Tribunal se haya pronunciado al respecto en procesos de amparo (SSTC 84/2008, de 21 de julio, 122/2008, de 20 de octubre, y 143/2008, de 31 de octubre) con relación al Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y la mejora de la ocupabilidad, negando la existencia de un término válido de comparación sobre el que realizar el juicio de igualdad, al compararse a trabajadores (readmitidos vs. indemnizados) que se encuentran en diferentes situaciones. Según los recurrentes, en tales casos este Tribunal no tuvo en cuenta que esa diversa posición a la que se aludía había sido creada precisamente por el propio legislador en respuesta a una situación que sí que era inicialmente idéntica, esto es, la de dos trabajadores despedidos cuyo despido hubiera sido declarado improcedente. A juicio de los recurrentes, resulta evidente que la regulación cuestionada contempla un tratamiento diferenciado para los trabajadores despedidos improcedentemente en función de la opción empresarial, y señalan que ese tratamiento diferenciado favorece de forma clarísima la opción por la extinción del contrato frente a la de la readmisión, afectando con ello, tanto al art. 14 CE, como también al art. 35.1 CE (esto es, al derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, que tiene como reverso el derecho a no ser despedido sin justa causa). En suma, afirman que la regulación legal cuestionada favorece la opción empresarial menos respetuosa con el derecho al trabajo y que este debilitamiento de la vocación de estabilidad en el empleo difícilmente permite concluir que la diferencia de trato responda a una justificación objetiva y razonable que, como tal, merezca el amparo del ordenamiento jurídico.</p>
<p class='parrafo'>i) El último precepto impugnado es la disposición adicional tercera de la Ley 3/2012 que, a su juicio, vulnera los arts. 14, 23 y 103.3 CE, en relación con el art. 35.1 CE. Dicha disposición establece la prohibición absoluta e incondicionada para las Administraciones públicas de efectuar las reducciones de jornada y suspensiones de contratos por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas previstas en el art. 47 LET, lo que entienden que no sólo contradice las políticas de empleo defendidas por la reforma laboral, dirigidas a favorecer la flexibilidad interna frente a las medidas de flexibilidad externa, sino que, por efecto derivado, obliga a las entidades públicas en el caso de concurrencia de las señaladas circunstancias a reducir el empleo con carácter permanente por medio de despidos colectivos. Ello provoca una tutela más débil de la estabilidad en el empleo del personal laboral de las Administraciones públicas carente de justificación objetiva y proporcionada, por lo que se incurriría en un tratamiento discriminatorio. Este último se produciría, también, en relación con el personal de las entidades públicas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado, a las que sí se les permite acudir a estos procedimientos, criterio éste que carece de justificación para establecer un trato diferencial entre empleados de entidades públicas. Finalmente, se indica que estas reducciones de jornada por razones económicas del art. 47 LET que se prohíben para la Administración pública no impiden la aplicación en ella de reducciones de jornada por la vía del art. 41 LET, lo que sería más perjudicial para los trabajadores al entrañar el efecto perverso de privar a los mismos de la protección por desempleo, ocasionando una nueva lesión del principio de no discriminación. Se vulnera, con todo ello, el art. 14 CE, afectando, además, negativamente al derecho al trabajo del art. 35.1 CE, que se extiende tanto al momento del acceso al empleo como al régimen de extinción del contrato, y al derecho al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad y mérito de los arts. 23.2 y 103.3 CE.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Por providencia de 30 de octubre de 2012, el Pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, y dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes. Asimismo, acordó publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado», lo que se llevó a efecto en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 270, de 9 de noviembre de 2012.</p>
<p class='parrafo_2'>4. Mediante escrito registrado el día 7 de noviembre de 2012, el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, solicitó que se le tuviera por personado en nombre del Gobierno en el recurso de inconstitucionalidad, y que se le concediera una prórroga por el máximo legal del plazo concedido para formular alegaciones, habida cuenta del número de asuntos pendientes en esa Abogacía. Por providencia de 12 de noviembre de 2012, el Pleno acordó incorporar a las actuaciones el mencionado escrito, teniendo por personado al Abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta, y concediéndole una prórroga de ocho días sobre el plazo inicial para formular alegaciones.</p>
<p class='parrafo_2'>5. El día 14 de noviembre de 2012 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal escrito del Presidente del Senado dando conocimiento del acuerdo de la Mesa de esa Cámara, en el sentido de darse por personada en el presente procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos de lo previsto en el art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).</p>
<p class='parrafo_2'>6. El día 15 de noviembre de 2012 tuvo igualmente entrada en el Registro de este Tribunal escrito del Presidente del Congreso de los Diputados comunicando el acuerdo de la Mesa de esa Cámara, en el sentido de darse por personada en el presente procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos de lo previsto en el art. 88.1 LOTC.</p>
<p class='parrafo_2'>7. Con fecha de 7 de diciembre de 2012 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el escrito de alegaciones del Abogado del Estado en el que solicita se dicte la Sentencia por la que se inadmita el recurso con relación al art. 14, apartados 2 y 3, de la Ley 3/2012, y se desestime respecto de todo lo demás, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Antes de entrar a dar respuesta a los argumentos del recurso de inconstitucionalidad, el Abogado del Estado realiza dos precisiones previas. En primer lugar, precisa que aun cuando los recurrentes en el encabezamiento y suplico señalan que impugnan el art. 14.2 de la Ley 3/2012, sin embargo, no argumentan nada al respecto limitándose al contenido del apartado tercero de ese mismo precepto, sobre el cual no manifiestan su voluntad de impugnación, razón por la cual solicita la inadmisión parcial del recurso de inconstitucionalidad en este extremo.</p>
<p class='parrafo'>En segundo lugar, realiza el Abogado del Estado algunas reflexiones acerca de las consideraciones generales contenidas en el recurso con relación al modelo constitucional de relaciones laborales. Afirma al respecto que la Ley 3/2012 (claramente continuista con previas reformas urgentes del mercado laboral) afronta la grave crisis económica actual, adoptando una serie de medidas que tienen pleno encaje constitucional, pues ninguna de ellas entraña la trasgresión de los límites que la Constitución impone al legislador laboral. En definitiva, a su juicio, nuestro modelo de relaciones laborales tras la citada Ley, sigue teniendo pleno amparo constitucional, como se comprobará al analizar cada uno de los concretos preceptos impugnados.</p>
<p class='parrafo'>b) Hechas las precisiones anteriores, procede el Abogado del Estado a dar respuesta a la impugnación del art. 14.1 de la Ley 3/2012 en relación con la función dirimente atribuida a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, u órganos autonómicos equivalentes, prevista como última fase del procedimiento de inaplicación de un convenio colectivo en el art. 82.3 LET. Destaca a este respecto que la intervención de la Comisión puede quedar fácilmente excluida por el propio ejercicio de la autonomía colectiva conforme al art. 85.3 c) LET, y tras referirse al contenido del Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, con relación a la eficacia de la decisión adoptada en el seno de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o por el árbitro que fuera designado por ella, y a la posibilidad de impugnarla por ilegalidad o por lesividad, niega que la norma vulnere el art. 24.1 CE al permitir un posterior control judicial sobre la decisión de inaplicación.</p>
<p class='parrafo'>Recuerda seguidamente el Abogado del Estado la doctrina constitucional referida a los arbitrajes institucionales e imperativos y su conformidad constitucional, con cita de la STC 174/1995, de 23 de noviembre, FJ 3, y, especialmente, de la STC 11/1981, de 8 de abril, que declaró inconstitucionales el apartado b) del art. 25 y el art. 26 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, en la que se negó que el arbitraje público obligatorio pueda calificarse de genuino arbitraje. Conforme a ella, afirma que si bien la intervención de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y de los órganos autonómicos no es un genuino arbitraje, sí lo es el llevado a cabo por el árbitro que, en su caso, designe el órgano tripartito, que debe ser nombrado con las debidas garantías de imparcialidad. A su juicio, cabe apreciar una justificación constitucional para la designación del árbitro imparcial obligatorio, al estar ligado a la concurrencia de circunstancias excepcionales, doctrina que concuerda con la del comité de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha considerado compatible el arbitraje obligatorio con el Convenio OIT núm. 98, cuando «tras prolongados e infructuosos intentos de llegar a un acuerdo», las autoridades aprecian que se ha llegado a un «punto muerto» y «existe una crisis nacional aguda» (330 informe, parágrafo 888). Prosigue diciendo que si bien el laudo arbitral entraña la inaplicación de un convenio, lo es, material y temporalmente de forma limitada, y está sujeta a posterior control judicial. E igual ajuste constitucional aprecia el Abogado del Estado con relación a la decisión adoptada en el seno de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o de los respectivos órganos autonómicos, atendidas, de un lado, las circunstancias excepcionales para las que se prevé (actual situación de crisis económica, y particulares circunstancias del bloqueo negociador, al no haber podido obtenerse el consenso de las partes a través de procedimientos previstos en la negociación colectiva), y, de otro lado, por el tipo de órgano al que se confía la decisión (órgano colegiado de participación institucional en el que intervienen los agentes sociales).</p>
<p class='parrafo'>c) Respecto de la impugnación del art. 12.1 de la Ley 3/2012 (por el que se modifica el art. 41 LET), en la que se discute la facultad del empresario de adoptar unilateralmente modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo de carácter colectivo pactadas en convenios «extraestatutarios», señala el Abogado del Estado que esta regulación ha estado vigente, con diversas redacciones y sin contestación, desde la Ley 11/1994, de 19 de mayo, que modifica determinados artículos del estatuto de los trabajadores, del texto articulado de la Ley de procedimiento laboral y de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. Después se señala que la única cuestión relevante a considerar es la compatibilidad del precepto con el art. 37.1 CE, pues la pretendida vulneración del art. 28.1 CE (falta de fundamentación en la demanda) aparecería, en todo caso, como derivada de la del art. 37.1 CE, mientras que no se advierte en qué pueda vulnerar el precepto el art. 24.1 CE, dado que la Ley contempla un control judicial pleno de la decisión empresarial (se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual que proceda).</p>
<p class='parrafo'>Por otra parte, esta vez con relación a la infracción del art. 37.1 CE, para el Abogado del Estado la diferente naturaleza entre los convenios estatutarios y extraestatutarios justifica el distinto tratamiento de sus efectos, entre ellos el de su fuerza vinculante, que puede ser graduada por el legislador en función del amplio margen que para su concreción le reconoce la Constitución. En este sentido, señala que este planteamiento encuentra su base en la doctrina constitucional citada, según la cual en los pactos extraestatutarios prevalece su naturaleza contractual, que atrae de forma natural a las normas sobre los efectos de los contratos. Asimismo, en cuanto a la pretendida laxitud de las causas legales que justifican la decisión empresarial, indica que habrán de concurrir probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, correspondiendo al empresario su prueba y a los tribunales interpretar la intensidad de las mismas para que proceda la aplicación del mecanismo legal, sin que corresponda a este proceso contemplar eventuales interpretaciones de la norma que puedan menoscabar el art. 28 CE, en relación con el art. 37 CE.</p>
<p class='parrafo'>d) Tras insistir el Abogado del Estado que considera inadmisible la demanda con relación al art. 14.2 y 3 de la Ley 3/2012, contesta, aunque con carácter subsidiario, sobre los motivos de inconstitucionalidad reprochados al citado apartado tercero. Indica que este precepto constituye la pieza capital en la denominada descentralización de la negociación colectiva que el legislador quiere garantizar para facilitar una negociación de las condiciones laborales en el nivel más cercano y adecuado a la realidad de las empresas y de los trabajadores, descentralización que resulta muy baja en España en relación con los países de nuestro entorno y que ha sido recomendada por diversos organismos internacionales. Se recuerda la doctrina constitucional relativa al derecho a la negociación colectiva y a su consideración como contenido esencial del derecho de libertad sindical, indicando que conforme a esa misma doctrina, no hay un monopolio sindical del derecho a la negociación colectiva, y la referencia a los «representantes de los trabajadores» del art. 37.1 CE incluye también los electos, unitarios o legales (arts. 62.1, 63.1 y 87.1 ET; por todas, STC 118/1983, de 13 de diciembre, FJ 3). Dicho lo que antecede, sostiene que el razonamiento impugnatorio de los recurrentes se mueve en un nivel ajeno al del control de constitucionalidad, tal y como apreció el Tribunal, en relación con el derecho de huelga, en el FJ 7 de la STC 11/1981. Ni el art. 7, ni el 28.1, ni el 37.1 CE imponen al legislador estatutario la única opción de regular los convenios colectivos maximizando el poder de negociación y el influjo de los sindicatos y de las organizaciones empresariales, ni menos aún obligan a establecer una estructura centralizada de la negociación colectiva. No cabe sostener que la preferencia de las organizaciones sindicales en una estructura de negociación colectiva sectorial y supra empresarial deba convertirse en criterio constitucional que derrote cualquier otro, de manera que, por ejemplo, la defensa de la productividad (art. 38 CE), incluso en un contexto de recesión económica duradera, deba ceder ante una estructura de la negociación poco compatible con el funcionamiento eficiente y flexible del mercado de trabajo. Tampoco se ve afectada en este caso la fuerza vinculante de los convenios, pues tan convenios colectivos son los sectoriales como los de empresa, ni la libertad sindical en materia de negociación colectiva, cuando las secciones sindicales gozan de legitimación para negociar los convenios de empresa.</p>
<p class='parrafo'>e) En relación con la disposición final cuarta.2 de la Ley 3/2012, que declara nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos sobre jubilación forzosa, el Abogado del Estado niega que dicha disposición vulnere la libertad sindical y la negociación colectiva, pues no existe una reserva constitucional a favor de esta última que excluya la intervención de la Ley. El propio Tribunal Constitucional ha afirmado, tanto la competencia de la Ley para regular esta materia, como la necesaria adecuación del convenio a lo previsto en ella. Además, la razonabilidad de la medida cuestionada parece clara, ya que la única normativa que podría ofrecer dudas sobre su compatibilidad con el art. 35 CE, en relación con el 14 CE, es aquélla que establecía la jubilación obligatoria a una determinada edad. No puede desconocerse que el retraso de la edad de jubilación y la incentivación de la continuidad en la vida activa, dificultando las jubilaciones anticipadas, constituye una línea decidida del legislador orientada a garantizar la viabilidad financiera del sistema de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>También rechaza el representante del Estado la infracción de la igualdad en el acceso al trabajo, en relación con la diferencia de tratamiento de los trabajadores de las Administraciones públicas, ya que como ha declarado este Tribunal, el principio de igualdad que vincula al legislador no le impide establecer diferencias de trato, siempre que encuentren una justificación objetiva y razonable, valorada en atención a las finalidades que se persiguen por la Ley y a la adecuación de medios afines entre aquéllas y éstas. Además, esta libertad de implantación de diferencias de trato se aprecia con mayor intensidad en relación con estructuras de creación legal donde la norma que las crea puede apreciar diferencias relevantes fundadas en el régimen abstracto diseñado por ellas mismas.</p>
<p class='parrafo'>f) Aborda a continuación el Abogado del Estado el examen de la constitucionalidad del art. 4.3 de la Ley 3/2012, norma que prevé una duración de un año del período de prueba del contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores. En respuesta a los argumentos ofrecidos por los recurrentes para sostener la infracción del art. 35.1 CE, comienza negando que pueda considerarse como irrazonable la duración legalmente prevista para el citado periodo de prueba, a la vista del régimen jurídico del nuevo contrato. En particular destaca su régimen de incentivos, diseñado para desalentar claramente las extinciones de contratos antes de que, por lo menos, transcurran tres años (y, aún más intensamente, en el primer año de la prueba), y que viene a servir de contrapeso respecto de la mayor duración del período de prueba. Además, este contrato debe situarse en la realidad social del tiempo en que la norma ha de ser aplicada (art. 3.1 del Código civil), al nacer con una vocación coyuntural para tratar de paliar la descomunal tasa de paro que nos atormenta. Ciertamente, ha de regir únicamente para una singular y probablemente minoritaria modalidad de contratación laboral indefinida, al alcance únicamente de pequeñas empresas que pueden minimizar, mediante esta disposición, los importantes riesgos económicos asociados a un contrato de trabajo por tiempo indefinido. Por consiguiente, nos encontramos con una medida protectora de la pequeña empresa en un contexto de crisis.</p>
<p class='parrafo'>Posteriormente, el Abogado del Estado niega que la medida impugnada vulnere el art. 24.1 CE, pues el desistimiento en el período de prueba es revisable por los Tribunales para controlar que mediante él no se discrimina o se violan los demás derechos fundamentales, y para verificar la realización o no de las experiencias que constituyan el objeto de la prueba. Fuera de estos supuestos, es la propia naturaleza del periodo de prueba la que impide que se exija la justificación jurídica de una causa. Y, finalmente, descarta la infracción del art. 37.1 CE, pues de este precepto no puede extraerse en modo alguno un límite constitucional que impida al legislador establecer una duración imperativa del período de prueba convencionalmente inderogable.</p>
<p class='parrafo'>g) El Abogado del Estado pasa a examinar la impugnación del art. 18. 3 de la Ley 3/2012, en la que se cuestiona la definición de las causas del despido colectivo (art. 51 LET). Comienza precisando que resulta difícil deducir de la demanda qué concreta dimensión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) se considera vulnerada, aunque los recurrentes parecen entender que el precepto impugnado impediría a la jurisdicción social realizar un control de la razonabilidad del despido y de su relación de causalidad con los hechos que lo motivan. Nada permite interpretar, sin embargo, que la norma suponga una restricción de las funciones de la jurisdicción ordinaria a la hora de enjuiciar plenamente la decisión empresarial, ni tampoco puede extraerse dicha conclusión del preámbulo de la Ley al que aluden los recurrentes. Según el Abogado del Estado, la voluntad del legislador ha sido la de precisar las causas del despido colectivo, ciñendo el control jurisdiccional a la concurrencia de las mismas, su razonabilidad y proporcionalidad, y, al mismo tiempo, eliminar expresiones normativas que podían permitir que se valorasen cuestiones atinentes a la pura gestión de la empresa.</p>
<p class='parrafo'>En cuanto a la presunta vulneración del derecho al trabajo (art. 35 CE), la alegación merece, a juicio del Abogado del Estado, igual suerte desestimatoria, en tanto que entiende que la nueva definición legal de las causas justificativas del despido colectivo es plenamente conforme con la doctrina constitucional (STC 193/2003, de 27 de octubre) y con el art. 4 del Convenio 158 de la OIT. La existencia de intereses contrapuestos constitucionalmente relevantes, como son los regulados en los arts. 35 y 38 CE, supone la lógica exigencia de importantes facultades de concreción del legislador para delimitar el correspondiente punto de equilibrio. Así, en este tipo de despidos, ha de tenerse en cuenta que la actuación empresarial, al vincularse a las vicisitudes del mercado, está relacionada con la propia libertad de gestión de la empresa y con la defensa de la productividad sobre la que descansa la economía de mercado y su potencial de crecimiento y creación de empleo. Estás cuestiones deben ser ponderadas por el legislador, especialmente en circunstancias como las que ha tenido que atender la Ley 3/2012.</p>
<p class='parrafo'>Finalmente, en cuanto a la alegación relativa a la actual omisión en la definición de las causas económicas y técnicas de la anterior referencia a la necesidad de justificar «la razonabilidad de la decisión extintiva», alude el Abogado del Estado a la conocida doctrina constitucional (sintetizada en ATC 433/2005, de 13 de diciembre) sobre las llamadas «inconstitucionales por omisión», que sólo existen cuando la Constitución impone al legislador la necesidad de dictar normas de desarrollo constitucional y el legislador no lo hace. Pero, en cualquier caso, añade que nada impide a los órganos judiciales en la nueva legislación seguir valorando la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas. En este sentido, indica que resulta obvio que nada tiene que decir el legislador para que el juez desempeñe la función que le es propia y que está naturalmente relacionada con la ponderación de la racionalidad de las medidas que debe enjuiciar.</p>
<p class='parrafo'>h) A continuación, el Abogado del Estado analiza la constitucionalidad de los arts. 18.8 y 23.1 de la Ley 3/2012, en tanto limitan los salarios de tramitación a los casos de despido improcedente en los que se opta por la readmisión, regulación a la que los recurrentes imputan las vulneraciones del derecho al trabajo (art. 35.1 CE) y del principio de igualdad (art. 14 CE). Pues bien, tras analizar el sentido del precepto, recuerda el Abogado del Estado que la constitucionalidad de una previsión idéntica, introducida por el art. 2.3 del Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, fue ya objeto de enjuiciamiento por el Tribunal Constitucional en diversos procesos de amparo (resueltos por las SSTC 84/2008, de 21 de julio; 122/2008, de 20 de octubre, y 143/2008, de 31 de octubre), en las que se constató la carencia de homogeneidad entre las situaciones comparadas a efectos del principio de igualdad, y la razonabilidad constitucional de las distintas soluciones adoptadas por el legislador. Pues bien, tal pronunciamiento resulta trasladable al presente caso para apreciar la constitucionalidad de la norma impugnada, sin que puedan ser acogidas las objeciones que los recurrentes plantean sobre la plena aplicación a la nueva regulación de la doctrina constitucional antes citada.</p>
<p class='parrafo'>i) Por último, el Abogado del Estado responde a la impugnación de la disposición adicional tercera de la Ley 3/2012, según la cual la prohibición para las Administraciones públicas de efectuar las reducciones de jornada y suspensiones de contratos reguladas en el art. 47 LET, en base a razones económicas, técnicas, organizativas y productivas, vulnera el derecho a la igualdad de trato y la prohibición de discriminación del art. 14 CE, el acceso a las funciones públicas conforme a criterios de mérito y capacidad de los arts. 23 y 103.3 CE, así como el derecho al trabajo reconocido por el art. 35.1 CE.</p>
<p class='parrafo'>Señala a este respecto que las invocaciones de los arts. 35.1 y 23.2 y 103.3 CE carecen de relevancia propia. Así, aun aceptando dialécticamente que la norma pueda inducir a determinadas entidades públicas al despido en lugar de permitirles el uso de medidas de carácter coyuntural, ello no afectaría en sí mismo al derecho al trabajo. Teniendo en cuenta las amplias facultades de que dispone el legislador para configurar el régimen de la estabilidad en el empleo, de la Constitución no puede derivarse mandato alguno al legislador respecto de medidas alternativas al despido que deban ser establecidas, por lo que el art. 35.1 CE permanecería incólume aunque desapareciera el art. 47 LET. Por lo mismo, también es claro que los imperativos de los arts. 23.2 y 103.3 CE en relación con la eventual extinción de las relaciones laborales requieren de una concreción legal.</p>
<p class='parrafo'>Así las cosas, a juicio del Abogado del Estado, únicamente resultaría relevante la dimensión concerniente al principio de igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE), en relación con la diferencia de trato que se establece entre el régimen del personal laboral de las Administraciones públicas y el de los trabajadores comunes. Esta lesión resulta, sin embargo, igualmente rechazable, en tanto que no se ofrece un término válido de comparación al contrastarse a los trabajadores comunes con los que están al servicio de la Administración pública, por lo que faltaría el presupuesto necesario para la aplicación del art. 14 CE.</p>
<p class='parrafo'>En todo caso, considera que existen justificaciones más que razonables para la diferencia, pues la inaplicación del art. 47 LET a la Administración pública está en directa conexión con las características propias de éstas como empleadora. Ciertamente, al no desenvolver su actividad en un mercado cambiante y competitivo sino destinarse a servir con objetividad los intereses generales, no parece adecuado que recurra a medidas coyunturales como las previstas en el art. 47 LET. En efecto, la organización administrativa debe estar ajustada estructuralmente, en lo que se refiere a su plantilla, a las necesidades derivadas de los intereses generales, y en caso de que se produzca un desajuste, la medida debe ser la extinción de los contratos y no remedios coyunturales que no atiendan al desfase apreciado. Esta visión explica, según el Abogado del Estado, la diferencia de trato que contempla la norma legal entre las Administraciones públicas y las entidades públicas «que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado», pues éstas últimas sí que pueden requerir la adopción de medidas de carácter coyuntural.</p>
<p class='parrafo'>En virtud de todo lo señalado, el Abogado del Estado finaliza su escrito solicitando que se dicte Sentencia por la que se inadmita el recurso respecto al art. 14, apartados segundo y tercero, de la Ley 3/2012, desestimándolo en lo demás, y subsidiariamente, se desestime el recurso en su integridad.</p>
<p class='parrafo_2'>8. Por providencia de 20 de enero de 2015 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 22 del mismo mes y año.</p>
<p class='centro_negrita'>II. Fundamentos jurídicos</p>
<p class='parrafo_2'>1. En el presente proceso constitucional debemos resolver el recurso de inconstitucionalidad promovido por ciento cuatro Diputados del Grupo Parlamentario Socialista y once del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural [Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) y Chunta Aragonesista (CHA)] del Congreso de los Diputados, contra los arts. 4.3, 12.1, 14.1 y 2, 18.3 y 8, 23.1, así como contra la disposición adicional tercera y la disposición final cuarta.2, de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (en adelante, Ley 3/2012, de 6 de julio), por vulneración de los arts. 14, 23.2, 24.1, 28.1, 35.1, 37.1 y 103.3, todos ellos de la Constitución.</p>
<p class='parrafo'>Antes de iniciar el análisis de las cuestiones de fondo suscitadas en el recurso, es necesario realizar las siguientes precisiones:</p>
<p class='parrafo_2'>a) El Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, interesa la inadmisión del recurso respecto a los apartados segundo y tercereo del art. 14 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, al considerar que aunque los recurrentes formalmente impugnan en el encabezamiento y suplico de la demanda el citado apartado segundo, en realidad no se contiene en el recurso ningún argumento que fundamente su inconstitucionalidad, refiriéndose las alegaciones exclusivamente al apartado tercero de ese mismo precepto, cuya impugnación no fue autorizada por las personas constitucionalmente legitimadas para interponer el recurso.</p>
<p class='parrafo'>Pues bien, a pesar de que, como indica el Abogado del Estado, la fundamentación del recurso parece contraerse al apartado tercero del citado art. 14, respecto al que no existe una impugnación formalmente explícita, los óbices planteados al respecto han de ser descartados, al existir una evidente conexión entre los dos apartados, en la medida que el segundo se remite al tercero. Ciertamente, el apartado segundo del art. 14 da nueva redacción al art. 84.1 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (LET), estableciendo: «1. Un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito distinto salvo pacto en contrario, negociado conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del art. 83, y salvo lo previsto en el apartado siguiente». Por su parte, completando su contenido, el apartado tercero siguiente procede a regular la salvedad a la prohibición de concurrencia de convenios colectivos previamente anunciada, previendo la posibilidad de que la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa pueda negociarse durante la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, reconociendo su prioridad aplicativa en determinadas materias respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior. De esta manera, a la vista del contenido de los citados apartados, puede concluirse que ninguno de ellos se entendería sin el concurso del otro, pues el apartado segundo necesita del complemento del tercero, que desarrolla la excepción a la regla general previamente anunciada. Dada la interconexión de tales apartados, procede rechazar la objeción formulada por el Abogado del Estado (STC 127/1994, de 5 de mayo, FJ 2).</p>
<p class='parrafo'>b) Tras la aprobación de la Ley 3/2012, de 6 de julio, objeto del presente proceso constitucional, se han dictado una serie de normas que le afectan, de una u otra manera, como son el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, que aprueba el reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada; el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, que prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección de las personas desempleadas; la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo; el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes del orden económico y social, y que ha dado lugar a la Ley 1/2014, de 28 de febrero, del mismo nombre; la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.</p>
<p class='parrafo'>Ninguna de estas normas ha afectado al contenido de los preceptos impugnados, salvo en lo referente a la regulación del contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores (art. 4 de la Ley 3/2012) y al procedimiento de inaplicación de condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos (art. 14.1 de la citada Ley), respecto a los que determinaremos los efectos de su modificación en el momento de su análisis.</p>
<p class='parrafo'>c) Finalmente, es preciso señalar que el presente recurso de inconstitucionalidad coincide en parte, en cuanto a su objeto y fundamentación, con el tramitado con el número 5603-2012, promovido por el Parlamento de Navarra y que ha sido desestimado en la reciente STC 119/2014, de 16 de julio. Por tal motivo, al resolver algunos de los preceptos impugnados en el presente recurso de inconstitucionalidad habremos de reiterar las consideraciones efectuadas en la mencionada Sentencia, extendiéndolas al presente proceso en lo que se acomode a su ámbito de controversia.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Con carácter previo al examen de cada uno de los preceptos impugnados, es necesario efectuar una serie de precisiones con relación a las afirmaciones efectuadas por los recurrentes respecto de la reforma laboral llevada a cabo por la Ley 3/2012 y de las que se han dejado constancia en los antecedentes. En síntesis, los Diputados recurrentes sostienen que la citada reforma supone «el desconocimiento del marco estructural y axiológico en el que nuestra Constitución se inserta», una quiebra del «modelo constitucional» de relaciones laborales al situarse «fuera del marco de nuestro Estado social y democrático de Derecho» y «de la Constitución», o, en otras palabras, la sustitución de los «elementos centrales del modelo constitucional» por otros distintos que hace que esa Ley «na[zca] al mundo del Derecho fuera de las coordenadas constitucionales».</p>
<p class='parrafo_2'>a) A los efectos de determinar cuál es el marco constitucional en el que la reforma laboral cuestionada se inserta, es preciso comenzar recordando que la Constitución confiere al Estado competencias exclusivas tanto en materia de legislación laboral (art. 149.1.7 CE), como para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de los derechos constitucionales (art. 149.1.1 CE), correspondiéndole, pues, la tarea de ordenar los principios y criterios con arreglo a los cuales se ha de regir la materia laboral, desde una concepción del conjunto de sus relaciones como «un» sistema, pero sin estar condicionado cómo debe llevarla a cabo. Tales preceptos hay que ponerlos en relación con el art. 35.2 CE, que encomienda al legislador estatal la regulación de «un» estatuto de los trabajadores, así como con el art. 53.1 CE, que remite a la ley la regulación de los derechos y libertades laborales reconocidos en el capítulo II de su título I.</p>
<p class='parrafo'>b) Es preciso destacar la singular posición que dentro de nuestro sistema de relaciones laborales ocupa el «sindicato». La Constitución le ha consagrado como un elemento clave dentro de la configuración de nuestro Estado como un «Estado social y democrático de Derecho» (art. 1.1 CE), al incluir su reconocimiento en el art. 7 del título preliminar, que prevé que «[l]os sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios». Su especial ubicación en el texto fundamental realza la consideración del «sindicato» como uno de los soportes institucionales básicos de la sociedad para la defensa, protección y promoción de los intereses colectivos de los trabajadores. Así lo ha entendido, además, este Tribunal en numerosas ocasiones en las que no ha dudado en considerar a los «sindicatos», no sólo como «piezas económicas y sociales indispensables para la defensa y promoción» de los intereses de los trabajadores (STC 70/1982, de 29 de noviembre, FJ 5), sino, lo que es más importante, como «organismos básicos del sistema político» (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 11), como «formaciones sociales con relevancia constitucional» (STC 18/1984, de 7 de febrero, FJ 3), y, en definitiva, como una «institución esencial del sistema constitucional español» (STC 101/1996, de 11 de junio, FJ 3).</p>
<p class='parrafo'>c) Conviene señalar también que la determinación del contenido de la relación laboral, junto con la regulación mínima del legislador, «se deja a la responsabilidad de la autonomía colectiva de las partes sociales», esto es, «a la autonomía de los trabajadores y empresarios mediante el ejercicio del derecho a la negociación colectiva que proclama el art. 37.1 CE» (STC 119/2002, de 20 de mayo, FJ 6), siendo tal tipo de negociación «un valor constitucionalmente protegido» (SSTC 39/1986, de 31 de marzo, FJ 6 y 184/1991, de 30 de septiembre, FJ 6). Ese derecho «presupone, por esencia y conceptualmente, la prevalencia de la autonomía de la voluntad colectiva sobre la voluntad individual» (SSTC 105/1992, de 1 de julio, FJ 6; y 225/2001, de 26 de noviembre, FJ 4), siendo los convenios colectivos fruto de su ejercicio, «fuentes de regulación de las condiciones de trabajo» a las que constitucionalmente se reconocen fuerza vinculante (STC 151/1994, de 23 de mayo, FJ 2). La negociación colectiva no sólo contribuye, entonces, «a la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores», sino que se erige en un «instrumento esencial para la ordenación de las relaciones de trabajo» (STC 208/1993, de 28 de junio, FJ 4).</p>
<p class='parrafo'>Siendo indiscutible el papel que desempeña el sindicato como defensor de los derechos e intereses de los trabajadores, también lo es el que ocupa la negociación colectiva de condiciones de trabajo dentro de la acción sindical, «puesto que resulta inimaginable que sin ella se logre desarrollar eficazmente las finalidades recogidas en el art. 7 CE» (STC 225/2001, de 26 de noviembre, FJ 5), de manera que «cuando existe un elemento de sindicalidad, esto es, cuando la negociación colectiva es expresión de la acción sindical» (STC 118/2012, de 4 de junio, FJ 4), pasa a formar parte del contenido esencial de aquella libertad (por todas, SSTC 134/1994, de 9 de mayo, FJ 4; 222/2005, de 12 de septiembre, FJ 3; y 118/2012, de 4 de junio, FJ 4). En efecto, «entre los rasgos que, tanto histórica como legalmente, caracterizan al sindicato, figura muy destacadamente su esencial vinculación con la acción sindical que se plasma en el ejercicio del derecho de huelga (art. 28.2 CE), en la negociación colectiva (art. 37.1 CE) y en la adopción de medidas de conflicto colectivo (art. 37.2 CE)» (STC 152/2008, de 17 de noviembre, FJ 4).</p>
<p class='parrafo'>d) Sin perjuicio de la posición singular e institucional que tiene el sindicato en nuestro sistema constitucional, y sin dejar de lado su papel fundamental tanto para la defensa de los derechos e intereses de todos los trabajadores como para la consecución del bienestar social general a través del ejercicio del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE), lo cierto es que la Constitución, al institucionalizar los derechos colectivos laborales (huelga, negociación colectiva y conflictos colectivos), no los ha reservado «en exclusiva a los sindicatos» (SSTC 134/1994, de 9 de mayo, FJ 4; y 95/1996, de 29 de mayo, FJ 3), pues ha eludido «la consagración de un monopolio» sindical en esta materia, para partir de un «amplio reconocimiento» de los titulares de aquéllos derechos colectivos «de forma que si el derecho de huelga se atribuye a los trabajadores (art. 28.2), el de conflictos lo es a los trabajadores y empresarios (art. 37.2) y el de negociación a los representantes de éstos (art. 37.1)» (STC 118/1983, de 13 de diciembre, FJ 4). De esta manera, a diferencia de las previsiones contenidas en los arts. 7 CE (que institucionaliza al sindicato como un organismo esencial de nuestro sistema constitucional) y 28.1 CE (que consagra al sindicato como el instrumento básico del ejercicio del derecho fundamental a la libertad sindical), el constituyente no refirió, en su art. 37.1 CE, la negociación colectiva como un derecho perteneciente exclusivamente al ámbito de la acción sindical. Antes al contrario, lo recondujo más genéricamente a los «representantes de los trabajadores», con la clara intención de ampliar el elenco de los legitimados para la determinación de las condiciones de la relación laboral, depositando ese derecho, en consecuencia, no sólo en el sindicato, sino en cualquier sujeto u organización representativa de los trabajadores (como los delegados de personal y los comités de empresa), cuyo fundamento constitucional último no se encuentra en el art. 7 CE, como sucede con los representantes sindicales, sino en los arts. 9.2 y 129.2 CE (SSTC 98/1985, de 29 de julio, FJ 3; y 208/1989, de 14 de diciembre, FJ 3).</p>
<p class='parrafo'>En suma, aunque el ejercicio del derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE) le ha sido atribuido también por la Constitución al sindicato, protagonista principal en la defensa de los intereses de los trabajadores (art. 7 CE) a través del ejercicio de la libertad sindical (art. 28.1 CE), no se ha hecho de forma exclusiva ni en modo que descarte a otros posibles representantes de los trabajadores, de manera que no cabe sino concluir que la negociación colectiva está «atribuida constitucionalmente a los sindicatos y a otras representaciones colectivas de los trabajadores» (STC 208/1993, de 28 de junio, FJ 4).</p>
<p class='parrafo'>e) Conforme a todo lo dicho, estando encomendada al legislador la garantía del derecho a la negociación colectiva laboral (art. 37.1 CE), el examen de los motivos de este recurso de inconstitucionalidad ha de partir, necesariamente, de que nos encontramos ante «un derecho esencialmente de configuración legal» (STC 85/2001, de 26 de marzo, FJ 5), siendo la ley la que ha de concretar y desarrollar, tanto su contenido como los presupuestos para su ejercicio (STC 208/1993, de 28 de junio, FJ 3). En «la configuración legal del ejercicio del derecho a negociar» (STC 224/2000, de 2 de octubre, FJ 4), el legislador goza de un amplio margen de libertad para delimitar, como derecho necesario, aspectos de la estructura, contenido, alcance y límites de la negociación colectiva, en razón de la superior posición que ocupa la ley en la jerarquía normativa. No hay que descuidar, de un lado, que el reconocimiento constitucional del derecho a la negociación colectiva no conlleva el desapoderamiento normativo del Estado para regular los aspectos básicos de su ejercicio, y, de otro, que el principio de autonomía colectiva puede presentar excepciones siempre y cuando la limitación que suponga esté justificada (STC 11/1981, de 8 de abril FJ 24). Por esta razón, la Ley «puede desplegar una virtualidad limitadora de la negociación colectiva y puede, igualmente, de forma excepcional reservarse para sí determinadas materias que quedan excluidas, por tanto, de la contratación colectiva» (STC 59/1985, de 30 de abril, FJ 3).</p>
<p class='parrafo'>f) En definitiva, se puede concluir que la Constitución de 1978 no diseña un modelo cerrado de relaciones laborales, ni más concretamente, de negociación colectiva, correspondiéndole al legislador estatal, en el ejercicio de las funciones que la propia Constitución le confiere, configurar el que considere más idóneo en cada momento (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 7), eligiendo entre las distintas alternativas posibles la que estime más adecuada, no solo para alcanzar los objetivos que aquélla le impone, sino también para adoptar las medidas precisas que garanticen su realización. De todo ello se deduce la habilitación al legislador estatal para realizar su conceptuación jurídica en cada momento, entre diferentes alternativas, en atención a las circunstancias económicas subyacentes y a las necesidades sociales a las que se pretenda dar cobertura. El constituyente no quiso definir el modelo de relaciones laborales aplicable, ni tampoco restringir la acción del legislador más allá de los límites explícitos que le ha impuesto, dejándole un importante ámbito de posibilidades para configurar el citado modelo y para articular cada institución que lo integre, no sólo como un instrumento de su desarrollo, sino también como un vehículo a través del cual alcanzar los fines que la Constitución le impone [en el mismo sentido, aunque con relación a la definición del modelo de sistema tributario aplicable, STC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 3 c)].</p>
<p class='parrafo'>g) De la evolución legislativa que ha experimentado el modelo de relaciones laborales a lo largo de estos últimos treinta años, se puede extraer una clara conclusión: cada norma que lo ha modulado representa una opción legislativa diferente como un instrumento al servicio de una concreta política económica y social del Gobierno y Parlamento de cada momento, respecto de la cual no es suficiente la mera discrepancia política para destruir su presunción de constitucionalidad (STC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 3). No es función de este Tribunal enjuiciar si las soluciones adoptadas en la Ley impugnada son las más correctas técnicamente, o si constituye la más oportuna de entre las distintas alternativas posibles para la consecución de los fines pretendidos, sino únicamente si se ajustan a los mandatos, reglas y principios que la Constitución impone, por lo que «[n]o resulta ocioso reiterar que toda opción legislativa, por discutible que para algunos pueda ser, resulta admisible desde el punto de vista constitucional siempre que respete las reglas que la Constitución establece» (STC 20/2013, de 31 de enero, FJ 3). En suma, «no corresponde a este Tribunal interferirse en el margen de apreciación que corresponde al legislador democrático ni examinar la oportunidad de la medida legal para decidir si es la más adecuada o la mejor de las posibles, sino únicamente examinar si la decisión adoptada es plenamente irrazonable o carente de toda justificación o, por el contrario, entra dentro del margen de configuración del que goza en ejercicio de su libertad de opción» (STC 17/2013, de 31 de enero, FJ 11).</p>
<p class='parrafo_2'>3. Aclarado lo que antecede, para resolver las dudas de constitucionalidad que se plantean en el recurso seguiremos el orden que marca la ley impugnada. Hemos de comenzar, pues, nuestro enjuiciamiento con la impugnación del apartado 3 del art. 4 («Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores») de la Ley 3/2012, de 6 de julio, en el que, con referencia al régimen jurídico de este nuevo contrato de trabajo, se establece que la duración del período de prueba para el mismo será «de un año en todo caso». Para los recurrentes tal previsión, referida a la duración del período de prueba, vulneraría los arts. 14, 24.1, 35.1 y 37.1, todo ellos de la Constitución, por los motivos que a continuación se van a ir detallando.</p>
<p class='parrafo_2'>a) Con carácter previo al análisis del apartado impugnado, es necesario señalar que el art. 4 de la Ley 3/2012 ha sido objeto de modificación por el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, en el sentido de permitir la celebración a tiempo parcial del contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, adaptando a tal fin los incentivos fiscales y de Seguridad Social previstos en la norma. En la medida que la modificación operada en el precepto impugnado no se refiere al aspecto aquí controvertido, relativo exclusivamente a la duración del período de prueba, ninguna afectación del objeto del presente proceso constitucional se ha producido, debiendo pronunciarnos, en consecuencia, sobre los aspectos planteados en la demanda.</p>
<p class='parrafo'>b) Consideran los recurrentes, que se ha producido la lesión del derecho al trabajo (art. 35.1 CE) por la afectación de los principios de estabilidad en el empleo y de causalidad de la extinción contractual, vulneración que es negada por el Abogado del Estado al considerar que la duración del período de prueba resulta razonable.</p>
<p class='parrafo'>Este motivo de impugnación ha sido resuelto por la STC 119/2014, de 16 de julio, en la que hemos rechazado que el precepto impugnado vulnere el art. 35.1 CE en tanto que la previsión cuestionada relativa a la duración del período de prueba constituye una medida que cuenta con una justificación legitimadora, y resulta razonable y proporcionada en atención a los fines perseguidos por el legislador con su establecimiento.</p>
<p class='parrafo'>En este sentido, hemos advertido, en primer lugar, que dentro de un escenario de grave crisis económica, la medida controvertida persigue como finalidad incentivar la contratación indefinida, sobre todo de los colectivos de desempleados más vulnerables (jóvenes, mujeres en ciertos casos y mayores de 45 años). En segundo lugar, que tiene, como el propio contrato de trabajo en el que se inserta, un carácter excepcional y limitado en el tiempo, pues sólo podrá aplicarse hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 por 100. En tercer lugar, que posee un alcance limitado en tanto que se aplica sólo en empresas de pequeñas dimensiones, en las que hay mayores reticencias para optar por la contratación indefinida por la dificultad de afrontar eventuales riesgos económicos. En cuarto lugar, que se trata de una medida integrada en un contrato en el que los beneficios que reporta al empleador (deducciones fiscales y bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social) se condicionan a la estabilidad en el empleo del trabajador contratado y al mantenimiento del nivel de empleo del resto de la plantilla de la empresa contratante. Y, en fin, que tal medida se acompaña de otras que pretenden atemperar el aspecto más gravoso que para el trabajador tiene un período de prueba de mayor duración, como son, de un lado, la eventual compatibilización del salario con la prestación de desempleo o el mantenimiento del derecho a su percepción a la finalización, y, de otro, y esto es lo más relevante, que a la superación del mayor período de prueba se le anuda el carácter indefinido de la relación laboral. Todo ello, permite afirmar que aun cuando el precepto impugnado faculta al empleador la rescisión unilateral <em>ad nutum</em> del contrato durante un período más amplio del previsto con carácter general en la normativa laboral, sin embargo, se cumple en este caso con el requisito de la proporcionalidad. En efecto, a la vista del carácter excepcional y temporal de la medida, su limitado alcance, así como su finalidad de fomentar la contratación y el empleo estable (sobre todo de los desempleados con mayores dificultades ocupacionales) durante una situación de crisis económica, cabe apreciar que concurre la proporción exigible entre el sacrificio que a las garantías del trabajador supone la adopción de la medida y los beneficios, individuales y colectivos, que la misma reporta. Además, la medida puede calificarse, igualmente, como necesaria e idónea para la consecución de la legítima finalidad pretendida (creación de empleo estable), puesto que es un incentivo para que las pequeñas empresas elijan la fórmula de la contratación indefinida, al ofrecérseles, como contrapartida, la oportunidad de rescindir libremente el contrato durante un año, permitiéndoles durante tal período de tiempo no sólo constatar las aptitudes profesionales del trabajador contratado, sino también verificar si el puesto de trabajo que se crea con carácter indefinido resulta viable económicamente. Tal circunstancia resulta particularmente relevante en el actual contexto económico, ya que, como apunta el Abogado del Estado, esta disposición permite que las pequeñas empresas puedan hacer uso de esta modalidad contractual para ponderar los riesgos económicos asociados a la suscripción del contrato.</p>
<p class='parrafo'>En definitiva, incluso admitiendo que el legislador podría haber adoptado otras medidas alternativas a la aquí cuestionada, lo cierto es que, desde la estricta perspectiva constitucional, la fijación de un periodo de prueba de un año en el contrato de trabajo previsto en el art. 4.3 de la Ley 3/2012 no vulnera el art. 35.1 CE, pues, «en términos razonables y proporcionados pretende favorecer el acceso de desempleados a un puesto de trabajo estable, en el marco de una excepcional coyuntura de emergencia, caracterizada por elevadísimos niveles de desempleo, en ejecución del mandato que a los poderes públicos dirige el art. 40.1 CE» [STC 119/2014, de 16 de julio, FJ 3 f)].</p>
<p class='parrafo'>c) A juicio de los recurrentes, el art. 4.3 de la Ley 3/2012 vulnera también el art. 37.1 CE por establecer una regulación indisponible para la negociación colectiva, infracción rechazada por el Abogado del Estado al considerar que el precepto constitucional no impide su carácter imperativo.</p>
<p class='parrafo'>Esta impugnación ha sido también resuelta en la STC 119/2014, en la que hemos tenido la oportunidad de indicar que el carácter imperativo de la regulación legal impugnada (sobre la duración del período de prueba de un año y su consiguiente indisponibilidad para la negociación colectiva) goza de una justificación legítima, razonable y proporcionada, dado que «[l]a configuración legal como norma de derecho necesario absoluto de la duración del período de prueba de un año en el contrato por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores actúa como garantía hábil para evitar que, a través de la negociación colectiva, se pueda reducir o eliminar el potencial incentivo a la contratación indefinida que mediante esta medida ha querido introducir el legislador», razón por la cual, la decisión legislativa impugnada contribuye «a impedir que la actuación de la autonomía colectiva pueda frustrar el legítimo y ya comentado objetivo de creación de empleo estable que se pretende alcanzar a través de esta modalidad contractual y su régimen jurídico». Por ello, a la vista de la finalidad y alcance de la previsión cuestionada, y una vez ponderados los intereses constitucionales en juego, alcanzamos la conclusión de que «no puede tildarse de lesiva del art. 37.1 CE la decisión del legislador de establecer en un año la duración del período de prueba del contrato por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, con el carácter de norma imperativa indisponible para la negociación colectiva» [apartado b) del fundamento jurídico 3 C)].</p>
<p class='parrafo'>d) Para los recurrentes, el art. 4.3 de la Ley 3/2012 infringe también el art. 24.1 CE por impedir un efectivo control judicial sobre la decisión empresarial y no conllevar resarcimiento para el trabajador. El Abogado del Estado lo niega, al ser posible la revisión con el alcance que lo permite la propia naturaleza de la institución del período de prueba.</p>
<p class='parrafo'>Este motivo de impugnación también ha sido rechazado en nuestra STC 119/2014, de 16 de julio, en la que hemos descartado la infracción del art. 24.1 CE sobre la base de que las decisiones empresariales de desistimiento adoptadas al amparo del citado art. 4.3 son revisables antes los Jueces y Tribunales cuando no se ajusten al régimen jurídico establecido en la Ley o se hayan adoptado por motivos discriminatorios o contrarios a los derechos fundamentales del trabajador. Tal y como advertimos en esa Sentencia, el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) no garantiza el acceso a la jurisdicción para exigir una justificación causal del desistimiento empresarial o una indemnización derivada del mismo, al ser exigencias que la norma sustantiva no contempla en la configuración del período de prueba [FJ 3 D)].</p>
<p class='parrafo'>e) Finalmente, los recurrentes sostienen que el art. 4.3 impugnado vulnera el art. 14 CE, en tanto que al no reconocer indemnización a los trabajadores en caso de desistimiento empresarial durante el período de prueba, se estaría dispensando una diferencia de trato injustificada a los trabajadores indefinidos con período de prueba con relación a los trabajadores contratados temporalmente, quienes, por regla general, sí tienen derecho a ella. Según el Abogado del Estado, se impone la desestimación de este motivo al no existir un derecho constitucional al tratamiento diferenciado.</p>
<p class='parrafo'>Los recurrentes cuestionan un efecto jurídico del período de prueba cuya regulación no se efectúa en el art. 4.3 impugnado, sino en las normas a las que se remite, únicas a las que, en su caso, podría imputarse el vicio de inconstitucionalidad. Con independencia de ello, este nuevo reproche de inconstitucionalidad tampoco puede ser acogido dado que los recurrentes no ofrecen un término válido de comparación para efectuar el juicio de igualdad. Efectivamente, los colectivos de trabajadores que se contrastan se rigen por regímenes jurídicos diversos, resultando plenamente diferenciadas las modalidades contractuales a las que unos y otros están sometidos. Con todo, la no atribución de indemnización al trabajador por el desistimiento empresarial no supone una diferencia de trato contraria al art. 14 CE, sino que es una consecuencia intrínseca de la propia institución del período de prueba común a todos los contratos de trabajo. Debe desestimarse, por tanto, también este último motivo de impugnación del art. 4.3 de la Ley 3/2012, de 6 de julio.</p>
<p class='parrafo_2'>4. El siguiente reproche de constitucionalidad se atribuye por los Diputados recurrentes al apartado primero del art. 12 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, precepto que bajo el rótulo «Modificación sustancial de condiciones de trabajo», da nueva redacción al art. 41 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), referido a la modificación sustancial de condiciones de trabajo. Hay que indicar, no obstante, que el reproche de inconstitucionalidad no se dirige a la totalidad del contenido del art. 41 LET en su nueva redacción, sino que sólo se cuestiona, como aclaran los recurrentes, la facultad de modificación atribuida al empresario en el apartado 5 de ese precepto (en conexión con su apartado 4) respecto a las «modificaciones colectivas»<em> </em>de condiciones de trabajo (es decir, las que afectan a un determinado número de trabajadores de la empresa en un lapso de tiempo de noventa días, según señala el apartado 2 del mismo precepto). El cuestionado apartado 5 reza de la siguiente manera: «La decisión sobre la modificación colectiva de las condiciones de trabajo será notificada por el empresario a los trabajadores una vez finalizado el período de consultas sin acuerdo y surtirá efectos en el plazo de los siete días siguientes a su notificación»<em>. </em>En suma, queda fuera de nuestro enjuiciamiento el examen de la regulación de las «modificaciones de carácter individual», esto es, de aquellas modificaciones que en el período de referencia establecido legalmente no alcancen los umbrales señalados para las «modificaciones colectivas», y cuyo procedimiento se encuentra previsto en el apartado tercero del citado art. 41, por no haber sido impugnado por los recurrentes.</p>
<p class='parrafo_2'>a) Imputan los recurrentes al art. 12.1 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, en primer lugar, la infracción del art. 37.1 CE y, por derivación, del art. 28.1 CE, al permitir que el empresario pueda alterar unilateralmente las condiciones de trabajo previstas en acuerdos o pactos colectivos. Por el contrario, el Abogado del Estado la niega sobre la base de la distinta naturaleza de tales pactos.</p>
<p class='parrafo'>De entrada, ha de advertirse que la cuestión de fondo que ahora se impugna (la facultad unilateral del empresario de modificación sustancial de condiciones de trabajo) no es una novedad introducida por la Ley 3/2012, de 6 de julio, sino que está presente en nuestro ordenamiento jurídico desde la Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican determinados artículos del estatuto de los trabajadores, y del texto articulado de la Ley de procedimiento laboral y de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. Concretamente, el apartado tercero de su art. 5, bajo el título de «Modificaciones, suspensión y extinción del contrato de trabajo», dio nueva redacción al art. 41 LET («Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo»), suprimiendo, de un lado, la intervención de la autoridad laboral en el procedimiento, y previendo para las modificaciones de carácter colectivo, la apertura de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores, tras cuya finalización, el empresario había de comunicarles su decisión modificatoria. Aunque dicho precepto fue nuevamente alterado tanto por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, como por el posterior Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, esa facultad empresarial de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, cuando no se llega a un acuerdo con los representantes de los trabajadores, se ha mantenido hasta la redacción ahora impugnada, que es objeto del presente recurso de inconstitucionalidad.</p>
<p class='parrafo'>Los «acuerdos o pactos colectivos» a los que se refiere el art. 41 LET, cuya posibilidad de modificación unilateral por el empresario se discute en el recurso, son los conocidos como «extraestatutarios» o «de eficacia limitada» (STC 121/2001, de 4 de junio, FJ 5), es decir, los celebrados al margen de la específica regulación contenida en el título III del estatuto de los trabajadores sobre los convenios colectivos (conocidos como convenios «estatutarios»), a los que se reconoce legalmente eficacia <em>erga omnes</em> (art. 82.3 LET). Esta afirmación se deduce de lo establecido en el art. 41.6 LET, que dispone que «[l]a modificación de las condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos regulados en el Título III de la presente Ley deberá realizarse conforme a lo establecido en el artículo 82.3», y en consecuencia, no por el cauce del art. 41 LET ahora examinado.</p>
<p class='parrafo'>Hecha la observación que antecede y como hemos señalado con anterioridad en el fundamento jurídico 2 de esta Sentencia, el art. 37.1 CE hace un llamamiento a la ley para garantizar el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios, pero sin imponer al legislador la adopción de una concreta opción para llevar a efecto el mandato que contiene. Y el legislador ordinario, en cumplimiento de tal mandato, ha optado por reconocer un «plus de eficacia» a los convenios colectivos «estatutarios» por su carácter<em> erga omnes </em>(STC 108/1989, de 8 de junio, FJ 2). De esta manera, los denominados pactos «extraestatutarios», al no cumplir las exigencias subjetivas, objetivas y procedimentales impuestas por el título III del estatuto de los trabajadores, carecen de la eficacia general o<em> erga omnes </em>que caracteriza a los convenios «estatutarios» (esto es, los que se celebran conforme a la específica regulación de ese título III de la LET), gozando únicamente de una eficacia personal limitada o reducida a los trabajadores y empresarios representados en la negociación. Los pactos «extraestatutarios» se rigen, pues, «por la regla general del Derecho común de la contratación, a tenor de la cual, los contratos producen efectos sólo entre las partes que los otorgan (art. 1257 del Código civil)», de modo que «[l]a lógica contractual comporta aquí que el acuerdo resulte tan sólo vinculante respecto de aquellos sujetos que han conferido un poder de representación para fijar colectiva y concretamente las condiciones laborales» (STC 121/2001, de 4 de junio, FJ 5).</p>
<p class='parrafo'>En definitiva, tanto los convenios colectivos estatutarios, como los denominados «pactos extraestatutarios«, son producto del ejercicio del derecho a la negociación colectiva laboral entre representantes de los trabajadores y empresarios, reconocido en el art. 37.1 CE, siendo predicable de unos y otros, por lo tanto, la «fuerza vinculante» a la que ese precepto constitucional también se refiere. Sobre esta base, es claro que la medida legal controvertida incide en el citado derecho constitucional al permitir la inaplicación de los citados pactos extraestatutarios por decisión del empresario. Ahora bien, que exista una injerencia en el mismo no supone, por sí misma, que sea inconstitucional, pues puede resultar legítima si cuenta con una justificación razonable y proporcionada al fin perseguido.</p>
<p class='parrafo'>En este sentido, y con relación a la justificación de la norma, advierte la exposición de motivos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, que el precepto cuestionado se dirige a favorecer la flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo, buscando el reajuste de la organización productiva para adaptarla a la cambiante situación económica. La norma facilita, entonces, el ajuste racional de las estructuras productivas a las sobrevenidas circunstancias del mercado, fruto de la variable situación económica, con el objetivo de procurar el mantenimiento del puesto de trabajo en lugar de su destrucción, atendiendo así a fines constitucionalmente legítimos, como son garantizar el derecho al trabajo de los ciudadanos (art. 35.1 CE), mediante la adopción de una política orientada a la consecución del pleno empleo (art. 40.1 CE), así como la libertad de empresa y la defensa de la productividad (art. 38 CE). En consecuencia, la limitación del derecho a la negociación colectiva mediante la atribución de la facultad de modificar las condiciones de trabajo pactadas extraestatutariamente, se justifica en la consecución de fines consagrados en la Constitución.</p>
<p class='parrafo'>Contando la medida controvertida con una justificación razonable desde el punto de vista constitucional, para comprobar si guarda la necesaria proporcionalidad con el fin pretendido, es necesario constatar si cumple las tres condiciones siguientes: a) si es idónea o adecuada para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo perseguido por ella (juicio de idoneidad); b) si la medida idónea o adecuada es, además, necesaria, en el sentido de que no exista otra menos lesiva para la consecución de tal fin con igual eficacia (juicio de necesidad), debiendo tenerse en cuenta, a este respecto, que compete al legislador la realización del juicio de necesidad, y que el control constitucional en estos casos es limitado, pues se ha de ceñir a comprobar si se ha producido un sacrificio patentemente innecesario de los derechos que la Constitución garantiza, y c) si la medida idónea y menos lesiva resulta ponderada o equilibrada, por derivarse de su aplicación más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o intereses en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto) [en este sentido, entre otras, SSTC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 8, y 48/2005, de 3 de marzo, FJ 7).</p>
<p class='parrafo'>Es necesario precisar brevemente los condicionantes a los que el art. 41 LET somete el ejercicio de la facultad empresarial de modificación unilateral de las condiciones de trabajo fijadas extraestatutariamente. La citada facultad empresarial, en primer lugar, no puede afectar a los convenios colectivos sino sólo a pactos «extraestatutarios» o «de eficacia limitada». En segundo lugar, se concibe únicamente como alternativa al fracaso de la negociación previa y preceptiva con los representantes de los trabajadores. En tercer lugar, no excluye la posibilidad de acudir a aquellos otros procedimientos específicos establecidos en la negociación colectiva para llevar a cabo esas modificaciones. En cuarto lugar, tampoco impide a las partes acordar la sustitución de esa negociación previa por un procedimiento de mediación o arbitraje. En quinto lugar, no permite al empresario adoptar la decisión de forma discrecional, sino exclusivamente cuando concurran «probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción» (apartado 1). En sexto lugar, se atribuye al trabajador en determinados casos y cuando acredite la concurrencia de un perjuicio, la posibilidad de rescindir el contrato con derecho a percibir una indemnización. Y, en último lugar, la decisión empresarial queda sujeta, en todo caso, al control judicial ante la jurisdicción social, al ser impugnable tanto colectivamente (conflicto colectivo), como individualmente (acción individual).</p>
<p class='parrafo'>De lo anterior cabe deducir que la medida supera el juicio de idoneidad al ser adecuada para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo perseguido por ella, esto es, evitar la destrucción del puesto de trabajo mediante su adaptación a las concretas circunstancias que atraviese la empresa. También supera el juicio de necesidad pues, al margen de que los recurrentes no ofrecen como alternativa la existencia de otra medida menos lesiva que permita la consecución de aquel fin con la misma eficacia, no se advierte que se haya producido con la medida elegida por el legislador un sacrificio patentemente innecesario de los derechos que la Constitución garantiza, a la vista de los condicionantes a los que se somete el ejercicio de la facultad empresarial de modificación, y, en concreto, al concebir la modificación unilateral del empresario como un recurso sólo permitido ante el fracaso de los preceptivos mecanismos previos de negociación o transacción con los representantes de los trabajadores. Y, en fin, también supera el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, pues se trata de una medida que resulta ponderada, no sólo por los límites y garantías a las que la ha sometido el legislador, sino también por derivarse de su aplicación más ventajas para el derecho al trabajo que perjuicios para el derecho a la negociación colectiva.</p>
<p class='parrafo'>Debe rechazarse, en definitiva, la inconstitucionalidad del art. 12.1 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, desde esta perspectiva.</p>
<p class='parrafo'>b) Alegan también los recurrentes que el apartado primero del art. 12 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, vulnera el art. 24.1 CE, al considerar que la laxitud de las causas justificativas para proceder a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo extraestutariamente acordadas propicia que la decisión unilateral del empresario escape de todo posible control, impidiéndose así el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva. A juicio del Abogado del Estado, no cabe apreciar esta infracción al prever la ley un control judicial pleno de esas decisiones empresariales.</p>
<p class='parrafo'>Hay que subrayar que el art. 41 LET (en la redacción dada por el art. 12.1 impugnado) establece, por un lado, que el trabajador que «se muestre disconforme con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción social», en cuyo caso, «[l]a sentencia declarará la modificación justificada o injustificada y, en este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones» (apartado 3), con el abono de daños y perjuicios (art. 138 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social), o, en su caso, con derecho a la extinción indemnizada del contrato de trabajo [arts. 41.3 y 50.1.a) LET]. Y, por otro lado, que contra las decisiones modificativas «se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual», aunque «[l]a interposición del conflicto paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta su resolución» (apartado 5). Como puede observarse, el precepto impugnado somete la decisión empresarial al control judicial ante la jurisdicción social, en todo caso, al ser reclamable la decisión modificativa tanto individual como colectivamente, por lo que, como apunta el Abogado del Estado, no cabe apreciar limitación objetiva o subjetiva del enjuiciamiento judicial de la decisión del empresario adoptada al amparo del art. 41 LET impugnado.</p>
<p class='parrafo'>En cuanto a la alegada «laxitud» de las causas justificativas hay que recordar que el art. 41 LET prevé la posibilidad de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo cuando<em> </em>«existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción»<em>, a</em>clarando después que «[s]e consideran como tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica del trabajo en la empresa». Esta definición actual de las causas justificativas tiene su origen, en una parte, en el art. 41 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del estatuto de los trabajadores (que permitía la modificación de las condiciones de trabajo cuando existiesen «probadas razones técnicas, organizativas o productivas»), y, en otra parte, en la modificación operada en ese art. 41, por la Ley 11/1994, de 19 de mayo (que la permitía cuando concurriesen «probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción»).</p>
<p class='parrafo'>Dicho lo que antecede, es necesario señalar que, en contra de lo que afirman los recurrentes, la redacción del precepto impugnado no impide un control judicial pleno y efectivo, tanto de la concurrencia de la causa (cuya prueba, como señala el precepto, corresponde al empresario que adopta la medida), como de la justificación de la modificación realizada, convirtiendo el ejercicio de la facultad en una actuación reglada y, por tanto, no discrecional, de cara a evitar un uso empresarial torticero de la facultad otorgada. No cabe duda, además, que en la interpretación de la norma recurrida se puede tomar en consideración la definición de las «razones económicas, técnicas, organizativas y de producción» que se lleva a cabo en otros preceptos del estatuto de los trabajadores (en la redacción que les ha dado la propia Ley 3/2012, de 6 de julio), como son: el art. 47 (en materia de suspensión del contrato o reducción de jornada), el art. 51 (con relación al despido colectivo) o, en fin, el art. 82.3 (respecto de la inaplicación de condiciones de trabajo pactadas en convenio colectivo). De esta manera, el legislador no sólo ha orientado suficientemente la labor del aplicador, sino que ha otorgado suficientes elementos valorativos para la realización de un control judicial de la aplicación de la norma, como se ha dicho, pleno y efectivo.</p>
<p class='parrafo'>Debe desestimarse, por tanto, la inconstitucionalidad del art. 12.1 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, al no vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE.</p>
<p class='parrafo_2'>5. El siguiente precepto impugnado es el apartado primero del art. 14 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, que bajo el título «Negociación colectiva» da nueva redacción al apartado 3 del art. 82 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), que regula el procedimiento de inaplicación en la empresa de condiciones de trabajo pactadas en convenio colectivo, comúnmente conocido como «descuelgue» (y así calificado expresamente por el apartado IV de la propia exposición de motivos de la Ley 3/2012). Consideran los recurrentes que esta norma vulnera tanto el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios (art. 37.1 CE), como el derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE), al permitir la inaplicación del convenio por decisión de un tercero ajeno a los sujetos que lo pactaron, así como el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por no existir el debido control judicial de la medida adoptada. El Abogado del Estado las niega, a la vista del régimen jurídico que rige la intervención de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y al ser revisable judicialmente su decisión.</p>
<p class='parrafo_2'>a) Ante todo, hemos de comenzar precisando que aunque en este proceso se recurre formalmente el apartado primero del citado art. 14, en realidad no se cuestiona todo el procedimiento de inaplicación de condiciones de trabajo en él previsto, sino tan sólo el párrafo octavo del nuevo art. 82.3 LET en el que se atribuye una función decisoria dirimente a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u órganos correspondientes de las comunidades autónomas. Así las cosas, aunque con posterioridad a la aprobación de la Ley 3/2012, se ha modificado el precepto impugnado por el art. 9.5 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes del orden económico y social (que tras su convalidación ha dado lugar a la Ley 1/2014, de 28 de febrero), tal circunstancia no afecta al objeto del presente recurso, pues la modificación operada no atañe a la intervención de la citada Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u órganos correspondientes de las comunidades autónomas en el procedimiento de inaplicación previsto en el art. 82.3 LET, sino sólo a la determinación de los sujetos legitimados para actuar en representación de los trabajadores durante los períodos de consulta para la adopción del acuerdo de inaplicación.</p>
<p class='parrafo'>b) Hay que indicar que las cuestiones planteadas en este proceso con relación al art. 14.1 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, han sido resueltas por la STC 119/2014, de 16 de julio, a la que hemos de remitirnos.</p>
<p class='parrafo'>En la citada resolución hemos rechazado que el precepto impugnado resulte inconstitucional por infracción del derecho a la negociación colectiva y a la fuerza vinculante de los convenios (art. 37.1 CE) y del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE). En este sentido, hemos indicado, de un lado, que la medida legislativa cuestionada se dicta en un contexto de grave crisis económica con el objetivo de favorecer la flexibilidad interna de la empresa como alternativa a la destrucción del empleo o al cese de una actividad productiva, atendiendo, de este modo, a un fin constitucionalmente legítimo, cual es, tanto el de garantizar el derecho al trabajo de los ciudadanos (art. 35.1 CE) mediante la adopción de una política orientada a la consecución del pleno empleo (art. 40.1 CE), como la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general (art. 38 CE) [apartado a) del fundamento jurídico 5 A)].</p>
<p class='parrafo'>De otro lado, hemos considerado también que la norma impugnada resulta razonable y proporcionada, teniendo en cuenta que la intervención controvertida de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u órgano autonómico correspondiente constituye un remedio subsidiario que en modo alguno desplaza o suplanta a la negociación colectiva o al ejercicio de la libertad sindical. Antes al contrario, opera cuando los diferentes cauces de solución del conflicto previstos en la norma se han mostrado como inservibles y, por tanto, como un remedio ante el fracaso de la negociación colectiva, con el exclusivo objetivo de evitar que la situación de bloqueo entre las partes quede abocada al enquistamiento, con grave peligro para la estabilidad de los puestos de trabajo o, incluso, de la propia viabilidad de la empresa. La decisión se atribuye, además, a un órgano colegiado de composición tripartita y paritaria, que está formado por representantes de la Administración General del Estado y de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, habiendo establecido la normativa los mecanismos precisos para garantizar su independencia e imparcialidad. Junto a tales circunstancias, también hemos valorado que la posibilidad de inaplicación de condiciones de trabajo discutida se encuentre sujeta, tanto a limitaciones causales (concurrencia de razones económicas, técnicas, organizativas y de producción), materiales (al poder afectar en exclusiva a las materias especificadas en el precepto impugnado) y temporales (su duración no podrá prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en la empresa afectada), cuanto a un posterior control jurisdiccional [apartado b) del fundamento jurídico 5 A)].</p>
<p class='parrafo'>En suma, a la vista del régimen jurídico aplicable a la intervención de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos prevista en la norma impugnada —en concreto, las restricciones y límites a las que se encuentra sujeta— y tras llevar a cabo la pertinente ponderación de los intereses constitucionales en conflicto y de sus respectivos sacrificios, hemos rechazado en la STC 119/2014 la vulneración de los arts. 37.1 y 28.1 de la Constitución, en tanto que «el precepto legal impugnado contempla una medida razonable, que supera las requeridas exigencias de proporcionalidad, en aras de preservar los bienes constitucionales protegidos en los arts. 35.1, 38 y 40.1 CE» [apartado b) del fundamento jurídico 5 A)], sin que, además, pueda impedir la anterior conclusión (como postulan los recurrentes) lo mantenido por este Tribunal con relación a los arbitrajes públicos obligatorios en la STC 11/1981, de 8 de abril, en tanto que la norma impugnada en el presente proceso constitucional presenta sustanciales diferencias respecto a la que en su día fue examinada por aquélla Sentencia [apartado c) del fundamento jurídico 5 A)].</p>
<p class='parrafo'>c) Finalmente, en cuanto a la eventual infracción del art. 24.1 CE, esta cuestión ha sido también resuelta en la STC 119/2014, de 16 de julio, en la que hemos tenido la oportunidad de señalar que «el art. 82.3 ET, párrafo octavo, somete expresamente la decisión arbitral de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos del órgano autonómico correspondiente a un control judicial que no se limita a aspectos externos o procedimentales; se extiende también a aspectos de fondo del asunto objeto de la decisión o arbitraje, pues más allá del enjuiciamiento sobre el cumplimiento de los requisitos y formalidades del desarrollo de la actuación arbitral, así como de la valoración sobre el carácter <em>ultra vires </em>de la resolución emitida, la revisión por parte de los órganos judiciales alcanza también a impugnaciones fundadas, no sólo en motivos de lesividad a terceros, sino también de ilegalidad, sin establecerse precisiones respecto a esta última causa». Por ello, declaramos que «no cabe excluir que esa intervención judicial derivada del art. 82.3 LET permita a los tribunales ordinarios efectuar un control pleno sobre la decisión o laudo arbitral en aquellos aspectos jurídicos que, por su naturaleza, puedan ser objeto de la competencia y conocimiento jurisdiccional. Así entendida, por tanto, la intervención de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u órgano autonómico correspondiente prevista en la norma impugnada —con carácter subsidiario, como ya se dijo—, en cuanto trámite previo al proceso es plenamente compatible con el art. 24.1 CE; en ningún caso excluye el ulterior conocimiento jurisdiccional de la cuestión y su fin resulta proporcionado y justificado», ya que no es otro que procurar una solución extraprocesal de la controversia. Por todo ello, concluimos en la citada Sentencia que «interpretado el precepto en el sentido de que cabe un control judicial pleno sobre la adecuación normativa de la decisión o laudo arbitral de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas, acotado a los aspectos jurídicos propios del conocimiento de la jurisdicción, incluido el control sobre la concurrencia de las causas y la adecuación a ellas de las medidas adoptadas», había de descartarse que el párrafo octavo del art. 82.3 LET, en la redacción dada por el art. 14.uno de la Ley 3/2012, de 6 de julio, resultase contrario al derecho a la tutela judicial reconocido en el art. 24.1 CE [FJ 5 A)].</p>
<p class='parrafo'>6. El siguiente precepto impugnado es el apartado tercero, en conexión con el apartado segundo, del art. 14 («Negociación colectiva») de la Ley 3/2012, de 6 de julio, por el que se da nueva redacción al art. 84.2 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (LET), en el que se declara que, en determinadas materias, «[l]a regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior», y, además, que los acuerdos interprofesionales y convenios o acuerdos colectivos sectoriales «no podrán disponer de la prioridad aplicativa» citada. Tal previsión vulnera, a juicio de los recurrentes, los arts. 28.1 y 37.1, ambos de la Constitución, dado que supondría la postergación de la negociación colectiva de los representantes sindicales (contenido básico de la libertad sindical), por la llevada a cabo por representantes no sindicales, esto es, por los comités de empresa y los delegados de personal (cuya representatividad no se asienta en la libertad sindical, sino en el derecho de participación en la empresa de los trabajadores que los eligen), y que conforme al texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores pueden negociar los convenios de empresa cuya preferencia aplicativa se reconoce. Entienden igualmente que tal medida legislativa carecería de objetividad y de proporcionalidad al suponer la exclusión del protagonismo de los interlocutores sociales o del «espacio que por naturaleza» les corresponde en la negociación colectiva. Por su parte, el Abogado del Estado considera que la Constitución no impone al legislador un modelo de negociación colectiva en el que se maximice la posición de los sindicatos, ni le obliga a establecer una estructura centralizada de la negociación colectiva en la que los convenios colectivos sectoriales sean los instrumentos preferentes para la fijación de las condiciones de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>Este Tribunal se ha pronunciado ya respecto a la constitucionalidad del precepto impugnado y, más concretamente, con relación a la prioridad aplicativa del convenio de empresa desde la perspectiva de los derechos a la negociación colectiva (art. 37.1 CE) y a la libertad sindical (art. 28.1 CE). En la STC 119/2014, de 16 de julio, ha concluido que «siendo incuestionable que la descentralización de la negociación colectiva constituye un objetivo que el legislador puede legítimamente pretender, atendiendo a las consideraciones de política social y económica que estime relevantes, la modificación introducida por el art. 14.3 de la Ley 3/2012 en el art. 84.2 LET, tanto en lo relativo a la posibilidad de negociación de convenios de empresa dotados de prioridad aplicativa en cualquier momento de la vigencia de un convenio sectorial de ámbito superior, como en lo referido a la prohibición de acuerdos interprofesionales y a los convenios colectivos sectoriales de disponer de tal prioridad aplicativa, no vulnera el derecho a la negociación colectiva y a la fuerza vinculante de los convenios (art. 37.1 CE), ni tampoco la libertad sindical (art. 28.1 CE)» [FJ 6 f)].</p>
<p class='parrafo'>Ahora bien, a la vista de los argumentos esgrimidos en el presente recurso de inconstitucionalidad por los recurrentes y sin perjuicio de la conclusión anterior, es necesario entrar ahora a dar respuesta concreta a las diferentes afirmaciones que los recurrentes realizan en defensa de la inconstitucionalidad del precepto impugnado.</p>
<p class='parrafo'>a) Los recurrentes basan sus dudas de constitucionalidad, en principio, en la dicotomía entre los dos tipos de representación de los trabajadores y su diferente posición y garantía constitucionales, postulando la existencia de un modelo de negociación colectiva en el que prevalece la negociación sindical, en detrimento de la protagonizada por otros representantes de los trabajadores. Pero, como ya hemos indicado en el fundamento jurídico 2 de esta Sentencia, al que ahora nos remitimos, tal punto de partida no se acomoda al reconocimiento constitucional del derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE), pues este no se constriñe al ámbito de la acción sindical, sino que se reconduce genéricamente al de los «representantes de los trabajadores».</p>
<p class='parrafo'>Partiendo de ello y de que el derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE) es de configuración legal, al legislador le corresponde ordenar los resultados del proceso de negociación y determinar las reglas de concurrencia y articulación de los convenios, pudiendo ampliar o restringir el margen de intervención de la autonomía colectiva en función de la opción que en cada momento considere más oportuna. Y en tal sentido, el art. 14.3 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, que da nueva redacción al art. 84.2 LET, haciendo uso el legislador del amplio margen de libertad otorgado por la Constitución para la configuración legal del ejercicio del derecho a la negociación colectiva, ha optado por declarar la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre los de ámbito superior, atribuyéndole un plus de eficacia, como una medida de flexibilidad interna, alternativa a la destrucción de empleo, a través de la cual pueden adaptarse las condiciones de trabajo que se identifican como más cercanas a la realidad de la empresa a las circunstancias concretas por las que ésta atraviesa. Esta opción legal no es nueva, pues había sido recogida, aunque con carácter dispositivo para los convenios de ámbito superior, por el Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, con el fin de acomodar las relaciones laborales al entorno económico y productivo en el que se desenvuelven. Asimismo, por esta opción de «descentralización» de la negociación colectiva se había ya decantado el II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012, 2013 y 2014, suscrito el 25 de enero de 2012 por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, en el que se insta al desarrollo por medio de los convenios sectoriales, de las reglas de articulación de la estructura de la negociación colectiva que apuesten por la descentralización, propiciando la negociación en la empresa, a iniciativa de las partes afectadas, exclusivamente en las materias a las que hace referencia (salarios, tiempo de trabajo, clasificación profesional, aspectos de las modalidades de contratación, medidas de conciliación laboral, así como aquellas otras materias previstas en los acuerdos interprofesionales y convenios sectoriales), por entender que es ése el ámbito más adecuado para configurarlas.</p>
<p class='parrafo'>En tal línea, la norma impugnada parte de la consideración de la empresa como un espacio especialmente propicio para la negociación colectiva de cara a la fijación de las condiciones de trabajo que resulten ajustadas a las concretas características y necesidades de la empresa y sus trabajadores, razón por la cual, dota de prioridad aplicativa al convenio de empresa fruto de esa negociación (entre los representantes de los trabajadores –delegados de personal, comités de empresa, o secciones sindicales– y la empresa), sobre los de ámbito superior (negociados entre las representaciones sindicales y empresariales más representativas en sus respectivos ámbitos).</p>
<p class='parrafo'>b) Como ha quedado señalado en los antecedentes, los recurrentes reconocen en su recurso que la medida adoptada responde a un objetivo constitucionalmente legítimo, como es el de facilitar una negociación de las condiciones laborales en el nivel más cercano y adecuado a la realidad de las empresas y de los trabajadores. Sin embargo, consideran que el legislador, sin perjuicio de dar prioridad aplicativa al convenio de empresa, podía haber optado por fórmulas menos lesivas del derecho a la negociación colectiva y de la fuerza vinculante del convenio, bien dejando abierta la posibilidad de excluir esa prioridad aplicativa en determinados ámbitos, o estableciendo cauces de comunicación entre los órganos de administración del convenio superior y los negociadores del nuevo convenio de empresa.</p>
<p class='parrafo'>Pues bien, habiendo aceptado los recurrentes la existencia de una justificación legitimadora de la medida controvertida, han circunscrito realmente el debate a la intensidad de la incidencia (proporcionalidad) en el ejercicio del derecho a la negociación colectiva exclusivamente desde el punto de vista sindical. No obstante, y antes de analizar la incidencia que tiene la medida desde la perspectiva del derecho a la libertad sindical, conviene recordar que desde la perspectiva del derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE), ya hemos señalado en la STC 119/2014 [FJ 6 e)] que tan legítima resulta desde el punto de vista constitucional la opción legislativa que otorgue prioridad a la negociación colectiva de ámbito superior a la empresa, como aquella otra que considere oportuno dar preferencia aplicativa al convenio de empresa para ajustar las condiciones de trabajo a la concreta realidad y necesidades de la entidad empresarial.</p>
<p class='parrafo'>Ciertamente, cabe precisar que resulta tan legítima la una como la otra porque, antes que suponer un límite o condicionante del derecho a la negociación colectiva, no hacen sino promover su ejercicio a un diferente nivel. El legislador ha optado por dar preferencia al resultado de una negociación descentralizada sobre el resultado de una negociación centralizada, en uno y otro caso, entre los «representantes de los trabajadores» y los empresarios, asumiendo como de mayor validez el criterio de la cercanía del representante a la empresa, sobre el de su lejanía, cuando se trata de regular condiciones de trabajo afectantes a determinadas materias. Por lo demás, la prioridad aplicativa del convenio de empresa, ni imposibilita la negociación colectiva de ámbito superior sobre las materias respecto de las cuales se prevé tal prioridad, ni resta eficacia normativa a la regulación sectorial ya existente, que seguirá siendo de aplicación en todas las empresas de su ámbito que no aprueben su propio convenio colectivo con fundamento en el nuevo art. 84.2 LET.</p>
<p class='parrafo'>En consecuencia, desde la estricta perspectiva del derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE), no es posible apreciar que el legislador haya incidido de una forma negativa en el citado derecho al dar prioridad aplicativa, en determinados casos, a lo pactado por los representantes de los trabajadores a nivel de empresa, pues, como ya ha quedado dicho, este precepto constitucional no ha reservado a los sindicatos, en exclusiva, el derecho a la negociación colectiva sino que ha optado por un «amplio reconocimiento» de su titularidad, sin hacer distinciones entre los representantes sindicales y aquéllos otros que no lo sean.</p>
<p class='parrafo'>c) Desde la óptica de la negociación colectiva como expresión de la acción sindical, tampoco es posible advertir la infracción del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE) que se alega en el presente proceso constitucional. Aunque, como hemos señalado con anterioridad, la negociación colectiva forma parte del derecho de libertad sindical, concebido como medio primordial de acción sindical para el cumplimiento de los fines constitucionalmente reconocidos a los sindicatos en el art. 7 CE, sin embargo, esta afirmación «resulta, sin duda alguna, compatible con la configuración legal del ejercicio del derecho a negociar» (por todas, STC 224/2000, de 2 de octubre, FJ 4).</p>
<p class='parrafo'>En efecto, desde el punto de vista legal, el art. 84.2 LET impugnado no impide, en sus respectivos ámbitos y conforme a las normas legales que rigen la materia, que los sindicatos con mayor representación negocien convenios sectoriales, ni tampoco que las secciones sindicales lo hagan en el ámbito de la empresa. Antes al contrario, los convenios de empresa cuya prioridad aplicativa declara la norma impugnada pueden negociarse tanto por los representantes unitarios (comité de empresa o delegados de personal) como por las secciones sindicales que tengan presencia en los citados órganos de representación unitaria y, sumando la mayoría de sus miembros, así lo acuerden, siendo, además, su intervención prioritaria a la de los restantes representantes unitarios (art. 87.1 LET).</p>
<p class='parrafo'>En consecuencia, de la misma manera que hemos admitido como una opción constitucionalmente válida, que no vulnera el art. 28.1 CE, el que la legitimación para negociar determinados convenios colectivos se restrinja a organizaciones sindicales que acrediten un cierto nivel de representatividad y no a otras, «allí donde el legislador ha querido dotar al acuerdo resultante de unos determinados y específicos efectos jurídicos» (STC 224/2000, de 2 de octubre, FJ 4), igual de válida es la opción legislativa ahora discutida de priorizar los efectos de la negociación de las condiciones de trabajo a nivel empresarial, permitiendo así dotar de mayor eficacia a los pactos alcanzados, no sólo por las secciones sindicales, sino también por los delegados de personal y comités de empresa, con independencia de que estén o no sindicalizados, tanto más cuanto ese plus de eficacia no imposibilita a los sindicatos la negociación colectiva de eficacia general ni impide, por tanto, el ejercicio de una de sus funciones esenciales.</p>
<p class='parrafo'>En suma, de lo que antecede se concluye ahora que ninguno de los argumentos esgrimidos por la parte recurrente en el presente proceso constitucional tiene fuerza para desvirtuar la conclusión alcanzada en la STC 119/2014, de 16 de julio, en la que entonces concluimos, y ahora debemos insistir, que el art. 14.3 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, no vulnera el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios (art. 37.1 CE), ni tampoco la libertad sindical (art. 28.1 CE), teniendo en cuenta que no existe un modelo constitucional predeterminado de negociación colectiva; que respecto de esta última el legislador tiene libertad de configuración para fijar su estructura y ordenación, y que del Texto Fundamental no se deduce tampoco que la negociación colectiva sindical haya de tener prioridad absoluta sobre la negociación colectiva realizada por otros representantes de los trabajadores (FJ 6).</p>
<p class='parrafo_2'>7. Los diputados recurrentes impugnan también el apartado tercero del art. 18 («Extinción del contrato de trabajo») de la Ley 3/2012, de 6 de julio, que da nueva redacción al art. 51 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), que, bajo el título de «Despido colectivo», habilita al empresario, tras la sustanciación de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores (apartado 2), a la extinción de los contratos de trabajo, siempre que concurran «causas económicas, técnicas, organizativas o de producción» (apartado 1). Los recurrentes no denuncian la inconstitucionalidad de todo el precepto impugnado, sino sólo la definición que se realiza de las citadas causas «económicas, técnicas, organizativas o de producción»<em> </em>en su apartado primero, que consideran que, por su indefinición, vulnera tanto el derecho a no ser despedido sin una justa causa (art. 35.1 CE), como el derecho a un control judicial efectivo sobre la causalidad del despido (art. 24.1 CE). A juicio del Abogado del Estado, sin embargo, no se ha producido ninguna de las vulneraciones denunciadas, en la medida que las causas de despido se encuentran suficientemente definidas y permiten el posterior control jurisdiccional sobre su concurrencia, razonabilidad y proporcionalidad.</p>
<p class='parrafo_2'>a) Comenzando por la denunciada vulneración del art. 35.1 CE, consideran los recurrentes que la nueva redacción dada al art. 51.1 LET prescinde del elemento de causalidad en la delimitación de los motivos económicos y empresariales del despido, pues ha suprimido la obligación empresarial de acreditar la concurrencia de la causa extintiva y de justificar que de ella se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva.</p>
<p class='parrafo'>El derecho al trabajo (art. 35.1 CE) no se agota en la libertad de trabajar, sino que en su vertiente individual, se concreta, entre otras cosas, «en el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, en el derecho a no ser despedido sin justa causa» (STC 192/2003, de 27 de octubre, FJ 4; y también STC 22/1981, de 2 de julio, FJ 8). Ahora bien, en la medida en que la regulación de las relaciones de trabajo se ha deferido por la Constitución al legislador (STC 20/1994, de 27 de enero, FJ 2), es a éste a quien corresponde la determinación de las causas de extinción del contrato (AATC 429/1983, de 28 de septiembre, FJ 2; y 57/1985, de 24 de enero, FJ 4), no siendo nuestra función la de «enjuiciar la oportunidad o conveniencia de la elección hecha por el legislador para valorar si es la más adecuada o la mejor de las posibles» (STC 198/2012, de 6 de noviembre, FJ 11), sino únicamente la de determinar si la opción asumida por el legislador en el ejercicio de la competencia que le atribuye el texto constitucional sobrepasa o no el margen razonable de libertad que le reconoce el art. 35 CE.</p>
<p class='parrafo'>Pues bien, el legislador, en el ejercicio de su libertad de configuración, introdujo la figura del «despido colectivo» en la reforma operada en los arts. 49.9 («Extinción del contrato») y 51 («Despido colectivo») de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del estatuto de los trabajadores, por la Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican determinados artículos del estatuto de los trabajadores, y del texto articulado de la Ley de procedimiento laboral y de la Ley sobre infracciones y sanciones del orden social. Su exposición de motivos señala que «[c]uando la necesidad de extinción tiene carácter colectivo y se encuentra basada en crisis de funcionamiento de la actividad empresarial, en ella confluyen elementos de transcendental importancia, vinculados tanto a los derechos de los individuos como a las posibilidades de supervivencia de las empresas, los cuales, según las soluciones que se adopten, pueden llegar a afectar, en épocas de especiales dificultades, a la propia viabilidad, incluso, de los sistemas económicos y sociales» (7 párrafo del apartado 3). A tal fin, tipificó un despido causal, basado en «causas económicas, técnicas, organizativas y de producción» (art. 49.9 LET), que se entendía que concurrían «cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya, si las aducidas son económicas, a superar una situación económica negativa de la empresa o, si son técnicas, organizativas o de producción, a garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la misma a través de una más adecuada organización de los recursos» (art. 51.1 LET)<em>.</em></p>
<p class='parrafo'>Tras sufrir la regulación del «despido colectivo» (art 51 LET) sucesivas modificaciones, la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, precisó el alcance de las expresiones utilizadas, debido a la existencia de «algunas deficiencias en el funcionamiento de las vías de extinción … al desplazar muchas extinciones de contratos indefinidos realmente basadas en motivaciones económicas o productivas hacia la vía del despido disciplinario improcedente» (decimosegundo párrafo del apartado II, de su exposición de motivos). Así, disponía en su art. 2 que concurrían «causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo», a cuyos efectos, «la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado». Y se entendía «que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado», a cuyos efectos, «la empresa deberá acreditar la concurrencia de alguna de las causas señaladas y justificar que de las mismas se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para contribuir a prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación de la misma a través de una más adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda».</p>
<p class='parrafo'>Finalmente, la Ley 3/2012, de 6 de julio, objeto del presente proceso constitucional, ha modificado nuevamente el contenido al art. 51 LET, concretamente y en lo que ahora interesa, para suprimir la mención específica a la prueba de la concurrencia de la causa y a la acreditación de la razonabilidad de la decisión extintiva, al considerar que «tales referencias incorporaban proyecciones de futuro, de imposible prueba, y una valoración finalista de estos despidos, que ha venido dando lugar a que los tribunales realizasen, en numerosas ocasiones, juicios de oportunidad relativos a la gestión de la empresa», cuando «el control judicial de estos despidos debe ceñirse a una valoración sobre la concurrencia de unos hechos: las causas» (octavo párrafo del apartado V). De esta manera se sigue definiendo el «despido colectivo» como la extinción de contratos de trabajo que se funde en «causas económicas, técnicas, organizativas o de producción» (apartado primero), para entender que concurren «causas económicas» cuando «de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas», precisando, además, que «[e]n todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior»; concurren «causas técnicas» cuando «se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción»; concurren «causas organizativas»<em> </em>cuando «se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción»; y concurren «causas productivas» cuando «se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado».</p>
<p class='parrafo'>Según lo que antecede, no puede afirmarse que el precepto impugnado haya consagrado un despido colectivo no causal o <em>ad nutum, </em>como defienden los recurrentes,<em> </em>basado en un libérrimo arbitrio o discrecionalidad empresarial<em>, </em>sino que ha condicionado la decisión extintiva, como ha sucedido desde sus orígenes, a la concurrencia «fundada» de una causa «económica», «técnica», «organizativa» o «productiva», cuyo contenido y alcance delimita, con el objeto de facilitar tanto la aplicación de la norma (por el empresario con los representantes legales de los trabajadores en el período de consultas), como el posterior control judicial de la decisión extintiva en función de las circunstancias concurrentes. La supresión específica de las referencias que hacía la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, a la prueba de la concurrencia de la causa y a la acreditación de la razonabilidad de la decisión extintiva, ni desdibuja las causas extintivas, ni introduce una mayor discrecionalidad empresarial de cara a la adopción de la decisión sino, antes al contrario, suprime espacios de incertidumbre en la interpretación y aplicación de la norma generados por unas previsiones legales, tan abiertas en su contenido como abstractas en sus objetivos, que en ocasiones, podían llegar a constituir la exigencia de una prueba diabólica, de hechos negativos, por las dificultades para demostrar que la decisión extintiva servía «para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado» o «para contribuir a prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación de la misma» en orden a favorecer «su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda». Y la nueva redacción no otorga mayor espacio a la discrecionalidad empresarial que la anterior en la adopción de una decisión extintiva, sino que, atendiendo a las exigencias derivadas del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), dota de mayor certidumbre al contenido de la decisión, tanto de cara a su aplicación, como al posterior control, tanto más cuando la norma, en primer lugar, exige que la decisión esté «fundada» en alguna de las causas que delimita (art. 51.1 LET), y, en segundo lugar, impone al empresario un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores en el que debe entregarles no sólo «una memoria explicativa de las causas del despido colectivo», sino también «toda la información necesaria para acreditar las causas motivadoras del despido colectivo» (art. 51.2 LET). En suma, en contra de lo mantenido por los recurrentes, la norma impugnada no prescinde del elemento de causalidad del despido, sino que dota a la definición de las causas extintivas de una mayor objetividad y certidumbre, al evitar la realización de juicios de oportunidad y valoraciones hacia el futuro de incierta materialización.</p>
<p class='parrafo'>En consecuencia, no es posible apreciar que la nueva delimitación de lo que ha de entenderse por «causas económicas, técnicas, organizativas o de producción» vulnere el art. 35.1 CE.</p>
<p class='parrafo'>b) Consideran también los recurrentes que la indefinición de las causas legales impide un control judicial efectivo sobre la causalidad del despido (art. 24.1 CE). Sin embargo, como ya hemos señalado, no es cierto que la regulación controvertida incurra en un grado de indefinición tal que impida un control judicial pleno y efectivo sobre la medida adoptada por el empresario, pues dicho control se extiende tanto sobre la concurrencia de la causa (cuya prueba corresponde al empresario que adopta la medida), como de la razonabilidad de la decisión extintiva adoptada, convirtiendo el ejercicio de la facultad en una actuación reglada y, por tanto, no discrecional, de cara a evitar un uso empresarial torticero de la facultad otorgada. Hay que insistir en que el art. 51.2 LET obliga al empresario, en la apertura del período de consultas con los representantes de los trabajadores, a comunicarles «la información necesaria para acreditar las causas motivadoras del despido colectivo», información (o falta de ella) que permite luego realizar al órgano judicial un control efectivo tanto sobre la concurrencia de la causa, como sobre la adecuación a la decisión extintiva.</p>
<p class='parrafo'>A lo anterior hay que añadir, además, que en nuestro ordenamiento, por estar en juego el derecho al trabajo (art. 35.1 CE), «rige el principio general de la limitación legal del despido, así como su sujeción para su licitud a condiciones de fondo y de forma» (STC 192/2003, de 27 de octubre, FJ 4), lo que supone que «[l]a aplicación judicial del Derecho es, como toda interpretación, realización de valor, esto es, una elección entre varias valoraciones posibles hacia cuyos principios aquélla se orienta», debiendo acomodarse la interpretación y aplicación de la legalidad por parte de los órganos judiciales a los principios y valores que la Constitución, como norma suprema de todo el ordenamiento jurídico, consagra (STC 192/2003, de 27 de octubre, FJ 4). Es, pues, al juez, a quien corresponde apreciar la concurrencia de una causa real y verosímil, que por ser justa, esto es, por ajustada a la razón, legitima la decisión empresarial extintiva de la relación laboral, dentro de los parámetros normativos que le ha otorgado el legislador, en el ejercicio de las competencias que la Constitución le ha atribuido (art 35.2 CE).</p>
<p class='parrafo'>En suma, debe rechazarse que el apartado tercero del art. 18 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, vulnere el art. 24.1 CE.</p>
<p class='parrafo_2'>8. Para los Diputados recurrentes, el apartado octavo del art. 18 («Extinción del contrato de trabajo») de la Ley 3/2012, de 6 de julio, que da nueva redacción al art. 56.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores y, por conexión, el apartado primero del art. 23 de la misma Ley («De las modalidades procesales»), que modifica el art. 110.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, son contrarios a los arts. 35.1 y 14, ambos de la Constitución.</p>
<p class='parrafo_2'>a) El art. 56.2 LET, en la redacción que le ha dado el art. 18.8 impugnado, dispone que «[e]n caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación». Por su parte, el art. 110.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, en la redacción dada por el art. 23.1 cuestionado, señala que «[s]i el despido se declara improcedente, se condenará al empresario a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, así como al abono de los salarios de tramitación». Con esta nueva regulación, en el supuesto de que un despido se califique como improcedente, el empresario tiene el derecho a optar entre readmitir al trabajador en su puesto de trabajo con abono de los salarios de tramitación (salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de notificación de la Sentencia) o a la extinción del contrato exclusivamente con entrega de la correspondiente indemnización legal. Sin embargo, en el caso de que se tratase de representantes legales de los trabajadores o delegados sindicales, la opción por la readmisión o por la extinción de la relación laboral correspondería a éstos, con derecho a la percepción de los correspondientes salarios de tramitación en todo caso (art.18.9 de la Ley 3/2012).</p>
<p class='parrafo'>El art. 57 LET limita la cuantía de los salarios de tramitación, cuya responsabilidad correspondería asumir al empresario conforme al art. 56.2 LET. Dispone que «[c]uando la sentencia que declare la improcedencia del despido se dicte transcurridos más de sesenta días hábiles desde la fecha en que se presentó la demanda» el empresario podrá reclamar del Estado el abono de los satisfechos al trabajador por el tiempo «que exceda de dichos sesenta días»; responsabilidad empresarial de pago de los salarios de tramitación que se ha ampliado hasta los noventa días por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (apartado primero de la disposición final decimocuarta). Por otra parte, el art. 209.4 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (en la redacción que le ha dado la disposición final quinta de la Ley 3/2012, de 6 de julio), dispone que cuando el empresario opte por extinguir la relación laboral en los supuestos de despido, su decisión se entenderá «como causa de situación legal de desempleo», sin que el ejercicio de la acción contra el despido impida que se produzca el nacimiento del derecho a la prestación por desempleo.</p>
<p class='parrafo'>La regulación del art. 56 LET que ahora se cuestiona encuentra su origen en el Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad (declarado inconstitucional por la STC 68/2007, de 28 de marzo, por ausencia del presupuesto habilitante <em>ex</em> art. 86.1 CE), que modificaba el art. 56 LET para establecer, cuando el despido fuese declarado improcedente, la opción empresarial por la readmisión con abono de los salarios dejados de percibir o la extinción del contrato con abono de una indemnización. Acto seguido, la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, derogó el anterior Real Decreto-ley 5/2002, y modificó nuevamente el art. 56 LET, recuperando la figura del salario de tramitación para el supuesto de extinción del contrato de trabajo en los despidos improcedentes. Ha sido entonces la modificación operada en ese mismo art. 56 LET por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, la que ha reintroducido, en el caso de despidos improcedentes, la opción empresarial por la readmisión con abono de los salarios dejados de percibir o la extinción del contrato con abono de una indemnización, opción finalmente asumida por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, cuya modificación del art. 56 LET, en conexión con la de art. 110.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, constituye uno de los objetos del presente recurso de inconstitucionalidad.</p>
<p class='parrafo'>b) Consideran los diputados recurrentes que al limitar los apartados cuestionados el derecho a la percepción de los salarios de tramitación exclusivamente al supuesto en que el empresario opte por la readmisión del trabajador tras la declaración de la improcedencia del despido, se está favoreciendo la extinción definitiva de la relación laboral en contra de la estabilidad en el empleo que proclama el art. 35.1 CE. Para el Abogado del Estado, sin embargo, se trata de una opción legislativa que no puede calificarse de irrazonable.</p>
<p class='parrafo'>El motivo de inconstitucionalidad ahora planteado ha sido rechazado recientemente por este Tribunal en el ATC 43/2014, de 12 de febrero, con relación al art. 56.2 LET, en su redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, cuyo contenido se reproduce en el art. 18.8 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, ahora cuestionado. Como hemos declarado en la citada resolución, hay que rechazar que la decisión del legislador de mantener en los despidos improcedentes la tradicional opción entre la readmisión del trabajador con abono de los salarios de tramitación o el pago de una indemnización económica adecuada vulnere el art. 35.1 CE, puesto que tal opción legislativa entra dentro del margen de libertad de configuración de las relaciones laborales que le es atribuida a aquél por la Constitución.</p>
<p class='parrafo'>Ciertamente, hay que insistir en que la regulación de las relaciones de trabajo se ha deferido por la Constitución al legislador (STC 20/1994, de 27 de enero, FJ 2), a quien corresponde, con un amplio margen de decisión, la fijación de los efectos de la extinción del contrato de trabajo (AATC 429/1983, de 28 de septiembre, FJ 2, y 57/1985, de 24 de enero, FJ 4). De esta manera, es al legislador a quien le compete concretar, en función de las circunstancias económicas y sociales concurrentes, el alcance de los efectos que derivan de la declaración de improcedencia de un despido en orden a la readmisión del trabajador o a la extinción definitiva del contrato laboral y, por tanto, a quien compete articular el ejercicio de las facultades empresariales y la protección de los derechos del trabajador.</p>
<p class='parrafo'>El legislador ha regulado las causas de extinción del contrato de trabajo y sus efectos en los arts. 46 a 57 LET. Concretamente, y en lo que al despido declarado improcedente se refiere (no así en el despido calificado como nulo), el art. 56 LET ha previsto como efectos, a elección del empresario (salvo cuando se trata de representantes legales de los trabajadores o de delegados sindicales), la readmisión del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir (desde la fecha de despido hasta la notificación de la Sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo), o la extinción del contrato de trabajo (desde la fecha del cese efectivo en el trabajo) con abono de una indemnización (equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio hasta un máximo de veinticuatro mensualidades). La modificación de los costes asociados al despido y, en concreto, la supresión por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de la obligación de pago de los salarios de tramitación que, de conformidad con la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, se venían abonando no sólo en caso de readmisión sino también en los supuestos de extinción del contrato de trabajo, se justifica por su exposición de motivos (penúltimo párrafo del apartado V), «en que el tiempo de duración del proceso judicial no parece un criterio adecuado para compensar el perjuicio que supone la pérdida del empleo, máxime teniendo en cuenta que el trabajador puede acceder a la prestación de desempleo desde el mismo momento en que tiene efectividad la decisión extintiva». Y, además «los salarios de tramitación actúan, en ocasiones, como un incentivo para estrategias procesales dilatorias, con el añadido de que los mismos acaban convirtiéndose en un coste parcialmente socializado, dada la previsión de que el empresario podrá reclamar al Estado la parte de dichos salarios que exceda de 60 días».</p>
<p class='parrafo'>Según lo que antecede, hemos de recordar una vez más que no es nuestra función la de «enjuiciar la oportunidad o conveniencia de la elección hecha por el legislador para valorar si es la más adecuada o la mejor de las posibles» (STC 198/2012, de 6 de noviembre, FJ 11), sino únicamente determinar si la opción asumida en el ejercicio de la competencia que le atribuye el texto constitucional sobrepasa o no el margen razonable de libertad que le reconoce el art. 35 CE. Y a este respecto hemos de señalar que, como hemos podido comprobar, la opción legislativa controvertida, en el marco en que se inserta, cuenta con una justificación que no puede tacharse de arbitraria o irrazonable. De esta manera, la forma en que ha quedado configurado el derecho empresarial de opción una vez dictada la resolución judicial que califica el despido como improcedente, con independencia de que dicha opción pueda hacer más o menos atractiva, en función de circunstancias diversas, la elección de uno de sus términos, cuenta con una justificación que, no pudiendo calificarse de irrazonable, debe ser considerada como suficiente para legitimarla desde la estricta perspectiva que nos ocupa. En efecto, como ya hemos tenido la oportunidad de señalar, «condicionar el derecho a la percepción de los salarios de tramitación a la vigencia de la relación laboral, reconociendo dicho derecho al trabajador que, por causa de la readmisión, debe entenderse que ha mantenido en todo momento en vigor su relación laboral con la empresa, pese a no haber prestado servicios efectivos por causa a él no imputable, mientras que no se le reconoce a aquel cuyo contrato de trabajo ha quedado definitivamente extinguido en la fecha del despido, constituye una opción que el legislador ordinario puede legítimamente adoptar sin vulnerar las exigencias del principio de igualdad» (SSTC 84/2008, de 21 de julio, FJ 7; y 122/2008, de 20 de octubre, FJ 7) y, debemos añadir ahora, sin vulnerar tampoco el derecho al trabajo del art. 35.1 CE.</p>
<p class='parrafo'>Debe rechazarse, en consecuencia, que el apartado octavo del art. 18, y, por conexión, el apartado primero del art. 23, ambos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, vulneren el art. 35.1 CE.</p>
<p class='parrafo'>c) Añaden los Diputados recurrentes que los apartados cuestionados contradicen también el art. 14 CE al consagrar una diferencia de trato injustificada y desproporcionada, lesión que debe ser rechazada, según el Abogado del Estado, al haber sido ya descartada por este Tribunal en precedentes Sentencias.</p>
<p class='parrafo'>Es doctrina constante de este Tribunal que para poder efectuar un juicio de igualdad es imprescindible tener un término de comparación válido (STC 219/2013, de 19 de diciembre, FJ 5), para lo cual es necesario, antes que nada, precisar si las situaciones subjetivas son efectivamente comparables o cotejables [SSTC 148/1986, de 25 de noviembre, FJ 6 a); 29/1987, de 6 de marzo, FJ 5 c); y 139/2005, de 26 de mayo, FJ 6]. Sin embargo, en el primer término de comparación ofrecido por los recurrentes (empresarios que optan por la readmisión frente a los que eligen la extinción del contrato), se pretenden comparar las consecuencias jurídicas derivadas del ejercicio de una opción personal, para cuestionar el pretendido trato desigual derivado del ejercicio de dicha opción en uno y otro sentido. Ciertamente, la diferente situación en la que eventualmente pueden quedar colocados los empresarios una vez ejercitado su derecho opción, difícilmente puede afectar al principio de igualdad. Nos encontramos, entonces, ante términos de comparación no homogéneos o inidóneos que impiden efectuar el juicio de igualdad.</p>
<p class='parrafo'>Pero es que, por otra parte, respecto de la diferencia de trato que se generaría, según los recurrentes, entre los propios trabajadores, según la opción empresarial se ejercite en uno u otro sentido, esto es, por la readmisión con abono de los salarios de tramitación o por la extinción del contrato de trabajo con indemnización y acceso a la prestación por desempleo, pero sin abono de los salarios de tramitación, no cabe sino reafirmar, como acabamos de recordar en el apartado anterior, que «condicionar el derecho a la percepción de los salarios de tramitación a la vigencia de la relación laboral, reconociendo dicho derecho al trabajador que, por causa de la readmisión, debe entenderse que ha mantenido en todo momento en vigor su relación laboral con la empresa, pese a no haber prestado servicios efectivos por causa a él no imputable, mientras que no se le reconoce a aquel cuyo contrato de trabajo ha quedado definitivamente extinguido en la fecha del despido, constituye una opción que el legislador ordinario puede legítimamente adoptar sin vulnerar las exigencias del principio de igualdad» (SSTC 84/2008, de 21 de julio, FJ 7, y 122/2008, de 20 de octubre, FJ 7. En el mismo sentido, STC 143/2008, de 31 de octubre, FJ 3).</p>
<p class='parrafo'>Debe rechazarse también que el apartado octavo del art. 18, y, por conexión, el apartado primero del art. 23, ambos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, vulneren el art. 14 CE.</p>
<p class='parrafo_2'>9. Los recurrentes impugnan también la disposición adicional tercera de la Ley 3/2012, de 6 de julio («Aplicación del artículo 47 texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, en el Sector Público»), que añade una nueva disposición adicional 21 al Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido del estatuto de los trabajadores (LET), conforme a la cual, lo previsto en el art. 47 LET —que se refiere a la «Suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor»— «no será de aplicación a las Administraciones Públicas y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos, salvo a aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado».</p>
<p class='parrafo'>Por los motivos que han sido recogidos más ampliamente en los antecedentes de esta Sentencia, los recurrentes sostienen que la norma impugnada vulnera el art. 14 CE (al dispensar al personal laboral que presta servicios en la Administración pública una diferencia de trato injustificada y desproporcionada), así como los arts. 35.1, 23.2 y 103.3, todos ellos de la Constitución, al conducir la medida a la reducción del empleo en lugar de a la reestructuración de plantilla. Niega el Abogado del Estado tales infracciones, ante la falta de un término de comparación válido, dada la existencia de una causa justificativa del diferente trato y al no verse afectado en este caso el derecho a la estabilidad en el empleo.</p>
<p class='parrafo_2'>a) Comenzando con el examen de la vulneración del art. 14 CE, se hace preciso recordar, en primer lugar, que «el legislador cuenta con un amplio margen de discrecionalidad a la hora de configurar el estatus del personal que presta sus servicios en las Administraciones públicas» (SSTC 57/1990, de 29 de marzo, FJ 2; 110/2004, de 30 de junio, FJ 4; 330/2005, de 15 de diciembre, FJ 6; y 120/2010, de 24 de noviembre, FJ 5). A partir de aquí, hay que señalar que, conforme reiterada doctrina de este Tribunal, el principio de igualdad en la ley impone al legislador el deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad que, desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca de justificación objetiva y razonable [SSTC 172/2012, de 4 de octubre, FJ 4; y 61/2013, de 14 de marzo, FJ 4 a)]. Ahora bien, «el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica» (STC 160/2012, de 20 de septiembre FJ 7), sobre todo si de lo que se trata es de establecer una diferenciación basada en la existencia de distintas categorías personales a las que se atribuyen distintos regímenes jurídicos. Por tanto, para poder efectuar un juicio de igualdad es imprescindible tener un término de comparación válido (STC 219/2013, de 19 de diciembre, FJ 5), para lo cual no sólo es necesario precisar si las situaciones subjetivas son efectivamente comparables o cotejables, sino si el legislador ha atribuido a un mismo grupo o categoría personal creado por él mismo unas consecuencias jurídicas diversas sin introducir un factor diferencial [SSTC 148/1986, de 25 de noviembre, FJ 6 a); 29/1987, de 6 de marzo, FJ 5 c); y 139/2005, de 26 de mayo, FJ 6].</p>
<p class='parrafo'>En el primer supuesto que plantean los recurrentes (diferencia de trato entre el personal laboral que presta servicios en la Administración pública y el resto del personal sometido a la legislación laboral), es patente que el término de comparación utilizado no es idóneo para efectuar un juicio de igualdad, al tratarse de grupos o categorías personales diferentes, a saber: de un lado, el personal laboral de la Administración pública, que no sólo se rige por la legislación laboral común, sino también, en su condición de «empleados públicos» por normas administrativas y laborales contenidas en el estatuto básico del empleado público, aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril; de otro lado, el personal laboral de las empresas privadas que está sujeto a la legislación laboral común, esto es, principalmente, el estatuto de los trabajadores.</p>
<p class='parrafo'>En el segundo supuesto citado por los recurrentes (diferencia de trato entre el personal laboral que presta su servicios en la Administración pública y el que los presta en entidades que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado), hay que precisar, antes que nada, que el «sector público administrativo» se integra, fundamentalmente, por la Administración General del Estado, los organismos autónomos dependientes de ella, así como por las entidades cuya actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual y no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales obtenidos como contraprestación de las entregas de bienes y prestaciones de servicios [art. 3.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria (LGP)].</p>
<p class='parrafo'>Por su parte, el «sector público empresarial» del Estado, está integrado, entre otros entes, por las «entidades públicas empresariales» [art. 3.2 a) LGP] y por las «sociedades mercantiles estatales» [art. 3.2 b) LGP]. Las primeras, son entidades «dependientes de la Administración General del Estado, o de cualquiera otros organismos públicos vinculados o dependientes de ella» [art. 2.1 c) LGP], que se configuran como «Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propias vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas», quedando sujetas al Derecho administrativo «cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación» [art. 2.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común]. Se trata, en consecuencia, de «Organismos públicos a los que se encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación» (art. 53.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración del Estado), que se rigen, principalmente, «por el Derecho privado» (art. 53.2 LOFAGE), y en las que el personal a su servicio (no funcionario) «se rige por el Derecho laboral» (art. 55.1 LOFAGE). Son entidades tales como el «Administrador de Infraestructuras Ferroviarias» (ADIF), los «Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea» (AENA), la «Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia» (CNMC), la «Comisión Nacional del Mercado de Valores» (CNMV), la «Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda» (FNMT-RCM), o el «Instituto de Crédito Oficial» (ICO).</p>
<p class='parrafo'>Las segundas, esto es, las<em> </em>«sociedades mercantiles estatales» [art. 2.1 e) LGP], aunque forman parte del sector público empresarial estatal [art. 3.2 b) LGP], no son Administraciones públicas (art. 2.2 de la Ley 30/1992), de manera que «se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y de contratación»[disposición adicional 12 de la Ley de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado (LOFAGE) y art. 166 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones públicas]. Se trata de entidades cuya actividad principal consiste en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual, que se financian mayoritariamente con ingresos comerciales obtenidos como contraprestación de las entregas de bienes y prestaciones de servicios que efectúan, y que dependen mayoritariamente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Son los casos, por ejemplo, de la «Corporación de Radio y Televisión Española» (RTVE), el «Grupo Correos», el Grupo «Hulleras del Norte» (HUNOSA), la «Empresa Nacional de Mercados Centrales de Abastecimiento» (MERCASA), la «Empresa Nacional de Residuos Radiactivos» (ENRESA) o la «Empresa de Transformación Agraria» (TRAGSA).</p>
<p class='parrafo'>Las precedentes aclaraciones realizadas sobre la organización del sector público estatal, tanto administrativo como empresarial, son trasladables al sector público autonómico o local, con las debidas matizaciones derivadas de la concreta normativa reguladora de su organización institucional en cada uno de sus respectivos ámbitos.</p>
<p class='parrafo'>Hecha la precisión que antecede con relación al sector público, tampoco puede admitirse como válida la comparación entre el personal laboral que presta su servicios en el «sector público administrativo» con el personal laboral que presta servicios en el «sector público empresarial»<em>, </em>pues como apunta el Abogado del Estado, el factor diferencial entre una y otra categoría de trabajadores se encuentra en la diferente estructura en la que se incardinan, que los convierte en grupos o categorías personales diferentes que admiten la atribución por el legislador de consecuencias jurídicas distintas y, entre ellas, la aplicación o no de las previsiones del art. 47 LET.</p>
<p class='parrafo'>En consecuencia, debe rechazarse que la disposición adicional tercera de la Ley 3/2012, de 6 de julio, vulnere el art. 14 CE.</p>
<p class='parrafo'>b) Finalmente, respecto a la invocación de los arts. 23.2 y 103.3, en relación con el art. 35.1, todos ellos de la Constitución, hay que convenir con el Abogado del Estado en que esta queja carece de sustantividad propia, en tanto que los recurrentes alegan la infracción de tales preceptos constitucionales únicamente por conexión y como apoyo de la denuncia principal de este motivo de impugnación, a saber, la relativa a la existencia de un trato desigual contrario al art. 14 CE, que en el anterior apartado ya ha sido rechazado.</p>
<p class='parrafo'>En cualquier caso, también desde esta nueva perspectiva del derecho a la estabilidad en el empleo de los trabajadores del sector público, el motivo del recurso merece ser desestimado, en la medida en que la inaplicación del art. 47 LET dispuesta en la norma impugnada, no afecta al derecho de acceso, permanencia y ejercicio en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, reconocido en el art. 23.2 CE, ni tampoco a la reserva de Ley en materia de función pública prevista en el art. 103.3 CE.</p>
<p class='parrafo_2'>10. Finalmente, los recurrentes impugnan el apartado segundo («Cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación») de la disposición final cuarta de la Ley 3/2012 («Medidas para favorecer el mantenimiento del empleo de los trabajadores de más edad»). Esta norma da nueva redacción a la disposición adicional 10 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, y dispone que «[s]e entenderán nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, cualquiera que sea la extensión y el alcance de dichas cláusulas». A su juicio, tal precepto es contrario al derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE), a la libertad sindical (art. 28.1 CE), a la prohibición de discriminación (art. 14 CE), así como al derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad (arts. 23.2 y 103.3 CE). Tales infracciones son rechazadas por el Abogado del Estado, sobre la base de la superior posición jerárquica de la ley y teniendo en cuenta la finalidad de la medida adoptada (procurar la viabilidad del sistema de la Seguridad Social).</p>
<p class='parrafo_2'>a) A juicio de los Diputados recurrentes, el excluir de la negociación colectiva la posibilidad de establecimiento de cláusulas de jubilación forzosa, supone una limitación injustificada de la libertad de estipulación de las partes que vulnera el art. 37.1 CE y, por derivación, el art. 28.1 CE, en la medida en que la regulación de esta materia debe ser atribuida, por designio constitucional, a la negociación colectiva, que cuenta con un espacio regulativo propio que no puede ser ahogado ni suprimido por la normativa estatal. Para el Abogado del Estado, por el contrario, la Constitución atribuye amplias facultades al legislador para configurar el régimen de la estabilidad en el empleo, sin imponerle mandato alguno ni para establecer medidas alternativas al despido, ni para concretar las causas de una eventual extinción de las relaciones laborales.</p>
<p class='parrafo'>Partiendo de que el derecho a la negociación colectiva es un derecho esencialmente de configuración legal (STC 85/2001, de 26 de marzo, FJ 5), para determinar la validez constitucional de la exclusión del ámbito de la negociación colectiva de las cláusulas de jubilación forzosa debemos analizar si la medida legal controvertida cuenta con una justificación objetiva y razonable, que legitime esta injerencia en el ejercicio del citado derecho.</p>
<p class='parrafo'>A tal fin, es preciso recordar, que el derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar, sino que también supone, en su vertiente individual, tanto el derecho a un puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación, como el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo o, lo que es lo mismo, a no ser despedidos si no existe una justa causa (STC 22/1981, de 2 de julio, FJ 8). Dicho esto, es necesario señalar que este Tribunal ha admitido una política de empleo basada en la jubilación forzosa y, por tanto, la posibilidad de que el legislador fije una edad máxima como causa de extinción de la relación laboral, porque aunque suponga una limitación al ejercicio del derecho al trabajo de unos trabajadores, sirve para garantizar el derecho al trabajo de otros, o, lo que es lo mismo, sirve al reparto o redistribución del trabajo (STC 22/1981, de 2 de julio, FJ 8). Y también hemos considerado constitucionalmente válido que el legislador, «modificando la situación preexistente», autorice «a la negociación colectiva a regular una materia que con anterioridad se había considerado excluida de la misma», concretamente, la posibilidad de fijar mediante Convenio un límite temporal del derecho individual al trabajo, ponderando el «equilibrio de los intereses afectados por la permanencia en los puestos de trabajo o la jubilación forzosa» (STC 58/1985, de 30 de abril FJ 7; y también SSTC 95/1985, de 29 de julio; 111/1985, de 11 de octubre; 136/1985, de 11 de octubre; 280/2006, de 9 de octubre y 341/2006, de 11 de diciembre).</p>
<p class='parrafo'>Según lo que antecede, podemos afirmar, en primer lugar, que la determinación tanto de la edad como de los efectos de la jubilación en orden a la eventual extinción de la relación laboral es una materia que, en principio, pertenece al ámbito propio de la ley, por estar en juego el ejercicio del derecho al trabajo (art. 35.1 CE), razón por la cual, la Constitución, de un lado, obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva en orden a la participación de todos los ciudadanos en la vida social (art. 9.2 CE), y, de otro, atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos en el ejercicio de los derechos constitucionales (art. 149.1.1 CE). Y, podemos añadir, en segundo lugar, que la consagración constitucional del derecho al trabajo (at. 35.1 CE) determina que el recurso a la edad de jubilación como causa extintiva de la relación laboral opere como una fórmula racional conforme a la cual, en la medida de lo posible y siempre que las circunstancias socio-económicas lo permitan, sea ejercitada como una opción voluntaria del trabajador y no como una imposición del legislador. No hay que descuidar que ya la recomendación núm. 162 sobre los trabajadores de edad de la sexagésima sexta reunión de la conferencia internacional del trabajo de 23 de junio de 1980, tuvo la oportunidad de señalar que debe procurarse que «el paso de un trabajador a la situación de retiro se efectúe voluntariamente» [§21 a) del apartado 4 (Preparación y acceso al retiro)], desiderátum que fue asumido por el conocido como «Pacto de Toledo» que, respecto de la edad de jubilación, señalaba que «sin perjuicio de mantener la edad ordinaria de jubilación en los sesenta y cinco años, resultaría muy aconsejable, en términos financieros y sociales, facilitar la prolongación voluntaria de la vida activa de quienes libremente lo deseen», sobre todo si se tiene en cuenta el aumento de la esperanza de vida lo que tendrá «como lógica consecuencia un aumento del número de pensionistas y del gasto en pensiones» [Recomendación 10 del informe de la ponencia en el seno de la comisión de presupuestos del Congreso de los Diputados sobre la reforma económica de la Seguridad Social de 30 de marzo de 1995 (núm. de expediente 162/000019, «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Congreso de los Diputados, V Legislatura, Serie E: Otros textos, núm. 134, 12 de abril de 1995, págs. 17 y 13, respectivamente]. Esta recomendación fue incorporada al sistema normativo por la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, siendo favorecida para los trabajadores dependientes por La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, para los trabajadores autónomos por la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, y para los empleados públicos por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público.</p>
<p class='parrafo'>La situación que ahora se somete a nuestra consideración deriva de que el legislador, en el ejercicio de la competencia que la Constitución le atribuye, modifica la situación preexistente y, en orden a garantizar la plena eficacia del objetivo perseguido con la medida adoptada, excluye esta materia del ámbito de la negociación colectiva, evitando así un posible pacto colectivo sobre la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social en perjuicio del ejercicio individual del derecho. Pues bien, habiendo admitido este Tribunal la legitimidad de una política de empleo basada en la jubilación forzosa como causa de extinción de la relación laboral, porque aun cuando suponga una limitación del ejercicio del derecho al trabajo de unos (vertiente individual), se justificaba constitucionalmente en el objetivo de promover el reparto o redistribución del trabajo facilitando de esta manera el ejercicio del derecho al trabajo de otros (vertiente colectiva), no cabe sino afirmar ahora que otra política de empleo basada en la facilitación de la continuidad en el empleo de quienes habiendo superado la edad legal de jubilación desean continuar con su vida laboral activa, con sustracción, en consecuencia, de esta materia a la potestad negociadora de los representantes de los trabajadores y los empresarios, encuentra perfecto acomodo también a los mandatos y objetivos constitucionales. En efecto, la medida controvertida se legitima constitucionalmente, (i) porque correspondiendo prioritariamente a la Ley la fijación de los límites al ejercicio del derecho al trabajo, ningún reproche se le puede hacer porque el legislador adopte medidas que atiendan preferentemente a la garantía del ejercicio de este derecho, desde la perspectiva de la continuidad o estabilidad en el empleo; (ii) porque la medida adoptada se dirige también a garantizar que la transición a la situación de retiro se efectúe voluntariamente por el trabajador en el ejercicio de su derecho al trabajo y de su opción individual por prolongar una vida laboral activa o pasar a una situación de inactividad total o parcial, y (iii) porque en el contexto socio-económico y del mercado de trabajo en el que se inserta la medida controvertida, caracterizado por una situación de crisis económica agravada por una elevada tasa de desempleo en el que, a la par que se reduce exponencialmente el número de aportantes a la Seguridad Social, aumenta el de dependientes, el objetivo de estimular la continuidad del trabajador en su puesto de trabajo, sirve también para garantizar la protección de un interés general prevalente, como es la salvaguarda de la sostenibilidad del sistema de pensiones, en particular, y la viabilidad del sistema nacional de la Seguridad Social, en general, evitándose «el incremento de los déficits públicos, como consecuencia de los mayores pagos de prestaciones y en especial de las pensiones por jubilación» (Pacto de Toledo, ibídem, pág. 3).</p>
<p class='parrafo'>En suma, puesto que la disposición controvertida sirve tanto al ejercicio del derecho individual al trabajo como a la protección del interés general subyacente, queda justificada sobradamente la incidencia que supone en la libertad de estipulación de las partes, razón por la cual, debe rechazarse la vulneración de los arts. 37.1 CE y 28.1 CE por el apartado segundo de la disposición final cuarta de la Ley 3/2012, de 6 de julio.</p>
<p class='parrafo'>b) Como se ha indicado en los antecedentes, los diputados recurrentes sostienen además, que el apartado recurrido resulta contrario a los arts. 14 y 37, ambos de la Constitución, por cuanto que se limita injustificadamente a la actividad sindical la regulación de una materia que se permite al empresario en los supuestos de despido colectivo.</p>
<p class='parrafo'>Ya hemos señalado anteriormente que el principio de igualdad en la ley impone al legislador el deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran en «situaciones jurídicas iguales» [SSTC 171/2012, de 4 de octubre, FJ 4; y 61/2013, de 14 de marzo, FJ 4 a)], pues «el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica» (STC 160/2012, de 20 de septiembre FJ 7). En efecto, para poder realizar un juicio de igualdad es necesario tener un término de comparación válido (STC 219/2013, de 19 de diciembre, FJ 5), y en el presente caso, el ofrecido por los diputados recurrentes no es homogéneo, pues en modo alguno puede compararse la situación de los trabajadores que ven extinguidos sus contratos por jubilación con la de los trabajadores que son objeto de un despido colectivo. Se trata de dos instituciones jurídicas con notables diferencias en cuanto a la finalidad, las causas que las motivan y los efectos que se les atribuye (acceso a la pensión de jubilación, indemnización por despido, prestación de desempleo o, en su caso, suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social).</p>
<p class='parrafo'>Debe rechazarse, en consecuencia, que el apartado segundo de la disposición final cuarta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, vulnere los arts. 14 CE y 37 CE.</p>
<p class='parrafo'>c) Por último, denuncian los recurrentes que la norma impugnada contraviene igualmente los arts. 14, 23.2 y 103.3, todos ellos de la Constitución, al provocar una diferencia de trato injustificada entre los empleados de las Administraciones públicas, según tengan la condición de personal laboral o funcionarios públicos, por cuanto para los primeros rige la nueva normativa mientras que los segundos quedan sometidos a un sistema de jubilación obligatoria por imperativo legal, afectando al derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad, pero proyectado sobre el momento de la pérdida de la condición de empleado público.</p>
<p class='parrafo'>Tampoco en este supuesto se ofrece un término válido de comparación que permita efectuar un juicio de igualdad pues, como ya hemos tenido oportunidad de señalar frente a una denuncia semejante, estamos ante «regímenes jurídicos distintos, aplicables a situaciones diferentes, es decir, uno estatutario y otro laboral, puesto que no son los mismos los derechos y deberes de uno y otro personal y es razonable esa distinción», tanto más cuanto «la igualdad de trato de funcionarios y trabajadores no se infiere de la Constitución» [STC 99/1987, de 11 de junio, FJ 6 d), y en términos parecidos, STC 57/1982, de 27 de julio, FJ 9], «porque las relaciones laborales a que se refiere y las que se rigen por un sistema estatutario son relaciones jurídicas desiguales a las que no se impone la aplicación del mismo tratamiento» (STC 108/1986, de 29 de julio, FJ 21). En consecuencia, debe desestimarse la vulneración por el apartado segundo de la disposición final cuarta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de los arts. 14, 23.2 y 103.3, todos ellos de la Constitución.</p>
<p class='centro_redonda'>FALLO</p>
<p class='parrafo_2'>En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,</p>
<p class='parrafo_2'>Ha decidido</p>
<p class='parrafo_2'>Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad</p>
<p class='parrafo_2'>Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dada en Madrid, a veintidós de enero de dos mil quince.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.</p>
<p class='centro_cursiva'>Voto particular que formula el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 5610-2012, al que se adhieren la Magistrada doña Adela Asua Batarrita y el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez</p>
<p class='parrafo_2'>1. Primero. Como tuve oportunidad de manifestar durante la deliberación del presente y relevante proceso constitucional, disiento de la decisión finalmente adoptada por razones tanto de método (canon de constitucionalidad utilizado) como de fondo. Dentro del máximo respeto hacia el parecer mayoritario de mis compañeros y por los motivos que expondré, entiendo que la Sentencia de la que me aparto debió de declarar inconstitucionales y nulos los siguientes artículos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma laboral:</p>
<p class='parrafo_2'>a) el art. 12.1, que modifica el art. 41 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET, en adelante), por violación, al introducir un nuevo régimen jurídico, en lo que aquí importa señalar, de las modificaciones sustanciales de trabajo de carácter colectivo, de la garantía constitucional de la fuerza vinculante de los convenios colectivos (art. 37.1 CE) y, por conexión, de la libertad sindical (art. 28.1 CE).</p>
<p class='parrafo'>b) el art. 18.3, que da nueva redacción al art. 51.1 LET, por vulneración, al redefinir las causas que habilitan al empresario a adoptar medidas de despido colectivo y, por el juego de la remisión legal enunciada, las que le permiten igualmente acudir a decisiones extintivas de carácter objetivo [art. 50 c) LET], del art. 35.1 CE,</p>
<p class='parrafo'>c) los artículos 18.7, que reforma el art. 56.1 LET, y 23.1, que da nueva redacción al art. 110.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social por lesión, al suprimir los salarios de tramitación en el supuesto en que el empresario, una vez declarado judicialmente el despido como improcedente, opte por abonar al trabajador una indemnización, en lugar de readmitirlo, del art. 35.1 CE; y</p>
<p class='parrafo'>d) la disposición adicional tercera, que añade al texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores la disposición adicional vigésimo primera, por infracción, al declarar inaplicable el art. 47 LET a las Administraciones públicas y a las entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos, de los arts. 14 y 9.3 CE.</p>
<p class='parrafo'>Conforme ya he hecho constar, y ahora reitero, mis objeciones a la sentencia de la que me aparto no solamente tienen un carácter sustantivo, determinante de mi disconformidad con su parte dispositiva, que desestima de manera íntegra el recurso de inconstitucionalidad en su día interpuesto por diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda Plural. Además de por razones materiales, mis desacuerdos alcanzan una segunda vertiente, alusiva al tipo de juicio o canon empleado para rechazar los reproches de inconstitucionalidad elaborados por la parte recurrente en relación con la mayor parte de los preceptos de la Ley impugnada que, en mi opinión, debieron ser declarados no conformes con la Constitución y, por consiguiente, nulos. Unas y otras divergencias serán objeto de la debida atención en los razonamientos que siguen, aun cuando antes de adentrarme en este terreno me parece pertinente efectuar una observación preliminar.</p>
<p class='parrafo_2'>Segundo. No es ésta la primera ocasión en la que el Tribunal Constitucional ha debido pronunciarse sobre la regularidad constitucional de la Ley 3/2012 así como de su antecedente normativo, el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de igual denominación. Con anterioridad, ha emitido dos pronunciamientos. En el primero, se resolvió, a través del ATC 43/2014, de 12 de febrero, la cuestión de inconstitucionalidad 3801-2012, promovida por el Juzgado de lo Social núm. 34 de los de Madrid por un doble orden de motivos: de un lado, por lesión de la mencionada norma de urgencia del art. 86.1 CE y, de otro, por vulneración del art. 18.7 de esta misma norma de los arts. 9.3 y 24.1, en relación con el 35.1, todos ellos de nuestro texto constitucional. En el segundo, se sustanció, mediante la STC 119/2014, de 6 de julio, el recurso de inconstitucionalidad 5603-2012, instado por el Parlamento de la Comunidad Foral de Navarra contra cuatro concretos artículos de la reforma laboral, ya traspuestos de manera íntegra y sin apenas mutaciones a la Ley 3/2012.</p>
<p class='parrafo'>En el voto particular que redacté al ATC 43/2012, citado, ya dejé constancia de mis disensos respecto del orden elegido para el conocimiento y solución por el Tribunal Constitucional de los tres procesos constitucionales promovidos contra la reforma laboral de 2012. Como en su momento dejé escrito, el Pleno de este Tribunal debió de haber acordado la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad procediendo en su momento, una vez celebrado el oportuno debate y resuelto el recurso de inconstitucionalidad núm. 5610-2012, a sustanciar los dos restantes, habida cuenta de que las quejas materiales formuladas tanto en la mencionada cuestión de inconstitucionalidad como en el recurso de inconstitucionalidad 5603-2012 también se enunciaban en aquél otro recurso de inconstitucionalidad, en el recurso de inconstitucionalidad 5610-2012, que añadía nuevos reproches.</p>
<p class='parrafo'>Las razones en favor de esta sistemática en el tratamiento de los referidos procesos no solo ni tanto residen —que sí— en la conveniencia de atenerse a una regla no escrita de generalizada aplicación por este Tribunal, expresada a veces mediante la técnica de la acumulación. Además de ello y, probablemente, al margen de ello, cabe enunciar motivos más consistentes, basados, en lo esencial, en las notables ventajas que hubiera aportado la prioritaria resolución del recurso de inconstitucionalidad más amplio; es decir, del presente recurso de inconstitucionalidad. Una decisión semejante, al evitar la desagregación y dispersión, hubiera permitido dotar de mayor densidad y unidad argumentativa a los razonamientos acerca de las denunciadas vulneraciones, por parte de la reforma laboral de 2012, de determinados derechos y, más en general, de concretas reglas iusconstitucionales.</p>
<p class='parrafo'>Desafortunadamente, la sentencia de la mayoría ha venido a confirmar los problemas metodológicos en su día anunciados. Por lo pronto, la sentencia contiene abundantes referencias, remisiones o reiteraciones a la doctrina sentada en los dos pronunciamientos previos (ver, a título de ejemplo, los fundamentos jurídicos 3, 5 y 6), lo que, de un lado, ha hecho perder a sus <em>rationae decidendi</em> de los atributos de intensidad y originalidad; de otro, ha devaluado la indiscutible relevancia atribuible al recurso de inconstitucionalidad 5610-2012 en razón de tratarse del proceso constitucional de mayor número de tachas; y, finalmente, también ha contribuido a mermar la paralela importancia de esta sentencia, en buena medida reducida a la condición de resolución de aplicación de una jurisprudencia constitucional ya adoptada.</p>
<p class='parrafo'>Por otra parte, este modo de haber abordado los complejos procesos constitucionales sobre la reforma laboral de 2012 ha abierto un escenario de incertidumbres, poco conciliable, en mi parecer, con las tareas que este Tribunal tiene encomendadas. Un buen ejemplo de ello lo ofrece el juicio de inconstitucionalidad del art. 84.2 LET. Tras reconocerse que la queja ya fue objeto de examen en la STC 119/2014, la sentencia de la que ahora me aparto, «a la vista de los argumentos esgrimidos en el presente recurso de inconstitucionalidad», opta —de seguro con un buen criterio, basado en una regla de congruencia procesal— por «dar respuesta a las diferentes afirmaciones que los recurrentes realizan» (FJ 6). A pesar de que la sentencia se limita a razonar del modo transcrito, una valoración comparativa de los argumentos y las afirmaciones formulados en el presente RI en relación con los manejados en el recurso de inconstitucionalidad 5603-2012, a fin de defender la inconstitucionalidad de este mismo precepto legal, del art. 84.2 LET, evidencia una falta de coincidencia plena entre ambos.</p>
<p class='parrafo'>En un contexto semejante, el escenario que de inmediato hubiera podido hacer acto de presencia puede enunciarse en términos sencillos: en el supuesto de que alguno de los nuevos argumentos hubiera resultado determinante de la inconstitucionalidad y nulidad del art. 84.2 LET, se habría producido, en un breve lapso de tiempo (apenas seis meses), un cambio en la doctrina constitucional. No es éste, sin embargo y en modo alguno, un escenario deseable. Muy antes al contrario, ha de evitarse por numerosas razones, entre otras, y de manera muy señalada, por cuanto hubiera desconocido y dado de lado, de modo innecesario, las exigencias de prudencia y solvencia jurídico-constitucional que en todo momento deben informar nuestra doctrina.</p>
<p class='parrafo'>En todo caso, doy aquí por reproducidas todas y cada una de las discrepancias con la conformidad constitucional de cuatro preceptos legales de la Ley 3/2012 que expresé en el voto particular a la STC 119/2014.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Primero. Conforme ya he anticipado, mantengo importantes disensos con el tipo de juicio que la sentencia de la mayoría utiliza para fundamentar la regularidad constitucionalidad de los preceptos sometidos a su examen. En este orden de consideraciones, cinco son las reflexiones que me propongo efectuar, alusivas, todas ellas, a los cánones empleados para desestimar las quejas y reproches de inconstitucionalidad. Por lo demás, se trata de reflexiones que se entrelazan y entrecruzan recíprocamente, lo que, al margen de permitirme una exposición concatenada, pide una comprensión integrada.</p>
<p class='parrafo'>Segundo. La STC 119/2014 inauguró en los razonamientos de la doctrina de este Tribunal un novedoso canon de constitucionalidad, que la sentencia de la mayoría hace ahora suyo e integra con normalidad. Por enunciar la idea en términos esquemáticos, aunque no simplificadores, estas resoluciones —y, entre ambas, algunas otras— han decidido elevar a la categoría de canon de constitucionalidad el escenario económico adverso que España y, de manera singularizada, los ciudadanos que en ella habitan vienen padeciendo desde hace años. En otras palabras, estas sentencias utilizan la crisis económica como parámetro de valoración constitucional de las medidas limitativas de los derechos constitucionales ubicados en el capítulo II del título I CE —por no hablar de los principios rectores de la política social y económica del capítulo III— acordadas por el legislador. Para eludir el reproche de razonar en el vacío, remito al juicio sobre la conformidad constitucional del período de prueba de la nueva figura del contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores. Es, en efecto, el contexto de la crisis económica el que justifica la restricción de esta medida sobre el art. 35.1 CE o sobre el art. 37.1 CE [FJ 3 b) y c) de la presente Sentencia, que reenvía a la STC 119/2014, FJ 3 f)].Y es esta misma situación la determinante de la desestimación de la vulneración de los arts. 37.1 y 28.1 CE por la nueva regulación del denominado descuelgue salarial [FJ 5 b)].</p>
<p class='parrafo'>Conforme ya he anticipado, y ahora argumento, es este un canon bien preocupante, de consecuencias impredecibles para la vigencia en nuestro sistema jurídico de las cláusulas sociales. La premisa implícita en este canon es de rápido enunciado: los derechos sociales constitucionales, aunque no se definan como derechos de prestación, están sujetos a un doble juicio de constitucionalidad: uno primero de carácter ordinario y uno segundo, de naturaleza extraordinaria, que se activa en situaciones de crisis económica. Sin entrar a fondo ni en la crítica a esta premisa-base ni en el análisis de sus consecuencias negativas, no puedo dejar de afirmar que su implantación entre nosotros tiene una devastadora potencialidad sobre el desarrollo y consolidación del Estado Social, al que puede instalar entre paréntesis, poniendo a disposición del legislador ordinario unas facultades que, no es aventurado entender, podrían terminar hermanándose con las atribuidas al legislador constituyente.</p>
<p class='parrafo'>Desde luego, la crisis económica puede validar ciertas limitaciones de los derechos sociales constitucionales. Pero tales limitaciones no pueden alterar el contenido esencial de esos derechos; aquel contenido que, como dijera tempranamente la STC 11/1981, FJ 8, define «aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea recognoscible como pertinente al tipo descrito», quedando comprendido en otro y, en razón de ello, desnaturalizado. O por enunciar la idea en los términos recientemente expresados por el Comité Europeo de Derechos Sociales al elaborar las conclusiones sobre las quejas presentadas por nuestras dos organizaciones sindicales más representativas sobre el cumplimiento por la legislación española de la Carta Social Europea [CEDS, <em>Conclusions</em> XX-3 (2014), (<em>Espagne</em>), <em>janvier</em> 2015]: «El Comité considera que las medidas que pretenden consolidar las finanzas públicas, asegurar la viabilidad de los regímenes de pensiones de jubilación o incentivar el empleo podrían estimarse legítimas en tiempos de crisis económica, pero ‘no deben traducirse mediante una reducción de los derechos reconocidos en la Carta’», de modo que los gobiernos deben adoptar las medidas necesarias para lograr que «estos derechos sean efectivamente garantizados…» (comentario al art. 6, pág. 26, de la versión francesa).</p>
<p class='parrafo'>El límite de los límites de los derechos constitucionales debe de ser, así pues, único y uniforme, al margen y con independencia del contexto económico, debiendo mantenerse inalterable a resultas del ciclo económico. Ciertamente, el contenido accesorio o no esencial de estos derechos puede acomodarse al entorno económico. Pero esa maleabilidad no es predicable de su contenido esencial que, por su propia configuración, ha de estar dotado de una estabilidad al abrigo de los vaivenes de la coyuntura no solo política sino, además, económica.</p>
<p class='parrafo_2'>Tercero. La segunda reflexión hace referencia a la omisión apreciable sin dificultad alguna en el enunciado y desarrollo de ciertos juicios de constitucionalidad vertidos sobre algunos derechos sustantivos (arts. 35.1 y 37.1 CE).</p>
<p class='parrafo'>Es bien sabido —y me parece una banalidad insistir en ello— que el art. 53.1 CE estatuye un límite infranqueable al ejercicio, por el legislador ordinario, de sus poderes normativos sobre los derechos y libertades reconocidos en el capítulo II del título I del texto constitucional; es decir, en los arts. 14 a 38 CE. En suma, el contenido esencial se alza como el «límite de los límites» en la ordenación tanto de los derechos fundamentales y libertades públicas como de los derechos de los ciudadanos.</p>
<p class='parrafo'>En razón de ello, el test utilizado por la jurisprudencia constitucional para enjuiciar y valorar la conformidad o no de una medida legal que afecte a esos derechos ha venido siendo tradicionalmente el respeto al contenido esencial del mismo. Por lo demás e innecesario resulta recordarlo, esta tarea exige como un<em> prius</em> lógico identificar el contenido esencial del derecho en cuestión. Solo mediante el manejo de este canon, una medida legal podrá ser o no calificada como lesiva de un derecho fundamental, libertad pública o derecho cívico. Mediante fórmula repetida una y otra vez desde la etapa fundacional, este Tribunal así lo ha hecho constar, señalando que las restricciones establecidas al ejercicio de los derechos constitucionales, «en todo caso, han de respetar su contenido esencial» [entre otras muchas, SSTC 11/1981, de 8 de abril, FJ 10; 196/1987, de 11 de diciembre, FJ 4; 120/1990, de 27 de junio, FJ 8; 57/1994, de 28 de febrero, FJ 6; 98/2000, de 10 de abril, FJ 5; 70/2002, de 3 de abril, FJ 10 a) y 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 4].</p>
<p class='parrafo'>En este contexto, resulta no solo llamativo sino, adicionalmente, inquietante que la sentencia de mi discrepancia haya omitido la más ligera alusión al contenido esencial de dos de los derechos fundamentales aquí controvertidos: el derecho al trabajo (art. 35.1 CE) y el derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE). Al silenciarse por completo tan transcendental cuestión, la omisión detectada equivale a una negación implícita de la propia vigencia en los derechos cuestionados de un contenido esencial, entendido, como ya se ha señalado y ahora se repite, como límite constitucionalmente infranqueable por el legislador.</p>
<p class='parrafo'>En realidad, esta ausencia resulta tanto más preocupante, al tiempo que criticable, cuando se comprueba que la sentencia de la mayoría —siguiendo la senda abierta por la STC 119/2014— insiste una y otra vez en la idea de que ambos derechos constitucionales son derechos de «configuración legal», —apelando, por cierto y en lo que concierne al derecho a la negociación colectiva, a la doctrina contenida en las SSTC 85/2001, de 26 de marzo, y 224/2000, de 2 de octubre, que tratan sobre la contratación colectiva en la función pública, ajena, según jurisprudencia de este Tribunal, al derecho <em>ex</em> art. 37.1. CE—, como si dicha conformación jurídica, fruto de la intermediación legislativa, tuviera alguna relevancia desde una vertiente material de constitucionalidad; esto es, como si comportara algún efecto decisivo en el enjuiciamiento de los mínimos o imperativos que la Constitución instituye. Por enunciar la misma opinión en otras palabras, el que un derecho constitucional sea objeto de delimitación o concreción normativa a través de la ley pertinente en nada influye en el límite que el texto constitucional impone; a saber: el respeto al contenido esencial. Antes al contrario, la intervención del legislador define, precisamente, las fronteras indisponibles de sus contenidos.</p>
<p class='parrafo_2'>Cuarto. Frente al anterior e insoslayable canon, la Sentencia utiliza otros juicios alternativos, dando la espalda al terminante mandato enunciado en el art. 53.1 CE. Precisamente respecto de estos otros criterios, la resolución, manifestando una desmesurada servidumbre argumental con la STC 119/2014, aborda los reproches de inconstitucionalidad recurriendo al juicio de proporcionalidad en sentido amplio.</p>
<p class='parrafo'>En concreto y en lo que aquí me importa hacer constar, tal acontece paradigmáticamente con el examen de la presunta inconstitucionalidad del art. 41 LET [FJ 4 a)]. Sin entrar por el momento en contrastar si la nueva regulación legal de la modificación sustancial de condiciones colectivas de trabajo ha transgredido o no el contenido esencial de la garantía constitucional de la fuerza vinculante (art. 37.1 CE), lo que ahora me interesa es centrar la atención en la aplicación al derecho controvertido del citado canon de proporcionalidad. Es ésta, en mi opinión, una aplicación criticable por un doble orden de motivos.</p>
<p class='parrafo'>Conforme a una muy reiterada doctrina constitucional, el uso del canon de proporcionalidad tiene un carácter complementario, en lugar de alternativo, al canon sobre el respeto de la limitación establecida al contenido esencial, que se erige así, como ya se ha razonado, en el juicio de constitucionalidad sobre derechos fundamentales de primer grado. Por decirlo con las contundentes y clarificadoras palabras de la STC 57/1994, FJ 6, luego repetidas en otras muchas [a título ejemplificativo SSTC 143/1994, de 9 de mayo, FJ 6; 98/2000, de 10 de abril, FJ 5; 186/2000, de 10 de julio, FJ 5; 156/2001, de 2 de julio, FJ 4 y 70/2002, de 3 de abril FJ 10 b)], el ejercicio de los derechos fundamentales (en el caso a examen, el derecho a la intimidad) puede ceder ante otros derechos o intereses «constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aquél haya de experimentar se revele como necesario para lograr el fin legítimo perseguido, proporcionado para alcanzarlo <em>y, en todo caso</em>,<em> sea respetuoso con el contenido esencial del derecho</em>» (cursiva mía).</p>
<p class='parrafo'>En íntima conexión con lo que vengo de argumentar, se sitúa la segunda razón de mi disenso con el recurso al canon de proporcionalidad. De ordinario y como regla general, éste se utiliza por nuestra jurisprudencia en un entorno bien distinto al predicable de la queja sobre la inconstitucionalidad del art. 41 LET. Este canon, en efecto, suele manejarse en una situación de conflicto entre dos derechos, bienes y valores constitucionalmente relevantes, siendo su objetivo verificar si la restricción impuesta a uno de los derechos a contraste resulta idónea, necesaria y proporcionada.</p>
<p class='parrafo'>De seguro, el efecto más criticable de este enfoque metodológico —como ya tuve ocasión de razonarlo en el voto particular a la STC 119/2014— reside en que el juicio de proporcionalidad termina alejándose del territorio constitucional, para, probablemente de forma deliberada, recaer en otra zona que, por su elasticidad, resulta más propicia para avalar las, a veces, disimuladas o encubiertas extralimitaciones constitucionales de la reforma laboral; aludo, claro está, a la zona de la legalidad ordinaria.</p>
<p class='parrafo'>La lectura del desarrollo argumental del canon de proporcionalidad que la sentencia construye para salvar los reproches de inconstitucionalidad vertidos sobre el tan citado art. 41 LET, ilustra de manera ejemplar la anterior aseveración. La Sentencia de la que disiento, en efecto, califica la nueva regulación de la modificación sustancial de las condiciones colectivas de trabajo como idónea, necesaria y proporcionada. A tales efectos: i) la idoneidad se deduce del hecho de que la medida es adecuada «para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo perseguido por ella, esto es, evitar la destrucción del puesto de trabajo». ii) la necesidad deriva de que «no se advierte que se haya producido por el legislador un sacrificio patentemente innecesario de los derechos que la Constitución garantiza, a la vista de los condicionantes (legales, se entiende) a los que se somete el ejercicio de la facultad empresarial» y iii) la medida, en fin, es «ponderada, no solo por los límites y garantías a las que la ha sometido el legislador, sino también por derivarse de su aplicación más ventajas para el derecho al trabajo que perjuicios para el derecho a la negociación colectiva».</p>
<p class='parrafo'>Cualquier jurista medianamente avezado con la legislación laboral puede confirmar, en efecto, que el criterio que sostiene la desestimación de las censuras de inconstitucionalidad dirigidas al art. 41 LET, es un canon de estricta legalidad ordinaria, bastándole para alcanzar esa conclusión reparar en una serie de datos, directamente deducibles de la simple lectura de la sentencia.</p>
<p class='parrafo'>i) El fin atribuido a la medida legislativa, que salva el juicio de idoneidad, deriva de la declaración contenida en la exposición de motivos de la Ley 3/2012; pero es esta una declaración que carece de la obligada correspondencia con la regulación legalmente estatuida. Sin perjuicio de lo que habrá de razonarse más adelante, el fin primero y esencial, aquel que define las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, individuales o colectivas, y caracteriza su régimen jurídico, no reside en evitar la destrucción de empleo sino, y ello es bien diferente, en poner a disposición del empresario un mecanismo de adaptación de las condiciones de trabajo. De ahí, que el recurso por un empresario a la medida contemplada en el art. 41 no le cierra las puertas a la adopción, de manera anticipada, simultánea o sucesiva, ni de otras medidas de flexibilidad interna (por ejemplo, suspensión de los contratos de trabajo o reducción de la jornada laboral: art. 47 LET) ni tampoco —y se trata del dato decisivo para desmontar la tesis propuesta— de los dispositivos de flexibilidad externa más extremos; esto es, del recurso a despidos por funcionamiento de la empresa, tanto individuales [art. 52 c) LET] como colectivos (art. 51 LET).</p>
<p class='parrafo'>ii) El test de necesidad queda superado en razón de los límites —de los «condicionantes», por expresar la idea con el lenguaje de la sentencia de la mayoría— a su ejercicio que el propio pasaje legal controvertido ha implantado. Incluso en un alarde de autismo hermenéutico, la sentencia no duda en confirmar la validez de este test mediante la simple constatación de que la modificación unilateral de las condiciones colectivas de trabajo es un recurso solo permitido en caso de fracaso de la preceptiva negociación abierta durante el período de consulta, sin entretenerse a comentar, aunque sea de pasada, que el art. 82.3 LET, sin embargo, no consiente al empresario adoptar una similar decisión unilateral respecto de las condiciones de trabajo contenidas en otro tipo de convenio colectivo, el denominado estatutario, que se diferencia del sujeto a la disciplina del art. 41 LET —manifiestamente más lesiva para el art. 37.1 CE— en atención no a su fuerza vinculante, similar en ambas modalidades, sino a su eficacia personal. En posterior apartado, tendré ocasión de retornar sobre este concreto aspecto del pasaje legal controvertido.</p>
<p class='parrafo'>iii) Finalmente, el juicio de proporcionalidad queda solventado mediante la invocación de un doble orden de factores: de un lado y nuevamente, por los «límites y garantías» a los que el legislador ha sujetado la regulación de la institución cuestionada y, de otro, por cuanto su aplicación reporta más ventajas «para el derecho del trabajo que perjuicios para el derecho a la negociación colectiva». Sin entrar a rebatir la anómala atribución al régimen jurídico del art. 41 LET de su condición de elemento decisivo para la positiva confrontación tanto del test de necesidad como del de proporcionalidad, el segundo de los factores enunciados, haciendo gala de la más canónica de las interpretaciones apodícticas que se puedan imaginar, incurre, por lo pronto, en una grave omisión, de tono no susceptible de calificarse como menor, cual es la de identificar con la necesaria claridad en qué consisten las ventajas reportadas al derecho al trabajo y los perjuicios ocasionados a la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Pero además de este poco razonable olvido y suponiendo, lo que de seguro es mucho suponer, que la finalidad de la regla del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores controvertida resida en evitar la destrucción del empleo, este concreto factor, ahora invocado con vistas a reforzar la condición de medida ponderada y proporcionada de la citada regla legal, opta por someter a contraste dos derechos constitucionales que, por su muy distinta titularidad y naturaleza (individual y colectivo), no toleran una confrontación comparativa en términos de ventajas y perjuicios; o, al menos, no lo toleran sin haber realizado un previo ejercicio de justificación argumental.</p>
<p class='parrafo'>Por lo demás, y no es lo de menos, la configuración de la restricción a la fuerza vinculante de los convenios colectivos instrumentada a través del art. 41 LET como una medida ponderada por los motivos ya expuestos no solo no logra rebasar el más benévolo test de proporcionalidad en sentido estricto; a un nivel más intenso, aquella configuración comporta el quebrantamiento, de manera radical y sin modulaciones, de los principios más elementales que informan el propio test. Instalando mi razonamiento en una posición alineada con el enfoque metodológico empleado, que en modo alguno comparto, esta ruptura trae causa en un elemento decisivo; a saber, la medida legal no comporta una limitación proporcionada del derecho constitucional controvertido; sencillamente, lo anula. En esta situación, que razonaré más adelante bien que desde un diferente canon de constitucionalidad, la adjudicación al derecho al trabajo —ya de por sí discutible— de una posición preferente y a la fuerza vinculante del convenio colectivo de una posición claudicante da de lado e ignora de manera frontal el principio de equivalencia que debe informar todo juicio de ponderación.</p>
<p class='parrafo_2'>Quinto. Las consecuencias negativas de la preterición del examen del contenido esencial de los derechos presuntamente vulnerados por determinados pasajes legales de la Ley 3/2012 y de su sustitución por otros cánones alternativos, con el consiguiente aposentamiento del razonamiento en el territorio de la legalidad ordinaria, resultan aún más visibles en relación con el enjuiciamiento de art. 51.1 LET, al que la parte recurrente censura por haber lesionado el art. 35.1 CE. La sentencia de la mayoría se ocupa de analizar esta tacha en el FJ 7 a), ateniéndose a la sistemática que se expone seguidamente.</p>
<p class='parrafo'>Tras situar el debate a examen, dedica un primer párrafo a sintetizar la doctrina constitucional sobre el art. 35.1 CE, poniendo el máximo énfasis en la que califica como opción constitucional de deferir a la decisión del legislador la determinación de las causas de extinción del contrato de trabajo y, por consiguiente, no deteniéndose en analizar los límites que a la libertad del legislador impone el contenido esencial del derecho cuestionado.</p>
<p class='parrafo'>Por cierto, no deja de llamar la atención que, en el contexto sistemático que se analiza, la sentencia de la que me separo traiga a colación de manera expresa, bien que descontextualizándola por completo, la STC 198/2012, a fin de trazar las limitaciones sustantivas de la función atribuida a este Tribunal: «no corresponde a este Tribunal enjuiciar la oportunidad o conveniencia de la elección hecha por el legislador para valorar si es la más adecuada o la mejor de las posibles». La afirmación reproducida de esta última resolución, en efecto, se hace no solo ni tanto en un entorno temático por completo alejado del laboral, cual es el relativo a la ley reguladora del matrimonio de personas del mismo sexo; se formula tras declarar que «lo que hace el legislador en uso de la libertad de configuración que le concede la Constitución es modificar el régimen de ejercicio del derecho constitucional al matrimonio <em>sin afectar a su contenido</em>, ni menoscabar el derecho al matrimonio de las personas heterosexuales … y sin que <em>la opción adoptada suponga denegar a cualquier persona o restringirle el derecho constitucional </em>a contraer o a no contraer matrimonio» (cursivas mías). Y es entonces, inmediatamente después de efectuar las conclusiones que se acaban de transcribir, cuando ese pronunciamiento, la STC 198/2012, procede a describir en negativo las funciones de este Tribunal.</p>
<p class='parrafo'>Retornando a la sistemática empleada, la sentencia de la mayoría entra a examinar la evolución experimentada en nuestro sistema de relaciones laborales en el régimen jurídico de los despidos colectivos, dispensando una especial atención a las tres siguientes regulaciones legales: la originaria de 1980, la de 2010 y la de 2012. Este análisis ocupa casi dos tercios del espacio consagrado a verificar la presunta vulneración del art. 35.1 CE por el art. 51.1 LET.</p>
<p class='parrafo'>Finalmente y sin solución de continuidad, se procede a construir el juicio de constitucionalidad, que arranca con una expresión que lo enlaza con la evolución normativa efectuada inmediatamente antes: «Según lo que antecede, no puede afirmarse que el precepto impugnado haya consagrado un despido no causal o <em>ad nutum</em>». Una lectura de los ulteriores y sumarios argumentos confirma que la constitucionalidad de la regla legal controvertida la aportan los contenidos normativos ya presentes en la Ley del estatuto de los trabajadores desde su primera versión. Sin aludir, ni siquiera de manera colateral, al derecho constitucional presuntamente lesionado, el derecho al trabajo en su vertiente individual, la sentencia de la mayoría instala su razonamiento en el plano de la más estricta legalidad infraconstitucional, llevando a cabo un análisis exquisitamente comparativo de las ordenaciones legales derogada y vigente para concluir, de manera apodíctica, con la afirmación siguiente: «la nueva redacción no otorga mayor espacio a la discrecionalidad empresarial que la anterior en la adopción de una decisión extintiva, sino que, atendiendo, a las exigencias derivadas del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), dota de mayor certidumbre al contenido de la decisión …».</p>
<p class='parrafo_2'>Sexto. Ya he hecho constar que la sentencia de la que disiento reemplaza el canon que resulta de obligado uso en aquellos procesos constitucionales cuyo objeto es la presunta inconstitucionalidad de una restricción de un derecho constitucional por otro, que resulta no tanto complementario del anterior sino, con mayor rigor, subordinado o accesorio y, por consiguiente y en modo alguno, alterno: el canon de proporcionalidad en sentido amplio. Pero en ocasiones, incluso, este canon se sustituye por un mero análisis de justificación no arbitraria y razonable de la medida legal controvertida, análisis este más propio de la presunta violación por una norma legal del principio de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE) que de las limitaciones impuestas al ejercicio de derechos constitucionales, amparados por la garantía del respeto al contenido esencial.</p>
<p class='parrafo'>Tal acontece, de manera ejemplar, con el reproche de violación del art. 35.1 CE que los recurrentes hacen al nuevo régimen jurídico de los salarios de tramitación, que se despacha —trayendo de nuevo a colación el párrafo final de la STC 198/2012, FJ 11— en base al análisis que se efectúa de dicho régimen. Por decirlo en sus propios y sumarios términos: «la opción legislativa controvertida, en el marco en que se inserta, cuenta con una justificación que no puede tacharse de arbitraria o irrazonable». Por lo demás, la sentencia vuelve a descontextualizar la jurisprudencia sentada por este Tribunal. En esta ocasión, se citan las SSTC 84/2008, de 21 de julio, y 122/2008, de 20 de octubre, que, como habrá ocasión de razonar más adelante, enjuiciaron los salarios de tramitación desde el ámbito de los arts. 14 y 24.1 CE, estableciendo una doctrina que, sin ofrecer razonamiento alguno, se dice también aplicable al art. 35.1 CE.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Primero. El primero de mis disentimientos de carácter sustantivo se centra en la validación que el pronunciamiento mayoritariamente adoptado hace de la regla contenida en el art. 41 LET que, en lo que aquí importa reseñar, autoriza al empresario a la modificación sustancial de condiciones colectivas de trabajo, entendiendo por tales aquellas que, estando «reconocidas en acuerdos o pactos colectivos», afecten a un número de trabajadores que no supere los umbrales legalmente establecidos, diferenciados en atención al censo de la plantilla de la empresa.</p>
<p class='parrafo'>En el apartado anterior he efectuado algunas observaciones críticas sobre los cánones de enjuiciamiento constitucional empleados por la resolución de la que me distancio, resultando ahora oportuno efectuar un doble y combinado recordatorio. De un lado, he objetado el contenido sustantivo del juicio de proporcionalidad en sentido amplio del que la sentencia se vale para rechazar la censura de inconstitucionalidad vertida sobre aquel pasaje legal, descartando así la violación del art. 37.1 CE. De otro, he hecho constar que el canon primero y esencial para calificar desde una perspectiva constitucional las restricciones o limitaciones a los derechos constitucionales ha de instrumentarse mediante el examen de la afectación o no de su contenido esencial.</p>
<p class='parrafo'>Sin insistir ahora en argumentos ya expuestos, el obligado criterio de enjuiciamiento para poder fundamentar que, en un sentido discrepante al sostenido por la sentencia de la mayoría, el art. 41 LET lesiona de manera frontal la garantía constitucional alegada por la parte recurrente —esto es, la fuerza vinculante de los convenios colectivos— exige, como no puede ser de otro modo, analizar si la regulación establecida sobre la modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo ha invadido el contenido esencial de dicha garantía, desconociéndolo y, por consiguiente, lesionándolo. Es ésta una tarea interpretativa que abordaré en dos tiempos. En el primero, examinaré el ámbito de imputación normativa de la fuerza vinculante de los convenios con vistas a demostrar que la noción legal «acuerdos o pactos colectivos», cuyas condiciones de trabajo pueden ser modificadas unilateralmente por el empresario, entra dentro de ese ámbito normativo. Una vez aclarado este importante extremo, abordaré ya el tema central del canon de constitucionalidad enunciado.</p>
<p class='parrafo_2'>Segundo. No obstante ello, no me parece impertinente resaltar en modo muy sumario los aspectos más sobresalientes introducidos por la Ley 3/2012 con incidencia en la regulación controvertida.</p>
<p class='parrafo'>La ley impugnada ha reformado intensamente el régimen jurídico de «las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo» establecido en el art. 41 del texto estatutario. Del conjunto de cambios introducidos, una especial relevancia jurídica tiene el cambio llevado a cabo en el criterio de la distinción entre las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo de carácter individual y de carácter colectivo. Para una mejor comprensión del alcance e impacto de dicho cambio, no resultará impertinente efectuar algunas referencias al régimen jurídico vigente con anterioridad a la aprobación de la reforma laboral de 2012.</p>
<p class='parrafo'>Desde la entrada en vigor de la Ley 11/1994, de reforma del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aquella distinción se asentó sobre un criterio bastante acorde con la calificación legal de esta tipología; a saber: la naturaleza de la fuente atributiva de la condición que se pretende mutar. La legislación, en efecto, configuraba como individuales las modificaciones de condiciones acordadas mediante pacto individual o concedidas unilateralmente por el empresario con efectos individuales y como colectivas aquellas otras contenidas en acuerdos o pactos colectivos o concedidas unilateralmente por el empresarios con efectos colectivos. No obstante, esta regla general, en relación con la modificación de dos concretas condiciones, las funcionales y el horario de trabajo, se excepcionaba, entrando entonces en juego para la calificación jurídica un segundo criterio: el de los umbrales; esto es, el relativo al número de trabajadores afectados en función del censo de la empresa. En todo caso, la configuración de una concreta decisión modificativa del empresario<em> </em>como individual o como colectiva tenía (y sigue teniendo) una relevante consecuencia en la intensidad o grado de la participación de los representantes de los trabajadores: mientras que, al menos en la literalidad del art. 41 LET, las modificaciones colectivas exigían la apertura de un período de consultas con vistas a alcanzar un acuerdo, la única exigencia condicionante del válido ejercicio por el empresario de las modificaciones individuales consistía y sigue consistiendo en un simple deber de notificación de la decisión adoptada a los mencionados representantes.</p>
<p class='parrafo'>Como ya he anticipado, la Ley 3/2012 ha revisado en profundidad el régimen de diferenciación entre modificaciones individuales y colectivas, suprimiendo el criterio de la valoración de la naturaleza de la fuente de fijación de la modificación o, lo que es igual, uniformando el régimen jurídico en derredor a los umbrales. Con semejante mudanza normativa, el ámbito de las modificaciones sustanciales de dimensión individual se ha ampliado en la misma dimensión en que se ha estrechado el campo de vigencia de las modificaciones de carácter colectivo.</p>
<p class='parrafo'>En todo caso, la parte recurrente se limita a impugnar el régimen de las modificaciones colectivas, como por otra parte así lo advierte la sentencia de mi disenso. No obstante, entiendo que el criterio decisivo para apreciar la inconstitucionalidad de la nueva regulación ni depende ni conecta —pues se trata de una noción de estricta legalidad ordinaria— con el carácter individual o colectivo de la modificación misma sino, y ello es bien diferente, de la fuente que instituye las condiciones de trabajo que se modifican unilateralmente por el empresario. En otras palabras, el número de trabajadores afectados constituye, desde una vertiente constitucional, un dato inocuo, siendo lo verdaderamente decisivo el que la condición modificada se encuentre regulada en un instrumento nacido de la negociación colectiva. En razón de ello, considero que la inconstitucionalidad aplicable a las modificaciones legalmente denominadas como colectivas debe predicarse también, por razones de conexión, de las modificaciones legalmente tipificadas como individuales, siempre y cuando la medida empresarial modifique el contenido normativo de un «acuerdo o pacto colectivo».</p>
<p class='parrafo_2'>Tercero. La jurisprudencia constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse en distintas ocasiones sobre el ámbito de protección de la garantía constitucional de la fuerza vinculante, resultando decisiva a estos efectos la doctrina sentada por la STC 121/2001, de 4 de junio, que en verdad no hace sino reiterar, para el caso a examen, una orientación ya mantenida en anteriores resoluciones (entre otras muchas, SSTC 73/1984, de 11 de julio; 98/1985, de 29 de septiembre; 57/1989, de 16 de marzo y 108/1989, de 8 de junio).</p>
<p class='parrafo'>En el referido pronunciamiento, en el de 4 de junio de 2001, el Tribunal Constitucional se planteó la cuestión de determinar el alcance y eficacia jurídica de un acuerdo de empresa, denominado «plan de viabilidad», suscrito entre una sección sindical y una determinada empresa y cuyo contenido versaba sobre una pluralidad de cláusulas, entre otras acciones de saneamiento financiero, plan de reducción de gastos y marco de relaciones laborales. Esta pluralidad y complejidad de las materias no impedirá al Tribunal Constitucional calificar al citado acuerdo de empresa como un instrumento nacido de la autonomía negocial. Por utilizar sus propias palabras:</p>
<p class='sangrado_2'>«Este carácter complejo y plural del que aparece dotado el pacto controvertido impide una consideración conjunta del mismo, al mezclarse en él materias que caen en el ámbito de las decisiones de gestión económica empresarial con otras de contenido típicamente laboral. No obstante... la llamada por la empresa a sujetos colectivos para participar en su conclusión, así como la repercusión socio-laboral de las materias objeto del acuerdo, sirve para modalizar su naturaleza y lo convierte en un típico producto de la negociación colectiva, sometido, por tanto, a las reglas, principios y límites constitucionalmente definidos,<em> </em>entre otros, aquellos derivados del libre ejercicio del derecho de libertad sindical.» (FJ 5, párrafo segundo).</p>
<p class='parrafo_2'>Por si la doctrina que se viene de transcribir no fuera suficientemente clara y contundente, las reflexiones del Tribunal Constitucional ahondarán y profundizarán aún más, si cabe, en la misma tesis; a saber, en el reconocimiento de la garantía de la fuerza vinculante a todo instrumento nacido del derecho a la negociación colectiva, aun cuando ni pertenezca a la categoría de convenio colectivo ni su eficacia personal sea la propia de los convenios colectivos estatutarios; esto es, la eficacia general o <em>erga omnes. </em>En tal sentido, el párrafo tercero del FJ 5 razonará del tenor siguiente:</p>
<p class='sangrado_2'>«El resultado de esta actividad negocial no ha dado como resultado, en este caso, un convenio colectivo estatutario que busque establecer una regulación general aplicable al grupo de empresas al carecer de los requisitos que legalmente se imponen para su válida constitución. El Acuerdo entra, por ello, de lleno en el ámbito de los que la jurisprudencia y la doctrina han venido en denominar pactos extraestatutarios o de eficacia limitada... Tales pactos, que se encuentran amparados por el art. 37 CE, en cuanto garantiza el derecho a la negociación colectiva entre los representantes de los trabajadores y los empresarios, carecen de eficacia personal <em>erga omnes</em>...».</p>
<p class='parrafo_2'>En definitiva, la doble garantía constitucional enunciada en el art. 37.1 CE —la que asegura a los sujetos colectivos un espacio vital para la autorregulación de sus intereses recíprocos y asegura igualmente a los productos derivados de ese derecho de fuerza vinculante— tiene un alcance general, comprendiendo en su ámbito protector a la integridad de los instrumentos pactados por los representantes de los trabajadores y empresarios en el ejercicio de su derecho a la libertad negocial, sea cual sea su eficacia —general o limitada— y sea cual fuere la denominación asignada —convenio o acuerdo—, diferenciación, ésta última, construida sobre la base de un elemento accidental, cual es el contenido de lo pactado: general o con vocación de regular la totalidad de las condiciones de trabajo (convenio colectivo) o singular, destinado a tratar una materia o un grupo de materias dotadas de cierta homogeneidad.</p>
<p class='parrafo_2'>Cuarto. El segundo inciso del art. 37.1 CE dispone que «la ley garantizará... la fuerza vinculante de los convenios». En la STC 58/1985, de 30 de abril, el intérprete supremo de nuestra Constitución dejó escrito que la vinculabilidad de los convenios colectivos es una garantía «no derivada de la ley, sino propia que encuentra su expresión jurídica en el texto constitucional» (FJ 3). Con ello, el Tribunal Constitucional se inclinaba de manera resuelta por atribuir una eficacia directamente constitucional a la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Pero eludía pronunciarse sobre el contenido esencial e indisponible de esta garantía constitucional; de una garantía cuya erosión o desconocimiento viciaría de inconstitucionalidad la regla jurídica dictada por el legislador al amparo del mandato formulado en el art. 37.1 CE. ¿Qué ha de entenderse por fuerza vinculante del convenio colectivo?</p>
<p class='parrafo'>Desde una perspectiva estrictamente formal o, mejor aún, lexicológica, la expresión utilizada por el art. 37.1 CE tuvo un carácter innovador; más aún, introdujo en el lenguaje normativo una expresión que resultaba ajena a los usos lingüísticos de nuestro sistema jurídico laboral así como de los ordenamientos jurídicos vecinos, entendida esta vecindad como comunidad de estructuras, principios y valores de un Estado constitucional de Derecho. No obstante, y si apreciada desde una dimensión material, la novedad aportada por el art. 37.1 CE pierde buena parte de su fuste. Sea cual fuere el contenido que se le deba atribuir, la «fuerza vinculante» es un concepto que pertenece y se inserta en la teoría de los efectos del convenio colectivo. O en otras palabras, hablar de fuerza vinculante de los convenios colectivos equivale a hablar de su eficacia jurídica, del despliegue de cambios o transformaciones que, en la realidad jurídica, va a producir la vigencia de esa autónoma reglamentación de intereses que el convenio colectivo comporta.</p>
<p class='parrafo'>La natural y radical ubicación sistemático-normativa de la fuerza vinculante de los convenios colectivos en el campo de sus efectos no dice todavía nada sobre el contenido o modo de ser de esa eficacia. Pero aporta, en si misma considerada, alguna conclusión de notable interés; a saber: el mandato del art. 37.1 CE, que garantiza y ordena garantizar a la ley la fuerza vinculante de los convenios colectivos, se sitúa en un campo ajeno al de su naturaleza. Como no podía ser de otro modo, la CE ni se pronuncia ni prejuzga la naturaleza de ese acto que va a dar vida al convenio colectivo; y, menos aún, define el fundamento de dicho acto. Lo que el texto constitucional hace, desde su superioridad normativa, es, de un lado, garantizar al convenio colectivo un grado razonable y aceptable de efectividad en su cumplimiento, razonabilidad y aceptabilidad que quedan protegidas con la garantía enunciada en el art. 53.1 de la norma suprema. Y, de otro y desde esa misma superioridad y con estos condicionamientos, ordenar al legislador a que, al regular la negociación colectiva, respete dichas garantías.</p>
<p class='parrafo'>Una inteligencia de la citada garantía constitucional a la luz del discurrir histórico, de las experiencias jurídicas deparadas por los sistemas jurídicos comparados, de la propia conciencia social sobre la contribución de las instituciones encargadas de encarnar ese pluralismo y de lograr esa igualdad mediante la defensa y promoción de los intereses sociales y económicos que les son propios y, sobre todo, de los tratados y acuerdos internacionales suscritos por España (art. 10.2 CE) y de los valores que informan el Estado social y democrático de Derecho y que se manifiestan, en lo que aquí importa destacar, en el pluralismo social, en la tensión del ordenamiento hacia la adopción de medidas que aseguren de manera real y efectiva el principio de igualdad entre los individuos y los grupos en que éstos se integran (art. 9.2 CE) obliga a entender que aquella garantía no otra cosa debe significar que la protección de la función económico-social típica del convenio colectivo. El contenido esencial de la fuerza vinculante asegura a las reglas y disposiciones de los instrumentos nacidos de la negociación colectiva destinados a regular las relaciones laborales una vinculabilidad más fuerte y diversa de la que resulta de la mera aplicación de los principios rectores de la libertad contractual. La previsión constitucional, en definitiva, asegura a las cláusulas normativas del convenio, acuerdo o pacto colectivo, en todo caso y al margen de otros efectos, una superioridad respecto de los actos procedentes de la autonomía privada individual. O, por decirlo en el lenguaje de la doctrina constitucional, esta garantía «presupone, por esencia y conceptualmente, la prevalencia de la autonomía de la voluntad colectiva sobre la voluntad individual» (entre otras, SSTC 105/1992, de 1 de julio, FJ 6, y 225/2001, de 20 de noviembre, FJ 4).</p>
<p class='parrafo_2'>Quinto. Los anteriores razonamientos tiñen la regulación establecida en el art. 41 LET de una incontrovertible inconstitucionalidad. La facultad que dicho precepto confiere al empresario de modificar de manera unilateral, incluso en contra del parecer de los representantes de los trabajadores, las condiciones de trabajo establecidas en un acuerdo o pacto colectivo, enunciadas a título de ejemplo en el ordinal 1 de dicho pasaje legal, entre las cuales se encuentran materias de tanta relevancia jurídica como la jornada de trabajo o la cuantía salarial, no es en modo alguno compatible con la garantía de la fuerza vinculante que el art. 37.1 CE reconoce a todo producto negocial.</p>
<p class='parrafo'>En tal sentido y como se ha razonado, el contenido esencial de dicha garantía comporta la atribución a cualquier instrumento nacido de la negociación colectiva «entre representantes de los trabajadores y empresarios», sea cual sea la eficacia personal y el contenido del mismo, de una eficacia supraordenada a los pactos o a las decisiones de carácter individual.</p>
<p class='parrafo'>A estos efectos, irrelevante resulta la denominación legal del instrumento como acuerdo o pacto colectivo, pues, como se ha tenido oportunidad de argumentar, la jurisprudencia constitucional extiende la garantía de la fuerza vinculante del convenio colectivo a cualquier dispositivo negocial, sea cual sea su <em>nomen legis</em> o su eficacia personal. E igual significación de irrelevancia ha de asignarse a que, conforme a lo previsto en el precepto legal a examen, el legítimo ejercicio de dicha facultad quede condicionado a la concurrencia de probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, entendiendo por tales, tras la aprobación de la Ley 3/2012, las relacionadas con «la competitividad, la productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa».</p>
<p class='parrafo'>Como acontece con la regulación establecida en el art. 82.3 LET, cuya inconstitucionalidad tuve oportunidad de argumentar con motivo del voto particular a la STC 119/2014, el art. 41 del mismo texto legislativo también convierte en regla general lo que ha de entenderse como excepción, confundiendo como interés general lo que en principio ha de ser tratado como un estricto y subjetivo interés particular de titularidad del empresario. En un sistema jurídico como el español, en el que toma asiento constitucional la cláusula del Estado social y democrático de Derecho, la mejora de la competitividad o de la productividad de una empresa no puede en modo alguno calificarse, sin más, como un objetivo de interés general. Desde luego, tales objetivos se encuentran amparados por la libertad de empresa (art. 38 CE); pero ni a éste ni a ningún otro derecho fundamental puede atribuírsele, como ha hecho notar hasta la saciedad nuestra jurisprudencia constitucional, al entrar en conflicto con otro, una prioridad o preeminencia aplicativa absoluta. Semejante conflicto ha de resolverse con criterios de proporcionalidad. Y no atiende en modo alguno a este principio la regla jurídica que, como sucede con el art. 41.1 LET, sacrifica con criterios de generalidad uno de los derechos constitucionales a confrontación.</p>
<p class='parrafo'>Por todo ello, la facultad del empresario <em>ex</em> art. 41 LET, de modificar de manera unilateral e, incluso, en contra del parecer de los representantes de los trabajadores, las condiciones de trabajo establecidas en un acuerdo o pacto colectivo ha de estimarse vulneradora del art. 37.1 CE. Y por lo mismo, habría de haber sido declarada inconstitucionalidad y nula.</p>
<p class='parrafo_2'>Sexto. La irregularidad constitucional del art. 41 va más allá de la violación de la garantía constitucional de la fuerza vinculante del convenio colectivo (art. 37.1 CE). También alcanza a uno de los derechos fundamentales que forman parte de los pilares estructuradores del Estado social; a saber: la libertad sindical (art. 28.1 CE).</p>
<p class='parrafo'>Tiene razón la Sentencia de la mayoría cuando afirma, conforme a una abundante doctrina constitucional que así ha venido a reconocerlo y que, por sobradamente conocida, no es preciso citar de manera expresa, que el derecho a la negociación colectiva forma parte de la libertad sindical [FJ 2 d)]. Es ésta, desde luego, una afirmación cierta; pero una exacta inteligencia de la misma reclama complementar su escueto enunciado, al menos, con un doble recordatorio adicional, extraído de esa misma doctrina. Por lo pronto, conviene hacer constar que la negociación colectiva, cuando es ejercitada por un sindicato, se integra en el contenido esencial de la vertiente colectiva de los derechos sindicales de actividad, y no ya en su contenido adicional. Como dejara dicho la STC 229/2002, de 9 de noviembre, FJ 7 (y las que ahí se invocan), «cualquier aproximación a la base constitucional de la libertad sindical y, por ende, de la acción sindical, debe dejar previamente sentado el carácter promocional de los sindicatos que en la Constitución española asumen los artículos 7 y 28.1 CE como elemento clave de la configuración del Estado social y democrático de Derecho». El segundo recordatorio que resulta oportuno traer ahora a colación reside en que la pertenencia de la negociación colectiva al contenido esencial de la libertad sindical comprende e integra la doble garantía constitucional formulada en el art. 37.1 CE. Por expresarlo ahora en los términos de la STC 208/1993, de 28 de junio, FJ 3, el reconocimiento de la negociación colectiva en el art. 37.1 supone «la superación de la mera idea de libertad de negociación, como esfera libre de injerencias y asegura, mediante una tarea encomendada específicamente al legislador, <em>un sistema de negociación y contratación colectiva y la eficacia jurídica del convenio colectivo</em>» (cursiva mía). Ambas garantías, garantía del ejercicio de una actividad contractual colectiva, libre de injerencias de los poderes públicos, mandatados a promocionar de manera real y efectiva esa actividad, y garantía de que los instrumentos nacidos de la negociación colectiva van a tener reconocidos unos efectos jurídicos imperativos, al abrigo de las derogaciones y mutaciones procedentes de actos unilaterales o de pactos individuales, se incorporan al contenido esencial de la acción sindical. Como lógico consecuente de esta inescindible conexión, la lesión de una u otra garantía violenta simultáneamente la libertad sindical.</p>
<p class='parrafo'>Tal es cabalmente lo que acontece en aquellos casos en los que el empresario decide por su sola voluntad inaplicar, alterando, las condiciones de trabajo formuladas en un pacto o en un acuerdo colectivo de carácter sindical. Al consentir el art. 41 LET a los titulares de las organizaciones empresariales la adopción de una medida de esta naturaleza, además de vulnerar el art. 37.1 CE, lesiona el art. 28.1 del texto constitucional.</p>
<p class='parrafo'>Por lo demás, no me resisto a denunciar los equívocos en los que incurre la sentencia de la que me separo al hilo del tratamiento que lleva a cabo sobre la titularidad del derecho constitucional a la negociación colectiva. En el párrafo segundo del fundamento jurídico 2 d), tras reconocer que el derecho a la negociación colectiva «le ha sido atribuido también (<em>sic</em>) por la Constitución al sindicato», manifiesta, de un lado, que dicho derecho se articula «a través del ejercicio de la libertad sindical (art. 28.1 CE)» y, de otro, que el tan repetido derecho «no se ha hecho de forma exclusiva, (de modo) que excluya a otros posibles representantes de los trabajadores», por lo que, con cita de la STC 208/1993, de 28 de junio, FJ 4, termina concluyendo que la negociación colectiva está atribuida «constitucionalmente a los sindicatos y a otras representaciones colectivas de los trabajadores».</p>
<p class='parrafo'>Sin entretenerme a objetar la muy notable extravagancia que comporta utilizar el adverbio <em>también</em> para identificar la atribución constitucional a los sindicatos del derecho a la negociación colectiva, el razonamiento de la sentencia de mi divergencia hace gala de dos relevantes equívocos, que en buena medida vienen a poner entre paréntesis orientaciones interpretativas de este Tribunal bien consolidadas.</p>
<p class='parrafo'>Es cierto, como ya he recordado, que la actividad contractual colectiva puede formar parte, siempre que sea ejercitada por un sindicato, del contenido esencial de la libertad sindical. La opinión que ya no puedo compartir es que la titularidad del derecho constitucional a la contratación colectiva se articule «a través del ejercicio de la libertad sindical (art. 28.1 CE)». Una opinión semejante, además de privar a la negociación colectiva de su condición de derecho autónomo, se aparta de arraigadas enseñanzas de nuestra doctrina, que sostiene un criterio bien divergente del expuesto; en concreto, que determinadas lesiones de este derecho, ejecutadas frente a un sindicato, que comporten por su entidad y trascendencia una arbitraria eliminación o desconocimiento del mismo, además de vulnerar el art. 37.1 CE, también infringen el derecho fundamental a la libertad sindical.</p>
<p class='parrafo'>Mayor significación tiene el segundo de los equívocos, que es aquel que, con mención expresa de la STC 208/1993, defiende la dimensión constitucional del derecho a la negociación colectiva de las representaciones de los trabajadores distintas de las sindicales. Dando de lado el error que puede haber habido en la concreta referencia de la mentada sentencia, en ninguno de cuyos fundamentos jurídicos puede leerse el texto entrecomillado, lo que me interesa destacar es que, incluso en el supuesto de que hubiera habido un desliz en el momento de la cita, al ser otro el pronunciamiento que hubiera debido invocarse, la tesis ahí defendida se aparta y contradice de manera abierta nuestra doctrina. Desde la STC 118/1983, de 13 de diciembre, FJ 4, este Tribunal ha señalado que nuestro texto constitucional, al institucionalizar los derechos colectivos laborales, ha partido de un amplio reconocimiento de los titulares, «eludiendo la consagración de un monopolio sindical», de manera que, en concreto, el de negociación colectiva lo confiere a los «representantes de los trabajadores». Pero la pluralidad de titulares de este singular derecho no significa, en contra del criterio que sobrevuela la sentencia de mi discrepancia, que pueda defenderse una equivalencia y, menos aún, una identidad entre las representaciones sindicales y no sindicales de los trabajadores. Como señalara la STC 98/1985, FJ 3, «los órganos de representación de los trabajadores en la empresa no tienen reconocimiento constitucional, sino que son creación de la ley, y poseen solo una indirecta relación con el art. 129.2 de la CE» (entre otras muchas, SSTC 165/1986, de 18 de diciembre, FJ 3; 104/1987, de 17 de junio, FJ 1; 8/1988, de 25 de enero, FJ 3; 197/1990, de 29 de noviembre, FJ 3 y 95/1996, de 29 de mayo, FJ 3).</p>
<p class='parrafo'>Una orientación doctrinal, como la ahora recordada con brevedad, no toleraría una interpretación como la sostenida en la Sentencia de la mayoría. La decisión sobre la existencia de la representación unitaria y sobre las facultades a ella atribuidas pertenece a la esfera de libertad del legislador, que no cuenta en este aspecto con limitación constitucional alguna. En concreto y en lo que aquí interesa, a su libre discrecionalidad corresponde definir en qué casos y bajo qué condiciones pueden intervenir los comités de empresa o los delegados de personal en los procesos contractuales colectivos, sin que una eventual restricción de esa participación o, al límite, una eventual ablación de la legitimación negocial hoy legalmente reconocida pudiera calificarse como una medida legislativa atentatoria al art. 37.1 CE.</p>
<p class='parrafo_2'>Séptimo. Antes de terminar este apartado, me parece aún conveniente, por razones de su notable actualidad, efectuar una última observación. Como ya he tenido oportunidad de hacer constar [apartado 2 b)], en el capítulo de las motivaciones manejadas por la sentencia de la mayoría para conferir al art. 41 LET, el sello de constitucionalidad, se atribuye una especial relevancia a los «límites y garantías» que legalmente condicionan el ejercicio por el empresario de la medida consistente en modificar una condición de trabajo estatuida en un acuerdo o pacto colectivo. En concreto y en el listado de estos «condicionantes», una significación aún más relevante se confiere al hecho de que la modificación del empresario «se concibe como alternativa al fracaso de la negociación previa y preceptiva con los representantes de los trabajadores», pensamiento éste que vuelve a reiterarse para fundamentar el test de necesidad [FJ 4 a)].</p>
<p class='parrafo'>Es esta una comprensión del requisito de celebración del período de consultas de todo punto errada desde una perspectiva constitucional, pues el cumplimiento de semejante exigencia no actúa como impedimento legal para que, ante la falta de acuerdo, el empresario pueda de manera efectiva proceder a modificar parte del contenido normativo de un pacto o acuerdo colectivo; y es ahí donde radica precisamente su inconstitucionalidad. Así lo ha venido a entender, precisamente, el ya citado Informe del CEDS de 2015, que, al analizar el vigente art. 41 LET y tras recordar en efecto que la ausencia de acuerdo durante el período de consultas no cierra al empresario la posibilidad de aplicar unilateralmente los cambios, afirma que «la legitimación de la derogación unilateral de convenios colectivos libremente negociados vulnera la obligación de promover procedimientos de negociación», no resultando conforme con el art. 6.2 de la Carta Social Europea (página 28 de la versión francesa).</p>
<p class='parrafo_2'>4. Primero. El segundo de mis disensos con la sentencia de la mayoría se refiere al juicio de constitucionalidad efectuado en relación con el art. 18.3 de la Ley impugnada, que reforma el art. 51.1 LET, llevando a cabo una intensa modificación de las causas justificativas del despido colectivo y, en atención al juego de una remisión legal, de las causas que resultan igualmente aplicables para una concreta modalidad de los denominados despidos objetivos [art. 52 c) LET].</p>
<p class='parrafo'>Mi discrepancia con respecto a la sentencia de la que me separo no solo afecta a la solución dada a la queja de inconstitucionalidad vertida por los recurrentes sobre estos concretos preceptos, a los que se reprocha la vulneración de los arts. 35.1 y 24.1, ambos del texto constitucional. Mi disentimiento también alcanza, y con parecida intensidad, con el tipo de juicio utilizado para fundamentar esa solución, huérfano de la menor consistencia constitucional; o, por expresar la misma idea en positivo, construido todo él, sin moderación ni disimulo alguno, conforme a criterios de una nuda legalidad ordinaria. Expuestos que han sido en anterior apartado los motivos determinantes de que, en mi opinión, el canon de enjuiciamiento empleado carezca de la obligada sustancia desde una perspectiva constitucional, me centraré seguidamente en ofrecer las razones que debían de haber amparado los reproches de inconstitucionalidad sobre los preceptos legales ahora a examen.</p>
<p class='parrafo'>En tal sentido me ocuparé, en primer lugar, de recordar de manera sucinta lo que ha de entenderse como contenido esencial del derecho al trabajo, en su vertiente individual (art. 35.1 CE), para, inmediatamente después, demostrar que el art. 18.3 de la Ley 3/2012 ha lesionado ese contenido esencial.</p>
<p class='parrafo_2'>Segundo. Al margen del mandato a los poderes públicos de adoptar aquellas medidas orientadas a lograr una situación de pleno empleo (art. 40.1 CE), la Constitución española no reconoce el derecho de los trabajadores a disponer de un concreto o singular empleo, ni en el sector privado ni tampoco en el sector público, empleo éste que actúa, con criterios de generalidad, no solo como fuente económica para su mantenimiento y, en su caso, para el de su familia, sino, además y simultáneamente, como vía preferente de integración social y factor determinante del desarrollo de su personalidad. No obstante ello, el texto constitucional garantiza, una vez que se está desempeñando un puesto de trabajo a través de una relación jurídica obligatoria, que a la parte del contrato de trabajo que se compromete a la ejecución de la prestación laboral no se le pueda extinguir dicho contrato, salvo que concurra una justa causa de suficiente entidad.</p>
<p class='parrafo'>No es cuestión ahora de volver a reiterar cuanto se argumentó sobre la dimensión individual del derecho al trabajo <em>ex </em>art. 35.1 CE en el apartado III 2 del Voto particular a la Sentencia 119/2014, de 16 de julio, debiendo entenderse por reproducidos los razonamientos ahí formulados. A los efectos que aquí me interesan, bastará destacar que el contenido esencial del derecho al trabajo, en esa dimensión, impone una triple limitación a la voluntad unilateral del empleador de dar por finalizada la relación laboral y, con ello y adicionalmente, a sus poderes de organización, ejercitados al amparo del contenido de la libertad de empresa (art. 38 CE). Una primera de naturaleza formal, de modo que el acto de despido debe sujetarse a un procedimiento, que se sustancia en la exigencia de forma escrita que permita al trabajador conocer la decisión y el motivo del despido. Una segunda de carácter sustantivo, que afecta a la motivación del acto mismo de despido, que ha de estar basada en una justa causa, dotada de entidad suficiente. Y, en fin, una tercera restricción, de entidad adjetiva ahora, que se instrumenta a través del derecho del trabajador de someter la decisión empresarial al control judicial, correspondiendo al juez o magistrado la potestad de revisar la regularidad formal y material de esa decisión empresarial, procediendo a la subsiguiente calificación del despido. Esta tercera limitación instaura una estrecha vinculación entre los derechos al trabajo y a la tutela judicial. Por lo demás, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones estas tres características del despido en el sistema constitucional español de relaciones laborales (entre otras muchas, SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ 8; 20/1994, de 27 de enero, FJ 2, y 192/2003, de 27 de octubre, FJ 9).</p>
<p class='parrafo_2'>Tercero. La versión modificada del art. 51.1 LET mantiene el mismo listado de causas (económicas, técnicas, productivas y organizativas) así como, en su mayor parte, la definición que de las mismas se contenía en la anterior versión de ese precepto. No obstante, y es este un dato relevante a efectos del juicio de constitucionalidad, el nuevo texto ha borrado de su enunciado normativo la necesidad de que el empresario justifique la concurrencia de razonabilidad a la hora de extinguir los contratos de trabajo por razones de funcionamiento de la empresa.</p>
<p class='parrafo'>El punto de partida de la regulación anterior era de por sí sumamente flexible en lo que a la justificación de las causas técnicas, organizativas o productivas se refiere; pero obligaba a la empresa a justificar la razonabilidad del despido colectivo bien para prevenir una evolución negativa de la empresa, de lo que podía inferirse que el despido era la respuesta a una situación de riesgo para la suerte futura de la empresa, que podía advenir en caso de que la extinción colectiva no se adoptase, bien para mejorar la organización de sus recursos con vistas a favorecer su posición competitiva en el mercado, de modo que el despido se articulaba, en esta segunda hipótesis, como respuesta a las ineficiencias de la empresa.</p>
<p class='parrafo'>La regulación actual del art. 51.1 LET simplemente, omite toda alusión sobre el juicio de razonabilidad del despido colectivo amparado en causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. No se trata, sin embargo y pese a lo que pudiera pensarse en una primera impresión, de un mero olvido; antes al contrario, el objetivo pretendido y la consecuencia resultante es la eliminación de cualquier referencia al juicio de razonabilidad. La exposición de motivos de la norma así lo confirma sin margen para la incertidumbre, razonando del tenor siguiente:</p>
<p class='sangrado_2'>«También se introducen innovaciones en el terreno de la justificación de estos despidos. La ley se ciñe ahora a delimitar las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que justifican estos despidos, suprimiéndose otras referencias normativas que han venido introduciendo elementos de incertidumbre. Más allá del concreto... tales referencias incorporaban proyecciones de futuro, de imposible prueba, y una valoración finalista de estos despidos, que han venido dando lugar a que los tribunales realizasen, en numerosas ocasiones, juicios de oportunidad relativos a la gestión de la empresa. Ahora queda claro que el control judicial de estos despidos debe ceñirse a una valoración sobre la concurrencia de unos hechos: las causas. Esta idea vale tanto para el control judicial de los despidos colectivos como para los despidos por causas objetivas <em>ex</em> artículo 52 c) ET.» (Apartado V)</p>
<p class='parrafo_2'>Sin entrar a comentar las razones de la omisión por la sentencia de la que me aparto de la menor referencia al pasaje que se viene de transcribir, constatación ésta que desde una perspectiva de conjunto del pronunciamiento mayoritario evidencia en todo caso un uso selectivo de las aseveraciones contenidas en el preámbulo de la ley impugnada; dando de lado todo ello, digo, no resulta en verdad tarea fácil poder ofrecer de manera más clara y contundente una explicación del objetivo de la reforma, que no ha sido otro que el dejar fuera del control judicial la valoración de si el despido es o no una medida necesaria o si el propio despido ha de estar o no justificado en atención a juicios de razonabilidad y proporcionalidad. El propósito de la norma fue y es convertir la causa de los despidos colectivos y, por el juego del reenvío legal, también la de los despidos económicos objetivos [art. 52 c) LET] en una mera condición, que opera a modo de supuesto fáctico concretado en la disminución de ventas o ingresos o en cualquier cambio técnico, organizativo o productivo, que, caso de hacer acto de presencia, confiere al empresario, de forma automática y directa, más allá de la verificación del hecho que determina la condición, una facultad irrestricta para decidir la suerte de la vigencia de los contratos de trabajo, constituyendo así un espacio inmune al control judicial, que queda desapoderado para ponderar si los despidos son medidas justificadas, necesarias, razonables o proporcionadas en función de las circunstancias del caso. La nueva regulación no pide, como hacía la anterior, que la situación económica negativa de la empresa o que los cambios técnicos, organizativos o productivos en los que se justifique la extinción de los contratos de trabajo haya de tener una potencialidad suficiente para afectar a la viabilidad de la empresa o a su capacidad para mantener el volumen de empleo en la misma. El empresario, ahora, no ha de acreditar más que la concurrencia del hecho, habiéndose prescindido de toda obligación de que la empresa justifique que de sus resultados económicos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado.</p>
<p class='parrafo'>De esta forma, una mera reducción de las ventas o ingresos ordinarios durante tres trimestres constitutivos, comparada respecto del «mismo trimestre del año anterior» <em>(sic</em>; inciso final del párrafo segundo, art. 51.1 LET), se erige por sí sola en causa para la extinción colectiva de los contratos de trabajo, con independencia del impacto que esta reducción de ventas o de ingresos haya producido en su situación económico-financiera y en su capacidad para mantener el volumen de empleo. Basta pues la mera circunstancia de que la persistencia requerida en la disminución de ingresos ordinarios (por cierto, no se computan los ingresos que en los balances aparezcan como extraordinarios) se exprese durante tres trimestres consecutivos, siendo destacable que la regulación vigente no obliga a ponderar un ejercicio económico anual, única vía razonable para verificar si el hecho económico acaecido ha generado o no, de modo real y efectivo, las consecuencias determinantes para proceder a dar por finalizada la vida de un determinado número de contratos laborales.</p>
<p class='parrafo'>Es evidente, sin embargo, que, en sí misma considerada, la reducción de ventas o de ingresos durante tres meses consecutivos no es un dato decisivo o determinante respecto de la eventual pérdida de competitividad o de productividad de la empresa, ya que puede responder a una variada serie de factores coyunturales, entre los que los fiscales pueden desempeñar un papel relevante, así como a deliberadas estrategias en la política de precios o de costes adoptadas por la propia empresa. Y sobre todo y en lo que aquí interesa destacar, tampoco tienen que suponer una situación económica negativa en tanto que la disminución de ingresos o ventas puede no llevar aparejado un deterioro de la cuota de resultados si correlativamente existe un sistema de ajuste en los costes. La revisión de las causas del despido colectivo y objetivo supone, a la postre, instalar las decisiones empresariales de extinción de los contratos de trabajo basadas en el funcionamiento de la empresa en un ámbito de máxima discrecionalidad empresarial, desprovisto de la constitucional exigencia de justa causa con entidad suficiente.</p>
<p class='parrafo'>En suma, la mera reducción de ventas o ingresos, sin ninguna ponderación cuantitativa o proyección sobre los eventuales resultados de la empresa y sin tan siquiera venir determinados por una falta de competitividad empresarial, son meros hechos que amparan legalmente el despido sin ningún otro elemento que integre tanto la causa como la justificación de la medida extintiva. Y lo mismo sucede con las causas técnicas, organizativas y productivas que, al ser definidas, ni se vinculan a una situación de dificultad de la empresa, ni se exige que el despido sea una medida necesaria y razonable para cumplir alguna finalidad legítima, como la viabilidad de la empresa y del empleo.</p>
<p class='parrafo'>Por este lado, la norma legal revisada configura el despido económico, individual o colectivo, como un acto desvinculado, en la realidad de las empresas, de una situación con la suficiente entidad, proporcionalidad y necesidad, debilitando así, hasta hacer desaparecer, la más relevante de las limitaciones derivadas del constitucional derecho al trabajo, en su dimensión individual (art. 35.1 CE): la exigencia de una justa causa con entidad suficiente. O, en otros términos, el precepto legal de la norma impugnada priva de todo signo de relevancia a las extinciones contractuales por razón del funcionamiento de la empresa. Las causas del despido económico quedan convertidas, como paladinamente lo confiesa el preámbulo de la norma impugnada, en unos meros hechos que afectan al ámbito económico, técnico, organizativo o productivo; en unos hechos que, en la configuración de la citada ley, en modo alguno son expresivos de una mínima situación de necesidad, al menos indiciariamente objetivada, que pudiera justificar, incluso en apariencia, la procedencia de extinguir los contratos de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>En resumen, las reformas introducidas por la Ley 3/2012 automatizan la causa extintiva ante la mera existencia de un hecho económico que, como se ha razonado, carece de la menor transcendencia objetivada de suficiente entidad, justificación y necesidad para considerar que la regulación del despido colectivo se encuentra constitucionalmente amparada.</p>
<p class='parrafo'>Por lo demás, y se trata de un dato adicional pero de no menor importancia, la supresión del juicio de razonabilidad de la decisión extintiva también implica la exoneración al empresario de la carga de aportar los elementos o criterios en virtud de los cuales se procederá a la concreción de los concretos colectivos de trabajadores afectados por la decisión extintiva de carácter colectivo. Por este lado, la reforma no sólo supone atribuir al empresario facultades casi absolutas a la hora de determinar la extinción de contratos de trabajo ante meras previsiones de pérdidas o reducciones de ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos; también abandona a su discrecionalidad, la fijación del número de trabajadores y la concreción de los puestos de trabajo afectados por dicha extinción.</p>
<p class='parrafo'>La conclusión a extraer de los razonamientos que se vienen de exponer es de enunciado rápido: el nuevo art. 51.1, al formular las causas extintivas del contrato de trabajo por razones vinculadas al funcionamiento de la empresa sin una motivación justa, conectada de manera efectiva, clara y cierta con la marcha económica de la empresa, no respeta la manifestación sustantiva o material del contenido esencial del derecho al trabajo en su dimensión individual. En atención a ello, el art. 51.1 y, por conexión, el art 52 c), ambos del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, debieron declararse inconstitucionales y nulos.</p>
<p class='parrafo_2'>Cuarto. En atención al valor interpretativo conferido por el art. 10.2 CE a los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, no puede dejar de mencionarse, finalmente, que la vigente ordenación legal sobre los despidos económicos, colectivos e individuales, choca de manera frontal con preceptos del Convenio 158 OIT. Es patente la incompatibilidad de dicha ordenación con su art. 9.1, que establece que los órganos competentes en cada país ante los que el trabajador puede recurrir la extinción de su contrato de trabajo, no solo han de estar facultados «para examinar las causas invocadas para justificar la terminación de la relación laboral». Además de ello, también dichos órganos han de estar facultados para «pronunciarse sobre si la terminación estaba justificada», justificación esta que es la que, precisamente, ha de conducir a analizar la suficiencia de la causa acreditada y, necesariamente, la proporcionalidad o ajuste entre la suficiencia de la causa acreditada y la justificación de la terminación del contrato.</p>
<p class='parrafo'>Precisamente y como confirma la lectura de la Exposición de Motivos de la ley impugnada, los órganos judiciales han de resolver los despidos sometidos a su conocimiento sin entrar a verificar la racionalidad de la medida. Por este lado y en resumen, puede afirmarse que el art. 18.3 de la Ley 3/2012, que modifica el art. 51.1 LET, con el contenido adoptado, también comporta un incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España.</p>
<p class='parrafo_2'>5. Primero. Los artículos 18.7 y 8 y 23.1 de la Ley 3/2012, han procedido a dar una nueva redacción a los arts.. 56, 1 y 2, LET y 110.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, que han modificado la regulación de los salarios de tramitación cuyo abono queda sujeto no tanto ni solo a la calificación judicial del despido sino, adicionalmente, a la opción adoptada por el empresario. En síntesis, la citada regulación ha suprimido su pago en caso de despido improcedente en el que el empresario hubiere ejercido la opción del abono de la indemnización equivalente a 33 días, desestimando la alternativa de la readmisión. O expresada la idea desde otro ángulo, el trabajador despedido improcedentemente tendrá derecho a percibir los salarios que hubieren mediado entre las fechas de comunicación del despido y la notificación de la sentencia única y exclusivamente si el empresario opta por su readmisión. Es ésta, por lo demás, una regla que no rige para los representantes de los trabajadores, que conservan el derecho a la percepción de los salarios de tramitación sea cual fuere la opción elegida por ellos en el supuesto de que la sentencia hubiere calificado su despido como improcedente (art. 56.4 LET).</p>
<p class='parrafo'>No ha sido la Ley 3/2012 (ni su precedente normativo, el Real Decreto-ley 3/2012) la primera disposición legal que ha revisado el régimen jurídico de la figura de los salarios de tramitación, que cuenta entre nosotros con una dilatación tradición. El Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de Mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, vino a anticipar la medida legal luego recuperada por el Real Decreto-ley 3/2012 y la Ley aquí combatida de igual numeración, al suprimir el devengo de los salarios de tramitación en la hipótesis de que el despido fuera calificado como improcedente y el empresario no readmitiese al trabajador o, lo que es igual, optare por entregarle la oportuna indemnización. Por su parte, la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de idéntica denominación, rectificó la práctica supresión de los citados salarios introducida por el mencionado Real Decreto Legislativo 5/2002, reinstaurando su pago sea cual fuere la opción empresarial.</p>
<p class='parrafo'>La doctrina constitucional, de su lado, también ha tenido oportunidad de pronunciarse en distintas ocasiones sobre los salarios de tramitación en conexión con diferentes derechos constitucionales. En tal sentido, las SSTC 84/2008, de 21 de julio, 122/2008, de 20 de octubre, y 143/2008, de 31 de octubre, han analizado la posible incidencia de la supresión de los salarios de tramitación en relación con el principio de igualdad (art. 14 CE) y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).</p>
<p class='parrafo'>No entra en el círculo de mis intenciones caminar por senderos que la jurisprudencia constitucional ya ha clausurado. No obstante y para bien centrar el objeto del presente motivo de inconstitucionalidad, no resultará en modo alguno impertinente traer a colación lo que dejó escrito, en su FJ 8, la STC 84/2008, al rechazar que la supresión de los salarios de tramitación en los términos instituidos por el Real Decreto Legislativo 5/2002 y que ahora recupera de manera simétrica la Ley 3/2012, pudiera implicar una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.2 CE):</p>
<p class='sangrado_2'>«Este derecho de opción —razonó la mencionada resolución, refiriéndose al conferido al empresario—, finalmente, tampoco afecta en nada a la igualdad procesal de las partes ni menoscaba la función jurisdiccional, dirigida a enjuiciar la procedencia, improcedencia o nulidad de la decisión extintiva, estando taxativamente fijadas en la norma las consecuencias en cada uno de los casos de la decisión judicial. El que la forma en que ha quedado configurado el derecho empresarial de opción una vez dictada la resolución judicial de improcedencia pueda hacer más o menos atractiva, en función de circunstancias diversas, la elección de uno de sus términos o el hecho de que en dicha elección pueda pesar más un tipo u otro de consideraciones<em> </em>son cuestiones todas ellas que afectan a la regulación material de los efectos del despido improcedente, pero que en nada limitan el alcance de su tutela judicial.» (FJ 8)</p>
<p class='parrafo_2'>Es desde esta perspectiva material desde la que la parte recurrente formula el correspondiente motivo de inconstitucionalidad, por entender que la vigente regulación del derecho de elección del empresario, una vez suprimidos los salarios de tramitación en caso de que éste opte por la extinción —y no se trate de un representante de los trabajadores—, implica una regulación sustantiva material del derecho del trabajador ante el despido que vulnera el derecho al trabajo, en su vertiente individual, consagrado en el art. 35.1 CE. Y es desde esta misma perspectiva desde la que la sentencia de la mayoría rechaza este reproche, en decisión que en modo alguno comparto por las razones que expondré de inmediato.</p>
<p class='parrafo'>En todo caso, no me parece impertinente dejar ya aclarado desde un principio que, en mi opinión, el vigente régimen jurídico de los salarios de tramitación no solo priva al trabajador de una protección real y efectiva ante los despidos sin justa causa. Además de ello, dicha regulación funciona como un incentivo económico, irracional y arbitrario, a favor de la extinción del contrato de trabajo, colisionando de manera frontal con el derecho constitucional al trabajo, que no puede en modo alguno conciliarse con una medida que no se limita a adoptar una actitud neutra hacia al empresario; antes al contrario, estimula y promueve, de manera abierta, su opción a favor de la terminación de la relación laboral. Por este lado, la propia ley impugnada deja en entredicho y contradice la que constituye, de conformidad con sus propias declaraciones, su finalidad primera y esencial y que ha sido invocada, en más de una ocasión, por las resoluciones adoptadas por este Tribunal con vistas a sostener la regularidad constitucional de algunos preceptos legales de la Ley 3/2012; a saber: el fomento de aquellas medidas destinadas a crear empleo, priorizando su ejercicio por el empresario frente a aquellas otras dirigidas a destruir puestos de trabajo.</p>
<p class='parrafo_2'>Segundo. La Sentencia de la que ahora me separo sustenta la desestimación de los pasajes legales ahora a examen en base a un doble orden de motivos: de un lado, por ser la tesis ya defendida por el ATC 43/2014 y, de otro, por contar la medida legislativa con una justificación «que no puede tacharse de arbitraria o razonable» [FJ 8 a)]. Dejando para un momento inmediatamente posterior la tarea de dotar de la obligada justificación a mi juicio sobre la inconstitucionalidad de esos pasajes, me parece de todo punto oportuno expresar las razones de este disentimiento.</p>
<p class='parrafo'>En atención a que el objeto de mi discrepancia en el pronunciamiento que sustanció la cuestión de inconstitucionalidad 3801-2013 quedó limitado a sustentar la violación, por el Real Decreto-ley 3/2012, del art. 86.1 CE, en el voto particular que formulé al ATC 43/2014 no tuve oportunidad, por elementales exigencias de congruencia argumental, de objetar las explicaciones determinantes para descartar la vulneración articulada por el órgano judicial promotor de la citada cuestión de inconstitucionalidad contra el nuevo régimen jurídico de los salarios de tramitación, introducido por aquella norma de urgencia y traspuesta, sin cambio alguno, al articulado de la ley ahora censurada.</p>
<p class='parrafo'>En el decir de esa resolución, el ATC 43/2014, la carencia del necesario asiento de la duda de constitucionalidad planteada por el titular del Juzgado de lo Social núm. 34 de los de Madrid se basa en que, «desde la estricta perspectiva individual de este derecho constitucional —art. 35.1 CE, invocado—», la medida normativa reprobada «constituye una posibilidad constitucionalmente legítima que queda dentro de ese comentado margen de configuración atribuido al legislador ex art. 35.2 CE». Enunciando mi razonamiento desde un punto de vista no solo de fondo sino, adicionalmente, de forma o método, el argumento transcrito, que ahora también hace suyo la sentencia de la mayoría, incurre en una preocupante vaciedad constitucional. En la lógica de esta interpretación, cualquier medida legal de carácter laboral incluida en la ley de desarrollo de ese mandato, que fue precisamente el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, habría de ser calificada como constitucional, al margen y con independencia de la posible incidencia en el contenido esencial del derecho constitucional sujeto a confrontación. Por enunciar la tesis mayoritaria en otras palabras, una previsión constitucional que se limita a enunciar una reserva de ley, cual es la contenida en el art. 35.2 CE, conferiría<em> per se </em>y de manera automática regularidad constitucional material a todas y cada una de las reglas derivadas del ejercicio, por el legislador, de esa previsión.</p>
<p class='parrafo'>Una densidad constitucional de tono muy semejante puede y debe predicarse del segundo de los motivos que ampara la desestimación de los reproches vertidos por la parte recurrente a los artículos 56.1 LET y 110.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social modificados por la Ley ahora combatida, y que se sustancian en el reconocimiento a la concreta medida legal cuestionada de «una justificación que no puede tacharse de arbitraria e irrazonable», coincidente ésta, sin reserva ni matización alguna, con la ofrecida por el propio legislador en la exposición de motivos de la Ley 3/2012. No voy a entrar a discutir la certeza o no de la conclusión alcanzada, pues eso significaría instalar mi razonamiento en un ámbito, el de la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE), por completo ajeno al del presente debate. A los efectos que aquí me interesa, me bastará hacer constar que una argumentación al estilo de la manejada, que renuncia a contrastar la verosimilitud de la justificación ofrecida por el legislador y, sobre todo, a verificar si la medida legislativa, por afectar a un derecho constitucional de los enunciados en el capítulo II del título I CE, invade o no el contenido esencial, tiene el riesgo cierto de validar constitucionalmente la práctica totalidad de las reglas jurídicas de índole legal. El carácter no arbitrario e irrazonable asignado, con criterios de automatismo, a la justificación aprestada por el legislador ordinario erige en tarea claudicante, de imposible alcance, la estimación de reproches de inconstitucionalidad. Para instalarse al abrigo de eventuales tachas de inconstitucionalidad, a los legisladores les bastaría con observar la exigencia, instituida en el más insustancial de los protocolos de técnica legislativa, de incorporar, en el preámbulo de la norma, explicaciones más o menos certeras, apreciadas o no en un sentido armónico e integrado con, e integrador de, las otras reglas, de la regulación adoptada.</p>
<p class='parrafo_2'>Tercero. Conforme se ha señalado y reiterado, la parte recurrente imputa a los preceptos legales a discusión la violación de los arts. 14 y 35.1 CE. Centrándome exclusivamente en el análisis de la primera de estas vulneraciones y sin pretensión de reproducir cuanto ya he tenido ocasión de argumentar a propósito del contenido esencial de la vertiente individual del derecho al trabajo (art. 35.1), no me parece inoportuno recordar que la concurrencia de justa causa de entidad suficiente se integra en ese contenido. A partir de tan relevante constatación, los preceptos legales contestados, reactivando una regla introducida en 2002 pero de muy corta vigencia, suprimen los llamados salarios de tramitación en aquellos casos en los que, tras la declaración judicial de la improcedencia del despido, el empresario opta por el abono al trabajador afectado de la indemnización legal, en lugar de por la readmisión. El propósito de las reflexiones que siguen es demostrar que el derecho del trabajador a la percepción de los referidos salarios es una consecuencia inescindible de su derecho a no ser despedido sin justa causa de entidad suficiente, por lo que aquella medida legal infringe de manera frontal el art. 35.1 CE.</p>
<p class='parrafo'>Es ésta una conclusión asentada en diversos razonamientos, entrelazados entre sí. El punto de partida, desde un ángulo cronológico, reside en la imposibilidad constitucional de reconocer a la terminación del contrato de trabajo adoptada por la voluntad unilateral del empresario —esto es, al despido— y que hubiere sido impugnada por el trabajador dentro del improrrogable plazo de caducidad legalmente fijado (art. 59.3 LET), de unos efectos extintivos en un sentido propio. Más allá de juicios de legalidad ordinaria, esa premisa es una consecuencia, como razonaré, de la garantía que instituye el art. 35.1 CE al imponer el concurso de una justa causa en la extinción de los contratos de trabajo. O, enunciada la misma idea desde otra vertiente, la presentación por el trabajador afectado de una demanda por despido improcedente sustituye los iniciales efectos extintivos dotados de una apariencia de validez, en efectos meramente interruptores de la relación laboral. Como corolario de la decisión adoptada por el empresario, las prestaciones básicas y sinalagmáticas del contrato de trabajo (prestación laboral y deuda salarial) quedan interrumpidas desde la fecha del cese del trabajador en su puesto de trabajo hasta que el órgano judicial competente de primera y única instancia de la jurisdicción social conoce y resuelve la demanda por despido, emitiendo la correspondiente calificación (55.3 LET).</p>
<p class='parrafo'>Por lo pronto, el reconocimiento por el juez de la concurrencia de justa causa (despido procedente) recupera el carácter extintivo del acto empresarial, dotando a esta declaración de una eficacia <em>ex tunc</em>, de modo que el trabajador no tiene derecho ni a ser readmitido ni a percibir indemnización alguna. Bien distinto es, sin embargo, el escenario jurídico que se abre en el supuesto de que la declaración judicial comporte la privación a la decisión unilateral del empresario del atributo de la constitucional exigencia de justa causa de entidad suficiente.</p>
<p class='parrafo'>En estos casos y en razón precisamente de carecer la conducta empresarial del atributo que la valida constitucionalmente, el obligado corolario de la declaración judicial de improcedencia del despido solo puede ser la reconstrucción de la relación laboral durante el período de tiempo en que, a resultas de un acto imputable exclusivamente al empresario, el trabajador no pudo ni cumplir con su deber de prestar el trabajo convenido ni percibir los salarios debidos o convenidos. La declaración judicial ahora a examen cancela el estado de interrupción del contrato de trabajo, poniendo igualmente fin a la situación de <em>mora accipiendi</em> en que el empresario decidió instalarse por su sola voluntad, obligado ahora a abonar al trabajador los salarios que no le fueron satisfechos, entendida esta obligación como único cauce capaz de reconstruir la relación laboral.</p>
<p class='parrafo'>Tradicionalmente, la legislación española ha concedido al empresario, en aquellos casos en los que en el trabajador improcedentemente despedido no concurre la condición de representante unitario o sindical, la posibilidad de optar entre una reparación <em>in natura </em>(readmisión) o el pago de una compensación económica (indemnización). Sin entrar a discutir, pues no es cuestión a debate en este proceso, la regularidad constitucional de esa regla legal, lo que me importa reiterar es que, hasta la aprobación de la ley impugnada (y de su precedente legislativo) y, salvo el breve lapso de tiempo de vigencia en este aspecto del Real Decreto Legislativo 5/2002, ambas modalidades de reparación llevaban aparejadas el abono de los salarios de tramitación, conformándose así al terminante mandato establecido en el art. 35.1 CE. En la nueva redacción aportada por la Ley 3/2012 a los artículos. 56.1 LET y 110.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, la elección del empresario en favor del cumplimiento de la obligación de dar, en lugar de la de hacer, deja caer los salarios de tramitación. Por este lado, pues, la ley, en este concreto supuesto de hecho y a pesar de la declaración judicial de inexistencia de justa causa de la conducta extintiva empresarial, no procede a reconstruir o restablecer, en términos constitucionalmente adecuados, la relación laboral interrumpida en toda su plenitud, ya que excluye el efecto remuneratorio que le resulta inherente a lo largo de su vigencia. Muy antes al contrario, los artículos ahora impugnados optan por dotar a dicho acto, con carácter retroactivo, de unos efectos extintivos que no integran aquella garantía de la deuda salarial. O, formulada la misma idea desde otro ángulo, estos pasajes legales privan a la vertiente individual del derecho al trabajo de su contenido esencial; esto es, de la consecuencia primera y esencial vinculada a un despido sin justa causa y entidad suficiente, consistente en la obligada reconstrucción de la relación laboral entre las fechas del cese del trabajador en su puesto de trabajo y de la declaración judicial de la improcedencia de ese cese.</p>
<p class='parrafo'>Por lo demás, me interesa dejar bien aclarado que la interpretación aquí sostenida no incide sobre las medidas que pueda adoptar el legislador respecto del tipo de reparación o tutela conferido al despido improcedente, medidas éstas que se activan en una secuencia lógica y cronológica, desde la doble perspectiva fáctica y jurídica, ulterior de, y distinta a, la que nace de la declaración por el órgano judicial de la no concurrencia de justa causa para dar por finalizada la relación laboral. Es esta declaración la que obliga constitucionalmente a reconstruir el contrato de trabajo interrumpido por voluntad del empresario, pudiendo el legislador optar, en modo alternativo o exclusivo, en la fase de ejecución de aquella declaración judicial, y como tuvo oportunidad de dejar sentado este Tribunal, por un doble sistema de tutela frente a la improcedencia del despido: la <em>restitutio in integrum </em>o tutela real y el pago de un equivalente económico o tutela obligatoria (STC 55/1983, de 29 de junio, FJ 2).</p>
<p class='parrafo_2'>6. Primero. La parte recurrente impugna, con fundamento en los arts. 14 y 9.3 CE, la Disposición Adicional Tercera de la Ley 3/2012, que añade en el ET una nueva Disposición Adicional, la vigésimo primera, por la que se excluye, salvo supuestos muy residuales, la aplicación del art. 47 LET, en las Administraciones públicas y en las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos.</p>
<p class='parrafo_2'>Segundo. La Sentencia de la mayoría rechaza la denuncia de vulneración del art. 14 CE haciendo suya la argumentación formulada por el Abogado del Estado que, en resumen, manifiesta la inexistencia en este caso de un elemento válido de comparación. Ni el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas forma parte de un «grupo o categoría» homogénea respecto del personal sujeto a la legislación laboral ni, tampoco, el personal laboral del sector público administrativo y el del sector público empresarial se incardinan en estructuras semejantes, constituyendo, igualmente, grupos o categorías diferentes.</p>
<p class='parrafo'>No es ésta, sin embargo, una tesis que pueda compartir en el marco de la reforma laboral de 2012, enjuiciado constitucionalmente. En efecto, resulta oportuno recordar que lo propio del juicio de igualdad —ha dicho este Tribunal de forma invariable y constante— es su carácter relacional. Como presupuestos obligados, requiere, de un lado, que en la medida normativa cuestionada se haya introducido directa o indirectamente una diferencia de trato entre grupos o categorías de personas y, de otro, que las situaciones subjetivas que quieran traerse a la comparación sean, efectivamente, homogéneas o equiparables; es decir, que el término de comparación no resulte arbitrario o caprichoso (por todas, recientemente, STC 156/2014, de 25 de septiembre, FJ 4). Sólo una vez verificado el concurso de uno y otro presupuesto resultará procedente entrar a determinar la licitud constitucional o no de la diferencia contenida en la norma. Es esta la circunstancia que, a juicio de la mayoría y por la razón apuntada en el párrafo anterior, no concurre en el presente recurso.</p>
<p class='parrafo'>Esta inteligencia olvida, como no pocas veces ocurre en el juicio relacional referido, que dicha condición subjetiva de la comparación (esto es, que las situaciones sean homogéneas o equiparables) nada tiene que ver con una suerte de identidad entre los colectivos a contraste. Como es obvio, un esquema de coincidencia plena o total identificación, frente a otro de confluencia, similitud u homogeneidad de las situaciones de hecho, supondría vaciar de sentido un derecho de fundamento y conformación relacional (o bien, alternativamente, constreñirlo a una tutela <em>ad intra </em>—entre los sujetos pertenecientes a un mismo<em> </em>colectivo—, algo similar a lo que expuse, aunque no a efectos restrictivos sino expansivos de la tutela y a tenor de la particular situación que allí se enjuiciaba, en mi voto particular a la STC 173/2013, de 10 de octubre, en un supuesto de tutela antidiscriminatoria). La exigencia de aquella identidad entre las situaciones de hecho reguladas carece de coherencia en términos lógicos, al tratarse de un derecho de caracterización relacional, dando lugar a una injustificada exclusión de la cobertura constitucional cuando, en razón de su homogeneidad, como sucede en esta ocasión, los colectivos comparados merezcan igualdad de trato normativo.</p>
<p class='parrafo'>Aquella noción profundamente formalista del elemento relacional, lamentablemente, se ha impuesto en la presente Sentencia. La mayoría desconoce o da de lado que el principio de igualdad impide que entre colectivos en una situación equiparable u homogénea se sostenga la diferencia de trato normativo en circunstancias que o bien no pueden ser jamás tomadas en consideración por prohibirlo así expresamente la propia Constitución, o bien no guardan relación alguna con el sentido de la regulación que, al incluirlas, incurre en arbitrariedad. Dicho examen, que era obligado en este recurso, se ha quedado en el camino argumental, oculto tras el socorrido velo formalista de confundir colectivos distintos y colectivos no comparables <em>ex </em>art. 14 CE.</p>
<p class='parrafo'>En mi opinión, en cambio, estando en juego el alcance del régimen jurídico impugnado y sus efectos sobre sujetos indistintamente vinculados por una relación de naturaleza laboral, concurre válidamente el término de comparación alegado por la parte recurrente. En consecuencia, y como dijera, entre otras resoluciones, la STC 112/2006, de 5 abril, FJ 5, con vistas a poder introducir diferencias normativas ha de existir una suficiente justificación de tal diferencia, debiendo aparecer como fundada y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados. Y ni justificación ni explicación alguna del diferente trato advierto en la norma, como tampoco respuesta a ese hecho en la Sentencia de la que discrepo.</p>
<p class='parrafo'>En efecto, la reforma laboral a examen no ha dudado, de un lado, en aplicar al personal laboral objeto de consideración la posibilidad de medidas extintivas de sus contratos <em>ex</em> art. 51 LET y, de otro, en excluir a ese mismo personal la posibilidad de aplicación de medidas de flexibilidad interna, al estilo de las enunciadas en el art. 47 LET. La exclusión de este último no deja de llamar la atención, pues toda la razón de ser de la citada reforma —al menos la confesada, otra cosa es que el resultado alcanzado no resulte convergente— fue explicada, primero por el Gobierno en el Real Decreto-ley 3/2012 y, más tarde por el legislador en la Ley 3/2012, en clave de atribución de una resuelta prioridad o fomento de las medidas menos traumáticas, articuladas mediante el establecimiento de vías flexibles para la gestión de la mano de obra, en lugar de las más extremas de supresión de empleos. En tal sentido y precisamente, las reformas del último trienio han ido en la línea de favorecer, mediante diferentes incentivos, el recurso al art. 47 LET —como, por ejemplo, los expedientes de regulación de empleo suspensivos o de reducción de la jornada, y consideración en situación de desempleo durante ese tiempo, o incluso desempleo a tiempo parcial—, en detrimento del art. 51 LET.</p>
<p class='parrafo'>Apartándose de esta lógica, la disposición adicional vigésima primera del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, excluye, sin matices y de forma absoluta, la aplicación del art. 47 a las Administraciones públicas, salvo el residual supuesto de que el ente público no integre sus ingresos a través de las transferencias públicas sino como «contrapartidas de operaciones realizas en el mercado». No explica el legislador la razón de esta desigualdad de trato, limitativa de la flexibilidad interna, pese a que, a la inversa, dedica atención a explicar las razones de otras medidas para el empleo público, como las restricciones a las cláusulas de blindaje para el empleo directivo público. Una medida de tanta relevancia queda huérfana de aclaración; e, igualmente, queda privada de fundamento justificativo la desigualdad normativa que implica en el terreno de la flexibilidad interna, al no estar explicitadas las relaciones entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido.</p>
<p class='parrafo'>Aunque el preámbulo de la ley impugnada no lo manifieste, no parece aventurado intentar ofrecer una explicación. En el recurso a las medidas de art. 47 LET, muy utilizado para los ajustes de empleo privado, los presupuestos de la Seguridad Social y del Estado asumen una parte del coste de esos ajustes, a través del pago de las prestaciones por desempleo que abona el Servicio Público de Empleo Estatal. Por este lado, no resulta arriesgado afirmar que la finalidad básica de la regulación legal objeto de impugnación trae causa en la decisión de eludir el posible incremento del déficit de la Seguridad Social y del presupuesto público, presumiendo así un uso masivo, en el sector excluido, de estas medidas de flexibilidad.</p>
<p class='parrafo'>Ahora bien, enunciar, aunque sea tentativamente, una explicación no supone justificar válidamente la decisión en el plano jurídico. Al contrario, un motivo puramente económico no podría llevar a un tratamiento desigual a situaciones análogas en las que concurran factores que, <em>ex</em> art. 14 CE, obliguen o a un trato igual o demanden, de otro modo, una explicación objetiva, racional y proporcionada de la diferencia normativa. Y nada de ello se detecta en este caso: debe tenerse en cuenta que se trata de una protección social de naturaleza contributiva y, por lo tanto, de un derecho de los trabajadores, de todos ellos, por cuanto, a diferencia de los funcionarios públicos, estos contratos comportan el deber de cotizar por parte de los empleadores públicos.</p>
<p class='parrafo'>Un régimen jurídico de seguridad social análogo no se traduce así en una protección en el ámbito laboral equivalente, sino que, al contrario, se excluye de raíz. Es éste un tratamiento peyorativo, sin base ni fundamento objetivo y proporcionado declarado, que quebrante el imperativo del art. 14 CE.</p>
<p class='parrafo_2'>Tercero. Más allá de las razones expuestas, que articulan el juicio de igualdad y me llevan a la conclusión descrita, la ausencia completa de explicación legislativa al trato peyorativo cuestionado enlaza adicionalmente con el art. 9.3 CE.</p>
<p class='parrafo'>El canon de constitucionalidad en lo relativo a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE) se concreta en dos aspectos esenciales, que perfilan<em> ad extra </em>y <em>ad intra</em> nuestra verificación. En el primero, es preciso tener en cuenta que el control de la constitucional de las leyes debe ejercerse por este Tribunal de forma que no se impongan constricciones indebidas al poder legislativo y se respeten sus legítimas opciones políticas, de modo que el Tribunal Constitucional ha de observar un exquisito cuidado para mantenerse dentro de los límites del control del legislador democrático, cuidado que debe esmerarse aún más cuando se trata de aplicar preceptos generales e indeterminados, como es el de la interdicción de la arbitrariedad. En el segundo, que constituye propiamente el control material que efectuamos, el análisis nos conduce a examinar si el precepto de que se trate establece una discriminación. Y la discriminación entraña siempre una arbitrariedad, o bien, aun no estableciéndola, carece de toda explicación racional, lo que también supondría una arbitrariedad, no resultando pertinente realizar un análisis a fondo de todas las motivaciones posibles de la norma y de todas sus eventuales consecuencias (por todas, STC 18/2012, de 15 de febrero, FJ 10 y las allí citadas).</p>
<p class='parrafo'>En la apreciación de lo que sea una explicación racional se han invocado muy diferentes factores en los pronunciamientos de la jurisprudencia constitucional. Pienso que en no pocas ocasiones el canon del art. 9.3 CE, en la vertiente dicha, queda diluido en un control meramente formal. No sólo por cuanto la proporcionalidad queda por completo excluida de aquel canon, sino, sobre todo, por las siguientes y combinadas razones: porque se entremezcla muchas veces la existencia de una finalidad legítima en la norma con la existencia de una explicación racional del precepto impugnado; porque no se enjuicia la constitucionalidad del fin de la norma o la medida normativa cuestionada; no se ensayan juicios de correspondencia entre el precepto y su finalidad declarada (de correspondencia objetiva, digo, no de oportunidad política, como es obvio), esto es si el contenido normativo se corresponde objetivamente con el fin declarado y, menos aún, y, en fin, se precisan distintos grados de intensidad en la racionalidad de la medida en función de sus efectos sobre otras previsiones constitucionales o derechos constitucionalmente consagrados.</p>
<p class='parrafo'>Sin necesidad de insistir en estas últimas reflexiones o, lo que es igual, limitándome a formular mi juicio a partir del estrecho canon que se ha establecido en nuestra doctrina, mucho menos intenso que este otro que he enunciado, constituye una abierta y frontal lesión del art. 9.3 CE la total ausencia de justificación racional respecto de la disposición adicional tercera de la Ley 3/2012, que añade en el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores una nueva disposición adicional, la vigésimo primera, por la que se excluye, salvo supuestos muy residuales, la aplicación del art. 47 LET en las Administraciones públicas y en las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos.</p>
<p class='parrafo_2'>Cuarto. Por la doble y acumulada razón expuesta, la disposición adicional vigésima primera del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, debió de ser declarada inconstitucional y nula.</p>
<p class='parrafo_2'>Y en tal sentido emito este Voto particular.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, a veintidós de enero de dos mil quince.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Firmado y rubricado.</p>
</texto>
</documento>
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Tue Feb 24 11:47:23 +0000 2015
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El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 5610-2012, promovido por ciento cuatro Diputados del Grupo Parlamentario Socialista y once del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural [Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) y Chunta Aragonesista (CHA)] del Congreso de los Diputados, contra los arts. 4.3, 12.1, 14.1 y 2, 18.3 y 8, 23.1, así como contra la disposición adicional tercera y la disposición final cuarta.2, de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, por vulneración de los arts. 14, 23.2, 24.1, 28.1, 35.1, 37.1 y 103.3, todos ellos de la Constitución. Ha intervenido el Abogado del Estado en la representación que ostenta. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 5 de octubre de 2012, la Procuradora de los Tribunales doña Virginia Aragón Segura, actuando en nombre y representación de ciento cuatro Diputados del Grupo Parlamentario Socialista y once del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural [Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) y Chunta Aragonesista (CHA)] del Congreso de los Diputados, presentó recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 4.3, 12.1, 14.1 y 2, 18.3 y 8, 23.1, así como contra la disposición adicional tercera y la disposición final cuarta.2, de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (en adelante, Ley 3/2012, de 6 de julio), por vulneración de los arts. 14, 23.2, 24.1, 28.1, 35.1, 37.1 y 103.3, todos ellos de la Constitución.
2. En el escrito de interposición del recurso, los recurrentes sustentan las vulneraciones constitucionales anteriormente citadas, con base a los razonamientos que a continuación se sintetizan:
a) Inician su recurso realizando un planteamiento general previo al examen de los distintos motivos de inconstitucionalidad. Recuerdan que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE), y señalan que esta circunstancia no sería necesario mencionarla si no fuera porque las infracciones constitucionales en las que incurren las normas impugnadas traen causa del «desconocimiento del marco estructural y axiológico en el que nuestra Constitución se inserta». Destacan a este respecto el papel que dentro de ese Estado social juegan los interlocutores sociales (art. 7 CE), el derecho a la negociación colectiva (art. 37 CE), la libertad sindical y el derecho de huelga (art. 28 CE), que se erigen en baluarte constitucional indisponible para la defensa de los trabajadores. Y abundando en tales razonamientos, añaden que la Ley 3/2012, de 6 de julio, que se cuestiona, se ha gestado desdeñando la posición de los interlocutores sociales, supone una transformación profunda de nuestro Derecho del trabajo, y «se sitúa fuera del marco de nuestro Estado social y democrático de derecho», así como «fuera de la Constitución». Niegan que esta última deje al legislador las manos libres para irrumpir en el mercado de trabajo, ignorando las prescripciones y condicionamientos constitucionales que buscan el equilibrio, el diálogo y la integración de posiciones contradictorias. Y partiendo de que éste y no otro es el modelo constitucional de relaciones laborales, aducen que es la primera vez que, de un modo tan notorio, es quebrantado por el legislador de la reforma laboral. Aunque reconocen que dentro de la Constitución caben diversas regulaciones de las instituciones laborales, sostienen que lo que queda constitucionalmente vedado al legislador es «sustituir los elementos centrales del modelo constitucional» por otros distintos. Y adicionan, que cuando el legislador actúa de ese modo, la consecuencia es que «el producto normativo nace al mundo del Derecho fuera de las coordenadas constitucionales». En suma, terminan diciendo que la decisión del legislador de «ignorar de partida nuestro modelo de relaciones laborales, modelo consecuente con la fórmula del Estado Social y democrático de Derecho» no puede sino saldarse con las inconstitucionalidades evidentes que se imputan a los preceptos recurridos.
b) Una vez realizadas las anteriores consideraciones de índole general, los recurrentes pasan a examinar los concretos motivos de inconstitucionalidad. El primer precepto que consideran inconstitucional es el apartado primero del art. 14 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (Ley 3/2012, de 6 de julio), por el que se da nueva redacción al art. 82.3 del texto refundido de la Ley texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, (LET), al que imputan la vulneración de los arts. 24.1, 28.1 y 37.1, todos ellos de la Constitución, con motivo de la atribución a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, o a los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas, de la facultad de acordar la inaplicación de lo pactado en convenio colectivo.
Comienzan señalando al respecto que es posible aceptar la inaplicación de condiciones de trabajo pactadas en convenio cuando tal decisión sea el resultado de un procedimiento negociado de inaplicación, como ocurría en precedentes regulaciones, pero que resulta inadmisible, por traspasar los límites de lo constitucionalmente aceptable, la actual atribución por iniciativa de la dirección de la empresa, de una facultad final resolutoria a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. No ponen objeción alguna los recurrentes con relación a las fases del procedimiento de inaplicación anteriores a la intervención de la citada Comisión, pues en ellas la decisión se atribuye a las propias partes negociadoras, o bien a otros sujetos colectivos con legitimación para negociar un convenio en el ámbito correspondiente, manteniéndose el precepto, por lo tanto, en la esfera del respeto de la autonomía de negociación. Por el contrario, la última de las fases se pone en marcha por iniciativa de una de las partes (que en la práctica será el empleador) y es un sujeto ajeno a ellas el que podrá acordar unilateralmente la inaplicación de las condiciones pactadas en convenio colectivo, con patente vulneración de su fuerza vinculante. Sostienen, por ello, que nos encontramos ante un arbitraje obligatorio (pues no existe compromiso arbitral) y público (por cuanto la decisión se adopta en el seno de un organismo de tal carácter cuyos acuerdos tienen la naturaleza de actos administrativos), identificable con el arbitraje obligatorio atribuido a la autoridad laboral para dirimir conflictos colectivos en el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, que fue declarado inconstitucional por STC 11/1981, de 8 de abril, y cuyos razonamientos consideran los recurrentes plenamente trasladables al presente caso para apreciar la vulneración de los arts. 37.1 y 28.1 CE.
Precisan a continuación que no impide la apreciación de la inconstitucionalidad del precepto el que el arbitraje se atribuya a un órgano tripartito en el que participa una representación de los trabajadores, dado que esta última representación puede no coincidir con la que negoció el convenio colectivo cuya inaplicación se decide, con lo que cabría apreciar la vulneración de la libertad sindical de unos representantes de los trabajadores por parte de otros. También se aduce que, en la mayor parte de los casos, decidirá la Administración, que tendrá un voto de calidad en tanto que lo habitual será que la discrepancia entre las partes también se mantenga en esta última fase. Y se añade que aunque la decisión no se adopte en el seno de la, Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos sino por un árbitro nombrado al efecto, se verá igualmente afectada la fuerza vinculante del convenio, siendo trasladable a este supuesto todo lo dicho con relación a la Comisión.
Conforme a los anteriores razonamientos, los recurrentes mantienen que la norma impugnada viene a consentir una intromisión pública que afecta claramente al contenido esencial de la negociación colectiva (art. 37.1 CE), como también del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE) desde el momento en que aquélla constituye un instrumento de la acción sindical. A mayor abundamiento, los recurrentes se quejan del margen de discrecionalidad que tienen la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o el árbitro para tomar la decisión de inaplicación, pues les basta con comprobar la concurrencia de las amplias causas justificativas previstas legalmente. Consideran que tal circunstancia impide al poder judicial un control de la adecuación o no de la medida, lo que conlleva la lesión consiguiente del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE. Después, se afirma que si bien la STC 11/1981 citada admitió el establecimiento de un arbitraje obligatorio en caso de huelga para situaciones extraordinarias o excepcionales (dando su conformidad al arbitraje obligatorio previsto en el párrafo segundo del art. 10 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo), en el caso de autos no concurriría un escenario de excepcionalidad o situación extraordinaria en la regulación del procedimiento de arbitraje obligatorio previsto para la inaplicación del convenio colectivo. Finalmente, niegan que se pueda establecer parangón alguno entre la competencia asignada a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en el precepto ahora impugnado con la que en el pasado ostentó para resolver discrepancias entre las partes a los efectos de cerrar el largo proceso de derogación de las ordenanzas laborales, en tanto que en este último caso la actuación de la Comisión no afectaba a la fuerza vinculante de los convenios colectivos.
c) En segundo lugar, impugnan el apartado primero del art. 12 de la Ley 3/2012, por el que se modifica el art. 41 LET relativo a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, y en el que se reconoce, en sus apartados 4 y 5, la facultad del empleador de acordar unilateralmente la modificación de condiciones de trabajo pactadas en acuerdos o pactos colectivos extraestaturarios. Sostienen los recurrentes que tal precepto vulnera el reconocimiento constitucional de la fuerza vinculante de los convenios colectivos (art. 37.1 CE), la libertad sindical (art. 28.1 CE), y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
A juicio de los recurrentes, en este caso el incumplimiento de lo pactado en acuerdos colectivos es mucho más directo que en el supuesto analizado con anterioridad, dado que la decisión de alterar lo pactado colectivamente ni siquiera depende del control de un tercero (arbitraje), sino que es el propio empleador quien lo decide libremente de forma unilateral, con el simple requisito previo de sometimiento a un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, que aunque resulta preceptivo, no es vinculante. Con esta regulación, que afecta a los acuerdos colectivos no regulados en el título III del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores se vulnera la garantía del pacta sunt servanda colectivo del art. 37.1 CE y del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE). A este respecto, se indica que la Constitución garantiza la fuerza vinculante de todos los convenios colectivos, tanto de los estatutarios como de los extraestatutarios, sin que quepa que el legislador ordinario saque de esa garantía a determinados pactos colectivos.
Conforme a lo anterior, consideran que el texto constitucional no permite que el legislador ordinario decida qué productos de la negociación colectiva merecen el calificativo de convenios colectivos y cuáles no, pues de lo contrario se le otorgaría plena discrecionalidad para decidir a qué acuerdos, de los alcanzados entre los representantes de los trabajadores y empresarios, se extiende la fuerza vinculante constitucional. Si bien el reconocimiento de la eficacia general del convenio colectivo no deriva del texto constitucional sino que constituye un plus de eficacia otorgado por el legislador ordinario, lo que no puede hacer este último es restar fuerza vinculante a algunos convenios colectivos, pues constitucionalmente se reconoce la misma sin distinción. Y es precisamente esto lo que, según los recurrentes, hace la nueva regulación cuando, permitiendo la modificación unilateral de los acuerdos y pactos colectivos, devalúa por completo su fuerza vinculante al extremo de negar el pacta sunt servanda del que goza cualquier contrato privado conforme a la legislación civil.
A mayor abundamiento, para los diputados recurrentes, las causas que el precepto contempla como justificativas de esta inaplicación son de tal amplitud (basta con que la medida provoque efectos positivos sobre la marcha de la empresa) que posibilita el incumplimiento de los pactos y acuerdos colectivos en la práctica totalidad de las ocasiones, a salvo de situaciones de carácter discriminatorio o arbitrarias. Ello demuestra que la excepción que se establece a la fuerza vinculante de los convenios ni siquiera se presenta con rasgos de excepcionalidad, lo que hace más flagrante, si cabe, la lesión que con ello se produce de la garantía constitucional establecida en el art. 37.1 CE y, por derivación, de la libertad sindical del art. 28.1 CE, que se ejerce por los representantes de los trabajadores a través del proceso de concertación de los acuerdos y pactos colectivos de referencia. Entienden, finalmente, que con tal laxitud en la definición de las causas, el ejercicio de la facultad unilateral empresarial escapa a todo posible control, impidiendo el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
d) Cuestionan a continuación los diputados recurrentes el apartado segundo del art. 14 de la Ley 3/2012, que modifica el art. 84.2 LET, por posible vulneración de los arts. 37.1 y 28.1 CE al establecer la preferencia absoluta e incondicionada del convenio colectivo de empresa respecto de otros ámbitos o niveles de negociación, excluyendo a estos efectos que los interlocutores sociales puedan establecer reglas diversas de articulación y concurrencia entre convenios colectivos.
Partiendo de la doctrina constitucional que establece la vinculación existente entre los derechos de negociación colectiva y libertad sindical, señalan que la aplicación del precepto legal ahora cuestionado lleva a dos resultados. El primero, la posibilidad de inaplicación de un convenio colectivo sectorial en el ámbito de una empresa, en materias tan específicas de la negociación colectiva como las que se mencionan en el precepto legal (en especial, las retributivas). Esta inaplicación sería el resultado de la negociación, en cualquier momento de la vigencia del convenio sectorial, de un convenio de empresa, que, de acuerdo con la Ley, puede suscribirse entre el empresario y el comité de empresa o los delegados de personal, es decir, por representantes no sindicales. Y esto mismo ocurre, en segundo lugar, con la posible inaplicación en virtud de un acuerdo a nivel de empresa, de las reglas y criterios sobre estructura de la negociación colectiva y prioridad de unidades de negociación que hayan sido adoptados en los acuerdos sobre ordenación de la estructura de la negociación colectiva concluidos por las organizaciones empresariales y sindicales.
La norma conduce, según su parecer, a la postergación de la capacidad de regulación laboral de los representantes sindicales, en tanto que puede ser desplazada por la negociación de representantes de carácter no sindical. Además, en la medida en que declara que la preferencia aplicativa del convenio de empresa se puede hacer efectiva «en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior», la norma deja sin efecto la vigencia del convenio colectivo afectado, y conculca su propia fuerza vinculante. En definitiva, se entiende que no resulta posible en términos constitucionales que la normativa estatal proceda a fijar con exclusividad e imperativamente la estructura de la negociación colectiva, así como la determinación absoluta de los criterios conforme a los cuáles se resuelven los conflictos de concurrencia de convenios colectivos. Y en este sentido, se sostiene que forma parte del contenido esencial del derecho a la negociación colectiva tutelado constitucionalmente, no sólo la fijación de las condiciones de trabajo a través de los convenios colectivos, sino también la correspondiente al diseño de la estructura de la negociación colectiva.
De esta manera, concluyen que la norma impugnada es plenamente invasiva y contraria a los arts. 37.1 y 28 CE, careciendo de objetividad y de proporcionalidad, y constituye una fórmula de intervencionismo máximo del legislador que provoca un efecto excluyente del protagonismo de los interlocutores sociales. No obstante, se aclara que no se desea discutir sobre la prioridad de la ley o la del convenio colectivo, sino de denunciar la marginación y exclusión del «espacio que por naturaleza le debe corresponder a la negociación colectiva». Por ello, se entiende que es necesario acudir a los criterios habituales de valoración de la constitucionalidad, examinando si concurren elementos objetivos y racionales que justifiquen la medida legislativa adoptada. El preámbulo de la Ley impugnada indica que la norma recurrida busca garantizar la descentralización convencional para facilitar una negociación de las condiciones laborales en el nivel más cercano y adecuado a la realidad de las empresas y los trabajadores. Pero los recurrentes consideran que, si bien es legítimo que los poderes públicos persigan ese objetivo, el legislador podía haber optado por fórmulas menos lesivas para el derecho de libertad sindical y de negociación colectiva, al derivarse del precepto impugnado la pérdida de la fuerza vinculante de los convenios suscritos por las organizaciones empresariales y sindicales en materias claves para la configuración de los mismos.
e) Impugnan después los recurrentes el apartado segundo de la disposición final cuarta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, que modifica la disposición adicional décima de LET en el sentido de declarar nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad de jubilación. Se sostiene al respecto que forma parte del derecho a la negociación colectiva la libertad de las partes de decidir las materias objeto de estipulación, de manera que un impedimento carente de justificación y proporcionalidad de dicha libertad ha de entenderse contrario al derecho a la negociación colectiva del art. 37.1 CE y, consecuentemente, del derecho de libertad sindical del art. 28.1 CE, de cuyo contenido esencial forma parte aquél. Además, se crea una diferencia de trato injustificada y carente de toda proporcionalidad con relación a los funcionarios públicos, por lo que se vulneran los arts. 14, 23.2 y 103.3, todos ellos de la Constitución.
Los diputados recurrentes comienzan indicando al respecto que por designio constitucional la negociación colectiva posee un espacio regulativo propio que no puede ser ahogado ni suprimido por completo por parte de la normativa estatal y que el derecho a la negociación colectiva reconocido constitucionalmente debe necesariamente incluir la libre decisión de negociar sobre las materias que las propias partes estimen oportunas. En este sentido, prosiguen diciendo que la norma impugnada carece de justificación, dado que las cláusulas convencionales sobre jubilación pueden responder a la confluencia de diversos derechos subjetivos e intereses legítimos: el derecho al trabajo, el desarrollo de una política de empleo que atienda a las demandas del conjunto de la población, la promoción de condiciones favorables para una distribución más equitativa de la renta, el equilibrio del régimen público de Seguridad Social y la eficiencia económica de las empresas, elementos todos ellos que deben ser ponderados, desde criterios de proporcionalidad, por la negociación colectiva. La norma, además, estaría prohibiendo a la negociación colectiva lo que puede ser decidido unilateralmente por el empresario en el marco de un despido por causas económicas, o acordado con los trabajadores por un simple acuerdo de empresa durante el período de consultas de los citados despidos económicos. La prohibición es tan absoluta que no sólo prohíbe las cláusulas que impongan la jubilación forzosa de los trabajadores, sino también aquellas que, por ejemplo, la fomenten o estimulen. Se añade que, existiendo un lícito interés de la negociación colectiva en marcar las líneas de la política de empleo en esta materia y de propiciar la adaptación de las dimensiones de las empresas por esta vía, está claro que los convenios colectivos pueden abordar dicha materia con apoyo en el derecho constitucional a la negociación colectiva. Una prohibición absoluta como la discutida sólo podría quedar justificada por razones objetivas de orden público laboral, que en el caso presente no concurren.
Prosiguen diciendo que la norma impugnada vulneraría tanto el art. 37 CE como el art. 14 CE, en cuanto que limitaría injustificadamente la actividad sindical en una materia, sobre la que se permite al empresario adoptar medidas unilaterales, como la reestructuración del empleo por la vía de los despidos colectivos.
Finalmente, con relación al ámbito del sector público, aducen que la norma también vulnera el art. 14 CE dado que mientras que para los funcionarios públicos rige un sistema de jubilación obligatoria por imperativo legal, la jubilación forzosa del personal laboral del sector público sólo se producía hasta la fecha a tenor de las cláusulas establecidas en los convenios colectivos que ahora se prohíben. Con lo cual, se viene a crear una diferencia de trato injustificada y carente de toda proporcionalidad que afecta al derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad (arts. 23.2 y 103.3 CE), al proyectarse no sólo al momento del ingreso sino también al de la pérdida de la condición de empleado público.
f) El siguiente precepto impugnado es el art. 4.3 de la Ley 3/2012, en virtud del cual el contrato de apoyo a los emprendedores debe incorporar un período de prueba «de un año en todo caso», lo que a juicio de los recurrentes vulnera los arts. 24.1, 35.1 y 37.1, todos ellos de la Constitución. Se comienza señalando que la jurisprudencia constitucional ha consagrado la causalidad en la extinción contractual por voluntad unilateral del empresario como concreción del derecho al trabajo del art. 35.1 CE. Dicha exigencia de causalidad viene reforzada, además, por la normativa comunitaria e internacional. Siendo el período de prueba una excepción justificada a la exigencia de causalidad de la extinción del contrato, una regulación como la cuestionada carece de justificación objetiva y razonable, al establecer una duración de todo punto desvinculada de la finalidad para la que se concibe la institución del período de prueba, en cuanto dirigida a la constatación en la práctica de las aptitudes profesionales y de la adaptación al puesto del trabajo del trabajador. Las notas de indisponibilidad de su duración, su desvinculación con los niveles de formación y titulación y su extensión de un año, durante el cual el trabajador carece de toda protección frente a la decisión empresarial de extinción, carecen de justificación objetiva y razonable, así como de proporcionalidad, vulnerando el principio de estabilidad en el empleo y de causalidad de la extinción contractual (art. 35.1 CE). Además, la regulación cuestionada convierte esta materia en indisponible sin razón que lo justifique, vulnerando el derecho constitucional a la negociación colectiva del art. 37.1 CE. Igualmente, produce una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, al reconocer una plena capacidad de desistimiento empresarial durante un período de doce meses, con dos características particulares: la falta de capacidad de reacción del trabajador frente a la decisión extintiva, impidiéndose su control judicial, y la ausencia de resarcimiento para el trabajador. Finalmente, se denuncia también una diferencia de tratamiento entre trabajadores indefinidos contratados con esta modalidad contractual y trabajadores temporales (cuya extinción, por muy fundada y justificada que esté, sí da derecho a una indemnización), que a juicio de los recurrentes resulta injustificada y contraria al art. 14 CE.
g) También consideran los recurrentes contrario a la Constitución el apartado tercero del art. 18 de la Ley 3/2012, al que imputan la vulneración de los arts. 35.1 y 24.1 CE. El citado precepto modifica el art. 51.1 LET —y, por extensión, el art. 52 c) LET—, en diversos aspectos, entre ellos, el que los recurrentes cuestionan en este recurso relativo a la definición de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justifican los despidos colectivos y objetivos regulados en los citados preceptos. Es decir, el debate constitucional planteado gira en torno a la concreción de la causalidad del despido por motivos empresariales. A juicio de los recurrentes, la nueva regulación prescinde, en realidad, del elemento de causalidad, vulnerando el derecho al trabajo del art. 35.1 CE y, como efecto derivado, impide el control judicial de esa causalidad del despido y, por tanto, el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE. De este modo, y por lo que a las causas económicas se refiere, dicen los Diputados recurrentes que la norma incorpora dos novedades principales en relación con la precedente regulación. La primera es la previsión de que, en todo caso, se entenderá que existe una disminución persistente del nivel de ventas o de ingresos si durante tres trimestres consecutivos éstos son inferiores al nivel de ventas o ingresos del mismo trimestre del año anterior. La segunda consiste en la eliminación de la exigencia de que el empresario acredite los resultados alegados y justifique que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado. Por lo que atañe a las causas organizativas, técnicas o de producción, la novedad más relevante es, nuevamente, que se suprime la previsión de que la empresa deba acreditar la concurrencia de alguna de las causas señaladas y justificar que de las mismas se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva.
En relación con esta nueva caracterización de las causas, los recurrentes realizan dos consideraciones: en primer lugar, que se han vaciado de contenido las causas económicas y empresariales, en la medida en que se procede a identificar las mismas con simples hechos, eliminando el juicio de razonabilidad, y, en segundo lugar, que con ello el legislador persigue un automatismo en la aplicación de las causas legalmente definidas, evitando, como afirma el preámbulo, «elementos de incertidumbre» que han llevado a los tribunales en el pasado a realizar «juicios de oportunidad relativos a la gestión de la empresa». El resultado de todo ello ha sido una delimitación legal de las causas muy vaga, recurriéndose a fórmulas ejemplificativas, así como la eliminación del elemento de causalidad, pues lo que ahora importa es la concurrencia, sin más, de unos hechos. Y dado que se impide el control judicial de la causalidad del despido, al circunscribir indirectamente la actuación de los Tribunales a la constatación de la concurrencia de determinados hechos económicos o empresariales, no sólo se vulnera el art. 35.1 CE sino también el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE.
h) El siguiente precepto recurrido es el apartado octavo del art. 18 (que modifica el apartado 2, del art. 56 LET), y, por conexión, el art. 23.1 —que modifica el art. 110.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social—, ambos de la Ley 3/2012, que limitan el pago de los salarios de tramitación al supuesto en que el empresario, tras la declaración de improcedencia del despido, opte por la readmisión del trabajador, suprimiéndolos en caso de que opte por la extinción indemnizada de la relación laboral. A juicio de los recurrentes, al favorecerse la extinción definitiva de la relación laboral, se vulnera el art. 35.1 CE, una de cuyas manifestaciones es la estabilidad en el empleo. Se produce, además, una diferencia de trato contraria al art. 14 CE que afecta tanto a los empresarios (pues según la opción elegida, estarán o no obligados al pago de los salarios de tramitación), como a los trabajadores (que tendrán o no derecho a su percepción en virtud de la opción ejercitada por su empleador).
Aducen que no es obstáculo para defender la inconstitucionalidad del precepto, sin embargo, el hecho de que este Tribunal se haya pronunciado al respecto en procesos de amparo (SSTC 84/2008, de 21 de julio, 122/2008, de 20 de octubre, y 143/2008, de 31 de octubre) con relación al Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y la mejora de la ocupabilidad, negando la existencia de un término válido de comparación sobre el que realizar el juicio de igualdad, al compararse a trabajadores (readmitidos vs. indemnizados) que se encuentran en diferentes situaciones. Según los recurrentes, en tales casos este Tribunal no tuvo en cuenta que esa diversa posición a la que se aludía había sido creada precisamente por el propio legislador en respuesta a una situación que sí que era inicialmente idéntica, esto es, la de dos trabajadores despedidos cuyo despido hubiera sido declarado improcedente. A juicio de los recurrentes, resulta evidente que la regulación cuestionada contempla un tratamiento diferenciado para los trabajadores despedidos improcedentemente en función de la opción empresarial, y señalan que ese tratamiento diferenciado favorece de forma clarísima la opción por la extinción del contrato frente a la de la readmisión, afectando con ello, tanto al art. 14 CE, como también al art. 35.1 CE (esto es, al derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, que tiene como reverso el derecho a no ser despedido sin justa causa). En suma, afirman que la regulación legal cuestionada favorece la opción empresarial menos respetuosa con el derecho al trabajo y que este debilitamiento de la vocación de estabilidad en el empleo difícilmente permite concluir que la diferencia de trato responda a una justificación objetiva y razonable que, como tal, merezca el amparo del ordenamiento jurídico.
i) El último precepto impugnado es la disposición adicional tercera de la Ley 3/2012 que, a su juicio, vulnera los arts. 14, 23 y 103.3 CE, en relación con el art. 35.1 CE. Dicha disposición establece la prohibición absoluta e incondicionada para las Administraciones públicas de efectuar las reducciones de jornada y suspensiones de contratos por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas previstas en el art. 47 LET, lo que entienden que no sólo contradice las políticas de empleo defendidas por la reforma laboral, dirigidas a favorecer la flexibilidad interna frente a las medidas de flexibilidad externa, sino que, por efecto derivado, obliga a las entidades públicas en el caso de concurrencia de las señaladas circunstancias a reducir el empleo con carácter permanente por medio de despidos colectivos. Ello provoca una tutela más débil de la estabilidad en el empleo del personal laboral de las Administraciones públicas carente de justificación objetiva y proporcionada, por lo que se incurriría en un tratamiento discriminatorio. Este último se produciría, también, en relación con el personal de las entidades públicas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado, a las que sí se les permite acudir a estos procedimientos, criterio éste que carece de justificación para establecer un trato diferencial entre empleados de entidades públicas. Finalmente, se indica que estas reducciones de jornada por razones económicas del art. 47 LET que se prohíben para la Administración pública no impiden la aplicación en ella de reducciones de jornada por la vía del art. 41 LET, lo que sería más perjudicial para los trabajadores al entrañar el efecto perverso de privar a los mismos de la protección por desempleo, ocasionando una nueva lesión del principio de no discriminación. Se vulnera, con todo ello, el art. 14 CE, afectando, además, negativamente al derecho al trabajo del art. 35.1 CE, que se extiende tanto al momento del acceso al empleo como al régimen de extinción del contrato, y al derecho al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad y mérito de los arts. 23.2 y 103.3 CE.
3. Por providencia de 30 de octubre de 2012, el Pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, y dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes. Asimismo, acordó publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado», lo que se llevó a efecto en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 270, de 9 de noviembre de 2012.
4. Mediante escrito registrado el día 7 de noviembre de 2012, el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, solicitó que se le tuviera por personado en nombre del Gobierno en el recurso de inconstitucionalidad, y que se le concediera una prórroga por el máximo legal del plazo concedido para formular alegaciones, habida cuenta del número de asuntos pendientes en esa Abogacía. Por providencia de 12 de noviembre de 2012, el Pleno acordó incorporar a las actuaciones el mencionado escrito, teniendo por personado al Abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta, y concediéndole una prórroga de ocho días sobre el plazo inicial para formular alegaciones.
5. El día 14 de noviembre de 2012 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal escrito del Presidente del Senado dando conocimiento del acuerdo de la Mesa de esa Cámara, en el sentido de darse por personada en el presente procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos de lo previsto en el art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
6. El día 15 de noviembre de 2012 tuvo igualmente entrada en el Registro de este Tribunal escrito del Presidente del Congreso de los Diputados comunicando el acuerdo de la Mesa de esa Cámara, en el sentido de darse por personada en el presente procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos de lo previsto en el art. 88.1 LOTC.
7. Con fecha de 7 de diciembre de 2012 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el escrito de alegaciones del Abogado del Estado en el que solicita se dicte la Sentencia por la que se inadmita el recurso con relación al art. 14, apartados 2 y 3, de la Ley 3/2012, y se desestime respecto de todo lo demás, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:
a) Antes de entrar a dar respuesta a los argumentos del recurso de inconstitucionalidad, el Abogado del Estado realiza dos precisiones previas. En primer lugar, precisa que aun cuando los recurrentes en el encabezamiento y suplico señalan que impugnan el art. 14.2 de la Ley 3/2012, sin embargo, no argumentan nada al respecto limitándose al contenido del apartado tercero de ese mismo precepto, sobre el cual no manifiestan su voluntad de impugnación, razón por la cual solicita la inadmisión parcial del recurso de inconstitucionalidad en este extremo.
En segundo lugar, realiza el Abogado del Estado algunas reflexiones acerca de las consideraciones generales contenidas en el recurso con relación al modelo constitucional de relaciones laborales. Afirma al respecto que la Ley 3/2012 (claramente continuista con previas reformas urgentes del mercado laboral) afronta la grave crisis económica actual, adoptando una serie de medidas que tienen pleno encaje constitucional, pues ninguna de ellas entraña la trasgresión de los límites que la Constitución impone al legislador laboral. En definitiva, a su juicio, nuestro modelo de relaciones laborales tras la citada Ley, sigue teniendo pleno amparo constitucional, como se comprobará al analizar cada uno de los concretos preceptos impugnados.
b) Hechas las precisiones anteriores, procede el Abogado del Estado a dar respuesta a la impugnación del art. 14.1 de la Ley 3/2012 en relación con la función dirimente atribuida a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, u órganos autonómicos equivalentes, prevista como última fase del procedimiento de inaplicación de un convenio colectivo en el art. 82.3 LET. Destaca a este respecto que la intervención de la Comisión puede quedar fácilmente excluida por el propio ejercicio de la autonomía colectiva conforme al art. 85.3 c) LET, y tras referirse al contenido del Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, con relación a la eficacia de la decisión adoptada en el seno de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o por el árbitro que fuera designado por ella, y a la posibilidad de impugnarla por ilegalidad o por lesividad, niega que la norma vulnere el art. 24.1 CE al permitir un posterior control judicial sobre la decisión de inaplicación.
Recuerda seguidamente el Abogado del Estado la doctrina constitucional referida a los arbitrajes institucionales e imperativos y su conformidad constitucional, con cita de la STC 174/1995, de 23 de noviembre, FJ 3, y, especialmente, de la STC 11/1981, de 8 de abril, que declaró inconstitucionales el apartado b) del art. 25 y el art. 26 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, en la que se negó que el arbitraje público obligatorio pueda calificarse de genuino arbitraje. Conforme a ella, afirma que si bien la intervención de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y de los órganos autonómicos no es un genuino arbitraje, sí lo es el llevado a cabo por el árbitro que, en su caso, designe el órgano tripartito, que debe ser nombrado con las debidas garantías de imparcialidad. A su juicio, cabe apreciar una justificación constitucional para la designación del árbitro imparcial obligatorio, al estar ligado a la concurrencia de circunstancias excepcionales, doctrina que concuerda con la del comité de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha considerado compatible el arbitraje obligatorio con el Convenio OIT núm. 98, cuando «tras prolongados e infructuosos intentos de llegar a un acuerdo», las autoridades aprecian que se ha llegado a un «punto muerto» y «existe una crisis nacional aguda» (330 informe, parágrafo 888). Prosigue diciendo que si bien el laudo arbitral entraña la inaplicación de un convenio, lo es, material y temporalmente de forma limitada, y está sujeta a posterior control judicial. E igual ajuste constitucional aprecia el Abogado del Estado con relación a la decisión adoptada en el seno de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o de los respectivos órganos autonómicos, atendidas, de un lado, las circunstancias excepcionales para las que se prevé (actual situación de crisis económica, y particulares circunstancias del bloqueo negociador, al no haber podido obtenerse el consenso de las partes a través de procedimientos previstos en la negociación colectiva), y, de otro lado, por el tipo de órgano al que se confía la decisión (órgano colegiado de participación institucional en el que intervienen los agentes sociales).
c) Respecto de la impugnación del art. 12.1 de la Ley 3/2012 (por el que se modifica el art. 41 LET), en la que se discute la facultad del empresario de adoptar unilateralmente modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo de carácter colectivo pactadas en convenios «extraestatutarios», señala el Abogado del Estado que esta regulación ha estado vigente, con diversas redacciones y sin contestación, desde la Ley 11/1994, de 19 de mayo, que modifica determinados artículos del estatuto de los trabajadores, del texto articulado de la Ley de procedimiento laboral y de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. Después se señala que la única cuestión relevante a considerar es la compatibilidad del precepto con el art. 37.1 CE, pues la pretendida vulneración del art. 28.1 CE (falta de fundamentación en la demanda) aparecería, en todo caso, como derivada de la del art. 37.1 CE, mientras que no se advierte en qué pueda vulnerar el precepto el art. 24.1 CE, dado que la Ley contempla un control judicial pleno de la decisión empresarial (se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual que proceda).
Por otra parte, esta vez con relación a la infracción del art. 37.1 CE, para el Abogado del Estado la diferente naturaleza entre los convenios estatutarios y extraestatutarios justifica el distinto tratamiento de sus efectos, entre ellos el de su fuerza vinculante, que puede ser graduada por el legislador en función del amplio margen que para su concreción le reconoce la Constitución. En este sentido, señala que este planteamiento encuentra su base en la doctrina constitucional citada, según la cual en los pactos extraestatutarios prevalece su naturaleza contractual, que atrae de forma natural a las normas sobre los efectos de los contratos. Asimismo, en cuanto a la pretendida laxitud de las causas legales que justifican la decisión empresarial, indica que habrán de concurrir probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, correspondiendo al empresario su prueba y a los tribunales interpretar la intensidad de las mismas para que proceda la aplicación del mecanismo legal, sin que corresponda a este proceso contemplar eventuales interpretaciones de la norma que puedan menoscabar el art. 28 CE, en relación con el art. 37 CE.
d) Tras insistir el Abogado del Estado que considera inadmisible la demanda con relación al art. 14.2 y 3 de la Ley 3/2012, contesta, aunque con carácter subsidiario, sobre los motivos de inconstitucionalidad reprochados al citado apartado tercero. Indica que este precepto constituye la pieza capital en la denominada descentralización de la negociación colectiva que el legislador quiere garantizar para facilitar una negociación de las condiciones laborales en el nivel más cercano y adecuado a la realidad de las empresas y de los trabajadores, descentralización que resulta muy baja en España en relación con los países de nuestro entorno y que ha sido recomendada por diversos organismos internacionales. Se recuerda la doctrina constitucional relativa al derecho a la negociación colectiva y a su consideración como contenido esencial del derecho de libertad sindical, indicando que conforme a esa misma doctrina, no hay un monopolio sindical del derecho a la negociación colectiva, y la referencia a los «representantes de los trabajadores» del art. 37.1 CE incluye también los electos, unitarios o legales (arts. 62.1, 63.1 y 87.1 ET; por todas, STC 118/1983, de 13 de diciembre, FJ 3). Dicho lo que antecede, sostiene que el razonamiento impugnatorio de los recurrentes se mueve en un nivel ajeno al del control de constitucionalidad, tal y como apreció el Tribunal, en relación con el derecho de huelga, en el FJ 7 de la STC 11/1981. Ni el art. 7, ni el 28.1, ni el 37.1 CE imponen al legislador estatutario la única opción de regular los convenios colectivos maximizando el poder de negociación y el influjo de los sindicatos y de las organizaciones empresariales, ni menos aún obligan a establecer una estructura centralizada de la negociación colectiva. No cabe sostener que la preferencia de las organizaciones sindicales en una estructura de negociación colectiva sectorial y supra empresarial deba convertirse en criterio constitucional que derrote cualquier otro, de manera que, por ejemplo, la defensa de la productividad (art. 38 CE), incluso en un contexto de recesión económica duradera, deba ceder ante una estructura de la negociación poco compatible con el funcionamiento eficiente y flexible del mercado de trabajo. Tampoco se ve afectada en este caso la fuerza vinculante de los convenios, pues tan convenios colectivos son los sectoriales como los de empresa, ni la libertad sindical en materia de negociación colectiva, cuando las secciones sindicales gozan de legitimación para negociar los convenios de empresa.
e) En relación con la disposición final cuarta.2 de la Ley 3/2012, que declara nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos sobre jubilación forzosa, el Abogado del Estado niega que dicha disposición vulnere la libertad sindical y la negociación colectiva, pues no existe una reserva constitucional a favor de esta última que excluya la intervención de la Ley. El propio Tribunal Constitucional ha afirmado, tanto la competencia de la Ley para regular esta materia, como la necesaria adecuación del convenio a lo previsto en ella. Además, la razonabilidad de la medida cuestionada parece clara, ya que la única normativa que podría ofrecer dudas sobre su compatibilidad con el art. 35 CE, en relación con el 14 CE, es aquélla que establecía la jubilación obligatoria a una determinada edad. No puede desconocerse que el retraso de la edad de jubilación y la incentivación de la continuidad en la vida activa, dificultando las jubilaciones anticipadas, constituye una línea decidida del legislador orientada a garantizar la viabilidad financiera del sistema de la Seguridad Social.
También rechaza el representante del Estado la infracción de la igualdad en el acceso al trabajo, en relación con la diferencia de tratamiento de los trabajadores de las Administraciones públicas, ya que como ha declarado este Tribunal, el principio de igualdad que vincula al legislador no le impide establecer diferencias de trato, siempre que encuentren una justificación objetiva y razonable, valorada en atención a las finalidades que se persiguen por la Ley y a la adecuación de medios afines entre aquéllas y éstas. Además, esta libertad de implantación de diferencias de trato se aprecia con mayor intensidad en relación con estructuras de creación legal donde la norma que las crea puede apreciar diferencias relevantes fundadas en el régimen abstracto diseñado por ellas mismas.
f) Aborda a continuación el Abogado del Estado el examen de la constitucionalidad del art. 4.3 de la Ley 3/2012, norma que prevé una duración de un año del período de prueba del contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores. En respuesta a los argumentos ofrecidos por los recurrentes para sostener la infracción del art. 35.1 CE, comienza negando que pueda considerarse como irrazonable la duración legalmente prevista para el citado periodo de prueba, a la vista del régimen jurídico del nuevo contrato. En particular destaca su régimen de incentivos, diseñado para desalentar claramente las extinciones de contratos antes de que, por lo menos, transcurran tres años (y, aún más intensamente, en el primer año de la prueba), y que viene a servir de contrapeso respecto de la mayor duración del período de prueba. Además, este contrato debe situarse en la realidad social del tiempo en que la norma ha de ser aplicada (art. 3.1 del Código civil), al nacer con una vocación coyuntural para tratar de paliar la descomunal tasa de paro que nos atormenta. Ciertamente, ha de regir únicamente para una singular y probablemente minoritaria modalidad de contratación laboral indefinida, al alcance únicamente de pequeñas empresas que pueden minimizar, mediante esta disposición, los importantes riesgos económicos asociados a un contrato de trabajo por tiempo indefinido. Por consiguiente, nos encontramos con una medida protectora de la pequeña empresa en un contexto de crisis.
Posteriormente, el Abogado del Estado niega que la medida impugnada vulnere el art. 24.1 CE, pues el desistimiento en el período de prueba es revisable por los Tribunales para controlar que mediante él no se discrimina o se violan los demás derechos fundamentales, y para verificar la realización o no de las experiencias que constituyan el objeto de la prueba. Fuera de estos supuestos, es la propia naturaleza del periodo de prueba la que impide que se exija la justificación jurídica de una causa. Y, finalmente, descarta la infracción del art. 37.1 CE, pues de este precepto no puede extraerse en modo alguno un límite constitucional que impida al legislador establecer una duración imperativa del período de prueba convencionalmente inderogable.
g) El Abogado del Estado pasa a examinar la impugnación del art. 18. 3 de la Ley 3/2012, en la que se cuestiona la definición de las causas del despido colectivo (art. 51 LET). Comienza precisando que resulta difícil deducir de la demanda qué concreta dimensión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) se considera vulnerada, aunque los recurrentes parecen entender que el precepto impugnado impediría a la jurisdicción social realizar un control de la razonabilidad del despido y de su relación de causalidad con los hechos que lo motivan. Nada permite interpretar, sin embargo, que la norma suponga una restricción de las funciones de la jurisdicción ordinaria a la hora de enjuiciar plenamente la decisión empresarial, ni tampoco puede extraerse dicha conclusión del preámbulo de la Ley al que aluden los recurrentes. Según el Abogado del Estado, la voluntad del legislador ha sido la de precisar las causas del despido colectivo, ciñendo el control jurisdiccional a la concurrencia de las mismas, su razonabilidad y proporcionalidad, y, al mismo tiempo, eliminar expresiones normativas que podían permitir que se valorasen cuestiones atinentes a la pura gestión de la empresa.
En cuanto a la presunta vulneración del derecho al trabajo (art. 35 CE), la alegación merece, a juicio del Abogado del Estado, igual suerte desestimatoria, en tanto que entiende que la nueva definición legal de las causas justificativas del despido colectivo es plenamente conforme con la doctrina constitucional (STC 193/2003, de 27 de octubre) y con el art. 4 del Convenio 158 de la OIT. La existencia de intereses contrapuestos constitucionalmente relevantes, como son los regulados en los arts. 35 y 38 CE, supone la lógica exigencia de importantes facultades de concreción del legislador para delimitar el correspondiente punto de equilibrio. Así, en este tipo de despidos, ha de tenerse en cuenta que la actuación empresarial, al vincularse a las vicisitudes del mercado, está relacionada con la propia libertad de gestión de la empresa y con la defensa de la productividad sobre la que descansa la economía de mercado y su potencial de crecimiento y creación de empleo. Estás cuestiones deben ser ponderadas por el legislador, especialmente en circunstancias como las que ha tenido que atender la Ley 3/2012.
Finalmente, en cuanto a la alegación relativa a la actual omisión en la definición de las causas económicas y técnicas de la anterior referencia a la necesidad de justificar «la razonabilidad de la decisión extintiva», alude el Abogado del Estado a la conocida doctrina constitucional (sintetizada en ATC 433/2005, de 13 de diciembre) sobre las llamadas «inconstitucionales por omisión», que sólo existen cuando la Constitución impone al legislador la necesidad de dictar normas de desarrollo constitucional y el legislador no lo hace. Pero, en cualquier caso, añade que nada impide a los órganos judiciales en la nueva legislación seguir valorando la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas. En este sentido, indica que resulta obvio que nada tiene que decir el legislador para que el juez desempeñe la función que le es propia y que está naturalmente relacionada con la ponderación de la racionalidad de las medidas que debe enjuiciar.
h) A continuación, el Abogado del Estado analiza la constitucionalidad de los arts. 18.8 y 23.1 de la Ley 3/2012, en tanto limitan los salarios de tramitación a los casos de despido improcedente en los que se opta por la readmisión, regulación a la que los recurrentes imputan las vulneraciones del derecho al trabajo (art. 35.1 CE) y del principio de igualdad (art. 14 CE). Pues bien, tras analizar el sentido del precepto, recuerda el Abogado del Estado que la constitucionalidad de una previsión idéntica, introducida por el art. 2.3 del Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, fue ya objeto de enjuiciamiento por el Tribunal Constitucional en diversos procesos de amparo (resueltos por las SSTC 84/2008, de 21 de julio; 122/2008, de 20 de octubre, y 143/2008, de 31 de octubre), en las que se constató la carencia de homogeneidad entre las situaciones comparadas a efectos del principio de igualdad, y la razonabilidad constitucional de las distintas soluciones adoptadas por el legislador. Pues bien, tal pronunciamiento resulta trasladable al presente caso para apreciar la constitucionalidad de la norma impugnada, sin que puedan ser acogidas las objeciones que los recurrentes plantean sobre la plena aplicación a la nueva regulación de la doctrina constitucional antes citada.
i) Por último, el Abogado del Estado responde a la impugnación de la disposición adicional tercera de la Ley 3/2012, según la cual la prohibición para las Administraciones públicas de efectuar las reducciones de jornada y suspensiones de contratos reguladas en el art. 47 LET, en base a razones económicas, técnicas, organizativas y productivas, vulnera el derecho a la igualdad de trato y la prohibición de discriminación del art. 14 CE, el acceso a las funciones públicas conforme a criterios de mérito y capacidad de los arts. 23 y 103.3 CE, así como el derecho al trabajo reconocido por el art. 35.1 CE.
Señala a este respecto que las invocaciones de los arts. 35.1 y 23.2 y 103.3 CE carecen de relevancia propia. Así, aun aceptando dialécticamente que la norma pueda inducir a determinadas entidades públicas al despido en lugar de permitirles el uso de medidas de carácter coyuntural, ello no afectaría en sí mismo al derecho al trabajo. Teniendo en cuenta las amplias facultades de que dispone el legislador para configurar el régimen de la estabilidad en el empleo, de la Constitución no puede derivarse mandato alguno al legislador respecto de medidas alternativas al despido que deban ser establecidas, por lo que el art. 35.1 CE permanecería incólume aunque desapareciera el art. 47 LET. Por lo mismo, también es claro que los imperativos de los arts. 23.2 y 103.3 CE en relación con la eventual extinción de las relaciones laborales requieren de una concreción legal.
Así las cosas, a juicio del Abogado del Estado, únicamente resultaría relevante la dimensión concerniente al principio de igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE), en relación con la diferencia de trato que se establece entre el régimen del personal laboral de las Administraciones públicas y el de los trabajadores comunes. Esta lesión resulta, sin embargo, igualmente rechazable, en tanto que no se ofrece un término válido de comparación al contrastarse a los trabajadores comunes con los que están al servicio de la Administración pública, por lo que faltaría el presupuesto necesario para la aplicación del art. 14 CE.
En todo caso, considera que existen justificaciones más que razonables para la diferencia, pues la inaplicación del art. 47 LET a la Administración pública está en directa conexión con las características propias de éstas como empleadora. Ciertamente, al no desenvolver su actividad en un mercado cambiante y competitivo sino destinarse a servir con objetividad los intereses generales, no parece adecuado que recurra a medidas coyunturales como las previstas en el art. 47 LET. En efecto, la organización administrativa debe estar ajustada estructuralmente, en lo que se refiere a su plantilla, a las necesidades derivadas de los intereses generales, y en caso de que se produzca un desajuste, la medida debe ser la extinción de los contratos y no remedios coyunturales que no atiendan al desfase apreciado. Esta visión explica, según el Abogado del Estado, la diferencia de trato que contempla la norma legal entre las Administraciones públicas y las entidades públicas «que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado», pues éstas últimas sí que pueden requerir la adopción de medidas de carácter coyuntural.
En virtud de todo lo señalado, el Abogado del Estado finaliza su escrito solicitando que se dicte Sentencia por la que se inadmita el recurso respecto al art. 14, apartados segundo y tercero, de la Ley 3/2012, desestimándolo en lo demás, y subsidiariamente, se desestime el recurso en su integridad.
8. Por providencia de 20 de enero de 2015 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 22 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. En el presente proceso constitucional debemos resolver el recurso de inconstitucionalidad promovido por ciento cuatro Diputados del Grupo Parlamentario Socialista y once del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural [Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) y Chunta Aragonesista (CHA)] del Congreso de los Diputados, contra los arts. 4.3, 12.1, 14.1 y 2, 18.3 y 8, 23.1, así como contra la disposición adicional tercera y la disposición final cuarta.2, de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (en adelante, Ley 3/2012, de 6 de julio), por vulneración de los arts. 14, 23.2, 24.1, 28.1, 35.1, 37.1 y 103.3, todos ellos de la Constitución.
Antes de iniciar el análisis de las cuestiones de fondo suscitadas en el recurso, es necesario realizar las siguientes precisiones:
a) El Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, interesa la inadmisión del recurso respecto a los apartados segundo y tercereo del art. 14 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, al considerar que aunque los recurrentes formalmente impugnan en el encabezamiento y suplico de la demanda el citado apartado segundo, en realidad no se contiene en el recurso ningún argumento que fundamente su inconstitucionalidad, refiriéndose las alegaciones exclusivamente al apartado tercero de ese mismo precepto, cuya impugnación no fue autorizada por las personas constitucionalmente legitimadas para interponer el recurso.
Pues bien, a pesar de que, como indica el Abogado del Estado, la fundamentación del recurso parece contraerse al apartado tercero del citado art. 14, respecto al que no existe una impugnación formalmente explícita, los óbices planteados al respecto han de ser descartados, al existir una evidente conexión entre los dos apartados, en la medida que el segundo se remite al tercero. Ciertamente, el apartado segundo del art. 14 da nueva redacción al art. 84.1 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (LET), estableciendo: «1. Un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito distinto salvo pacto en contrario, negociado conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del art. 83, y salvo lo previsto en el apartado siguiente». Por su parte, completando su contenido, el apartado tercero siguiente procede a regular la salvedad a la prohibición de concurrencia de convenios colectivos previamente anunciada, previendo la posibilidad de que la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa pueda negociarse durante la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, reconociendo su prioridad aplicativa en determinadas materias respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior. De esta manera, a la vista del contenido de los citados apartados, puede concluirse que ninguno de ellos se entendería sin el concurso del otro, pues el apartado segundo necesita del complemento del tercero, que desarrolla la excepción a la regla general previamente anunciada. Dada la interconexión de tales apartados, procede rechazar la objeción formulada por el Abogado del Estado (STC 127/1994, de 5 de mayo, FJ 2).
b) Tras la aprobación de la Ley 3/2012, de 6 de julio, objeto del presente proceso constitucional, se han dictado una serie de normas que le afectan, de una u otra manera, como son el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, que aprueba el reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada; el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, que prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección de las personas desempleadas; la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo; el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes del orden económico y social, y que ha dado lugar a la Ley 1/2014, de 28 de febrero, del mismo nombre; la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.
Ninguna de estas normas ha afectado al contenido de los preceptos impugnados, salvo en lo referente a la regulación del contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores (art. 4 de la Ley 3/2012) y al procedimiento de inaplicación de condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos (art. 14.1 de la citada Ley), respecto a los que determinaremos los efectos de su modificación en el momento de su análisis.
c) Finalmente, es preciso señalar que el presente recurso de inconstitucionalidad coincide en parte, en cuanto a su objeto y fundamentación, con el tramitado con el número 5603-2012, promovido por el Parlamento de Navarra y que ha sido desestimado en la reciente STC 119/2014, de 16 de julio. Por tal motivo, al resolver algunos de los preceptos impugnados en el presente recurso de inconstitucionalidad habremos de reiterar las consideraciones efectuadas en la mencionada Sentencia, extendiéndolas al presente proceso en lo que se acomode a su ámbito de controversia.
2. Con carácter previo al examen de cada uno de los preceptos impugnados, es necesario efectuar una serie de precisiones con relación a las afirmaciones efectuadas por los recurrentes respecto de la reforma laboral llevada a cabo por la Ley 3/2012 y de las que se han dejado constancia en los antecedentes. En síntesis, los Diputados recurrentes sostienen que la citada reforma supone «el desconocimiento del marco estructural y axiológico en el que nuestra Constitución se inserta», una quiebra del «modelo constitucional» de relaciones laborales al situarse «fuera del marco de nuestro Estado social y democrático de Derecho» y «de la Constitución», o, en otras palabras, la sustitución de los «elementos centrales del modelo constitucional» por otros distintos que hace que esa Ley «na[zca] al mundo del Derecho fuera de las coordenadas constitucionales».
a) A los efectos de determinar cuál es el marco constitucional en el que la reforma laboral cuestionada se inserta, es preciso comenzar recordando que la Constitución confiere al Estado competencias exclusivas tanto en materia de legislación laboral (art. 149.1.7 CE), como para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de los derechos constitucionales (art. 149.1.1 CE), correspondiéndole, pues, la tarea de ordenar los principios y criterios con arreglo a los cuales se ha de regir la materia laboral, desde una concepción del conjunto de sus relaciones como «un» sistema, pero sin estar condicionado cómo debe llevarla a cabo. Tales preceptos hay que ponerlos en relación con el art. 35.2 CE, que encomienda al legislador estatal la regulación de «un» estatuto de los trabajadores, así como con el art. 53.1 CE, que remite a la ley la regulación de los derechos y libertades laborales reconocidos en el capítulo II de su título I.
b) Es preciso destacar la singular posición que dentro de nuestro sistema de relaciones laborales ocupa el «sindicato». La Constitución le ha consagrado como un elemento clave dentro de la configuración de nuestro Estado como un «Estado social y democrático de Derecho» (art. 1.1 CE), al incluir su reconocimiento en el art. 7 del título preliminar, que prevé que «[l]os sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios». Su especial ubicación en el texto fundamental realza la consideración del «sindicato» como uno de los soportes institucionales básicos de la sociedad para la defensa, protección y promoción de los intereses colectivos de los trabajadores. Así lo ha entendido, además, este Tribunal en numerosas ocasiones en las que no ha dudado en considerar a los «sindicatos», no sólo como «piezas económicas y sociales indispensables para la defensa y promoción» de los intereses de los trabajadores (STC 70/1982, de 29 de noviembre, FJ 5), sino, lo que es más importante, como «organismos básicos del sistema político» (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 11), como «formaciones sociales con relevancia constitucional» (STC 18/1984, de 7 de febrero, FJ 3), y, en definitiva, como una «institución esencial del sistema constitucional español» (STC 101/1996, de 11 de junio, FJ 3).
c) Conviene señalar también que la determinación del contenido de la relación laboral, junto con la regulación mínima del legislador, «se deja a la responsabilidad de la autonomía colectiva de las partes sociales», esto es, «a la autonomía de los trabajadores y empresarios mediante el ejercicio del derecho a la negociación colectiva que proclama el art. 37.1 CE» (STC 119/2002, de 20 de mayo, FJ 6), siendo tal tipo de negociación «un valor constitucionalmente protegido» (SSTC 39/1986, de 31 de marzo, FJ 6 y 184/1991, de 30 de septiembre, FJ 6). Ese derecho «presupone, por esencia y conceptualmente, la prevalencia de la autonomía de la voluntad colectiva sobre la voluntad individual» (SSTC 105/1992, de 1 de julio, FJ 6; y 225/2001, de 26 de noviembre, FJ 4), siendo los convenios colectivos fruto de su ejercicio, «fuentes de regulación de las condiciones de trabajo» a las que constitucionalmente se reconocen fuerza vinculante (STC 151/1994, de 23 de mayo, FJ 2). La negociación colectiva no sólo contribuye, entonces, «a la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores», sino que se erige en un «instrumento esencial para la ordenación de las relaciones de trabajo» (STC 208/1993, de 28 de junio, FJ 4).
Siendo indiscutible el papel que desempeña el sindicato como defensor de los derechos e intereses de los trabajadores, también lo es el que ocupa la negociación colectiva de condiciones de trabajo dentro de la acción sindical, «puesto que resulta inimaginable que sin ella se logre desarrollar eficazmente las finalidades recogidas en el art. 7 CE» (STC 225/2001, de 26 de noviembre, FJ 5), de manera que «cuando existe un elemento de sindicalidad, esto es, cuando la negociación colectiva es expresión de la acción sindical» (STC 118/2012, de 4 de junio, FJ 4), pasa a formar parte del contenido esencial de aquella libertad (por todas, SSTC 134/1994, de 9 de mayo, FJ 4; 222/2005, de 12 de septiembre, FJ 3; y 118/2012, de 4 de junio, FJ 4). En efecto, «entre los rasgos que, tanto histórica como legalmente, caracterizan al sindicato, figura muy destacadamente su esencial vinculación con la acción sindical que se plasma en el ejercicio del derecho de huelga (art. 28.2 CE), en la negociación colectiva (art. 37.1 CE) y en la adopción de medidas de conflicto colectivo (art. 37.2 CE)» (STC 152/2008, de 17 de noviembre, FJ 4).
d) Sin perjuicio de la posición singular e institucional que tiene el sindicato en nuestro sistema constitucional, y sin dejar de lado su papel fundamental tanto para la defensa de los derechos e intereses de todos los trabajadores como para la consecución del bienestar social general a través del ejercicio del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE), lo cierto es que la Constitución, al institucionalizar los derechos colectivos laborales (huelga, negociación colectiva y conflictos colectivos), no los ha reservado «en exclusiva a los sindicatos» (SSTC 134/1994, de 9 de mayo, FJ 4; y 95/1996, de 29 de mayo, FJ 3), pues ha eludido «la consagración de un monopolio» sindical en esta materia, para partir de un «amplio reconocimiento» de los titulares de aquéllos derechos colectivos «de forma que si el derecho de huelga se atribuye a los trabajadores (art. 28.2), el de conflictos lo es a los trabajadores y empresarios (art. 37.2) y el de negociación a los representantes de éstos (art. 37.1)» (STC 118/1983, de 13 de diciembre, FJ 4). De esta manera, a diferencia de las previsiones contenidas en los arts. 7 CE (que institucionaliza al sindicato como un organismo esencial de nuestro sistema constitucional) y 28.1 CE (que consagra al sindicato como el instrumento básico del ejercicio del derecho fundamental a la libertad sindical), el constituyente no refirió, en su art. 37.1 CE, la negociación colectiva como un derecho perteneciente exclusivamente al ámbito de la acción sindical. Antes al contrario, lo recondujo más genéricamente a los «representantes de los trabajadores», con la clara intención de ampliar el elenco de los legitimados para la determinación de las condiciones de la relación laboral, depositando ese derecho, en consecuencia, no sólo en el sindicato, sino en cualquier sujeto u organización representativa de los trabajadores (como los delegados de personal y los comités de empresa), cuyo fundamento constitucional último no se encuentra en el art. 7 CE, como sucede con los representantes sindicales, sino en los arts. 9.2 y 129.2 CE (SSTC 98/1985, de 29 de julio, FJ 3; y 208/1989, de 14 de diciembre, FJ 3).
En suma, aunque el ejercicio del derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE) le ha sido atribuido también por la Constitución al sindicato, protagonista principal en la defensa de los intereses de los trabajadores (art. 7 CE) a través del ejercicio de la libertad sindical (art. 28.1 CE), no se ha hecho de forma exclusiva ni en modo que descarte a otros posibles representantes de los trabajadores, de manera que no cabe sino concluir que la negociación colectiva está «atribuida constitucionalmente a los sindicatos y a otras representaciones colectivas de los trabajadores» (STC 208/1993, de 28 de junio, FJ 4).
e) Conforme a todo lo dicho, estando encomendada al legislador la garantía del derecho a la negociación colectiva laboral (art. 37.1 CE), el examen de los motivos de este recurso de inconstitucionalidad ha de partir, necesariamente, de que nos encontramos ante «un derecho esencialmente de configuración legal» (STC 85/2001, de 26 de marzo, FJ 5), siendo la ley la que ha de concretar y desarrollar, tanto su contenido como los presupuestos para su ejercicio (STC 208/1993, de 28 de junio, FJ 3). En «la configuración legal del ejercicio del derecho a negociar» (STC 224/2000, de 2 de octubre, FJ 4), el legislador goza de un amplio margen de libertad para delimitar, como derecho necesario, aspectos de la estructura, contenido, alcance y límites de la negociación colectiva, en razón de la superior posición que ocupa la ley en la jerarquía normativa. No hay que descuidar, de un lado, que el reconocimiento constitucional del derecho a la negociación colectiva no conlleva el desapoderamiento normativo del Estado para regular los aspectos básicos de su ejercicio, y, de otro, que el principio de autonomía colectiva puede presentar excepciones siempre y cuando la limitación que suponga esté justificada (STC 11/1981, de 8 de abril FJ 24). Por esta razón, la Ley «puede desplegar una virtualidad limitadora de la negociación colectiva y puede, igualmente, de forma excepcional reservarse para sí determinadas materias que quedan excluidas, por tanto, de la contratación colectiva» (STC 59/1985, de 30 de abril, FJ 3).
f) En definitiva, se puede concluir que la Constitución de 1978 no diseña un modelo cerrado de relaciones laborales, ni más concretamente, de negociación colectiva, correspondiéndole al legislador estatal, en el ejercicio de las funciones que la propia Constitución le confiere, configurar el que considere más idóneo en cada momento (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 7), eligiendo entre las distintas alternativas posibles la que estime más adecuada, no solo para alcanzar los objetivos que aquélla le impone, sino también para adoptar las medidas precisas que garanticen su realización. De todo ello se deduce la habilitación al legislador estatal para realizar su conceptuación jurídica en cada momento, entre diferentes alternativas, en atención a las circunstancias económicas subyacentes y a las necesidades sociales a las que se pretenda dar cobertura. El constituyente no quiso definir el modelo de relaciones laborales aplicable, ni tampoco restringir la acción del legislador más allá de los límites explícitos que le ha impuesto, dejándole un importante ámbito de posibilidades para configurar el citado modelo y para articular cada institución que lo integre, no sólo como un instrumento de su desarrollo, sino también como un vehículo a través del cual alcanzar los fines que la Constitución le impone [en el mismo sentido, aunque con relación a la definición del modelo de sistema tributario aplicable, STC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 3 c)].
g) De la evolución legislativa que ha experimentado el modelo de relaciones laborales a lo largo de estos últimos treinta años, se puede extraer una clara conclusión: cada norma que lo ha modulado representa una opción legislativa diferente como un instrumento al servicio de una concreta política económica y social del Gobierno y Parlamento de cada momento, respecto de la cual no es suficiente la mera discrepancia política para destruir su presunción de constitucionalidad (STC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 3). No es función de este Tribunal enjuiciar si las soluciones adoptadas en la Ley impugnada son las más correctas técnicamente, o si constituye la más oportuna de entre las distintas alternativas posibles para la consecución de los fines pretendidos, sino únicamente si se ajustan a los mandatos, reglas y principios que la Constitución impone, por lo que «[n]o resulta ocioso reiterar que toda opción legislativa, por discutible que para algunos pueda ser, resulta admisible desde el punto de vista constitucional siempre que respete las reglas que la Constitución establece» (STC 20/2013, de 31 de enero, FJ 3). En suma, «no corresponde a este Tribunal interferirse en el margen de apreciación que corresponde al legislador democrático ni examinar la oportunidad de la medida legal para decidir si es la más adecuada o la mejor de las posibles, sino únicamente examinar si la decisión adoptada es plenamente irrazonable o carente de toda justificación o, por el contrario, entra dentro del margen de configuración del que goza en ejercicio de su libertad de opción» (STC 17/2013, de 31 de enero, FJ 11).
3. Aclarado lo que antecede, para resolver las dudas de constitucionalidad que se plantean en el recurso seguiremos el orden que marca la ley impugnada. Hemos de comenzar, pues, nuestro enjuiciamiento con la impugnación del apartado 3 del art. 4 («Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores») de la Ley 3/2012, de 6 de julio, en el que, con referencia al régimen jurídico de este nuevo contrato de trabajo, se establece que la duración del período de prueba para el mismo será «de un año en todo caso». Para los recurrentes tal previsión, referida a la duración del período de prueba, vulneraría los arts. 14, 24.1, 35.1 y 37.1, todo ellos de la Constitución, por los motivos que a continuación se van a ir detallando.
a) Con carácter previo al análisis del apartado impugnado, es necesario señalar que el art. 4 de la Ley 3/2012 ha sido objeto de modificación por el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, en el sentido de permitir la celebración a tiempo parcial del contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, adaptando a tal fin los incentivos fiscales y de Seguridad Social previstos en la norma. En la medida que la modificación operada en el precepto impugnado no se refiere al aspecto aquí controvertido, relativo exclusivamente a la duración del período de prueba, ninguna afectación del objeto del presente proceso constitucional se ha producido, debiendo pronunciarnos, en consecuencia, sobre los aspectos planteados en la demanda.
b) Consideran los recurrentes, que se ha producido la lesión del derecho al trabajo (art. 35.1 CE) por la afectación de los principios de estabilidad en el empleo y de causalidad de la extinción contractual, vulneración que es negada por el Abogado del Estado al considerar que la duración del período de prueba resulta razonable.
Este motivo de impugnación ha sido resuelto por la STC 119/2014, de 16 de julio, en la que hemos rechazado que el precepto impugnado vulnere el art. 35.1 CE en tanto que la previsión cuestionada relativa a la duración del período de prueba constituye una medida que cuenta con una justificación legitimadora, y resulta razonable y proporcionada en atención a los fines perseguidos por el legislador con su establecimiento.
En este sentido, hemos advertido, en primer lugar, que dentro de un escenario de grave crisis económica, la medida controvertida persigue como finalidad incentivar la contratación indefinida, sobre todo de los colectivos de desempleados más vulnerables (jóvenes, mujeres en ciertos casos y mayores de 45 años). En segundo lugar, que tiene, como el propio contrato de trabajo en el que se inserta, un carácter excepcional y limitado en el tiempo, pues sólo podrá aplicarse hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 por 100. En tercer lugar, que posee un alcance limitado en tanto que se aplica sólo en empresas de pequeñas dimensiones, en las que hay mayores reticencias para optar por la contratación indefinida por la dificultad de afrontar eventuales riesgos económicos. En cuarto lugar, que se trata de una medida integrada en un contrato en el que los beneficios que reporta al empleador (deducciones fiscales y bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social) se condicionan a la estabilidad en el empleo del trabajador contratado y al mantenimiento del nivel de empleo del resto de la plantilla de la empresa contratante. Y, en fin, que tal medida se acompaña de otras que pretenden atemperar el aspecto más gravoso que para el trabajador tiene un período de prueba de mayor duración, como son, de un lado, la eventual compatibilización del salario con la prestación de desempleo o el mantenimiento del derecho a su percepción a la finalización, y, de otro, y esto es lo más relevante, que a la superación del mayor período de prueba se le anuda el carácter indefinido de la relación laboral. Todo ello, permite afirmar que aun cuando el precepto impugnado faculta al empleador la rescisión unilateral ad nutum del contrato durante un período más amplio del previsto con carácter general en la normativa laboral, sin embargo, se cumple en este caso con el requisito de la proporcionalidad. En efecto, a la vista del carácter excepcional y temporal de la medida, su limitado alcance, así como su finalidad de fomentar la contratación y el empleo estable (sobre todo de los desempleados con mayores dificultades ocupacionales) durante una situación de crisis económica, cabe apreciar que concurre la proporción exigible entre el sacrificio que a las garantías del trabajador supone la adopción de la medida y los beneficios, individuales y colectivos, que la misma reporta. Además, la medida puede calificarse, igualmente, como necesaria e idónea para la consecución de la legítima finalidad pretendida (creación de empleo estable), puesto que es un incentivo para que las pequeñas empresas elijan la fórmula de la contratación indefinida, al ofrecérseles, como contrapartida, la oportunidad de rescindir libremente el contrato durante un año, permitiéndoles durante tal período de tiempo no sólo constatar las aptitudes profesionales del trabajador contratado, sino también verificar si el puesto de trabajo que se crea con carácter indefinido resulta viable económicamente. Tal circunstancia resulta particularmente relevante en el actual contexto económico, ya que, como apunta el Abogado del Estado, esta disposición permite que las pequeñas empresas puedan hacer uso de esta modalidad contractual para ponderar los riesgos económicos asociados a la suscripción del contrato.
En definitiva, incluso admitiendo que el legislador podría haber adoptado otras medidas alternativas a la aquí cuestionada, lo cierto es que, desde la estricta perspectiva constitucional, la fijación de un periodo de prueba de un año en el contrato de trabajo previsto en el art. 4.3 de la Ley 3/2012 no vulnera el art. 35.1 CE, pues, «en términos razonables y proporcionados pretende favorecer el acceso de desempleados a un puesto de trabajo estable, en el marco de una excepcional coyuntura de emergencia, caracterizada por elevadísimos niveles de desempleo, en ejecución del mandato que a los poderes públicos dirige el art. 40.1 CE» [STC 119/2014, de 16 de julio, FJ 3 f)].
c) A juicio de los recurrentes, el art. 4.3 de la Ley 3/2012 vulnera también el art. 37.1 CE por establecer una regulación indisponible para la negociación colectiva, infracción rechazada por el Abogado del Estado al considerar que el precepto constitucional no impide su carácter imperativo.
Esta impugnación ha sido también resuelta en la STC 119/2014, en la que hemos tenido la oportunidad de indicar que el carácter imperativo de la regulación legal impugnada (sobre la duración del período de prueba de un año y su consiguiente indisponibilidad para la negociación colectiva) goza de una justificación legítima, razonable y proporcionada, dado que «[l]a configuración legal como norma de derecho necesario absoluto de la duración del período de prueba de un año en el contrato por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores actúa como garantía hábil para evitar que, a través de la negociación colectiva, se pueda reducir o eliminar el potencial incentivo a la contratación indefinida que mediante esta medida ha querido introducir el legislador», razón por la cual, la decisión legislativa impugnada contribuye «a impedir que la actuación de la autonomía colectiva pueda frustrar el legítimo y ya comentado objetivo de creación de empleo estable que se pretende alcanzar a través de esta modalidad contractual y su régimen jurídico». Por ello, a la vista de la finalidad y alcance de la previsión cuestionada, y una vez ponderados los intereses constitucionales en juego, alcanzamos la conclusión de que «no puede tildarse de lesiva del art. 37.1 CE la decisión del legislador de establecer en un año la duración del período de prueba del contrato por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, con el carácter de norma imperativa indisponible para la negociación colectiva» [apartado b) del fundamento jurídico 3 C)].
d) Para los recurrentes, el art. 4.3 de la Ley 3/2012 infringe también el art. 24.1 CE por impedir un efectivo control judicial sobre la decisión empresarial y no conllevar resarcimiento para el trabajador. El Abogado del Estado lo niega, al ser posible la revisión con el alcance que lo permite la propia naturaleza de la institución del período de prueba.
Este motivo de impugnación también ha sido rechazado en nuestra STC 119/2014, de 16 de julio, en la que hemos descartado la infracción del art. 24.1 CE sobre la base de que las decisiones empresariales de desistimiento adoptadas al amparo del citado art. 4.3 son revisables antes los Jueces y Tribunales cuando no se ajusten al régimen jurídico establecido en la Ley o se hayan adoptado por motivos discriminatorios o contrarios a los derechos fundamentales del trabajador. Tal y como advertimos en esa Sentencia, el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) no garantiza el acceso a la jurisdicción para exigir una justificación causal del desistimiento empresarial o una indemnización derivada del mismo, al ser exigencias que la norma sustantiva no contempla en la configuración del período de prueba [FJ 3 D)].
e) Finalmente, los recurrentes sostienen que el art. 4.3 impugnado vulnera el art. 14 CE, en tanto que al no reconocer indemnización a los trabajadores en caso de desistimiento empresarial durante el período de prueba, se estaría dispensando una diferencia de trato injustificada a los trabajadores indefinidos con período de prueba con relación a los trabajadores contratados temporalmente, quienes, por regla general, sí tienen derecho a ella. Según el Abogado del Estado, se impone la desestimación de este motivo al no existir un derecho constitucional al tratamiento diferenciado.
Los recurrentes cuestionan un efecto jurídico del período de prueba cuya regulación no se efectúa en el art. 4.3 impugnado, sino en las normas a las que se remite, únicas a las que, en su caso, podría imputarse el vicio de inconstitucionalidad. Con independencia de ello, este nuevo reproche de inconstitucionalidad tampoco puede ser acogido dado que los recurrentes no ofrecen un término válido de comparación para efectuar el juicio de igualdad. Efectivamente, los colectivos de trabajadores que se contrastan se rigen por regímenes jurídicos diversos, resultando plenamente diferenciadas las modalidades contractuales a las que unos y otros están sometidos. Con todo, la no atribución de indemnización al trabajador por el desistimiento empresarial no supone una diferencia de trato contraria al art. 14 CE, sino que es una consecuencia intrínseca de la propia institución del período de prueba común a todos los contratos de trabajo. Debe desestimarse, por tanto, también este último motivo de impugnación del art. 4.3 de la Ley 3/2012, de 6 de julio.
4. El siguiente reproche de constitucionalidad se atribuye por los Diputados recurrentes al apartado primero del art. 12 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, precepto que bajo el rótulo «Modificación sustancial de condiciones de trabajo», da nueva redacción al art. 41 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), referido a la modificación sustancial de condiciones de trabajo. Hay que indicar, no obstante, que el reproche de inconstitucionalidad no se dirige a la totalidad del contenido del art. 41 LET en su nueva redacción, sino que sólo se cuestiona, como aclaran los recurrentes, la facultad de modificación atribuida al empresario en el apartado 5 de ese precepto (en conexión con su apartado 4) respecto a las «modificaciones colectivas» de condiciones de trabajo (es decir, las que afectan a un determinado número de trabajadores de la empresa en un lapso de tiempo de noventa días, según señala el apartado 2 del mismo precepto). El cuestionado apartado 5 reza de la siguiente manera: «La decisión sobre la modificación colectiva de las condiciones de trabajo será notificada por el empresario a los trabajadores una vez finalizado el período de consultas sin acuerdo y surtirá efectos en el plazo de los siete días siguientes a su notificación». En suma, queda fuera de nuestro enjuiciamiento el examen de la regulación de las «modificaciones de carácter individual», esto es, de aquellas modificaciones que en el período de referencia establecido legalmente no alcancen los umbrales señalados para las «modificaciones colectivas», y cuyo procedimiento se encuentra previsto en el apartado tercero del citado art. 41, por no haber sido impugnado por los recurrentes.
a) Imputan los recurrentes al art. 12.1 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, en primer lugar, la infracción del art. 37.1 CE y, por derivación, del art. 28.1 CE, al permitir que el empresario pueda alterar unilateralmente las condiciones de trabajo previstas en acuerdos o pactos colectivos. Por el contrario, el Abogado del Estado la niega sobre la base de la distinta naturaleza de tales pactos.
De entrada, ha de advertirse que la cuestión de fondo que ahora se impugna (la facultad unilateral del empresario de modificación sustancial de condiciones de trabajo) no es una novedad introducida por la Ley 3/2012, de 6 de julio, sino que está presente en nuestro ordenamiento jurídico desde la Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican determinados artículos del estatuto de los trabajadores, y del texto articulado de la Ley de procedimiento laboral y de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. Concretamente, el apartado tercero de su art. 5, bajo el título de «Modificaciones, suspensión y extinción del contrato de trabajo», dio nueva redacción al art. 41 LET («Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo»), suprimiendo, de un lado, la intervención de la autoridad laboral en el procedimiento, y previendo para las modificaciones de carácter colectivo, la apertura de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores, tras cuya finalización, el empresario había de comunicarles su decisión modificatoria. Aunque dicho precepto fue nuevamente alterado tanto por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, como por el posterior Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, esa facultad empresarial de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, cuando no se llega a un acuerdo con los representantes de los trabajadores, se ha mantenido hasta la redacción ahora impugnada, que es objeto del presente recurso de inconstitucionalidad.
Los «acuerdos o pactos colectivos» a los que se refiere el art. 41 LET, cuya posibilidad de modificación unilateral por el empresario se discute en el recurso, son los conocidos como «extraestatutarios» o «de eficacia limitada» (STC 121/2001, de 4 de junio, FJ 5), es decir, los celebrados al margen de la específica regulación contenida en el título III del estatuto de los trabajadores sobre los convenios colectivos (conocidos como convenios «estatutarios»), a los que se reconoce legalmente eficacia erga omnes (art. 82.3 LET). Esta afirmación se deduce de lo establecido en el art. 41.6 LET, que dispone que «[l]a modificación de las condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos regulados en el Título III de la presente Ley deberá realizarse conforme a lo establecido en el artículo 82.3», y en consecuencia, no por el cauce del art. 41 LET ahora examinado.
Hecha la observación que antecede y como hemos señalado con anterioridad en el fundamento jurídico 2 de esta Sentencia, el art. 37.1 CE hace un llamamiento a la ley para garantizar el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios, pero sin imponer al legislador la adopción de una concreta opción para llevar a efecto el mandato que contiene. Y el legislador ordinario, en cumplimiento de tal mandato, ha optado por reconocer un «plus de eficacia» a los convenios colectivos «estatutarios» por su carácter erga omnes (STC 108/1989, de 8 de junio, FJ 2). De esta manera, los denominados pactos «extraestatutarios», al no cumplir las exigencias subjetivas, objetivas y procedimentales impuestas por el título III del estatuto de los trabajadores, carecen de la eficacia general o erga omnes que caracteriza a los convenios «estatutarios» (esto es, los que se celebran conforme a la específica regulación de ese título III de la LET), gozando únicamente de una eficacia personal limitada o reducida a los trabajadores y empresarios representados en la negociación. Los pactos «extraestatutarios» se rigen, pues, «por la regla general del Derecho común de la contratación, a tenor de la cual, los contratos producen efectos sólo entre las partes que los otorgan (art. 1257 del Código civil)», de modo que «[l]a lógica contractual comporta aquí que el acuerdo resulte tan sólo vinculante respecto de aquellos sujetos que han conferido un poder de representación para fijar colectiva y concretamente las condiciones laborales» (STC 121/2001, de 4 de junio, FJ 5).
En definitiva, tanto los convenios colectivos estatutarios, como los denominados «pactos extraestatutarios«, son producto del ejercicio del derecho a la negociación colectiva laboral entre representantes de los trabajadores y empresarios, reconocido en el art. 37.1 CE, siendo predicable de unos y otros, por lo tanto, la «fuerza vinculante» a la que ese precepto constitucional también se refiere. Sobre esta base, es claro que la medida legal controvertida incide en el citado derecho constitucional al permitir la inaplicación de los citados pactos extraestatutarios por decisión del empresario. Ahora bien, que exista una injerencia en el mismo no supone, por sí misma, que sea inconstitucional, pues puede resultar legítima si cuenta con una justificación razonable y proporcionada al fin perseguido.
En este sentido, y con relación a la justificación de la norma, advierte la exposición de motivos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, que el precepto cuestionado se dirige a favorecer la flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo, buscando el reajuste de la organización productiva para adaptarla a la cambiante situación económica. La norma facilita, entonces, el ajuste racional de las estructuras productivas a las sobrevenidas circunstancias del mercado, fruto de la variable situación económica, con el objetivo de procurar el mantenimiento del puesto de trabajo en lugar de su destrucción, atendiendo así a fines constitucionalmente legítimos, como son garantizar el derecho al trabajo de los ciudadanos (art. 35.1 CE), mediante la adopción de una política orientada a la consecución del pleno empleo (art. 40.1 CE), así como la libertad de empresa y la defensa de la productividad (art. 38 CE). En consecuencia, la limitación del derecho a la negociación colectiva mediante la atribución de la facultad de modificar las condiciones de trabajo pactadas extraestatutariamente, se justifica en la consecución de fines consagrados en la Constitución.
Contando la medida controvertida con una justificación razonable desde el punto de vista constitucional, para comprobar si guarda la necesaria proporcionalidad con el fin pretendido, es necesario constatar si cumple las tres condiciones siguientes: a) si es idónea o adecuada para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo perseguido por ella (juicio de idoneidad); b) si la medida idónea o adecuada es, además, necesaria, en el sentido de que no exista otra menos lesiva para la consecución de tal fin con igual eficacia (juicio de necesidad), debiendo tenerse en cuenta, a este respecto, que compete al legislador la realización del juicio de necesidad, y que el control constitucional en estos casos es limitado, pues se ha de ceñir a comprobar si se ha producido un sacrificio patentemente innecesario de los derechos que la Constitución garantiza, y c) si la medida idónea y menos lesiva resulta ponderada o equilibrada, por derivarse de su aplicación más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o intereses en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto) [en este sentido, entre otras, SSTC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 8, y 48/2005, de 3 de marzo, FJ 7).
Es necesario precisar brevemente los condicionantes a los que el art. 41 LET somete el ejercicio de la facultad empresarial de modificación unilateral de las condiciones de trabajo fijadas extraestatutariamente. La citada facultad empresarial, en primer lugar, no puede afectar a los convenios colectivos sino sólo a pactos «extraestatutarios» o «de eficacia limitada». En segundo lugar, se concibe únicamente como alternativa al fracaso de la negociación previa y preceptiva con los representantes de los trabajadores. En tercer lugar, no excluye la posibilidad de acudir a aquellos otros procedimientos específicos establecidos en la negociación colectiva para llevar a cabo esas modificaciones. En cuarto lugar, tampoco impide a las partes acordar la sustitución de esa negociación previa por un procedimiento de mediación o arbitraje. En quinto lugar, no permite al empresario adoptar la decisión de forma discrecional, sino exclusivamente cuando concurran «probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción» (apartado 1). En sexto lugar, se atribuye al trabajador en determinados casos y cuando acredite la concurrencia de un perjuicio, la posibilidad de rescindir el contrato con derecho a percibir una indemnización. Y, en último lugar, la decisión empresarial queda sujeta, en todo caso, al control judicial ante la jurisdicción social, al ser impugnable tanto colectivamente (conflicto colectivo), como individualmente (acción individual).
De lo anterior cabe deducir que la medida supera el juicio de idoneidad al ser adecuada para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo perseguido por ella, esto es, evitar la destrucción del puesto de trabajo mediante su adaptación a las concretas circunstancias que atraviese la empresa. También supera el juicio de necesidad pues, al margen de que los recurrentes no ofrecen como alternativa la existencia de otra medida menos lesiva que permita la consecución de aquel fin con la misma eficacia, no se advierte que se haya producido con la medida elegida por el legislador un sacrificio patentemente innecesario de los derechos que la Constitución garantiza, a la vista de los condicionantes a los que se somete el ejercicio de la facultad empresarial de modificación, y, en concreto, al concebir la modificación unilateral del empresario como un recurso sólo permitido ante el fracaso de los preceptivos mecanismos previos de negociación o transacción con los representantes de los trabajadores. Y, en fin, también supera el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, pues se trata de una medida que resulta ponderada, no sólo por los límites y garantías a las que la ha sometido el legislador, sino también por derivarse de su aplicación más ventajas para el derecho al trabajo que perjuicios para el derecho a la negociación colectiva.
Debe rechazarse, en definitiva, la inconstitucionalidad del art. 12.1 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, desde esta perspectiva.
b) Alegan también los recurrentes que el apartado primero del art. 12 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, vulnera el art. 24.1 CE, al considerar que la laxitud de las causas justificativas para proceder a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo extraestutariamente acordadas propicia que la decisión unilateral del empresario escape de todo posible control, impidiéndose así el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva. A juicio del Abogado del Estado, no cabe apreciar esta infracción al prever la ley un control judicial pleno de esas decisiones empresariales.
Hay que subrayar que el art. 41 LET (en la redacción dada por el art. 12.1 impugnado) establece, por un lado, que el trabajador que «se muestre disconforme con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción social», en cuyo caso, «[l]a sentencia declarará la modificación justificada o injustificada y, en este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones» (apartado 3), con el abono de daños y perjuicios (art. 138 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social), o, en su caso, con derecho a la extinción indemnizada del contrato de trabajo [arts. 41.3 y 50.1.a) LET]. Y, por otro lado, que contra las decisiones modificativas «se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual», aunque «[l]a interposición del conflicto paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta su resolución» (apartado 5). Como puede observarse, el precepto impugnado somete la decisión empresarial al control judicial ante la jurisdicción social, en todo caso, al ser reclamable la decisión modificativa tanto individual como colectivamente, por lo que, como apunta el Abogado del Estado, no cabe apreciar limitación objetiva o subjetiva del enjuiciamiento judicial de la decisión del empresario adoptada al amparo del art. 41 LET impugnado.
En cuanto a la alegada «laxitud» de las causas justificativas hay que recordar que el art. 41 LET prevé la posibilidad de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo cuando «existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción», aclarando después que «[s]e consideran como tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica del trabajo en la empresa». Esta definición actual de las causas justificativas tiene su origen, en una parte, en el art. 41 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del estatuto de los trabajadores (que permitía la modificación de las condiciones de trabajo cuando existiesen «probadas razones técnicas, organizativas o productivas»), y, en otra parte, en la modificación operada en ese art. 41, por la Ley 11/1994, de 19 de mayo (que la permitía cuando concurriesen «probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción»).
Dicho lo que antecede, es necesario señalar que, en contra de lo que afirman los recurrentes, la redacción del precepto impugnado no impide un control judicial pleno y efectivo, tanto de la concurrencia de la causa (cuya prueba, como señala el precepto, corresponde al empresario que adopta la medida), como de la justificación de la modificación realizada, convirtiendo el ejercicio de la facultad en una actuación reglada y, por tanto, no discrecional, de cara a evitar un uso empresarial torticero de la facultad otorgada. No cabe duda, además, que en la interpretación de la norma recurrida se puede tomar en consideración la definición de las «razones económicas, técnicas, organizativas y de producción» que se lleva a cabo en otros preceptos del estatuto de los trabajadores (en la redacción que les ha dado la propia Ley 3/2012, de 6 de julio), como son: el art. 47 (en materia de suspensión del contrato o reducción de jornada), el art. 51 (con relación al despido colectivo) o, en fin, el art. 82.3 (respecto de la inaplicación de condiciones de trabajo pactadas en convenio colectivo). De esta manera, el legislador no sólo ha orientado suficientemente la labor del aplicador, sino que ha otorgado suficientes elementos valorativos para la realización de un control judicial de la aplicación de la norma, como se ha dicho, pleno y efectivo.
Debe desestimarse, por tanto, la inconstitucionalidad del art. 12.1 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, al no vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE.
5. El siguiente precepto impugnado es el apartado primero del art. 14 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, que bajo el título «Negociación colectiva» da nueva redacción al apartado 3 del art. 82 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), que regula el procedimiento de inaplicación en la empresa de condiciones de trabajo pactadas en convenio colectivo, comúnmente conocido como «descuelgue» (y así calificado expresamente por el apartado IV de la propia exposición de motivos de la Ley 3/2012). Consideran los recurrentes que esta norma vulnera tanto el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios (art. 37.1 CE), como el derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE), al permitir la inaplicación del convenio por decisión de un tercero ajeno a los sujetos que lo pactaron, así como el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por no existir el debido control judicial de la medida adoptada. El Abogado del Estado las niega, a la vista del régimen jurídico que rige la intervención de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y al ser revisable judicialmente su decisión.
a) Ante todo, hemos de comenzar precisando que aunque en este proceso se recurre formalmente el apartado primero del citado art. 14, en realidad no se cuestiona todo el procedimiento de inaplicación de condiciones de trabajo en él previsto, sino tan sólo el párrafo octavo del nuevo art. 82.3 LET en el que se atribuye una función decisoria dirimente a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u órganos correspondientes de las comunidades autónomas. Así las cosas, aunque con posterioridad a la aprobación de la Ley 3/2012, se ha modificado el precepto impugnado por el art. 9.5 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes del orden económico y social (que tras su convalidación ha dado lugar a la Ley 1/2014, de 28 de febrero), tal circunstancia no afecta al objeto del presente recurso, pues la modificación operada no atañe a la intervención de la citada Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u órganos correspondientes de las comunidades autónomas en el procedimiento de inaplicación previsto en el art. 82.3 LET, sino sólo a la determinación de los sujetos legitimados para actuar en representación de los trabajadores durante los períodos de consulta para la adopción del acuerdo de inaplicación.
b) Hay que indicar que las cuestiones planteadas en este proceso con relación al art. 14.1 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, han sido resueltas por la STC 119/2014, de 16 de julio, a la que hemos de remitirnos.
En la citada resolución hemos rechazado que el precepto impugnado resulte inconstitucional por infracción del derecho a la negociación colectiva y a la fuerza vinculante de los convenios (art. 37.1 CE) y del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE). En este sentido, hemos indicado, de un lado, que la medida legislativa cuestionada se dicta en un contexto de grave crisis económica con el objetivo de favorecer la flexibilidad interna de la empresa como alternativa a la destrucción del empleo o al cese de una actividad productiva, atendiendo, de este modo, a un fin constitucionalmente legítimo, cual es, tanto el de garantizar el derecho al trabajo de los ciudadanos (art. 35.1 CE) mediante la adopción de una política orientada a la consecución del pleno empleo (art. 40.1 CE), como la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general (art. 38 CE) [apartado a) del fundamento jurídico 5 A)].
De otro lado, hemos considerado también que la norma impugnada resulta razonable y proporcionada, teniendo en cuenta que la intervención controvertida de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u órgano autonómico correspondiente constituye un remedio subsidiario que en modo alguno desplaza o suplanta a la negociación colectiva o al ejercicio de la libertad sindical. Antes al contrario, opera cuando los diferentes cauces de solución del conflicto previstos en la norma se han mostrado como inservibles y, por tanto, como un remedio ante el fracaso de la negociación colectiva, con el exclusivo objetivo de evitar que la situación de bloqueo entre las partes quede abocada al enquistamiento, con grave peligro para la estabilidad de los puestos de trabajo o, incluso, de la propia viabilidad de la empresa. La decisión se atribuye, además, a un órgano colegiado de composición tripartita y paritaria, que está formado por representantes de la Administración General del Estado y de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, habiendo establecido la normativa los mecanismos precisos para garantizar su independencia e imparcialidad. Junto a tales circunstancias, también hemos valorado que la posibilidad de inaplicación de condiciones de trabajo discutida se encuentre sujeta, tanto a limitaciones causales (concurrencia de razones económicas, técnicas, organizativas y de producción), materiales (al poder afectar en exclusiva a las materias especificadas en el precepto impugnado) y temporales (su duración no podrá prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en la empresa afectada), cuanto a un posterior control jurisdiccional [apartado b) del fundamento jurídico 5 A)].
En suma, a la vista del régimen jurídico aplicable a la intervención de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos prevista en la norma impugnada —en concreto, las restricciones y límites a las que se encuentra sujeta— y tras llevar a cabo la pertinente ponderación de los intereses constitucionales en conflicto y de sus respectivos sacrificios, hemos rechazado en la STC 119/2014 la vulneración de los arts. 37.1 y 28.1 de la Constitución, en tanto que «el precepto legal impugnado contempla una medida razonable, que supera las requeridas exigencias de proporcionalidad, en aras de preservar los bienes constitucionales protegidos en los arts. 35.1, 38 y 40.1 CE» [apartado b) del fundamento jurídico 5 A)], sin que, además, pueda impedir la anterior conclusión (como postulan los recurrentes) lo mantenido por este Tribunal con relación a los arbitrajes públicos obligatorios en la STC 11/1981, de 8 de abril, en tanto que la norma impugnada en el presente proceso constitucional presenta sustanciales diferencias respecto a la que en su día fue examinada por aquélla Sentencia [apartado c) del fundamento jurídico 5 A)].
c) Finalmente, en cuanto a la eventual infracción del art. 24.1 CE, esta cuestión ha sido también resuelta en la STC 119/2014, de 16 de julio, en la que hemos tenido la oportunidad de señalar que «el art. 82.3 ET, párrafo octavo, somete expresamente la decisión arbitral de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos del órgano autonómico correspondiente a un control judicial que no se limita a aspectos externos o procedimentales; se extiende también a aspectos de fondo del asunto objeto de la decisión o arbitraje, pues más allá del enjuiciamiento sobre el cumplimiento de los requisitos y formalidades del desarrollo de la actuación arbitral, así como de la valoración sobre el carácter ultra vires de la resolución emitida, la revisión por parte de los órganos judiciales alcanza también a impugnaciones fundadas, no sólo en motivos de lesividad a terceros, sino también de ilegalidad, sin establecerse precisiones respecto a esta última causa». Por ello, declaramos que «no cabe excluir que esa intervención judicial derivada del art. 82.3 LET permita a los tribunales ordinarios efectuar un control pleno sobre la decisión o laudo arbitral en aquellos aspectos jurídicos que, por su naturaleza, puedan ser objeto de la competencia y conocimiento jurisdiccional. Así entendida, por tanto, la intervención de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u órgano autonómico correspondiente prevista en la norma impugnada —con carácter subsidiario, como ya se dijo—, en cuanto trámite previo al proceso es plenamente compatible con el art. 24.1 CE; en ningún caso excluye el ulterior conocimiento jurisdiccional de la cuestión y su fin resulta proporcionado y justificado», ya que no es otro que procurar una solución extraprocesal de la controversia. Por todo ello, concluimos en la citada Sentencia que «interpretado el precepto en el sentido de que cabe un control judicial pleno sobre la adecuación normativa de la decisión o laudo arbitral de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas, acotado a los aspectos jurídicos propios del conocimiento de la jurisdicción, incluido el control sobre la concurrencia de las causas y la adecuación a ellas de las medidas adoptadas», había de descartarse que el párrafo octavo del art. 82.3 LET, en la redacción dada por el art. 14.uno de la Ley 3/2012, de 6 de julio, resultase contrario al derecho a la tutela judicial reconocido en el art. 24.1 CE [FJ 5 A)].
6. El siguiente precepto impugnado es el apartado tercero, en conexión con el apartado segundo, del art. 14 («Negociación colectiva») de la Ley 3/2012, de 6 de julio, por el que se da nueva redacción al art. 84.2 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (LET), en el que se declara que, en determinadas materias, «[l]a regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior», y, además, que los acuerdos interprofesionales y convenios o acuerdos colectivos sectoriales «no podrán disponer de la prioridad aplicativa» citada. Tal previsión vulnera, a juicio de los recurrentes, los arts. 28.1 y 37.1, ambos de la Constitución, dado que supondría la postergación de la negociación colectiva de los representantes sindicales (contenido básico de la libertad sindical), por la llevada a cabo por representantes no sindicales, esto es, por los comités de empresa y los delegados de personal (cuya representatividad no se asienta en la libertad sindical, sino en el derecho de participación en la empresa de los trabajadores que los eligen), y que conforme al texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores pueden negociar los convenios de empresa cuya preferencia aplicativa se reconoce. Entienden igualmente que tal medida legislativa carecería de objetividad y de proporcionalidad al suponer la exclusión del protagonismo de los interlocutores sociales o del «espacio que por naturaleza» les corresponde en la negociación colectiva. Por su parte, el Abogado del Estado considera que la Constitución no impone al legislador un modelo de negociación colectiva en el que se maximice la posición de los sindicatos, ni le obliga a establecer una estructura centralizada de la negociación colectiva en la que los convenios colectivos sectoriales sean los instrumentos preferentes para la fijación de las condiciones de trabajo.
Este Tribunal se ha pronunciado ya respecto a la constitucionalidad del precepto impugnado y, más concretamente, con relación a la prioridad aplicativa del convenio de empresa desde la perspectiva de los derechos a la negociación colectiva (art. 37.1 CE) y a la libertad sindical (art. 28.1 CE). En la STC 119/2014, de 16 de julio, ha concluido que «siendo incuestionable que la descentralización de la negociación colectiva constituye un objetivo que el legislador puede legítimamente pretender, atendiendo a las consideraciones de política social y económica que estime relevantes, la modificación introducida por el art. 14.3 de la Ley 3/2012 en el art. 84.2 LET, tanto en lo relativo a la posibilidad de negociación de convenios de empresa dotados de prioridad aplicativa en cualquier momento de la vigencia de un convenio sectorial de ámbito superior, como en lo referido a la prohibición de acuerdos interprofesionales y a los convenios colectivos sectoriales de disponer de tal prioridad aplicativa, no vulnera el derecho a la negociación colectiva y a la fuerza vinculante de los convenios (art. 37.1 CE), ni tampoco la libertad sindical (art. 28.1 CE)» [FJ 6 f)].
Ahora bien, a la vista de los argumentos esgrimidos en el presente recurso de inconstitucionalidad por los recurrentes y sin perjuicio de la conclusión anterior, es necesario entrar ahora a dar respuesta concreta a las diferentes afirmaciones que los recurrentes realizan en defensa de la inconstitucionalidad del precepto impugnado.
a) Los recurrentes basan sus dudas de constitucionalidad, en principio, en la dicotomía entre los dos tipos de representación de los trabajadores y su diferente posición y garantía constitucionales, postulando la existencia de un modelo de negociación colectiva en el que prevalece la negociación sindical, en detrimento de la protagonizada por otros representantes de los trabajadores. Pero, como ya hemos indicado en el fundamento jurídico 2 de esta Sentencia, al que ahora nos remitimos, tal punto de partida no se acomoda al reconocimiento constitucional del derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE), pues este no se constriñe al ámbito de la acción sindical, sino que se reconduce genéricamente al de los «representantes de los trabajadores».
Partiendo de ello y de que el derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE) es de configuración legal, al legislador le corresponde ordenar los resultados del proceso de negociación y determinar las reglas de concurrencia y articulación de los convenios, pudiendo ampliar o restringir el margen de intervención de la autonomía colectiva en función de la opción que en cada momento considere más oportuna. Y en tal sentido, el art. 14.3 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, que da nueva redacción al art. 84.2 LET, haciendo uso el legislador del amplio margen de libertad otorgado por la Constitución para la configuración legal del ejercicio del derecho a la negociación colectiva, ha optado por declarar la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre los de ámbito superior, atribuyéndole un plus de eficacia, como una medida de flexibilidad interna, alternativa a la destrucción de empleo, a través de la cual pueden adaptarse las condiciones de trabajo que se identifican como más cercanas a la realidad de la empresa a las circunstancias concretas por las que ésta atraviesa. Esta opción legal no es nueva, pues había sido recogida, aunque con carácter dispositivo para los convenios de ámbito superior, por el Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, con el fin de acomodar las relaciones laborales al entorno económico y productivo en el que se desenvuelven. Asimismo, por esta opción de «descentralización» de la negociación colectiva se había ya decantado el II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012, 2013 y 2014, suscrito el 25 de enero de 2012 por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, en el que se insta al desarrollo por medio de los convenios sectoriales, de las reglas de articulación de la estructura de la negociación colectiva que apuesten por la descentralización, propiciando la negociación en la empresa, a iniciativa de las partes afectadas, exclusivamente en las materias a las que hace referencia (salarios, tiempo de trabajo, clasificación profesional, aspectos de las modalidades de contratación, medidas de conciliación laboral, así como aquellas otras materias previstas en los acuerdos interprofesionales y convenios sectoriales), por entender que es ése el ámbito más adecuado para configurarlas.
En tal línea, la norma impugnada parte de la consideración de la empresa como un espacio especialmente propicio para la negociación colectiva de cara a la fijación de las condiciones de trabajo que resulten ajustadas a las concretas características y necesidades de la empresa y sus trabajadores, razón por la cual, dota de prioridad aplicativa al convenio de empresa fruto de esa negociación (entre los representantes de los trabajadores –delegados de personal, comités de empresa, o secciones sindicales– y la empresa), sobre los de ámbito superior (negociados entre las representaciones sindicales y empresariales más representativas en sus respectivos ámbitos).
b) Como ha quedado señalado en los antecedentes, los recurrentes reconocen en su recurso que la medida adoptada responde a un objetivo constitucionalmente legítimo, como es el de facilitar una negociación de las condiciones laborales en el nivel más cercano y adecuado a la realidad de las empresas y de los trabajadores. Sin embargo, consideran que el legislador, sin perjuicio de dar prioridad aplicativa al convenio de empresa, podía haber optado por fórmulas menos lesivas del derecho a la negociación colectiva y de la fuerza vinculante del convenio, bien dejando abierta la posibilidad de excluir esa prioridad aplicativa en determinados ámbitos, o estableciendo cauces de comunicación entre los órganos de administración del convenio superior y los negociadores del nuevo convenio de empresa.
Pues bien, habiendo aceptado los recurrentes la existencia de una justificación legitimadora de la medida controvertida, han circunscrito realmente el debate a la intensidad de la incidencia (proporcionalidad) en el ejercicio del derecho a la negociación colectiva exclusivamente desde el punto de vista sindical. No obstante, y antes de analizar la incidencia que tiene la medida desde la perspectiva del derecho a la libertad sindical, conviene recordar que desde la perspectiva del derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE), ya hemos señalado en la STC 119/2014 [FJ 6 e)] que tan legítima resulta desde el punto de vista constitucional la opción legislativa que otorgue prioridad a la negociación colectiva de ámbito superior a la empresa, como aquella otra que considere oportuno dar preferencia aplicativa al convenio de empresa para ajustar las condiciones de trabajo a la concreta realidad y necesidades de la entidad empresarial.
Ciertamente, cabe precisar que resulta tan legítima la una como la otra porque, antes que suponer un límite o condicionante del derecho a la negociación colectiva, no hacen sino promover su ejercicio a un diferente nivel. El legislador ha optado por dar preferencia al resultado de una negociación descentralizada sobre el resultado de una negociación centralizada, en uno y otro caso, entre los «representantes de los trabajadores» y los empresarios, asumiendo como de mayor validez el criterio de la cercanía del representante a la empresa, sobre el de su lejanía, cuando se trata de regular condiciones de trabajo afectantes a determinadas materias. Por lo demás, la prioridad aplicativa del convenio de empresa, ni imposibilita la negociación colectiva de ámbito superior sobre las materias respecto de las cuales se prevé tal prioridad, ni resta eficacia normativa a la regulación sectorial ya existente, que seguirá siendo de aplicación en todas las empresas de su ámbito que no aprueben su propio convenio colectivo con fundamento en el nuevo art. 84.2 LET.
En consecuencia, desde la estricta perspectiva del derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE), no es posible apreciar que el legislador haya incidido de una forma negativa en el citado derecho al dar prioridad aplicativa, en determinados casos, a lo pactado por los representantes de los trabajadores a nivel de empresa, pues, como ya ha quedado dicho, este precepto constitucional no ha reservado a los sindicatos, en exclusiva, el derecho a la negociación colectiva sino que ha optado por un «amplio reconocimiento» de su titularidad, sin hacer distinciones entre los representantes sindicales y aquéllos otros que no lo sean.
c) Desde la óptica de la negociación colectiva como expresión de la acción sindical, tampoco es posible advertir la infracción del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE) que se alega en el presente proceso constitucional. Aunque, como hemos señalado con anterioridad, la negociación colectiva forma parte del derecho de libertad sindical, concebido como medio primordial de acción sindical para el cumplimiento de los fines constitucionalmente reconocidos a los sindicatos en el art. 7 CE, sin embargo, esta afirmación «resulta, sin duda alguna, compatible con la configuración legal del ejercicio del derecho a negociar» (por todas, STC 224/2000, de 2 de octubre, FJ 4).
En efecto, desde el punto de vista legal, el art. 84.2 LET impugnado no impide, en sus respectivos ámbitos y conforme a las normas legales que rigen la materia, que los sindicatos con mayor representación negocien convenios sectoriales, ni tampoco que las secciones sindicales lo hagan en el ámbito de la empresa. Antes al contrario, los convenios de empresa cuya prioridad aplicativa declara la norma impugnada pueden negociarse tanto por los representantes unitarios (comité de empresa o delegados de personal) como por las secciones sindicales que tengan presencia en los citados órganos de representación unitaria y, sumando la mayoría de sus miembros, así lo acuerden, siendo, además, su intervención prioritaria a la de los restantes representantes unitarios (art. 87.1 LET).
En consecuencia, de la misma manera que hemos admitido como una opción constitucionalmente válida, que no vulnera el art. 28.1 CE, el que la legitimación para negociar determinados convenios colectivos se restrinja a organizaciones sindicales que acrediten un cierto nivel de representatividad y no a otras, «allí donde el legislador ha querido dotar al acuerdo resultante de unos determinados y específicos efectos jurídicos» (STC 224/2000, de 2 de octubre, FJ 4), igual de válida es la opción legislativa ahora discutida de priorizar los efectos de la negociación de las condiciones de trabajo a nivel empresarial, permitiendo así dotar de mayor eficacia a los pactos alcanzados, no sólo por las secciones sindicales, sino también por los delegados de personal y comités de empresa, con independencia de que estén o no sindicalizados, tanto más cuanto ese plus de eficacia no imposibilita a los sindicatos la negociación colectiva de eficacia general ni impide, por tanto, el ejercicio de una de sus funciones esenciales.
En suma, de lo que antecede se concluye ahora que ninguno de los argumentos esgrimidos por la parte recurrente en el presente proceso constitucional tiene fuerza para desvirtuar la conclusión alcanzada en la STC 119/2014, de 16 de julio, en la que entonces concluimos, y ahora debemos insistir, que el art. 14.3 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, no vulnera el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios (art. 37.1 CE), ni tampoco la libertad sindical (art. 28.1 CE), teniendo en cuenta que no existe un modelo constitucional predeterminado de negociación colectiva; que respecto de esta última el legislador tiene libertad de configuración para fijar su estructura y ordenación, y que del Texto Fundamental no se deduce tampoco que la negociación colectiva sindical haya de tener prioridad absoluta sobre la negociación colectiva realizada por otros representantes de los trabajadores (FJ 6).
7. Los diputados recurrentes impugnan también el apartado tercero del art. 18 («Extinción del contrato de trabajo») de la Ley 3/2012, de 6 de julio, que da nueva redacción al art. 51 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), que, bajo el título de «Despido colectivo», habilita al empresario, tras la sustanciación de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores (apartado 2), a la extinción de los contratos de trabajo, siempre que concurran «causas económicas, técnicas, organizativas o de producción» (apartado 1). Los recurrentes no denuncian la inconstitucionalidad de todo el precepto impugnado, sino sólo la definición que se realiza de las citadas causas «económicas, técnicas, organizativas o de producción» en su apartado primero, que consideran que, por su indefinición, vulnera tanto el derecho a no ser despedido sin una justa causa (art. 35.1 CE), como el derecho a un control judicial efectivo sobre la causalidad del despido (art. 24.1 CE). A juicio del Abogado del Estado, sin embargo, no se ha producido ninguna de las vulneraciones denunciadas, en la medida que las causas de despido se encuentran suficientemente definidas y permiten el posterior control jurisdiccional sobre su concurrencia, razonabilidad y proporcionalidad.
a) Comenzando por la denunciada vulneración del art. 35.1 CE, consideran los recurrentes que la nueva redacción dada al art. 51.1 LET prescinde del elemento de causalidad en la delimitación de los motivos económicos y empresariales del despido, pues ha suprimido la obligación empresarial de acreditar la concurrencia de la causa extintiva y de justificar que de ella se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva.
El derecho al trabajo (art. 35.1 CE) no se agota en la libertad de trabajar, sino que en su vertiente individual, se concreta, entre otras cosas, «en el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, en el derecho a no ser despedido sin justa causa» (STC 192/2003, de 27 de octubre, FJ 4; y también STC 22/1981, de 2 de julio, FJ 8). Ahora bien, en la medida en que la regulación de las relaciones de trabajo se ha deferido por la Constitución al legislador (STC 20/1994, de 27 de enero, FJ 2), es a éste a quien corresponde la determinación de las causas de extinción del contrato (AATC 429/1983, de 28 de septiembre, FJ 2; y 57/1985, de 24 de enero, FJ 4), no siendo nuestra función la de «enjuiciar la oportunidad o conveniencia de la elección hecha por el legislador para valorar si es la más adecuada o la mejor de las posibles» (STC 198/2012, de 6 de noviembre, FJ 11), sino únicamente la de determinar si la opción asumida por el legislador en el ejercicio de la competencia que le atribuye el texto constitucional sobrepasa o no el margen razonable de libertad que le reconoce el art. 35 CE.
Pues bien, el legislador, en el ejercicio de su libertad de configuración, introdujo la figura del «despido colectivo» en la reforma operada en los arts. 49.9 («Extinción del contrato») y 51 («Despido colectivo») de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del estatuto de los trabajadores, por la Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican determinados artículos del estatuto de los trabajadores, y del texto articulado de la Ley de procedimiento laboral y de la Ley sobre infracciones y sanciones del orden social. Su exposición de motivos señala que «[c]uando la necesidad de extinción tiene carácter colectivo y se encuentra basada en crisis de funcionamiento de la actividad empresarial, en ella confluyen elementos de transcendental importancia, vinculados tanto a los derechos de los individuos como a las posibilidades de supervivencia de las empresas, los cuales, según las soluciones que se adopten, pueden llegar a afectar, en épocas de especiales dificultades, a la propia viabilidad, incluso, de los sistemas económicos y sociales» (7 párrafo del apartado 3). A tal fin, tipificó un despido causal, basado en «causas económicas, técnicas, organizativas y de producción» (art. 49.9 LET), que se entendía que concurrían «cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya, si las aducidas son económicas, a superar una situación económica negativa de la empresa o, si son técnicas, organizativas o de producción, a garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la misma a través de una más adecuada organización de los recursos» (art. 51.1 LET).
Tras sufrir la regulación del «despido colectivo» (art 51 LET) sucesivas modificaciones, la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, precisó el alcance de las expresiones utilizadas, debido a la existencia de «algunas deficiencias en el funcionamiento de las vías de extinción … al desplazar muchas extinciones de contratos indefinidos realmente basadas en motivaciones económicas o productivas hacia la vía del despido disciplinario improcedente» (decimosegundo párrafo del apartado II, de su exposición de motivos). Así, disponía en su art. 2 que concurrían «causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo», a cuyos efectos, «la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado». Y se entendía «que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado», a cuyos efectos, «la empresa deberá acreditar la concurrencia de alguna de las causas señaladas y justificar que de las mismas se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para contribuir a prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación de la misma a través de una más adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda».
Finalmente, la Ley 3/2012, de 6 de julio, objeto del presente proceso constitucional, ha modificado nuevamente el contenido al art. 51 LET, concretamente y en lo que ahora interesa, para suprimir la mención específica a la prueba de la concurrencia de la causa y a la acreditación de la razonabilidad de la decisión extintiva, al considerar que «tales referencias incorporaban proyecciones de futuro, de imposible prueba, y una valoración finalista de estos despidos, que ha venido dando lugar a que los tribunales realizasen, en numerosas ocasiones, juicios de oportunidad relativos a la gestión de la empresa», cuando «el control judicial de estos despidos debe ceñirse a una valoración sobre la concurrencia de unos hechos: las causas» (octavo párrafo del apartado V). De esta manera se sigue definiendo el «despido colectivo» como la extinción de contratos de trabajo que se funde en «causas económicas, técnicas, organizativas o de producción» (apartado primero), para entender que concurren «causas económicas» cuando «de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas», precisando, además, que «[e]n todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior»; concurren «causas técnicas» cuando «se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción»; concurren «causas organizativas» cuando «se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción»; y concurren «causas productivas» cuando «se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado».
Según lo que antecede, no puede afirmarse que el precepto impugnado haya consagrado un despido colectivo no causal o ad nutum, como defienden los recurrentes, basado en un libérrimo arbitrio o discrecionalidad empresarial, sino que ha condicionado la decisión extintiva, como ha sucedido desde sus orígenes, a la concurrencia «fundada» de una causa «económica», «técnica», «organizativa» o «productiva», cuyo contenido y alcance delimita, con el objeto de facilitar tanto la aplicación de la norma (por el empresario con los representantes legales de los trabajadores en el período de consultas), como el posterior control judicial de la decisión extintiva en función de las circunstancias concurrentes. La supresión específica de las referencias que hacía la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, a la prueba de la concurrencia de la causa y a la acreditación de la razonabilidad de la decisión extintiva, ni desdibuja las causas extintivas, ni introduce una mayor discrecionalidad empresarial de cara a la adopción de la decisión sino, antes al contrario, suprime espacios de incertidumbre en la interpretación y aplicación de la norma generados por unas previsiones legales, tan abiertas en su contenido como abstractas en sus objetivos, que en ocasiones, podían llegar a constituir la exigencia de una prueba diabólica, de hechos negativos, por las dificultades para demostrar que la decisión extintiva servía «para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado» o «para contribuir a prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación de la misma» en orden a favorecer «su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda». Y la nueva redacción no otorga mayor espacio a la discrecionalidad empresarial que la anterior en la adopción de una decisión extintiva, sino que, atendiendo a las exigencias derivadas del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), dota de mayor certidumbre al contenido de la decisión, tanto de cara a su aplicación, como al posterior control, tanto más cuando la norma, en primer lugar, exige que la decisión esté «fundada» en alguna de las causas que delimita (art. 51.1 LET), y, en segundo lugar, impone al empresario un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores en el que debe entregarles no sólo «una memoria explicativa de las causas del despido colectivo», sino también «toda la información necesaria para acreditar las causas motivadoras del despido colectivo» (art. 51.2 LET). En suma, en contra de lo mantenido por los recurrentes, la norma impugnada no prescinde del elemento de causalidad del despido, sino que dota a la definición de las causas extintivas de una mayor objetividad y certidumbre, al evitar la realización de juicios de oportunidad y valoraciones hacia el futuro de incierta materialización.
En consecuencia, no es posible apreciar que la nueva delimitación de lo que ha de entenderse por «causas económicas, técnicas, organizativas o de producción» vulnere el art. 35.1 CE.
b) Consideran también los recurrentes que la indefinición de las causas legales impide un control judicial efectivo sobre la causalidad del despido (art. 24.1 CE). Sin embargo, como ya hemos señalado, no es cierto que la regulación controvertida incurra en un grado de indefinición tal que impida un control judicial pleno y efectivo sobre la medida adoptada por el empresario, pues dicho control se extiende tanto sobre la concurrencia de la causa (cuya prueba corresponde al empresario que adopta la medida), como de la razonabilidad de la decisión extintiva adoptada, convirtiendo el ejercicio de la facultad en una actuación reglada y, por tanto, no discrecional, de cara a evitar un uso empresarial torticero de la facultad otorgada. Hay que insistir en que el art. 51.2 LET obliga al empresario, en la apertura del período de consultas con los representantes de los trabajadores, a comunicarles «la información necesaria para acreditar las causas motivadoras del despido colectivo», información (o falta de ella) que permite luego realizar al órgano judicial un control efectivo tanto sobre la concurrencia de la causa, como sobre la adecuación a la decisión extintiva.
A lo anterior hay que añadir, además, que en nuestro ordenamiento, por estar en juego el derecho al trabajo (art. 35.1 CE), «rige el principio general de la limitación legal del despido, así como su sujeción para su licitud a condiciones de fondo y de forma» (STC 192/2003, de 27 de octubre, FJ 4), lo que supone que «[l]a aplicación judicial del Derecho es, como toda interpretación, realización de valor, esto es, una elección entre varias valoraciones posibles hacia cuyos principios aquélla se orienta», debiendo acomodarse la interpretación y aplicación de la legalidad por parte de los órganos judiciales a los principios y valores que la Constitución, como norma suprema de todo el ordenamiento jurídico, consagra (STC 192/2003, de 27 de octubre, FJ 4). Es, pues, al juez, a quien corresponde apreciar la concurrencia de una causa real y verosímil, que por ser justa, esto es, por ajustada a la razón, legitima la decisión empresarial extintiva de la relación laboral, dentro de los parámetros normativos que le ha otorgado el legislador, en el ejercicio de las competencias que la Constitución le ha atribuido (art 35.2 CE).
En suma, debe rechazarse que el apartado tercero del art. 18 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, vulnere el art. 24.1 CE.
8. Para los Diputados recurrentes, el apartado octavo del art. 18 («Extinción del contrato de trabajo») de la Ley 3/2012, de 6 de julio, que da nueva redacción al art. 56.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores y, por conexión, el apartado primero del art. 23 de la misma Ley («De las modalidades procesales»), que modifica el art. 110.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, son contrarios a los arts. 35.1 y 14, ambos de la Constitución.
a) El art. 56.2 LET, en la redacción que le ha dado el art. 18.8 impugnado, dispone que «[e]n caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación». Por su parte, el art. 110.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, en la redacción dada por el art. 23.1 cuestionado, señala que «[s]i el despido se declara improcedente, se condenará al empresario a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, así como al abono de los salarios de tramitación». Con esta nueva regulación, en el supuesto de que un despido se califique como improcedente, el empresario tiene el derecho a optar entre readmitir al trabajador en su puesto de trabajo con abono de los salarios de tramitación (salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de notificación de la Sentencia) o a la extinción del contrato exclusivamente con entrega de la correspondiente indemnización legal. Sin embargo, en el caso de que se tratase de representantes legales de los trabajadores o delegados sindicales, la opción por la readmisión o por la extinción de la relación laboral correspondería a éstos, con derecho a la percepción de los correspondientes salarios de tramitación en todo caso (art.18.9 de la Ley 3/2012).
El art. 57 LET limita la cuantía de los salarios de tramitación, cuya responsabilidad correspondería asumir al empresario conforme al art. 56.2 LET. Dispone que «[c]uando la sentencia que declare la improcedencia del despido se dicte transcurridos más de sesenta días hábiles desde la fecha en que se presentó la demanda» el empresario podrá reclamar del Estado el abono de los satisfechos al trabajador por el tiempo «que exceda de dichos sesenta días»; responsabilidad empresarial de pago de los salarios de tramitación que se ha ampliado hasta los noventa días por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (apartado primero de la disposición final decimocuarta). Por otra parte, el art. 209.4 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (en la redacción que le ha dado la disposición final quinta de la Ley 3/2012, de 6 de julio), dispone que cuando el empresario opte por extinguir la relación laboral en los supuestos de despido, su decisión se entenderá «como causa de situación legal de desempleo», sin que el ejercicio de la acción contra el despido impida que se produzca el nacimiento del derecho a la prestación por desempleo.
La regulación del art. 56 LET que ahora se cuestiona encuentra su origen en el Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad (declarado inconstitucional por la STC 68/2007, de 28 de marzo, por ausencia del presupuesto habilitante ex art. 86.1 CE), que modificaba el art. 56 LET para establecer, cuando el despido fuese declarado improcedente, la opción empresarial por la readmisión con abono de los salarios dejados de percibir o la extinción del contrato con abono de una indemnización. Acto seguido, la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, derogó el anterior Real Decreto-ley 5/2002, y modificó nuevamente el art. 56 LET, recuperando la figura del salario de tramitación para el supuesto de extinción del contrato de trabajo en los despidos improcedentes. Ha sido entonces la modificación operada en ese mismo art. 56 LET por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, la que ha reintroducido, en el caso de despidos improcedentes, la opción empresarial por la readmisión con abono de los salarios dejados de percibir o la extinción del contrato con abono de una indemnización, opción finalmente asumida por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, cuya modificación del art. 56 LET, en conexión con la de art. 110.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, constituye uno de los objetos del presente recurso de inconstitucionalidad.
b) Consideran los diputados recurrentes que al limitar los apartados cuestionados el derecho a la percepción de los salarios de tramitación exclusivamente al supuesto en que el empresario opte por la readmisión del trabajador tras la declaración de la improcedencia del despido, se está favoreciendo la extinción definitiva de la relación laboral en contra de la estabilidad en el empleo que proclama el art. 35.1 CE. Para el Abogado del Estado, sin embargo, se trata de una opción legislativa que no puede calificarse de irrazonable.
El motivo de inconstitucionalidad ahora planteado ha sido rechazado recientemente por este Tribunal en el ATC 43/2014, de 12 de febrero, con relación al art. 56.2 LET, en su redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, cuyo contenido se reproduce en el art. 18.8 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, ahora cuestionado. Como hemos declarado en la citada resolución, hay que rechazar que la decisión del legislador de mantener en los despidos improcedentes la tradicional opción entre la readmisión del trabajador con abono de los salarios de tramitación o el pago de una indemnización económica adecuada vulnere el art. 35.1 CE, puesto que tal opción legislativa entra dentro del margen de libertad de configuración de las relaciones laborales que le es atribuida a aquél por la Constitución.
Ciertamente, hay que insistir en que la regulación de las relaciones de trabajo se ha deferido por la Constitución al legislador (STC 20/1994, de 27 de enero, FJ 2), a quien corresponde, con un amplio margen de decisión, la fijación de los efectos de la extinción del contrato de trabajo (AATC 429/1983, de 28 de septiembre, FJ 2, y 57/1985, de 24 de enero, FJ 4). De esta manera, es al legislador a quien le compete concretar, en función de las circunstancias económicas y sociales concurrentes, el alcance de los efectos que derivan de la declaración de improcedencia de un despido en orden a la readmisión del trabajador o a la extinción definitiva del contrato laboral y, por tanto, a quien compete articular el ejercicio de las facultades empresariales y la protección de los derechos del trabajador.
El legislador ha regulado las causas de extinción del contrato de trabajo y sus efectos en los arts. 46 a 57 LET. Concretamente, y en lo que al despido declarado improcedente se refiere (no así en el despido calificado como nulo), el art. 56 LET ha previsto como efectos, a elección del empresario (salvo cuando se trata de representantes legales de los trabajadores o de delegados sindicales), la readmisión del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir (desde la fecha de despido hasta la notificación de la Sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo), o la extinción del contrato de trabajo (desde la fecha del cese efectivo en el trabajo) con abono de una indemnización (equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio hasta un máximo de veinticuatro mensualidades). La modificación de los costes asociados al despido y, en concreto, la supresión por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de la obligación de pago de los salarios de tramitación que, de conformidad con la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, se venían abonando no sólo en caso de readmisión sino también en los supuestos de extinción del contrato de trabajo, se justifica por su exposición de motivos (penúltimo párrafo del apartado V), «en que el tiempo de duración del proceso judicial no parece un criterio adecuado para compensar el perjuicio que supone la pérdida del empleo, máxime teniendo en cuenta que el trabajador puede acceder a la prestación de desempleo desde el mismo momento en que tiene efectividad la decisión extintiva». Y, además «los salarios de tramitación actúan, en ocasiones, como un incentivo para estrategias procesales dilatorias, con el añadido de que los mismos acaban convirtiéndose en un coste parcialmente socializado, dada la previsión de que el empresario podrá reclamar al Estado la parte de dichos salarios que exceda de 60 días».
Según lo que antecede, hemos de recordar una vez más que no es nuestra función la de «enjuiciar la oportunidad o conveniencia de la elección hecha por el legislador para valorar si es la más adecuada o la mejor de las posibles» (STC 198/2012, de 6 de noviembre, FJ 11), sino únicamente determinar si la opción asumida en el ejercicio de la competencia que le atribuye el texto constitucional sobrepasa o no el margen razonable de libertad que le reconoce el art. 35 CE. Y a este respecto hemos de señalar que, como hemos podido comprobar, la opción legislativa controvertida, en el marco en que se inserta, cuenta con una justificación que no puede tacharse de arbitraria o irrazonable. De esta manera, la forma en que ha quedado configurado el derecho empresarial de opción una vez dictada la resolución judicial que califica el despido como improcedente, con independencia de que dicha opción pueda hacer más o menos atractiva, en función de circunstancias diversas, la elección de uno de sus términos, cuenta con una justificación que, no pudiendo calificarse de irrazonable, debe ser considerada como suficiente para legitimarla desde la estricta perspectiva que nos ocupa. En efecto, como ya hemos tenido la oportunidad de señalar, «condicionar el derecho a la percepción de los salarios de tramitación a la vigencia de la relación laboral, reconociendo dicho derecho al trabajador que, por causa de la readmisión, debe entenderse que ha mantenido en todo momento en vigor su relación laboral con la empresa, pese a no haber prestado servicios efectivos por causa a él no imputable, mientras que no se le reconoce a aquel cuyo contrato de trabajo ha quedado definitivamente extinguido en la fecha del despido, constituye una opción que el legislador ordinario puede legítimamente adoptar sin vulnerar las exigencias del principio de igualdad» (SSTC 84/2008, de 21 de julio, FJ 7; y 122/2008, de 20 de octubre, FJ 7) y, debemos añadir ahora, sin vulnerar tampoco el derecho al trabajo del art. 35.1 CE.
Debe rechazarse, en consecuencia, que el apartado octavo del art. 18, y, por conexión, el apartado primero del art. 23, ambos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, vulneren el art. 35.1 CE.
c) Añaden los Diputados recurrentes que los apartados cuestionados contradicen también el art. 14 CE al consagrar una diferencia de trato injustificada y desproporcionada, lesión que debe ser rechazada, según el Abogado del Estado, al haber sido ya descartada por este Tribunal en precedentes Sentencias.
Es doctrina constante de este Tribunal que para poder efectuar un juicio de igualdad es imprescindible tener un término de comparación válido (STC 219/2013, de 19 de diciembre, FJ 5), para lo cual es necesario, antes que nada, precisar si las situaciones subjetivas son efectivamente comparables o cotejables [SSTC 148/1986, de 25 de noviembre, FJ 6 a); 29/1987, de 6 de marzo, FJ 5 c); y 139/2005, de 26 de mayo, FJ 6]. Sin embargo, en el primer término de comparación ofrecido por los recurrentes (empresarios que optan por la readmisión frente a los que eligen la extinción del contrato), se pretenden comparar las consecuencias jurídicas derivadas del ejercicio de una opción personal, para cuestionar el pretendido trato desigual derivado del ejercicio de dicha opción en uno y otro sentido. Ciertamente, la diferente situación en la que eventualmente pueden quedar colocados los empresarios una vez ejercitado su derecho opción, difícilmente puede afectar al principio de igualdad. Nos encontramos, entonces, ante términos de comparación no homogéneos o inidóneos que impiden efectuar el juicio de igualdad.
Pero es que, por otra parte, respecto de la diferencia de trato que se generaría, según los recurrentes, entre los propios trabajadores, según la opción empresarial se ejercite en uno u otro sentido, esto es, por la readmisión con abono de los salarios de tramitación o por la extinción del contrato de trabajo con indemnización y acceso a la prestación por desempleo, pero sin abono de los salarios de tramitación, no cabe sino reafirmar, como acabamos de recordar en el apartado anterior, que «condicionar el derecho a la percepción de los salarios de tramitación a la vigencia de la relación laboral, reconociendo dicho derecho al trabajador que, por causa de la readmisión, debe entenderse que ha mantenido en todo momento en vigor su relación laboral con la empresa, pese a no haber prestado servicios efectivos por causa a él no imputable, mientras que no se le reconoce a aquel cuyo contrato de trabajo ha quedado definitivamente extinguido en la fecha del despido, constituye una opción que el legislador ordinario puede legítimamente adoptar sin vulnerar las exigencias del principio de igualdad» (SSTC 84/2008, de 21 de julio, FJ 7, y 122/2008, de 20 de octubre, FJ 7. En el mismo sentido, STC 143/2008, de 31 de octubre, FJ 3).
Debe rechazarse también que el apartado octavo del art. 18, y, por conexión, el apartado primero del art. 23, ambos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, vulneren el art. 14 CE.
9. Los recurrentes impugnan también la disposición adicional tercera de la Ley 3/2012, de 6 de julio («Aplicación del artículo 47 texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, en el Sector Público»), que añade una nueva disposición adicional 21 al Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido del estatuto de los trabajadores (LET), conforme a la cual, lo previsto en el art. 47 LET —que se refiere a la «Suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor»— «no será de aplicación a las Administraciones Públicas y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos, salvo a aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado».
Por los motivos que han sido recogidos más ampliamente en los antecedentes de esta Sentencia, los recurrentes sostienen que la norma impugnada vulnera el art. 14 CE (al dispensar al personal laboral que presta servicios en la Administración pública una diferencia de trato injustificada y desproporcionada), así como los arts. 35.1, 23.2 y 103.3, todos ellos de la Constitución, al conducir la medida a la reducción del empleo en lugar de a la reestructuración de plantilla. Niega el Abogado del Estado tales infracciones, ante la falta de un término de comparación válido, dada la existencia de una causa justificativa del diferente trato y al no verse afectado en este caso el derecho a la estabilidad en el empleo.
a) Comenzando con el examen de la vulneración del art. 14 CE, se hace preciso recordar, en primer lugar, que «el legislador cuenta con un amplio margen de discrecionalidad a la hora de configurar el estatus del personal que presta sus servicios en las Administraciones públicas» (SSTC 57/1990, de 29 de marzo, FJ 2; 110/2004, de 30 de junio, FJ 4; 330/2005, de 15 de diciembre, FJ 6; y 120/2010, de 24 de noviembre, FJ 5). A partir de aquí, hay que señalar que, conforme reiterada doctrina de este Tribunal, el principio de igualdad en la ley impone al legislador el deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad que, desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca de justificación objetiva y razonable [SSTC 172/2012, de 4 de octubre, FJ 4; y 61/2013, de 14 de marzo, FJ 4 a)]. Ahora bien, «el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica» (STC 160/2012, de 20 de septiembre FJ 7), sobre todo si de lo que se trata es de establecer una diferenciación basada en la existencia de distintas categorías personales a las que se atribuyen distintos regímenes jurídicos. Por tanto, para poder efectuar un juicio de igualdad es imprescindible tener un término de comparación válido (STC 219/2013, de 19 de diciembre, FJ 5), para lo cual no sólo es necesario precisar si las situaciones subjetivas son efectivamente comparables o cotejables, sino si el legislador ha atribuido a un mismo grupo o categoría personal creado por él mismo unas consecuencias jurídicas diversas sin introducir un factor diferencial [SSTC 148/1986, de 25 de noviembre, FJ 6 a); 29/1987, de 6 de marzo, FJ 5 c); y 139/2005, de 26 de mayo, FJ 6].
En el primer supuesto que plantean los recurrentes (diferencia de trato entre el personal laboral que presta servicios en la Administración pública y el resto del personal sometido a la legislación laboral), es patente que el término de comparación utilizado no es idóneo para efectuar un juicio de igualdad, al tratarse de grupos o categorías personales diferentes, a saber: de un lado, el personal laboral de la Administración pública, que no sólo se rige por la legislación laboral común, sino también, en su condición de «empleados públicos» por normas administrativas y laborales contenidas en el estatuto básico del empleado público, aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril; de otro lado, el personal laboral de las empresas privadas que está sujeto a la legislación laboral común, esto es, principalmente, el estatuto de los trabajadores.
En el segundo supuesto citado por los recurrentes (diferencia de trato entre el personal laboral que presta su servicios en la Administración pública y el que los presta en entidades que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado), hay que precisar, antes que nada, que el «sector público administrativo» se integra, fundamentalmente, por la Administración General del Estado, los organismos autónomos dependientes de ella, así como por las entidades cuya actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual y no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales obtenidos como contraprestación de las entregas de bienes y prestaciones de servicios [art. 3.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria (LGP)].
Por su parte, el «sector público empresarial» del Estado, está integrado, entre otros entes, por las «entidades públicas empresariales» [art. 3.2 a) LGP] y por las «sociedades mercantiles estatales» [art. 3.2 b) LGP]. Las primeras, son entidades «dependientes de la Administración General del Estado, o de cualquiera otros organismos públicos vinculados o dependientes de ella» [art. 2.1 c) LGP], que se configuran como «Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propias vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas», quedando sujetas al Derecho administrativo «cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación» [art. 2.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común]. Se trata, en consecuencia, de «Organismos públicos a los que se encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación» (art. 53.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración del Estado), que se rigen, principalmente, «por el Derecho privado» (art. 53.2 LOFAGE), y en las que el personal a su servicio (no funcionario) «se rige por el Derecho laboral» (art. 55.1 LOFAGE). Son entidades tales como el «Administrador de Infraestructuras Ferroviarias» (ADIF), los «Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea» (AENA), la «Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia» (CNMC), la «Comisión Nacional del Mercado de Valores» (CNMV), la «Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda» (FNMT-RCM), o el «Instituto de Crédito Oficial» (ICO).
Las segundas, esto es, las «sociedades mercantiles estatales» [art. 2.1 e) LGP], aunque forman parte del sector público empresarial estatal [art. 3.2 b) LGP], no son Administraciones públicas (art. 2.2 de la Ley 30/1992), de manera que «se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y de contratación»[disposición adicional 12 de la Ley de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado (LOFAGE) y art. 166 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones públicas]. Se trata de entidades cuya actividad principal consiste en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual, que se financian mayoritariamente con ingresos comerciales obtenidos como contraprestación de las entregas de bienes y prestaciones de servicios que efectúan, y que dependen mayoritariamente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Son los casos, por ejemplo, de la «Corporación de Radio y Televisión Española» (RTVE), el «Grupo Correos», el Grupo «Hulleras del Norte» (HUNOSA), la «Empresa Nacional de Mercados Centrales de Abastecimiento» (MERCASA), la «Empresa Nacional de Residuos Radiactivos» (ENRESA) o la «Empresa de Transformación Agraria» (TRAGSA).
Las precedentes aclaraciones realizadas sobre la organización del sector público estatal, tanto administrativo como empresarial, son trasladables al sector público autonómico o local, con las debidas matizaciones derivadas de la concreta normativa reguladora de su organización institucional en cada uno de sus respectivos ámbitos.
Hecha la precisión que antecede con relación al sector público, tampoco puede admitirse como válida la comparación entre el personal laboral que presta su servicios en el «sector público administrativo» con el personal laboral que presta servicios en el «sector público empresarial», pues como apunta el Abogado del Estado, el factor diferencial entre una y otra categoría de trabajadores se encuentra en la diferente estructura en la que se incardinan, que los convierte en grupos o categorías personales diferentes que admiten la atribución por el legislador de consecuencias jurídicas distintas y, entre ellas, la aplicación o no de las previsiones del art. 47 LET.
En consecuencia, debe rechazarse que la disposición adicional tercera de la Ley 3/2012, de 6 de julio, vulnere el art. 14 CE.
b) Finalmente, respecto a la invocación de los arts. 23.2 y 103.3, en relación con el art. 35.1, todos ellos de la Constitución, hay que convenir con el Abogado del Estado en que esta queja carece de sustantividad propia, en tanto que los recurrentes alegan la infracción de tales preceptos constitucionales únicamente por conexión y como apoyo de la denuncia principal de este motivo de impugnación, a saber, la relativa a la existencia de un trato desigual contrario al art. 14 CE, que en el anterior apartado ya ha sido rechazado.
En cualquier caso, también desde esta nueva perspectiva del derecho a la estabilidad en el empleo de los trabajadores del sector público, el motivo del recurso merece ser desestimado, en la medida en que la inaplicación del art. 47 LET dispuesta en la norma impugnada, no afecta al derecho de acceso, permanencia y ejercicio en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, reconocido en el art. 23.2 CE, ni tampoco a la reserva de Ley en materia de función pública prevista en el art. 103.3 CE.
10. Finalmente, los recurrentes impugnan el apartado segundo («Cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación») de la disposición final cuarta de la Ley 3/2012 («Medidas para favorecer el mantenimiento del empleo de los trabajadores de más edad»). Esta norma da nueva redacción a la disposición adicional 10 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, y dispone que «[s]e entenderán nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, cualquiera que sea la extensión y el alcance de dichas cláusulas». A su juicio, tal precepto es contrario al derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE), a la libertad sindical (art. 28.1 CE), a la prohibición de discriminación (art. 14 CE), así como al derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad (arts. 23.2 y 103.3 CE). Tales infracciones son rechazadas por el Abogado del Estado, sobre la base de la superior posición jerárquica de la ley y teniendo en cuenta la finalidad de la medida adoptada (procurar la viabilidad del sistema de la Seguridad Social).
a) A juicio de los Diputados recurrentes, el excluir de la negociación colectiva la posibilidad de establecimiento de cláusulas de jubilación forzosa, supone una limitación injustificada de la libertad de estipulación de las partes que vulnera el art. 37.1 CE y, por derivación, el art. 28.1 CE, en la medida en que la regulación de esta materia debe ser atribuida, por designio constitucional, a la negociación colectiva, que cuenta con un espacio regulativo propio que no puede ser ahogado ni suprimido por la normativa estatal. Para el Abogado del Estado, por el contrario, la Constitución atribuye amplias facultades al legislador para configurar el régimen de la estabilidad en el empleo, sin imponerle mandato alguno ni para establecer medidas alternativas al despido, ni para concretar las causas de una eventual extinción de las relaciones laborales.
Partiendo de que el derecho a la negociación colectiva es un derecho esencialmente de configuración legal (STC 85/2001, de 26 de marzo, FJ 5), para determinar la validez constitucional de la exclusión del ámbito de la negociación colectiva de las cláusulas de jubilación forzosa debemos analizar si la medida legal controvertida cuenta con una justificación objetiva y razonable, que legitime esta injerencia en el ejercicio del citado derecho.
A tal fin, es preciso recordar, que el derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar, sino que también supone, en su vertiente individual, tanto el derecho a un puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación, como el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo o, lo que es lo mismo, a no ser despedidos si no existe una justa causa (STC 22/1981, de 2 de julio, FJ 8). Dicho esto, es necesario señalar que este Tribunal ha admitido una política de empleo basada en la jubilación forzosa y, por tanto, la posibilidad de que el legislador fije una edad máxima como causa de extinción de la relación laboral, porque aunque suponga una limitación al ejercicio del derecho al trabajo de unos trabajadores, sirve para garantizar el derecho al trabajo de otros, o, lo que es lo mismo, sirve al reparto o redistribución del trabajo (STC 22/1981, de 2 de julio, FJ 8). Y también hemos considerado constitucionalmente válido que el legislador, «modificando la situación preexistente», autorice «a la negociación colectiva a regular una materia que con anterioridad se había considerado excluida de la misma», concretamente, la posibilidad de fijar mediante Convenio un límite temporal del derecho individual al trabajo, ponderando el «equilibrio de los intereses afectados por la permanencia en los puestos de trabajo o la jubilación forzosa» (STC 58/1985, de 30 de abril FJ 7; y también SSTC 95/1985, de 29 de julio; 111/1985, de 11 de octubre; 136/1985, de 11 de octubre; 280/2006, de 9 de octubre y 341/2006, de 11 de diciembre).
Según lo que antecede, podemos afirmar, en primer lugar, que la determinación tanto de la edad como de los efectos de la jubilación en orden a la eventual extinción de la relación laboral es una materia que, en principio, pertenece al ámbito propio de la ley, por estar en juego el ejercicio del derecho al trabajo (art. 35.1 CE), razón por la cual, la Constitución, de un lado, obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva en orden a la participación de todos los ciudadanos en la vida social (art. 9.2 CE), y, de otro, atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos en el ejercicio de los derechos constitucionales (art. 149.1.1 CE). Y, podemos añadir, en segundo lugar, que la consagración constitucional del derecho al trabajo (at. 35.1 CE) determina que el recurso a la edad de jubilación como causa extintiva de la relación laboral opere como una fórmula racional conforme a la cual, en la medida de lo posible y siempre que las circunstancias socio-económicas lo permitan, sea ejercitada como una opción voluntaria del trabajador y no como una imposición del legislador. No hay que descuidar que ya la recomendación núm. 162 sobre los trabajadores de edad de la sexagésima sexta reunión de la conferencia internacional del trabajo de 23 de junio de 1980, tuvo la oportunidad de señalar que debe procurarse que «el paso de un trabajador a la situación de retiro se efectúe voluntariamente» [§21 a) del apartado 4 (Preparación y acceso al retiro)], desiderátum que fue asumido por el conocido como «Pacto de Toledo» que, respecto de la edad de jubilación, señalaba que «sin perjuicio de mantener la edad ordinaria de jubilación en los sesenta y cinco años, resultaría muy aconsejable, en términos financieros y sociales, facilitar la prolongación voluntaria de la vida activa de quienes libremente lo deseen», sobre todo si se tiene en cuenta el aumento de la esperanza de vida lo que tendrá «como lógica consecuencia un aumento del número de pensionistas y del gasto en pensiones» [Recomendación 10 del informe de la ponencia en el seno de la comisión de presupuestos del Congreso de los Diputados sobre la reforma económica de la Seguridad Social de 30 de marzo de 1995 (núm. de expediente 162/000019, «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Congreso de los Diputados, V Legislatura, Serie E: Otros textos, núm. 134, 12 de abril de 1995, págs. 17 y 13, respectivamente]. Esta recomendación fue incorporada al sistema normativo por la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, siendo favorecida para los trabajadores dependientes por La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, para los trabajadores autónomos por la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, y para los empleados públicos por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público.
La situación que ahora se somete a nuestra consideración deriva de que el legislador, en el ejercicio de la competencia que la Constitución le atribuye, modifica la situación preexistente y, en orden a garantizar la plena eficacia del objetivo perseguido con la medida adoptada, excluye esta materia del ámbito de la negociación colectiva, evitando así un posible pacto colectivo sobre la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social en perjuicio del ejercicio individual del derecho. Pues bien, habiendo admitido este Tribunal la legitimidad de una política de empleo basada en la jubilación forzosa como causa de extinción de la relación laboral, porque aun cuando suponga una limitación del ejercicio del derecho al trabajo de unos (vertiente individual), se justificaba constitucionalmente en el objetivo de promover el reparto o redistribución del trabajo facilitando de esta manera el ejercicio del derecho al trabajo de otros (vertiente colectiva), no cabe sino afirmar ahora que otra política de empleo basada en la facilitación de la continuidad en el empleo de quienes habiendo superado la edad legal de jubilación desean continuar con su vida laboral activa, con sustracción, en consecuencia, de esta materia a la potestad negociadora de los representantes de los trabajadores y los empresarios, encuentra perfecto acomodo también a los mandatos y objetivos constitucionales. En efecto, la medida controvertida se legitima constitucionalmente, (i) porque correspondiendo prioritariamente a la Ley la fijación de los límites al ejercicio del derecho al trabajo, ningún reproche se le puede hacer porque el legislador adopte medidas que atiendan preferentemente a la garantía del ejercicio de este derecho, desde la perspectiva de la continuidad o estabilidad en el empleo; (ii) porque la medida adoptada se dirige también a garantizar que la transición a la situación de retiro se efectúe voluntariamente por el trabajador en el ejercicio de su derecho al trabajo y de su opción individual por prolongar una vida laboral activa o pasar a una situación de inactividad total o parcial, y (iii) porque en el contexto socio-económico y del mercado de trabajo en el que se inserta la medida controvertida, caracterizado por una situación de crisis económica agravada por una elevada tasa de desempleo en el que, a la par que se reduce exponencialmente el número de aportantes a la Seguridad Social, aumenta el de dependientes, el objetivo de estimular la continuidad del trabajador en su puesto de trabajo, sirve también para garantizar la protección de un interés general prevalente, como es la salvaguarda de la sostenibilidad del sistema de pensiones, en particular, y la viabilidad del sistema nacional de la Seguridad Social, en general, evitándose «el incremento de los déficits públicos, como consecuencia de los mayores pagos de prestaciones y en especial de las pensiones por jubilación» (Pacto de Toledo, ibídem, pág. 3).
En suma, puesto que la disposición controvertida sirve tanto al ejercicio del derecho individual al trabajo como a la protección del interés general subyacente, queda justificada sobradamente la incidencia que supone en la libertad de estipulación de las partes, razón por la cual, debe rechazarse la vulneración de los arts. 37.1 CE y 28.1 CE por el apartado segundo de la disposición final cuarta de la Ley 3/2012, de 6 de julio.
b) Como se ha indicado en los antecedentes, los diputados recurrentes sostienen además, que el apartado recurrido resulta contrario a los arts. 14 y 37, ambos de la Constitución, por cuanto que se limita injustificadamente a la actividad sindical la regulación de una materia que se permite al empresario en los supuestos de despido colectivo.
Ya hemos señalado anteriormente que el principio de igualdad en la ley impone al legislador el deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran en «situaciones jurídicas iguales» [SSTC 171/2012, de 4 de octubre, FJ 4; y 61/2013, de 14 de marzo, FJ 4 a)], pues «el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica» (STC 160/2012, de 20 de septiembre FJ 7). En efecto, para poder realizar un juicio de igualdad es necesario tener un término de comparación válido (STC 219/2013, de 19 de diciembre, FJ 5), y en el presente caso, el ofrecido por los diputados recurrentes no es homogéneo, pues en modo alguno puede compararse la situación de los trabajadores que ven extinguidos sus contratos por jubilación con la de los trabajadores que son objeto de un despido colectivo. Se trata de dos instituciones jurídicas con notables diferencias en cuanto a la finalidad, las causas que las motivan y los efectos que se les atribuye (acceso a la pensión de jubilación, indemnización por despido, prestación de desempleo o, en su caso, suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social).
Debe rechazarse, en consecuencia, que el apartado segundo de la disposición final cuarta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, vulnere los arts. 14 CE y 37 CE.
c) Por último, denuncian los recurrentes que la norma impugnada contraviene igualmente los arts. 14, 23.2 y 103.3, todos ellos de la Constitución, al provocar una diferencia de trato injustificada entre los empleados de las Administraciones públicas, según tengan la condición de personal laboral o funcionarios públicos, por cuanto para los primeros rige la nueva normativa mientras que los segundos quedan sometidos a un sistema de jubilación obligatoria por imperativo legal, afectando al derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad, pero proyectado sobre el momento de la pérdida de la condición de empleado público.
Tampoco en este supuesto se ofrece un término válido de comparación que permita efectuar un juicio de igualdad pues, como ya hemos tenido oportunidad de señalar frente a una denuncia semejante, estamos ante «regímenes jurídicos distintos, aplicables a situaciones diferentes, es decir, uno estatutario y otro laboral, puesto que no son los mismos los derechos y deberes de uno y otro personal y es razonable esa distinción», tanto más cuanto «la igualdad de trato de funcionarios y trabajadores no se infiere de la Constitución» [STC 99/1987, de 11 de junio, FJ 6 d), y en términos parecidos, STC 57/1982, de 27 de julio, FJ 9], «porque las relaciones laborales a que se refiere y las que se rigen por un sistema estatutario son relaciones jurídicas desiguales a las que no se impone la aplicación del mismo tratamiento» (STC 108/1986, de 29 de julio, FJ 21). En consecuencia, debe desestimarse la vulneración por el apartado segundo de la disposición final cuarta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de los arts. 14, 23.2 y 103.3, todos ellos de la Constitución.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintidós de enero de dos mil quince.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 5610-2012, al que se adhieren la Magistrada doña Adela Asua Batarrita y el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez
1. Primero. Como tuve oportunidad de manifestar durante la deliberación del presente y relevante proceso constitucional, disiento de la decisión finalmente adoptada por razones tanto de método (canon de constitucionalidad utilizado) como de fondo. Dentro del máximo respeto hacia el parecer mayoritario de mis compañeros y por los motivos que expondré, entiendo que la Sentencia de la que me aparto debió de declarar inconstitucionales y nulos los siguientes artículos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma laboral:
a) el art. 12.1, que modifica el art. 41 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET, en adelante), por violación, al introducir un nuevo régimen jurídico, en lo que aquí importa señalar, de las modificaciones sustanciales de trabajo de carácter colectivo, de la garantía constitucional de la fuerza vinculante de los convenios colectivos (art. 37.1 CE) y, por conexión, de la libertad sindical (art. 28.1 CE).
b) el art. 18.3, que da nueva redacción al art. 51.1 LET, por vulneración, al redefinir las causas que habilitan al empresario a adoptar medidas de despido colectivo y, por el juego de la remisión legal enunciada, las que le permiten igualmente acudir a decisiones extintivas de carácter objetivo [art. 50 c) LET], del art. 35.1 CE,
c) los artículos 18.7, que reforma el art. 56.1 LET, y 23.1, que da nueva redacción al art. 110.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social por lesión, al suprimir los salarios de tramitación en el supuesto en que el empresario, una vez declarado judicialmente el despido como improcedente, opte por abonar al trabajador una indemnización, en lugar de readmitirlo, del art. 35.1 CE; y
d) la disposición adicional tercera, que añade al texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores la disposición adicional vigésimo primera, por infracción, al declarar inaplicable el art. 47 LET a las Administraciones públicas y a las entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos, de los arts. 14 y 9.3 CE.
Conforme ya he hecho constar, y ahora reitero, mis objeciones a la sentencia de la que me aparto no solamente tienen un carácter sustantivo, determinante de mi disconformidad con su parte dispositiva, que desestima de manera íntegra el recurso de inconstitucionalidad en su día interpuesto por diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda Plural. Además de por razones materiales, mis desacuerdos alcanzan una segunda vertiente, alusiva al tipo de juicio o canon empleado para rechazar los reproches de inconstitucionalidad elaborados por la parte recurrente en relación con la mayor parte de los preceptos de la Ley impugnada que, en mi opinión, debieron ser declarados no conformes con la Constitución y, por consiguiente, nulos. Unas y otras divergencias serán objeto de la debida atención en los razonamientos que siguen, aun cuando antes de adentrarme en este terreno me parece pertinente efectuar una observación preliminar.
Segundo. No es ésta la primera ocasión en la que el Tribunal Constitucional ha debido pronunciarse sobre la regularidad constitucional de la Ley 3/2012 así como de su antecedente normativo, el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de igual denominación. Con anterioridad, ha emitido dos pronunciamientos. En el primero, se resolvió, a través del ATC 43/2014, de 12 de febrero, la cuestión de inconstitucionalidad 3801-2012, promovida por el Juzgado de lo Social núm. 34 de los de Madrid por un doble orden de motivos: de un lado, por lesión de la mencionada norma de urgencia del art. 86.1 CE y, de otro, por vulneración del art. 18.7 de esta misma norma de los arts. 9.3 y 24.1, en relación con el 35.1, todos ellos de nuestro texto constitucional. En el segundo, se sustanció, mediante la STC 119/2014, de 6 de julio, el recurso de inconstitucionalidad 5603-2012, instado por el Parlamento de la Comunidad Foral de Navarra contra cuatro concretos artículos de la reforma laboral, ya traspuestos de manera íntegra y sin apenas mutaciones a la Ley 3/2012.
En el voto particular que redacté al ATC 43/2012, citado, ya dejé constancia de mis disensos respecto del orden elegido para el conocimiento y solución por el Tribunal Constitucional de los tres procesos constitucionales promovidos contra la reforma laboral de 2012. Como en su momento dejé escrito, el Pleno de este Tribunal debió de haber acordado la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad procediendo en su momento, una vez celebrado el oportuno debate y resuelto el recurso de inconstitucionalidad núm. 5610-2012, a sustanciar los dos restantes, habida cuenta de que las quejas materiales formuladas tanto en la mencionada cuestión de inconstitucionalidad como en el recurso de inconstitucionalidad 5603-2012 también se enunciaban en aquél otro recurso de inconstitucionalidad, en el recurso de inconstitucionalidad 5610-2012, que añadía nuevos reproches.
Las razones en favor de esta sistemática en el tratamiento de los referidos procesos no solo ni tanto residen —que sí— en la conveniencia de atenerse a una regla no escrita de generalizada aplicación por este Tribunal, expresada a veces mediante la técnica de la acumulación. Además de ello y, probablemente, al margen de ello, cabe enunciar motivos más consistentes, basados, en lo esencial, en las notables ventajas que hubiera aportado la prioritaria resolución del recurso de inconstitucionalidad más amplio; es decir, del presente recurso de inconstitucionalidad. Una decisión semejante, al evitar la desagregación y dispersión, hubiera permitido dotar de mayor densidad y unidad argumentativa a los razonamientos acerca de las denunciadas vulneraciones, por parte de la reforma laboral de 2012, de determinados derechos y, más en general, de concretas reglas iusconstitucionales.
Desafortunadamente, la sentencia de la mayoría ha venido a confirmar los problemas metodológicos en su día anunciados. Por lo pronto, la sentencia contiene abundantes referencias, remisiones o reiteraciones a la doctrina sentada en los dos pronunciamientos previos (ver, a título de ejemplo, los fundamentos jurídicos 3, 5 y 6), lo que, de un lado, ha hecho perder a sus rationae decidendi de los atributos de intensidad y originalidad; de otro, ha devaluado la indiscutible relevancia atribuible al recurso de inconstitucionalidad 5610-2012 en razón de tratarse del proceso constitucional de mayor número de tachas; y, finalmente, también ha contribuido a mermar la paralela importancia de esta sentencia, en buena medida reducida a la condición de resolución de aplicación de una jurisprudencia constitucional ya adoptada.
Por otra parte, este modo de haber abordado los complejos procesos constitucionales sobre la reforma laboral de 2012 ha abierto un escenario de incertidumbres, poco conciliable, en mi parecer, con las tareas que este Tribunal tiene encomendadas. Un buen ejemplo de ello lo ofrece el juicio de inconstitucionalidad del art. 84.2 LET. Tras reconocerse que la queja ya fue objeto de examen en la STC 119/2014, la sentencia de la que ahora me aparto, «a la vista de los argumentos esgrimidos en el presente recurso de inconstitucionalidad», opta —de seguro con un buen criterio, basado en una regla de congruencia procesal— por «dar respuesta a las diferentes afirmaciones que los recurrentes realizan» (FJ 6). A pesar de que la sentencia se limita a razonar del modo transcrito, una valoración comparativa de los argumentos y las afirmaciones formulados en el presente RI en relación con los manejados en el recurso de inconstitucionalidad 5603-2012, a fin de defender la inconstitucionalidad de este mismo precepto legal, del art. 84.2 LET, evidencia una falta de coincidencia plena entre ambos.
En un contexto semejante, el escenario que de inmediato hubiera podido hacer acto de presencia puede enunciarse en términos sencillos: en el supuesto de que alguno de los nuevos argumentos hubiera resultado determinante de la inconstitucionalidad y nulidad del art. 84.2 LET, se habría producido, en un breve lapso de tiempo (apenas seis meses), un cambio en la doctrina constitucional. No es éste, sin embargo y en modo alguno, un escenario deseable. Muy antes al contrario, ha de evitarse por numerosas razones, entre otras, y de manera muy señalada, por cuanto hubiera desconocido y dado de lado, de modo innecesario, las exigencias de prudencia y solvencia jurídico-constitucional que en todo momento deben informar nuestra doctrina.
En todo caso, doy aquí por reproducidas todas y cada una de las discrepancias con la conformidad constitucional de cuatro preceptos legales de la Ley 3/2012 que expresé en el voto particular a la STC 119/2014.
2. Primero. Conforme ya he anticipado, mantengo importantes disensos con el tipo de juicio que la sentencia de la mayoría utiliza para fundamentar la regularidad constitucionalidad de los preceptos sometidos a su examen. En este orden de consideraciones, cinco son las reflexiones que me propongo efectuar, alusivas, todas ellas, a los cánones empleados para desestimar las quejas y reproches de inconstitucionalidad. Por lo demás, se trata de reflexiones que se entrelazan y entrecruzan recíprocamente, lo que, al margen de permitirme una exposición concatenada, pide una comprensión integrada.
Segundo. La STC 119/2014 inauguró en los razonamientos de la doctrina de este Tribunal un novedoso canon de constitucionalidad, que la sentencia de la mayoría hace ahora suyo e integra con normalidad. Por enunciar la idea en términos esquemáticos, aunque no simplificadores, estas resoluciones —y, entre ambas, algunas otras— han decidido elevar a la categoría de canon de constitucionalidad el escenario económico adverso que España y, de manera singularizada, los ciudadanos que en ella habitan vienen padeciendo desde hace años. En otras palabras, estas sentencias utilizan la crisis económica como parámetro de valoración constitucional de las medidas limitativas de los derechos constitucionales ubicados en el capítulo II del título I CE —por no hablar de los principios rectores de la política social y económica del capítulo III— acordadas por el legislador. Para eludir el reproche de razonar en el vacío, remito al juicio sobre la conformidad constitucional del período de prueba de la nueva figura del contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores. Es, en efecto, el contexto de la crisis económica el que justifica la restricción de esta medida sobre el art. 35.1 CE o sobre el art. 37.1 CE [FJ 3 b) y c) de la presente Sentencia, que reenvía a la STC 119/2014, FJ 3 f)].Y es esta misma situación la determinante de la desestimación de la vulneración de los arts. 37.1 y 28.1 CE por la nueva regulación del denominado descuelgue salarial [FJ 5 b)].
Conforme ya he anticipado, y ahora argumento, es este un canon bien preocupante, de consecuencias impredecibles para la vigencia en nuestro sistema jurídico de las cláusulas sociales. La premisa implícita en este canon es de rápido enunciado: los derechos sociales constitucionales, aunque no se definan como derechos de prestación, están sujetos a un doble juicio de constitucionalidad: uno primero de carácter ordinario y uno segundo, de naturaleza extraordinaria, que se activa en situaciones de crisis económica. Sin entrar a fondo ni en la crítica a esta premisa-base ni en el análisis de sus consecuencias negativas, no puedo dejar de afirmar que su implantación entre nosotros tiene una devastadora potencialidad sobre el desarrollo y consolidación del Estado Social, al que puede instalar entre paréntesis, poniendo a disposición del legislador ordinario unas facultades que, no es aventurado entender, podrían terminar hermanándose con las atribuidas al legislador constituyente.
Desde luego, la crisis económica puede validar ciertas limitaciones de los derechos sociales constitucionales. Pero tales limitaciones no pueden alterar el contenido esencial de esos derechos; aquel contenido que, como dijera tempranamente la STC 11/1981, FJ 8, define «aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea recognoscible como pertinente al tipo descrito», quedando comprendido en otro y, en razón de ello, desnaturalizado. O por enunciar la idea en los términos recientemente expresados por el Comité Europeo de Derechos Sociales al elaborar las conclusiones sobre las quejas presentadas por nuestras dos organizaciones sindicales más representativas sobre el cumplimiento por la legislación española de la Carta Social Europea [CEDS, Conclusions XX-3 (2014), (Espagne), janvier 2015]: «El Comité considera que las medidas que pretenden consolidar las finanzas públicas, asegurar la viabilidad de los regímenes de pensiones de jubilación o incentivar el empleo podrían estimarse legítimas en tiempos de crisis económica, pero ‘no deben traducirse mediante una reducción de los derechos reconocidos en la Carta’», de modo que los gobiernos deben adoptar las medidas necesarias para lograr que «estos derechos sean efectivamente garantizados…» (comentario al art. 6, pág. 26, de la versión francesa).
El límite de los límites de los derechos constitucionales debe de ser, así pues, único y uniforme, al margen y con independencia del contexto económico, debiendo mantenerse inalterable a resultas del ciclo económico. Ciertamente, el contenido accesorio o no esencial de estos derechos puede acomodarse al entorno económico. Pero esa maleabilidad no es predicable de su contenido esencial que, por su propia configuración, ha de estar dotado de una estabilidad al abrigo de los vaivenes de la coyuntura no solo política sino, además, económica.
Tercero. La segunda reflexión hace referencia a la omisión apreciable sin dificultad alguna en el enunciado y desarrollo de ciertos juicios de constitucionalidad vertidos sobre algunos derechos sustantivos (arts. 35.1 y 37.1 CE).
Es bien sabido —y me parece una banalidad insistir en ello— que el art. 53.1 CE estatuye un límite infranqueable al ejercicio, por el legislador ordinario, de sus poderes normativos sobre los derechos y libertades reconocidos en el capítulo II del título I del texto constitucional; es decir, en los arts. 14 a 38 CE. En suma, el contenido esencial se alza como el «límite de los límites» en la ordenación tanto de los derechos fundamentales y libertades públicas como de los derechos de los ciudadanos.
En razón de ello, el test utilizado por la jurisprudencia constitucional para enjuiciar y valorar la conformidad o no de una medida legal que afecte a esos derechos ha venido siendo tradicionalmente el respeto al contenido esencial del mismo. Por lo demás e innecesario resulta recordarlo, esta tarea exige como un prius lógico identificar el contenido esencial del derecho en cuestión. Solo mediante el manejo de este canon, una medida legal podrá ser o no calificada como lesiva de un derecho fundamental, libertad pública o derecho cívico. Mediante fórmula repetida una y otra vez desde la etapa fundacional, este Tribunal así lo ha hecho constar, señalando que las restricciones establecidas al ejercicio de los derechos constitucionales, «en todo caso, han de respetar su contenido esencial» [entre otras muchas, SSTC 11/1981, de 8 de abril, FJ 10; 196/1987, de 11 de diciembre, FJ 4; 120/1990, de 27 de junio, FJ 8; 57/1994, de 28 de febrero, FJ 6; 98/2000, de 10 de abril, FJ 5; 70/2002, de 3 de abril, FJ 10 a) y 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 4].
En este contexto, resulta no solo llamativo sino, adicionalmente, inquietante que la sentencia de mi discrepancia haya omitido la más ligera alusión al contenido esencial de dos de los derechos fundamentales aquí controvertidos: el derecho al trabajo (art. 35.1 CE) y el derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE). Al silenciarse por completo tan transcendental cuestión, la omisión detectada equivale a una negación implícita de la propia vigencia en los derechos cuestionados de un contenido esencial, entendido, como ya se ha señalado y ahora se repite, como límite constitucionalmente infranqueable por el legislador.
En realidad, esta ausencia resulta tanto más preocupante, al tiempo que criticable, cuando se comprueba que la sentencia de la mayoría —siguiendo la senda abierta por la STC 119/2014— insiste una y otra vez en la idea de que ambos derechos constitucionales son derechos de «configuración legal», —apelando, por cierto y en lo que concierne al derecho a la negociación colectiva, a la doctrina contenida en las SSTC 85/2001, de 26 de marzo, y 224/2000, de 2 de octubre, que tratan sobre la contratación colectiva en la función pública, ajena, según jurisprudencia de este Tribunal, al derecho ex art. 37.1. CE—, como si dicha conformación jurídica, fruto de la intermediación legislativa, tuviera alguna relevancia desde una vertiente material de constitucionalidad; esto es, como si comportara algún efecto decisivo en el enjuiciamiento de los mínimos o imperativos que la Constitución instituye. Por enunciar la misma opinión en otras palabras, el que un derecho constitucional sea objeto de delimitación o concreción normativa a través de la ley pertinente en nada influye en el límite que el texto constitucional impone; a saber: el respeto al contenido esencial. Antes al contrario, la intervención del legislador define, precisamente, las fronteras indisponibles de sus contenidos.
Cuarto. Frente al anterior e insoslayable canon, la Sentencia utiliza otros juicios alternativos, dando la espalda al terminante mandato enunciado en el art. 53.1 CE. Precisamente respecto de estos otros criterios, la resolución, manifestando una desmesurada servidumbre argumental con la STC 119/2014, aborda los reproches de inconstitucionalidad recurriendo al juicio de proporcionalidad en sentido amplio.
En concreto y en lo que aquí me importa hacer constar, tal acontece paradigmáticamente con el examen de la presunta inconstitucionalidad del art. 41 LET [FJ 4 a)]. Sin entrar por el momento en contrastar si la nueva regulación legal de la modificación sustancial de condiciones colectivas de trabajo ha transgredido o no el contenido esencial de la garantía constitucional de la fuerza vinculante (art. 37.1 CE), lo que ahora me interesa es centrar la atención en la aplicación al derecho controvertido del citado canon de proporcionalidad. Es ésta, en mi opinión, una aplicación criticable por un doble orden de motivos.
Conforme a una muy reiterada doctrina constitucional, el uso del canon de proporcionalidad tiene un carácter complementario, en lugar de alternativo, al canon sobre el respeto de la limitación establecida al contenido esencial, que se erige así, como ya se ha razonado, en el juicio de constitucionalidad sobre derechos fundamentales de primer grado. Por decirlo con las contundentes y clarificadoras palabras de la STC 57/1994, FJ 6, luego repetidas en otras muchas [a título ejemplificativo SSTC 143/1994, de 9 de mayo, FJ 6; 98/2000, de 10 de abril, FJ 5; 186/2000, de 10 de julio, FJ 5; 156/2001, de 2 de julio, FJ 4 y 70/2002, de 3 de abril FJ 10 b)], el ejercicio de los derechos fundamentales (en el caso a examen, el derecho a la intimidad) puede ceder ante otros derechos o intereses «constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aquél haya de experimentar se revele como necesario para lograr el fin legítimo perseguido, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho» (cursiva mía).
En íntima conexión con lo que vengo de argumentar, se sitúa la segunda razón de mi disenso con el recurso al canon de proporcionalidad. De ordinario y como regla general, éste se utiliza por nuestra jurisprudencia en un entorno bien distinto al predicable de la queja sobre la inconstitucionalidad del art. 41 LET. Este canon, en efecto, suele manejarse en una situación de conflicto entre dos derechos, bienes y valores constitucionalmente relevantes, siendo su objetivo verificar si la restricción impuesta a uno de los derechos a contraste resulta idónea, necesaria y proporcionada.
De seguro, el efecto más criticable de este enfoque metodológico —como ya tuve ocasión de razonarlo en el voto particular a la STC 119/2014— reside en que el juicio de proporcionalidad termina alejándose del territorio constitucional, para, probablemente de forma deliberada, recaer en otra zona que, por su elasticidad, resulta más propicia para avalar las, a veces, disimuladas o encubiertas extralimitaciones constitucionales de la reforma laboral; aludo, claro está, a la zona de la legalidad ordinaria.
La lectura del desarrollo argumental del canon de proporcionalidad que la sentencia construye para salvar los reproches de inconstitucionalidad vertidos sobre el tan citado art. 41 LET, ilustra de manera ejemplar la anterior aseveración. La Sentencia de la que disiento, en efecto, califica la nueva regulación de la modificación sustancial de las condiciones colectivas de trabajo como idónea, necesaria y proporcionada. A tales efectos: i) la idoneidad se deduce del hecho de que la medida es adecuada «para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo perseguido por ella, esto es, evitar la destrucción del puesto de trabajo». ii) la necesidad deriva de que «no se advierte que se haya producido por el legislador un sacrificio patentemente innecesario de los derechos que la Constitución garantiza, a la vista de los condicionantes (legales, se entiende) a los que se somete el ejercicio de la facultad empresarial» y iii) la medida, en fin, es «ponderada, no solo por los límites y garantías a las que la ha sometido el legislador, sino también por derivarse de su aplicación más ventajas para el derecho al trabajo que perjuicios para el derecho a la negociación colectiva».
Cualquier jurista medianamente avezado con la legislación laboral puede confirmar, en efecto, que el criterio que sostiene la desestimación de las censuras de inconstitucionalidad dirigidas al art. 41 LET, es un canon de estricta legalidad ordinaria, bastándole para alcanzar esa conclusión reparar en una serie de datos, directamente deducibles de la simple lectura de la sentencia.
i) El fin atribuido a la medida legislativa, que salva el juicio de idoneidad, deriva de la declaración contenida en la exposición de motivos de la Ley 3/2012; pero es esta una declaración que carece de la obligada correspondencia con la regulación legalmente estatuida. Sin perjuicio de lo que habrá de razonarse más adelante, el fin primero y esencial, aquel que define las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, individuales o colectivas, y caracteriza su régimen jurídico, no reside en evitar la destrucción de empleo sino, y ello es bien diferente, en poner a disposición del empresario un mecanismo de adaptación de las condiciones de trabajo. De ahí, que el recurso por un empresario a la medida contemplada en el art. 41 no le cierra las puertas a la adopción, de manera anticipada, simultánea o sucesiva, ni de otras medidas de flexibilidad interna (por ejemplo, suspensión de los contratos de trabajo o reducción de la jornada laboral: art. 47 LET) ni tampoco —y se trata del dato decisivo para desmontar la tesis propuesta— de los dispositivos de flexibilidad externa más extremos; esto es, del recurso a despidos por funcionamiento de la empresa, tanto individuales [art. 52 c) LET] como colectivos (art. 51 LET).
ii) El test de necesidad queda superado en razón de los límites —de los «condicionantes», por expresar la idea con el lenguaje de la sentencia de la mayoría— a su ejercicio que el propio pasaje legal controvertido ha implantado. Incluso en un alarde de autismo hermenéutico, la sentencia no duda en confirmar la validez de este test mediante la simple constatación de que la modificación unilateral de las condiciones colectivas de trabajo es un recurso solo permitido en caso de fracaso de la preceptiva negociación abierta durante el período de consulta, sin entretenerse a comentar, aunque sea de pasada, que el art. 82.3 LET, sin embargo, no consiente al empresario adoptar una similar decisión unilateral respecto de las condiciones de trabajo contenidas en otro tipo de convenio colectivo, el denominado estatutario, que se diferencia del sujeto a la disciplina del art. 41 LET —manifiestamente más lesiva para el art. 37.1 CE— en atención no a su fuerza vinculante, similar en ambas modalidades, sino a su eficacia personal. En posterior apartado, tendré ocasión de retornar sobre este concreto aspecto del pasaje legal controvertido.
iii) Finalmente, el juicio de proporcionalidad queda solventado mediante la invocación de un doble orden de factores: de un lado y nuevamente, por los «límites y garantías» a los que el legislador ha sujetado la regulación de la institución cuestionada y, de otro, por cuanto su aplicación reporta más ventajas «para el derecho del trabajo que perjuicios para el derecho a la negociación colectiva». Sin entrar a rebatir la anómala atribución al régimen jurídico del art. 41 LET de su condición de elemento decisivo para la positiva confrontación tanto del test de necesidad como del de proporcionalidad, el segundo de los factores enunciados, haciendo gala de la más canónica de las interpretaciones apodícticas que se puedan imaginar, incurre, por lo pronto, en una grave omisión, de tono no susceptible de calificarse como menor, cual es la de identificar con la necesaria claridad en qué consisten las ventajas reportadas al derecho al trabajo y los perjuicios ocasionados a la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Pero además de este poco razonable olvido y suponiendo, lo que de seguro es mucho suponer, que la finalidad de la regla del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores controvertida resida en evitar la destrucción del empleo, este concreto factor, ahora invocado con vistas a reforzar la condición de medida ponderada y proporcionada de la citada regla legal, opta por someter a contraste dos derechos constitucionales que, por su muy distinta titularidad y naturaleza (individual y colectivo), no toleran una confrontación comparativa en términos de ventajas y perjuicios; o, al menos, no lo toleran sin haber realizado un previo ejercicio de justificación argumental.
Por lo demás, y no es lo de menos, la configuración de la restricción a la fuerza vinculante de los convenios colectivos instrumentada a través del art. 41 LET como una medida ponderada por los motivos ya expuestos no solo no logra rebasar el más benévolo test de proporcionalidad en sentido estricto; a un nivel más intenso, aquella configuración comporta el quebrantamiento, de manera radical y sin modulaciones, de los principios más elementales que informan el propio test. Instalando mi razonamiento en una posición alineada con el enfoque metodológico empleado, que en modo alguno comparto, esta ruptura trae causa en un elemento decisivo; a saber, la medida legal no comporta una limitación proporcionada del derecho constitucional controvertido; sencillamente, lo anula. En esta situación, que razonaré más adelante bien que desde un diferente canon de constitucionalidad, la adjudicación al derecho al trabajo —ya de por sí discutible— de una posición preferente y a la fuerza vinculante del convenio colectivo de una posición claudicante da de lado e ignora de manera frontal el principio de equivalencia que debe informar todo juicio de ponderación.
Quinto. Las consecuencias negativas de la preterición del examen del contenido esencial de los derechos presuntamente vulnerados por determinados pasajes legales de la Ley 3/2012 y de su sustitución por otros cánones alternativos, con el consiguiente aposentamiento del razonamiento en el territorio de la legalidad ordinaria, resultan aún más visibles en relación con el enjuiciamiento de art. 51.1 LET, al que la parte recurrente censura por haber lesionado el art. 35.1 CE. La sentencia de la mayoría se ocupa de analizar esta tacha en el FJ 7 a), ateniéndose a la sistemática que se expone seguidamente.
Tras situar el debate a examen, dedica un primer párrafo a sintetizar la doctrina constitucional sobre el art. 35.1 CE, poniendo el máximo énfasis en la que califica como opción constitucional de deferir a la decisión del legislador la determinación de las causas de extinción del contrato de trabajo y, por consiguiente, no deteniéndose en analizar los límites que a la libertad del legislador impone el contenido esencial del derecho cuestionado.
Por cierto, no deja de llamar la atención que, en el contexto sistemático que se analiza, la sentencia de la que me separo traiga a colación de manera expresa, bien que descontextualizándola por completo, la STC 198/2012, a fin de trazar las limitaciones sustantivas de la función atribuida a este Tribunal: «no corresponde a este Tribunal enjuiciar la oportunidad o conveniencia de la elección hecha por el legislador para valorar si es la más adecuada o la mejor de las posibles». La afirmación reproducida de esta última resolución, en efecto, se hace no solo ni tanto en un entorno temático por completo alejado del laboral, cual es el relativo a la ley reguladora del matrimonio de personas del mismo sexo; se formula tras declarar que «lo que hace el legislador en uso de la libertad de configuración que le concede la Constitución es modificar el régimen de ejercicio del derecho constitucional al matrimonio sin afectar a su contenido, ni menoscabar el derecho al matrimonio de las personas heterosexuales … y sin que la opción adoptada suponga denegar a cualquier persona o restringirle el derecho constitucional a contraer o a no contraer matrimonio» (cursivas mías). Y es entonces, inmediatamente después de efectuar las conclusiones que se acaban de transcribir, cuando ese pronunciamiento, la STC 198/2012, procede a describir en negativo las funciones de este Tribunal.
Retornando a la sistemática empleada, la sentencia de la mayoría entra a examinar la evolución experimentada en nuestro sistema de relaciones laborales en el régimen jurídico de los despidos colectivos, dispensando una especial atención a las tres siguientes regulaciones legales: la originaria de 1980, la de 2010 y la de 2012. Este análisis ocupa casi dos tercios del espacio consagrado a verificar la presunta vulneración del art. 35.1 CE por el art. 51.1 LET.
Finalmente y sin solución de continuidad, se procede a construir el juicio de constitucionalidad, que arranca con una expresión que lo enlaza con la evolución normativa efectuada inmediatamente antes: «Según lo que antecede, no puede afirmarse que el precepto impugnado haya consagrado un despido no causal o ad nutum». Una lectura de los ulteriores y sumarios argumentos confirma que la constitucionalidad de la regla legal controvertida la aportan los contenidos normativos ya presentes en la Ley del estatuto de los trabajadores desde su primera versión. Sin aludir, ni siquiera de manera colateral, al derecho constitucional presuntamente lesionado, el derecho al trabajo en su vertiente individual, la sentencia de la mayoría instala su razonamiento en el plano de la más estricta legalidad infraconstitucional, llevando a cabo un análisis exquisitamente comparativo de las ordenaciones legales derogada y vigente para concluir, de manera apodíctica, con la afirmación siguiente: «la nueva redacción no otorga mayor espacio a la discrecionalidad empresarial que la anterior en la adopción de una decisión extintiva, sino que, atendiendo, a las exigencias derivadas del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), dota de mayor certidumbre al contenido de la decisión …».
Sexto. Ya he hecho constar que la sentencia de la que disiento reemplaza el canon que resulta de obligado uso en aquellos procesos constitucionales cuyo objeto es la presunta inconstitucionalidad de una restricción de un derecho constitucional por otro, que resulta no tanto complementario del anterior sino, con mayor rigor, subordinado o accesorio y, por consiguiente y en modo alguno, alterno: el canon de proporcionalidad en sentido amplio. Pero en ocasiones, incluso, este canon se sustituye por un mero análisis de justificación no arbitraria y razonable de la medida legal controvertida, análisis este más propio de la presunta violación por una norma legal del principio de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE) que de las limitaciones impuestas al ejercicio de derechos constitucionales, amparados por la garantía del respeto al contenido esencial.
Tal acontece, de manera ejemplar, con el reproche de violación del art. 35.1 CE que los recurrentes hacen al nuevo régimen jurídico de los salarios de tramitación, que se despacha —trayendo de nuevo a colación el párrafo final de la STC 198/2012, FJ 11— en base al análisis que se efectúa de dicho régimen. Por decirlo en sus propios y sumarios términos: «la opción legislativa controvertida, en el marco en que se inserta, cuenta con una justificación que no puede tacharse de arbitraria o irrazonable». Por lo demás, la sentencia vuelve a descontextualizar la jurisprudencia sentada por este Tribunal. En esta ocasión, se citan las SSTC 84/2008, de 21 de julio, y 122/2008, de 20 de octubre, que, como habrá ocasión de razonar más adelante, enjuiciaron los salarios de tramitación desde el ámbito de los arts. 14 y 24.1 CE, estableciendo una doctrina que, sin ofrecer razonamiento alguno, se dice también aplicable al art. 35.1 CE.
3. Primero. El primero de mis disentimientos de carácter sustantivo se centra en la validación que el pronunciamiento mayoritariamente adoptado hace de la regla contenida en el art. 41 LET que, en lo que aquí importa reseñar, autoriza al empresario a la modificación sustancial de condiciones colectivas de trabajo, entendiendo por tales aquellas que, estando «reconocidas en acuerdos o pactos colectivos», afecten a un número de trabajadores que no supere los umbrales legalmente establecidos, diferenciados en atención al censo de la plantilla de la empresa.
En el apartado anterior he efectuado algunas observaciones críticas sobre los cánones de enjuiciamiento constitucional empleados por la resolución de la que me distancio, resultando ahora oportuno efectuar un doble y combinado recordatorio. De un lado, he objetado el contenido sustantivo del juicio de proporcionalidad en sentido amplio del que la sentencia se vale para rechazar la censura de inconstitucionalidad vertida sobre aquel pasaje legal, descartando así la violación del art. 37.1 CE. De otro, he hecho constar que el canon primero y esencial para calificar desde una perspectiva constitucional las restricciones o limitaciones a los derechos constitucionales ha de instrumentarse mediante el examen de la afectación o no de su contenido esencial.
Sin insistir ahora en argumentos ya expuestos, el obligado criterio de enjuiciamiento para poder fundamentar que, en un sentido discrepante al sostenido por la sentencia de la mayoría, el art. 41 LET lesiona de manera frontal la garantía constitucional alegada por la parte recurrente —esto es, la fuerza vinculante de los convenios colectivos— exige, como no puede ser de otro modo, analizar si la regulación establecida sobre la modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo ha invadido el contenido esencial de dicha garantía, desconociéndolo y, por consiguiente, lesionándolo. Es ésta una tarea interpretativa que abordaré en dos tiempos. En el primero, examinaré el ámbito de imputación normativa de la fuerza vinculante de los convenios con vistas a demostrar que la noción legal «acuerdos o pactos colectivos», cuyas condiciones de trabajo pueden ser modificadas unilateralmente por el empresario, entra dentro de ese ámbito normativo. Una vez aclarado este importante extremo, abordaré ya el tema central del canon de constitucionalidad enunciado.
Segundo. No obstante ello, no me parece impertinente resaltar en modo muy sumario los aspectos más sobresalientes introducidos por la Ley 3/2012 con incidencia en la regulación controvertida.
La ley impugnada ha reformado intensamente el régimen jurídico de «las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo» establecido en el art. 41 del texto estatutario. Del conjunto de cambios introducidos, una especial relevancia jurídica tiene el cambio llevado a cabo en el criterio de la distinción entre las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo de carácter individual y de carácter colectivo. Para una mejor comprensión del alcance e impacto de dicho cambio, no resultará impertinente efectuar algunas referencias al régimen jurídico vigente con anterioridad a la aprobación de la reforma laboral de 2012.
Desde la entrada en vigor de la Ley 11/1994, de reforma del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aquella distinción se asentó sobre un criterio bastante acorde con la calificación legal de esta tipología; a saber: la naturaleza de la fuente atributiva de la condición que se pretende mutar. La legislación, en efecto, configuraba como individuales las modificaciones de condiciones acordadas mediante pacto individual o concedidas unilateralmente por el empresario con efectos individuales y como colectivas aquellas otras contenidas en acuerdos o pactos colectivos o concedidas unilateralmente por el empresarios con efectos colectivos. No obstante, esta regla general, en relación con la modificación de dos concretas condiciones, las funcionales y el horario de trabajo, se excepcionaba, entrando entonces en juego para la calificación jurídica un segundo criterio: el de los umbrales; esto es, el relativo al número de trabajadores afectados en función del censo de la empresa. En todo caso, la configuración de una concreta decisión modificativa del empresario como individual o como colectiva tenía (y sigue teniendo) una relevante consecuencia en la intensidad o grado de la participación de los representantes de los trabajadores: mientras que, al menos en la literalidad del art. 41 LET, las modificaciones colectivas exigían la apertura de un período de consultas con vistas a alcanzar un acuerdo, la única exigencia condicionante del válido ejercicio por el empresario de las modificaciones individuales consistía y sigue consistiendo en un simple deber de notificación de la decisión adoptada a los mencionados representantes.
Como ya he anticipado, la Ley 3/2012 ha revisado en profundidad el régimen de diferenciación entre modificaciones individuales y colectivas, suprimiendo el criterio de la valoración de la naturaleza de la fuente de fijación de la modificación o, lo que es igual, uniformando el régimen jurídico en derredor a los umbrales. Con semejante mudanza normativa, el ámbito de las modificaciones sustanciales de dimensión individual se ha ampliado en la misma dimensión en que se ha estrechado el campo de vigencia de las modificaciones de carácter colectivo.
En todo caso, la parte recurrente se limita a impugnar el régimen de las modificaciones colectivas, como por otra parte así lo advierte la sentencia de mi disenso. No obstante, entiendo que el criterio decisivo para apreciar la inconstitucionalidad de la nueva regulación ni depende ni conecta —pues se trata de una noción de estricta legalidad ordinaria— con el carácter individual o colectivo de la modificación misma sino, y ello es bien diferente, de la fuente que instituye las condiciones de trabajo que se modifican unilateralmente por el empresario. En otras palabras, el número de trabajadores afectados constituye, desde una vertiente constitucional, un dato inocuo, siendo lo verdaderamente decisivo el que la condición modificada se encuentre regulada en un instrumento nacido de la negociación colectiva. En razón de ello, considero que la inconstitucionalidad aplicable a las modificaciones legalmente denominadas como colectivas debe predicarse también, por razones de conexión, de las modificaciones legalmente tipificadas como individuales, siempre y cuando la medida empresarial modifique el contenido normativo de un «acuerdo o pacto colectivo».
Tercero. La jurisprudencia constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse en distintas ocasiones sobre el ámbito de protección de la garantía constitucional de la fuerza vinculante, resultando decisiva a estos efectos la doctrina sentada por la STC 121/2001, de 4 de junio, que en verdad no hace sino reiterar, para el caso a examen, una orientación ya mantenida en anteriores resoluciones (entre otras muchas, SSTC 73/1984, de 11 de julio; 98/1985, de 29 de septiembre; 57/1989, de 16 de marzo y 108/1989, de 8 de junio).
En el referido pronunciamiento, en el de 4 de junio de 2001, el Tribunal Constitucional se planteó la cuestión de determinar el alcance y eficacia jurídica de un acuerdo de empresa, denominado «plan de viabilidad», suscrito entre una sección sindical y una determinada empresa y cuyo contenido versaba sobre una pluralidad de cláusulas, entre otras acciones de saneamiento financiero, plan de reducción de gastos y marco de relaciones laborales. Esta pluralidad y complejidad de las materias no impedirá al Tribunal Constitucional calificar al citado acuerdo de empresa como un instrumento nacido de la autonomía negocial. Por utilizar sus propias palabras:
«Este carácter complejo y plural del que aparece dotado el pacto controvertido impide una consideración conjunta del mismo, al mezclarse en él materias que caen en el ámbito de las decisiones de gestión económica empresarial con otras de contenido típicamente laboral. No obstante... la llamada por la empresa a sujetos colectivos para participar en su conclusión, así como la repercusión socio-laboral de las materias objeto del acuerdo, sirve para modalizar su naturaleza y lo convierte en un típico producto de la negociación colectiva, sometido, por tanto, a las reglas, principios y límites constitucionalmente definidos, entre otros, aquellos derivados del libre ejercicio del derecho de libertad sindical.» (FJ 5, párrafo segundo).
Por si la doctrina que se viene de transcribir no fuera suficientemente clara y contundente, las reflexiones del Tribunal Constitucional ahondarán y profundizarán aún más, si cabe, en la misma tesis; a saber, en el reconocimiento de la garantía de la fuerza vinculante a todo instrumento nacido del derecho a la negociación colectiva, aun cuando ni pertenezca a la categoría de convenio colectivo ni su eficacia personal sea la propia de los convenios colectivos estatutarios; esto es, la eficacia general o erga omnes. En tal sentido, el párrafo tercero del FJ 5 razonará del tenor siguiente:
«El resultado de esta actividad negocial no ha dado como resultado, en este caso, un convenio colectivo estatutario que busque establecer una regulación general aplicable al grupo de empresas al carecer de los requisitos que legalmente se imponen para su válida constitución. El Acuerdo entra, por ello, de lleno en el ámbito de los que la jurisprudencia y la doctrina han venido en denominar pactos extraestatutarios o de eficacia limitada... Tales pactos, que se encuentran amparados por el art. 37 CE, en cuanto garantiza el derecho a la negociación colectiva entre los representantes de los trabajadores y los empresarios, carecen de eficacia personal erga omnes...».
En definitiva, la doble garantía constitucional enunciada en el art. 37.1 CE —la que asegura a los sujetos colectivos un espacio vital para la autorregulación de sus intereses recíprocos y asegura igualmente a los productos derivados de ese derecho de fuerza vinculante— tiene un alcance general, comprendiendo en su ámbito protector a la integridad de los instrumentos pactados por los representantes de los trabajadores y empresarios en el ejercicio de su derecho a la libertad negocial, sea cual sea su eficacia —general o limitada— y sea cual fuere la denominación asignada —convenio o acuerdo—, diferenciación, ésta última, construida sobre la base de un elemento accidental, cual es el contenido de lo pactado: general o con vocación de regular la totalidad de las condiciones de trabajo (convenio colectivo) o singular, destinado a tratar una materia o un grupo de materias dotadas de cierta homogeneidad.
Cuarto. El segundo inciso del art. 37.1 CE dispone que «la ley garantizará... la fuerza vinculante de los convenios». En la STC 58/1985, de 30 de abril, el intérprete supremo de nuestra Constitución dejó escrito que la vinculabilidad de los convenios colectivos es una garantía «no derivada de la ley, sino propia que encuentra su expresión jurídica en el texto constitucional» (FJ 3). Con ello, el Tribunal Constitucional se inclinaba de manera resuelta por atribuir una eficacia directamente constitucional a la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Pero eludía pronunciarse sobre el contenido esencial e indisponible de esta garantía constitucional; de una garantía cuya erosión o desconocimiento viciaría de inconstitucionalidad la regla jurídica dictada por el legislador al amparo del mandato formulado en el art. 37.1 CE. ¿Qué ha de entenderse por fuerza vinculante del convenio colectivo?
Desde una perspectiva estrictamente formal o, mejor aún, lexicológica, la expresión utilizada por el art. 37.1 CE tuvo un carácter innovador; más aún, introdujo en el lenguaje normativo una expresión que resultaba ajena a los usos lingüísticos de nuestro sistema jurídico laboral así como de los ordenamientos jurídicos vecinos, entendida esta vecindad como comunidad de estructuras, principios y valores de un Estado constitucional de Derecho. No obstante, y si apreciada desde una dimensión material, la novedad aportada por el art. 37.1 CE pierde buena parte de su fuste. Sea cual fuere el contenido que se le deba atribuir, la «fuerza vinculante» es un concepto que pertenece y se inserta en la teoría de los efectos del convenio colectivo. O en otras palabras, hablar de fuerza vinculante de los convenios colectivos equivale a hablar de su eficacia jurídica, del despliegue de cambios o transformaciones que, en la realidad jurídica, va a producir la vigencia de esa autónoma reglamentación de intereses que el convenio colectivo comporta.
La natural y radical ubicación sistemático-normativa de la fuerza vinculante de los convenios colectivos en el campo de sus efectos no dice todavía nada sobre el contenido o modo de ser de esa eficacia. Pero aporta, en si misma considerada, alguna conclusión de notable interés; a saber: el mandato del art. 37.1 CE, que garantiza y ordena garantizar a la ley la fuerza vinculante de los convenios colectivos, se sitúa en un campo ajeno al de su naturaleza. Como no podía ser de otro modo, la CE ni se pronuncia ni prejuzga la naturaleza de ese acto que va a dar vida al convenio colectivo; y, menos aún, define el fundamento de dicho acto. Lo que el texto constitucional hace, desde su superioridad normativa, es, de un lado, garantizar al convenio colectivo un grado razonable y aceptable de efectividad en su cumplimiento, razonabilidad y aceptabilidad que quedan protegidas con la garantía enunciada en el art. 53.1 de la norma suprema. Y, de otro y desde esa misma superioridad y con estos condicionamientos, ordenar al legislador a que, al regular la negociación colectiva, respete dichas garantías.
Una inteligencia de la citada garantía constitucional a la luz del discurrir histórico, de las experiencias jurídicas deparadas por los sistemas jurídicos comparados, de la propia conciencia social sobre la contribución de las instituciones encargadas de encarnar ese pluralismo y de lograr esa igualdad mediante la defensa y promoción de los intereses sociales y económicos que les son propios y, sobre todo, de los tratados y acuerdos internacionales suscritos por España (art. 10.2 CE) y de los valores que informan el Estado social y democrático de Derecho y que se manifiestan, en lo que aquí importa destacar, en el pluralismo social, en la tensión del ordenamiento hacia la adopción de medidas que aseguren de manera real y efectiva el principio de igualdad entre los individuos y los grupos en que éstos se integran (art. 9.2 CE) obliga a entender que aquella garantía no otra cosa debe significar que la protección de la función económico-social típica del convenio colectivo. El contenido esencial de la fuerza vinculante asegura a las reglas y disposiciones de los instrumentos nacidos de la negociación colectiva destinados a regular las relaciones laborales una vinculabilidad más fuerte y diversa de la que resulta de la mera aplicación de los principios rectores de la libertad contractual. La previsión constitucional, en definitiva, asegura a las cláusulas normativas del convenio, acuerdo o pacto colectivo, en todo caso y al margen de otros efectos, una superioridad respecto de los actos procedentes de la autonomía privada individual. O, por decirlo en el lenguaje de la doctrina constitucional, esta garantía «presupone, por esencia y conceptualmente, la prevalencia de la autonomía de la voluntad colectiva sobre la voluntad individual» (entre otras, SSTC 105/1992, de 1 de julio, FJ 6, y 225/2001, de 20 de noviembre, FJ 4).
Quinto. Los anteriores razonamientos tiñen la regulación establecida en el art. 41 LET de una incontrovertible inconstitucionalidad. La facultad que dicho precepto confiere al empresario de modificar de manera unilateral, incluso en contra del parecer de los representantes de los trabajadores, las condiciones de trabajo establecidas en un acuerdo o pacto colectivo, enunciadas a título de ejemplo en el ordinal 1 de dicho pasaje legal, entre las cuales se encuentran materias de tanta relevancia jurídica como la jornada de trabajo o la cuantía salarial, no es en modo alguno compatible con la garantía de la fuerza vinculante que el art. 37.1 CE reconoce a todo producto negocial.
En tal sentido y como se ha razonado, el contenido esencial de dicha garantía comporta la atribución a cualquier instrumento nacido de la negociación colectiva «entre representantes de los trabajadores y empresarios», sea cual sea la eficacia personal y el contenido del mismo, de una eficacia supraordenada a los pactos o a las decisiones de carácter individual.
A estos efectos, irrelevante resulta la denominación legal del instrumento como acuerdo o pacto colectivo, pues, como se ha tenido oportunidad de argumentar, la jurisprudencia constitucional extiende la garantía de la fuerza vinculante del convenio colectivo a cualquier dispositivo negocial, sea cual sea su nomen legis o su eficacia personal. E igual significación de irrelevancia ha de asignarse a que, conforme a lo previsto en el precepto legal a examen, el legítimo ejercicio de dicha facultad quede condicionado a la concurrencia de probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, entendiendo por tales, tras la aprobación de la Ley 3/2012, las relacionadas con «la competitividad, la productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa».
Como acontece con la regulación establecida en el art. 82.3 LET, cuya inconstitucionalidad tuve oportunidad de argumentar con motivo del voto particular a la STC 119/2014, el art. 41 del mismo texto legislativo también convierte en regla general lo que ha de entenderse como excepción, confundiendo como interés general lo que en principio ha de ser tratado como un estricto y subjetivo interés particular de titularidad del empresario. En un sistema jurídico como el español, en el que toma asiento constitucional la cláusula del Estado social y democrático de Derecho, la mejora de la competitividad o de la productividad de una empresa no puede en modo alguno calificarse, sin más, como un objetivo de interés general. Desde luego, tales objetivos se encuentran amparados por la libertad de empresa (art. 38 CE); pero ni a éste ni a ningún otro derecho fundamental puede atribuírsele, como ha hecho notar hasta la saciedad nuestra jurisprudencia constitucional, al entrar en conflicto con otro, una prioridad o preeminencia aplicativa absoluta. Semejante conflicto ha de resolverse con criterios de proporcionalidad. Y no atiende en modo alguno a este principio la regla jurídica que, como sucede con el art. 41.1 LET, sacrifica con criterios de generalidad uno de los derechos constitucionales a confrontación.
Por todo ello, la facultad del empresario ex art. 41 LET, de modificar de manera unilateral e, incluso, en contra del parecer de los representantes de los trabajadores, las condiciones de trabajo establecidas en un acuerdo o pacto colectivo ha de estimarse vulneradora del art. 37.1 CE. Y por lo mismo, habría de haber sido declarada inconstitucionalidad y nula.
Sexto. La irregularidad constitucional del art. 41 va más allá de la violación de la garantía constitucional de la fuerza vinculante del convenio colectivo (art. 37.1 CE). También alcanza a uno de los derechos fundamentales que forman parte de los pilares estructuradores del Estado social; a saber: la libertad sindical (art. 28.1 CE).
Tiene razón la Sentencia de la mayoría cuando afirma, conforme a una abundante doctrina constitucional que así ha venido a reconocerlo y que, por sobradamente conocida, no es preciso citar de manera expresa, que el derecho a la negociación colectiva forma parte de la libertad sindical [FJ 2 d)]. Es ésta, desde luego, una afirmación cierta; pero una exacta inteligencia de la misma reclama complementar su escueto enunciado, al menos, con un doble recordatorio adicional, extraído de esa misma doctrina. Por lo pronto, conviene hacer constar que la negociación colectiva, cuando es ejercitada por un sindicato, se integra en el contenido esencial de la vertiente colectiva de los derechos sindicales de actividad, y no ya en su contenido adicional. Como dejara dicho la STC 229/2002, de 9 de noviembre, FJ 7 (y las que ahí se invocan), «cualquier aproximación a la base constitucional de la libertad sindical y, por ende, de la acción sindical, debe dejar previamente sentado el carácter promocional de los sindicatos que en la Constitución española asumen los artículos 7 y 28.1 CE como elemento clave de la configuración del Estado social y democrático de Derecho». El segundo recordatorio que resulta oportuno traer ahora a colación reside en que la pertenencia de la negociación colectiva al contenido esencial de la libertad sindical comprende e integra la doble garantía constitucional formulada en el art. 37.1 CE. Por expresarlo ahora en los términos de la STC 208/1993, de 28 de junio, FJ 3, el reconocimiento de la negociación colectiva en el art. 37.1 supone «la superación de la mera idea de libertad de negociación, como esfera libre de injerencias y asegura, mediante una tarea encomendada específicamente al legislador, un sistema de negociación y contratación colectiva y la eficacia jurídica del convenio colectivo» (cursiva mía). Ambas garantías, garantía del ejercicio de una actividad contractual colectiva, libre de injerencias de los poderes públicos, mandatados a promocionar de manera real y efectiva esa actividad, y garantía de que los instrumentos nacidos de la negociación colectiva van a tener reconocidos unos efectos jurídicos imperativos, al abrigo de las derogaciones y mutaciones procedentes de actos unilaterales o de pactos individuales, se incorporan al contenido esencial de la acción sindical. Como lógico consecuente de esta inescindible conexión, la lesión de una u otra garantía violenta simultáneamente la libertad sindical.
Tal es cabalmente lo que acontece en aquellos casos en los que el empresario decide por su sola voluntad inaplicar, alterando, las condiciones de trabajo formuladas en un pacto o en un acuerdo colectivo de carácter sindical. Al consentir el art. 41 LET a los titulares de las organizaciones empresariales la adopción de una medida de esta naturaleza, además de vulnerar el art. 37.1 CE, lesiona el art. 28.1 del texto constitucional.
Por lo demás, no me resisto a denunciar los equívocos en los que incurre la sentencia de la que me separo al hilo del tratamiento que lleva a cabo sobre la titularidad del derecho constitucional a la negociación colectiva. En el párrafo segundo del fundamento jurídico 2 d), tras reconocer que el derecho a la negociación colectiva «le ha sido atribuido también (sic) por la Constitución al sindicato», manifiesta, de un lado, que dicho derecho se articula «a través del ejercicio de la libertad sindical (art. 28.1 CE)» y, de otro, que el tan repetido derecho «no se ha hecho de forma exclusiva, (de modo) que excluya a otros posibles representantes de los trabajadores», por lo que, con cita de la STC 208/1993, de 28 de junio, FJ 4, termina concluyendo que la negociación colectiva está atribuida «constitucionalmente a los sindicatos y a otras representaciones colectivas de los trabajadores».
Sin entretenerme a objetar la muy notable extravagancia que comporta utilizar el adverbio también para identificar la atribución constitucional a los sindicatos del derecho a la negociación colectiva, el razonamiento de la sentencia de mi divergencia hace gala de dos relevantes equívocos, que en buena medida vienen a poner entre paréntesis orientaciones interpretativas de este Tribunal bien consolidadas.
Es cierto, como ya he recordado, que la actividad contractual colectiva puede formar parte, siempre que sea ejercitada por un sindicato, del contenido esencial de la libertad sindical. La opinión que ya no puedo compartir es que la titularidad del derecho constitucional a la contratación colectiva se articule «a través del ejercicio de la libertad sindical (art. 28.1 CE)». Una opinión semejante, además de privar a la negociación colectiva de su condición de derecho autónomo, se aparta de arraigadas enseñanzas de nuestra doctrina, que sostiene un criterio bien divergente del expuesto; en concreto, que determinadas lesiones de este derecho, ejecutadas frente a un sindicato, que comporten por su entidad y trascendencia una arbitraria eliminación o desconocimiento del mismo, además de vulnerar el art. 37.1 CE, también infringen el derecho fundamental a la libertad sindical.
Mayor significación tiene el segundo de los equívocos, que es aquel que, con mención expresa de la STC 208/1993, defiende la dimensión constitucional del derecho a la negociación colectiva de las representaciones de los trabajadores distintas de las sindicales. Dando de lado el error que puede haber habido en la concreta referencia de la mentada sentencia, en ninguno de cuyos fundamentos jurídicos puede leerse el texto entrecomillado, lo que me interesa destacar es que, incluso en el supuesto de que hubiera habido un desliz en el momento de la cita, al ser otro el pronunciamiento que hubiera debido invocarse, la tesis ahí defendida se aparta y contradice de manera abierta nuestra doctrina. Desde la STC 118/1983, de 13 de diciembre, FJ 4, este Tribunal ha señalado que nuestro texto constitucional, al institucionalizar los derechos colectivos laborales, ha partido de un amplio reconocimiento de los titulares, «eludiendo la consagración de un monopolio sindical», de manera que, en concreto, el de negociación colectiva lo confiere a los «representantes de los trabajadores». Pero la pluralidad de titulares de este singular derecho no significa, en contra del criterio que sobrevuela la sentencia de mi discrepancia, que pueda defenderse una equivalencia y, menos aún, una identidad entre las representaciones sindicales y no sindicales de los trabajadores. Como señalara la STC 98/1985, FJ 3, «los órganos de representación de los trabajadores en la empresa no tienen reconocimiento constitucional, sino que son creación de la ley, y poseen solo una indirecta relación con el art. 129.2 de la CE» (entre otras muchas, SSTC 165/1986, de 18 de diciembre, FJ 3; 104/1987, de 17 de junio, FJ 1; 8/1988, de 25 de enero, FJ 3; 197/1990, de 29 de noviembre, FJ 3 y 95/1996, de 29 de mayo, FJ 3).
Una orientación doctrinal, como la ahora recordada con brevedad, no toleraría una interpretación como la sostenida en la Sentencia de la mayoría. La decisión sobre la existencia de la representación unitaria y sobre las facultades a ella atribuidas pertenece a la esfera de libertad del legislador, que no cuenta en este aspecto con limitación constitucional alguna. En concreto y en lo que aquí interesa, a su libre discrecionalidad corresponde definir en qué casos y bajo qué condiciones pueden intervenir los comités de empresa o los delegados de personal en los procesos contractuales colectivos, sin que una eventual restricción de esa participación o, al límite, una eventual ablación de la legitimación negocial hoy legalmente reconocida pudiera calificarse como una medida legislativa atentatoria al art. 37.1 CE.
Séptimo. Antes de terminar este apartado, me parece aún conveniente, por razones de su notable actualidad, efectuar una última observación. Como ya he tenido oportunidad de hacer constar [apartado 2 b)], en el capítulo de las motivaciones manejadas por la sentencia de la mayoría para conferir al art. 41 LET, el sello de constitucionalidad, se atribuye una especial relevancia a los «límites y garantías» que legalmente condicionan el ejercicio por el empresario de la medida consistente en modificar una condición de trabajo estatuida en un acuerdo o pacto colectivo. En concreto y en el listado de estos «condicionantes», una significación aún más relevante se confiere al hecho de que la modificación del empresario «se concibe como alternativa al fracaso de la negociación previa y preceptiva con los representantes de los trabajadores», pensamiento éste que vuelve a reiterarse para fundamentar el test de necesidad [FJ 4 a)].
Es esta una comprensión del requisito de celebración del período de consultas de todo punto errada desde una perspectiva constitucional, pues el cumplimiento de semejante exigencia no actúa como impedimento legal para que, ante la falta de acuerdo, el empresario pueda de manera efectiva proceder a modificar parte del contenido normativo de un pacto o acuerdo colectivo; y es ahí donde radica precisamente su inconstitucionalidad. Así lo ha venido a entender, precisamente, el ya citado Informe del CEDS de 2015, que, al analizar el vigente art. 41 LET y tras recordar en efecto que la ausencia de acuerdo durante el período de consultas no cierra al empresario la posibilidad de aplicar unilateralmente los cambios, afirma que «la legitimación de la derogación unilateral de convenios colectivos libremente negociados vulnera la obligación de promover procedimientos de negociación», no resultando conforme con el art. 6.2 de la Carta Social Europea (página 28 de la versión francesa).
4. Primero. El segundo de mis disensos con la sentencia de la mayoría se refiere al juicio de constitucionalidad efectuado en relación con el art. 18.3 de la Ley impugnada, que reforma el art. 51.1 LET, llevando a cabo una intensa modificación de las causas justificativas del despido colectivo y, en atención al juego de una remisión legal, de las causas que resultan igualmente aplicables para una concreta modalidad de los denominados despidos objetivos [art. 52 c) LET].
Mi discrepancia con respecto a la sentencia de la que me separo no solo afecta a la solución dada a la queja de inconstitucionalidad vertida por los recurrentes sobre estos concretos preceptos, a los que se reprocha la vulneración de los arts. 35.1 y 24.1, ambos del texto constitucional. Mi disentimiento también alcanza, y con parecida intensidad, con el tipo de juicio utilizado para fundamentar esa solución, huérfano de la menor consistencia constitucional; o, por expresar la misma idea en positivo, construido todo él, sin moderación ni disimulo alguno, conforme a criterios de una nuda legalidad ordinaria. Expuestos que han sido en anterior apartado los motivos determinantes de que, en mi opinión, el canon de enjuiciamiento empleado carezca de la obligada sustancia desde una perspectiva constitucional, me centraré seguidamente en ofrecer las razones que debían de haber amparado los reproches de inconstitucionalidad sobre los preceptos legales ahora a examen.
En tal sentido me ocuparé, en primer lugar, de recordar de manera sucinta lo que ha de entenderse como contenido esencial del derecho al trabajo, en su vertiente individual (art. 35.1 CE), para, inmediatamente después, demostrar que el art. 18.3 de la Ley 3/2012 ha lesionado ese contenido esencial.
Segundo. Al margen del mandato a los poderes públicos de adoptar aquellas medidas orientadas a lograr una situación de pleno empleo (art. 40.1 CE), la Constitución española no reconoce el derecho de los trabajadores a disponer de un concreto o singular empleo, ni en el sector privado ni tampoco en el sector público, empleo éste que actúa, con criterios de generalidad, no solo como fuente económica para su mantenimiento y, en su caso, para el de su familia, sino, además y simultáneamente, como vía preferente de integración social y factor determinante del desarrollo de su personalidad. No obstante ello, el texto constitucional garantiza, una vez que se está desempeñando un puesto de trabajo a través de una relación jurídica obligatoria, que a la parte del contrato de trabajo que se compromete a la ejecución de la prestación laboral no se le pueda extinguir dicho contrato, salvo que concurra una justa causa de suficiente entidad.
No es cuestión ahora de volver a reiterar cuanto se argumentó sobre la dimensión individual del derecho al trabajo ex art. 35.1 CE en el apartado III 2 del Voto particular a la Sentencia 119/2014, de 16 de julio, debiendo entenderse por reproducidos los razonamientos ahí formulados. A los efectos que aquí me interesan, bastará destacar que el contenido esencial del derecho al trabajo, en esa dimensión, impone una triple limitación a la voluntad unilateral del empleador de dar por finalizada la relación laboral y, con ello y adicionalmente, a sus poderes de organización, ejercitados al amparo del contenido de la libertad de empresa (art. 38 CE). Una primera de naturaleza formal, de modo que el acto de despido debe sujetarse a un procedimiento, que se sustancia en la exigencia de forma escrita que permita al trabajador conocer la decisión y el motivo del despido. Una segunda de carácter sustantivo, que afecta a la motivación del acto mismo de despido, que ha de estar basada en una justa causa, dotada de entidad suficiente. Y, en fin, una tercera restricción, de entidad adjetiva ahora, que se instrumenta a través del derecho del trabajador de someter la decisión empresarial al control judicial, correspondiendo al juez o magistrado la potestad de revisar la regularidad formal y material de esa decisión empresarial, procediendo a la subsiguiente calificación del despido. Esta tercera limitación instaura una estrecha vinculación entre los derechos al trabajo y a la tutela judicial. Por lo demás, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones estas tres características del despido en el sistema constitucional español de relaciones laborales (entre otras muchas, SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ 8; 20/1994, de 27 de enero, FJ 2, y 192/2003, de 27 de octubre, FJ 9).
Tercero. La versión modificada del art. 51.1 LET mantiene el mismo listado de causas (económicas, técnicas, productivas y organizativas) así como, en su mayor parte, la definición que de las mismas se contenía en la anterior versión de ese precepto. No obstante, y es este un dato relevante a efectos del juicio de constitucionalidad, el nuevo texto ha borrado de su enunciado normativo la necesidad de que el empresario justifique la concurrencia de razonabilidad a la hora de extinguir los contratos de trabajo por razones de funcionamiento de la empresa.
El punto de partida de la regulación anterior era de por sí sumamente flexible en lo que a la justificación de las causas técnicas, organizativas o productivas se refiere; pero obligaba a la empresa a justificar la razonabilidad del despido colectivo bien para prevenir una evolución negativa de la empresa, de lo que podía inferirse que el despido era la respuesta a una situación de riesgo para la suerte futura de la empresa, que podía advenir en caso de que la extinción colectiva no se adoptase, bien para mejorar la organización de sus recursos con vistas a favorecer su posición competitiva en el mercado, de modo que el despido se articulaba, en esta segunda hipótesis, como respuesta a las ineficiencias de la empresa.
La regulación actual del art. 51.1 LET simplemente, omite toda alusión sobre el juicio de razonabilidad del despido colectivo amparado en causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. No se trata, sin embargo y pese a lo que pudiera pensarse en una primera impresión, de un mero olvido; antes al contrario, el objetivo pretendido y la consecuencia resultante es la eliminación de cualquier referencia al juicio de razonabilidad. La exposición de motivos de la norma así lo confirma sin margen para la incertidumbre, razonando del tenor siguiente:
«También se introducen innovaciones en el terreno de la justificación de estos despidos. La ley se ciñe ahora a delimitar las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que justifican estos despidos, suprimiéndose otras referencias normativas que han venido introduciendo elementos de incertidumbre. Más allá del concreto... tales referencias incorporaban proyecciones de futuro, de imposible prueba, y una valoración finalista de estos despidos, que han venido dando lugar a que los tribunales realizasen, en numerosas ocasiones, juicios de oportunidad relativos a la gestión de la empresa. Ahora queda claro que el control judicial de estos despidos debe ceñirse a una valoración sobre la concurrencia de unos hechos: las causas. Esta idea vale tanto para el control judicial de los despidos colectivos como para los despidos por causas objetivas ex artículo 52 c) ET.» (Apartado V)
Sin entrar a comentar las razones de la omisión por la sentencia de la que me aparto de la menor referencia al pasaje que se viene de transcribir, constatación ésta que desde una perspectiva de conjunto del pronunciamiento mayoritario evidencia en todo caso un uso selectivo de las aseveraciones contenidas en el preámbulo de la ley impugnada; dando de lado todo ello, digo, no resulta en verdad tarea fácil poder ofrecer de manera más clara y contundente una explicación del objetivo de la reforma, que no ha sido otro que el dejar fuera del control judicial la valoración de si el despido es o no una medida necesaria o si el propio despido ha de estar o no justificado en atención a juicios de razonabilidad y proporcionalidad. El propósito de la norma fue y es convertir la causa de los despidos colectivos y, por el juego del reenvío legal, también la de los despidos económicos objetivos [art. 52 c) LET] en una mera condición, que opera a modo de supuesto fáctico concretado en la disminución de ventas o ingresos o en cualquier cambio técnico, organizativo o productivo, que, caso de hacer acto de presencia, confiere al empresario, de forma automática y directa, más allá de la verificación del hecho que determina la condición, una facultad irrestricta para decidir la suerte de la vigencia de los contratos de trabajo, constituyendo así un espacio inmune al control judicial, que queda desapoderado para ponderar si los despidos son medidas justificadas, necesarias, razonables o proporcionadas en función de las circunstancias del caso. La nueva regulación no pide, como hacía la anterior, que la situación económica negativa de la empresa o que los cambios técnicos, organizativos o productivos en los que se justifique la extinción de los contratos de trabajo haya de tener una potencialidad suficiente para afectar a la viabilidad de la empresa o a su capacidad para mantener el volumen de empleo en la misma. El empresario, ahora, no ha de acreditar más que la concurrencia del hecho, habiéndose prescindido de toda obligación de que la empresa justifique que de sus resultados económicos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado.
De esta forma, una mera reducción de las ventas o ingresos ordinarios durante tres trimestres constitutivos, comparada respecto del «mismo trimestre del año anterior» (sic; inciso final del párrafo segundo, art. 51.1 LET), se erige por sí sola en causa para la extinción colectiva de los contratos de trabajo, con independencia del impacto que esta reducción de ventas o de ingresos haya producido en su situación económico-financiera y en su capacidad para mantener el volumen de empleo. Basta pues la mera circunstancia de que la persistencia requerida en la disminución de ingresos ordinarios (por cierto, no se computan los ingresos que en los balances aparezcan como extraordinarios) se exprese durante tres trimestres consecutivos, siendo destacable que la regulación vigente no obliga a ponderar un ejercicio económico anual, única vía razonable para verificar si el hecho económico acaecido ha generado o no, de modo real y efectivo, las consecuencias determinantes para proceder a dar por finalizada la vida de un determinado número de contratos laborales.
Es evidente, sin embargo, que, en sí misma considerada, la reducción de ventas o de ingresos durante tres meses consecutivos no es un dato decisivo o determinante respecto de la eventual pérdida de competitividad o de productividad de la empresa, ya que puede responder a una variada serie de factores coyunturales, entre los que los fiscales pueden desempeñar un papel relevante, así como a deliberadas estrategias en la política de precios o de costes adoptadas por la propia empresa. Y sobre todo y en lo que aquí interesa destacar, tampoco tienen que suponer una situación económica negativa en tanto que la disminución de ingresos o ventas puede no llevar aparejado un deterioro de la cuota de resultados si correlativamente existe un sistema de ajuste en los costes. La revisión de las causas del despido colectivo y objetivo supone, a la postre, instalar las decisiones empresariales de extinción de los contratos de trabajo basadas en el funcionamiento de la empresa en un ámbito de máxima discrecionalidad empresarial, desprovisto de la constitucional exigencia de justa causa con entidad suficiente.
En suma, la mera reducción de ventas o ingresos, sin ninguna ponderación cuantitativa o proyección sobre los eventuales resultados de la empresa y sin tan siquiera venir determinados por una falta de competitividad empresarial, son meros hechos que amparan legalmente el despido sin ningún otro elemento que integre tanto la causa como la justificación de la medida extintiva. Y lo mismo sucede con las causas técnicas, organizativas y productivas que, al ser definidas, ni se vinculan a una situación de dificultad de la empresa, ni se exige que el despido sea una medida necesaria y razonable para cumplir alguna finalidad legítima, como la viabilidad de la empresa y del empleo.
Por este lado, la norma legal revisada configura el despido económico, individual o colectivo, como un acto desvinculado, en la realidad de las empresas, de una situación con la suficiente entidad, proporcionalidad y necesidad, debilitando así, hasta hacer desaparecer, la más relevante de las limitaciones derivadas del constitucional derecho al trabajo, en su dimensión individual (art. 35.1 CE): la exigencia de una justa causa con entidad suficiente. O, en otros términos, el precepto legal de la norma impugnada priva de todo signo de relevancia a las extinciones contractuales por razón del funcionamiento de la empresa. Las causas del despido económico quedan convertidas, como paladinamente lo confiesa el preámbulo de la norma impugnada, en unos meros hechos que afectan al ámbito económico, técnico, organizativo o productivo; en unos hechos que, en la configuración de la citada ley, en modo alguno son expresivos de una mínima situación de necesidad, al menos indiciariamente objetivada, que pudiera justificar, incluso en apariencia, la procedencia de extinguir los contratos de trabajo.
En resumen, las reformas introducidas por la Ley 3/2012 automatizan la causa extintiva ante la mera existencia de un hecho económico que, como se ha razonado, carece de la menor transcendencia objetivada de suficiente entidad, justificación y necesidad para considerar que la regulación del despido colectivo se encuentra constitucionalmente amparada.
Por lo demás, y se trata de un dato adicional pero de no menor importancia, la supresión del juicio de razonabilidad de la decisión extintiva también implica la exoneración al empresario de la carga de aportar los elementos o criterios en virtud de los cuales se procederá a la concreción de los concretos colectivos de trabajadores afectados por la decisión extintiva de carácter colectivo. Por este lado, la reforma no sólo supone atribuir al empresario facultades casi absolutas a la hora de determinar la extinción de contratos de trabajo ante meras previsiones de pérdidas o reducciones de ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos; también abandona a su discrecionalidad, la fijación del número de trabajadores y la concreción de los puestos de trabajo afectados por dicha extinción.
La conclusión a extraer de los razonamientos que se vienen de exponer es de enunciado rápido: el nuevo art. 51.1, al formular las causas extintivas del contrato de trabajo por razones vinculadas al funcionamiento de la empresa sin una motivación justa, conectada de manera efectiva, clara y cierta con la marcha económica de la empresa, no respeta la manifestación sustantiva o material del contenido esencial del derecho al trabajo en su dimensión individual. En atención a ello, el art. 51.1 y, por conexión, el art 52 c), ambos del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, debieron declararse inconstitucionales y nulos.
Cuarto. En atención al valor interpretativo conferido por el art. 10.2 CE a los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, no puede dejar de mencionarse, finalmente, que la vigente ordenación legal sobre los despidos económicos, colectivos e individuales, choca de manera frontal con preceptos del Convenio 158 OIT. Es patente la incompatibilidad de dicha ordenación con su art. 9.1, que establece que los órganos competentes en cada país ante los que el trabajador puede recurrir la extinción de su contrato de trabajo, no solo han de estar facultados «para examinar las causas invocadas para justificar la terminación de la relación laboral». Además de ello, también dichos órganos han de estar facultados para «pronunciarse sobre si la terminación estaba justificada», justificación esta que es la que, precisamente, ha de conducir a analizar la suficiencia de la causa acreditada y, necesariamente, la proporcionalidad o ajuste entre la suficiencia de la causa acreditada y la justificación de la terminación del contrato.
Precisamente y como confirma la lectura de la Exposición de Motivos de la ley impugnada, los órganos judiciales han de resolver los despidos sometidos a su conocimiento sin entrar a verificar la racionalidad de la medida. Por este lado y en resumen, puede afirmarse que el art. 18.3 de la Ley 3/2012, que modifica el art. 51.1 LET, con el contenido adoptado, también comporta un incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España.
5. Primero. Los artículos 18.7 y 8 y 23.1 de la Ley 3/2012, han procedido a dar una nueva redacción a los arts.. 56, 1 y 2, LET y 110.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, que han modificado la regulación de los salarios de tramitación cuyo abono queda sujeto no tanto ni solo a la calificación judicial del despido sino, adicionalmente, a la opción adoptada por el empresario. En síntesis, la citada regulación ha suprimido su pago en caso de despido improcedente en el que el empresario hubiere ejercido la opción del abono de la indemnización equivalente a 33 días, desestimando la alternativa de la readmisión. O expresada la idea desde otro ángulo, el trabajador despedido improcedentemente tendrá derecho a percibir los salarios que hubieren mediado entre las fechas de comunicación del despido y la notificación de la sentencia única y exclusivamente si el empresario opta por su readmisión. Es ésta, por lo demás, una regla que no rige para los representantes de los trabajadores, que conservan el derecho a la percepción de los salarios de tramitación sea cual fuere la opción elegida por ellos en el supuesto de que la sentencia hubiere calificado su despido como improcedente (art. 56.4 LET).
No ha sido la Ley 3/2012 (ni su precedente normativo, el Real Decreto-ley 3/2012) la primera disposición legal que ha revisado el régimen jurídico de la figura de los salarios de tramitación, que cuenta entre nosotros con una dilatación tradición. El Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de Mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, vino a anticipar la medida legal luego recuperada por el Real Decreto-ley 3/2012 y la Ley aquí combatida de igual numeración, al suprimir el devengo de los salarios de tramitación en la hipótesis de que el despido fuera calificado como improcedente y el empresario no readmitiese al trabajador o, lo que es igual, optare por entregarle la oportuna indemnización. Por su parte, la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de idéntica denominación, rectificó la práctica supresión de los citados salarios introducida por el mencionado Real Decreto Legislativo 5/2002, reinstaurando su pago sea cual fuere la opción empresarial.
La doctrina constitucional, de su lado, también ha tenido oportunidad de pronunciarse en distintas ocasiones sobre los salarios de tramitación en conexión con diferentes derechos constitucionales. En tal sentido, las SSTC 84/2008, de 21 de julio, 122/2008, de 20 de octubre, y 143/2008, de 31 de octubre, han analizado la posible incidencia de la supresión de los salarios de tramitación en relación con el principio de igualdad (art. 14 CE) y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
No entra en el círculo de mis intenciones caminar por senderos que la jurisprudencia constitucional ya ha clausurado. No obstante y para bien centrar el objeto del presente motivo de inconstitucionalidad, no resultará en modo alguno impertinente traer a colación lo que dejó escrito, en su FJ 8, la STC 84/2008, al rechazar que la supresión de los salarios de tramitación en los términos instituidos por el Real Decreto Legislativo 5/2002 y que ahora recupera de manera simétrica la Ley 3/2012, pudiera implicar una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.2 CE):
«Este derecho de opción —razonó la mencionada resolución, refiriéndose al conferido al empresario—, finalmente, tampoco afecta en nada a la igualdad procesal de las partes ni menoscaba la función jurisdiccional, dirigida a enjuiciar la procedencia, improcedencia o nulidad de la decisión extintiva, estando taxativamente fijadas en la norma las consecuencias en cada uno de los casos de la decisión judicial. El que la forma en que ha quedado configurado el derecho empresarial de opción una vez dictada la resolución judicial de improcedencia pueda hacer más o menos atractiva, en función de circunstancias diversas, la elección de uno de sus términos o el hecho de que en dicha elección pueda pesar más un tipo u otro de consideraciones son cuestiones todas ellas que afectan a la regulación material de los efectos del despido improcedente, pero que en nada limitan el alcance de su tutela judicial.» (FJ 8)
Es desde esta perspectiva material desde la que la parte recurrente formula el correspondiente motivo de inconstitucionalidad, por entender que la vigente regulación del derecho de elección del empresario, una vez suprimidos los salarios de tramitación en caso de que éste opte por la extinción —y no se trate de un representante de los trabajadores—, implica una regulación sustantiva material del derecho del trabajador ante el despido que vulnera el derecho al trabajo, en su vertiente individual, consagrado en el art. 35.1 CE. Y es desde esta misma perspectiva desde la que la sentencia de la mayoría rechaza este reproche, en decisión que en modo alguno comparto por las razones que expondré de inmediato.
En todo caso, no me parece impertinente dejar ya aclarado desde un principio que, en mi opinión, el vigente régimen jurídico de los salarios de tramitación no solo priva al trabajador de una protección real y efectiva ante los despidos sin justa causa. Además de ello, dicha regulación funciona como un incentivo económico, irracional y arbitrario, a favor de la extinción del contrato de trabajo, colisionando de manera frontal con el derecho constitucional al trabajo, que no puede en modo alguno conciliarse con una medida que no se limita a adoptar una actitud neutra hacia al empresario; antes al contrario, estimula y promueve, de manera abierta, su opción a favor de la terminación de la relación laboral. Por este lado, la propia ley impugnada deja en entredicho y contradice la que constituye, de conformidad con sus propias declaraciones, su finalidad primera y esencial y que ha sido invocada, en más de una ocasión, por las resoluciones adoptadas por este Tribunal con vistas a sostener la regularidad constitucional de algunos preceptos legales de la Ley 3/2012; a saber: el fomento de aquellas medidas destinadas a crear empleo, priorizando su ejercicio por el empresario frente a aquellas otras dirigidas a destruir puestos de trabajo.
Segundo. La Sentencia de la que ahora me separo sustenta la desestimación de los pasajes legales ahora a examen en base a un doble orden de motivos: de un lado, por ser la tesis ya defendida por el ATC 43/2014 y, de otro, por contar la medida legislativa con una justificación «que no puede tacharse de arbitraria o razonable» [FJ 8 a)]. Dejando para un momento inmediatamente posterior la tarea de dotar de la obligada justificación a mi juicio sobre la inconstitucionalidad de esos pasajes, me parece de todo punto oportuno expresar las razones de este disentimiento.
En atención a que el objeto de mi discrepancia en el pronunciamiento que sustanció la cuestión de inconstitucionalidad 3801-2013 quedó limitado a sustentar la violación, por el Real Decreto-ley 3/2012, del art. 86.1 CE, en el voto particular que formulé al ATC 43/2014 no tuve oportunidad, por elementales exigencias de congruencia argumental, de objetar las explicaciones determinantes para descartar la vulneración articulada por el órgano judicial promotor de la citada cuestión de inconstitucionalidad contra el nuevo régimen jurídico de los salarios de tramitación, introducido por aquella norma de urgencia y traspuesta, sin cambio alguno, al articulado de la ley ahora censurada.
En el decir de esa resolución, el ATC 43/2014, la carencia del necesario asiento de la duda de constitucionalidad planteada por el titular del Juzgado de lo Social núm. 34 de los de Madrid se basa en que, «desde la estricta perspectiva individual de este derecho constitucional —art. 35.1 CE, invocado—», la medida normativa reprobada «constituye una posibilidad constitucionalmente legítima que queda dentro de ese comentado margen de configuración atribuido al legislador ex art. 35.2 CE». Enunciando mi razonamiento desde un punto de vista no solo de fondo sino, adicionalmente, de forma o método, el argumento transcrito, que ahora también hace suyo la sentencia de la mayoría, incurre en una preocupante vaciedad constitucional. En la lógica de esta interpretación, cualquier medida legal de carácter laboral incluida en la ley de desarrollo de ese mandato, que fue precisamente el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, habría de ser calificada como constitucional, al margen y con independencia de la posible incidencia en el contenido esencial del derecho constitucional sujeto a confrontación. Por enunciar la tesis mayoritaria en otras palabras, una previsión constitucional que se limita a enunciar una reserva de ley, cual es la contenida en el art. 35.2 CE, conferiría per se y de manera automática regularidad constitucional material a todas y cada una de las reglas derivadas del ejercicio, por el legislador, de esa previsión.
Una densidad constitucional de tono muy semejante puede y debe predicarse del segundo de los motivos que ampara la desestimación de los reproches vertidos por la parte recurrente a los artículos 56.1 LET y 110.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social modificados por la Ley ahora combatida, y que se sustancian en el reconocimiento a la concreta medida legal cuestionada de «una justificación que no puede tacharse de arbitraria e irrazonable», coincidente ésta, sin reserva ni matización alguna, con la ofrecida por el propio legislador en la exposición de motivos de la Ley 3/2012. No voy a entrar a discutir la certeza o no de la conclusión alcanzada, pues eso significaría instalar mi razonamiento en un ámbito, el de la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE), por completo ajeno al del presente debate. A los efectos que aquí me interesa, me bastará hacer constar que una argumentación al estilo de la manejada, que renuncia a contrastar la verosimilitud de la justificación ofrecida por el legislador y, sobre todo, a verificar si la medida legislativa, por afectar a un derecho constitucional de los enunciados en el capítulo II del título I CE, invade o no el contenido esencial, tiene el riesgo cierto de validar constitucionalmente la práctica totalidad de las reglas jurídicas de índole legal. El carácter no arbitrario e irrazonable asignado, con criterios de automatismo, a la justificación aprestada por el legislador ordinario erige en tarea claudicante, de imposible alcance, la estimación de reproches de inconstitucionalidad. Para instalarse al abrigo de eventuales tachas de inconstitucionalidad, a los legisladores les bastaría con observar la exigencia, instituida en el más insustancial de los protocolos de técnica legislativa, de incorporar, en el preámbulo de la norma, explicaciones más o menos certeras, apreciadas o no en un sentido armónico e integrado con, e integrador de, las otras reglas, de la regulación adoptada.
Tercero. Conforme se ha señalado y reiterado, la parte recurrente imputa a los preceptos legales a discusión la violación de los arts. 14 y 35.1 CE. Centrándome exclusivamente en el análisis de la primera de estas vulneraciones y sin pretensión de reproducir cuanto ya he tenido ocasión de argumentar a propósito del contenido esencial de la vertiente individual del derecho al trabajo (art. 35.1), no me parece inoportuno recordar que la concurrencia de justa causa de entidad suficiente se integra en ese contenido. A partir de tan relevante constatación, los preceptos legales contestados, reactivando una regla introducida en 2002 pero de muy corta vigencia, suprimen los llamados salarios de tramitación en aquellos casos en los que, tras la declaración judicial de la improcedencia del despido, el empresario opta por el abono al trabajador afectado de la indemnización legal, en lugar de por la readmisión. El propósito de las reflexiones que siguen es demostrar que el derecho del trabajador a la percepción de los referidos salarios es una consecuencia inescindible de su derecho a no ser despedido sin justa causa de entidad suficiente, por lo que aquella medida legal infringe de manera frontal el art. 35.1 CE.
Es ésta una conclusión asentada en diversos razonamientos, entrelazados entre sí. El punto de partida, desde un ángulo cronológico, reside en la imposibilidad constitucional de reconocer a la terminación del contrato de trabajo adoptada por la voluntad unilateral del empresario —esto es, al despido— y que hubiere sido impugnada por el trabajador dentro del improrrogable plazo de caducidad legalmente fijado (art. 59.3 LET), de unos efectos extintivos en un sentido propio. Más allá de juicios de legalidad ordinaria, esa premisa es una consecuencia, como razonaré, de la garantía que instituye el art. 35.1 CE al imponer el concurso de una justa causa en la extinción de los contratos de trabajo. O, enunciada la misma idea desde otra vertiente, la presentación por el trabajador afectado de una demanda por despido improcedente sustituye los iniciales efectos extintivos dotados de una apariencia de validez, en efectos meramente interruptores de la relación laboral. Como corolario de la decisión adoptada por el empresario, las prestaciones básicas y sinalagmáticas del contrato de trabajo (prestación laboral y deuda salarial) quedan interrumpidas desde la fecha del cese del trabajador en su puesto de trabajo hasta que el órgano judicial competente de primera y única instancia de la jurisdicción social conoce y resuelve la demanda por despido, emitiendo la correspondiente calificación (55.3 LET).
Por lo pronto, el reconocimiento por el juez de la concurrencia de justa causa (despido procedente) recupera el carácter extintivo del acto empresarial, dotando a esta declaración de una eficacia ex tunc, de modo que el trabajador no tiene derecho ni a ser readmitido ni a percibir indemnización alguna. Bien distinto es, sin embargo, el escenario jurídico que se abre en el supuesto de que la declaración judicial comporte la privación a la decisión unilateral del empresario del atributo de la constitucional exigencia de justa causa de entidad suficiente.
En estos casos y en razón precisamente de carecer la conducta empresarial del atributo que la valida constitucionalmente, el obligado corolario de la declaración judicial de improcedencia del despido solo puede ser la reconstrucción de la relación laboral durante el período de tiempo en que, a resultas de un acto imputable exclusivamente al empresario, el trabajador no pudo ni cumplir con su deber de prestar el trabajo convenido ni percibir los salarios debidos o convenidos. La declaración judicial ahora a examen cancela el estado de interrupción del contrato de trabajo, poniendo igualmente fin a la situación de mora accipiendi en que el empresario decidió instalarse por su sola voluntad, obligado ahora a abonar al trabajador los salarios que no le fueron satisfechos, entendida esta obligación como único cauce capaz de reconstruir la relación laboral.
Tradicionalmente, la legislación española ha concedido al empresario, en aquellos casos en los que en el trabajador improcedentemente despedido no concurre la condición de representante unitario o sindical, la posibilidad de optar entre una reparación in natura (readmisión) o el pago de una compensación económica (indemnización). Sin entrar a discutir, pues no es cuestión a debate en este proceso, la regularidad constitucional de esa regla legal, lo que me importa reiterar es que, hasta la aprobación de la ley impugnada (y de su precedente legislativo) y, salvo el breve lapso de tiempo de vigencia en este aspecto del Real Decreto Legislativo 5/2002, ambas modalidades de reparación llevaban aparejadas el abono de los salarios de tramitación, conformándose así al terminante mandato establecido en el art. 35.1 CE. En la nueva redacción aportada por la Ley 3/2012 a los artículos. 56.1 LET y 110.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, la elección del empresario en favor del cumplimiento de la obligación de dar, en lugar de la de hacer, deja caer los salarios de tramitación. Por este lado, pues, la ley, en este concreto supuesto de hecho y a pesar de la declaración judicial de inexistencia de justa causa de la conducta extintiva empresarial, no procede a reconstruir o restablecer, en términos constitucionalmente adecuados, la relación laboral interrumpida en toda su plenitud, ya que excluye el efecto remuneratorio que le resulta inherente a lo largo de su vigencia. Muy antes al contrario, los artículos ahora impugnados optan por dotar a dicho acto, con carácter retroactivo, de unos efectos extintivos que no integran aquella garantía de la deuda salarial. O, formulada la misma idea desde otro ángulo, estos pasajes legales privan a la vertiente individual del derecho al trabajo de su contenido esencial; esto es, de la consecuencia primera y esencial vinculada a un despido sin justa causa y entidad suficiente, consistente en la obligada reconstrucción de la relación laboral entre las fechas del cese del trabajador en su puesto de trabajo y de la declaración judicial de la improcedencia de ese cese.
Por lo demás, me interesa dejar bien aclarado que la interpretación aquí sostenida no incide sobre las medidas que pueda adoptar el legislador respecto del tipo de reparación o tutela conferido al despido improcedente, medidas éstas que se activan en una secuencia lógica y cronológica, desde la doble perspectiva fáctica y jurídica, ulterior de, y distinta a, la que nace de la declaración por el órgano judicial de la no concurrencia de justa causa para dar por finalizada la relación laboral. Es esta declaración la que obliga constitucionalmente a reconstruir el contrato de trabajo interrumpido por voluntad del empresario, pudiendo el legislador optar, en modo alternativo o exclusivo, en la fase de ejecución de aquella declaración judicial, y como tuvo oportunidad de dejar sentado este Tribunal, por un doble sistema de tutela frente a la improcedencia del despido: la restitutio in integrum o tutela real y el pago de un equivalente económico o tutela obligatoria (STC 55/1983, de 29 de junio, FJ 2).
6. Primero. La parte recurrente impugna, con fundamento en los arts. 14 y 9.3 CE, la Disposición Adicional Tercera de la Ley 3/2012, que añade en el ET una nueva Disposición Adicional, la vigésimo primera, por la que se excluye, salvo supuestos muy residuales, la aplicación del art. 47 LET, en las Administraciones públicas y en las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos.
Segundo. La Sentencia de la mayoría rechaza la denuncia de vulneración del art. 14 CE haciendo suya la argumentación formulada por el Abogado del Estado que, en resumen, manifiesta la inexistencia en este caso de un elemento válido de comparación. Ni el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas forma parte de un «grupo o categoría» homogénea respecto del personal sujeto a la legislación laboral ni, tampoco, el personal laboral del sector público administrativo y el del sector público empresarial se incardinan en estructuras semejantes, constituyendo, igualmente, grupos o categorías diferentes.
No es ésta, sin embargo, una tesis que pueda compartir en el marco de la reforma laboral de 2012, enjuiciado constitucionalmente. En efecto, resulta oportuno recordar que lo propio del juicio de igualdad —ha dicho este Tribunal de forma invariable y constante— es su carácter relacional. Como presupuestos obligados, requiere, de un lado, que en la medida normativa cuestionada se haya introducido directa o indirectamente una diferencia de trato entre grupos o categorías de personas y, de otro, que las situaciones subjetivas que quieran traerse a la comparación sean, efectivamente, homogéneas o equiparables; es decir, que el término de comparación no resulte arbitrario o caprichoso (por todas, recientemente, STC 156/2014, de 25 de septiembre, FJ 4). Sólo una vez verificado el concurso de uno y otro presupuesto resultará procedente entrar a determinar la licitud constitucional o no de la diferencia contenida en la norma. Es esta la circunstancia que, a juicio de la mayoría y por la razón apuntada en el párrafo anterior, no concurre en el presente recurso.
Esta inteligencia olvida, como no pocas veces ocurre en el juicio relacional referido, que dicha condición subjetiva de la comparación (esto es, que las situaciones sean homogéneas o equiparables) nada tiene que ver con una suerte de identidad entre los colectivos a contraste. Como es obvio, un esquema de coincidencia plena o total identificación, frente a otro de confluencia, similitud u homogeneidad de las situaciones de hecho, supondría vaciar de sentido un derecho de fundamento y conformación relacional (o bien, alternativamente, constreñirlo a una tutela ad intra —entre los sujetos pertenecientes a un mismo colectivo—, algo similar a lo que expuse, aunque no a efectos restrictivos sino expansivos de la tutela y a tenor de la particular situación que allí se enjuiciaba, en mi voto particular a la STC 173/2013, de 10 de octubre, en un supuesto de tutela antidiscriminatoria). La exigencia de aquella identidad entre las situaciones de hecho reguladas carece de coherencia en términos lógicos, al tratarse de un derecho de caracterización relacional, dando lugar a una injustificada exclusión de la cobertura constitucional cuando, en razón de su homogeneidad, como sucede en esta ocasión, los colectivos comparados merezcan igualdad de trato normativo.
Aquella noción profundamente formalista del elemento relacional, lamentablemente, se ha impuesto en la presente Sentencia. La mayoría desconoce o da de lado que el principio de igualdad impide que entre colectivos en una situación equiparable u homogénea se sostenga la diferencia de trato normativo en circunstancias que o bien no pueden ser jamás tomadas en consideración por prohibirlo así expresamente la propia Constitución, o bien no guardan relación alguna con el sentido de la regulación que, al incluirlas, incurre en arbitrariedad. Dicho examen, que era obligado en este recurso, se ha quedado en el camino argumental, oculto tras el socorrido velo formalista de confundir colectivos distintos y colectivos no comparables ex art. 14 CE.
En mi opinión, en cambio, estando en juego el alcance del régimen jurídico impugnado y sus efectos sobre sujetos indistintamente vinculados por una relación de naturaleza laboral, concurre válidamente el término de comparación alegado por la parte recurrente. En consecuencia, y como dijera, entre otras resoluciones, la STC 112/2006, de 5 abril, FJ 5, con vistas a poder introducir diferencias normativas ha de existir una suficiente justificación de tal diferencia, debiendo aparecer como fundada y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados. Y ni justificación ni explicación alguna del diferente trato advierto en la norma, como tampoco respuesta a ese hecho en la Sentencia de la que discrepo.
En efecto, la reforma laboral a examen no ha dudado, de un lado, en aplicar al personal laboral objeto de consideración la posibilidad de medidas extintivas de sus contratos ex art. 51 LET y, de otro, en excluir a ese mismo personal la posibilidad de aplicación de medidas de flexibilidad interna, al estilo de las enunciadas en el art. 47 LET. La exclusión de este último no deja de llamar la atención, pues toda la razón de ser de la citada reforma —al menos la confesada, otra cosa es que el resultado alcanzado no resulte convergente— fue explicada, primero por el Gobierno en el Real Decreto-ley 3/2012 y, más tarde por el legislador en la Ley 3/2012, en clave de atribución de una resuelta prioridad o fomento de las medidas menos traumáticas, articuladas mediante el establecimiento de vías flexibles para la gestión de la mano de obra, en lugar de las más extremas de supresión de empleos. En tal sentido y precisamente, las reformas del último trienio han ido en la línea de favorecer, mediante diferentes incentivos, el recurso al art. 47 LET —como, por ejemplo, los expedientes de regulación de empleo suspensivos o de reducción de la jornada, y consideración en situación de desempleo durante ese tiempo, o incluso desempleo a tiempo parcial—, en detrimento del art. 51 LET.
Apartándose de esta lógica, la disposición adicional vigésima primera del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, excluye, sin matices y de forma absoluta, la aplicación del art. 47 a las Administraciones públicas, salvo el residual supuesto de que el ente público no integre sus ingresos a través de las transferencias públicas sino como «contrapartidas de operaciones realizas en el mercado». No explica el legislador la razón de esta desigualdad de trato, limitativa de la flexibilidad interna, pese a que, a la inversa, dedica atención a explicar las razones de otras medidas para el empleo público, como las restricciones a las cláusulas de blindaje para el empleo directivo público. Una medida de tanta relevancia queda huérfana de aclaración; e, igualmente, queda privada de fundamento justificativo la desigualdad normativa que implica en el terreno de la flexibilidad interna, al no estar explicitadas las relaciones entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido.
Aunque el preámbulo de la ley impugnada no lo manifieste, no parece aventurado intentar ofrecer una explicación. En el recurso a las medidas de art. 47 LET, muy utilizado para los ajustes de empleo privado, los presupuestos de la Seguridad Social y del Estado asumen una parte del coste de esos ajustes, a través del pago de las prestaciones por desempleo que abona el Servicio Público de Empleo Estatal. Por este lado, no resulta arriesgado afirmar que la finalidad básica de la regulación legal objeto de impugnación trae causa en la decisión de eludir el posible incremento del déficit de la Seguridad Social y del presupuesto público, presumiendo así un uso masivo, en el sector excluido, de estas medidas de flexibilidad.
Ahora bien, enunciar, aunque sea tentativamente, una explicación no supone justificar válidamente la decisión en el plano jurídico. Al contrario, un motivo puramente económico no podría llevar a un tratamiento desigual a situaciones análogas en las que concurran factores que, ex art. 14 CE, obliguen o a un trato igual o demanden, de otro modo, una explicación objetiva, racional y proporcionada de la diferencia normativa. Y nada de ello se detecta en este caso: debe tenerse en cuenta que se trata de una protección social de naturaleza contributiva y, por lo tanto, de un derecho de los trabajadores, de todos ellos, por cuanto, a diferencia de los funcionarios públicos, estos contratos comportan el deber de cotizar por parte de los empleadores públicos.
Un régimen jurídico de seguridad social análogo no se traduce así en una protección en el ámbito laboral equivalente, sino que, al contrario, se excluye de raíz. Es éste un tratamiento peyorativo, sin base ni fundamento objetivo y proporcionado declarado, que quebrante el imperativo del art. 14 CE.
Tercero. Más allá de las razones expuestas, que articulan el juicio de igualdad y me llevan a la conclusión descrita, la ausencia completa de explicación legislativa al trato peyorativo cuestionado enlaza adicionalmente con el art. 9.3 CE.
El canon de constitucionalidad en lo relativo a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE) se concreta en dos aspectos esenciales, que perfilan ad extra y ad intra nuestra verificación. En el primero, es preciso tener en cuenta que el control de la constitucional de las leyes debe ejercerse por este Tribunal de forma que no se impongan constricciones indebidas al poder legislativo y se respeten sus legítimas opciones políticas, de modo que el Tribunal Constitucional ha de observar un exquisito cuidado para mantenerse dentro de los límites del control del legislador democrático, cuidado que debe esmerarse aún más cuando se trata de aplicar preceptos generales e indeterminados, como es el de la interdicción de la arbitrariedad. En el segundo, que constituye propiamente el control material que efectuamos, el análisis nos conduce a examinar si el precepto de que se trate establece una discriminación. Y la discriminación entraña siempre una arbitrariedad, o bien, aun no estableciéndola, carece de toda explicación racional, lo que también supondría una arbitrariedad, no resultando pertinente realizar un análisis a fondo de todas las motivaciones posibles de la norma y de todas sus eventuales consecuencias (por todas, STC 18/2012, de 15 de febrero, FJ 10 y las allí citadas).
En la apreciación de lo que sea una explicación racional se han invocado muy diferentes factores en los pronunciamientos de la jurisprudencia constitucional. Pienso que en no pocas ocasiones el canon del art. 9.3 CE, en la vertiente dicha, queda diluido en un control meramente formal. No sólo por cuanto la proporcionalidad queda por completo excluida de aquel canon, sino, sobre todo, por las siguientes y combinadas razones: porque se entremezcla muchas veces la existencia de una finalidad legítima en la norma con la existencia de una explicación racional del precepto impugnado; porque no se enjuicia la constitucionalidad del fin de la norma o la medida normativa cuestionada; no se ensayan juicios de correspondencia entre el precepto y su finalidad declarada (de correspondencia objetiva, digo, no de oportunidad política, como es obvio), esto es si el contenido normativo se corresponde objetivamente con el fin declarado y, menos aún, y, en fin, se precisan distintos grados de intensidad en la racionalidad de la medida en función de sus efectos sobre otras previsiones constitucionales o derechos constitucionalmente consagrados.
Sin necesidad de insistir en estas últimas reflexiones o, lo que es igual, limitándome a formular mi juicio a partir del estrecho canon que se ha establecido en nuestra doctrina, mucho menos intenso que este otro que he enunciado, constituye una abierta y frontal lesión del art. 9.3 CE la total ausencia de justificación racional respecto de la disposición adicional tercera de la Ley 3/2012, que añade en el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores una nueva disposición adicional, la vigésimo primera, por la que se excluye, salvo supuestos muy residuales, la aplicación del art. 47 LET en las Administraciones públicas y en las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos.
Cuarto. Por la doble y acumulada razón expuesta, la disposición adicional vigésima primera del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, debió de ser declarada inconstitucional y nula.
Y en tal sentido emito este Voto particular.
Madrid, a veintidós de enero de dos mil quince.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Firmado y rubricado.
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Sentencia del TC en el que rechaza los recursos de Izquierda Plural y PSOE a la reforma laboral #BOE
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[
"111",
"116",
"131"
] |
TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL
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Tribunal Constitucional
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Sentencia del Tribunal Constitucional en el que rechaza los recursos de Izquierda Plural y PSOE a la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
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[
"93",
"1667",
"2490",
"3159",
"3478",
"5148",
"5707",
"5904",
"6909",
"6910"
] | 788
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2012-11-07
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DE CONFORMIDAD con
el art. 10.2 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio
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BOE-A-2012-13775
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Ley 4/2012, de 15 de octubre, por la que se aprueba la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana.
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<p class='parrafo'>Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.</p>
<p class='centro_redonda'>PREÁMBULO</p>
<p class='centro_redonda'>I</p>
<p class='parrafo_2'>Las diferentes declaraciones internacionales de derechos han reconocido derechos sociales que, por su vinculación al progreso económico y social, han ido ampliando y reforzando la protección social, jurídica y económica. La Constitución Española de 1978 ha consagrado, asimismo, dichos derechos, fundamentalmente en el capítulo III, denominado «De los principios rectores de la política social y económica», del título I dedicado a los derechos y deberes fundamentales.</p>
<p class='parrafo'>El Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana establece un nuevo marco de garantía y protección de la ciudadanía. Se introduce un título II sobre los derechos de los valencianos y las valencianas novedoso, ambicioso y complejo al mismo tiempo en cuanto a elevar la garantía de los derechos subjetivos, alcanzar la universalidad de protección a la ciudadanía y responder a las demandas crecientes de la sociedad actual.</p>
<p class='parrafo'>Dicho reconocimiento supone no sólo una meta que había que alcanzar dado el desarrollo económico, social y cultural que se ha producido en la Comunitat Valenciana desde su creación, sino también un punto de partida para la consecución de una mayor calidad de vida en nuestro territorio.</p>
<p class='parrafo'>En este sentido, el artículo 10.2 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana determina que, a través de una ley de Les Corts, se elaborará una carta de derechos sociales de la Comunitat Valenciana «que contendrá el conjunto de principios, derechos y directrices que informen la actuación pública de la Generalitat en el ámbito de la política social».</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con dicha previsión y con el fin de consagrar la relevancia de los derechos sociales en la vida de la Comunitat Valenciana, la presente Ley tiene por objeto la aprobación de la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana.</p>
<p class='centro_redonda'>II</p>
<p class='parrafo_2'>En la medida en que el objeto de la carta es el establecimiento del conjunto de principios, derechos y directrices que informen la actuación pública de la Generalitat en el ámbito de la política social, se ha optado, en términos generales, por la enunciación de los derechos y, en su caso, de las medidas que en todo caso habrán de ser adoptadas para la garantía de los mismos, remitiendo su desarrollo a las normas específicas que regulen cada uno de los derechos.</p>
<p class='parrafo'>En lo que se refiere al desarrollo ulterior, se ha de tener en cuenta que, en algunos casos, la Comunitat Valenciana ya cuenta con una regulación específica, como la Ley que regula el Estatuto de las Personas con Discapacidad, la Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley de Integración de las Personas Inmigrantes, la Ley de Protección a la Maternidad o la Ley de Juventud.</p>
<p class='parrafo'>A su vez, se ha garantizando la participación de la ciudadanía en la elaboración no sólo del presente texto normativo y de sus eventuales modificaciones, sino también en el diseño y ejecución de las políticas que resulten de aplicación en desarrollo de los derechos sociales que se reconocen en la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana.</p>
<p class='centro_redonda'>III</p>
<p class='parrafo_2'>El título preliminar establece las disposiciones generales, tales como el objeto de la carta, los principios generales de actuación de la Generalitat en relación con los derechos sociales, los principios informadores de la actuación de los poderes públicos de la Comunitat Valenciana a los efectos de lograr la protección social de determinados colectivos, o las previsiones relativas al desarrollo, interpretación y aplicación de la carta y a la prohibición de utilización de un lenguaje no discriminatorio por parte de las instituciones y administraciones de la Generalitat.</p>
<p class='centro_redonda'>IV</p>
<p class='parrafo_2'>El título I contiene los derechos, principios y directrices en el ámbito de la política social, tomando como referencia no sólo los textos jurídicos internacionales más relevantes en la materia, como lo son el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14 de la Carta Social Europea, o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sino también las normas que al respecto se contienen en los artículos 9.2 y 10.1 de la Constitución Española y en el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.</p>
<p class='parrafo'>En este marco, el título I de la presente ley establece los derechos, principios y directrices en el ámbito de los servicios sociales, de acuerdo con la competencia exclusiva que le corresponde a la comunidad autónoma en esta materia, según el actual artículo 49.1.24.ª del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana (antes, artículo 34.24.ª), al amparo de la cual se aprobó la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat, de Servicios Sociales.</p>
<p class='centro_redonda'>V</p>
<p class='parrafo_2'>El título II se dedica a la igualdad de mujeres y hombres.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con la regulación contenida en el artículo 14 de la Constitución Española y en los artículos 10.3 y 11 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, el título II tiene por objeto la igualdad entre mujeres y hombres, si bien este título no agota las diferentes manifestaciones de la igualdad de mujeres y hombres en la medida en que dicho principio se proyecta en la regulación de otros derechos, fundamentalmente en el ámbito familiar, laboral y educativo, en los que se establecen sus correspondientes manifestaciones.</p>
<p class='centro_redonda'>VI</p>
<p class='parrafo_2'>La protección de la familia es una constante en las declaraciones de derechos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Social Europea o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.</p>
<p class='parrafo'>La Constitución Española dispone en su artículo 39 que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. De acuerdo con ello, el artículo 10 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana incluye, en primer lugar, dentro de los ámbitos de actuación primordial de la Generalitat, la defensa integral de la familia.</p>
<p class='parrafo'>En este marco, el título III de la carta se dedica a la defensa integral de la familia. En el mismo se incluyen, entre otros aspectos, los principios informadores de la actuación para la protección de las familias, así como disposiciones relativas a la protección de la maternidad y a la protección de las familias numerosas.</p>
<p class='parrafo'>De igual modo, se reconoce la protección de las situaciones de unión legalizadas, en desarrollo de lo preceptuado al respecto por el artículo 10 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.</p>
<p class='centro_redonda'>VII</p>
<p class='parrafo_2'>El título IV se refiere a las personas con discapacidad.</p>
<p class='parrafo'>De conformidad con la normativa de carácter internacional y de la Unión Europea, así como estatal, el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana garantiza en su actual artículo 13 la protección de los derechos a las personas con discapacidad. En particular, se establece que la actuación de la Generalitat ha de comprender, necesariamente, los aspectos que se indican a continuación. En primer lugar, la Generalitat procurará la igualdad de oportunidades, la integración y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, mediante la implantación de medidas de acción positiva, e impulsará la accesibilidad espacial para instalaciones, edificios y servicios públicos. En segundo lugar, la Generalitat deberá regular las prestaciones y ayudas previstas en el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana y que se puedan establecer para las personas con discapacidad.</p>
<p class='centro_redonda'>VIII</p>
<p class='parrafo_2'>El título V se dedica a las personas inmigrantes.</p>
<p class='parrafo'>El artículo 10.3 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, al describir los ámbitos en los que la Generalitat centrará sus esfuerzos en políticas sociales de integración, señala que «en todo caso, la actuación de la Generalitat se centrará primordialmente en los siguientes ámbitos: [...] derechos y atención social de las personas inmigrantes con residencia en la Comunitat Valenciana». Y todo ello en plena consonancia con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución y con las políticas públicas europeas, en las que la integración de las personas inmigrantes en las sociedades de acogida se ha convertido en una cuestión clave.</p>
<p class='parrafo'>Es por ello que se incluye en esta ley a las personas inmigrantes como uno de los colectivos que merecen especial protección social por parte de la Generalitat.</p>
<p class='centro_redonda'>IX</p>
<p class='parrafo_2'>El título VI de la carta regula el sistema de garantías que, de acuerdo con las competencias de la Comunitat Valenciana, pueden establecerse para hacer efectivos los derechos reconocidos en la carta y salvaguardar la regulación contenida en la misma.</p>
<p class='centro_redonda'>X</p>
<p class='parrafo_2'>Finalmente, y en lo que se refiere a las competencias de la Comunitat Valenciana para aprobar la presente Carta de Derechos Sociales, los artículos 49.1.4.ª,9.ª,12.ª,23-28.ª, 49.3.16.ª, 50.6; 53 y 54 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana atribuyen a la Generalitat la competencia sobre las materias objeto de esta carta.</p>
<p class='titulo_num'>TÍTULO PRELIMINAR</p>
<p class='titulo_tit'>Disposiciones generales</p>
<p class='articulo'>Artículo 1. Objeto de la carta.</p>
<p class='parrafo'>La Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana tiene por objeto articular el conjunto de principios, derechos y directrices que informan la actuación pública de la Generalitat en el ámbito de la política social, siendo expresión de la convivencia social de los valencianos y las valencianas.</p>
<p class='articulo'>Artículo 2. Los derechos sociales.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, los derechos sociales de los valencianos y las valencianas representan un ámbito inseparable del respeto de los valores y derechos universales de las personas y constituyen uno de los fundamentos cívicos del progreso económico, cultural y tecnológico de la Comunitat Valenciana.</p>
<p class='articulo'>Artículo 3. Principios generales de actuación.</p>
<p class='parrafo'>1. La Generalitat defenderá y promoverá los derechos sociales de los valencianos y las valencianas y velará por el cumplimiento de sus deberes. Asimismo, en el marco de sus competencias, promoverá las condiciones necesarias para que los derechos sociales de cada persona y de los grupos y colectivos en que se integren sean objeto de una aplicación real y efectiva.</p>
<p class='parrafo'>2. La actuación de la Generalitat, en el ámbito de la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana, estará sometida a los siguientes principios y directrices:</p>
<p class='parrafo_2'><em>a</em>) Principio de vinculación de los poderes públicos a los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Española, la Carta Social Europea y en aquellos otros instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, individuales y colectivos válidamente ratificados por España.</p>
<p class='parrafo'><em>b</em>) Principio de transversalidad, según el cual las políticas sociales que se deriven de los derechos sociales recogidos en esta ley resultarán de aplicación transversal sobre el conjunto de la actuación de la Administración de la Generalitat.</p>
<p class='parrafo'><em>c</em>) Principio de participación ciudadana, mediante el que se garantizará la participación de la ciudadanía en el diseño y ejecución de las políticas que resulten de aplicación en el desarrollo de los derechos sociales. La participación se articulará de conformidad con lo dispuesto por la normativa autonómica en materia de participación ciudadana.</p>
<p class='articulo'>Artículo 4. Igualdad.</p>
<p class='parrafo'>1. La Generalitat garantizará la igualdad de derechos y deberes en todo el territorio de la Comunitat Valenciana.</p>
<p class='parrafo'>2. La Generalitat instará a los poderes del Estado para que procuren la igualdad de derechos y deberes de todas las personas españolas en todo el territorio nacional, con independencia de la comunidad autónoma en que residan.</p>
<p class='articulo'>Artículo 5. Prohibición de discriminación.</p>
<p class='parrafo'>1. Se prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos, así como en el cumplimiento de los deberes regulados en la presente carta.</p>
<p class='parrafo'>2. No obstante, podrán establecerse medidas de discriminación positiva a favor de personas o grupos necesitados de especial protección.</p>
<p class='articulo'>Artículo 6. De la promoción y defensa de las personas menores de edad.</p>
<p class='parrafo'>1. La Generalitat, en el ámbito de sus competencias, velará por el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las personas menores de edad, fomentando su integración real y efectiva en la sociedad.</p>
<p class='parrafo'>2. El interés superior de las personas menores de edad será considerado de manera primordial en todas las medidas que les afecten que adopten las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, así como las instituciones privadas.</p>
<p class='parrafo'>3. Las entidades públicas promoverán las acciones y medidas necesarias para facilitar a las personas menores de edad que padezcan una enfermedad prolongada, o con algún tipo de discapacidad, su integración y atención en los ámbitos familiar, escolar, social, laboral y sanitario.</p>
<p class='parrafo'>4. La protección integral de las personas menores de edad en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana se efectuará de acuerdo con las medidas establecidas al efecto en la legislación vigente, en especial por la protección de la salud, prevención de la enfermedad y por una atención sanitaria integral, por el derecho a una educación plural y de calidad, a un medioambiente protegido, a una protección social suficiente y a una vivienda adecuada.</p>
<p class='parrafo'>5. Las entidades públicas competentes en materia de protección jurídica de las personas menores de edad, de ámbito local y autonómico, adoptarán las medidas oportunas para su protección en situación de riesgo o desamparo, conforme a lo dispuesto en la legislación específica de protección a la infancia. Las demás entidades públicas, en el ámbito de sus competencias, colaborarán en el ejercicio de las medidas adoptadas.</p>
<p class='parrafo'>6. La Generalitat, en el ámbito de sus competencias, emprenderá las actuaciones y adoptará los instrumentos necesarios para combatir el absentismo y abandono escolar, así como para garantizar la adecuada colaboración entre la familia y las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana.</p>
<p class='articulo'>Artículo 7. De la protección de la juventud.</p>
<p class='parrafo'>1. La Generalitat desarrollará políticas específicas para garantizar la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de la Comunitat Valenciana. Asimismo, la normativa autonómica garantizará la participación de la juventud en la planificación y ejecución de políticas transversales en materia de juventud.</p>
<p class='parrafo'>2. Los principios informadores de las políticas de la Generalitat en materia de juventud serán la universalidad de las actuaciones, el desarrollo de valores democráticos, el fomento de la participación ciudadana y la solidaridad, la igualdad de oportunidades, el fomento de la lengua y la cultura valenciana, así como la integración social.</p>
<p class='articulo'>Artículo 8. De la protección de las personas mayores.</p>
<p class='parrafo'>1. Las personas mayores tienen derecho a la participación en la vida social, política, económica y cultural de la Comunitat Valenciana, en los términos previstos en la normativa autonómica sobre participación ciudadana.</p>
<p class='parrafo'>2. Las personas mayores tienen derecho a recibir de los poderes públicos una protección y una atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo, en todas sus posibilidades, que les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual, así como a acceder a una atención gerontológica adecuada, en el ámbito sanitario, social y asistencial, y a percibir prestaciones y servicios garantizados en los términos que establezcan las leyes.</p>
<p class='parrafo'>3. La protección integral de las personas mayores, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, tendrá como finalidad garantizar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, así como el derecho a su autonomía personal, de acuerdo con lo que se disponga en la legislación vigente.</p>
<p class='parrafo'>4. Las políticas de la Generalitat en esta materia tendrán un carácter transversal, especialmente en el ámbito sanitario, social y cultural.</p>
<p class='articulo'>Artículo 9. De la protección de las personas en situación de dependencia.</p>
<p class='parrafo'>1. La Generalitat garantizará, en el ámbito de sus competencias, el derecho de las personas en situación de dependencia a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades, así como a su participación en la vida política, económica, cultural y social de la Comunitat Valenciana.</p>
<p class='parrafo'>2. Las personas en situación de dependencia tienen derecho a acceder a las prestaciones y a servicios de calidad que les permita disfrutar de una digna calidad de vida que estén previstos en la legislación estatal, así como en la normativa autonómica que la desarrolle.</p>
<p class='parrafo'>3. La protección de los derechos de las personas en situación de dependencia se garantizará de conformidad con las medidas establecidas en la legislación vigente.</p>
<p class='articulo'>Artículo 10. Desarrollo, interpretación y aplicación.</p>
<p class='parrafo'>Los derechos y principios contenidos en la presente carta no podrán ser desarrollados, interpretados o aplicados de forma que limiten o reduzcan los derechos o principios reconocidos por la Constitución Española, el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana o por los tratados y convenios internacionales ratificados por España.</p>
<p class='articulo'>Artículo 11. Del lenguaje.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, las instituciones y administraciones de la Generalitat evitarán utilizar un lenguaje que suponga discriminación, menoscabo o minusvaloración para cualquier persona o colectivo.</p>
<p class='titulo_num'>TÍTULO I</p>
<p class='titulo_tit'>De los principios, derechos y directrices en el ámbito de la política social</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO I</p>
<p class='capitulo_tit'>Disposiciones generales</p>
<p class='articulo'>Artículo 12. De los derechos en relación con los servicios sociales.</p>
<p class='parrafo'>La Generalitat, en el ámbito de sus competencias, garantizará:</p>
<p class='parrafo_2'>1. El derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones de los servicios sociales.</p>
<p class='parrafo'>2. El derecho a recibir información completa sobre las prestaciones de los servicios sociales.</p>
<p class='articulo'>Artículo 13. Principios rectores de la política de la Generalitat en el ámbito de los servicios sociales.</p>
<p class='parrafo'>La Generalitat, en el ámbito social, desarrollará su actuación con el fin de establecer un sistema de servicios sociales que contribuya al bienestar y al desarrollo de las personas y de los grupos en que se integran. Asimismo, dirigirá la misma a la promoción de la convivencia, la integración y la cohesión social, la detección de las necesidades personales y sociales y el reparto equitativo de los recursos.</p>
<p class='articulo'>Artículo 14. Principios de actuación en el ámbito de los servicios sociales.</p>
<p class='parrafo'>En las actuaciones relativas a los servicios sociales, los poderes públicos valencianos actuarán de acuerdo con los principios de responsabilidad pública, participación ciudadana, igualdad y universalidad, globalidad, integración y descentralización, desconcentración, transversalidad y coordinación en la gestión.</p>
<p class='articulo'>Artículo 15. Seguridad y vinculación al territorio.</p>
<p class='parrafo'>1. La Generalitat desarrollará su política social atendiendo a su aplicación territorial.</p>
<p class='parrafo'>2. Además reconocerá a las valencianas y los valencianos el derecho:</p>
<p class='parrafo_2'>a) A la seguridad en el territorio, frente a los riesgos naturales e inducidos y frente a la ausencia de recursos hídricos suficientes para el consumo humano y el desarrollo de las actividades económicas y sociales.</p>
<p class='parrafo'>b) A disfrutar de un medio adecuado y del paisaje como activo cultural, económico e identitario.</p>
<p class='parrafo'>c) A la equidad territorial y a acrecentar la cohesión social.</p>
<p class='parrafo'>d) Y a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, sin que ello suponga el desarraigo del entorno al que está asociado el desarrollo de su personalidad.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO II</p>
<p class='capitulo_tit'>Derechos y principios de actuación contra la pobreza y la exclusión social</p>
<p class='articulo'>Artículo 16. De las personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social.</p>
<p class='parrafo'>1. Los poderes públicos de la Comunitat Valenciana orientarán sus políticas públicas a la atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social, con el fin de lograr su integración social, laboral y económica.</p>
<p class='parrafo'>2. Con el fin de luchar contra la pobreza y facilitar la inserción social, la Generalitat garantiza el derecho de los valencianos y las valencianas con mayores necesidades a la solidaridad.</p>
<p class='articulo'>Artículo 17. De la renta de ciudadanía.</p>
<p class='parrafo'>1. La Generalitat garantiza el derecho de la ciudadanía a una renta mínima, en los términos previstos en la ley.</p>
<p class='parrafo'>2. La renta de ciudadanía se configura como una prestación económica de carácter universal, que permite favorecer la inserción sociolaboral de las personas que carezcan de recursos suficientes para mantener un adecuado bienestar personal y familiar, atendiendo a principios de igualdad, solidaridad, subsidiariedad y complementariedad.</p>
<p class='parrafo'>3. La renta de ciudadanía será gestionada por la red pública de servicios sociales, y su prestación queda vinculada al compromiso de las personas destinatarias de promover de modo activo su inserción sociolaboral.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO III</p>
<p class='capitulo_tit'>Derechos y principios de actuación para una educación pública y de calidad</p>
<p class='articulo'>Artículo 18. Del derecho a la educación y del acceso en igualdad de condiciones.</p>
<p class='parrafo'>1. Se garantiza, mediante un sistema educativo público y de calidad, el derecho constitucional de todos a una educación permanente y de carácter compensatorio.</p>
<p class='parrafo'>2. Todos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a los centros educativos sostenidos con fondos públicos. A tal fin, se establecerán los correspondientes criterios de admisión al objeto de garantizarla en condiciones de igualdad y no discriminación.</p>
<p class='parrafo'>3. Se fomentará la escolarización pública de 0 a 3 años como garantía del principio de igualdad de oportunidades y como medida para la conciliación laboral y familiar.</p>
<p class='parrafo'>4. Se garantiza la gratuidad de la enseñanza en los niveles obligatorios y, en los términos que se establezca en la ley, en la educación infantil. Todos tienen el derecho a acceder, en condiciones de igualdad, al sistema público de ayudas y becas al estudio en los niveles no gratuitos.</p>
<p class='parrafo'>5. Todos tienen derecho a acceder a la formación profesional y a la educación permanente en los términos que establezca la ley.</p>
<p class='parrafo'>6. Las universidades públicas de nuestra comunidad garantizarán, en los términos que establezca la ley, el acceso a las mismas en condiciones de igualdad.</p>
<p class='parrafo'>7. Las personas con necesidades educativas especiales tendrán derecho a su efectiva integración en el sistema educativo general de acuerdo con lo que dispongan las leyes.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO IV</p>
<p class='capitulo_tit'>Derechos y principios de actuación para una sanidad pública, universal y de calidad</p>
<p class='articulo'>Artículo 19. Del derecho a la sanidad y a la protección de la salud.</p>
<p class='parrafo'>1. Se garantiza el derecho a la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal.</p>
<p class='parrafo'>2. Se velará por el cumplimiento de los derechos básicos y fundamentales del paciente en el ámbito de la sanidad pública y privada, así como por la calidad de las prestaciones y servicios sanitarios de la Comunitat Valenciana.</p>
<p class='parrafo'>3. Se favorecerá la mediación en la resolución de los conflictos que puedan existir con pacientes y demás usuarios de la sanidad.</p>
<p class='parrafo'>4. Se promoverán una información y una educación sanitarias adecuadas, comprensibles y veraces en la Comunitat Valenciana.</p>
<p class='parrafo'>5. Se garantizan los derechos a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana de conformidad con la normativa estatal y autonómica dictada al respecto.</p>
<p class='titulo_num'>TÍTULO II</p>
<p class='titulo_tit'>De la igualdad entre mujeres y hombres</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO I</p>
<p class='capitulo_tit'>Disposiciones generales</p>
<p class='articulo'>Artículo 20. De la igualdad entre mujeres y hombres.</p>
<p class='parrafo'>1. La Generalitat velará, en todo caso, para que las mujeres y los hombres puedan participar plenamente en la vida laboral, social, cultural, familiar y política sin discriminación de ningún tipo y garantizará que lo hagan en igualdad de condiciones, de acuerdo con lo previsto al efecto en la normativa vigente.</p>
<p class='parrafo'>2. Los poderes públicos de la Comunitat Valenciana garantizarán la transversalidad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en todas sus políticas.</p>
<p class='articulo'>Artículo 21. Prohibición de discriminación por razón de sexo.</p>
<p class='parrafo'>1. Se prohíbe cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirecta.</p>
<p class='parrafo'>2. A estos efectos, se entiende por:</p>
<p class='parrafo_2'><em>a</em>) Discriminación directa: la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada por razón de su sexo de manera menos favorable que otra de distinto sexo en situación comparable.</p>
<p class='parrafo'><em>b</em>) Discriminación indirecta: la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutra pone a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.</p>
<p class='articulo'>Artículo 22. Prohibición de discriminación a causa de la orientación sexual.</p>
<p class='parrafo'>1. Todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas por razón de su orientación sexual, y a que se respete la misma.</p>
<p class='parrafo'>2. Los poderes públicos de la Comunitat Valenciana desarrollarán políticas con el fin de que se garantice dicho derecho.</p>
<p class='articulo'>Artículo 23. Principios y directrices informadores de la actuación de los poderes públicos de la Comunitat Valenciana.</p>
<p class='parrafo'>1. La Generalitat integrará los principios de igualdad de trato y no discriminación en el desarrollo de sus políticas públicas, adoptando las medidas que sean necesarias para evitar la segregación laboral y para alcanzar la igualdad retributiva.</p>
<p class='parrafo'>2. Los poderes públicos de la Comunitat Valenciana colaborarán para hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, la Administración de la Comunitat Valenciana colaborará con la Administración General del Estado y con los entes locales para que se haga efectivo dicho principio de igualdad.</p>
<p class='parrafo'>3. Los poderes públicos de la Comunitat Valenciana fomentarán la adopción de instrumentos de cooperación entre las Administraciones Públicas y los agentes sociales, así como con las asociaciones y otras entidades privadas, para hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres.</p>
<p class='parrafo'>4. La Generalitat adoptará medidas para lograr la plena implantación del lenguaje no sexista en el ámbito administrativo, así como para su extensión a otros ámbitos sociales, culturales y artísticos.</p>
<p class='parrafo'>5. La Generalitat tendrá en consideración las dificultades específicas que en materia de igualdad entre hombres y mujeres pueden encontrar las mujeres por pertenecer a colectivos vulnerables.</p>
<p class='articulo'>Artículo 24. Desarrollo.</p>
<p class='parrafo'>La legislación de la Comunitat Valenciana sobre igualdad de mujeres y hombres deberá contemplar medidas que, de conformidad con las competencias asumidas, tengan como objeto garantizar de forma real y efectiva la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, así como la erradicación de la violencia de género, a través de políticas preventivas y asistenciales.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO II</p>
<p class='capitulo_tit'>Del principio de igualdad en el ámbito laboral</p>
<p class='articulo'>Artículo 25. Del principio de igualdad en el ámbito laboral.</p>
<p class='parrafo'>La Generalitat, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado, garantizará:</p>
<p class='parrafo_2'>1. La igualdad de derechos de hombres y mujeres en materia de empleo y trabajo.</p>
<p class='parrafo'>2. El derecho de todas las personas a un trabajo en condiciones de igualdad, que permita la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y el desarrollo humano y profesional.</p>
<p class='articulo'>Artículo 26. Principios rectores de los poderes públicos valencianos en el ámbito laboral.</p>
<p class='parrafo'>Los poderes públicos valencianos, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado, fomentarán:</p>
<p class='parrafo_2'>1. La participación de las mujeres y los hombres en la vida laboral, sin discriminación de ningún tipo y en igualdad de condiciones.</p>
<p class='parrafo'>2. La participación de las mujeres en el mercado de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>3. El acceso de las personas jóvenes, mujeres y hombres, por igual, al mundo laboral, incentivando su creatividad y espíritu emprendedor a través de la educación superior, la formación profesional y la investigación.</p>
<p class='parrafo'>4. El impulso y fomento de la responsabilidad social empresarial.</p>
<p class='parrafo'>5. Políticas activas de conciliación laboral y familiar que apuesten por la corresponsabilidad familiar y garanticen el principio de igualdad de oportunidades.</p>
<p class='articulo'>Artículo 27. Del principio de igualdad en el empleo público.</p>
<p class='parrafo'>La legislación reguladora de la función pública valenciana contemplará, como uno de sus principios informadores, el de igualdad de trato entre hombres y mujeres.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO III</p>
<p class='capitulo_tit'>Del principio de igualdad en el sistema educativo</p>
<p class='articulo'>Artículo 28. Del principio de igualdad en el sistema educativo.</p>
<p class='parrafo'>1. La Generalitat garantizará un igual derecho a la educación de mujeres y hombres.</p>
<p class='parrafo'>2. El sistema educativo de la Comunitat Valenciana, para hacer efectivo este principio de igualdad de derechos de mujeres y hombres, incluirá la formación en valores, rechazando toda forma de discriminación entre mujeres y hombres, alejada de estereotipos sexistas, a través de una orientación académica y profesional que garantice la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.</p>
<p class='parrafo'>3. La Generalitat, en el ámbito de sus competencias, dedicará, en los diferentes currículos educativos y formativos, una atención especial al principio de igualdad de mujeres y hombres.</p>
<p class='titulo_num'>TÍTULO III</p>
<p class='titulo_tit'>De la defensa integral de la familia</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO I</p>
<p class='capitulo_tit'>Disposiciones generales</p>
<p class='articulo'>Artículo 29. De la defensa integral de la familia.</p>
<p class='parrafo'>1. La Generalitat garantizará la defensa integral de la familia, para lo que se adoptarán, en el ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para su protección.</p>
<p class='parrafo'>2. La Generalitat impulsará el reconocimiento institucional de la familia mediante los instrumentos adecuados.</p>
<p class='articulo'>Artículo 30. Principios informadores de la protección de la familia.</p>
<p class='parrafo'>1. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, con el fin de fomentar la promoción y protección de la familia, dirigirán sus actuaciones a promover el reconocimiento de la importancia social de las familias, así como del valor social de la maternidad y la paternidad, y a facilitar a los miembros de las familias el desempeño de sus responsabilidades y el ejercicio de sus derechos. Del mismo modo, también dirigirán sus actuaciones a promover la corresponsabilidad de los padres y las madres en relación con sus hijos e hijas y a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.</p>
<p class='parrafo'>2. Así mismo, se reconoce el derecho de las familias a participar en la concreción de las políticas que les afecten a través de las asociaciones que trabajan en este ámbito.</p>
<p class='articulo'>Artículo 31. De la protección de la maternidad y la paternidad.</p>
<p class='parrafo'>1. La Generalitat adoptará las medidas de apoyo necesarias para fomentar y proteger la maternidad y la paternidad.</p>
<p class='parrafo'>2. Las políticas sociales familiares subrayarán la importancia, en interés de los hijos e hijas, del ejercicio de una maternidad y paternidad responsables.</p>
<p class='articulo'>Artículo 32. Directrices y principios informadores relativos a la conciliación de la vida familiar y profesional.</p>
<p class='parrafo'>1. La Generalitat garantizará, en el ámbito de sus competencias, la conciliación de la vida familiar y profesional.</p>
<p class='parrafo'>2. A los efectos previstos en el apartado anterior, la Generalitat adoptará, en el ámbito de sus competencias, entre otras, las siguientes medidas:</p>
<p class='parrafo_2'><em>a</em>) La promoción, de acuerdo con los agentes sociales y económicos, de la flexibilización de los horarios.</p>
<p class='parrafo'><em>b</em>) La adopción de medidas para favorecer la corresponsabilidad de las mujeres y los hombres en el cuidado de sus hijos e hijas y las personas en situación de dependencia.</p>
<p class='parrafo_2'>3. La Generalitat promoverá el desarrollo de la red de servicios sociales que atiende a las personas menores de edad, a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a las personas en situación de dependencia, a los efectos de garantizar la compatibilidad de la vida familiar y profesional y su mejor atención.</p>
<p class='parrafo'>4. Asimismo, el Consell promoverá la adopción, por parte de las administraciones municipales, de medidas que permitan compatibilizar la vida familiar y profesional.</p>
<p class='parrafo'>5. Las medidas de compatibilidad de la vida familiar y profesional aplicables al personal al servicio de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana se adoptarán de acuerdo con lo establecido al respecto por la normativa vigente.</p>
<p class='articulo'>Artículo 33. Derechos de conciliación de la vida familiar y profesional.</p>
<p class='parrafo'>La Generalitat, en el ámbito de sus competencias y dentro del respeto a la legislación básica estatal en la materia, garantizará los siguientes derechos:</p>
<p class='parrafo_2'>1. El derecho de toda persona trabajadora a ser protegida por la ley frente al despido motivado por la maternidad.</p>
<p class='parrafo'>2. El derecho de toda persona trabajadora a un permiso retribuido por causa de maternidad o paternidad en la forma en que determine la ley, con motivo del nacimiento de un/a hijo/a, adopción o acogimiento.</p>
<p class='parrafo'>3. El derecho de toda persona a las prestaciones sociales que se establezcan para garantizar la compatibilidad de la vida familiar y profesional.</p>
<p class='articulo'>Artículo 34. De las familias numerosas.</p>
<p class='parrafo'>Los poderes públicos de la Comunitat Valenciana adoptarán las medidas normativas y económicas necesarias para atender las necesidades específicas de las familias numerosas, de acuerdo con lo establecido por la legislación vigente.</p>
<p class='articulo'>Artículo 35. De los derechos de las personas menores de edad en relación con la familia.</p>
<p class='parrafo'>1. Las personas menores de edad tendrán derecho a crecer y vivir con sus padres, si ambos manifiestan voluntad y aptitud para la crianza, procurándose en los casos de separación de los progenitores una convivencia igualitaria con ambos.</p>
<p class='parrafo'>2. Los poderes públicos velarán por la protección del principio de corresponsabilidad en el cuidado y educación de los menores de edad.</p>
<p class='parrafo'>3. En cualquier caso, las personas menores de edad tendrán derecho a mantener relación con sus padres, y se protegerá especialmente el derecho de las que estén separadas de uno o ambos a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores de modo regular. Asimismo, tendrán derecho a mantener relación con sus hermanos/as, abuelos/as y demás parientes próximos o allegados.</p>
<p class='parrafo'>4. Sobre las relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, se estará a lo que disponga la normativa vigente de la Generalitat en esta materia.</p>
<p class='parrafo'>5. En el caso de situaciones de riesgo para las personas menores de edad, caracterizadas por la existencia de un perjuicio que no alcance la gravedad suficiente para justificar su separación del núcleo familiar, los poderes públicos deberán intervenir para intentar eliminar, dentro de la institución familiar, los factores de riesgo. En las situaciones de desamparo, donde la gravedad de los hechos aconsejara la separación de la familia, la entidad pública deberá adoptar preferentemente la medida de protección que posibilite la permanencia en un ambiente familiar.</p>
<p class='parrafo'>6. En la observancia de estos derechos prevalecerá siempre el mayor interés de la persona menor de edad y la incidencia que cada situación pueda tener en su desarrollo psicológico y social.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO II</p>
<p class='capitulo_tit'>De las situaciones de unión legalizadas</p>
<p class='articulo'>Artículo 36. De las situaciones de unión legalizadas.</p>
<p class='parrafo'>Serán titulares, en todo caso, de los derechos y beneficios que se les reconozca en la presente carta y en las normas que los regulen, las personas que convivan en pareja, de forma libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable, al menos durante un período ininterrumpido de doce meses, existiendo una relación de afectividad, siempre que voluntariamente decidan someterse a la misma mediante la inscripción de la unión en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana.</p>
<p class='articulo'>Artículo 37. Derecho de inscripción.</p>
<p class='parrafo'>Las personas que convivan en pareja tienen derecho a inscribir en un registro público su opción de convivencia.</p>
<p class='articulo'>Artículo 38. Derecho a la realización de pactos de convivencia.</p>
<p class='parrafo'>Las personas que se encuentren en una situación de unión legalizada tienen derecho a establecer en escritura pública los pactos que consideren convenientes para regular sus relaciones económicas durante la convivencia y para liquidarlas tras su cese, con los límites establecidos en la normativa de Derecho Civil aplicable. Dichos pactos podrán ser inscritos en el Registro público correspondiente.</p>
<p class='articulo'>Artículo 39. Normativa valenciana de derecho público.</p>
<p class='parrafo'>Los derechos y obligaciones establecidos en la normativa valenciana de Derecho público serán de aplicación a los miembros de la unión de hecho, en especial, en materia presupuestaria, de subvenciones y de tributos propios.</p>
<p class='titulo_num'>TÍTULO IV</p>
<p class='titulo_tit'>De las personas con discapacidad</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO I</p>
<p class='capitulo_tit'>Disposiciones generales</p>
<p class='articulo'>Artículo 40. Principios rectores de la actuación de la Generalitat en materia de discapacidad.</p>
<p class='parrafo'>1. La Generalitat, conforme a lo dispuesto en los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y en los artículos 10 y 13 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, garantizará a las personas con discapacidad y sus familias la no discriminación y sus derechos a la igualdad de oportunidades, a la integración y a la accesibilidad universal en cualquier ámbito de la vida pública, social, educativa o laboral.</p>
<p class='parrafo'>2. Los poderes públicos de la Comunitat Valenciana garantizarán la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.</p>
<p class='parrafo'>3. Las administraciones públicas de la Generalitat, en todo caso, adecuarán sus actuaciones en esta materia a los principios de no discriminación, autonomía, participación, integración, igualdad de oportunidades y responsabilidad pública.</p>
<p class='parrafo'>4. Los poderes públicos de la Generalitat impulsarán políticas específicas de prevención de las discapacidades, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.</p>
<p class='articulo'>Artículo 41. Participación.</p>
<p class='parrafo'>A los efectos de garantizar los derechos, así como el principio de transversalidad previstos en el artículo anterior, se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a participar en la definición de las políticas que les afecten a través de las asociaciones representativas de sus intereses.</p>
<p class='articulo'>Artículo 42. Derechos de las personas con discapacidad en materia educativa.</p>
<p class='parrafo'>En cualquiera de las etapas educativas, obligatorias y no obligatorias, en centros de titularidad pública de la Generalitat, centros de otra titularidad pública convenidos con la Generalitat o centros privados concertados con la Generalitat, a las personas con discapacidad se garantizarán los siguientes derechos:</p>
<p class='parrafo_2'>1. Derecho de las personas con necesidades educativas especiales a su efectiva inclusión en el sistema educativo, de acuerdo con lo que dispongan las leyes, mediante la atención educativa específica que por sus necesidades especiales requieran.</p>
<p class='parrafo'>2. Derecho a la detección, identificación y atención temprana del alumnado con necesidades educativas especiales.</p>
<p class='parrafo'>3. Derecho a disponer de los recursos humanos, materiales y didácticos necesarios para la efectiva inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales.</p>
<p class='parrafo'>4. Derecho a la orientación psicopedagógica, académica y profesional durante su proceso educativo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 43. De la accesibilidad.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con lo establecido en el artículo anterior y en el ámbito de las competencias de la Comunitat Valenciana, los poderes públicos de la Comunitat Valenciana establecerán las medidas necesarias para garantizar el derecho a la accesibilidad universal en cualquier ámbito de la vida pública, social, educativa o económica y, específicamente, la accesibilidad espacial en las instalaciones, edificios y servicios públicos.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO II</p>
<p class='capitulo_tit'>De las ayudas y prestaciones</p>
<p class='articulo'>Artículo 44. Ayudas.</p>
<p class='parrafo'>La Generalitat establecerá las ayudas necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el articulado de la presente carta. Dichas ayudas podrán consistir en prestaciones económicas, asistencias técnicas, asistencia personal, servicios especializados y ayudas y servicios auxiliares para la comunicación.</p>
<p class='articulo'>Artículo 45. De las prestaciones para las personas afectadas de discapacidad</p>
<p class='parrafo'>La Generalitat establecerá medidas económicas, sociales u otras necesarias para aquellas personas con algún tipo de discapacidad que contribuyan a fomentar su autonomía personal, su integración socioprofesional y su participación en la vida social de la comunidad.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO III</p>
<p class='capitulo_tit'>De la lengua de signos</p>
<p class='articulo'>Artículo 46. Garantía de su uso.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Generalitat garantizará el uso de la lengua de signos propia de las personas sordas, que deberá ser objeto de enseñanza, protección y respeto.</p>
<p class='articulo'>Artículo 47. Desarrollo normativo.</p>
<p class='parrafo'>1. A los efectos previstos en el artículo anterior, la Generalitat, en el ámbito de sus competencias, dictará cuantas disposiciones sean necesarias para garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho al uso de la lengua de signos, así como su enseñanza, protección y respeto, y regulará la adopción de las medidas necesarias para promover el uso de los medios de apoyo a la comunicación oral.</p>
<p class='parrafo'>2. Dicha regulación se inspirará, entre otros, en los principios de transversalidad de las políticas sobre el ejercicio del derecho al uso de la lengua de signos y medios de apoyo a la comunicación oral, accesibilidad universal, libertad de elección, no discriminación y normalización.</p>
<p class='parrafo'>3. En todo caso, dicha regulación incluirá medidas en la educación, formación y empleo, salud, cultura, deporte y ocio, transportes, relaciones con las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana y medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información.</p>
<p class='titulo_num'>TÍTULO V</p>
<p class='titulo_tit'>De las personas inmigrantes</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO I</p>
<p class='capitulo_tit'>Disposiciones generales</p>
<p class='articulo'>Artículo 48. Principios rectores de la actuación de la Generalitat en materia de integración de las personas inmigrantes.</p>
<p class='parrafo'>1. El principio general es el de pleno respeto a la igual dignidad de todas las personas y la garantía de no discriminación por razón de la condición de persona inmigrante.</p>
<p class='parrafo'>2. Se reconoce la equiparación de derechos sociales entre las personas que ostenten la condición jurídica de valencianos o valencianas y las personas inmigrantes que residan en la Comunitat Valenciana, en los términos establecidos en la legislación estatal y autonómica aplicable. Se desarrollarán políticas activas de integración a favor de los inmigrantes que se encuentren en territorio de la Comunitat Valenciana.</p>
<p class='parrafo'>3. En aquellos ámbitos en los que la condición de persona inmigrante pueda comportar una situación objetiva de desigualdad se podrán aplicar medidas de acción positiva.</p>
<p class='parrafo'>4. Se favorecerán políticas efectivas de participación social para conseguir la máxima interrelación y conocimiento mutuo.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO II</p>
<p class='capitulo_tit'>
<strong>Derechos sociales de las personas inmigrantes</strong>
</p>
<p class='articulo'>Artículo 49. Derechos sociales de las personas inmigrantes.</p>
<p class='parrafo'>1. Se garantiza a las personas inmigrantes el disfrute de los derechos sociales reconocidos en la presente Carta, de acuerdo con lo establecido por la normativa estatal sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, así como por la normativa autonómica en materia de integración de las personas inmigrantes en la Comunitat Valenciana.</p>
<p class='parrafo'>2. La Generalitat adoptará las medidas oportunas al objeto de asegurar el cumplimiento de los derechos establecidos en el párrafo anterior.</p>
<p class='titulo_num'>TÍTULO VI</p>
<p class='titulo_tit'>Del sistema de garantías</p>
<p class='articulo'>Artículo 50. Vinculación de los poderes públicos.</p>
<p class='parrafo'>1. Los derechos reconocidos en la presente Carta vincularán a todos los poderes públicos en la Comunitat Valenciana y contarán con la garantía recogida en el artículo 53.3 de la Constitución Española.</p>
<p class='parrafo'>2. El Síndic de Greuges, como institución de la Generalitat que tiene encomendada la defensa de los derechos y libertades reconocidos en la presente Carta de Derechos Sociales, garantizará la efectividad de estos derechos ante los poderes públicos autonómicos, en el ámbito competencial y territorial de la Comunitat Valenciana.</p>
<p class='articulo'>Artículo 51. Garantías económicas.</p>
<p class='parrafo'>Los presupuestos de la Generalitat, en el marco de las disponibilidades anuales, contendrán los recursos suficientes para el cumplimiento efectivo de los derechos contenidos en la presente carta.</p>
<p class='articulo'>Artículo 52. Informes.</p>
<p class='parrafo'>El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, el Comité Econòmic i Social y el Consell Valencià de Cultura informarán, de acuerdo con sus respectivas competencias, las normas de desarrollo de la presente carta que lo requieran.</p>
<p class='articulo'>Artículo 53.</p>
<p class='parrafo'>Las administraciones públicas valencianas garantizarán y fomentarán el derecho de las personas valencianoparlantes a ser atendidas en su lengua en todo el ámbito lingüístico del territorio valenciano.</p>
<p class='articulo'>Disposición final primera. Habilitación competencial.</p>
<p class='parrafo'>La presente ley se dicta al amparo de las competencias que corresponden a la Generalitat de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 49.1.4.ª, 9.ª, 12.ª, 23.ª-28.ª, 49.3.16.ª, 50.6; 53 y 54 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, así como conforme a la habilitación contenida en el artículo 10.2 y 3 de la citada norma.</p>
<p class='articulo'>Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.</p>
<p class='parrafo'>Se autoriza al Consell para que dicte cuantas disposiciones sean necesarias para desarrollar y aplicar la presente ley.</p>
<p class='articulo'>Disposición final tercera. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo'>La entrada en vigor de la presente ley tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana».</p>
<p class='parrafo'>Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta Ley.</p>
<p class='parrafo_2'>Valencia, 15 de octubre de 2012.–El President de la Generalitat, Alberto Fabra Part.</p>
<p class='publicado'>(Publicada en el «Diario Oficial de la Comunitat Valenciana» n.º 6.884, de 18 de octubre de 2012)</p>
</texto>
</documento>
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Wed Nov 07 11:41:42 +0000 2012
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Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.
PREÁMBULO
I
Las diferentes declaraciones internacionales de derechos han reconocido derechos sociales que, por su vinculación al progreso económico y social, han ido ampliando y reforzando la protección social, jurídica y económica. La Constitución Española de 1978 ha consagrado, asimismo, dichos derechos, fundamentalmente en el capítulo III, denominado «De los principios rectores de la política social y económica», del título I dedicado a los derechos y deberes fundamentales.
El Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana establece un nuevo marco de garantía y protección de la ciudadanía. Se introduce un título II sobre los derechos de los valencianos y las valencianas novedoso, ambicioso y complejo al mismo tiempo en cuanto a elevar la garantía de los derechos subjetivos, alcanzar la universalidad de protección a la ciudadanía y responder a las demandas crecientes de la sociedad actual.
Dicho reconocimiento supone no sólo una meta que había que alcanzar dado el desarrollo económico, social y cultural que se ha producido en la Comunitat Valenciana desde su creación, sino también un punto de partida para la consecución de una mayor calidad de vida en nuestro territorio.
En este sentido, el artículo 10.2 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana determina que, a través de una ley de Les Corts, se elaborará una carta de derechos sociales de la Comunitat Valenciana «que contendrá el conjunto de principios, derechos y directrices que informen la actuación pública de la Generalitat en el ámbito de la política social».
De acuerdo con dicha previsión y con el fin de consagrar la relevancia de los derechos sociales en la vida de la Comunitat Valenciana, la presente Ley tiene por objeto la aprobación de la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana.
II
En la medida en que el objeto de la carta es el establecimiento del conjunto de principios, derechos y directrices que informen la actuación pública de la Generalitat en el ámbito de la política social, se ha optado, en términos generales, por la enunciación de los derechos y, en su caso, de las medidas que en todo caso habrán de ser adoptadas para la garantía de los mismos, remitiendo su desarrollo a las normas específicas que regulen cada uno de los derechos.
En lo que se refiere al desarrollo ulterior, se ha de tener en cuenta que, en algunos casos, la Comunitat Valenciana ya cuenta con una regulación específica, como la Ley que regula el Estatuto de las Personas con Discapacidad, la Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley de Integración de las Personas Inmigrantes, la Ley de Protección a la Maternidad o la Ley de Juventud.
A su vez, se ha garantizando la participación de la ciudadanía en la elaboración no sólo del presente texto normativo y de sus eventuales modificaciones, sino también en el diseño y ejecución de las políticas que resulten de aplicación en desarrollo de los derechos sociales que se reconocen en la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana.
III
El título preliminar establece las disposiciones generales, tales como el objeto de la carta, los principios generales de actuación de la Generalitat en relación con los derechos sociales, los principios informadores de la actuación de los poderes públicos de la Comunitat Valenciana a los efectos de lograr la protección social de determinados colectivos, o las previsiones relativas al desarrollo, interpretación y aplicación de la carta y a la prohibición de utilización de un lenguaje no discriminatorio por parte de las instituciones y administraciones de la Generalitat.
IV
El título I contiene los derechos, principios y directrices en el ámbito de la política social, tomando como referencia no sólo los textos jurídicos internacionales más relevantes en la materia, como lo son el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14 de la Carta Social Europea, o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sino también las normas que al respecto se contienen en los artículos 9.2 y 10.1 de la Constitución Española y en el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
En este marco, el título I de la presente ley establece los derechos, principios y directrices en el ámbito de los servicios sociales, de acuerdo con la competencia exclusiva que le corresponde a la comunidad autónoma en esta materia, según el actual artículo 49.1.24.ª del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana (antes, artículo 34.24.ª), al amparo de la cual se aprobó la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat, de Servicios Sociales.
V
El título II se dedica a la igualdad de mujeres y hombres.
De acuerdo con la regulación contenida en el artículo 14 de la Constitución Española y en los artículos 10.3 y 11 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, el título II tiene por objeto la igualdad entre mujeres y hombres, si bien este título no agota las diferentes manifestaciones de la igualdad de mujeres y hombres en la medida en que dicho principio se proyecta en la regulación de otros derechos, fundamentalmente en el ámbito familiar, laboral y educativo, en los que se establecen sus correspondientes manifestaciones.
VI
La protección de la familia es una constante en las declaraciones de derechos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Social Europea o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
La Constitución Española dispone en su artículo 39 que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. De acuerdo con ello, el artículo 10 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana incluye, en primer lugar, dentro de los ámbitos de actuación primordial de la Generalitat, la defensa integral de la familia.
En este marco, el título III de la carta se dedica a la defensa integral de la familia. En el mismo se incluyen, entre otros aspectos, los principios informadores de la actuación para la protección de las familias, así como disposiciones relativas a la protección de la maternidad y a la protección de las familias numerosas.
De igual modo, se reconoce la protección de las situaciones de unión legalizadas, en desarrollo de lo preceptuado al respecto por el artículo 10 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
VII
El título IV se refiere a las personas con discapacidad.
De conformidad con la normativa de carácter internacional y de la Unión Europea, así como estatal, el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana garantiza en su actual artículo 13 la protección de los derechos a las personas con discapacidad. En particular, se establece que la actuación de la Generalitat ha de comprender, necesariamente, los aspectos que se indican a continuación. En primer lugar, la Generalitat procurará la igualdad de oportunidades, la integración y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, mediante la implantación de medidas de acción positiva, e impulsará la accesibilidad espacial para instalaciones, edificios y servicios públicos. En segundo lugar, la Generalitat deberá regular las prestaciones y ayudas previstas en el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana y que se puedan establecer para las personas con discapacidad.
VIII
El título V se dedica a las personas inmigrantes.
El artículo 10.3 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, al describir los ámbitos en los que la Generalitat centrará sus esfuerzos en políticas sociales de integración, señala que «en todo caso, la actuación de la Generalitat se centrará primordialmente en los siguientes ámbitos: [...] derechos y atención social de las personas inmigrantes con residencia en la Comunitat Valenciana». Y todo ello en plena consonancia con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución y con las políticas públicas europeas, en las que la integración de las personas inmigrantes en las sociedades de acogida se ha convertido en una cuestión clave.
Es por ello que se incluye en esta ley a las personas inmigrantes como uno de los colectivos que merecen especial protección social por parte de la Generalitat.
IX
El título VI de la carta regula el sistema de garantías que, de acuerdo con las competencias de la Comunitat Valenciana, pueden establecerse para hacer efectivos los derechos reconocidos en la carta y salvaguardar la regulación contenida en la misma.
X
Finalmente, y en lo que se refiere a las competencias de la Comunitat Valenciana para aprobar la presente Carta de Derechos Sociales, los artículos 49.1.4.ª,9.ª,12.ª,23-28.ª, 49.3.16.ª, 50.6; 53 y 54 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana atribuyen a la Generalitat la competencia sobre las materias objeto de esta carta.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto de la carta.
La Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana tiene por objeto articular el conjunto de principios, derechos y directrices que informan la actuación pública de la Generalitat en el ámbito de la política social, siendo expresión de la convivencia social de los valencianos y las valencianas.
Artículo 2. Los derechos sociales.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, los derechos sociales de los valencianos y las valencianas representan un ámbito inseparable del respeto de los valores y derechos universales de las personas y constituyen uno de los fundamentos cívicos del progreso económico, cultural y tecnológico de la Comunitat Valenciana.
Artículo 3. Principios generales de actuación.
1. La Generalitat defenderá y promoverá los derechos sociales de los valencianos y las valencianas y velará por el cumplimiento de sus deberes. Asimismo, en el marco de sus competencias, promoverá las condiciones necesarias para que los derechos sociales de cada persona y de los grupos y colectivos en que se integren sean objeto de una aplicación real y efectiva.
2. La actuación de la Generalitat, en el ámbito de la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana, estará sometida a los siguientes principios y directrices:
a) Principio de vinculación de los poderes públicos a los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Española, la Carta Social Europea y en aquellos otros instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, individuales y colectivos válidamente ratificados por España.
b) Principio de transversalidad, según el cual las políticas sociales que se deriven de los derechos sociales recogidos en esta ley resultarán de aplicación transversal sobre el conjunto de la actuación de la Administración de la Generalitat.
c) Principio de participación ciudadana, mediante el que se garantizará la participación de la ciudadanía en el diseño y ejecución de las políticas que resulten de aplicación en el desarrollo de los derechos sociales. La participación se articulará de conformidad con lo dispuesto por la normativa autonómica en materia de participación ciudadana.
Artículo 4. Igualdad.
1. La Generalitat garantizará la igualdad de derechos y deberes en todo el territorio de la Comunitat Valenciana.
2. La Generalitat instará a los poderes del Estado para que procuren la igualdad de derechos y deberes de todas las personas españolas en todo el territorio nacional, con independencia de la comunidad autónoma en que residan.
Artículo 5. Prohibición de discriminación.
1. Se prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos, así como en el cumplimiento de los deberes regulados en la presente carta.
2. No obstante, podrán establecerse medidas de discriminación positiva a favor de personas o grupos necesitados de especial protección.
Artículo 6. De la promoción y defensa de las personas menores de edad.
1. La Generalitat, en el ámbito de sus competencias, velará por el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las personas menores de edad, fomentando su integración real y efectiva en la sociedad.
2. El interés superior de las personas menores de edad será considerado de manera primordial en todas las medidas que les afecten que adopten las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, así como las instituciones privadas.
3. Las entidades públicas promoverán las acciones y medidas necesarias para facilitar a las personas menores de edad que padezcan una enfermedad prolongada, o con algún tipo de discapacidad, su integración y atención en los ámbitos familiar, escolar, social, laboral y sanitario.
4. La protección integral de las personas menores de edad en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana se efectuará de acuerdo con las medidas establecidas al efecto en la legislación vigente, en especial por la protección de la salud, prevención de la enfermedad y por una atención sanitaria integral, por el derecho a una educación plural y de calidad, a un medioambiente protegido, a una protección social suficiente y a una vivienda adecuada.
5. Las entidades públicas competentes en materia de protección jurídica de las personas menores de edad, de ámbito local y autonómico, adoptarán las medidas oportunas para su protección en situación de riesgo o desamparo, conforme a lo dispuesto en la legislación específica de protección a la infancia. Las demás entidades públicas, en el ámbito de sus competencias, colaborarán en el ejercicio de las medidas adoptadas.
6. La Generalitat, en el ámbito de sus competencias, emprenderá las actuaciones y adoptará los instrumentos necesarios para combatir el absentismo y abandono escolar, así como para garantizar la adecuada colaboración entre la familia y las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana.
Artículo 7. De la protección de la juventud.
1. La Generalitat desarrollará políticas específicas para garantizar la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de la Comunitat Valenciana. Asimismo, la normativa autonómica garantizará la participación de la juventud en la planificación y ejecución de políticas transversales en materia de juventud.
2. Los principios informadores de las políticas de la Generalitat en materia de juventud serán la universalidad de las actuaciones, el desarrollo de valores democráticos, el fomento de la participación ciudadana y la solidaridad, la igualdad de oportunidades, el fomento de la lengua y la cultura valenciana, así como la integración social.
Artículo 8. De la protección de las personas mayores.
1. Las personas mayores tienen derecho a la participación en la vida social, política, económica y cultural de la Comunitat Valenciana, en los términos previstos en la normativa autonómica sobre participación ciudadana.
2. Las personas mayores tienen derecho a recibir de los poderes públicos una protección y una atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo, en todas sus posibilidades, que les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual, así como a acceder a una atención gerontológica adecuada, en el ámbito sanitario, social y asistencial, y a percibir prestaciones y servicios garantizados en los términos que establezcan las leyes.
3. La protección integral de las personas mayores, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, tendrá como finalidad garantizar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, así como el derecho a su autonomía personal, de acuerdo con lo que se disponga en la legislación vigente.
4. Las políticas de la Generalitat en esta materia tendrán un carácter transversal, especialmente en el ámbito sanitario, social y cultural.
Artículo 9. De la protección de las personas en situación de dependencia.
1. La Generalitat garantizará, en el ámbito de sus competencias, el derecho de las personas en situación de dependencia a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades, así como a su participación en la vida política, económica, cultural y social de la Comunitat Valenciana.
2. Las personas en situación de dependencia tienen derecho a acceder a las prestaciones y a servicios de calidad que les permita disfrutar de una digna calidad de vida que estén previstos en la legislación estatal, así como en la normativa autonómica que la desarrolle.
3. La protección de los derechos de las personas en situación de dependencia se garantizará de conformidad con las medidas establecidas en la legislación vigente.
Artículo 10. Desarrollo, interpretación y aplicación.
Los derechos y principios contenidos en la presente carta no podrán ser desarrollados, interpretados o aplicados de forma que limiten o reduzcan los derechos o principios reconocidos por la Constitución Española, el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana o por los tratados y convenios internacionales ratificados por España.
Artículo 11. Del lenguaje.
De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, las instituciones y administraciones de la Generalitat evitarán utilizar un lenguaje que suponga discriminación, menoscabo o minusvaloración para cualquier persona o colectivo.
TÍTULO I
De los principios, derechos y directrices en el ámbito de la política social
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 12. De los derechos en relación con los servicios sociales.
La Generalitat, en el ámbito de sus competencias, garantizará:
1. El derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones de los servicios sociales.
2. El derecho a recibir información completa sobre las prestaciones de los servicios sociales.
Artículo 13. Principios rectores de la política de la Generalitat en el ámbito de los servicios sociales.
La Generalitat, en el ámbito social, desarrollará su actuación con el fin de establecer un sistema de servicios sociales que contribuya al bienestar y al desarrollo de las personas y de los grupos en que se integran. Asimismo, dirigirá la misma a la promoción de la convivencia, la integración y la cohesión social, la detección de las necesidades personales y sociales y el reparto equitativo de los recursos.
Artículo 14. Principios de actuación en el ámbito de los servicios sociales.
En las actuaciones relativas a los servicios sociales, los poderes públicos valencianos actuarán de acuerdo con los principios de responsabilidad pública, participación ciudadana, igualdad y universalidad, globalidad, integración y descentralización, desconcentración, transversalidad y coordinación en la gestión.
Artículo 15. Seguridad y vinculación al territorio.
1. La Generalitat desarrollará su política social atendiendo a su aplicación territorial.
2. Además reconocerá a las valencianas y los valencianos el derecho:
a) A la seguridad en el territorio, frente a los riesgos naturales e inducidos y frente a la ausencia de recursos hídricos suficientes para el consumo humano y el desarrollo de las actividades económicas y sociales.
b) A disfrutar de un medio adecuado y del paisaje como activo cultural, económico e identitario.
c) A la equidad territorial y a acrecentar la cohesión social.
d) Y a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, sin que ello suponga el desarraigo del entorno al que está asociado el desarrollo de su personalidad.
CAPÍTULO II
Derechos y principios de actuación contra la pobreza y la exclusión social
Artículo 16. De las personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social.
1. Los poderes públicos de la Comunitat Valenciana orientarán sus políticas públicas a la atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social, con el fin de lograr su integración social, laboral y económica.
2. Con el fin de luchar contra la pobreza y facilitar la inserción social, la Generalitat garantiza el derecho de los valencianos y las valencianas con mayores necesidades a la solidaridad.
Artículo 17. De la renta de ciudadanía.
1. La Generalitat garantiza el derecho de la ciudadanía a una renta mínima, en los términos previstos en la ley.
2. La renta de ciudadanía se configura como una prestación económica de carácter universal, que permite favorecer la inserción sociolaboral de las personas que carezcan de recursos suficientes para mantener un adecuado bienestar personal y familiar, atendiendo a principios de igualdad, solidaridad, subsidiariedad y complementariedad.
3. La renta de ciudadanía será gestionada por la red pública de servicios sociales, y su prestación queda vinculada al compromiso de las personas destinatarias de promover de modo activo su inserción sociolaboral.
CAPÍTULO III
Derechos y principios de actuación para una educación pública y de calidad
Artículo 18. Del derecho a la educación y del acceso en igualdad de condiciones.
1. Se garantiza, mediante un sistema educativo público y de calidad, el derecho constitucional de todos a una educación permanente y de carácter compensatorio.
2. Todos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a los centros educativos sostenidos con fondos públicos. A tal fin, se establecerán los correspondientes criterios de admisión al objeto de garantizarla en condiciones de igualdad y no discriminación.
3. Se fomentará la escolarización pública de 0 a 3 años como garantía del principio de igualdad de oportunidades y como medida para la conciliación laboral y familiar.
4. Se garantiza la gratuidad de la enseñanza en los niveles obligatorios y, en los términos que se establezca en la ley, en la educación infantil. Todos tienen el derecho a acceder, en condiciones de igualdad, al sistema público de ayudas y becas al estudio en los niveles no gratuitos.
5. Todos tienen derecho a acceder a la formación profesional y a la educación permanente en los términos que establezca la ley.
6. Las universidades públicas de nuestra comunidad garantizarán, en los términos que establezca la ley, el acceso a las mismas en condiciones de igualdad.
7. Las personas con necesidades educativas especiales tendrán derecho a su efectiva integración en el sistema educativo general de acuerdo con lo que dispongan las leyes.
CAPÍTULO IV
Derechos y principios de actuación para una sanidad pública, universal y de calidad
Artículo 19. Del derecho a la sanidad y a la protección de la salud.
1. Se garantiza el derecho a la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal.
2. Se velará por el cumplimiento de los derechos básicos y fundamentales del paciente en el ámbito de la sanidad pública y privada, así como por la calidad de las prestaciones y servicios sanitarios de la Comunitat Valenciana.
3. Se favorecerá la mediación en la resolución de los conflictos que puedan existir con pacientes y demás usuarios de la sanidad.
4. Se promoverán una información y una educación sanitarias adecuadas, comprensibles y veraces en la Comunitat Valenciana.
5. Se garantizan los derechos a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana de conformidad con la normativa estatal y autonómica dictada al respecto.
TÍTULO II
De la igualdad entre mujeres y hombres
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 20. De la igualdad entre mujeres y hombres.
1. La Generalitat velará, en todo caso, para que las mujeres y los hombres puedan participar plenamente en la vida laboral, social, cultural, familiar y política sin discriminación de ningún tipo y garantizará que lo hagan en igualdad de condiciones, de acuerdo con lo previsto al efecto en la normativa vigente.
2. Los poderes públicos de la Comunitat Valenciana garantizarán la transversalidad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en todas sus políticas.
Artículo 21. Prohibición de discriminación por razón de sexo.
1. Se prohíbe cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirecta.
2. A estos efectos, se entiende por:
a) Discriminación directa: la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada por razón de su sexo de manera menos favorable que otra de distinto sexo en situación comparable.
b) Discriminación indirecta: la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutra pone a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.
Artículo 22. Prohibición de discriminación a causa de la orientación sexual.
1. Todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas por razón de su orientación sexual, y a que se respete la misma.
2. Los poderes públicos de la Comunitat Valenciana desarrollarán políticas con el fin de que se garantice dicho derecho.
Artículo 23. Principios y directrices informadores de la actuación de los poderes públicos de la Comunitat Valenciana.
1. La Generalitat integrará los principios de igualdad de trato y no discriminación en el desarrollo de sus políticas públicas, adoptando las medidas que sean necesarias para evitar la segregación laboral y para alcanzar la igualdad retributiva.
2. Los poderes públicos de la Comunitat Valenciana colaborarán para hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, la Administración de la Comunitat Valenciana colaborará con la Administración General del Estado y con los entes locales para que se haga efectivo dicho principio de igualdad.
3. Los poderes públicos de la Comunitat Valenciana fomentarán la adopción de instrumentos de cooperación entre las Administraciones Públicas y los agentes sociales, así como con las asociaciones y otras entidades privadas, para hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres.
4. La Generalitat adoptará medidas para lograr la plena implantación del lenguaje no sexista en el ámbito administrativo, así como para su extensión a otros ámbitos sociales, culturales y artísticos.
5. La Generalitat tendrá en consideración las dificultades específicas que en materia de igualdad entre hombres y mujeres pueden encontrar las mujeres por pertenecer a colectivos vulnerables.
Artículo 24. Desarrollo.
La legislación de la Comunitat Valenciana sobre igualdad de mujeres y hombres deberá contemplar medidas que, de conformidad con las competencias asumidas, tengan como objeto garantizar de forma real y efectiva la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, así como la erradicación de la violencia de género, a través de políticas preventivas y asistenciales.
CAPÍTULO II
Del principio de igualdad en el ámbito laboral
Artículo 25. Del principio de igualdad en el ámbito laboral.
La Generalitat, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado, garantizará:
1. La igualdad de derechos de hombres y mujeres en materia de empleo y trabajo.
2. El derecho de todas las personas a un trabajo en condiciones de igualdad, que permita la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y el desarrollo humano y profesional.
Artículo 26. Principios rectores de los poderes públicos valencianos en el ámbito laboral.
Los poderes públicos valencianos, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado, fomentarán:
1. La participación de las mujeres y los hombres en la vida laboral, sin discriminación de ningún tipo y en igualdad de condiciones.
2. La participación de las mujeres en el mercado de trabajo.
3. El acceso de las personas jóvenes, mujeres y hombres, por igual, al mundo laboral, incentivando su creatividad y espíritu emprendedor a través de la educación superior, la formación profesional y la investigación.
4. El impulso y fomento de la responsabilidad social empresarial.
5. Políticas activas de conciliación laboral y familiar que apuesten por la corresponsabilidad familiar y garanticen el principio de igualdad de oportunidades.
Artículo 27. Del principio de igualdad en el empleo público.
La legislación reguladora de la función pública valenciana contemplará, como uno de sus principios informadores, el de igualdad de trato entre hombres y mujeres.
CAPÍTULO III
Del principio de igualdad en el sistema educativo
Artículo 28. Del principio de igualdad en el sistema educativo.
1. La Generalitat garantizará un igual derecho a la educación de mujeres y hombres.
2. El sistema educativo de la Comunitat Valenciana, para hacer efectivo este principio de igualdad de derechos de mujeres y hombres, incluirá la formación en valores, rechazando toda forma de discriminación entre mujeres y hombres, alejada de estereotipos sexistas, a través de una orientación académica y profesional que garantice la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.
3. La Generalitat, en el ámbito de sus competencias, dedicará, en los diferentes currículos educativos y formativos, una atención especial al principio de igualdad de mujeres y hombres.
TÍTULO III
De la defensa integral de la familia
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 29. De la defensa integral de la familia.
1. La Generalitat garantizará la defensa integral de la familia, para lo que se adoptarán, en el ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para su protección.
2. La Generalitat impulsará el reconocimiento institucional de la familia mediante los instrumentos adecuados.
Artículo 30. Principios informadores de la protección de la familia.
1. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, con el fin de fomentar la promoción y protección de la familia, dirigirán sus actuaciones a promover el reconocimiento de la importancia social de las familias, así como del valor social de la maternidad y la paternidad, y a facilitar a los miembros de las familias el desempeño de sus responsabilidades y el ejercicio de sus derechos. Del mismo modo, también dirigirán sus actuaciones a promover la corresponsabilidad de los padres y las madres en relación con sus hijos e hijas y a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
2. Así mismo, se reconoce el derecho de las familias a participar en la concreción de las políticas que les afecten a través de las asociaciones que trabajan en este ámbito.
Artículo 31. De la protección de la maternidad y la paternidad.
1. La Generalitat adoptará las medidas de apoyo necesarias para fomentar y proteger la maternidad y la paternidad.
2. Las políticas sociales familiares subrayarán la importancia, en interés de los hijos e hijas, del ejercicio de una maternidad y paternidad responsables.
Artículo 32. Directrices y principios informadores relativos a la conciliación de la vida familiar y profesional.
1. La Generalitat garantizará, en el ámbito de sus competencias, la conciliación de la vida familiar y profesional.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, la Generalitat adoptará, en el ámbito de sus competencias, entre otras, las siguientes medidas:
a) La promoción, de acuerdo con los agentes sociales y económicos, de la flexibilización de los horarios.
b) La adopción de medidas para favorecer la corresponsabilidad de las mujeres y los hombres en el cuidado de sus hijos e hijas y las personas en situación de dependencia.
3. La Generalitat promoverá el desarrollo de la red de servicios sociales que atiende a las personas menores de edad, a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a las personas en situación de dependencia, a los efectos de garantizar la compatibilidad de la vida familiar y profesional y su mejor atención.
4. Asimismo, el Consell promoverá la adopción, por parte de las administraciones municipales, de medidas que permitan compatibilizar la vida familiar y profesional.
5. Las medidas de compatibilidad de la vida familiar y profesional aplicables al personal al servicio de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana se adoptarán de acuerdo con lo establecido al respecto por la normativa vigente.
Artículo 33. Derechos de conciliación de la vida familiar y profesional.
La Generalitat, en el ámbito de sus competencias y dentro del respeto a la legislación básica estatal en la materia, garantizará los siguientes derechos:
1. El derecho de toda persona trabajadora a ser protegida por la ley frente al despido motivado por la maternidad.
2. El derecho de toda persona trabajadora a un permiso retribuido por causa de maternidad o paternidad en la forma en que determine la ley, con motivo del nacimiento de un/a hijo/a, adopción o acogimiento.
3. El derecho de toda persona a las prestaciones sociales que se establezcan para garantizar la compatibilidad de la vida familiar y profesional.
Artículo 34. De las familias numerosas.
Los poderes públicos de la Comunitat Valenciana adoptarán las medidas normativas y económicas necesarias para atender las necesidades específicas de las familias numerosas, de acuerdo con lo establecido por la legislación vigente.
Artículo 35. De los derechos de las personas menores de edad en relación con la familia.
1. Las personas menores de edad tendrán derecho a crecer y vivir con sus padres, si ambos manifiestan voluntad y aptitud para la crianza, procurándose en los casos de separación de los progenitores una convivencia igualitaria con ambos.
2. Los poderes públicos velarán por la protección del principio de corresponsabilidad en el cuidado y educación de los menores de edad.
3. En cualquier caso, las personas menores de edad tendrán derecho a mantener relación con sus padres, y se protegerá especialmente el derecho de las que estén separadas de uno o ambos a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores de modo regular. Asimismo, tendrán derecho a mantener relación con sus hermanos/as, abuelos/as y demás parientes próximos o allegados.
4. Sobre las relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, se estará a lo que disponga la normativa vigente de la Generalitat en esta materia.
5. En el caso de situaciones de riesgo para las personas menores de edad, caracterizadas por la existencia de un perjuicio que no alcance la gravedad suficiente para justificar su separación del núcleo familiar, los poderes públicos deberán intervenir para intentar eliminar, dentro de la institución familiar, los factores de riesgo. En las situaciones de desamparo, donde la gravedad de los hechos aconsejara la separación de la familia, la entidad pública deberá adoptar preferentemente la medida de protección que posibilite la permanencia en un ambiente familiar.
6. En la observancia de estos derechos prevalecerá siempre el mayor interés de la persona menor de edad y la incidencia que cada situación pueda tener en su desarrollo psicológico y social.
CAPÍTULO II
De las situaciones de unión legalizadas
Artículo 36. De las situaciones de unión legalizadas.
Serán titulares, en todo caso, de los derechos y beneficios que se les reconozca en la presente carta y en las normas que los regulen, las personas que convivan en pareja, de forma libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable, al menos durante un período ininterrumpido de doce meses, existiendo una relación de afectividad, siempre que voluntariamente decidan someterse a la misma mediante la inscripción de la unión en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana.
Artículo 37. Derecho de inscripción.
Las personas que convivan en pareja tienen derecho a inscribir en un registro público su opción de convivencia.
Artículo 38. Derecho a la realización de pactos de convivencia.
Las personas que se encuentren en una situación de unión legalizada tienen derecho a establecer en escritura pública los pactos que consideren convenientes para regular sus relaciones económicas durante la convivencia y para liquidarlas tras su cese, con los límites establecidos en la normativa de Derecho Civil aplicable. Dichos pactos podrán ser inscritos en el Registro público correspondiente.
Artículo 39. Normativa valenciana de derecho público.
Los derechos y obligaciones establecidos en la normativa valenciana de Derecho público serán de aplicación a los miembros de la unión de hecho, en especial, en materia presupuestaria, de subvenciones y de tributos propios.
TÍTULO IV
De las personas con discapacidad
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 40. Principios rectores de la actuación de la Generalitat en materia de discapacidad.
1. La Generalitat, conforme a lo dispuesto en los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y en los artículos 10 y 13 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, garantizará a las personas con discapacidad y sus familias la no discriminación y sus derechos a la igualdad de oportunidades, a la integración y a la accesibilidad universal en cualquier ámbito de la vida pública, social, educativa o laboral.
2. Los poderes públicos de la Comunitat Valenciana garantizarán la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.
3. Las administraciones públicas de la Generalitat, en todo caso, adecuarán sus actuaciones en esta materia a los principios de no discriminación, autonomía, participación, integración, igualdad de oportunidades y responsabilidad pública.
4. Los poderes públicos de la Generalitat impulsarán políticas específicas de prevención de las discapacidades, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.
Artículo 41. Participación.
A los efectos de garantizar los derechos, así como el principio de transversalidad previstos en el artículo anterior, se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a participar en la definición de las políticas que les afecten a través de las asociaciones representativas de sus intereses.
Artículo 42. Derechos de las personas con discapacidad en materia educativa.
En cualquiera de las etapas educativas, obligatorias y no obligatorias, en centros de titularidad pública de la Generalitat, centros de otra titularidad pública convenidos con la Generalitat o centros privados concertados con la Generalitat, a las personas con discapacidad se garantizarán los siguientes derechos:
1. Derecho de las personas con necesidades educativas especiales a su efectiva inclusión en el sistema educativo, de acuerdo con lo que dispongan las leyes, mediante la atención educativa específica que por sus necesidades especiales requieran.
2. Derecho a la detección, identificación y atención temprana del alumnado con necesidades educativas especiales.
3. Derecho a disponer de los recursos humanos, materiales y didácticos necesarios para la efectiva inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales.
4. Derecho a la orientación psicopedagógica, académica y profesional durante su proceso educativo.
Artículo 43. De la accesibilidad.
De acuerdo con lo establecido en el artículo anterior y en el ámbito de las competencias de la Comunitat Valenciana, los poderes públicos de la Comunitat Valenciana establecerán las medidas necesarias para garantizar el derecho a la accesibilidad universal en cualquier ámbito de la vida pública, social, educativa o económica y, específicamente, la accesibilidad espacial en las instalaciones, edificios y servicios públicos.
CAPÍTULO II
De las ayudas y prestaciones
Artículo 44. Ayudas.
La Generalitat establecerá las ayudas necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el articulado de la presente carta. Dichas ayudas podrán consistir en prestaciones económicas, asistencias técnicas, asistencia personal, servicios especializados y ayudas y servicios auxiliares para la comunicación.
Artículo 45. De las prestaciones para las personas afectadas de discapacidad
La Generalitat establecerá medidas económicas, sociales u otras necesarias para aquellas personas con algún tipo de discapacidad que contribuyan a fomentar su autonomía personal, su integración socioprofesional y su participación en la vida social de la comunidad.
CAPÍTULO III
De la lengua de signos
Artículo 46. Garantía de su uso.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Generalitat garantizará el uso de la lengua de signos propia de las personas sordas, que deberá ser objeto de enseñanza, protección y respeto.
Artículo 47. Desarrollo normativo.
1. A los efectos previstos en el artículo anterior, la Generalitat, en el ámbito de sus competencias, dictará cuantas disposiciones sean necesarias para garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho al uso de la lengua de signos, así como su enseñanza, protección y respeto, y regulará la adopción de las medidas necesarias para promover el uso de los medios de apoyo a la comunicación oral.
2. Dicha regulación se inspirará, entre otros, en los principios de transversalidad de las políticas sobre el ejercicio del derecho al uso de la lengua de signos y medios de apoyo a la comunicación oral, accesibilidad universal, libertad de elección, no discriminación y normalización.
3. En todo caso, dicha regulación incluirá medidas en la educación, formación y empleo, salud, cultura, deporte y ocio, transportes, relaciones con las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana y medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información.
TÍTULO V
De las personas inmigrantes
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 48. Principios rectores de la actuación de la Generalitat en materia de integración de las personas inmigrantes.
1. El principio general es el de pleno respeto a la igual dignidad de todas las personas y la garantía de no discriminación por razón de la condición de persona inmigrante.
2. Se reconoce la equiparación de derechos sociales entre las personas que ostenten la condición jurídica de valencianos o valencianas y las personas inmigrantes que residan en la Comunitat Valenciana, en los términos establecidos en la legislación estatal y autonómica aplicable. Se desarrollarán políticas activas de integración a favor de los inmigrantes que se encuentren en territorio de la Comunitat Valenciana.
3. En aquellos ámbitos en los que la condición de persona inmigrante pueda comportar una situación objetiva de desigualdad se podrán aplicar medidas de acción positiva.
4. Se favorecerán políticas efectivas de participación social para conseguir la máxima interrelación y conocimiento mutuo.
CAPÍTULO II
Derechos sociales de las personas inmigrantes
Artículo 49. Derechos sociales de las personas inmigrantes.
1. Se garantiza a las personas inmigrantes el disfrute de los derechos sociales reconocidos en la presente Carta, de acuerdo con lo establecido por la normativa estatal sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, así como por la normativa autonómica en materia de integración de las personas inmigrantes en la Comunitat Valenciana.
2. La Generalitat adoptará las medidas oportunas al objeto de asegurar el cumplimiento de los derechos establecidos en el párrafo anterior.
TÍTULO VI
Del sistema de garantías
Artículo 50. Vinculación de los poderes públicos.
1. Los derechos reconocidos en la presente Carta vincularán a todos los poderes públicos en la Comunitat Valenciana y contarán con la garantía recogida en el artículo 53.3 de la Constitución Española.
2. El Síndic de Greuges, como institución de la Generalitat que tiene encomendada la defensa de los derechos y libertades reconocidos en la presente Carta de Derechos Sociales, garantizará la efectividad de estos derechos ante los poderes públicos autonómicos, en el ámbito competencial y territorial de la Comunitat Valenciana.
Artículo 51. Garantías económicas.
Los presupuestos de la Generalitat, en el marco de las disponibilidades anuales, contendrán los recursos suficientes para el cumplimiento efectivo de los derechos contenidos en la presente carta.
Artículo 52. Informes.
El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, el Comité Econòmic i Social y el Consell Valencià de Cultura informarán, de acuerdo con sus respectivas competencias, las normas de desarrollo de la presente carta que lo requieran.
Artículo 53.
Las administraciones públicas valencianas garantizarán y fomentarán el derecho de las personas valencianoparlantes a ser atendidas en su lengua en todo el ámbito lingüístico del territorio valenciano.
Disposición final primera. Habilitación competencial.
La presente ley se dicta al amparo de las competencias que corresponden a la Generalitat de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 49.1.4.ª, 9.ª, 12.ª, 23.ª-28.ª, 49.3.16.ª, 50.6; 53 y 54 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, así como conforme a la habilitación contenida en el artículo 10.2 y 3 de la citada norma.
Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consell para que dicte cuantas disposiciones sean necesarias para desarrollar y aplicar la presente ley.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La entrada en vigor de la presente ley tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta Ley.
Valencia, 15 de octubre de 2012.–El President de la Generalitat, Alberto Fabra Part.
(Publicada en el «Diario Oficial de la Comunitat Valenciana» n.º 6.884, de 18 de octubre de 2012)
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La vivienda digna en la carta de derechos sociales de la Comunitat Valenciana. ¿y aplicarlo, para cuándo?
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2015-03-16
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BOE-A-2015-2766
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Orden AEC/433/2015, de 3 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
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<texto>en BOE núm. 70 de 23 de marzo de 2015</texto>
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<p class='parrafo'>Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.</p>
<p class='parrafo'>Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo I de esta Orden, y que figuran en la relación de puestos de trabajo del Departamento, aprobado por la Resolución de la CECIR del día 10 de abril de 1997 y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de enero de 1998, con arreglo a las siguientes bases:</p>
<p class='articulo'>Primera.</p>
<p class='parrafo'>Los puestos de trabajo ofertados podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.</p>
<p class='articulo'>Segunda.</p>
<p class='parrafo'>Las solicitudes se presentarán en el modelo de solicitud que figura como anexo II y se dirigirán en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la Presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», al Sr. Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, plaza de la Provincia, número 1, Madrid.</p>
<p class='articulo'>Tercera.</p>
<p class='parrafo'>Junto con las solicitudes, que se formalizarán una por cada puesto individualmente, los aspirantes acompañarán su currículum vitae, en el que conste los títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno poner de manifiesto y harán constar detalladamente las características del puesto que viniera desempeñando. Los conocimientos de idiomas deberán justificarse aportando copia de los títulos y/o certificados que acrediten el nivel alcanzado.</p>
<p class='parrafo_2'>Contra esta orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponer.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 3 de marzo de 2015.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, P.D, (Orden AEX/1001/2003 de 23 de marzo), el Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Cristóbal González-Aller Jurado.</p>
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Mon Mar 16 07:08:25 +0000 2015
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo I de esta Orden, y que figuran en la relación de puestos de trabajo del Departamento, aprobado por la Resolución de la CECIR del día 10 de abril de 1997 y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de enero de 1998, con arreglo a las siguientes bases:
Primera.
Los puestos de trabajo ofertados podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.
Segunda.
Las solicitudes se presentarán en el modelo de solicitud que figura como anexo II y se dirigirán en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la Presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», al Sr. Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, plaza de la Provincia, número 1, Madrid.
Tercera.
Junto con las solicitudes, que se formalizarán una por cada puesto individualmente, los aspirantes acompañarán su currículum vitae, en el que conste los títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno poner de manifiesto y harán constar detalladamente las características del puesto que viniera desempeñando. Los conocimientos de idiomas deberán justificarse aportando copia de los títulos y/o certificados que acrediten el nivel alcanzado.
Contra esta orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponer.
Madrid, 3 de marzo de 2015.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, P.D, (Orden AEX/1001/2003 de 23 de marzo), el Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Cristóbal González-Aller Jurado.
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Exteriores abre 24 plazas a libre designación: asesores, subdirectores… Cambio de caras #BOE
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CONVOCATORIAS
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Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
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El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación convoca plazas de libre designación.
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CORRECCIÓN de errores
en BOE núm. 70 de 23 de marzo de 2015
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[] | 790
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2015-09-04
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BOE-A-2015-9593
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Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 354/2015, seguido ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima.
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<p class='parrafo'>La Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Séptima, de la Audiencia Nacional, comunica la interposición, por parte del Consejo General de la Abogacía Española, de recurso contencioso-administrativo seguido contra la Orden HAP/861/2015, de 7 de mayo, por la que se modifica la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan lugar, forma, plazos y procedimientos de presentación, por lo que se procede mediante la presente resolución a dar cumplimiento al trámite de emplazamiento a todos aquellos que se encuentren interesados en aquel, disponiendo de un plazo de nueve días, si a su derecho conviene, para personarse en los autos, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta resolución, ante el órgano jurisdiccional que lo ordenó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 1 de septiembre de 2015.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, David Mellado Ramírez.</p>
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Fri Sep 04 06:52:14 +0000 2015
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La Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Séptima, de la Audiencia Nacional, comunica la interposición, por parte del Consejo General de la Abogacía Española, de recurso contencioso-administrativo seguido contra la Orden HAP/861/2015, de 7 de mayo, por la que se modifica la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan lugar, forma, plazos y procedimientos de presentación, por lo que se procede mediante la presente resolución a dar cumplimiento al trámite de emplazamiento a todos aquellos que se encuentren interesados en aquel, disponiendo de un plazo de nueve días, si a su derecho conviene, para personarse en los autos, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta resolución, ante el órgano jurisdiccional que lo ordenó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 1 de septiembre de 2015.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, David Mellado Ramírez.
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Recurso del Consejo General de la Abogacía en la Audiencia Nacional contra las tasas judiciales que quedan #BOE
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TRIBUNAL_SUPREMO
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Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
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Recurso del Consejo General de la Abogacía en la Audiencia Nacional contra la Orden HAP/861/2015, de 7 de mayo.
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[] | 791
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2016-04-23
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BOE-A-2016-3925
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Real Decreto 168/2016, de 22 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, don Javier Alberto Zaragoza Aguado.
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<texto>
<p class='parrafo'>En atención a la labor de don Javier Alberto Zaragoza Aguado, Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, en la lucha contra el terrorismo, a propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de abril de 2016,</p>
<p class='parrafo_2'>Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.</p>
<p class='parrafo_2'>Dado en Madrid, el 22 de abril de 2016.</p>
<p class='firma_rey'>FELIPE R.</p>
<p class='firma_ministro'>El Ministro del Interior,</p>
<p class='firma_ministro'>JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ</p>
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Sat Apr 23 07:34:21 +0000 2016
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En atención a la labor de don Javier Alberto Zaragoza Aguado, Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, en la lucha contra el terrorismo, a propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de abril de 2016,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.
Dado en Madrid, el 22 de abril de 2016.
FELIPE R.
El Ministro del Interior,
JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
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Gran Cruz de la Guardia Civil al presidente y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional #BOE
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PREMIOS_Y_MEDALLAS
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Ministerio del Interior
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Gran Cruz de la Guardia Civil al fiscal jefe de la Audiencia Nacional,Javier Alberto Zaragoza Aguado.
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[] | 792
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2022-02-24
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DE CONFORMIDAD con
la disposición adicional 90 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre
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BOE-A-2022-2925
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Orden HFP/111/2022, de 22 de febrero, por la que se determina el importe a percibir por cada Comunidad Autónoma de régimen común y por las Ciudades de Ceuta y Melilla de la compensación por el efecto de la implantación del SII-IVA en la liquidación de los recursos del Sistema de Financiación Autonómica de 2017, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional nonagésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
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<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>la disposición adicional 90 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre</texto>
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<texto>
<p class='parrafo'>La presente orden tiene como objeto la determinación del importe de la compensación de cada Comunidad Autónoma de régimen común y Ciudades de Ceuta y Melilla por el efecto de la implantación del SII-IVA en la liquidación de los recursos del Sistema de Financiación Autonómica de 2017.</p>
<p class='parrafo'>La implementación del Sistema de Suministro Inmediato de Información del IVA (<span class='no_partir'>SII-IVA</span>), introducido por el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso de los medios electrónicos en la gestión del IVA, supuso a efectos de la recaudación del impuesto en el Tesoro Público un efecto de desplazamiento de una mensualidad de recaudación en concepto de IVA de 2017 a 2018, afectando a todas las Administraciones Públicas que participan en los rendimientos de este impuesto.</p>
<p class='parrafo'>En el caso de las Comunidades y Ciudades citadas, el traslado de este efecto se produjo en la liquidación de los recursos del Sistema de Financiación Autonómica de 2017, que se realizó en 2019 y les supuso la percepción de un importe menor de recursos de los que les habrían correspondido en ausencia del cambio normativo operado por el mencionado Real Decreto.</p>
<p class='parrafo'>En el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el día 28 de julio de 2021 se anunció por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública la adopción de una medida para solucionar definitivamente el impacto ocasionado, con la inclusión de una partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 que permitiera solventar el perjuicio económico que supuso para las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades de Ceuta y Melilla.</p>
<p class='parrafo'>Así, tal y como se recoge en la disposición adicional nonagésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, la compensación a las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades de Ceuta y Melilla por el efecto de la implantación del SII IVA en la liquidación de los recursos del SFA 2017 se imputará al crédito presupuestario habilitado para ello en la Sección 37 de los Presupuestos Generales del Estado, «37.01.941O.452-Dotación SII-IVA».</p>
<p class='parrafo'>La cuantía de cada compensación, de acuerdo con el apartado Dos de la disposición adicional citada, vendrá dada por la diferencia entre el resultado de la liquidación de los recursos del Sistema de Financiación Autonómica de 2017 de cada Comunidad Autónoma de régimen común y Ciudad, practicada el 30 de julio de 2019, y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA devengado en el mes de noviembre de 2017, que se recaudó en 2018 como consecuencia de la implantación del SII-IVA, incluyéndose además un importe equivalente a la cuantía de los intereses legales que se devengarían por la cuantía anterior, calculados desde el 7 de febrero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, en el apartado Tres de la disposición se establece que, para acceder a la compensación, las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades de Ceuta y Melilla deben remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el plazo señalado, un Acuerdo de su Consejo de Gobierno en el que se disponga que con dicha medida se da satisfacción a todas las reivindicaciones de la Comunidad o Ciudad relativas a la implantación del SII-IVA, se recoja el compromiso de no iniciar nuevos procedimientos en vía administrativa o judicial relativos a estas reivindicaciones y, en caso de que exista un proceso judicial en curso en relación con tales reivindicaciones, se incluya el compromiso de la Comunidad o Ciudad a realizar las actuaciones conducentes a la terminación del mismo.</p>
<p class='parrafo'>Habiéndose recibido en el Ministerio de Hacienda y Función Pública los correspondientes Acuerdos de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y Ciudades, procede la elaboración de la presente Orden para determinar el importe de la compensación de cada Comunidad y Ciudad, así como los aspectos necesarios para efectuar su libramiento y garantizar la implantación de la medida, encontrándose la habilitación normativa para dictar esta Orden en el apartado Dos de la citada disposición adicional nonagésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre.</p>
<p class='parrafo'>En su virtud, dispongo:</p>
<p class='articulo'>Apartado uno. Determinación del importe de la compensación de cada Comunidad Autónoma de régimen común y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, prevista en la disposición adicional nonagésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre.</p>
<p class='parrafo'>1. De conformidad con el apartado Dos de la disposición adicional nonagésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, la cuantía de cada compensación vendrá dada por la diferencia entre el resultado de la liquidación de los recursos del Sistema de Financiación Autonómica de 2017 de cada Comunidad Autónoma de régimen común y Ciudad, practicada el 30 de julio de 2019, y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA devengado en el mes de noviembre de 2017, que se recaudó en 2018 como consecuencia de la implantación del SII-IVA.</p>
<p class='parrafo'>La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha constatado en 4.150 millones de euros el impacto negativo en la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido de 2017 derivado de la implantación del SII-IVA.</p>
<p class='parrafo'>2. Habiéndose recibido en el Ministerio de Hacienda y Función Pública los correspondientes Acuerdos de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y Ciudades aceptando la medida, conforme a lo previsto en el apartado tres de la disposición adicional nonagésima de la Ley 22/2001, de 28 de diciembre, se han realizado los cálculos para determinar el importe de la compensación de cada una de ellas de acuerdo con lo señalado en el punto anterior, cuyas cifras figuran en el cuadro del anexo.</p>
<p class='parrafo'>3. El apartado Dos de la citada disposición adicional prevé además el pago de un importe equivalente a los intereses legales devengados por la cuantía de la compensación, calculados desde el 7 de febrero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022. Para su cálculo se ha considerado el tipo de interés legal del dinero del 3 %, vigente en todos los años del periodo considerado, obteniéndose las cantidades que constan en el cuadro del anexo.</p>
<p class='articulo'>Apartado dos. Libramiento de fondos para efectuar la compensación a las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades de Ceuta y Melilla.</p>
<p class='parrafo'>1. La cuantía total resultante de la aplicación del apartado anterior para cada Comunidad y Ciudad se transferirá por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el 31 de marzo de 2022 con cargo al crédito presupuestario dotado en la Sección 37 de los Presupuestos Generales del Estado, Servicio 01 «Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Comunidades Autónomas», Programa 941O «Otras transferencias a Comunidades Autónomas», Capítulo 4 «transferencias corrientes», Artículo 45 «A Comunidades Autónomas», Concepto 452 «Dotación SII-IVA».</p>
<p class='parrafo'>2. Las transferencias realizadas con cargo a esta dotación no tendrán carácter condicionado.</p>
<p class='articulo'>Apartado tres. Eficacia.</p>
<p class='parrafo'>La presente orden surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 22 de febrero de 2022.–La Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero Cuadrado.</p>
<p class='anexo_num'>ANEXO</p>
<p class='anexo_tit'>Cuantía total de la compensación a las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades de Ceuta y Melilla por el efecto de la implantación del SII-IVA en la liquidación de los recursos del Sistema de Financiación Autonómica de 2017</p>
<table class='tabla'>
<colgroup>
<col/>
<col/>
<col/>
<col/>
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th class='cabeza_tabla'>Comunidad Autónoma/Ciudad</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<p class='cabeza_tabla'>Importe compensación <span class='no_partir'>SII-IVA</span></p>
<p class='cabeza_tabla'>
<span class='no_partir'>–</span>
</p>
<p class='cabeza_tabla'>
<span class='no_partir'>Euros</span>
</p>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<p class='cabeza_tabla'>Importe adicional</p>
<p class='cabeza_tabla'>
<span class='no_partir'>–</span>
</p>
<p class='cabeza_tabla'>
<span class='no_partir'>Euros</span>
</p>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<p class='cabeza_tabla'>Total compensación</p>
<p class='cabeza_tabla'>
<span class='no_partir'>–</span>
</p>
<p class='cabeza_tabla'>
<span class='no_partir'>Euros</span>
</p>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Cataluña.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>526.785.582,90</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>33.863.097,49</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>560.648.680,39</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Galicia.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>210.993.023,53</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>13.563.160,34</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>224.556.183,87</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Andalucía.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>534.299.308,42</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>34.346.098,59</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>568.645.407,01</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Principado de Asturias.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>75.361.249,39</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.844.409,98</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>80.205.659,37</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Cantabria.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>58.847.846,71</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>3.782.887,07</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>62.630.733,78</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>La Rioja.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>30.336.108,83</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.950.081,10</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>32.286.189,93</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Región de Murcia.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>80.099.828,14</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>5.149.017,70</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>85.248.845,84</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Comunitat Valenciana.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>251.130.849,79</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>16.143.320,40</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>267.274.170,19</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Aragón.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>95.546.280,39</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>6.141.954,36</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>101.688.234,75</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Castilla-La Mancha.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>136.334.896,31</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>8.763.948,81</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>145.098.845,12</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Canarias.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>137.702.761,01</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>8.851.878,59</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>146.554.639,60</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Extremadura.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>92.888.908,97</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>5.971.131,86</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>98.860.040,83</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Illes Balears.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>65.079.388,10</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.183.466,17</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>69.262.854,27</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Madrid.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>399.088.399,55</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>25.654.402,51</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>424.742.802,06</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Castilla y León.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>183.059.611,67</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>11.767.530,62</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>194.827.142,29</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> Total CC. AA.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>2.877.554.043,71</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>184.976.385,59</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>3.062.530.429,30</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Melilla.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.876.860,00</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>120.649,26</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.997.509,26</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Ceuta.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>2.278.030,00</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>146.437,48</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>2.424.467,48</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> Total ciudades.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.154.890,00</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>267.086,74</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.421.976,74</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> Total general.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>2.881.708.933,71</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>185.243.472,33</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>3.066.952.406,04</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</texto>
</documento>
|
Thu Feb 24 09:07:15 +0000 2022
|
La presente orden tiene como objeto la determinación del importe de la compensación de cada Comunidad Autónoma de régimen común y Ciudades de Ceuta y Melilla por el efecto de la implantación del SII-IVA en la liquidación de los recursos del Sistema de Financiación Autonómica de 2017.
La implementación del Sistema de Suministro Inmediato de Información del IVA (SII-IVA), introducido por el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso de los medios electrónicos en la gestión del IVA, supuso a efectos de la recaudación del impuesto en el Tesoro Público un efecto de desplazamiento de una mensualidad de recaudación en concepto de IVA de 2017 a 2018, afectando a todas las Administraciones Públicas que participan en los rendimientos de este impuesto.
En el caso de las Comunidades y Ciudades citadas, el traslado de este efecto se produjo en la liquidación de los recursos del Sistema de Financiación Autonómica de 2017, que se realizó en 2019 y les supuso la percepción de un importe menor de recursos de los que les habrían correspondido en ausencia del cambio normativo operado por el mencionado Real Decreto.
En el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el día 28 de julio de 2021 se anunció por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública la adopción de una medida para solucionar definitivamente el impacto ocasionado, con la inclusión de una partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 que permitiera solventar el perjuicio económico que supuso para las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades de Ceuta y Melilla.
Así, tal y como se recoge en la disposición adicional nonagésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, la compensación a las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades de Ceuta y Melilla por el efecto de la implantación del SII IVA en la liquidación de los recursos del SFA 2017 se imputará al crédito presupuestario habilitado para ello en la Sección 37 de los Presupuestos Generales del Estado, «37.01.941O.452-Dotación SII-IVA».
La cuantía de cada compensación, de acuerdo con el apartado Dos de la disposición adicional citada, vendrá dada por la diferencia entre el resultado de la liquidación de los recursos del Sistema de Financiación Autonómica de 2017 de cada Comunidad Autónoma de régimen común y Ciudad, practicada el 30 de julio de 2019, y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA devengado en el mes de noviembre de 2017, que se recaudó en 2018 como consecuencia de la implantación del SII-IVA, incluyéndose además un importe equivalente a la cuantía de los intereses legales que se devengarían por la cuantía anterior, calculados desde el 7 de febrero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022.
Asimismo, en el apartado Tres de la disposición se establece que, para acceder a la compensación, las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades de Ceuta y Melilla deben remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el plazo señalado, un Acuerdo de su Consejo de Gobierno en el que se disponga que con dicha medida se da satisfacción a todas las reivindicaciones de la Comunidad o Ciudad relativas a la implantación del SII-IVA, se recoja el compromiso de no iniciar nuevos procedimientos en vía administrativa o judicial relativos a estas reivindicaciones y, en caso de que exista un proceso judicial en curso en relación con tales reivindicaciones, se incluya el compromiso de la Comunidad o Ciudad a realizar las actuaciones conducentes a la terminación del mismo.
Habiéndose recibido en el Ministerio de Hacienda y Función Pública los correspondientes Acuerdos de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y Ciudades, procede la elaboración de la presente Orden para determinar el importe de la compensación de cada Comunidad y Ciudad, así como los aspectos necesarios para efectuar su libramiento y garantizar la implantación de la medida, encontrándose la habilitación normativa para dictar esta Orden en el apartado Dos de la citada disposición adicional nonagésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre.
En su virtud, dispongo:
Apartado uno. Determinación del importe de la compensación de cada Comunidad Autónoma de régimen común y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, prevista en la disposición adicional nonagésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre.
1. De conformidad con el apartado Dos de la disposición adicional nonagésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, la cuantía de cada compensación vendrá dada por la diferencia entre el resultado de la liquidación de los recursos del Sistema de Financiación Autonómica de 2017 de cada Comunidad Autónoma de régimen común y Ciudad, practicada el 30 de julio de 2019, y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA devengado en el mes de noviembre de 2017, que se recaudó en 2018 como consecuencia de la implantación del SII-IVA.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha constatado en 4.150 millones de euros el impacto negativo en la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido de 2017 derivado de la implantación del SII-IVA.
2. Habiéndose recibido en el Ministerio de Hacienda y Función Pública los correspondientes Acuerdos de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y Ciudades aceptando la medida, conforme a lo previsto en el apartado tres de la disposición adicional nonagésima de la Ley 22/2001, de 28 de diciembre, se han realizado los cálculos para determinar el importe de la compensación de cada una de ellas de acuerdo con lo señalado en el punto anterior, cuyas cifras figuran en el cuadro del anexo.
3. El apartado Dos de la citada disposición adicional prevé además el pago de un importe equivalente a los intereses legales devengados por la cuantía de la compensación, calculados desde el 7 de febrero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022. Para su cálculo se ha considerado el tipo de interés legal del dinero del 3 %, vigente en todos los años del periodo considerado, obteniéndose las cantidades que constan en el cuadro del anexo.
Apartado dos. Libramiento de fondos para efectuar la compensación a las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades de Ceuta y Melilla.
1. La cuantía total resultante de la aplicación del apartado anterior para cada Comunidad y Ciudad se transferirá por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el 31 de marzo de 2022 con cargo al crédito presupuestario dotado en la Sección 37 de los Presupuestos Generales del Estado, Servicio 01 «Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Comunidades Autónomas», Programa 941O «Otras transferencias a Comunidades Autónomas», Capítulo 4 «transferencias corrientes», Artículo 45 «A Comunidades Autónomas», Concepto 452 «Dotación SII-IVA».
2. Las transferencias realizadas con cargo a esta dotación no tendrán carácter condicionado.
Apartado tres. Eficacia.
La presente orden surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 22 de febrero de 2022.–La Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero Cuadrado.
ANEXO
Cuantía total de la compensación a las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades de Ceuta y Melilla por el efecto de la implantación del SII-IVA en la liquidación de los recursos del Sistema de Financiación Autonómica de 2017
Comunidad Autónoma/Ciudad
Importe compensación SII-IVA
–
Euros
Importe adicional
–
Euros
Total compensación
–
Euros
Cataluña.
526.785.582,90
33.863.097,49
560.648.680,39
Galicia.
210.993.023,53
13.563.160,34
224.556.183,87
Andalucía.
534.299.308,42
34.346.098,59
568.645.407,01
Principado de Asturias.
75.361.249,39
4.844.409,98
80.205.659,37
Cantabria.
58.847.846,71
3.782.887,07
62.630.733,78
La Rioja.
30.336.108,83
1.950.081,10
32.286.189,93
Región de Murcia.
80.099.828,14
5.149.017,70
85.248.845,84
Comunitat Valenciana.
251.130.849,79
16.143.320,40
267.274.170,19
Aragón.
95.546.280,39
6.141.954,36
101.688.234,75
Castilla-La Mancha.
136.334.896,31
8.763.948,81
145.098.845,12
Canarias.
137.702.761,01
8.851.878,59
146.554.639,60
Extremadura.
92.888.908,97
5.971.131,86
98.860.040,83
Illes Balears.
65.079.388,10
4.183.466,17
69.262.854,27
Madrid.
399.088.399,55
25.654.402,51
424.742.802,06
Castilla y León.
183.059.611,67
11.767.530,62
194.827.142,29
Total CC. AA.
2.877.554.043,71
184.976.385,59
3.062.530.429,30
Melilla.
1.876.860,00
120.649,26
1.997.509,26
Ceuta.
2.278.030,00
146.437,48
2.424.467,48
Total ciudades.
4.154.890,00
267.086,74
4.421.976,74
Total general.
2.881.708.933,71
185.243.472,33
3.066.952.406,04
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Hoy, en el #BOE, cómo queda el reparto entre comunidades autónomas de la mensualidad de IVA de 2017 que no cobraron por el cambio de sistema y que se compensa ahora tras aprobarse en los presupuestos.
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"119",
"1320",
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"5686",
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] | 793
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2015-11-16
|
DE CONFORMIDAD con
el art. 27.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril
CITA
Reglamento aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
|
BOE-A-2015-12350
|
Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
|
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<titulo>Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<materia codigo='904' orden=''>Colegio de Registradores</materia>
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<materia codigo='459' orden=''>Delincuencia organizada</materia>
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<alerta codigo='103' orden=''>Asociaciones profesionales</alerta>
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<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-2010-6737'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>el art. 27.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril</texto>
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<anterior orden='5020' referencia='BOE-A-2014-4742'>
<palabra codigo='330'>CITA</palabra>
<texto>Reglamento aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo</texto>
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</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>El colectivo de registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles ha visto cómo, en los últimos años, su posición, en relación con las funciones de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, se ha modificado profundamente.</p>
<p class='parrafo'>Conforme a la legislación vigente hasta el mes de abril de 2010, los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes inmuebles estaban únicamente obligados a cumplir con el deber de colaboración impuesto a toda autoridad y funcionario, consistente en informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Servicio Ejecutivo de la Comisión) de los hechos de que tuvieran conocimiento en el ejercicio de su función, que pudieran constituir indicio o certeza de blanqueo de capitales.</p>
<p class='parrafo'>Esta situación cambia radicalmente con la promulgación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, que incluye en su artículo 2.1.n) a los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles como una nueva categoría de sujetos obligados.</p>
<p class='parrafo'>Esta condición determina la atribución de una serie de obligaciones preventivas que cada uno de los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles está obligado a cumplir a título individual. No obstante, la propia Ley 10/2010, de 28 de abril, en su artículo 27, dispone que mediante Orden del Ministro de Economía y Hacienda, actualmente, Ministro de Economía y Competitividad, puede acordarse la constitución de órganos centralizados de prevención de las profesiones colegiadas sujetas a dicha ley. Posteriormente, el artículo 44 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, determinó cuáles iban a ser las competencias que corresponden a los órganos centralizados de prevención.</p>
<p class='parrafo'>La creación de órganos centralizados de prevención tiene por objeto intensificar y potenciar la colaboración de las profesiones colegiadas con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, permitiendo un mayor nivel de especialización en estas tareas dentro del colectivo de sujetos obligados.</p>
<p class='parrafo'>De esta manera se consigue un objetivo doble. Por un lado, se facilita el cumplimiento por parte de los sujetos individuales de la normativa preventiva, al contar con un órgano especializado encargado de las funciones de tipo administrativo o procedimental y que, asimismo, canaliza las comunicaciones de operativa sospechosa que los registradores remiten. Por otro lado, la creación de este tipo de órganos centrales es también un mecanismo que beneficia la homogeneidad de las medidas aplicadas por el colectivo a la hora de dar cumplimiento a las previsiones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, evitando potenciales interpretaciones divergentes sobre el alcance y significado de las obligaciones.</p>
<p class='parrafo'>Además, esta misma especialización determina una mejora de la calidad de las informaciones recibidas por las autoridades y una agilización en la remisión de informaciones solicitadas.</p>
<p class='parrafo'>La orden se dicta al amparo de la habilitación normativa contenida en el artículo 27.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, conforme al cual, el Ministro de Economía y Competitividad, previo cumplimiento de los trámites legales oportunos, podrá acordar la constitución de órganos centralizados de prevención de las profesiones colegiadas sujetas a las obligaciones establecidas en dicha ley.</p>
<p class='parrafo'>La orden ha sido sometida al informe preceptivo de los vocales de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.2 k) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, así como al informe previo de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con el artículo 37.1 h) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y con el artículo 5 b) del Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo.</p>
<p class='parrafo'>En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:</p>
<p class='articulo'>Artículo 1. Ámbito de aplicación.</p>
<p class='parrafo'>Esta orden será de aplicación a todos los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España (los registradores), quienes deberán seguir los procedimientos y exigencias en ella establecidos para cumplir con las obligaciones contenidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 2. Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.</p>
<p class='parrafo'>El Colegio de Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles (Colegio de Registradores) constituirá un órgano centralizado de prevención con la función de promover y canalizar la colaboración de los registradores con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.</p>
<p class='articulo'>Artículo 3. Incorporación al Órgano Centralizado de Prevención del Colegio de los Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.</p>
<p class='parrafo'>La aprobación de esta orden supondrá la incorporación automática al órgano centralizado de prevención de todos los registradores.</p>
<p class='articulo'>Artículo 4. Director del Órgano Centralizado de Prevención del Colegio de los Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.</p>
<p class='parrafo'>1. La Junta de Gobierno del Colegio de Registradores designará un director del órgano centralizado de prevención. La dirección del órgano centralizado de prevención deberá ser desempeñada por persona que reúna las condiciones de experiencia técnica y profesional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que la hagan idónea para el desempeño del cargo. A estos efectos, deberá contar con formación específica y experiencia de, al menos, cinco años, en tareas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Asimismo, serán de aplicación las disposiciones que, en materia de altos estándares éticos establece el artículo 40 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril.</p>
<p class='parrafo'>2. El Director del órgano centralizado de prevención, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 10/2010 de 28 de abril, ostentará con carácter nato la condición de representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Servicio Ejecutivo de la Comisión). A estos efectos, la propuesta de nombramiento de representante, acompañada de una descripción detallada de su trayectoria profesional, será comunicada al Servicio Ejecutivo de la Comisión que, de forma razonada, podrá formular reparos u observaciones.</p>
<p class='articulo'>Artículo 5. Examen especial de operaciones.</p>
<p class='parrafo'>1. El órgano centralizado de prevención examinará con especial atención aquellas operativas en las que concurran las circunstancias establecidas en el artículo 17 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, remitidas para su análisis por los registradores o bien detectadas de manera directa por el Órgano Centralizado de Prevención, mediante el tratamiento de la información contenida en las bases de datos registrales.</p>
<p class='parrafo'>A los efectos de la adecuada realización de la función de análisis, los registradores deberán facilitar al órgano centralizado de prevención cualquier información que éste les requiera para el ejercicio de su función de examen.</p>
<p class='parrafo'>2. El órgano centralizado de prevención mantendrá, durante un plazo de diez años, un registro pormenorizado de todas las operaciones que hayan sido objeto de examen especial, documentando las fases del análisis, las gestiones realizadas y las fuentes de información internas y externas consultadas, incluyendo, asimismo, la información relativa a la decisión sobre la procedencia o no de la comunicación de la operación y sus causas.</p>
<p class='articulo'>Artículo 6. Comunicación de operaciones.</p>
<p class='parrafo'>1. Si, tras el examen a que se refiere el artículo anterior, existieran indicios o certeza de que el hecho u operación está vinculado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, el director del órgano centralizado de prevención comunicará por escrito la operación al Servicio Ejecutivo de la Comisión, en nombre y por cuenta, en su caso, del registrador que la hubiera remitido para su análisis.</p>
<p class='parrafo'>2. Las comunicaciones realizadas al Servicio Ejecutivo de la Comisión contendrán, en todo caso, la información establecida en el artículo 18.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, indicando, asimismo, los datos de identificación del registrador o registradores intervinientes.</p>
<p class='parrafo'>3. La comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión se realizará de modo telemático, sin perjuicio de la utilización de otros soportes cuando sea preciso. El sistema de comunicación empleado deberá asegurar la plena confidencialidad e integridad de la información transmitida.</p>
<p class='articulo'>Artículo 7. Análisis de riesgo.</p>
<p class='parrafo'>1. El órgano centralizado de prevención realizará el análisis de los riesgos que, en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, enfrenta la actividad desarrollada por los funcionarios colegiados.</p>
<p class='parrafo'>Este análisis de riesgo deberá constar por escrito, comprendiendo la identificación y evaluación de los riesgos existentes en función de las características de los intervinientes, las áreas geográficas afectadas y los tipos de actos u operaciones concernidos.</p>
<p class='parrafo'>2. El análisis de riesgo, que deberá ser revisado periódicamente para garantizar su vigencia, será la base a partir de la cual se diseñen los procedimientos de control interno aplicables por los funcionarios colegiados y el órgano centralizado de prevención.</p>
<p class='articulo'>Artículo 8. Manual de procedimientos.</p>
<p class='parrafo'>1. El órgano centralizado de prevención elaborará y mantendrá actualizado el Manual de procedimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo dirigido a garantizar el cumplimiento por los registradores de sus obligaciones en esta materia y cuyo contenido mínimo se ajustará a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril.</p>
<p class='parrafo'>2. El manual de procedimientos deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores, que velará, a través del órgano centralizado de prevención, para que éstos apliquen en su actividad profesional el referido manual.</p>
<p class='parrafo'>3. El manual de procedimientos actualizado deberá estar siempre accesible para su uso y consulta por parte de todos los funcionarios incorporados y el personal dependiente de aquéllos.</p>
<p class='articulo'>Artículo 9. Formación.</p>
<p class='parrafo'>El órgano centralizado de prevención organizará, conforme al plan anual aprobado, acciones formativas, presenciales o telemáticas, dirigidas a los registradores y a su personal, y enfocadas al conocimiento de las obligaciones legales vigentes, así como de los procedimientos internos puestos en marcha para cumplir con aquéllas.</p>
<p class='parrafo'>Estos procesos de formación deberán contar con un sistema de evaluación del aprovechamiento por parte de los destinatarios.</p>
<p class='articulo'>Artículo 10. Supervisión.</p>
<p class='parrafo'>Sin perjuicio de las competencias del Servicio Ejecutivo de la Comisión, en materia de supervisión del cumplimiento de las obligaciones de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo, el órgano centralizado de prevención llevará a cabo acciones de inspección respecto de los funcionarios incorporados, en los términos establecidos en el artículo 44.2.i) del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril.</p>
<p class='parrafo'>A estos efectos, la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores aprobará anualmente el plan de supervisión, que deberá estructurarse conforme a criterios de riesgo.</p>
<p class='parrafo'>El plan aprobado se remitirá al Servicio Ejecutivo de la Comisión.</p>
<p class='articulo'>Artículo 11. Deber de confidencialidad.</p>
<p class='parrafo'>Los registradores y los miembros del órgano centralizado de prevención no revelarán, ni al solicitante de la inscripción ni a terceros, el suministro de información al Servicio Ejecutivo de la Comisión, a petición de éste, ni la realización de una comunicación de operativa sospechosa o el hecho de estar realizando el proceso de examen especial.</p>
<p class='parrafo'>A estos efectos, los procedimientos internos deberán establecer mecanismos de comunicación ágiles, entre los registradores y el órgano centralizado de prevención y de éste con el Servicio Ejecutivo de la Comisión, que permitan el intercambio de información con la adecuada confidencialidad.</p>
<p class='articulo'>Artículo 12. Ejecución de medidas restrictivas y sanciones financieras internacionales.</p>
<p class='parrafo'>1. Las prohibiciones de disponer que afecten a bienes muebles e inmuebles, adoptadas al amparo de reglamentos de la Unión Europea de aplicación directa en los países de la Unión Europea o acordadas por el Consejo de Ministros, en aplicación del artículo 42 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, se harán constar en los correspondientes registros, por nota al margen de la inscripción de dominio, expresando el origen y contenido de la prohibición.</p>
<p class='parrafo'>La vigencia de la nota marginal será la señalada para la prohibición de disponer en la disposición o acuerdo en virtud de la cual se ha practicado y, en defecto de plazo, su duración será indeterminada, cancelándose cuando el nombre del titular registral desaparezca de la lista dictada al amparo del reglamento de la Unión Europea o cuando lo disponga el Consejo de Ministros que la ordenó.</p>
<p class='parrafo'>2. El órgano centralizado de prevención comprobará periódicamente los listados de personas físicas y jurídicas, contenidos en los reglamentos de la Unión Europea a los que se refiere el apartado 1, cotejándolos con las bases de datos registrales.</p>
<p class='parrafo'>Si resultara que alguno de los nombres examinados aparece como titular de bienes inscritos, lo comunicará al Registro competente para que, en su caso, lo haga constar conforme a lo señalado en el apartado 1, o para su cancelación, si se ha producido la baja del nombre en la lista.</p>
<p class='parrafo'>Igual comunicación se realizará respecto a los Acuerdos del Consejo de Ministros, tanto para la práctica como para la cancelación de la nota marginal, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo'>3. El Registro informará al órgano centralizado de prevención de los asientos practicados o de su imposibilidad, a efectos de su comunicación a la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales e Infracciones Monetarias.</p>
<p class='articulo'>Artículo 13. Responsable y encargado del tratamiento de los ficheros de datos.</p>
<p class='parrafo'>El órgano centralizado de prevención ostentará, respecto de los ficheros de datos creados para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y en su normativa de desarrollo, la condición de encargado del tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.4 de la mencionada ley, y a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.</p>
<p class='parrafo'>A estos mismos efectos, tendrá la condición de responsable del tratamiento, en los términos que resultan del artículo 44.6 del Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2010, de 28 de abril.</p>
<p class='articulo'>Disposición final primera. Habilitación.</p>
<p class='parrafo'>Se habilita a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera para dictar Instrucciones para la aplicación de lo previsto en esta orden.</p>
<p class='articulo'>Disposición final segunda. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo'>La presente orden entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 11 de noviembre de 2015.–El Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos Jurado.</p>
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</documento>
|
Mon Nov 16 10:03:39 +0000 2015
|
El colectivo de registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles ha visto cómo, en los últimos años, su posición, en relación con las funciones de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, se ha modificado profundamente.
Conforme a la legislación vigente hasta el mes de abril de 2010, los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes inmuebles estaban únicamente obligados a cumplir con el deber de colaboración impuesto a toda autoridad y funcionario, consistente en informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Servicio Ejecutivo de la Comisión) de los hechos de que tuvieran conocimiento en el ejercicio de su función, que pudieran constituir indicio o certeza de blanqueo de capitales.
Esta situación cambia radicalmente con la promulgación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, que incluye en su artículo 2.1.n) a los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles como una nueva categoría de sujetos obligados.
Esta condición determina la atribución de una serie de obligaciones preventivas que cada uno de los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles está obligado a cumplir a título individual. No obstante, la propia Ley 10/2010, de 28 de abril, en su artículo 27, dispone que mediante Orden del Ministro de Economía y Hacienda, actualmente, Ministro de Economía y Competitividad, puede acordarse la constitución de órganos centralizados de prevención de las profesiones colegiadas sujetas a dicha ley. Posteriormente, el artículo 44 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, determinó cuáles iban a ser las competencias que corresponden a los órganos centralizados de prevención.
La creación de órganos centralizados de prevención tiene por objeto intensificar y potenciar la colaboración de las profesiones colegiadas con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, permitiendo un mayor nivel de especialización en estas tareas dentro del colectivo de sujetos obligados.
De esta manera se consigue un objetivo doble. Por un lado, se facilita el cumplimiento por parte de los sujetos individuales de la normativa preventiva, al contar con un órgano especializado encargado de las funciones de tipo administrativo o procedimental y que, asimismo, canaliza las comunicaciones de operativa sospechosa que los registradores remiten. Por otro lado, la creación de este tipo de órganos centrales es también un mecanismo que beneficia la homogeneidad de las medidas aplicadas por el colectivo a la hora de dar cumplimiento a las previsiones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, evitando potenciales interpretaciones divergentes sobre el alcance y significado de las obligaciones.
Además, esta misma especialización determina una mejora de la calidad de las informaciones recibidas por las autoridades y una agilización en la remisión de informaciones solicitadas.
La orden se dicta al amparo de la habilitación normativa contenida en el artículo 27.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, conforme al cual, el Ministro de Economía y Competitividad, previo cumplimiento de los trámites legales oportunos, podrá acordar la constitución de órganos centralizados de prevención de las profesiones colegiadas sujetas a las obligaciones establecidas en dicha ley.
La orden ha sido sometida al informe preceptivo de los vocales de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.2 k) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, así como al informe previo de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con el artículo 37.1 h) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y con el artículo 5 b) del Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Esta orden será de aplicación a todos los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España (los registradores), quienes deberán seguir los procedimientos y exigencias en ella establecidos para cumplir con las obligaciones contenidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
Artículo 2. Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
El Colegio de Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles (Colegio de Registradores) constituirá un órgano centralizado de prevención con la función de promover y canalizar la colaboración de los registradores con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Artículo 3. Incorporación al Órgano Centralizado de Prevención del Colegio de los Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
La aprobación de esta orden supondrá la incorporación automática al órgano centralizado de prevención de todos los registradores.
Artículo 4. Director del Órgano Centralizado de Prevención del Colegio de los Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
1. La Junta de Gobierno del Colegio de Registradores designará un director del órgano centralizado de prevención. La dirección del órgano centralizado de prevención deberá ser desempeñada por persona que reúna las condiciones de experiencia técnica y profesional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que la hagan idónea para el desempeño del cargo. A estos efectos, deberá contar con formación específica y experiencia de, al menos, cinco años, en tareas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Asimismo, serán de aplicación las disposiciones que, en materia de altos estándares éticos establece el artículo 40 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
2. El Director del órgano centralizado de prevención, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 10/2010 de 28 de abril, ostentará con carácter nato la condición de representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Servicio Ejecutivo de la Comisión). A estos efectos, la propuesta de nombramiento de representante, acompañada de una descripción detallada de su trayectoria profesional, será comunicada al Servicio Ejecutivo de la Comisión que, de forma razonada, podrá formular reparos u observaciones.
Artículo 5. Examen especial de operaciones.
1. El órgano centralizado de prevención examinará con especial atención aquellas operativas en las que concurran las circunstancias establecidas en el artículo 17 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, remitidas para su análisis por los registradores o bien detectadas de manera directa por el Órgano Centralizado de Prevención, mediante el tratamiento de la información contenida en las bases de datos registrales.
A los efectos de la adecuada realización de la función de análisis, los registradores deberán facilitar al órgano centralizado de prevención cualquier información que éste les requiera para el ejercicio de su función de examen.
2. El órgano centralizado de prevención mantendrá, durante un plazo de diez años, un registro pormenorizado de todas las operaciones que hayan sido objeto de examen especial, documentando las fases del análisis, las gestiones realizadas y las fuentes de información internas y externas consultadas, incluyendo, asimismo, la información relativa a la decisión sobre la procedencia o no de la comunicación de la operación y sus causas.
Artículo 6. Comunicación de operaciones.
1. Si, tras el examen a que se refiere el artículo anterior, existieran indicios o certeza de que el hecho u operación está vinculado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, el director del órgano centralizado de prevención comunicará por escrito la operación al Servicio Ejecutivo de la Comisión, en nombre y por cuenta, en su caso, del registrador que la hubiera remitido para su análisis.
2. Las comunicaciones realizadas al Servicio Ejecutivo de la Comisión contendrán, en todo caso, la información establecida en el artículo 18.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, indicando, asimismo, los datos de identificación del registrador o registradores intervinientes.
3. La comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión se realizará de modo telemático, sin perjuicio de la utilización de otros soportes cuando sea preciso. El sistema de comunicación empleado deberá asegurar la plena confidencialidad e integridad de la información transmitida.
Artículo 7. Análisis de riesgo.
1. El órgano centralizado de prevención realizará el análisis de los riesgos que, en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, enfrenta la actividad desarrollada por los funcionarios colegiados.
Este análisis de riesgo deberá constar por escrito, comprendiendo la identificación y evaluación de los riesgos existentes en función de las características de los intervinientes, las áreas geográficas afectadas y los tipos de actos u operaciones concernidos.
2. El análisis de riesgo, que deberá ser revisado periódicamente para garantizar su vigencia, será la base a partir de la cual se diseñen los procedimientos de control interno aplicables por los funcionarios colegiados y el órgano centralizado de prevención.
Artículo 8. Manual de procedimientos.
1. El órgano centralizado de prevención elaborará y mantendrá actualizado el Manual de procedimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo dirigido a garantizar el cumplimiento por los registradores de sus obligaciones en esta materia y cuyo contenido mínimo se ajustará a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
2. El manual de procedimientos deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores, que velará, a través del órgano centralizado de prevención, para que éstos apliquen en su actividad profesional el referido manual.
3. El manual de procedimientos actualizado deberá estar siempre accesible para su uso y consulta por parte de todos los funcionarios incorporados y el personal dependiente de aquéllos.
Artículo 9. Formación.
El órgano centralizado de prevención organizará, conforme al plan anual aprobado, acciones formativas, presenciales o telemáticas, dirigidas a los registradores y a su personal, y enfocadas al conocimiento de las obligaciones legales vigentes, así como de los procedimientos internos puestos en marcha para cumplir con aquéllas.
Estos procesos de formación deberán contar con un sistema de evaluación del aprovechamiento por parte de los destinatarios.
Artículo 10. Supervisión.
Sin perjuicio de las competencias del Servicio Ejecutivo de la Comisión, en materia de supervisión del cumplimiento de las obligaciones de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo, el órgano centralizado de prevención llevará a cabo acciones de inspección respecto de los funcionarios incorporados, en los términos establecidos en el artículo 44.2.i) del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
A estos efectos, la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores aprobará anualmente el plan de supervisión, que deberá estructurarse conforme a criterios de riesgo.
El plan aprobado se remitirá al Servicio Ejecutivo de la Comisión.
Artículo 11. Deber de confidencialidad.
Los registradores y los miembros del órgano centralizado de prevención no revelarán, ni al solicitante de la inscripción ni a terceros, el suministro de información al Servicio Ejecutivo de la Comisión, a petición de éste, ni la realización de una comunicación de operativa sospechosa o el hecho de estar realizando el proceso de examen especial.
A estos efectos, los procedimientos internos deberán establecer mecanismos de comunicación ágiles, entre los registradores y el órgano centralizado de prevención y de éste con el Servicio Ejecutivo de la Comisión, que permitan el intercambio de información con la adecuada confidencialidad.
Artículo 12. Ejecución de medidas restrictivas y sanciones financieras internacionales.
1. Las prohibiciones de disponer que afecten a bienes muebles e inmuebles, adoptadas al amparo de reglamentos de la Unión Europea de aplicación directa en los países de la Unión Europea o acordadas por el Consejo de Ministros, en aplicación del artículo 42 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, se harán constar en los correspondientes registros, por nota al margen de la inscripción de dominio, expresando el origen y contenido de la prohibición.
La vigencia de la nota marginal será la señalada para la prohibición de disponer en la disposición o acuerdo en virtud de la cual se ha practicado y, en defecto de plazo, su duración será indeterminada, cancelándose cuando el nombre del titular registral desaparezca de la lista dictada al amparo del reglamento de la Unión Europea o cuando lo disponga el Consejo de Ministros que la ordenó.
2. El órgano centralizado de prevención comprobará periódicamente los listados de personas físicas y jurídicas, contenidos en los reglamentos de la Unión Europea a los que se refiere el apartado 1, cotejándolos con las bases de datos registrales.
Si resultara que alguno de los nombres examinados aparece como titular de bienes inscritos, lo comunicará al Registro competente para que, en su caso, lo haga constar conforme a lo señalado en el apartado 1, o para su cancelación, si se ha producido la baja del nombre en la lista.
Igual comunicación se realizará respecto a los Acuerdos del Consejo de Ministros, tanto para la práctica como para la cancelación de la nota marginal, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
3. El Registro informará al órgano centralizado de prevención de los asientos practicados o de su imposibilidad, a efectos de su comunicación a la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales e Infracciones Monetarias.
Artículo 13. Responsable y encargado del tratamiento de los ficheros de datos.
El órgano centralizado de prevención ostentará, respecto de los ficheros de datos creados para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y en su normativa de desarrollo, la condición de encargado del tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.4 de la mencionada ley, y a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
A estos mismos efectos, tendrá la condición de responsable del tratamiento, en los términos que resultan del artículo 44.6 del Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Disposición final primera. Habilitación.
Se habilita a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera para dictar Instrucciones para la aplicación de lo previsto en esta orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 11 de noviembre de 2015.–El Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos Jurado.
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"6005",
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2017-05-27
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MODIFICA
el art. 234.2 de la Ley de Mercado de Valores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre
MODIFICA
y AÑADE determinados preceptos al Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio
MODIFICA
los arts. 66 bis.3 y 107.1 de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre
MODIFICA
el art. 64.3.c) , la disposición adicional 4 y AÑADE el título VI a la Ley 15/2007, de 3 de julio
MODIFICA
los arts. 2.11, 10 y el título de la subsección 3 de la sección 1 del Capítulo II de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto
MODIFICA
y AÑADE determinados preceptos a la Ley 45/1999, de 29 de noviembre
MODIFICA
los arts. 11, 14.1 de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre
AÑADE
la sección 1 bis al capítulo V del titulo I del Libro II de la Ley 1/2000, de 7 de enero
TRANSPONE
la Directiva (UE) 2015/566, de 8 de abril
TRANSPONE
la Directiva (UE) 2015/565, de 8 de abril
TRANSPONE
la Directiva 2014/104/UE, de 26 de noviembre
TRANSPONE
la Directiva 2014/67/UE, de 15 de mayo
TRANSPONE
la Directiva 2013/50/UE, de 22 de octubre
TRANSPONE
la Directiva 98/26/CE, del 19 de mayo
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BOE-A-2017-5855
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Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores.
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<eli:title rdf:datatype='http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string'>Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores.</eli:title>
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<alerta codigo='134' orden=''>Unión Europea</alerta>
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<referencias>
<anteriores>
<anterior orden='2015' referencia='BOE-A-2015-11435'>
<palabra codigo='270'>MODIFICA</palabra>
<texto>el art. 234.2 de la Ley de Mercado de Valores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre</texto>
</anterior>
<anterior orden='2015' referencia='BOE-A-2014-7065'>
<palabra codigo='270'>MODIFICA</palabra>
<texto>y AÑADE determinados preceptos al Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio</texto>
</anterior>
<anterior orden='2015' referencia='BOE-A-2007-20555'>
<palabra codigo='270'>MODIFICA</palabra>
<texto>los arts. 66 bis.3 y 107.1 de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre</texto>
</anterior>
<anterior orden='2015' referencia='BOE-A-2007-12946'>
<palabra codigo='270'>MODIFICA</palabra>
<texto>el art. 64.3.c) , la disposición adicional 4 y AÑADE el título VI a la Ley 15/2007, de 3 de julio</texto>
</anterior>
<anterior orden='2015' referencia='BOE-A-2000-15060'>
<palabra codigo='270'>MODIFICA</palabra>
<texto>los arts. 2.11, 10 y el título de la subsección 3 de la sección 1 del Capítulo II de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto</texto>
</anterior>
<anterior orden='2015' referencia='BOE-A-1999-22895'>
<palabra codigo='270'>MODIFICA</palabra>
<texto>y AÑADE determinados preceptos a la Ley 45/1999, de 29 de noviembre</texto>
</anterior>
<anterior orden='2015' referencia='BOE-A-1999-21980'>
<palabra codigo='270'>MODIFICA</palabra>
<texto>los arts. 11, 14.1 de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre</texto>
</anterior>
<anterior orden='2040' referencia='BOE-A-2000-323'>
<palabra codigo='407'>AÑADE</palabra>
<texto>la sección 1 bis al capítulo V del titulo I del Libro II de la Ley 1/2000, de 7 de enero</texto>
</anterior>
<anterior orden='3020' referencia='DOUE-L-2015-80724'>
<palabra codigo='426'>TRANSPONE</palabra>
<texto>la Directiva (UE) 2015/566, de 8 de abril</texto>
</anterior>
<anterior orden='3020' referencia='DOUE-L-2015-80723'>
<palabra codigo='426'>TRANSPONE</palabra>
<texto>la Directiva (UE) 2015/565, de 8 de abril</texto>
</anterior>
<anterior orden='3020' referencia='DOUE-L-2014-83627'>
<palabra codigo='426'>TRANSPONE</palabra>
<texto>la Directiva 2014/104/UE, de 26 de noviembre</texto>
</anterior>
<anterior orden='3020' referencia='DOUE-L-2014-81097'>
<palabra codigo='426'>TRANSPONE</palabra>
<texto>la Directiva 2014/67/UE, de 15 de mayo</texto>
</anterior>
<anterior orden='3020' referencia='DOUE-L-2013-82320'>
<palabra codigo='426'>TRANSPONE</palabra>
<texto>la Directiva 2013/50/UE, de 22 de octubre</texto>
</anterior>
<anterior orden='3020' referencia='DOUE-L-1998-81006'>
<palabra codigo='426'>TRANSPONE</palabra>
<texto>la Directiva 98/26/CE, del 19 de mayo</texto>
</anterior>
</anteriores>
<posteriores>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2017-6471'>
<palabra codigo='201'>CORRECCIÓN de errores</palabra>
<texto>, con modificación de los arts. 6.1, 7.3 y disposición final 1, en BOE núm. 136 de 8 de junio de 2017</texto>
</posterior>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2017-7528'>
<palabra codigo='301'>SE PUBLICA Acuerdo de convalidación</palabra>
<texto>, por Resolución de 22 de junio de 2017</texto>
</posterior>
</posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>EXPOSICIÓN DE MOTIVOS</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>I</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La transposición en plazo de directivas de la Unión Europea constituye en la actualidad uno de los objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europeo. La Comisión Europea somete informes periódicos al Consejo de Competitividad, a los que se les da un alto valor político en cuanto que sirven para medir la eficacia y la credibilidad de los Estados miembros en la puesta en práctica del mercado interior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El cumplimiento de este objetivo resulta hoy aún más prioritario habida cuenta del escenario diseñado por el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, para los incumplimientos de transposición en plazo, para los que la Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la imposición de importantes sanciones económicas de manera acelerada (artículo 260.3 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea –TFUE–).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>España viene cumpliendo de manera consistente con los objetivos de transposición en plazo comprometidos, desde el inicio del establecimiento de los mismos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sin embargo, a lo largo del año 2016, habida cuenta de la prolongación de la situación de Gobierno en funciones, la labor legislativa exigida por la transposición de estas directivas al ordenamiento interno no pudo ser llevada a cabo en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El incumplimiento de estas obligaciones tiene para nuestro país consecuencias negativas, que comprometen su credibilidad política y pueden llevar a la imposición de multas pecuniarias, con base en lo establecido en el artículo 260.3 del TFUE, por lo que deben emplearse todos los recursos necesarios para evitar un escenario tan desfavorable.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Ante la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en la incorporación al ordenamiento jurídico español de tales directivas, resulta necesario acudir a la aprobación de un Real Decreto-ley para proceder a su transposición, lo que permitirá cerrar los procedimientos de infracción abiertos y con ello evitar la imposición de sanciones económicas a España.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En cuanto a la utilización del Real Decreto-ley como instrumento de transposición, cabe señalar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 23/1993, de 21 de enero, señala que el Real Decreto-ley es un instrumento constitucionalmente lícito para afrontar coyunturas económicas problemáticas, y en su sentencia 1/2012, de 13 de enero, avala la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86.1 de la Constitución cuando concurran «el patente retraso en la transposición» y la existencia de «procedimientos de incumplimiento contra el Reino de España». En los sucesivos apartados de esta exposición de motivos se irán concretando las razones que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de transponer las distintas directivas en cada uno de los supuestos recogidos en el presente Real Decreto-ley.</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>II</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el título I, que engloba los artículos primero y segundo, se contienen las modificaciones normativas que transponen directivas relacionadas con el sistema financiero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El artículo primero del Real Decreto-ley modifica la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores con un doble objetivo: por una parte, modificar la definición de firmeza e irrevocabilidad de las órdenes de transferencia de tal forma que su determinación por los sistemas pueda ser conforme a los protocolos de funcionamiento de la plataforma paneuropea de liquidación de operaciones sobre valores TARGET2-Securities, a la que se incorporará el depositario central de valores español en septiembre de 2017. Por otra parte, se modifica la redacción del artículo 14.1 para adaptar el ordenamiento español a lo previsto en el artículo 87 del Reglamento (UE) N.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones, por lo que se regulan los efectos sobre las garantías constituidas a favor de los gestores o participantes de un sistema de pagos o de compensación y liquidación de valores en los procedimientos de insolvencia. Debe tenerse en cuenta, en este sentido que el mencionado artículo 87 incorpora la regulación de estos efectos sobre las garantías modificando el artículo 9 de la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores, por lo que es necesaria la modificación de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre antes citada para cumplir adecuadamente nuestras obligaciones en materia de aplicación de derecho europeo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En relación con la primera de las modificaciones propuestas, la definición que los protocolos de funcionamiento de la plataforma de liquidación de valores TARGET2-Securities hace de la firmeza y la irrevocabilidad de las órdenes que recibe, difiere de la que se establece en nuestra Ley 41/1999, de 12 de noviembre, aplicable al depositario central de valores español.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El depositario central de valores español (Iberclear) debe incorporarse a TARGET2-Securities en septiembre de 2017, por lo que es necesario realizar urgentemente estos ajustes en la redacción de la norma española, para garantizar en la transición al nuevo modelo la plena seguridad jurídica de las operaciones que se realicen en dicha plataforma y que las mismas se ajustan a las previsiones de la Directiva 98/26/CE. De esta manera se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 39, apartados 2 y 3 del Reglamento (UE) 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) 236/2012.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Así, en 2012 Iberclear asumió una serie de compromisos con el Eurosistema con la firma del Acuerdo Marco de TARGET2-Securities, la plataforma paneuropea de liquidación de valores promovida por el Eurosistema como una iniciativa privada. Según lo acordado Iberclear deberá migrar en la última ventana de migración, el 18 de septiembre de 2017. Esas responsabilidades que Iberclear asumió con la firma del Acuerdo Marco parten del supuesto de que la regulación española sustenta la migración y sus reglas son acordes tanto con la normativa europea como con el funcionamiento de la plataforma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por lo que respecta a la segunda de las modificaciones, se trata de culminar la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico al Reglamento (UE) N.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones. El plazo que se daba a los Estados miembros para adoptar y publicar las medidas necesarias para cumplir con estas modificaciones era el 17 de agosto de 2014. De no adoptarse inmediatamente las medidas contenidas en el presente Real Decreto-ley, se podría incurrir en el incumplimiento de las obligaciones que se imponen al Reino de España como Estado miembro de la Unión Europea. A estos efectos la Comisión europea inició el procedimiento formal de infracción el 30 de septiembre de 2016, mediante notificación de Carta de emplazamiento 2016/2112 y, recientemente, el 28 de abril de 2017, ha notificado Dictamen Motivado, de conformidad con lo previsto en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El artículo segundo del Real Decreto-ley modifica el artículo 234.2 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, para establecer la suspensión del ejercicio del derechos de votos de las acciones de emisores cuando no se hubieran comunicado adquisiciones de participaciones significativas. Con esta modificación se completa la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2013/50/UE, de 22 de octubre de 2013, por la que se modifican la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado; la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores; y la Directiva 2007/14/CE de la Comisión por la que se establecen disposiciones de aplicación de determinadas prescripciones de la Directiva 2004/109/CE, cuyo plazo de transposición venció el 26 de noviembre de 2015.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La finalización, hace ya más de un año, del plazo de transposición de la Directiva 2013/50/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, unido a la necesidad de que el supervisor competente esté dotado de los instrumentos necesarios para la adecuada aplicación de las previsiones contenidas en la Directiva, justifica la extraordinaria y urgente necesidad de completar la transposición de la misma. A estos efectos la Comisión Europea tramita un procedimiento formal de infracción sobre el que ya ha emitido Dictamen motivado 2016/0063, de 17 de noviembre de 2016.</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>III</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Título II, que comprende los artículos tercero y cuarto, contiene las modificaciones derivadas de la transposición de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014 que establece determinadas normas por las que se rigen, en virtud del Derecho nacional, las acciones de daños resultantes de las infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Unión Europea promulgó esta directiva con el propósito de establecer mecanismos procesales efectivos que hagan posible la reclamación de daños y perjuicios provocados como consecuencia de infracciones del Derecho de la competencia, puesto que, a falta de tales cauces procesales, la experiencia ha demostrado que el cumplimiento de la normativa material se resiente, y ello incluso a pesar de la existencia de un Derecho sancionador específico.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En ella se establecen normas destinadas a eliminar los obstáculos que impiden el buen funcionamiento de las acciones ejercitables, las cuales garantizan el fomento de una competencia real en el mercado interior y una protección equivalente en toda la Unión para todos los que hayan sufrido el perjuicio resultante de la infracción a la competencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La directiva comprende también normas que regulan cuestiones de diversa naturaleza tales como las que se ocupan de temas procesales y otras que tratan de las acciones de daños a efectos de su debido resarcimiento y por último la consideración de factores tecnológicos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para ello, en el artículo tercero se modifica la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, introduciendo un nuevo título VI relativo a la compensación de los daños causados por las prácticas restrictivas de la competencia. Al servicio de los objetivos exigidos por la Directiva 2014/104/UE, se introducen en el ordenamiento jurídico español las previsiones de la misma, resaltando entre otras la responsabilidad de quienes infrinjan el Derecho de la competencia de indemnizar los daños y perjuicios que dicha infracción cause; se declara, asimismo, el derecho al pleno resarcimiento de los daños causados por estas actuaciones; o se prevé la responsabilidad solidaria de quienes hubieran llevado a cabo la infracción de forma conjunta, si bien se matiza esta regla general en consonancia con las reglas de la directiva.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Real Decreto-ley establece el plazo de prescripción de 5 años para el ejercicio de las acciones por daños, y regula la cuantificación de los daños y perjuicios en lo relativo a la carga de la prueba –que corresponde a quien demanda– introduciendo determinados matices, como una presunción «iuris tantum» de causación del daño en las infracciones calificadas como cártel, o la posibilidad de los jueces de estimar un determinado importe de daños si se acreditara la existencia de los mismos pero fuera prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificarlos con precisión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Finalmente, se regula la prueba y cuantificación del sobrecoste, así como determinadas peculiaridades de las acciones de daños ejercitadas por demandantes situados en distintos niveles de la cadena de suministro. Todo lo anterior con el objetivo claro de garantizar que los daños sufridos por sujetos (ya sean empresas o consumidores) como consecuencia de dichas prácticas anticompetitivas sean efectivamente resarcidos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Al incorporar este nuevo título VI a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se pretende también extender la nueva normativa a las reclamaciones de los daños causados por las infracciones a los artículos 1 y 2 de dicha ley que no afectan al comercio entre los Estados miembros de la Unión y que, por tanto, no entran en el ámbito de aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no así a los actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés público dado que cuentan con un régimen específico en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por último, se incorporan al ordenamiento jurídico español en la disposición adicional cuarta de la Ley 15/2007, de 3 de julio, una serie de definiciones incluidas en el artículo 2 de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, con objeto de permitir una mejor comprensión de los restantes preceptos de la citada ley. Dicha incorporación incluye instituciones jurídicas actualmente inexistentes en el ordenamiento español como, por ejemplo, las solicitudes de transacción definidas en la citada disposición adicional, referidas al procedimiento previsto en la Comunicación de la Comisión Europea sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción con vistas a la adopción de decisiones con arreglo a los artículos 7 y 23 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo en casos de cártel (2008/C 167/01, DOUE de 2 de julio de 2008) y regulaciones semejantes en otros Estados miembros de la Unión. La inclusión de tales definiciones facilita también la interposición ante tribunales españoles de acciones de daños derivadas de resoluciones sancionadoras de la Comisión Europea o de otras autoridades nacionales de competencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En siguiente lugar, respecto a las disposiciones de la directiva para facilitar la prueba en los procedimientos por daños resultantes de la violación de las normas sobre competencia, el objetivo principal de la modificación introducida por el artículo cuarto de este Real Decreto-ley en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, es la consecución de una mejor tutela de los derechos de los justiciables en dicho campo. A tal fin, dicho artículo séptimo introduce una regulación sobre el acceso a las fuentes de prueba en la Ley 1/2000, de 7 de enero, mediante una nueva Sección 1.ª bis («Del acceso a las fuentes de prueba en procedimientos de reclamación de daños por infracción de las normas de competencia») dentro del Capítulo V («De la prueba: disposiciones generales») del Título I («De las disposiciones comunes a los procesos declarativos») del Libro II («De los procesos declarativos»), en la que se determinan, entre otros extremos, los requisitos para solicitar del tribunal una medida de acceso a fuentes de prueba, un elenco ejemplificativo de posibles medidas, así como la ejecución de éstas y las consecuencias de la obstrucción a su práctica, siempre moduladas por el principio de proporcionalidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Con todo ello se da carta de naturaleza legal a la noción de fuente de prueba, a través de la cual se alude a todo elemento susceptible de servir de base para la ulterior práctica probatoria en el momento procesal oportuno. A través de la nueva regulación se permite que los justiciables en el campo del Derecho de la competencia tengan conocimiento de los elementos que les servirán para tratar de formar la convicción judicial conforme a las reglas ordinarias en materia de proposición y práctica de la prueba; ahora bien, y precisamente por ello, el acceso a fuentes de prueba no exime al litigante de la carga de proponer en tiempo y forma la práctica del medio probatorio pertinente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Real Decreto-ley se refiere también y de forma específica al acceso a fuentes de prueba que se encuentren en poder de las administraciones públicas y entidades de derecho público previendo, para este último caso, la imposibilidad de acceso a documentación o material de carácter reservado o secreto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Con el objetivo de asegurar la efectiva realización del acceso, y frente a supuestos de obstrucción de dicho acceso, la norma recoge una serie de consecuencias sobre los efectos de la prueba en el proceso en cuestión, dejando a salvo la responsabilidad penal en que pudiera incurrir quien así actuara.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El transcurso del plazo de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2014/104/UE, que finalizó el 27 de diciembre de 2016, justifica la utilización del Real Decreto-ley como instrumento de transposición, al concurrir la circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución. En efecto, resulta acuciante efectuar la necesaria adaptación de nuestro Derecho y poner fin al retraso en el cumplimiento de esta obligación, considerando las consecuencias negativas que dicho retraso comporta tanto para los ciudadanos, en cuyo beneficio procede garantizar la efectividad de las acciones para el resarcimiento por los daños y perjuicios derivados de infracciones del Derecho de la competencia, como para el Estado, debido el riesgo de ser sancionado por las instituciones de la Unión Europea mediante un procedimiento de infracción que ha sido iniciado de oficio por la Comisión Europea en enero de 2017.</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>IV</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Título III, compuesto por el artículo quinto, contiene las modificaciones que incorporan al ordenamiento interno directivas de la Unión Europea en el ámbito sanitario. El Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos, consolidó la incorporación al ordenamiento jurídico interno de la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos; de la Directiva 2006/17/CE de la Comisión, de 8 de febrero de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a determinados requisitos técnicos para la donación, la obtención y la evaluación de células y tejidos humanos; así como de la Directiva 2006/86/CE de la Comisión, de 24 de octubre de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos de trazabilidad, la notificación de las reacciones y los efectos adversos graves y determinados requisitos técnicos para la codificación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Con posterioridad a la aprobación del Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, se han aprobado dos directivas comunitarias que han introducido nuevas exigencias en materia de células y tejidos humanos que motivan la necesidad de modificar dicho Real Decreto-ley con el fin de adaptar sus disposiciones a dichas exigencias. Se trata, por un lado, de la Directiva (UE) 2015/565 de la Comisión, de 8 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 2006/86/CE en lo relativo a determinados requisitos técnicos para la codificación de células y tejidos humanos; y, por otro lado, de la Directiva 2015/566 de la Comisión, de 8 de abril de 2015, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE en lo que se refiere a los procedimientos de verificación de la equivalencia de las normas de calidad y seguridad de las células y los tejidos importados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De este modo, se refuerza la trazabilidad de las células y los tejidos humanos desde el donante al receptor y viceversa. Para ello, y como garantía de dicha trazabilidad, se establecen determinados requisitos técnicos para la codificación de células y tejidos humanos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En concreto, se garantiza la aplicación del código único europeo, que proporciona información sobre la donación y sobre el producto, atribuyendo a cada uno de esos conceptos una determinada secuencia de identificación que se ajustará al formato y a la estructura que se establece en la propia norma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para aquellos tejidos y células que estén excluidos o exentos de la aplicación del código único europeo, se establecen reglas que garantizan su adecuada trazabilidad a lo largo de toda la cadena, desde la donación y la obtención hasta la aplicación en seres humanos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Y en aquellas situaciones distintas de la distribución en las que los tejidos y las células sean puestos en circulación, como la transferencia a otro operador para su procesamiento posterior, con o sin retorno, la secuencia de identificación de la donación debe aplicarse, como mínimo, en la documentación adjunta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los establecimientos de tejidos, incluidos los establecimientos de tejidos importadores, deberán aplicar de forma correcta los requisitos del código único europeo, siendo la Organización Nacional de Trasplantes y las comunidades autónomas los encargados de velar por dicha aplicación. De esta forma, todos los establecimientos de tejidos autorizados deberán tener un número único y figurarán en el Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por otra parte, con la nueva regulación introducida en el Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, se exige que las importaciones de células y tejidos se realicen únicamente por establecimientos de tejidos autorizados para tal fin, denominados establecimientos de tejidos importadores, salvo en aquellos casos en los que se pueda autorizar directamente la importación de células y tejidos específicos, como por ejemplo, para autorizar la importación de células madre hematopoyéticas procedentes de médula ósea, sangre periférica o sangre del cordón umbilical utilizadas en el tratamiento de una serie de enfermedades potencialmente mortales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Y, además, con el fin de facilitar la distribución dentro de la Unión Europea de las células y los tejidos importados, incluso cuando dicha distribución sea de carácter transfronterizo, la autoridad competente debe expedir el certificado de autorización del establecimiento de tejidos importador.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, se establece la obligación de mantener un registro de las actividades que realicen los establecimientos de tejidos importadores, incluyendo los tipos y cantidades de células y tejidos importados, así como su origen y destino.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En todo caso, los establecimientos de tejidos importadores deberán velar para que el código único europeo se aplique a las células y los tejidos importados, ya sea realizando ellos mismos esta tarea o delegándola en los proveedores de terceros países, como parte de las condiciones de los acuerdos escritos entre ambas partes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por lo que se refiere al instrumento normativo mediante el que se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2015/565 de la Comisión, de 8 de abril de 2015, y la Directiva (UE) 2015/566 de la Comisión, de 8 de abril de 2015, el artículo 86 de la Constitución establece que, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes. En el presente caso, son factores habilitantes para la aprobación de la modificación legislativa que nos ocupa no sólo el elemento temporal, evidenciado por el retraso acumulado en la transposición de ambas directivas, cuyo plazo venció el 29 de octubre de 2016, sino también el elemento causal, dada la apertura de sendos procedimientos de infracción contra el Reino de España en fecha 23 de noviembre de 2016. A ambos factores habría que añadir, además, el elemento material, reflejado en la imperiosa necesidad de garantizar en todo momento el mayor nivel posible de protección de la salud humana, que en este caso obliga a llevar a cabo una aplicación uniforme y coherente en toda la Unión Europea de las medidas de trazabilidad de células y tejidos, a través de la inmediata implantación del código único europeo, y mediante el imprescindible establecimiento de mayores controles en la importación de tejidos y células, dado el paulatino incremento que los intercambios de los mismos están experimentando a escala mundial.</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>V</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Título IV, compuesto por los artículos sexto y séptimo, contiene las modificaciones que incorporan al ordenamiento interno una directiva de la Unión Europea sobre el desplazamiento de trabajadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI»), establece un marco común de disposiciones, medidas y mecanismos de control necesarios para una mejor y más uniforme transposición, aplicación y cumplimiento en la práctica de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, incluyendo medidas para prevenir y sancionar cualquier abuso y elusión de las normas aplicables.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Con ello, se pretende garantizar que se respete un nivel apropiado de protección de los derechos de los trabajadores desplazados para la prestación de servicios transfronteriza, en particular, que se cumplan las condiciones de empleo aplicables en Estado miembro donde se vaya a prestar el servicio, de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 96/71/CE, facilitando al mismo tiempo el ejercicio de la libre prestación de servicios a los prestadores y promoviendo un clima de competencia leal dentro de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El ordenamiento jurídico español, a través de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, y otras disposiciones legales, anticipa en gran medida el contenido de la Directiva 2014/67/UE. Además, recientemente se han realizado determinadas actuaciones administrativas como la aprobación del Criterio técnico núm. 97/2016 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, o la creación de una web única a nivel nacional dentro del Portal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social con información, entre otros aspectos, sobre las condiciones de trabajo aplicables a los trabajadores desplazados y las disposiciones que las regulan, y sobre la comunicación previa de desplazamiento, incluyendo los datos de contacto de las autoridades laborales competentes por razón del territorio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No obstante, la transposición de algunos aspectos de la Directiva 2014/67/UE requiere la aprobación de una norma con rango de ley.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por un lado, la transposición al ordenamiento español del artículo 9 de la Directiva sobre «Requisitos administrativos y medidas de control» que los Estados miembros podrán, en su caso, imponer afecta a materia regulada en la Ley 45/1999 (artículos 5 «Comunicación de desplazamiento» y 6 «Obligación de comparecencia y de aportar documentación»). Por otro lado, la tipificación como infracciones administrativas de los incumplimientos de estas nuevas obligaciones requiere la modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Además, la transposición del Capítulo VI de la Directiva 2014/67/UE sobre «Ejecución transfronteriza de las sanciones y multas administrativas» también requiere de una norma con rango de ley, en este caso, en virtud de la reserva material de ley que se deriva de los principios de legalidad y tipicidad de las infracciones y sanciones administrativas establecidos en la Constitución Española de 1978, en tanto la aplicación de los principios de reconocimiento y asistencia mutuos a la ejecución transfronteriza de las sanciones administrativas impuestas a un prestador de servicios establecido en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo por el incumplimiento de las normas aplicables en materia de desplazamiento de trabajadores en otro Estado miembro supone la necesidad de que las autoridades españolas reconozcan las sanciones impuestas por las autoridades de otros Estados como si hubieran sido impuestas por las propias autoridades españolas conforme a la normativa española, así como la puesta en marcha de las medidas necesarias para su notificación o cobro en territorio español.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Directiva 2014/67/UE dispone en su artículo 23 que los Estados miembros deben poner en vigor las disposiciones legales necesarias para dar cumplimiento a la misma a más tardar el 18 de junio de 2016.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En fecha 16 de febrero de 2017 se recibe Dictamen motivado de la Comisión Europea al amparo del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por la no adopción de las medidas nacionales de trasposición de la citada Directiva, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Comisión en dicho Dictamen motivado llama la atención al Gobierno sobre las sanciones pecuniarias que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede imponer en virtud del artículo 260, apartado 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Directiva 2014/67/UE está en parte incorporada en nuestro ordenamiento jurídico, como se dice en esta Exposición de Motivos. No obstante, es preciso adoptar otras medidas contenidas en la Directiva 2014/67/UE para garantizar un adecuado control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Directiva 96/71/CE y el principio de asistencia recíproca a través de la notificación y ejecución trasfronteriza de sanciones.</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>VI</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Finalmente, mediante la disposición final primera se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, al concurrir también en este caso los elementos temporal y causal necesarios para su aprobación, pues dicha modificación responde a la necesidad de dar inmediata respuesta al Proyecto Piloto 8007/15/JUST abierto al Reino de España a consecuencia de una incorrecta transposición de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con la Comisión Europea y evitando la imposición de posibles sanciones económicas al Reino de España.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias incide en la necesaria protección de los consumidores en sus relaciones con los empresarios, en el aspecto concreto relativo al medio que debe utilizar el empresario para reembolsar el pago recibido del consumidor en caso de desistimiento, garantizando que éste no incurra en ningún gasto como consecuencia del desistimiento del contrato, por lo que concurre también el elemento material que justifica su aprobación mediante Real Decreto-ley, máxime si se tiene en cuenta que el plazo de transposición de la mencionada Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, venció el 13 de diciembre de 2013.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por todo ello, por su finalidad y por el contexto de exigencia temporal en el que se dicta, concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, del Ministro de Justicia, de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, del Ministro de Economía, Industria y Competitividad, y de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de mayo de 2017,</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>DISPONGO:</p>
<p class='titulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>TÍTULO I</p>
<p class='titulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Transposición de directivas de la Unión Europea en materia de sistema financiero</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo primero. Modificación de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se modifica la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores, en los siguientes términos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Uno. Se modifica el artículo 11, que pasa a tener la siguiente redacción:</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Artículo 11. Firmeza de las órdenes de transferencia.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las órdenes de transferencia cursadas a un sistema por sus participantes, una vez recibidas y aceptadas de acuerdo con las normas de funcionamiento del sistema, la compensación que, en su caso, tenga lugar entre ellas, las obligaciones resultantes de dicha compensación, y las que tengan por objeto liquidar cualesquiera otros compromisos previstos por el sistema para asegurar el buen fin de las órdenes de transferencia aceptadas o de la compensación realizada, serán firmes, vinculantes y legalmente exigibles para el participante obligado a su cumplimiento y oponibles frente a terceros, no pudiendo ser impugnadas o anuladas por ninguna causa.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las órdenes de transferencia cursadas a un sistema por sus participantes no podrán ser revocadas por los participantes o por terceros a partir del momento determinado por las normas de funcionamiento del sistema.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cada sistema determinará en sus propias normas los momentos de irrevocabilidad y firmeza de las órdenes de transferencia, y en el caso de los sistemas interoperables, las normas de cada uno de ellos garantizarán, en la medida de lo posible, la coordinación con las normas de los otros sistemas afectados en cuanto a la determinación de tales momentos. No obstante, salvo que así lo establezcan expresamente las normas de todos los sistemas interoperables entre sí, las normas de cada uno de ellos relativas a los momentos de irrevocabilidad y firmeza no se verán afectadas por las de los demás.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Lo dispuesto en el apartado anterior:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Se entiende sin perjuicio de las acciones que puedan asistir a los órganos concursales o a cualquier acreedor para exigir, en su caso, las indemnizaciones que correspondan, o las responsabilidades que procedan, por una actuación contraria a derecho o por cualquier otra causa, de quienes hubieran realizado dicha actuación o de los que indebidamente hubieran resultado beneficiarios de las operaciones realizadas.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) No implica obligación alguna para el gestor o agente de liquidación de garantizar o suplir la falta de efectivo o de valores de un participante, a efectos de llevar a cabo la liquidación de una orden o una compensación, ni la obligación de emplear a tal fin medios distintos de los previstos en las normas de funcionamiento del sistema.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Los saldos favorables que arrojen las cuentas de efectivo abiertas en el Banco de España destinadas a la liquidación de operaciones realizadas en un sistema reconocido de acuerdo con lo previsto en esta Ley o por la legislación de otro Estado miembro de la Unión Europea, al amparo de la Directiva 98/26/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores, quedarán afectos al cumplimiento de las obligaciones de las entidades participantes de acuerdo con las normas de funcionamiento del mismo, no pudiendo ser objeto de embargo, traba, gravamen ni ninguna otra medida judicial o administrativa de ejecución, restricción o retención de cualquier naturaleza, hasta que haya finalizado la sesión de liquidación diaria del sistema correspondiente.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dos. Se añade un párrafo final al apartado 1 del artículo 14, que pasa a tener la siguiente redacción:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«1. Los derechos de un gestor de sistema o de un participante respecto de las garantías constituidas a su favor en un sistema o en cualquier sistema interoperable no se verán afectados, gozando de un derecho absoluto de separación, por los procedimientos de insolvencia incoados contra:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) El participante en el sistema de que se trate o en un sistema interoperable,</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) un gestor de sistema de un sistema interoperable que no sea un participante,</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) una contraparte de los bancos centrales de los Estados miembros o del Banco Central Europeo, o</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) cualquier tercero que haya constituido las garantías.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dichas garantías podrán ejecutarse para satisfacer los derechos citados.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si un gestor de sistema hubiera constituido una garantía a favor de otro gestor de sistema en relación con un sistema interoperable, sus derechos respecto de las garantías por él constituidas no se verán afectados por los procedimientos de insolvencia incoados contra el operador de sistema que las haya recibido, gozando de un derecho absoluto de separación.»</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo segundo. Modificación del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se añade una letra p) al artículo 234.2, con la siguiente redacción:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«p) Suspender cautelarmente el ejercicio de los derechos de voto asociados a las acciones adquiridas hasta que se constate el cumplimiento de las obligaciones de información establecidas en el artículo 125, en el momento de la incoación o en el transcurso de un expediente sancionador.»</p>
<p class='titulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>TÍTULO II</p>
<p class='titulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Transposición de directiva de la Unión Europea en materia de ejercicio de acciones de daños por infracciones del Derecho de la competencia</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo tercero. Modificación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en materia de ejercicio de las acciones de daños y perjuicios por infracciones del Derecho de la competencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Uno. Se modifica la letra c) del número 3 del artículo 64 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia que queda redactada como sigue:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«c) La realización de actuaciones tendentes a reparar el daño causado.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se considerará atenuante cualificada el efectivo resarcimiento del daño con anterioridad a que se dicte la resolución.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dos. Se introduce un nuevo Título VI con el siguiente enunciado y contenido en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia:</p>
<p class='titulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«TÍTULO VI</p>
<p class='titulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De la compensación de los daños causados por las prácticas restrictivas de la competencia</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 71. Responsabilidad por las infracciones del Derecho de la competencia.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los infractores del Derecho de la competencia serán responsables de los daños y perjuicios causados.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. A efectos de este título:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Se considera como infracción del Derecho de la competencia toda infracción de los artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o de los artículos 1 o 2 de la presente ley.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) La actuación de una empresa es también imputable a las empresas o personas que la controlan, excepto cuando su comportamiento económico no venga determinado por alguna de ellas.</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 72. Derecho al pleno resarcimiento.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Cualquier persona física o jurídica que haya sufrido un perjuicio ocasionado por una infracción del Derecho de la competencia, tendrá derecho a reclamar al infractor y obtener su pleno resarcimiento ante la jurisdicción civil ordinaria.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El pleno resarcimiento consistirá en devolver a la persona que haya sufrido un perjuicio a la situación en la que habría estado de no haberse cometido la infracción del Derecho de la competencia. Por tanto dicho resarcimiento comprenderá el derecho a la indemnización por el daño emergente y el lucro cesante, más el pago de los intereses.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El pleno resarcimiento no conllevará una sobrecompensación por medio de indemnizaciones punitivas, múltiples o de otro tipo.</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 73. Responsabilidad conjunta y solidaria.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las empresas y las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas, que hubieran infringido de forma conjunta el Derecho de la competencia serán solidariamente responsables del pleno resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la infracción.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y sin perjuicio del derecho al pleno resarcimiento, cuando el infractor fuera una pequeña o mediana empresa conforme a la definición dada en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, sólo será responsable ante sus propios compradores directos e indirectos en el caso de que:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) su cuota de mercado en el respectivo mercado fuera inferior al cinco por ciento en todo momento durante la infracción, y</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) la aplicación del régimen de responsabilidad solidaria previsto en el apartado 1 mermara irremediablemente su viabilidad económica y causara una pérdida de todo el valor de sus activos.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La excepción prevista en el apartado 2 no se aplicará cuando:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) La empresa hubiese dirigido la infracción o coaccionado a otras empresas para que participaran en la infracción, o</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) la empresa hubiese sido anteriormente declarada culpable de una infracción del Derecho de la competencia.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Como excepción al apartado 1, los sujetos beneficiarios de la exención del pago de multa en el marco de un programa de clemencia serán responsables solidariamente:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Ante sus compradores o proveedores directos o indirectos, y</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) ante otras partes perjudicadas solo cuando no se pueda obtener el pleno resarcimiento de las demás empresas que estuvieron implicadas en la misma infracción del Derecho de la competencia.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. El infractor que hubiera pagado una indemnización podrá repetir contra el resto de los infractores por una cuantía que se determinará en función de su responsabilidad relativa por el perjuicio causado.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El importe de la contribución del infractor beneficiario de la exención del pago de multa en el marco de un programa de clemencia no excederá de la cuantía del perjuicio que haya ocasionado a sus propios compradores o proveedores directos o indirectos. Cuando el perjuicio se cause a una persona o empresa distinta de los compradores o proveedores directos o indirectos de los infractores, el importe de cualquier contribución del beneficiario anteriormente citado a otros infractores se determinará en función de su responsabilidad relativa por dicho perjuicio.</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 74. Plazo para el ejercicio de las acciones de daños.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La acción para exigir la responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las infracciones del Derecho de la competencia prescribirá a los cinco años.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El cómputo del plazo comenzará en el momento en el que hubiera cesado la infracción del Derecho de la competencia y el demandante tenga conocimiento o haya podido razonablemente tener conocimiento de las siguientes circunstancias:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) La conducta y el hecho de que sea constitutiva de una infracción del Derecho de la competencia;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) el perjuicio ocasionado por la citada infracción; y</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) la identidad del infractor.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El plazo se interrumpirá si una autoridad de la competencia inicia una investigación o un procedimiento sancionador en relación con una infracción del Derecho de la competencia relacionados con la acción de daños. La interrupción terminará un año después de que la resolución adoptada por la autoridad de competencia sea firme o se dé por concluido el procedimiento de cualquier otra forma.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Asimismo se interrumpirá el plazo cuando se inicie cualquier procedimiento de solución extrajudicial de controversias sobre la reclamación de los daños y perjuicios ocasionados. La interrupción, sin embargo, solo se aplicará en relación con las partes que estuvieran inmersas o representadas en la solución extrajudicial de la controversia.</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 75. Efecto de las resoluciones de las autoridades de la competencia o de los tribunales competentes.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La constatación de una infracción del Derecho de la competencia hecha en una resolución firme de una autoridad de la competencia española o de un órgano jurisdiccional español se considerará irrefutable a los efectos de una acción por daños ejercitada ante un órgano jurisdiccional español.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En aquellos casos en los que, debido al ejercicio de las acciones de daños por infracción de las normas de la competencia se reclamen daños y perjuicios, se presumirá, salvo prueba en contrario, la existencia de una infracción del Derecho de la competencia cuando haya sido declarada en una resolución firme de una autoridad de la competencia u órgano jurisdiccional de cualquier otro Estado miembro, y sin perjuicio de que pueda alegar y probar hechos nuevos de los que no tuvo conocimiento en el procedimiento originario.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los tribunales en virtud del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 76. Cuantificación de los daños y perjuicios.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La carga de la prueba de los daños y perjuicios sufridos por la infracción del Derecho de la competencia corresponderá a la parte demandante.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Si se acreditara que el demandante sufrió daños y perjuicios pero resultara prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificarlos con precisión en base a las pruebas disponibles, los tribunales estarán facultados para estimar el importe de la reclamación de los daños.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Se presumirá que las infracciones calificadas como cártel causan daños y perjuicios, salvo prueba en contrario.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. En los procedimientos relativos a las reclamaciones de daños y perjuicios por infracciones del Derecho de la competencia, las autoridades de la competencia españolas podrán informar sobre los criterios para la cuantificación de las indemnizaciones que los infractores deban satisfacer a quienes hubiesen resultado perjudicados como consecuencia de aquéllas, cuando le sea requerido por el tribunal competente.</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 77. Efectos de las soluciones extrajudiciales sobre el derecho al resarcimiento de los daños.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El derecho al resarcimiento de daños y perjuicios de la persona perjudicada que hubiera sido parte en un acuerdo extrajudicial se reducirá en la parte proporcional que el sujeto infractor con quien hubiera alcanzado el acuerdo tenga en el perjuicio que la infracción del Derecho de la competencia le ocasionó.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los infractores con los que no se hubiera alcanzado un acuerdo extrajudicial no podrán exigir del infractor que hubiera sido parte en el acuerdo una contribución por la indemnización restante.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando los coinfractores que no hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial no pudieran pagar la indemnización restante, la persona perjudicada podrá reclamársela a aquel con quien celebró el acuerdo, salvo pacto en contrario.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Al determinar el importe de la contribución que un coinfractor puede recuperar de cualquier otro coinfractor con arreglo a su responsabilidad relativa por el daño causado por la infracción del Derecho de la competencia, los tribunales tendrán debidamente en cuenta los daños y perjuicios abonados en el contexto de un acuerdo extrajudicial previo en el que haya participado el coinfractor respectivo.</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 78. Sobrecostes y derecho al pleno resarcimiento.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El derecho al resarcimiento enunciado en este título se referirá únicamente al sobrecoste efectivamente soportado por el perjudicado, que no haya sido repercutido y le haya generado un daño.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En ningún caso el resarcimiento del daño emergente sufrido en cualquier nivel de la cadena podrá superar el perjuicio del sobrecoste a ese nivel.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El derecho al pleno resarcimiento también conllevará el derecho del perjudicado a reclamar y obtener una indemnización por lucro cesante como consecuencia de una repercusión total o parcial de los sobrecostes.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los tribunales estarán facultados para calcular con arreglo a derecho la parte del sobrecoste repercutido.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El demandado podrá invocar en su defensa el hecho de que el demandante haya repercutido la totalidad o una parte del sobrecoste resultante de la infracción del Derecho de la Competencia.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La carga de la prueba de que el sobrecoste se repercutió recaerá en el demandado, que podrá exigir, en una medida razonable, la exhibición de pruebas en poder del demandante o de terceros.</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 79. Prueba de sobrecostes y de su repercusión.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Cuando en el ejercicio de una acción de daños la existencia de la reclamación o la determinación del importe de la indemnización dependa de si se repercutió un sobrecoste al demandante o en qué medida se repercutió, teniendo en cuenta la práctica comercial de que los aumentos de precio se repercuten sobre puntos posteriores de la cadena de suministro, la carga de la prueba de la existencia y cuantía de tal repercusión recaerá sobre la parte demandante, que podrá exigir, en una medida razonable, la exhibición de pruebas en poder del demandado o de terceros.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Se presumirá que el comprador indirecto ha acreditado que se le repercutió el sobrecoste cuando pruebe que:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) El demandado ha cometido una infracción del Derecho de la competencia;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) la infracción del Derecho de la competencia tuvo como consecuencia un sobrecoste para el comprador directo del demandado; y</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) el comprador indirecto adquirió los bienes o servicios objeto de la infracción del Derecho de la competencia, o adquirió bienes o servicios derivados de aquellos o que los contuvieran.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La presunción quedará sin efecto si la parte demandada probase que los sobrecostes no se repercutieron, en todo o en parte, en el comprador indirecto.</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 80. Acciones de daños ejercitadas por demandantes situados en distintos niveles de la cadena de suministro.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Con el fin de evitar que las acciones de daños ejercitadas por los demandantes de distintos niveles de la cadena de suministro aboquen a una responsabilidad múltiple o a la ausencia de responsabilidad del infractor, los tribunales que conozcan de una reclamación por daños y perjuicios derivados de una infracción del Derecho de la competencia, a la hora de evaluar si se cumplen las reglas de la carga de la prueba sobre repercusión de sobrecostes establecidas en los artículos precedentes, podrán, a través de los medios disponibles en el marco del derecho de la Unión Europea o del Derecho nacional, tomar en consideración debidamente los siguientes elementos:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Las acciones por daños que estén relacionadas con la misma infracción del Derecho de la competencia, pero hayan sido interpuestas por demandantes situados en otros niveles de la cadena de suministro;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) las resoluciones derivadas de acciones por daños a que se refiere la letra anterior;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) la información pertinente de dominio público derivada de la aplicación pública del Derecho de la competencia.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales de conformidad con el artículo 30 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012.</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 81. Efecto suspensivo de la solución extrajudicial de controversias.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los tribunales que conozcan de una acción de daños por infracciones del Derecho de la competencia podrán suspender el procedimiento durante un máximo de dos años en caso de que las partes en el procedimiento estén intentando una vía de solución extrajudicial de la controversia relacionada con la citada pretensión.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tres. Se modifica el apartado 2 y se introduce un nuevo apartado 3 en la disposición adicional cuarta de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, con la siguiente redacción:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«2. A efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por cártel todo acuerdo o práctica concertada entre dos o más competidores cuyo objetivo consista en coordinar su comportamiento competitivo en el mercado o influir en los parámetros de la competencia mediante prácticas tales como, entre otras, la fijación o la coordinación de precios de compra o de venta u otras condiciones comerciales, incluso en relación con los derechos de la propiedad intelectual e industrial; la asignación de cuotas de producción o de venta; el reparto de mercados y clientes, incluidas las colusiones en licitaciones, las restricciones de las importaciones o exportaciones o las medidas contra otros competidores contrarias a la competencia.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. A efectos de lo dispuesto en el Título VI de esta ley se entenderá por:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1) “acción por daños”: toda acción conforme al Derecho nacional, mediante la cual una parte presuntamente perjudicada, o una persona en representación de una o varias partes presuntamente perjudicadas cuando el Derecho de la Unión o nacional prevean esta facultad, o una persona física o jurídica que se haya subrogado en los derechos de la parte presuntamente perjudicada, incluida la persona que haya adquirido la acción, presente ante un órgano jurisdiccional nacional una reclamación tendente al resarcimiento de daños y perjuicios;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2) “programa de clemencia”: todo programa relativo a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o una disposición análoga de la legislación nacional según el cual un participante en un cártel secreto, independientemente de las otras empresas implicadas, coopera con la investigación de la autoridad de la competencia, facilitando voluntariamente declaraciones de lo que él mismo conozca del cártel y de su papel en el mismo, a cambio de lo cual recibe, mediante una decisión o un sobreseimiento del procedimiento, la exención del pago de cualquier multa por su participación en el cártel o una reducción de la misma;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3) “declaración en el marco de un programa de clemencia”: toda declaración, verbal o escrita, efectuada voluntariamente por una empresa o una persona física, o en su nombre, a una autoridad de la competencia, o la documentación al respecto, en la que se describan los conocimientos que esa empresa o persona física posea sobre un cártel y su papel en el mismo, y que se haya elaborado específicamente para su presentación a la autoridad con el fin de obtener la exención o una reducción del pago de las multas en el marco de un programa de clemencia, sin que esta definición incluya la información preexistente;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4) “información preexistente”: las pruebas que existen independientemente del procedimiento de una autoridad de la competencia, tanto si esa información consta en el expediente de una autoridad de la competencia como si no;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5) “solicitud de transacción”: toda declaración efectuada voluntariamente por una empresa, o en su nombre, a una autoridad de la competencia en la que se reconozca o renuncie a discutir su participación y responsabilidad en una infracción del Derecho de la competencia, y que haya sido elaborada específicamente para que la autoridad de la competencia pueda aplicar un procedimiento simplificado o acelerado;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6) “sobrecoste”: la diferencia entre el precio realmente pagado y el precio que habría prevalecido de no haberse cometido una infracción del Derecho de la competencia;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7) “comprador directo”: una persona física o jurídica que haya adquirido directamente de un infractor productos o servicios que fueron objeto de una infracción del Derecho de la competencia;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8) “comprador indirecto”: una persona física o jurídica que haya adquirido no directamente del infractor sino de un comprador directo o de uno posterior, productos o servicios que fueron objeto de una infracción del Derecho de la competencia, o productos o servicios que los contengan o se deriven de ellos.»</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo cuarto. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se introduce en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, una nueva Sección 1.ª bis dentro del Capítulo V («De la prueba: disposiciones generales») del Título I («De las disposiciones comunes a los procesos declarativos») del Libro II («De los procesos declarativos»), con la siguiente rúbrica y contenido:</p>
<p class='seccion' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Sección 1.ª bis. Del acceso a las fuentes de prueba en procedimientos de reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 283 bis a) Exhibición de las pruebas en procesos para el ejercicio de acciones por daños derivados de infracciones del Derecho de la competencia.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Previa solicitud de una parte demandante que haya presentado una motivación razonada que contenga aquellos hechos y pruebas a los que tenga acceso razonablemente, que sean suficientes para justificar la viabilidad del ejercicio de acciones por daños derivados de infracciones del Derecho de la competencia, el tribunal podrá ordenar que la parte demandada o un tercero exhiba las pruebas pertinentes que tenga en su poder, a reserva de las condiciones establecidas en la presente sección. El tribunal también podrá ordenar a la parte demandante o un tercero la exhibición de las pruebas pertinentes, a petición del demandado.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esta solicitud podrá hacer referencia, entre otros, a los siguientes datos:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) La identidad y direcciones de los presuntos infractores.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Las conductas y prácticas que hubieran sido constitutivas de la presunta infracción.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) La identificación y el volumen de los productos y servicios afectados.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) La identidad y direcciones de los compradores directos e indirectos de los productos y servicios afectados.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Los precios aplicados sucesivamente a los productos y servicios afectados, desde la primera transmisión hasta la puesta a disposición de los consumidores o usuarios finales.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) La identidad del grupo de afectados.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El presente apartado se entiende sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los tribunales españoles que derivan del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El tribunal podrá ordenar la exhibición de piezas específicas de prueba o de categorías pertinentes de pruebas, lo más limitadas y acotadas como sea posible atendiendo a los hechos razonablemente disponibles en la motivación razonada.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El tribunal limitará la exhibición de las pruebas a lo que sea proporcionado. A la hora de determinar si la exhibición solicitada por una parte es proporcionada, el tribunal tomará en consideración los intereses legítimos de todas las partes y de todos los terceros interesados. En particular, tendrá en cuenta:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) la medida en que la reclamación o la defensa esté respaldada por hechos y pruebas disponibles que justifiquen la solicitud de exhibición de pruebas;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) el alcance y el coste de la exhibición de las pruebas, especialmente para cualquier tercero afectado, también para evitar las búsquedas indiscriminadas de información que probablemente no llegue a ser relevante para las partes en el procedimiento;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) el hecho de que las pruebas cuya exhibición se pide incluyen información confidencial, especialmente en relación con terceros, y las disposiciones existentes para proteger dicha información confidencial.</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 283 bis b) Reglas sobre confidencialidad.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El tribunal podrá ordenar la exhibición de las pruebas que contengan información confidencial cuando lo considere pertinente en casos de acciones por daños. El tribunal, cuando ordene exhibir esa información y lo considere oportuno, adoptará las medidas necesarias para proteger la confidencialidad, en los términos previstos en este artículo.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El interés de las empresas en evitar acciones por daños a raíz de una infracción del Derecho de la competencia no constituirá un interés que justifique protección.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Cuando ordene la exhibición de las pruebas el tribunal dará pleno efecto a las reglas de confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente que resulten aplicables, así como a las reglas sobre deber de guardar secreto.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. El tribunal tendrá en cuenta si la fuente de prueba a la que pretende accederse incluye información confidencial, especialmente en relación con terceros, y las disposiciones existentes para proteger dicha información confidencial.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Cuando lo considere necesario, a la luz de las circunstancias del caso concreto, el tribunal podrá ordenar el acceso del solicitante a fuentes de prueba que contengan información confidencial, tomando en todo caso medidas eficaces para protegerla.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A estos efectos, el tribunal podrá adoptar, entre otras, las siguientes medidas:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1.ª Disociar pasajes sensibles en documentos o en otros soportes.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2.ª Realizar audiencias a puerta cerrada o restringir el acceso a las mismas.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3.ª Limitar las personas a las que se permite examinar las pruebas.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4.ª Encargar a peritos la elaboración de resúmenes de la información en una forma agregada no confidencial o en cualquier otra forma no confidencial.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5.ª Redactar una versión no confidencial de una resolución judicial en la que se hayan suprimido pasajes que contengan datos confidenciales.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6.ª Limitar el acceso a determinadas fuentes de prueba a los representantes y defensores legales de las partes y a peritos sujetos a obligación de confidencialidad.</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 283 bis c) Gastos y caución.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los gastos que ocasione la práctica de las medidas de acceso a fuentes de prueba serán a cargo del solicitante. El solicitante responderá también de los daños y perjuicios que pueda causar a resultas de una utilización indebida de aquéllas.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La persona de quien se interese una medida de acceso a fuentes de prueba podrá pedir al tribunal que el solicitante preste caución suficiente para responder de los gastos, así como de los daños y perjuicios que se le pudieran irrogar. El tribunal accederá o no a esta petición y, en su caso, determinará el importe de la caución. La caución podrá otorgarse en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 529 de esta ley.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. No podrá exigirse una caución que por su inadecuación impida el ejercicio de las facultades previstas en esta sección.</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 283 bis d) Competencia.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Será tribunal competente para conocer de las solicitudes sobre medidas de acceso a fuentes de prueba el que esté conociendo del asunto en primera instancia o, si el proceso no se hubiese iniciado, el que sea competente para conocer de la demanda principal.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. No se admitirá declinatoria en las medidas de acceso a fuentes de prueba, pero el tribunal al que se soliciten revisará de oficio su competencia y si entendiese que no le corresponde conocer de la solicitud, se abstendrá de conocer indicando al solicitante el tribunal al que debe acudir. Si éste se inhibiere en su competencia, decidirá el conflicto negativo el tribunal inmediato superior común, según lo previsto en el artículo 60 de la presente ley.</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 283 bis e) Momento para la solicitud de medidas de acceso a fuentes de prueba.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las medidas de acceso a fuentes de prueba podrán solicitarse antes de la incoación del proceso, en la demanda, o durante la pendencia del proceso.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Cuando las medidas se hubieran acordado antes de la incoación del proceso el solicitante habrá de presentar demanda en los veinte días siguientes a la terminación de su práctica. En caso de no hacerlo:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) El tribunal, de oficio, condenará en costas al solicitante y declarará que es responsable de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto respecto del cual se adoptaron las medidas, que podrán hacerse efectivos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 712 y siguientes de esta ley;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) el tribunal, a instancia de la parte perjudicada, podrá acordar las medidas necesarias para la revocación de los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados, incluida, en particular, la devolución de todo tipo de documentos, actas, testimonios y objetos; asimismo, también a instancia de la parte perjudicada, podrá declarar que los datos e informaciones recabados por el solicitante no puedan ser utilizados por éste en ningún otro proceso, cuando se aprecie abuso por su parte. Estas peticiones se sustanciarán por los cauces del procedimiento previsto en el artículo siguiente.</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 283 bis f) Procedimiento.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Recibida la solicitud, se dará traslado a la persona frente a la que se solicite la medida y, en su caso, también a la persona frente a la que se ejercite o pretenda ejercitarse la pretensión o la defensa, y se citará a todas las partes a una vista oral, que habrá de celebrarse dentro de los diez días siguientes sin necesidad de seguir el orden de los asuntos pendientes cuando así lo exija la efectividad de la medida solicitada.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La solicitud de medidas de acceso a fuentes de prueba puede incluir también la solicitud de medidas de aseguramiento de prueba, si procedieren con arreglo a los artículos 297 y 298 de esta ley. En tal caso, se seguirá el procedimiento previsto en este artículo.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. En la vista, los sujetos interesados podrán exponer lo que convenga a su derecho, sirviéndose de cuantas pruebas dispongan, que se admitirán y practicarán si fueran útiles y pertinentes.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Terminada la vista, el tribunal, en el plazo de cinco días, decidirá mediante auto. Contra esta resolución cabrá recurso de reposición, con efectos suspensivos, y si se desestimare la parte perjudicada podrá, en su caso, hacer valer sus derechos en la segunda instancia; pero si se tratare de solicitud formulada con carácter previo a la interposición de la demanda, cabrá directamente recurso de apelación. La parte apelante podrá solicitar la suspensión de la eficacia de la resolución impugnada. El tribunal de apelación se pronunciará sobre la suspensión solicitada mediante providencia sucintamente motivada que habrá de dictar tras la recepción de los autos, quedando entre tanto en suspenso la resolución impugnada.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Las costas se impondrán con arreglo a los criterios generales establecidos en esta ley.</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 283 bis g) Ejecución de la medida de acceso a fuentes de prueba.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. En caso de que sea acordada por el tribunal, la prestación de caución será siempre previa a cualquier acto de cumplimiento de la medida acordada.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El tribunal empleará los medios que fueran necesarios para la ejecución de la medida acordada y dispondrá lo que proceda sobre el lugar y modo en el que haya de cumplirse. En particular, cuando la medida acordada consista en el examen de documentos y títulos, el solicitante podrá acudir asesorado por un experto en la materia, que actuará siempre a su costa.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. De ser necesario podrá acordar mediante auto la entrada y registro de lugares cerrados y domicilios, y la ocupación de documentos y objetos que en ellos se encuentren.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. A instancia de cualquiera de las partes el tribunal dictará providencia dando por terminada la práctica de la medida.</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 283 bis h) Consecuencias de la obstrucción a la práctica de las medidas de acceso a fuentes de prueba.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Si el destinatario de la medida destruyese u ocultase las fuentes de prueba, o de cualquier otro modo imposibilitase el acceso efectivo a éstas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior y de la responsabilidad penal en la que en su caso se pudiera incurrir por desobediencia a la autoridad judicial, el solicitante podrá pedir al tribunal que imponga alguna o algunas de las siguientes medidas:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Que declare como admitidos hechos a los cuales las fuentes de prueba supuestamente se referían. A estos efectos, el solicitante fijará con precisión los hechos a los que, a su juicio, debe extenderse esta declaración.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Que tenga al demandado o futuro demandado por tácitamente allanado a las pretensiones formuladas o que se vayan a formular. A estos efectos, el solicitante fijará con precisión cuáles son las pretensiones en relación con las cuales se debe declarar un allanamiento táctico.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Que desestime total o parcialmente las excepciones o reconvenciones que el sujeto afectado por la medida pudiese ejercitar en el proceso principal. A estos efectos, el solicitante fijará con precisión las excepciones o reconvenciones a los que, a su juicio, debe extenderse la desestimación.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Que imponga al destinatario de las medidas una multa coercitiva que oscilará entre 600 y 60.000 de euros por día de retraso en el cumplimiento de la medida.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. A cualquiera de las medidas anteriores se podrá añadir la solicitud de que se condene al destinatario de la medida en las costas del incidente de acceso a las fuentes de prueba y en las costas del proceso principal, cualquiera que sea el resultado de éste.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El tribunal dará traslado de esta petición a las demás partes por un plazo de diez días para que formulen alegaciones por escrito, tras lo cual resolverá mediante auto, que será recurrible en apelación.</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 283 bis i) Exhibición de las pruebas contenidas en un expediente de una autoridad de la competencia.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La exhibición de las pruebas contenidas en un expediente de una autoridad de la competencia se regirá por lo dispuesto en este artículo, y, en lo que resulten supletoriamente aplicables, por las disposiciones generales de esta sección.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las normas y prácticas en materia de acceso público a los documentos con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1049/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Lo dispuesto en este artículo también se entiende sin perjuicio de las normas y prácticas del Derecho de la Unión o del Derecho español sobre la protección de los documentos internos de las autoridades de la competencia y de la correspondencia entre las autoridades de la competencia.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Al evaluar la proporcionalidad de una orden de exhibición de información, el tribunal, además de lo exigido en el artículo 283 bis a), examinará:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) si la solicitud ha sido formulada específicamente con arreglo a la naturaleza, el objeto o el contenido de los documentos presentados a una autoridad de la competencia o conservados en los archivos de dicha autoridad, en lugar de mediante una solicitud no específica relativa a documentos facilitados a una autoridad de la competencia;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) si la parte que solicita la exhibición lo hace en relación con una acción por daños ante un órgano jurisdiccional nacional, y</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) en relación con los apartados 5 y 10 de este artículo, o a petición de una autoridad de la competencia con arreglo al apartado 11 de este artículo, la necesidad de preservar la eficacia de la aplicación pública del Derecho de la competencia.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. El tribunal podrá ordenar la exhibición de las siguientes categorías de pruebas únicamente después de que una autoridad de la competencia haya dado por concluido su procedimiento mediante la adopción de una resolución o de otro modo:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) La información que fue preparada por una persona física o jurídica específicamente para un procedimiento de una autoridad de la competencia;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) la información que las autoridades de la competencia han elaborado y que ha sido enviada a las partes en el curso de su procedimiento, y</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) las solicitudes de transacción que se hayan retirado.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. En ningún momento podrá el tribunal ordenar a una parte o a un tercero la exhibición de cualquiera de las siguientes categorías de pruebas:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) las declaraciones en el marco de un programa de clemencia, y</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) las solicitudes de transacción.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Un demandante podrá presentar una solicitud motivada para que un tribunal acceda a las pruebas a las que se refiere el apartado 6, letras a) o b), con el único objeto de asegurar que sus contenidos se ajusten a las definiciones de declaración en el marco de un programa de clemencia y solicitud de transacción del apartado tercero de la disposición adicional cuarta de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. En dicha evaluación, los tribunales podrán pedir asistencia solamente a las autoridades de la competencia competentes. También se ofrecerá a los autores de las pruebas de que se trate la posibilidad de ser oídos. El órgano jurisdiccional nacional no permitirá en ningún caso el acceso de otras partes o de terceros a esas pruebas.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Si solo algunas partes de la prueba solicitada se ven cubiertas por el apartado 6, las restantes partes serán exhibidas, en función de la categoría en la que estén incluidas, con arreglo a las disposiciones pertinentes del presente artículo.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. En las acciones por daños podrá ordenarse en todo momento la exhibición de pruebas que figuren en el expediente de una autoridad de la competencia y no se encuadren en ninguna de las categorías enumeradas en el presente artículo.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>10. El tribunal no requerirá a las autoridades de la competencia la exhibición de pruebas contenidas en los expedientes de estas, salvo que ninguna parte o ningún tercero sea capaz, en una medida razonable, de aportar dichas pruebas.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>11. En la medida en que una autoridad de la competencia desee manifestar su punto de vista sobre la proporcionalidad de los requerimientos de exhibición, podrá presentar, por propia iniciativa, observaciones ante el tribunal llamado a decidir sobre la admisibilidad de dicha exhibición.</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 283 bis j) Límites impuestos al uso de pruebas obtenidas exclusivamente a través del acceso al expediente de una autoridad de la competencia.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las pruebas que se encuadren en las categorías definidas en el apartado 6 del artículo anterior, que sean obtenidas por una persona física o jurídica exclusivamente a través del acceso al expediente de una autoridad de la competencia, no serán admisibles en las acciones por daños derivados de infracciones al Derecho de la competencia.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Hasta que la autoridad de la competencia haya dado por concluido el procedimiento con la adopción de una decisión o de otro modo, las pruebas que se encuadren en las categorías definidas en el apartado 5 del artículo anterior, que sean obtenidas por una persona física o jurídica exclusivamente a través del acceso al expediente de esa autoridad de la competencia, no se considerarán admisibles en las acciones por daños derivados de infracciones al Derecho de la competencia o bien quedarán protegidas de otro modo con arreglo a las normas aplicables.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Las pruebas que sean obtenidas por una persona física o jurídica exclusivamente mediante el acceso al expediente de una autoridad de la competencia y que no estén contempladas en los apartados 1 o 2 de este artículo sólo podrán ser utilizadas en una acción por daños derivados de infracciones al Derecho de la competencia por dicha persona o por la persona física o jurídica que sea sucesora de sus derechos, incluida la persona que haya adquirido su reclamación.</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 283 bis k) Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad y uso de las fuentes de prueba.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Sin perjuicio de la responsabilidad penal en que en su caso pudiera incurrirse por delito de desobediencia a la autoridad judicial, en caso de que se incumpliere algún deber de confidencialidad en el uso de fuentes de prueba o se incumplieren los límites en el uso de dichas fuentes de prueba, la parte perjudicada podrá solicitar al tribunal que imponga alguna o algunas de las siguientes medidas:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) La desestimación total o parcial de la acción o excepciones ejercitadas u opuestas en el proceso principal, si éste se encontrase pendiente en el momento de formularse la solicitud. A estos efectos, la parte perjudicada fijará con precisión las acciones o excepciones que deban desestimarse.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Que declare al infractor civilmente responsable de los daños y perjuicios causados y le condene a su pago. La cuantía de los daños podrá determinarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 712 y siguientes de esta ley.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Que se condene al infractor en las costas del incidente de acceso a las fuentes de prueba y en las costas del proceso principal, cualquiera que sea el resultado de éste.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Si el tribunal apreciare que el incumplimiento no es grave podrá, en vez de acceder a lo solicitado por la parte perjudicada, imponer al infractor una multa que oscilará entre 6.000 y 1.000.000 de euros. A estos efectos, se podrá considerar infractor tanto a la parte como a sus representantes y defensores legales, pudiéndose imponer multas separadas a cada uno de ellos.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El tribunal dará traslado de la solicitud a que se refiere el apartado 1 a las demás partes por un plazo de diez días para que formulen alegaciones por escrito, tras lo cual resolverá mediante auto, que será recurrible en apelación.»</p>
<p class='titulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>TÍTULO III</p>
<p class='titulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Transposición de directivas de la Unión Europea en materia sanitaria</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo quinto. Modificación del Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos, queda modificado en los siguientes términos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Uno. Se añaden nuevas letras desde la y) hasta la ap) en el apartado 1 del artículo 2, con la siguiente redacción:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«y) Código único europeo o “SEC” (por sus siglas en inglés): identificador único que se aplica a los tejidos y las células distribuidos en la Unión Europea que consiste en una secuencia de identificación de la donación y una secuencia de identificación del producto, tal como se detalla en el anexo VII.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>z) Secuencia de identificación de la donación: primera parte del código único europeo, que consta del código del establecimiento de tejidos de la Unión Europea y del número único de donación.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>aa) Código del establecimiento de tejidos de la UE: identificador único para los establecimientos de tejidos acreditados, designados, autorizados o aprobados en la Unión Europea que consta de un código de país ISO y del número del establecimiento de tejidos que figura en el Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE, tal como se detalla en el anexo VII.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ab) Número único de donación: número único asignado a una donación concreta de tejidos y células de conformidad con el sistema vigente en España para asignar tales números, tal como se detalla en el anexo VII.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ac) Secuencia de identificación del producto: segunda parte del código único europeo, que consta del código del producto, el número de sublote y la fecha de caducidad.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ad) Código del producto: identificador para el tipo específico de tejido o célula en cuestión que consta del identificador del sistema de codificación del producto que indica el sistema de codificación empleado por el establecimiento de tejidos (“E” para el EUTC, “A” para ISBT128 y “B” para Eurocode) y el número de producto de los tejidos y las células previsto en el sistema de codificación respectivo para el tipo de producto, tal como se detalla en el anexo VII.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ae) Número de sublote: número que distingue e identifica de manera única a los tejidos y las células que tienen el mismo número único de donación y el mismo código de producto y son originarios del mismo establecimiento de tejidos, tal como se detalla en el anexo VII.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>af) Fecha de caducidad: la fecha hasta la cual pueden aplicarse los tejidos y las células, tal como se detalla en el anexo VII.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ag) Plataforma de Codificación de la UE: plataforma informática, albergada por la Comisión, que contiene el Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE y el Compendio de Productos Celulares.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ah) Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE: registro de todos los establecimientos de tejidos que han sido autorizados, aprobados, designados o acreditados por la autoridad o las autoridades competentes de los Estados miembros y que contiene la información sobre dichos establecimientos de tejidos, como se expone en el anexo IX.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ai) Compendio de Productos Tisulares y Celulares de la UE: registro de todos los tipos de tejidos y células que circulan en la Unión Europea y los códigos de producto respectivos con arreglo a los tres sistemas de codificación permitidos (EUTC, ISBT128 y Eurocode).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>aj) EUTC: sistema de codificación de productos para tejidos y células desarrollado por la Unión Europea, que consta de un registro de todos los tipos de tejidos y células que circulan en la Unión Europea y sus códigos de producto correspondientes.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ak) Puesta en circulación: distribución para la aplicación en seres humanos o la transferencia a otro operador, por ejemplo, para el procesamiento posterior, con o sin retorno.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>al) En el mismo centro: significa que todas las fases del proceso, desde la obtención hasta la aplicación en seres humanos, se llevan a cabo bajo la misma persona responsable, el mismo sistema de gestión de calidad y el mismo sistema de trazabilidad, en un centro de asistencia sanitaria que englobe, como mínimo, un establecimiento autorizado y una organización responsable de la aplicación en seres humanos en el mismo lugar.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>am) Agrupación en lotes: contacto físico o mezcla, en un mismo contenedor, de tejidos o células procedentes de más de una obtención de un mismo donante, o procedentes de dos o más donantes.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>an) Emergencia: toda situación imprevista en la que no exista ninguna otra alternativa práctica que no sea la importación urgente en la Unión Europea de células y tejidos procedentes de un tercer país para su aplicación inmediata a un receptor conocido o a receptores conocidos cuya salud se vería gravemente amenazada de no realizarse dicha importación.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>añ) Establecimiento de tejidos importador: un banco de tejidos, una unidad hospitalaria o cualquier otro organismo establecido en la Unión Europea, que sea parte en un acuerdo contractual con un proveedor de un tercer país para la importación en la Unión Europea de células y tejidos procedentes de un tercer país destinados a su aplicación en el ser humano.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ao) Importación excepcional: la importación de cualquier tipo específico de célula o tejido que se destine al uso personal de un receptor o receptores conocidos por el establecimiento de tejidos importador y por el proveedor del tercer país con anterioridad a la importación. Normalmente, dicha importación de cualquier tipo específico de célula o tejido no ocurrirá más de una vez para un determinado receptor. Las importaciones procedentes del mismo proveedor de un tercer país que tengan lugar de manera regular o repetida no se considerarán “importaciones excepcionales”.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ap) Proveedor de un tercer país: un establecimiento de tejidos u otro organismo establecido en un tercer país, que es responsable de exportar a la Unión Europea células y tejidos a través de su suministro a un establecimiento de tejidos importador. Un proveedor de un tercer país puede también llevar a cabo una o varias de las actividades, efectuadas fuera de la Unión Europea, de donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de células y tejidos importados en la Unión Europea.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dos. Se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 23, renumerándose, en consecuencia, los apartados siguientes, y se modifican el apartado 4, que pasa a numerarse como 5, y el párrafo primero del apartado 6, que pasa a numerarse como 7, que tendrán la siguiente redacción:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«4. Todas las importaciones de tejidos y células deberán realizarse a través de los establecimientos de tejidos importadores regulados en el artículo 23 bis, excepto en los siguientes supuestos:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Importación, con autorización previa y directa de la autoridad competente, de tejidos y células específicos que puedan ser distribuidos directamente para trasplante inmediato al receptor, siempre que el proveedor disponga de la autorización para esta actividad.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Importación de tejidos y células autorizados directamente por la autoridad competente en casos de emergencia.»</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«5. Las solicitudes de importación y exportación de células y tejidos se dirigirán a la Organización Nacional de Trasplantes, según proceda, por el establecimiento de tejidos, el establecimiento de tejidos importador, el centro o la unidad implicada, con el conocimiento previo de la unidad de coordinación de trasplantes de la comunidad autónoma que corresponda. La Organización Nacional de Trasplantes dará traslado de las solicitudes a la Subdirección General de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, junto con su informe, para su tramitación.»</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«7. Con el fin de asegurar el cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, el establecimiento de tejidos o el establecimiento de tejidos importador, según proceda, expedirá un certificado que acompañará a la solicitud de importación y exportación.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el caso de las importaciones de tejidos y células el certificado deberá contener la siguiente información:»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tres. Se añade un nuevo artículo 23 bis, que queda redactado como sigue:</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Artículo 23 bis. Autorización de actividades de los establecimientos de tejidos importadores.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los establecimientos de tejidos importadores, con carácter previo a la solicitud de autorización para el ejercicio de sus actividades de importación, deben tomar las medidas necesarias para garantizar que las importaciones de tejidos y células cumplen las normas de calidad y seguridad equivalentes a las establecidas en este Real Decreto-ley y que tales tejidos y células pueden rastrearse desde el donante hasta el receptor y viceversa.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, deberán celebrar, conforme a lo previsto en el artículo 23 ter, acuerdos escritos con los proveedores de terceros países siempre que algunas actividades de donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento o exportación a la Unión Europea de los tejidos y células que vayan a importarse en la Unión se lleven a cabo fuera de esta.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Previo cumplimiento de lo indicado en el apartado anterior, y sin perjuicio de la normativa específica de cada comunidad autónoma, los establecimientos de tejidos importadores deberán dirigir una solicitud de autorización ante la autoridad competente con la información indicada en el anexo X, acompañada de la documentación a que se refiere el apartado 6 de dicho anexo. Entre esta documentación debe figurar una copia de los acuerdos escritos con los proveedores de terceros países.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Igualmente, pondrán a disposición y, cuando así lo solicite la autoridad competente, presentarán la documentación a que se refiere el anexo XII.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No obstante, en los supuestos de importaciones excepcionales no será necesario presentar la documentación a que se refieren el apartado 6 del anexo X y el anexo XII, siempre que quede garantizada mediante la documentación necesaria, la trazabilidad desde el donante hasta el receptor y viceversa, y la no utilización de las células y los tejidos en una persona distinta de los receptores previstos.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En caso de establecimientos de tejidos importadores que hayan sido autorizados previamente como establecimientos de tejidos o como establecimientos de tejidos importadores, no será necesario presentar la información o documentación ya aportada en el curso del respectivo procedimiento.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La autoridad competente verificará que los establecimientos de tejidos importadores cumplen los requisitos para el ejercicio de sus actividades de importación y resolverá sobre las autorizaciones indicando, en su caso, las condiciones aplicables, tales como restricciones a la importación de determinados tipos de células y tejidos o en lo que respecta a los proveedores de terceros países utilizados.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La autoridad competente expedirá el certificado previsto en el anexo XI a cada establecimiento de tejidos importador que sea autorizado.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. En el caso de que se pretendan introducir cambios o modificaciones sustanciales en las actividades de importación, los establecimientos de tejidos importadores deberán recabar la autorización previa y por escrito de la autoridad competente.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En particular, se consideran modificaciones sustanciales cualquier cambio en el tipo de células y tejidos importados y en las actividades realizadas en terceros países que puedan influir en la calidad y la seguridad de las células y los tejidos importados o en los proveedores de terceros países utilizados.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando un establecimiento de tejidos importador realice una importación excepcional de células o tejidos de un proveedor de un tercer país que no esté incluido en su autorización vigente, dicha importación no se considerará una modificación sustancial si dicho establecimiento está autorizado a importar el mismo tipo de células o tejidos de otro u otros proveedores de un tercer país.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Las autorizaciones podrán ser revocadas o suspendidas, total o parcialmente, si tras las inspecciones u otras medidas de control se constata que los establecimientos de tejidos importadores han dejado de cumplir los requisitos para su autorización.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Los establecimientos de tejidos importadores podrán comunicar en cualquier momento a la autoridad competente su decisión de poner fin, total o parcialmente, a sus actividades de importación.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuatro. Se añade un nuevo artículo 23 ter, que queda redactado como sigue:</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Artículo 23 ter. Acuerdos escritos con proveedores de terceros países.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los acuerdos escritos que celebren los establecimientos de tejidos importadores con los proveedores de terceros países deberán especificar los requisitos de calidad y seguridad que deben cumplirse para garantizar la equivalencia de las normas de calidad y seguridad de los tejidos y las células que vayan a importarse con las establecidas en este Real Decreto-ley, debiendo incluir como mínimo los aspectos que se enumeran en el anexo XIII.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Estos acuerdos deberán recoger expresamente el derecho de la autoridad competente de inspeccionar las actividades, incluidas las instalaciones, de cualquier proveedor de un tercer país durante el período de vigencia del acuerdo escrito y durante un período de dos años a partir de su terminación.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Estos acuerdos no serán necesarios en los supuestos de importaciones excepcionales siempre que quede garantizada mediante la documentación necesaria, la trazabilidad desde el donante hasta el receptor y viceversa, y la no utilización de las células y los tejidos en una persona distinta de los receptores previstos.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Los establecimientos de tejidos importadores comunicarán sin demora a la autoridad competente:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Cualquier revocación o suspensión, total o parcial, de la autorización de exportación de células y tejidos del proveedor de un tercer país.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Cualquier otra decisión que adopten, en caso de incumplimiento, la autoridad o las autoridades competentes del país en el que está establecido el proveedor de un tercer país y que pueda influir en la calidad y seguridad de las células y los tejidos importados.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cinco. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 25, que queda redactado como sigue:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«4. Los establecimientos de tejidos importadores mantendrán un registro de sus actividades, incluidos los tipos y cantidades de células y tejidos importados, así como de su origen y destino. Dicho registro incluirá la misma información en relación con las importaciones excepcionales.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Seis. Se modifica el apartado 3 del artículo 28, que queda redactado como sigue:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«3. Los centros de aplicación de células y tejidos deberán informar al establecimiento de tejidos, al establecimiento de tejidos importador o, en su caso, al centro de obtención que les ha suministrado las células y tejidos, sobre el destino final de la aplicación en humanos de dichas células o tejidos, y en el caso de que finalmente no se produzca la aplicación, la causa que no la hizo posible.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Siete. Se modifica el artículo 30, que queda redactado como sigue:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«1. La Organización Nacional de Trasplantes, sin perjuicio de las competencias de registro de las autoridades autonómicas, desarrollará y mantendrá un registro de establecimientos de tejidos, de establecimientos de tejidos importadores, y de unidades o centros de obtención y aplicación de células y tejidos humanos autorizados, donde se especificarán para cada uno de ellos las actividades concretas para las cuales están autorizados. Este registro estará accesible al público.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las unidades de coordinación de trasplantes de las comunidades autónomas deberán comunicar en tiempo real a la Organización Nacional de Trasplantes la información relativa a los establecimientos de tejidos, establecimientos de tejidos importadores y centros o unidades de obtención y aplicación de tejidos y células que se autoricen en el ámbito de su competencia, con el fin de incluirla en este registro. Dicha información deberá incluir, al menos, el nombre y ubicación del establecimiento, unidad o centro autorizado, las actividades para las que están autorizados y los periodos de vigencia de dichas autorizaciones.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La Organización Nacional de Trasplantes designará un responsable técnico del mantenimiento y custodia del registro.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Ocho. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 32, que quedan redactados como sigue:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«3. La Organización Nacional de Trasplantes elaborará un informe anual donde figuren las informaciones relativas a los establecimientos de tejidos, establecimientos de tejidos importadores, unidades o centros de obtención y aplicación de células y tejidos humanos, así como las actividades desarrolladas. Este informe, que en ningún caso contendrá datos personales referidos a los donantes y los receptores, será accesible al público y se remitirá a todos los centros y unidades implicados e incluirá datos de interés general a los que se dará la debida difusión.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Organización Nacional de Trasplantes, colaborará con la Comisión Europea y los demás Estados miembros de la Unión Europea en el desarrollo de una red de intercambio de información entre los registros nacionales de establecimientos de tejidos, establecimientos de tejidos importadores, y de centros o unidades de obtención y aplicación de células y tejidos humanos autorizados.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Nueve. Se modifica el apartado 6, y se añaden dos nuevos apartados 7 y 8 al artículo 33, que tendrán la siguiente redacción:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«6. La Organización Nacional de Trasplantes, en coordinación con las comunidades autónomas, se asegurará de que los tejidos y las células puedan rastrearse, en especial a través de la documentación y el uso del código único europeo, desde la obtención hasta la aplicación en seres humanos o la eliminación y viceversa. Los tejidos y las células utilizados para los medicamentos de terapia avanzada deberán poder rastrearse de conformidad con el presente Real Decreto-ley, al menos hasta que sean transferidos al fabricante de medicamentos de terapia avanzada.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. La Organización Nacional de Trasplantes, en coordinación con las comunidades autónomas, se asegurará de que los establecimientos de tejidos y las organizaciones responsables de la aplicación en seres humanos conserven, de forma segura, los datos establecidos en el anexo VI durante un mínimo de treinta años, en un medio de almacenamiento adecuado y legible.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. En el caso de los tejidos y las células que hayan sido recuperados de un donante fallecido por equipos de obtención que trabajan para dos o más establecimientos de tejidos, la Organización Nacional de Trasplantes, en coordinación con las comunidades autónomas, garantizará un sistema de trazabilidad adecuado a través de las obtenciones.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Diez. El artículo 34 queda redactado del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Artículo 34. Sistema europeo de codificación.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Se aplicará el código único europeo a todos los tejidos y las células distribuidos en España para su aplicación en seres humanos.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Respecto a las demás situaciones en las que se pongan en circulación tejidos y células, se aplicará la secuencia de identificación de la donación de dicho código, como mínimo, en la documentación adjunta.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Lo previsto en el apartado anterior no se aplicará a:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) La donación de células reproductoras entre miembros de una pareja.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) La importación o exportación de células y tejidos humanos con autorización previa y directa de la autoridad competente, siempre que sea para la distribución directa para el trasplante inmediato al receptor, y siempre que el proveedor disponga de la autorización para dicha actividad.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) La importación de células y tejidos autorizados directamente por la autoridad o autoridades competentes en caso de emergencia.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Los tejidos y las células que no sean células reproductoras para su donación entre miembros de una pareja, cuando dichos tejidos y células permanezcan en el mismo centro.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Los tejidos y las células que se importen en la Unión Europea, cuando dichos tejidos y células permanezcan en el mismo centro desde la importación hasta la aplicación, a condición de que el centro englobe un establecimiento de tejidos autorizado para llevar a cabo actividades de importación.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El formato y estructura del código único europeo se establecen en el anexo VII.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. La aplicación del código único europeo no excluye la aplicación adicional de otros códigos conformes con los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Once. Se añade un nuevo artículo 34 bis, que tendrá la siguiente redacción:</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Artículo 34 bis. Obligaciones de los establecimientos de tejidos relativas a la aplicación del código único europeo.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los establecimientos de tejidos, incluidos los establecimientos de tejidos importadores, deberán:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Asignar un código único europeo a todos los tejidos y células que requieren la aplicación de dicho código antes de ser distribuidos para su aplicación en seres humanos.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Asignar una secuencia de identificación de la donación tras la obtención de los tejidos y las células, o al recibirlos de una organización de obtención, o al importarlos de un proveedor de un tercer país. La secuencia de identificación de la donación incluirá:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1.º Su código de establecimiento de tejidos de la Unión Europea, tal como se asigna en el Compendio del Establecimiento de Tejidos de la UE.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2.º Un número único de donación asignado por el establecimiento de tejidos, a no ser que dicho número sea un número único a escala mundial como los que utiliza el sistema de codificación ISBT128. En el caso de las células reproductoras, la asignación del número único de donación se establecerá por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de forma centralizada a escala nacional. Cuando esté permitido, en caso de agrupación de lotes de tejidos y células, se asignará un nuevo número de identificación de la donación al producto final. El establecimiento de tejidos en que se realice la agrupación de lotes garantizará la trazabilidad de las donaciones individuales.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) No alterar la secuencia de identificación de la donación una vez que haya sido asignada a tejidos y células puestos en circulación, salvo que sea necesario para corregir un error de codificación; toda corrección requiere una documentación adecuada.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Utilizar uno de los sistemas de codificación de productos permitidos, en este caso los números de productos tisulares y celulares correspondientes que figuren en el Compendio de Productos Tisulares y Celulares de la UE o, en su defecto, el ISBT128, antes de que sean distribuidos para su aplicación en seres humanos.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Utilizar un número de sublote y una fecha de caducidad adecuados. En el caso de los tejidos y células para los que no se ha definido la fecha de caducidad, esta será, como muy tarde, 00000000 antes de la distribución para su aplicación en seres humanos.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Aplicar el código único europeo en la etiqueta del producto de que se trate de forma indeleble y permanente y mencionar dicho código en la documentación adjunta pertinente antes de la distribución para su aplicación en seres humanos. El establecimiento de tejidos podrá encomendar esta tarea a un tercero o a terceros, siempre que el establecimiento de tejidos garantice el cumplimiento del presente Real Decreto-ley, en particular por lo que se refiere a la unicidad del código. En caso de que el tamaño de la etiqueta impida que se aplique en ella el código único europeo, el código estará vinculado de forma inequívoca a los tejidos y las células envasados con una etiqueta de este tipo en la documentación adjunta.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) Informar a la autoridad competente cuando:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1.º Sea necesario actualizar o corregir información que figure en el Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2.º El Compendio de Productos Tisulares y Celulares de la UE requiera una actualización.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3.º El establecimiento de tejidos detecte un incumplimiento importante de los requisitos relativos al código único europeo en relación con los tejidos y las células recibidos de otros establecimientos de tejidos de la UE.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>h) Tomar las medidas necesarias en caso de aplicación incorrecta del código único europeo en la etiqueta.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Doce. Se añade un nuevo artículo 34 ter, que tendrá la siguiente redacción:</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Artículo 34 ter. Actuaciones de las autoridades competentes relativas a la aplicación del código único europeo.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las autoridades competentes deberán realizar las siguientes actuaciones:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Garantizar la asignación de un número único de establecimiento de tejidos a todos los establecimientos de tejidos autorizados en España.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si un establecimiento de tejidos tiene distintas ubicaciones físicas, pero un solo sistema para asignar números únicos de donación, podrá considerarse que es un mismo y único establecimiento de tejidos.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si un establecimiento de tejidos utiliza dos o más sistemas para asignar números únicos de donación, a dicha entidad se le asignarán distintos números de establecimiento de tejidos que se correspondan con el número de sistemas de asignación utilizados.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Hacer un seguimiento y garantizar la aplicación efectiva del código único europeo en España.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Garantizar la validación de los datos sobre los establecimientos de tejidos que figuran en el Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE para España y actualizar dicho Compendio sin demora injustificada, en particular en las situaciones siguientes:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1.º Cuando se autorice un nuevo establecimiento de tejidos.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2.º Cuando la información sobre el establecimiento de tejidos cambie o no se registre correctamente en el Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3.º Cuando cambien los detalles sobre la autorización de un establecimiento de tejidos que figuran en el anexo IX, entre otras cosas:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1.ª La autorización de un nuevo tipo de tejido o célula.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2.ª La autorización de una nueva actividad prescrita.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3.ª Los detalles sobre cualquier condición o excepción que se añada a una autorización.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4.ª La suspensión, parcial o total, de una autorización específica de una actividad o un tipo de tejido o célula concretos.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5.ª La revocación, parcial o total, de una autorización de un establecimiento de tejidos.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6.ª Las situaciones en las que el establecimiento de tejidos cese de forma voluntaria, parcial o totalmente, la actividad o las actividades para las que haya sido autorizado.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sin demora injustificada significa en un plazo máximo de diez días hábiles para cualquier cambio que afecta sustancialmente a la autorización del establecimiento de tejidos de que se trate.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando un establecimiento de tejidos esté autorizado por dos o más autoridades competentes para distintos tipos de tejidos y células, o para distintas actividades, cada autoridad competente deberá actualizar la información relativa a dichas actividades de las que es responsable.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Alertar a las autoridades competentes de otro Estado miembro cuando detecten información incorrecta en el Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE en relación con el otro Estado miembro o cuando detecten una situación de incumplimiento significativo de las disposiciones relativas al código único europeo en relación con el otro Estado miembro.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Alertar a la Comisión y a las demás autoridades competentes cuando, según su evaluación, sea necesaria una actualización del Compendio de Productos Tisulares y Celulares de la UE.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Trece. Se modifica el apartado 4 del artículo 35, que queda redactado como sigue:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«4. Los establecimientos de tejidos que procesen o preserven tejidos que puedan verse afectados por alguna reacción o efecto adverso grave deberán emitir un informe detallado de las posibles causas y de las consecuencias, así como de las medidas adoptadas y de las que se vayan a adoptar.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por su parte, los establecimientos de tejidos importadores deberán comunicar sin demora a la autoridad competente cualquier reacción adversa grave o efecto adverso grave, presuntos o reales, que le comuniquen los proveedores de terceros países y que puedan influir en la calidad y seguridad de las células y los tejidos que importan. La información a que se refiere el anexo VIII se incluirá en este tipo de comunicaciones.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Catorce. Se añade un nuevo artículo 36 bis, que tendrá la siguiente redacción:</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Artículo 36 bis. Inspección y otras medidas de control sobre establecimientos de tejidos importadores y proveedores de terceros países.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las autoridades competentes organizarán inspecciones y otras medidas de control en los establecimientos de tejidos importadores y, cuando proceda, en sus proveedores de terceros países. Asimismo, los establecimientos de tejidos importadores realizarán controles adecuados a fin de garantizar la equivalencia de las normas de calidad y seguridad de las células y los tejidos que vayan a importarse con las normas establecidas en el presente Real Decreto-ley. El intervalo entre dos inspecciones de un determinado establecimiento de tejidos importador no podrá ser superior a dos años.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Dichas inspecciones serán efectuadas por funcionarios representantes de la autoridad competente, que deberán:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Estar facultados para inspeccionar los establecimientos de tejidos importadores y, en su caso, las actividades de los proveedores de terceros países.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Evaluar y verificar los procedimientos y las actividades que se llevan a cabo en los establecimientos de tejidos importadores y en las instalaciones de los proveedores de terceros países que sean pertinentes para garantizar la equivalencia de las normas de calidad y seguridad de las células y los tejidos que vayan a importarse con las normas establecidas en el presente Real Decreto-ley.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Examinar cualquier documento u otro tipo de registro que sea pertinente para dicha evaluación y verificación.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Organización Nacional de Trasplantes, en coordinación con las comunidades autónomas, previa solicitud debidamente justificada de otro Estado miembro o de la Comisión, proporcionará información sobre los resultados de las inspecciones y las medidas de control con respecto a los establecimientos de tejidos importadores y los proveedores de terceros países.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Organización Nacional de Trasplantes, en coordinación con las comunidades autónomas, previa solicitud debidamente justificada de otro Estado miembro en el que se vayan a distribuir posteriormente las células y los tejidos importados, realizarán inspecciones u otras medidas de control, adoptando las medidas oportunas previa consulta con el Estado miembro que presentó dicha solicitud, en los establecimientos de tejidos importadores y con respecto a las actividades de los proveedores de terceros países.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. En los casos en que se lleve a cabo una inspección sobre el terreno a raíz de la solicitud de otro Estado miembro, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Organización Nacional de Trasplantes, en coordinación con las comunidades autónomas, deberá decidir, de común acuerdo con la autoridad competente del Estado miembro que presentó tal solicitud, si este último debe participar en la inspección y de qué manera. La decisión final sobre dicha participación compete al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Organización Nacional de Trasplantes, en coordinación con las comunidades autónomas, si el establecimiento de tejidos importador se encuentra dentro de su jurisdicción territorial. Los motivos de una denegación de dicha participación deberán explicarse al Estado miembro que ha presentado la solicitud.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Quince. Se añade un nuevo punto 7, y se modifica el último párrafo del inciso i) del apartado 3.d).1.º del anexo I, con la siguiente redacción:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«7) el código único europeo aplicable a los tejidos y las células que se distribuyen para su aplicación en seres humanos o la secuencia de identificación de la donación aplicable a los tejidos y las células puestos en circulación pero no distribuidos para su aplicación en seres humanos.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En caso de que no se pueda incluir en la etiqueta del contenedor primario cualquiera de los datos a los que se ha hecho referencia en los puntos 4, 5 y 7, se facilitarán en una hoja separada que se adjuntará al contenedor primario. Esta hoja debe empaquetarse con el contenedor primario de manera que se garantice que permanezcan juntos.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dieciséis. Se numeran correctamente del 1 al 9 los actuales puntos del inciso ii) del apartado 3.d).1.º del anexo I, y se añade un nuevo punto 10, con la siguiente redacción:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«10) En el caso de los tejidos y las células importados, el país de obtención y el país exportador (si es distinto del país de obtención).»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Diecisiete. Se modifica el anexo VI, que tendrá la siguiente redacción:</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«ANEXO VI</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Información mínima exigida en el sistema de trazabilidad de origen a destino de las células y tejidos humanos obtenidos para su aplicación en humanos</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Por los establecimientos de tejidos:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Identificación del donante.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Identificación de la donación, que incluya como mínimo:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1.º Identificación del organismo de obtención (incluida la información de contacto) o el establecimiento de tejidos.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2.º Número único de identificación de la donación.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3.º Fecha de obtención.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4.º Lugar de la obtención.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5.º Tipo de donación (por ejemplo, uno o varios tejidos; autóloga o alogénica; donante vivo o fallecido).</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Identificación del producto, que incluya, como mínimo:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1.º Identificación del establecimiento de tejidos.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2.º Tipo de tejido y célula/producto (nomenclatura básica).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3.º Número de grupo de lotes (en su caso).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4.º Número de sublote (en su caso).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5.º Fecha de caducidad (en su caso).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6.º Situación del tejido o las células (por ejemplo, en cuarentena, adecuado para el uso, etc.).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7.º Descripción y origen de los productos, fases de procesamiento aplicadas, materiales y aditivos que entran en contacto con tejidos y células y tienen un efecto en su calidad y/o su seguridad.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8.º Identificación de la instalación que expide la etiqueta final.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Código único europeo (en su caso).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Identificación de la aplicación en seres humanos, que incluya, como mínimo:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1.º Fecha de distribución/eliminación.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2.º Identificación del médico o usuario/instalación final.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Por las organizaciones responsables de la aplicación en seres humanos:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Identificación del establecimiento de tejidos proveedor.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Identificación del médico o usuario/instalación final.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Tipo de tejidos y células.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Identificación del producto.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Identificación del receptor.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Fecha de aplicación.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) Código único europeo (en su caso).»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dieciocho. Se modifica el anexo VII, que tendrá la siguiente redacción:</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«ANEXO VII</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Formato y estructura del código único europeo.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. FORMATO DEL CÓDIGO ÚNICO EUROPEO</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El código único europeo deberá estar en formato legible e ir precedido de las siglas “SEC”. Será posible el uso paralelo de otros sistemas de etiquetado y trazabilidad.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El código único europeo figurará impreso junto con la secuencia de identificación de la donación y la secuencia de identificación del producto, separado por un espacio único o en dos líneas sucesivas.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. ESTRUCTURA DEL CÓDIGO ÚNICO EUROPEO</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='1' class='frame-1' height='710' src='/datos/imagenes/disp/2017/126/05855_7218.png' width='1536'/>
</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Diecinueve. Se modifica el anexo VIII, que tendrá la siguiente redacción:</p>
<p class='anexo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«ANEXO VIII</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. REACCIONES ADVERSAS GRAVES</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='2' class='frame-2' height='2507' src='/datos/imagenes/disp/2017/126/05855_7265.png' width='2126'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='3' class='frame-3' height='2776' src='/datos/imagenes/disp/2017/126/05855_7301.png' width='2126'/>
</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. EFECTOS ADVERSOS GRAVES</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='4' class='frame-4' height='2702' src='/datos/imagenes/disp/2017/126/05855_7521.png' width='2126'/>
</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Veinte. Se añaden cinco nuevos anexos, numerados como IX, X, XI, XII y XIII, que tendrán la siguiente redacción:</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«ANEXO IX</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Datos que deben registrarse en el Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Información sobre el establecimiento de tejidos:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Denominación del establecimiento de tejidos.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Código nacional o internacional del establecimiento de tejidos.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Denominación de la organización en la que se encuentra el establecimiento de tejidos (si procede).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Dirección del establecimiento de tejidos.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Datos de contacto publicables: dirección funcional de correo electrónico, teléfono y fax.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Datos sobre la autorización del establecimiento de tejidos:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Denominación de la autoridad o las autoridades competentes de autorización.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Denominación de la autoridad o las autoridades nacionales competentes responsables del mantenimiento del Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Nombre del titular de la autorización (si procede).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Tejidos y células para los que se concedió la autorización.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Actividades realmente llevadas a cabo para las que se concedió la autorización.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Situación de la autorización (autorizada, suspendida, revocada, parcial o totalmente, cese voluntario de actividad).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) Detalles sobre las condiciones y las excepciones añadidas a la autorización (en su caso).</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO X</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Requisitos mínimos relativos a la información y documentación que deben presentar los establecimientos de tejidos importadores cuando soliciten la autorización a efectos de sus actividades de importación</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando solicite la autorización para realizar actividades de importación, el establecimiento de tejidos importador deberá proporcionar, a menos que ya se haya facilitado como parte de anteriores solicitudes de autorización como establecimiento de tejidos o como establecimiento de tejidos importador, la siguiente información actualizada y, para la parte 6, la documentación que se indica.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Información general sobre el establecimiento de tejidos importador (ETI):</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Nombre del ETI (nombre de la empresa).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Dirección física del ETI.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Dirección postal del ETI (si difiere de la anterior).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Estatus del ETI solicitante: indíquese si se trata de la primera solicitud de autorización como ETI o, en su caso, si se trata de una solicitud de renovación. En caso de que el solicitante ya haya sido autorizado como establecimiento de tejidos, deberá proporcionar su código de compendio.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Nombre de la unidad solicitante (si difiere del nombre de la empresa).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Dirección física de la unidad solicitante.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) Dirección postal de la unidad solicitante (si difiere de la anterior).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>h) Nombre del lugar de recepción de las importaciones (en caso de no ser el mismo que el nombre de la empresa y la unidad solicitante).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>i) Dirección física del lugar de recepción.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>j) Dirección postal del lugar de recepción (si difiere de la anterior).</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Datos de contacto para la solicitud:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Nombre de la persona de contacto para la solicitud.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Número de teléfono.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Dirección de correo electrónico.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Nombre y apellidos de la persona responsable (si no es la misma que la persona de contacto).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Número de teléfono.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Dirección de correo electrónico.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) URL del sitio web del ETI (si está disponible).</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Información pormenorizada sobre los tejidos y las células que vayan a importarse:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Lista de los tipos de tejidos y células que vayan a importarse, incluidas las importaciones excepcionales de tipos específicos de tejidos o células.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Nombre del producto (si procede, de conformidad con la lista genérica de la UE) de todos los tipos de tejidos y células que vayan a importarse.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Denominación comercial (si es diferente del nombre del producto) de todos los tipos de tejidos y células que vayan a importarse.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Nombre del proveedor del tercer país para cada tipo de tejidos y células que vayan a importarse.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Localización de las actividades:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Lista en la que se indiquen las actividades de donación, obtención, evaluación, procesamiento, conservación o almacenamiento efectuadas antes de la importación por el proveedor del tercer país, por tipo de tejido o célula.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Lista en la que se indiquen las actividades de donación, obtención, evaluación, procesamiento, conservación o almacenamiento efectuadas antes de la importación por subcontratistas del proveedor del tercer país, por tipo de tejido o célula.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Lista de todas las actividades realizadas por el ETI con posterioridad a la importación, por tipo de tejido o célula.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Nombres de los terceros países en los que se llevan a cabo las actividades antes de la importación, por tipo de tejido o célula.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Datos de los proveedores de terceros países:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Nombre del proveedor/de los proveedores del tercer país (nombre de la empresa).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Nombre de la persona de contacto.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Dirección física.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Dirección postal (en caso de ser diferente).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Número de teléfono (incluido el prefijo internacional).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Número de contacto de emergencia (en caso de ser diferente).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) Dirección de correo electrónico.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Documentación adjunta a la solicitud:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Copia del acuerdo escrito con el/los proveedor/es del tercer país.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Descripción pormenorizada del flujo de tejidos y células importados, desde su obtención hasta su recepción en el establecimiento de tejidos importador.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Copia del certificado de autorización de exportación del proveedor del tercer país o, en caso de que no se haya expedido una autorización de exportación específica, un certificado de la autoridad o las autoridades competentes del tercer país de que se trate por el que se autorizan las actividades del proveedor del tercer país en el sector de los tejidos y las células, incluidas las exportaciones. Esta documentación debe incluir también los datos de contacto de la autoridad o de las autoridades competentes del tercer país. En los terceros países en los que dicha documentación no esté disponible, se proporcionarán otro tipo de documentos como, por ejemplo, informes de las auditorías realizadas al proveedor del tercer país.</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO XI</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Certificado de autorización expedido por la autoridad o las autoridades competentes a los establecimientos de tejidos importadores</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='5' class='frame-5' height='2567' src='/datos/imagenes/disp/2017/126/05855_7612.png' width='2126'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='6' class='frame-3' height='2776' src='/datos/imagenes/disp/2017/126/05855_7646.png' width='2126'/>
</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO XII</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Requisitos mínimos relativos a la documentación que deben presentar a la autoridad o autoridades competentes los establecimientos de tejidos que deseen importar tejidos y células de terceros países</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Salvo en el caso de las importaciones excepcionales definidas en el artículo 2, que están exentas de estos requisitos de documentación, el establecimiento de tejidos importador pondrá a disposición y, a menos que ya se hayan facilitado como parte de anteriores solicitudes de autorización como establecimiento de tejidos importador, proporcionará, cuando así lo soliciten la autoridad o las autoridades competentes, la versión más actualizada de los siguientes documentos relativos al solicitante y a su(s) proveedor(es) de un tercer país.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Documentación relativa al establecimiento de tejidos importador:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Descripción de las funciones de la persona responsable e información detallada sobre sus cualificaciones y formación, tal como se establece en el artículo 17 para los responsables técnicos de los establecimientos de tejidos.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Copia de la etiqueta primaria, la etiqueta del reenvase, el envase exterior y el recipiente de transporte.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Lista de las versiones pertinentes y actualizadas de los procedimientos operativos normalizados (PON) relativos a las actividades de importación del establecimiento, incluidos los PON para la aplicación del código único europeo, la recepción y el almacenamiento de células y tejidos en el establecimiento de tejidos importador, la gestión de las reacciones y los efectos adversos, la gestión de las recuperaciones de productos y su trazabilidad del donante al receptor.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Documentación relativa al proveedor o a los proveedores del tercer país:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Descripción pormenorizada de los criterios utilizados para la identificación y evaluación del donante, la información facilitada al donante o a su familia, la forma en que se haya obtenido el consentimiento del donante o de su familia y la confirmación o no del carácter voluntario y no remunerado de la donación.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Información detallada sobre el centro o los centros de evaluación utilizado(s) por los proveedores de terceros países y las pruebas realizadas por dichos centros.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Información detallada sobre los métodos utilizados durante el procesamiento de los tejidos y las células, incluidos detalles de la validación del procedimiento de procesamiento crítico.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Descripción pormenorizada de las instalaciones, equipos y materiales críticos y de los criterios utilizados para el control de la calidad y el control del entorno para cada una de las actividades realizadas por el proveedor del tercer país.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Información detallada sobre las condiciones de entrega de tejidos y células por el proveedor o los proveedores del tercer país.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Datos de los subcontratistas utilizados por los proveedores del tercer país, incluidos el nombre, la ubicación y la actividad realizada.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) Resumen de la inspección más reciente del proveedor del tercer país por parte de la autoridad o de las autoridades competentes de dicho tercer país, incluyendo la fecha y el tipo de inspección, así como las principales conclusiones.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>h) Resumen de la auditoría más reciente del proveedor del tercer país realizada por el establecimiento de tejidos importador o en su nombre.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>i) Cualquier acreditación nacional o internacional pertinente.</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO XIII</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Requisitos mínimos relativos al contenido de los acuerdos escritos entre los establecimientos de tejidos importadores y sus proveedores en terceros países</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Salvo en el caso de las importaciones excepcionales definidas en el artículo 2, que están exentas del cumplimiento de estos requisitos, el acuerdo escrito entre el establecimiento de tejidos importador y el proveedor del tercer país debe incluir al menos lo siguiente:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Información detallada sobre las especificaciones del establecimiento de tejidos importador con el fin de garantizar que se cumplen las normas de calidad y seguridad establecidas en este Real Decreto-ley y las funciones y responsabilidades mutuamente acordadas por ambas partes para garantizar que los tejidos y las células importados cumplen normas de calidad y seguridad equivalentes.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Una cláusula que garantice que el proveedor del tercer país facilitará la información exigida en el anexo XII, parte 2, al establecimiento de tejidos importador.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Una cláusula que garantice que el proveedor del tercer país informará al establecimiento de tejidos importador de toda sospecha o confirmación de reacción o efecto adverso grave que pueda influir en la calidad y la seguridad de los tejidos y las células que han sido o van a ser importados por el establecimiento de tejidos importador.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Una cláusula que garantice que el proveedor del tercer país informará al establecimiento de tejidos importador de cualquier cambio sustancial de sus actividades, incluidas la revocación o suspensión, total o parcial, por parte de la autoridad o autoridades competentes, de su autorización para exportar tejidos y células o de otras decisiones en caso de incumplimiento, que pueden influir en la calidad y la seguridad de los tejidos y las células que han sido o van a ser importados por el establecimiento de tejidos importador.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Una cláusula que confiera a la autoridad o a las autoridades competentes el derecho a inspeccionar las actividades del proveedor del tercer país, incluidas las inspecciones sobre el terreno, si lo desean, en el marco de su inspección del establecimiento de tejidos importador. La cláusula deberá garantizar asimismo al establecimiento de tejidos importador el derecho de auditar periódicamente a su proveedor de un tercer país.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Las condiciones acordadas que deben cumplirse para el transporte de los tejidos y las células entre el proveedor del tercer país y el establecimiento de tejidos importador.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Una cláusula que garantice que el proveedor del tercer país o su subcontratista conservará los datos relativos a los donantes de células y tejidos importados, en consonancia con las normas de protección de datos de la Unión Europea, durante un período de treinta años después de la obtención y que se adoptarán las disposiciones adecuadas para su conservación en caso de que el proveedor del tercer país cese su actividad.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Disposiciones para el examen periódico y, en caso necesario, para la revisión del acuerdo escrito, a fin de reflejar los posibles cambios en los requisitos de las normas de calidad y seguridad de la Unión Europea establecidos en este Real Decreto-ley.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. Una lista de todos los procedimientos operativos normalizados del proveedor del tercer país relativos a la calidad y la seguridad de las células y los tejidos importados y el compromiso de facilitarlos, previa solicitud.»</p>
<p class='titulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>TÍTULO IV</p>
<p class='titulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Transposición de directiva de la Unión Europea sobre el desplazamiento de trabajadores</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo sexto. Modificación de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se modifica la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, en los siguientes términos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Uno. Se añade un apartado 3 al artículo 2 con la siguiente redacción:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«3. A efectos del reconocimiento y asistencia mutuos en la notificación y ejecución transfronteriza de sanciones administrativas derivadas del incumplimiento de la normativa en materia de desplazamiento de trabajadores, se entenderá por:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1.º “Autoridad peticionaria”: la autoridad competente de un Estado miembro que realiza la petición de ayuda, información, notificación o cobro de una sanción o una multa según la disposición adicional sexta;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2.º “Autoridad receptora de la petición”: la autoridad competente de un Estado miembro a la que se dirige la petición de ayuda, información, notificación o cobro de una sanción o una multa según la disposición adicional sexta.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dos. Los apartados 1, 2 y 4 del artículo 5 quedan redactados en los siguientes términos:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«1. A efectos de asegurar el cumplimiento de esta ley, el empresario que desplace trabajadores a España en el marco de una prestación de servicios transnacional deberá comunicar el desplazamiento, antes de su inicio y con independencia de su duración, a la autoridad laboral española competente por razón del territorio donde se vayan a prestar los servicios. La comunicación se hará por medios electrónicos, en el modo que se determine reglamentariamente. A tal efecto, por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se establecerá, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, un registro electrónico central de tales comunicaciones.»</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«2. La comunicación de desplazamiento contendrá los datos e informaciones siguientes:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) La identificación de la empresa que desplaza al trabajador.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) El domicilio fiscal de dicha empresa y su número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Los datos personales y profesionales de los trabajadores desplazados.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) La identificación de la empresa o empresas y, en su caso, del centro o centros de trabajo donde los trabajadores desplazados prestarán sus servicios.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) La fecha de inicio y la duración previstas del desplazamiento.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) La determinación de la prestación de servicios que los trabajadores desplazados van a desarrollar en España con indicación del supuesto que corresponda de los previstos en el artículo 2.1.1.º</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) Los datos identificativos y de contacto de una persona física o jurídica presente en España que sea designada por la empresa como su representante para servir de enlace con las autoridades competentes españolas y para el envío y recepción de documentos o notificaciones, de ser necesario.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>h) Los datos identificativos y de contacto de una persona que pueda actuar en España en representación de la empresa prestadora de servicios en los procedimientos de información y consulta de los trabajadores, y negociación, que afecten a los trabajadores desplazados a España.»</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«4. Cuando la empresa que desplaza a los trabajadores a España sea una empresa de trabajo temporal, la comunicación de desplazamiento, además de lo dispuesto en el apartado 2, deberá incluir:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) La acreditación de que reúne los requisitos exigidos por la legislación de su Estado de establecimiento para poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores por ella contratados.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Sin perjuicio de lo señalado en el apartado 2.f), la precisión de las necesidades temporales de la empresa usuaria que se traten de satisfacer con el contrato de puesta a disposición, con indicación del supuesto de celebración que corresponda según lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tres. El artículo 6 queda redactado en los siguientes términos:</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Artículo 6. Obligación de comparecencia y de conservación y aportación de documentación.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los empresarios incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley deberán comparecer, a requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la oficina pública designada al efecto y aportar cuanta documentación les sea requerida para justificar el cumplimiento de esta ley, incluida la documentación acreditativa de la válida constitución de la empresa.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, durante el período de desplazamiento los empresarios deberán tener disponibles, en el centro de trabajo o en formato digital para su consulta inmediata, entre otros, los siguientes documentos:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Los contratos de trabajo o los documentos a que se refiere el artículo 5 del Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el artículo 8.5 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de información al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo, cuando la información a que se refiere dicho artículo no conste en el contrato de trabajo formalizado por escrito, respecto de cada trabajador.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Los recibos de salarios de cada trabajador y los comprobantes del pago de salarios a cada trabajador.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Los registros horarios que se hayan efectuado, con la indicación del comienzo, el final y la duración de la jornada de trabajo diaria.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) El documento por el que se acredite la autorización para trabajar de los nacionales de terceros países conforme a la legislación del Estado de establecimiento.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Una vez concluido el desplazamiento, los empresarios deberán aportar los documentos a que se refiere el apartado 2 cuando sean requeridos para ello por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Los empresarios deberán notificar por escrito a la Autoridad laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen, los daños para la salud de los trabajadores desplazados que se hubieran producido con ocasión o por consecuencia del trabajo que se ejecute en España.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. La documentación a la que se refieren los apartados anteriores deberá presentarse traducida al castellano o a las lenguas cooficiales de los territorios donde se vayan a prestar los servicios.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuatro. El artículo 8 queda redactado en los siguientes términos:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la vigilancia y exigencia del cumplimiento de esta ley, desarrollando las funciones establecidas en la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Los incumplimientos serán sancionados conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cinco. Se incorpora un nuevo artículo 8 bis que queda redactado en los siguientes términos:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«1. Al objeto de aplicar y garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de desplazamiento de trabajadores, las autoridades competentes realizarán una evaluación global de los elementos fácticos que se consideren necesarios, incluidos, en particular, los que figuran en los apartados 2 y 3. Los elementos fácticos deberán servir de ayuda a las autoridades competentes en las comprobaciones y controles del cumplimiento de los requisitos para el desplazamiento. Estos elementos son factores indicativos en la evaluación global que debe hacerse y, por consiguiente, no pueden considerarse de forma aislada.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. A fin de determinar si una empresa que desplaza trabajadores a España desarrolla en el Estado miembro de establecimiento actividades sustantivas que no sean puramente administrativas o de gestión interna, las autoridades competentes realizarán una evaluación global de todos los elementos fácticos que, teniendo en cuenta un marco temporal amplio, caractericen las actividades que lleva a cabo la empresa en el Estado miembro de establecimiento y, cuando sea necesario, en España. Algunos elementos objetivos a tal fin pueden ser los siguientes:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) El lugar donde la empresa tiene su domicilio social y su sede administrativa, ocupa espacio de oficina, paga sus impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social y, si procede, posee una licencia profesional o está registrada en las cámaras de comercio o en los colegios profesionales pertinentes, de acuerdo con la normativa nacional;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) el lugar donde contrata a los trabajadores desplazados y el lugar desde el que les desplaza;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) el derecho aplicable a los contratos que celebra la empresa con sus trabajadores, por un lado, y con sus clientes, por otro;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) el lugar donde la empresa realiza su actividad empresarial fundamental y donde emplea personal administrativo;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) el número de contratos celebrados y el volumen de negocios efectuado por la empresa en el Estado miembro de establecimiento, teniendo en cuenta la situación específica de, entre otras, las empresas pequeñas y medianas y las empresas de reciente creación.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Para determinar si un trabajador desplazado temporalmente a España desempeña normalmente su trabajo en otro Estado miembro, deberán examinarse todos los elementos fácticos que caracterizan dicho trabajo y la situación del trabajador, entre los cuales pueden incluirse los siguientes:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Si el trabajo se realiza en España durante un período limitado de tiempo;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) la fecha de inicio del desplazamiento;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) el Estado miembro en el que, o desde el que, el trabajador desplazado a España suele desempeñar su trabajo, de acuerdo con el Reglamento (CE) núm. 593/2008 (Roma I) o con el Convenio de Roma;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) si el trabajador desplazado regresa o está previsto que vuelva a trabajar en el Estado miembro desde el que se desplaza, una vez terminado el trabajo o prestados los servicios para los que fue desplazado a España;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) la naturaleza de las actividades;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) si el empleador proporciona el viaje, la manutención o el alojamiento del trabajador al que desplaza o reembolsa esos gastos, y, de ser así, de qué forma los proporciona o cómo los reembolsa;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) los períodos previos en que el puesto haya sido ocupado por el mismo o por otro trabajador desplazado.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. La ausencia de alguno o varios de los elementos fácticos establecidos en los apartados anteriores no excluye necesariamente que la situación pueda ser considerada un desplazamiento real. La valoración de estos elementos deberá adaptarse a cada caso particular y tener en cuenta las peculiaridades de la situación.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Los elementos a los que se refieren los apartados anteriores pueden ser tenidos igualmente en cuenta por las autoridades competentes para determinar si una persona desplazada entra dentro de la definición de “trabajador desplazado” contenida en el artículo 2.1.2.º, a cuyo efecto deberán guiarse, entre otros elementos, por los hechos relacionados con el desempeño del trabajo, la subordinación y la remuneración del trabajador, independiente de como hayan caracterizado las partes su relación en el contrato o acuerdo de otro tipo que hubieran suscrito.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Seis. Se añade un nuevo apartado 3, se reenumera como 4 el actual apartado 3 y se añade un nuevo apartado 5 al artículo 9, que quedan redactados del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«3. La cooperación y asistencia administrativa podrá incluir también el envío y notificación de documentos.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. La cooperación y asistencia administrativa se prestarán gratuitamente.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. El tratamiento de datos personales a que pudiera dar lugar la aplicación de la presente Ley se realizará en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Siete. El artículo 15 queda redactado en los siguientes términos:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de cuantas cuestiones litigiosas se susciten en aplicación de esta ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 2.n) y 2.t) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Ocho. El artículo 16 queda redactado en los siguientes términos.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«1. Los órganos jurisdiccionales españoles del orden social serán competentes para conocer de los litigios a los que se refiere el artículo anterior cuando el trabajador esté o haya estado desplazado temporalmente en España, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y sin perjuicio de la plena vigencia de los criterios de competencia que establecen el artículo 21 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y el artículo 5.1 del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Lugano el 16 de septiembre de 1988.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La competencia de los órganos jurisdiccionales españoles del orden social se determinará de acuerdo con las reglas contenidas en el capítulo II del título I de la Ley 36/2011, de 10 de octubre.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Nueve. El artículo 17 queda redactado como sigue:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«En todo lo no previsto en esta sección regirá, como derecho supletorio, la Ley 36/2011, de 10 de octubre.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Diez. Se modifica el apartado 5 de la disposición adicional primera con el siguiente contenido:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«5. A efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá también iniciar de oficio el procedimiento sancionador en los supuestos previstos en los apartados anteriores en virtud de comunicación de las Administraciones públicas a las que corresponda en el lugar de desplazamiento la vigilancia del cumplimiento de las condiciones de trabajo.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Once. Se añade una disposición adicional sexta con el siguiente contenido:</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Disposición adicional sexta. Registro electrónico central sobre desplazamiento de trabajadores.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A efectos de lo previsto en el artículo 5.1, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las Comunidades Autónomas elaborarán un protocolo de colaboración para el funcionamiento del registro electrónico central. Dicho protocolo garantizará la adecuada intercomunicación y su establecimiento efectivo en el plazo de seis meses.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Doce. Se añade una disposición adicional séptima con el siguiente contenido:</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Disposición adicional séptima. Reconocimiento y asistencia mutuos en la notificación y ejecución transfronteriza de sanciones administrativas derivadas del incumplimiento de la normativa en materia de desplazamiento de trabajadores.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La notificación y ejecución transfronteriza de las sanciones pecuniarias y multas administrativas impuestas a una empresa establecida en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que desplaza trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional a otro de tales Estados por el incumplimiento de las normas aplicables en materia de desplazamiento de trabajadores, estará sujeta a los principios de reconocimiento y asistencia mutuos y se realizará a través del Sistema de Información del Mercado Interior regulado en el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior y por el que se deroga la Decisión 2008/49/CE de la Comisión (“Reglamento IMI”), de acuerdo con lo previsto reglamentariamente.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Al designar a las autoridades competentes en España a efectos de lo dispuesto en la presente disposición, la norma reglamentaria que se apruebe podrá prever la existencia de una autoridad central responsable de la transmisión y recepción administrativa de las peticiones y de ayudar a las autoridades laborales competentes para la notificación y ejecución de las sanciones.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las autoridades competentes españolas que reciban una petición de notificación de una resolución o de otros documentos relacionados con la imposición de una sanción administrativa o una multa o una petición de cobro de las mismas, transmitida a través del Sistema de Información del Mercado Interior de conformidad con lo previsto reglamentariamente, reconocerán la sanción administrativa y la petición de cobro sin más formalidad y tomarán inmediatamente todas las medidas necesarias para su notificación o cobro, salvo que invoquen la concurrencia de alguno de los siguientes motivos de denegación:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Que la investigación efectuada por la autoridad competente demuestre claramente que los costes o recursos necesarios para el cobro de la sanción o multa son desproporcionados en relación con el importe que deba cobrarse o van a suponer dificultades desproporcionadas;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) que el total de la sanción o multa sea inferior a 350 euros;</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) que la ejecución de la sanción implique una vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas de los sancionados o viole normas de derecho necesario.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Las autoridades competentes españolas podrán transmitir a las autoridades de otro Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo una petición de notificación de una resolución por la que se impone una sanción administrativa o una multa o una petición de cobro de las mismas en el territorio de dichos Estados a través del Sistema de Información del Mercado Interior de acuerdo con lo previsto reglamentariamente.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. La presente disposición se aplicará a la notificación y ejecución transfronteriza de las siguientes sanciones pecuniarias o multas administrativas, incluidas tasas y recargos:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Las que impongan las autoridades españolas competentes o confirmen los órganos administrativos o judiciales españoles competentes por las infracciones tipificadas en el artículo 10 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Las que impongan las autoridades competentes o confirmen los órganos administrativos o jurisdiccionales o, en su caso, emanen de la jurisdicción social de otro Estado miembro de la Unión Europea o Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de conformidad con su normativa y procedimientos, relacionadas con el incumplimiento de las respectivas normas nacionales de transposición de la Directiva 96/71/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios o de la Directiva 2014/67/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) no 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (“Reglamento IMI”).</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. La presente disposición no se aplicará a la ejecución transfronteriza de sanciones que entren dentro del ámbito de aplicación de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea y, en particular, su Título IX sobre “Resoluciones por las que se imponen sanciones pecuniarias”.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Los importes cobrados en concepto de ejecución de las sanciones y multas administrativas se devengarán a favor de la autoridad competente española o del Estado miembro de la Unión Europea o del Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que haya llevado a cabo la ejecución de la sanción.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Trece. Se añade una disposición adicional octava con el siguiente contenido:</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Disposición adicional octava. Otras obligaciones derivadas de la legislación de la Unión Europea.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de esta ley se entenderá sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones derivadas de la legislación de la Unión Europea, incluidas las derivadas de la Directiva 89/391/CEE, del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, y del Reglamento (CE) n.º 883/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social o de las derivadas de la normativa española respecto de la protección o empleo de los trabajadores que resulten igualmente aplicables a las empresas establecidas en España.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Catorce. Se añade una disposición adicional novena con el siguiente contenido:</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Disposición adicional novena. Actualización de la información.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Ministerio de Empleo y Seguridad Social deberá mantener actualizada la página web de desplazamiento transnacional de trabajadores contenida en el sitio web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social así como la información proporcionada en la ficha de país en el sitio web de la Comisión Europea.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Quince. Se añade una disposición adicional décima con el siguiente contenido:</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Disposición adicional décima. Apoyo a las iniciativas de los interlocutores sociales.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Respetando la autonomía de los interlocutores sociales, se podrá garantizar el apoyo adecuado a las iniciativas correspondientes de los interlocutores sociales para informar a las empresas y a los trabajadores sobre las condiciones de empleo aplicables a los desplazamientos de los trabajadores en el marco de una prestación de servicios de carácter trasnacional.»</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo séptimo. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Uno. Se modifica el apartado 11 del artículo 2, que queda redactado del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«11. Los empresarios incluidos en el ámbito de aplicación de la normativa reguladora del desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, respecto de las obligaciones establecidas en dicha normativa.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dos. Se modifica el título de la subsección 3.ª de la sección 1.ª del capítulo II que queda redactado como sigue:</p>
<p class='subseccion' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Subsección 3.ª Infracciones de las obligaciones establecidas en la normativa que regula el desplazamiento a España de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tres. Se modifican los apartados 1, 2 y 4 del artículo 10, que quedan redactados como sigue:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«1. Son infracciones leves:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Los defectos formales de la comunicación de desplazamiento de trabajadores a España en el marco de una prestación de servicios transnacional, en los términos legalmente establecidos.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas, cuando tengan la calificación de leves.»</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«2. Son infracciones graves:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) La presentación de la comunicación de desplazamiento con posterioridad a su inicio o sin designar ya sea al representante de la empresa que sirva de enlace con las autoridades competentes españolas y para envío y recepción de documentos o notificaciones, ya sea de una persona que pueda actuar en España en representación de la empresa prestadora de servicios en los procedimientos de información y consulta de los trabajadores, y negociación, que afecten a los trabajadores desplazados a España.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) No tener disponible en España, durante el desplazamiento, la documentación relativa al mismo, en los términos legalmente establecidos.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas, cuando tengan la calificación de graves, muy graves o mortales.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) No presentar la documentación requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o presentar alguno de los documentos sin traducir.»</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«4. Sin perjuicio de lo anterior, constituye infracción administrativa no garantizar a los trabajadores desplazados a España, cualquiera que sea la legislación aplicable al contrato de trabajo, las condiciones de trabajo previstas por la legislación laboral española en los términos definidos por el artículo 3 de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, disposiciones reglamentarias para su aplicación, y en los convenios colectivos y laudos arbitrales aplicables en el lugar y en el sector o rama de la actividad de que se trate, así como el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere la disposición adicional séptima de la misma ley. La tipificación de dichas infracciones, su calificación como leves, graves o muy graves, las sanciones y los criterios para su graduación se ajustarán a lo dispuesto en la presente ley».</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición adicional primera. Ámbito de aplicación territorial de las modificaciones introducidas por los artículos tercero y cuarto en relación con el ejercicio de acciones por daños derivados de infracciones del Derecho de la competencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las disposiciones contenidas en los artículos tercero y cuarto este Real Decreto-ley serán de aplicación a los casos en que el ejercicio de las acciones de daños corresponda realizarlo en territorio español, con independencia de que la infracción del Derecho de la competencia hubiera sido declarada por la Comisión Europea o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o por una autoridad de la competencia u órgano jurisdiccional españoles o de otro Estado miembro de la Unión Europea.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición adicional segunda. Aplicación de los principios de efectividad y equivalencia en relación con el ejercicio de acciones por daños derivados de infracciones del Derecho de la competencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En materia de compensación de daños serán de aplicación los principios de efectividad y equivalencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El principio de efectividad exige que las normas y procedimientos aplicables al ejercicio de las acciones de daños no hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho al resarcimiento de los daños ocasionados por una infracción del Derecho de la competencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El principio de equivalencia exige la equiparación de las normas y procedimientos aplicables al ejercicio de las acciones de daños derivadas de las infracciones del Derecho europeo y del Derecho nacional de la Competencia, de modo que las normas nacionales aplicables a las reclamaciones por infracciones de las normas europeas no sean menos favorables para los perjudicados que las que regulan las reclamaciones por infracciones de las normas nacionales.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en materia de acciones de daños resultantes de infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las previsiones recogidas en el artículo tercero de este Real Decreto-ley no se aplicarán con efecto retroactivo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las previsiones recogidas en el artículo cuarto de este Real Decreto-ley serán aplicables exclusivamente a los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición transitoria segunda. Aplicación del código único europeo previsto en el artículo 34 del Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos, conforme a la modificación introducida por el artículo quinto de este Real Decreto-ley.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los tejidos y las células que hayan sido almacenados con anterioridad al 29 de octubre de 2016 estarán exentos de las obligaciones relativas al código único europeo a que se refiere el artículo 34 del Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos, a condición de que se pongan en circulación en la Unión Europea en un plazo de cinco años a partir de esa fecha, y de que se garantice la plena trazabilidad por medios alternativos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el caso de los tejidos y las células que, habiendo sido almacenados con anterioridad al 29 de octubre de 2016, se mantengan almacenados y solo se pongan en circulación una vez que haya expirado dicho período de cinco años y para los que la aplicación del código único europeo no resulta posible, en particular porque los tejidos y las células se almacenan congelados a muy baja temperatura, los establecimientos de tejidos deberán utilizar los procedimientos aplicables a los productos con etiquetas pequeñas establecidos en el artículo 34 bis f) del Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición transitoria tercera. Normas transitorias sobre desplazamiento de trabajadores a España.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las comunicaciones de desplazamiento de trabajadores a España realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se regirán por la normativa vigente en el momento de su realización.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En tanto se proceda al desarrollo reglamentario previsto, las comunicaciones de desplazamiento de trabajadores a España podrán seguir realizándose por los medios en que vinieran haciéndose a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, las modificaciones introducidas en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, por el presente real decreto-ley serán aplicables a los desplazamientos ya iniciados a la fecha de entrada en vigor del mismo, siempre que a esa fecha los trabajadores desplazados continúen prestando servicios en España.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición derogatoria única. Derogación normativa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto-ley.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en los siguientes términos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Uno. Se modifica el apartado 3 al artículo 66 bis, que queda redactado de la siguiente manera:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«3. Cuando se haya resuelto el contrato, el empresario deberá proceder a reembolsar, sin ninguna demora indebida, todas las cantidades abonadas por el consumidor y usuario en virtud del mismo.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 107, que queda redactado en los siguientes términos:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«1. El empresario reembolsará todo pago recibido del consumidor y usuario, incluidos, en su caso, los costes de entrega, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha en que haya sido informado de la decisión de desistimiento del contrato del consumidor y usuario de conformidad con el artículo 106.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El empresario deberá efectuar el reembolso a que se refiere el primer párrafo utilizando el mismo medio de pago empleado por el consumidor para la transacción inicial, a no ser que el consumidor haya dispuesto expresamente lo contrario y siempre y cuando el consumidor no incurra en ningún gasto como consecuencia del reembolso.»</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición final segunda Incorporación de Derecho de la Unión Europea.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Mediante este Real Decreto-ley se incorporan al Derecho español las siguientes Directivas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores, modificada por el Reglamento (UE) n° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Directiva 2013/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por la que se modifican la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado, la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores, y la Directiva 2007/14/CE de la Comisión por la que se establecen disposiciones de aplicación de determinadas prescripciones de la Directiva 2004/109/CE.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014 que establece determinadas normas por las que se rigen, en virtud del Derecho nacional, las acciones de daños resultantes de las infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Directiva (UE) 2015/565 de la Comisión, de 8 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 2006/86/CE en lo relativo a determinados requisitos técnicos para la codificación de células y tejidos humanos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Directiva (UE) 2015/566 de la Comisión, de 8 de abril de 2015, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE en lo que se refiere a los procedimientos de verificación de la equivalencia de las normas de calidad y seguridad de las células y los tejidos importados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI»).</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición final tercera. Título competencial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los artículos primero y segundo de este Real Decreto-ley se dictan en ejercicio de las competencias exclusivas que corresponden al Estado en materia de legislación mercantil, establecida en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española, bases de la ordenación del crédito, establecida en el artículo 149.1.11.ª, y bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, establecida en el artículo 149.1.13.ª</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El artículo tercero se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia de Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El artículo cuarto se dicta al amparo de la competencia que al Estado atribuye en exclusiva el artículo 149.1. 6.ª de la Constitución Española en materia procesal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El artículo quinto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación general de la sanidad, a excepción de su apartado dos que se ampara en la competencia exclusiva del Estado en materia de sanidad exterior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los artículos sexto y séptimo de este Real Decreto-ley se dictan al amparo de los títulos competenciales previstos en el artículo 149.1.5.ª y 7.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado las competencias exclusivas en materia de Administración de justicia y de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición final cuarta. Habilitación normativa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo del presente Real Decreto-ley.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición final quinta. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dado en Madrid, el 26 de mayo de 2017.</p>
<p class='firma_rey' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>FELIPE R.</p>
<p class='firma_ministro' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Presidente del Gobierno,</p>
<p class='firma_ministro' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>MARIANO RAJOY BREY</p>
</texto>
</documento>
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Sat May 27 09:00:29 +0000 2017
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La transposición en plazo de directivas de la Unión Europea constituye en la actualidad uno de los objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europeo. La Comisión Europea somete informes periódicos al Consejo de Competitividad, a los que se les da un alto valor político en cuanto que sirven para medir la eficacia y la credibilidad de los Estados miembros en la puesta en práctica del mercado interior.
El cumplimiento de este objetivo resulta hoy aún más prioritario habida cuenta del escenario diseñado por el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, para los incumplimientos de transposición en plazo, para los que la Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la imposición de importantes sanciones económicas de manera acelerada (artículo 260.3 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea –TFUE–).
España viene cumpliendo de manera consistente con los objetivos de transposición en plazo comprometidos, desde el inicio del establecimiento de los mismos.
Sin embargo, a lo largo del año 2016, habida cuenta de la prolongación de la situación de Gobierno en funciones, la labor legislativa exigida por la transposición de estas directivas al ordenamiento interno no pudo ser llevada a cabo en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
El incumplimiento de estas obligaciones tiene para nuestro país consecuencias negativas, que comprometen su credibilidad política y pueden llevar a la imposición de multas pecuniarias, con base en lo establecido en el artículo 260.3 del TFUE, por lo que deben emplearse todos los recursos necesarios para evitar un escenario tan desfavorable.
Ante la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en la incorporación al ordenamiento jurídico español de tales directivas, resulta necesario acudir a la aprobación de un Real Decreto-ley para proceder a su transposición, lo que permitirá cerrar los procedimientos de infracción abiertos y con ello evitar la imposición de sanciones económicas a España.
En cuanto a la utilización del Real Decreto-ley como instrumento de transposición, cabe señalar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 23/1993, de 21 de enero, señala que el Real Decreto-ley es un instrumento constitucionalmente lícito para afrontar coyunturas económicas problemáticas, y en su sentencia 1/2012, de 13 de enero, avala la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86.1 de la Constitución cuando concurran «el patente retraso en la transposición» y la existencia de «procedimientos de incumplimiento contra el Reino de España». En los sucesivos apartados de esta exposición de motivos se irán concretando las razones que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de transponer las distintas directivas en cada uno de los supuestos recogidos en el presente Real Decreto-ley.
II
En el título I, que engloba los artículos primero y segundo, se contienen las modificaciones normativas que transponen directivas relacionadas con el sistema financiero.
El artículo primero del Real Decreto-ley modifica la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores con un doble objetivo: por una parte, modificar la definición de firmeza e irrevocabilidad de las órdenes de transferencia de tal forma que su determinación por los sistemas pueda ser conforme a los protocolos de funcionamiento de la plataforma paneuropea de liquidación de operaciones sobre valores TARGET2-Securities, a la que se incorporará el depositario central de valores español en septiembre de 2017. Por otra parte, se modifica la redacción del artículo 14.1 para adaptar el ordenamiento español a lo previsto en el artículo 87 del Reglamento (UE) N.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones, por lo que se regulan los efectos sobre las garantías constituidas a favor de los gestores o participantes de un sistema de pagos o de compensación y liquidación de valores en los procedimientos de insolvencia. Debe tenerse en cuenta, en este sentido que el mencionado artículo 87 incorpora la regulación de estos efectos sobre las garantías modificando el artículo 9 de la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores, por lo que es necesaria la modificación de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre antes citada para cumplir adecuadamente nuestras obligaciones en materia de aplicación de derecho europeo.
En relación con la primera de las modificaciones propuestas, la definición que los protocolos de funcionamiento de la plataforma de liquidación de valores TARGET2-Securities hace de la firmeza y la irrevocabilidad de las órdenes que recibe, difiere de la que se establece en nuestra Ley 41/1999, de 12 de noviembre, aplicable al depositario central de valores español.
El depositario central de valores español (Iberclear) debe incorporarse a TARGET2-Securities en septiembre de 2017, por lo que es necesario realizar urgentemente estos ajustes en la redacción de la norma española, para garantizar en la transición al nuevo modelo la plena seguridad jurídica de las operaciones que se realicen en dicha plataforma y que las mismas se ajustan a las previsiones de la Directiva 98/26/CE. De esta manera se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 39, apartados 2 y 3 del Reglamento (UE) 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) 236/2012.
Así, en 2012 Iberclear asumió una serie de compromisos con el Eurosistema con la firma del Acuerdo Marco de TARGET2-Securities, la plataforma paneuropea de liquidación de valores promovida por el Eurosistema como una iniciativa privada. Según lo acordado Iberclear deberá migrar en la última ventana de migración, el 18 de septiembre de 2017. Esas responsabilidades que Iberclear asumió con la firma del Acuerdo Marco parten del supuesto de que la regulación española sustenta la migración y sus reglas son acordes tanto con la normativa europea como con el funcionamiento de la plataforma.
Por lo que respecta a la segunda de las modificaciones, se trata de culminar la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico al Reglamento (UE) N.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones. El plazo que se daba a los Estados miembros para adoptar y publicar las medidas necesarias para cumplir con estas modificaciones era el 17 de agosto de 2014. De no adoptarse inmediatamente las medidas contenidas en el presente Real Decreto-ley, se podría incurrir en el incumplimiento de las obligaciones que se imponen al Reino de España como Estado miembro de la Unión Europea. A estos efectos la Comisión europea inició el procedimiento formal de infracción el 30 de septiembre de 2016, mediante notificación de Carta de emplazamiento 2016/2112 y, recientemente, el 28 de abril de 2017, ha notificado Dictamen Motivado, de conformidad con lo previsto en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
El artículo segundo del Real Decreto-ley modifica el artículo 234.2 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, para establecer la suspensión del ejercicio del derechos de votos de las acciones de emisores cuando no se hubieran comunicado adquisiciones de participaciones significativas. Con esta modificación se completa la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2013/50/UE, de 22 de octubre de 2013, por la que se modifican la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado; la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores; y la Directiva 2007/14/CE de la Comisión por la que se establecen disposiciones de aplicación de determinadas prescripciones de la Directiva 2004/109/CE, cuyo plazo de transposición venció el 26 de noviembre de 2015.
La finalización, hace ya más de un año, del plazo de transposición de la Directiva 2013/50/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, unido a la necesidad de que el supervisor competente esté dotado de los instrumentos necesarios para la adecuada aplicación de las previsiones contenidas en la Directiva, justifica la extraordinaria y urgente necesidad de completar la transposición de la misma. A estos efectos la Comisión Europea tramita un procedimiento formal de infracción sobre el que ya ha emitido Dictamen motivado 2016/0063, de 17 de noviembre de 2016.
III
El Título II, que comprende los artículos tercero y cuarto, contiene las modificaciones derivadas de la transposición de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014 que establece determinadas normas por las que se rigen, en virtud del Derecho nacional, las acciones de daños resultantes de las infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.
La Unión Europea promulgó esta directiva con el propósito de establecer mecanismos procesales efectivos que hagan posible la reclamación de daños y perjuicios provocados como consecuencia de infracciones del Derecho de la competencia, puesto que, a falta de tales cauces procesales, la experiencia ha demostrado que el cumplimiento de la normativa material se resiente, y ello incluso a pesar de la existencia de un Derecho sancionador específico.
En ella se establecen normas destinadas a eliminar los obstáculos que impiden el buen funcionamiento de las acciones ejercitables, las cuales garantizan el fomento de una competencia real en el mercado interior y una protección equivalente en toda la Unión para todos los que hayan sufrido el perjuicio resultante de la infracción a la competencia.
La directiva comprende también normas que regulan cuestiones de diversa naturaleza tales como las que se ocupan de temas procesales y otras que tratan de las acciones de daños a efectos de su debido resarcimiento y por último la consideración de factores tecnológicos.
Para ello, en el artículo tercero se modifica la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, introduciendo un nuevo título VI relativo a la compensación de los daños causados por las prácticas restrictivas de la competencia. Al servicio de los objetivos exigidos por la Directiva 2014/104/UE, se introducen en el ordenamiento jurídico español las previsiones de la misma, resaltando entre otras la responsabilidad de quienes infrinjan el Derecho de la competencia de indemnizar los daños y perjuicios que dicha infracción cause; se declara, asimismo, el derecho al pleno resarcimiento de los daños causados por estas actuaciones; o se prevé la responsabilidad solidaria de quienes hubieran llevado a cabo la infracción de forma conjunta, si bien se matiza esta regla general en consonancia con las reglas de la directiva.
El Real Decreto-ley establece el plazo de prescripción de 5 años para el ejercicio de las acciones por daños, y regula la cuantificación de los daños y perjuicios en lo relativo a la carga de la prueba –que corresponde a quien demanda– introduciendo determinados matices, como una presunción «iuris tantum» de causación del daño en las infracciones calificadas como cártel, o la posibilidad de los jueces de estimar un determinado importe de daños si se acreditara la existencia de los mismos pero fuera prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificarlos con precisión.
Finalmente, se regula la prueba y cuantificación del sobrecoste, así como determinadas peculiaridades de las acciones de daños ejercitadas por demandantes situados en distintos niveles de la cadena de suministro. Todo lo anterior con el objetivo claro de garantizar que los daños sufridos por sujetos (ya sean empresas o consumidores) como consecuencia de dichas prácticas anticompetitivas sean efectivamente resarcidos.
Al incorporar este nuevo título VI a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se pretende también extender la nueva normativa a las reclamaciones de los daños causados por las infracciones a los artículos 1 y 2 de dicha ley que no afectan al comercio entre los Estados miembros de la Unión y que, por tanto, no entran en el ámbito de aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no así a los actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés público dado que cuentan con un régimen específico en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
Por último, se incorporan al ordenamiento jurídico español en la disposición adicional cuarta de la Ley 15/2007, de 3 de julio, una serie de definiciones incluidas en el artículo 2 de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, con objeto de permitir una mejor comprensión de los restantes preceptos de la citada ley. Dicha incorporación incluye instituciones jurídicas actualmente inexistentes en el ordenamiento español como, por ejemplo, las solicitudes de transacción definidas en la citada disposición adicional, referidas al procedimiento previsto en la Comunicación de la Comisión Europea sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción con vistas a la adopción de decisiones con arreglo a los artículos 7 y 23 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo en casos de cártel (2008/C 167/01, DOUE de 2 de julio de 2008) y regulaciones semejantes en otros Estados miembros de la Unión. La inclusión de tales definiciones facilita también la interposición ante tribunales españoles de acciones de daños derivadas de resoluciones sancionadoras de la Comisión Europea o de otras autoridades nacionales de competencia.
En siguiente lugar, respecto a las disposiciones de la directiva para facilitar la prueba en los procedimientos por daños resultantes de la violación de las normas sobre competencia, el objetivo principal de la modificación introducida por el artículo cuarto de este Real Decreto-ley en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, es la consecución de una mejor tutela de los derechos de los justiciables en dicho campo. A tal fin, dicho artículo séptimo introduce una regulación sobre el acceso a las fuentes de prueba en la Ley 1/2000, de 7 de enero, mediante una nueva Sección 1.ª bis («Del acceso a las fuentes de prueba en procedimientos de reclamación de daños por infracción de las normas de competencia») dentro del Capítulo V («De la prueba: disposiciones generales») del Título I («De las disposiciones comunes a los procesos declarativos») del Libro II («De los procesos declarativos»), en la que se determinan, entre otros extremos, los requisitos para solicitar del tribunal una medida de acceso a fuentes de prueba, un elenco ejemplificativo de posibles medidas, así como la ejecución de éstas y las consecuencias de la obstrucción a su práctica, siempre moduladas por el principio de proporcionalidad.
Con todo ello se da carta de naturaleza legal a la noción de fuente de prueba, a través de la cual se alude a todo elemento susceptible de servir de base para la ulterior práctica probatoria en el momento procesal oportuno. A través de la nueva regulación se permite que los justiciables en el campo del Derecho de la competencia tengan conocimiento de los elementos que les servirán para tratar de formar la convicción judicial conforme a las reglas ordinarias en materia de proposición y práctica de la prueba; ahora bien, y precisamente por ello, el acceso a fuentes de prueba no exime al litigante de la carga de proponer en tiempo y forma la práctica del medio probatorio pertinente.
El Real Decreto-ley se refiere también y de forma específica al acceso a fuentes de prueba que se encuentren en poder de las administraciones públicas y entidades de derecho público previendo, para este último caso, la imposibilidad de acceso a documentación o material de carácter reservado o secreto.
Con el objetivo de asegurar la efectiva realización del acceso, y frente a supuestos de obstrucción de dicho acceso, la norma recoge una serie de consecuencias sobre los efectos de la prueba en el proceso en cuestión, dejando a salvo la responsabilidad penal en que pudiera incurrir quien así actuara.
El transcurso del plazo de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2014/104/UE, que finalizó el 27 de diciembre de 2016, justifica la utilización del Real Decreto-ley como instrumento de transposición, al concurrir la circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución. En efecto, resulta acuciante efectuar la necesaria adaptación de nuestro Derecho y poner fin al retraso en el cumplimiento de esta obligación, considerando las consecuencias negativas que dicho retraso comporta tanto para los ciudadanos, en cuyo beneficio procede garantizar la efectividad de las acciones para el resarcimiento por los daños y perjuicios derivados de infracciones del Derecho de la competencia, como para el Estado, debido el riesgo de ser sancionado por las instituciones de la Unión Europea mediante un procedimiento de infracción que ha sido iniciado de oficio por la Comisión Europea en enero de 2017.
IV
El Título III, compuesto por el artículo quinto, contiene las modificaciones que incorporan al ordenamiento interno directivas de la Unión Europea en el ámbito sanitario. El Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos, consolidó la incorporación al ordenamiento jurídico interno de la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos; de la Directiva 2006/17/CE de la Comisión, de 8 de febrero de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a determinados requisitos técnicos para la donación, la obtención y la evaluación de células y tejidos humanos; así como de la Directiva 2006/86/CE de la Comisión, de 24 de octubre de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos de trazabilidad, la notificación de las reacciones y los efectos adversos graves y determinados requisitos técnicos para la codificación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos.
Con posterioridad a la aprobación del Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, se han aprobado dos directivas comunitarias que han introducido nuevas exigencias en materia de células y tejidos humanos que motivan la necesidad de modificar dicho Real Decreto-ley con el fin de adaptar sus disposiciones a dichas exigencias. Se trata, por un lado, de la Directiva (UE) 2015/565 de la Comisión, de 8 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 2006/86/CE en lo relativo a determinados requisitos técnicos para la codificación de células y tejidos humanos; y, por otro lado, de la Directiva 2015/566 de la Comisión, de 8 de abril de 2015, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE en lo que se refiere a los procedimientos de verificación de la equivalencia de las normas de calidad y seguridad de las células y los tejidos importados.
De este modo, se refuerza la trazabilidad de las células y los tejidos humanos desde el donante al receptor y viceversa. Para ello, y como garantía de dicha trazabilidad, se establecen determinados requisitos técnicos para la codificación de células y tejidos humanos.
En concreto, se garantiza la aplicación del código único europeo, que proporciona información sobre la donación y sobre el producto, atribuyendo a cada uno de esos conceptos una determinada secuencia de identificación que se ajustará al formato y a la estructura que se establece en la propia norma.
Para aquellos tejidos y células que estén excluidos o exentos de la aplicación del código único europeo, se establecen reglas que garantizan su adecuada trazabilidad a lo largo de toda la cadena, desde la donación y la obtención hasta la aplicación en seres humanos.
Y en aquellas situaciones distintas de la distribución en las que los tejidos y las células sean puestos en circulación, como la transferencia a otro operador para su procesamiento posterior, con o sin retorno, la secuencia de identificación de la donación debe aplicarse, como mínimo, en la documentación adjunta.
Los establecimientos de tejidos, incluidos los establecimientos de tejidos importadores, deberán aplicar de forma correcta los requisitos del código único europeo, siendo la Organización Nacional de Trasplantes y las comunidades autónomas los encargados de velar por dicha aplicación. De esta forma, todos los establecimientos de tejidos autorizados deberán tener un número único y figurarán en el Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE.
Por otra parte, con la nueva regulación introducida en el Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, se exige que las importaciones de células y tejidos se realicen únicamente por establecimientos de tejidos autorizados para tal fin, denominados establecimientos de tejidos importadores, salvo en aquellos casos en los que se pueda autorizar directamente la importación de células y tejidos específicos, como por ejemplo, para autorizar la importación de células madre hematopoyéticas procedentes de médula ósea, sangre periférica o sangre del cordón umbilical utilizadas en el tratamiento de una serie de enfermedades potencialmente mortales.
Y, además, con el fin de facilitar la distribución dentro de la Unión Europea de las células y los tejidos importados, incluso cuando dicha distribución sea de carácter transfronterizo, la autoridad competente debe expedir el certificado de autorización del establecimiento de tejidos importador.
Asimismo, se establece la obligación de mantener un registro de las actividades que realicen los establecimientos de tejidos importadores, incluyendo los tipos y cantidades de células y tejidos importados, así como su origen y destino.
En todo caso, los establecimientos de tejidos importadores deberán velar para que el código único europeo se aplique a las células y los tejidos importados, ya sea realizando ellos mismos esta tarea o delegándola en los proveedores de terceros países, como parte de las condiciones de los acuerdos escritos entre ambas partes.
Por lo que se refiere al instrumento normativo mediante el que se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2015/565 de la Comisión, de 8 de abril de 2015, y la Directiva (UE) 2015/566 de la Comisión, de 8 de abril de 2015, el artículo 86 de la Constitución establece que, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes. En el presente caso, son factores habilitantes para la aprobación de la modificación legislativa que nos ocupa no sólo el elemento temporal, evidenciado por el retraso acumulado en la transposición de ambas directivas, cuyo plazo venció el 29 de octubre de 2016, sino también el elemento causal, dada la apertura de sendos procedimientos de infracción contra el Reino de España en fecha 23 de noviembre de 2016. A ambos factores habría que añadir, además, el elemento material, reflejado en la imperiosa necesidad de garantizar en todo momento el mayor nivel posible de protección de la salud humana, que en este caso obliga a llevar a cabo una aplicación uniforme y coherente en toda la Unión Europea de las medidas de trazabilidad de células y tejidos, a través de la inmediata implantación del código único europeo, y mediante el imprescindible establecimiento de mayores controles en la importación de tejidos y células, dado el paulatino incremento que los intercambios de los mismos están experimentando a escala mundial.
V
El Título IV, compuesto por los artículos sexto y séptimo, contiene las modificaciones que incorporan al ordenamiento interno una directiva de la Unión Europea sobre el desplazamiento de trabajadores.
La Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI»), establece un marco común de disposiciones, medidas y mecanismos de control necesarios para una mejor y más uniforme transposición, aplicación y cumplimiento en la práctica de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, incluyendo medidas para prevenir y sancionar cualquier abuso y elusión de las normas aplicables.
Con ello, se pretende garantizar que se respete un nivel apropiado de protección de los derechos de los trabajadores desplazados para la prestación de servicios transfronteriza, en particular, que se cumplan las condiciones de empleo aplicables en Estado miembro donde se vaya a prestar el servicio, de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 96/71/CE, facilitando al mismo tiempo el ejercicio de la libre prestación de servicios a los prestadores y promoviendo un clima de competencia leal dentro de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.
El ordenamiento jurídico español, a través de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, y otras disposiciones legales, anticipa en gran medida el contenido de la Directiva 2014/67/UE. Además, recientemente se han realizado determinadas actuaciones administrativas como la aprobación del Criterio técnico núm. 97/2016 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, o la creación de una web única a nivel nacional dentro del Portal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social con información, entre otros aspectos, sobre las condiciones de trabajo aplicables a los trabajadores desplazados y las disposiciones que las regulan, y sobre la comunicación previa de desplazamiento, incluyendo los datos de contacto de las autoridades laborales competentes por razón del territorio.
No obstante, la transposición de algunos aspectos de la Directiva 2014/67/UE requiere la aprobación de una norma con rango de ley.
Por un lado, la transposición al ordenamiento español del artículo 9 de la Directiva sobre «Requisitos administrativos y medidas de control» que los Estados miembros podrán, en su caso, imponer afecta a materia regulada en la Ley 45/1999 (artículos 5 «Comunicación de desplazamiento» y 6 «Obligación de comparecencia y de aportar documentación»). Por otro lado, la tipificación como infracciones administrativas de los incumplimientos de estas nuevas obligaciones requiere la modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Además, la transposición del Capítulo VI de la Directiva 2014/67/UE sobre «Ejecución transfronteriza de las sanciones y multas administrativas» también requiere de una norma con rango de ley, en este caso, en virtud de la reserva material de ley que se deriva de los principios de legalidad y tipicidad de las infracciones y sanciones administrativas establecidos en la Constitución Española de 1978, en tanto la aplicación de los principios de reconocimiento y asistencia mutuos a la ejecución transfronteriza de las sanciones administrativas impuestas a un prestador de servicios establecido en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo por el incumplimiento de las normas aplicables en materia de desplazamiento de trabajadores en otro Estado miembro supone la necesidad de que las autoridades españolas reconozcan las sanciones impuestas por las autoridades de otros Estados como si hubieran sido impuestas por las propias autoridades españolas conforme a la normativa española, así como la puesta en marcha de las medidas necesarias para su notificación o cobro en territorio español.
La Directiva 2014/67/UE dispone en su artículo 23 que los Estados miembros deben poner en vigor las disposiciones legales necesarias para dar cumplimiento a la misma a más tardar el 18 de junio de 2016.
En fecha 16 de febrero de 2017 se recibe Dictamen motivado de la Comisión Europea al amparo del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por la no adopción de las medidas nacionales de trasposición de la citada Directiva, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE.
La Comisión en dicho Dictamen motivado llama la atención al Gobierno sobre las sanciones pecuniarias que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede imponer en virtud del artículo 260, apartado 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La Directiva 2014/67/UE está en parte incorporada en nuestro ordenamiento jurídico, como se dice en esta Exposición de Motivos. No obstante, es preciso adoptar otras medidas contenidas en la Directiva 2014/67/UE para garantizar un adecuado control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Directiva 96/71/CE y el principio de asistencia recíproca a través de la notificación y ejecución trasfronteriza de sanciones.
VI
Finalmente, mediante la disposición final primera se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, al concurrir también en este caso los elementos temporal y causal necesarios para su aprobación, pues dicha modificación responde a la necesidad de dar inmediata respuesta al Proyecto Piloto 8007/15/JUST abierto al Reino de España a consecuencia de una incorrecta transposición de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con la Comisión Europea y evitando la imposición de posibles sanciones económicas al Reino de España.
La modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias incide en la necesaria protección de los consumidores en sus relaciones con los empresarios, en el aspecto concreto relativo al medio que debe utilizar el empresario para reembolsar el pago recibido del consumidor en caso de desistimiento, garantizando que éste no incurra en ningún gasto como consecuencia del desistimiento del contrato, por lo que concurre también el elemento material que justifica su aprobación mediante Real Decreto-ley, máxime si se tiene en cuenta que el plazo de transposición de la mencionada Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, venció el 13 de diciembre de 2013.
Por todo ello, por su finalidad y por el contexto de exigencia temporal en el que se dicta, concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, del Ministro de Justicia, de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, del Ministro de Economía, Industria y Competitividad, y de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de mayo de 2017,
DISPONGO:
TÍTULO I
Transposición de directivas de la Unión Europea en materia de sistema financiero
Artículo primero. Modificación de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores.
Se modifica la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores, en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 11, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 11. Firmeza de las órdenes de transferencia.
1. Las órdenes de transferencia cursadas a un sistema por sus participantes, una vez recibidas y aceptadas de acuerdo con las normas de funcionamiento del sistema, la compensación que, en su caso, tenga lugar entre ellas, las obligaciones resultantes de dicha compensación, y las que tengan por objeto liquidar cualesquiera otros compromisos previstos por el sistema para asegurar el buen fin de las órdenes de transferencia aceptadas o de la compensación realizada, serán firmes, vinculantes y legalmente exigibles para el participante obligado a su cumplimiento y oponibles frente a terceros, no pudiendo ser impugnadas o anuladas por ninguna causa.
Las órdenes de transferencia cursadas a un sistema por sus participantes no podrán ser revocadas por los participantes o por terceros a partir del momento determinado por las normas de funcionamiento del sistema.
Cada sistema determinará en sus propias normas los momentos de irrevocabilidad y firmeza de las órdenes de transferencia, y en el caso de los sistemas interoperables, las normas de cada uno de ellos garantizarán, en la medida de lo posible, la coordinación con las normas de los otros sistemas afectados en cuanto a la determinación de tales momentos. No obstante, salvo que así lo establezcan expresamente las normas de todos los sistemas interoperables entre sí, las normas de cada uno de ellos relativas a los momentos de irrevocabilidad y firmeza no se verán afectadas por las de los demás.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior:
a) Se entiende sin perjuicio de las acciones que puedan asistir a los órganos concursales o a cualquier acreedor para exigir, en su caso, las indemnizaciones que correspondan, o las responsabilidades que procedan, por una actuación contraria a derecho o por cualquier otra causa, de quienes hubieran realizado dicha actuación o de los que indebidamente hubieran resultado beneficiarios de las operaciones realizadas.
b) No implica obligación alguna para el gestor o agente de liquidación de garantizar o suplir la falta de efectivo o de valores de un participante, a efectos de llevar a cabo la liquidación de una orden o una compensación, ni la obligación de emplear a tal fin medios distintos de los previstos en las normas de funcionamiento del sistema.
3. Los saldos favorables que arrojen las cuentas de efectivo abiertas en el Banco de España destinadas a la liquidación de operaciones realizadas en un sistema reconocido de acuerdo con lo previsto en esta Ley o por la legislación de otro Estado miembro de la Unión Europea, al amparo de la Directiva 98/26/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores, quedarán afectos al cumplimiento de las obligaciones de las entidades participantes de acuerdo con las normas de funcionamiento del mismo, no pudiendo ser objeto de embargo, traba, gravamen ni ninguna otra medida judicial o administrativa de ejecución, restricción o retención de cualquier naturaleza, hasta que haya finalizado la sesión de liquidación diaria del sistema correspondiente.»
Dos. Se añade un párrafo final al apartado 1 del artículo 14, que pasa a tener la siguiente redacción:
«1. Los derechos de un gestor de sistema o de un participante respecto de las garantías constituidas a su favor en un sistema o en cualquier sistema interoperable no se verán afectados, gozando de un derecho absoluto de separación, por los procedimientos de insolvencia incoados contra:
a) El participante en el sistema de que se trate o en un sistema interoperable,
b) un gestor de sistema de un sistema interoperable que no sea un participante,
c) una contraparte de los bancos centrales de los Estados miembros o del Banco Central Europeo, o
d) cualquier tercero que haya constituido las garantías.
Dichas garantías podrán ejecutarse para satisfacer los derechos citados.
Si un gestor de sistema hubiera constituido una garantía a favor de otro gestor de sistema en relación con un sistema interoperable, sus derechos respecto de las garantías por él constituidas no se verán afectados por los procedimientos de insolvencia incoados contra el operador de sistema que las haya recibido, gozando de un derecho absoluto de separación.»
Artículo segundo. Modificación del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
Se añade una letra p) al artículo 234.2, con la siguiente redacción:
«p) Suspender cautelarmente el ejercicio de los derechos de voto asociados a las acciones adquiridas hasta que se constate el cumplimiento de las obligaciones de información establecidas en el artículo 125, en el momento de la incoación o en el transcurso de un expediente sancionador.»
TÍTULO II
Transposición de directiva de la Unión Europea en materia de ejercicio de acciones de daños por infracciones del Derecho de la competencia
Artículo tercero. Modificación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en materia de ejercicio de las acciones de daños y perjuicios por infracciones del Derecho de la competencia.
Uno. Se modifica la letra c) del número 3 del artículo 64 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia que queda redactada como sigue:
«c) La realización de actuaciones tendentes a reparar el daño causado.
Se considerará atenuante cualificada el efectivo resarcimiento del daño con anterioridad a que se dicte la resolución.»
Dos. Se introduce un nuevo Título VI con el siguiente enunciado y contenido en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia:
«TÍTULO VI
De la compensación de los daños causados por las prácticas restrictivas de la competencia
Artículo 71. Responsabilidad por las infracciones del Derecho de la competencia.
1. Los infractores del Derecho de la competencia serán responsables de los daños y perjuicios causados.
2. A efectos de este título:
a) Se considera como infracción del Derecho de la competencia toda infracción de los artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o de los artículos 1 o 2 de la presente ley.
b) La actuación de una empresa es también imputable a las empresas o personas que la controlan, excepto cuando su comportamiento económico no venga determinado por alguna de ellas.
Artículo 72. Derecho al pleno resarcimiento.
1. Cualquier persona física o jurídica que haya sufrido un perjuicio ocasionado por una infracción del Derecho de la competencia, tendrá derecho a reclamar al infractor y obtener su pleno resarcimiento ante la jurisdicción civil ordinaria.
2. El pleno resarcimiento consistirá en devolver a la persona que haya sufrido un perjuicio a la situación en la que habría estado de no haberse cometido la infracción del Derecho de la competencia. Por tanto dicho resarcimiento comprenderá el derecho a la indemnización por el daño emergente y el lucro cesante, más el pago de los intereses.
3. El pleno resarcimiento no conllevará una sobrecompensación por medio de indemnizaciones punitivas, múltiples o de otro tipo.
Artículo 73. Responsabilidad conjunta y solidaria.
1. Las empresas y las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas, que hubieran infringido de forma conjunta el Derecho de la competencia serán solidariamente responsables del pleno resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la infracción.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y sin perjuicio del derecho al pleno resarcimiento, cuando el infractor fuera una pequeña o mediana empresa conforme a la definición dada en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, sólo será responsable ante sus propios compradores directos e indirectos en el caso de que:
a) su cuota de mercado en el respectivo mercado fuera inferior al cinco por ciento en todo momento durante la infracción, y
b) la aplicación del régimen de responsabilidad solidaria previsto en el apartado 1 mermara irremediablemente su viabilidad económica y causara una pérdida de todo el valor de sus activos.
3. La excepción prevista en el apartado 2 no se aplicará cuando:
a) La empresa hubiese dirigido la infracción o coaccionado a otras empresas para que participaran en la infracción, o
b) la empresa hubiese sido anteriormente declarada culpable de una infracción del Derecho de la competencia.
4. Como excepción al apartado 1, los sujetos beneficiarios de la exención del pago de multa en el marco de un programa de clemencia serán responsables solidariamente:
a) Ante sus compradores o proveedores directos o indirectos, y
b) ante otras partes perjudicadas solo cuando no se pueda obtener el pleno resarcimiento de las demás empresas que estuvieron implicadas en la misma infracción del Derecho de la competencia.
5. El infractor que hubiera pagado una indemnización podrá repetir contra el resto de los infractores por una cuantía que se determinará en función de su responsabilidad relativa por el perjuicio causado.
El importe de la contribución del infractor beneficiario de la exención del pago de multa en el marco de un programa de clemencia no excederá de la cuantía del perjuicio que haya ocasionado a sus propios compradores o proveedores directos o indirectos. Cuando el perjuicio se cause a una persona o empresa distinta de los compradores o proveedores directos o indirectos de los infractores, el importe de cualquier contribución del beneficiario anteriormente citado a otros infractores se determinará en función de su responsabilidad relativa por dicho perjuicio.
Artículo 74. Plazo para el ejercicio de las acciones de daños.
1. La acción para exigir la responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las infracciones del Derecho de la competencia prescribirá a los cinco años.
2. El cómputo del plazo comenzará en el momento en el que hubiera cesado la infracción del Derecho de la competencia y el demandante tenga conocimiento o haya podido razonablemente tener conocimiento de las siguientes circunstancias:
a) La conducta y el hecho de que sea constitutiva de una infracción del Derecho de la competencia;
b) el perjuicio ocasionado por la citada infracción; y
c) la identidad del infractor.
3. El plazo se interrumpirá si una autoridad de la competencia inicia una investigación o un procedimiento sancionador en relación con una infracción del Derecho de la competencia relacionados con la acción de daños. La interrupción terminará un año después de que la resolución adoptada por la autoridad de competencia sea firme o se dé por concluido el procedimiento de cualquier otra forma.
4. Asimismo se interrumpirá el plazo cuando se inicie cualquier procedimiento de solución extrajudicial de controversias sobre la reclamación de los daños y perjuicios ocasionados. La interrupción, sin embargo, solo se aplicará en relación con las partes que estuvieran inmersas o representadas en la solución extrajudicial de la controversia.
Artículo 75. Efecto de las resoluciones de las autoridades de la competencia o de los tribunales competentes.
1. La constatación de una infracción del Derecho de la competencia hecha en una resolución firme de una autoridad de la competencia española o de un órgano jurisdiccional español se considerará irrefutable a los efectos de una acción por daños ejercitada ante un órgano jurisdiccional español.
2. En aquellos casos en los que, debido al ejercicio de las acciones de daños por infracción de las normas de la competencia se reclamen daños y perjuicios, se presumirá, salvo prueba en contrario, la existencia de una infracción del Derecho de la competencia cuando haya sido declarada en una resolución firme de una autoridad de la competencia u órgano jurisdiccional de cualquier otro Estado miembro, y sin perjuicio de que pueda alegar y probar hechos nuevos de los que no tuvo conocimiento en el procedimiento originario.
3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los tribunales en virtud del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Artículo 76. Cuantificación de los daños y perjuicios.
1. La carga de la prueba de los daños y perjuicios sufridos por la infracción del Derecho de la competencia corresponderá a la parte demandante.
2. Si se acreditara que el demandante sufrió daños y perjuicios pero resultara prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificarlos con precisión en base a las pruebas disponibles, los tribunales estarán facultados para estimar el importe de la reclamación de los daños.
3. Se presumirá que las infracciones calificadas como cártel causan daños y perjuicios, salvo prueba en contrario.
4. En los procedimientos relativos a las reclamaciones de daños y perjuicios por infracciones del Derecho de la competencia, las autoridades de la competencia españolas podrán informar sobre los criterios para la cuantificación de las indemnizaciones que los infractores deban satisfacer a quienes hubiesen resultado perjudicados como consecuencia de aquéllas, cuando le sea requerido por el tribunal competente.
Artículo 77. Efectos de las soluciones extrajudiciales sobre el derecho al resarcimiento de los daños.
1. El derecho al resarcimiento de daños y perjuicios de la persona perjudicada que hubiera sido parte en un acuerdo extrajudicial se reducirá en la parte proporcional que el sujeto infractor con quien hubiera alcanzado el acuerdo tenga en el perjuicio que la infracción del Derecho de la competencia le ocasionó.
2. Los infractores con los que no se hubiera alcanzado un acuerdo extrajudicial no podrán exigir del infractor que hubiera sido parte en el acuerdo una contribución por la indemnización restante.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando los coinfractores que no hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial no pudieran pagar la indemnización restante, la persona perjudicada podrá reclamársela a aquel con quien celebró el acuerdo, salvo pacto en contrario.
4. Al determinar el importe de la contribución que un coinfractor puede recuperar de cualquier otro coinfractor con arreglo a su responsabilidad relativa por el daño causado por la infracción del Derecho de la competencia, los tribunales tendrán debidamente en cuenta los daños y perjuicios abonados en el contexto de un acuerdo extrajudicial previo en el que haya participado el coinfractor respectivo.
Artículo 78. Sobrecostes y derecho al pleno resarcimiento.
1. El derecho al resarcimiento enunciado en este título se referirá únicamente al sobrecoste efectivamente soportado por el perjudicado, que no haya sido repercutido y le haya generado un daño.
En ningún caso el resarcimiento del daño emergente sufrido en cualquier nivel de la cadena podrá superar el perjuicio del sobrecoste a ese nivel.
El derecho al pleno resarcimiento también conllevará el derecho del perjudicado a reclamar y obtener una indemnización por lucro cesante como consecuencia de una repercusión total o parcial de los sobrecostes.
2. Los tribunales estarán facultados para calcular con arreglo a derecho la parte del sobrecoste repercutido.
3. El demandado podrá invocar en su defensa el hecho de que el demandante haya repercutido la totalidad o una parte del sobrecoste resultante de la infracción del Derecho de la Competencia.
La carga de la prueba de que el sobrecoste se repercutió recaerá en el demandado, que podrá exigir, en una medida razonable, la exhibición de pruebas en poder del demandante o de terceros.
Artículo 79. Prueba de sobrecostes y de su repercusión.
1. Cuando en el ejercicio de una acción de daños la existencia de la reclamación o la determinación del importe de la indemnización dependa de si se repercutió un sobrecoste al demandante o en qué medida se repercutió, teniendo en cuenta la práctica comercial de que los aumentos de precio se repercuten sobre puntos posteriores de la cadena de suministro, la carga de la prueba de la existencia y cuantía de tal repercusión recaerá sobre la parte demandante, que podrá exigir, en una medida razonable, la exhibición de pruebas en poder del demandado o de terceros.
2. Se presumirá que el comprador indirecto ha acreditado que se le repercutió el sobrecoste cuando pruebe que:
a) El demandado ha cometido una infracción del Derecho de la competencia;
b) la infracción del Derecho de la competencia tuvo como consecuencia un sobrecoste para el comprador directo del demandado; y
c) el comprador indirecto adquirió los bienes o servicios objeto de la infracción del Derecho de la competencia, o adquirió bienes o servicios derivados de aquellos o que los contuvieran.
La presunción quedará sin efecto si la parte demandada probase que los sobrecostes no se repercutieron, en todo o en parte, en el comprador indirecto.
Artículo 80. Acciones de daños ejercitadas por demandantes situados en distintos niveles de la cadena de suministro.
1. Con el fin de evitar que las acciones de daños ejercitadas por los demandantes de distintos niveles de la cadena de suministro aboquen a una responsabilidad múltiple o a la ausencia de responsabilidad del infractor, los tribunales que conozcan de una reclamación por daños y perjuicios derivados de una infracción del Derecho de la competencia, a la hora de evaluar si se cumplen las reglas de la carga de la prueba sobre repercusión de sobrecostes establecidas en los artículos precedentes, podrán, a través de los medios disponibles en el marco del derecho de la Unión Europea o del Derecho nacional, tomar en consideración debidamente los siguientes elementos:
a) Las acciones por daños que estén relacionadas con la misma infracción del Derecho de la competencia, pero hayan sido interpuestas por demandantes situados en otros niveles de la cadena de suministro;
b) las resoluciones derivadas de acciones por daños a que se refiere la letra anterior;
c) la información pertinente de dominio público derivada de la aplicación pública del Derecho de la competencia.
2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales de conformidad con el artículo 30 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012.
Artículo 81. Efecto suspensivo de la solución extrajudicial de controversias.
Los tribunales que conozcan de una acción de daños por infracciones del Derecho de la competencia podrán suspender el procedimiento durante un máximo de dos años en caso de que las partes en el procedimiento estén intentando una vía de solución extrajudicial de la controversia relacionada con la citada pretensión.»
Tres. Se modifica el apartado 2 y se introduce un nuevo apartado 3 en la disposición adicional cuarta de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, con la siguiente redacción:
«2. A efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por cártel todo acuerdo o práctica concertada entre dos o más competidores cuyo objetivo consista en coordinar su comportamiento competitivo en el mercado o influir en los parámetros de la competencia mediante prácticas tales como, entre otras, la fijación o la coordinación de precios de compra o de venta u otras condiciones comerciales, incluso en relación con los derechos de la propiedad intelectual e industrial; la asignación de cuotas de producción o de venta; el reparto de mercados y clientes, incluidas las colusiones en licitaciones, las restricciones de las importaciones o exportaciones o las medidas contra otros competidores contrarias a la competencia.
3. A efectos de lo dispuesto en el Título VI de esta ley se entenderá por:
1) “acción por daños”: toda acción conforme al Derecho nacional, mediante la cual una parte presuntamente perjudicada, o una persona en representación de una o varias partes presuntamente perjudicadas cuando el Derecho de la Unión o nacional prevean esta facultad, o una persona física o jurídica que se haya subrogado en los derechos de la parte presuntamente perjudicada, incluida la persona que haya adquirido la acción, presente ante un órgano jurisdiccional nacional una reclamación tendente al resarcimiento de daños y perjuicios;
2) “programa de clemencia”: todo programa relativo a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o una disposición análoga de la legislación nacional según el cual un participante en un cártel secreto, independientemente de las otras empresas implicadas, coopera con la investigación de la autoridad de la competencia, facilitando voluntariamente declaraciones de lo que él mismo conozca del cártel y de su papel en el mismo, a cambio de lo cual recibe, mediante una decisión o un sobreseimiento del procedimiento, la exención del pago de cualquier multa por su participación en el cártel o una reducción de la misma;
3) “declaración en el marco de un programa de clemencia”: toda declaración, verbal o escrita, efectuada voluntariamente por una empresa o una persona física, o en su nombre, a una autoridad de la competencia, o la documentación al respecto, en la que se describan los conocimientos que esa empresa o persona física posea sobre un cártel y su papel en el mismo, y que se haya elaborado específicamente para su presentación a la autoridad con el fin de obtener la exención o una reducción del pago de las multas en el marco de un programa de clemencia, sin que esta definición incluya la información preexistente;
4) “información preexistente”: las pruebas que existen independientemente del procedimiento de una autoridad de la competencia, tanto si esa información consta en el expediente de una autoridad de la competencia como si no;
5) “solicitud de transacción”: toda declaración efectuada voluntariamente por una empresa, o en su nombre, a una autoridad de la competencia en la que se reconozca o renuncie a discutir su participación y responsabilidad en una infracción del Derecho de la competencia, y que haya sido elaborada específicamente para que la autoridad de la competencia pueda aplicar un procedimiento simplificado o acelerado;
6) “sobrecoste”: la diferencia entre el precio realmente pagado y el precio que habría prevalecido de no haberse cometido una infracción del Derecho de la competencia;
7) “comprador directo”: una persona física o jurídica que haya adquirido directamente de un infractor productos o servicios que fueron objeto de una infracción del Derecho de la competencia;
8) “comprador indirecto”: una persona física o jurídica que haya adquirido no directamente del infractor sino de un comprador directo o de uno posterior, productos o servicios que fueron objeto de una infracción del Derecho de la competencia, o productos o servicios que los contengan o se deriven de ellos.»
Artículo cuarto. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Se introduce en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, una nueva Sección 1.ª bis dentro del Capítulo V («De la prueba: disposiciones generales») del Título I («De las disposiciones comunes a los procesos declarativos») del Libro II («De los procesos declarativos»), con la siguiente rúbrica y contenido:
«Sección 1.ª bis. Del acceso a las fuentes de prueba en procedimientos de reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia
Artículo 283 bis a) Exhibición de las pruebas en procesos para el ejercicio de acciones por daños derivados de infracciones del Derecho de la competencia.
1. Previa solicitud de una parte demandante que haya presentado una motivación razonada que contenga aquellos hechos y pruebas a los que tenga acceso razonablemente, que sean suficientes para justificar la viabilidad del ejercicio de acciones por daños derivados de infracciones del Derecho de la competencia, el tribunal podrá ordenar que la parte demandada o un tercero exhiba las pruebas pertinentes que tenga en su poder, a reserva de las condiciones establecidas en la presente sección. El tribunal también podrá ordenar a la parte demandante o un tercero la exhibición de las pruebas pertinentes, a petición del demandado.
Esta solicitud podrá hacer referencia, entre otros, a los siguientes datos:
a) La identidad y direcciones de los presuntos infractores.
b) Las conductas y prácticas que hubieran sido constitutivas de la presunta infracción.
c) La identificación y el volumen de los productos y servicios afectados.
d) La identidad y direcciones de los compradores directos e indirectos de los productos y servicios afectados.
e) Los precios aplicados sucesivamente a los productos y servicios afectados, desde la primera transmisión hasta la puesta a disposición de los consumidores o usuarios finales.
f) La identidad del grupo de afectados.
El presente apartado se entiende sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los tribunales españoles que derivan del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil.
2. El tribunal podrá ordenar la exhibición de piezas específicas de prueba o de categorías pertinentes de pruebas, lo más limitadas y acotadas como sea posible atendiendo a los hechos razonablemente disponibles en la motivación razonada.
3. El tribunal limitará la exhibición de las pruebas a lo que sea proporcionado. A la hora de determinar si la exhibición solicitada por una parte es proporcionada, el tribunal tomará en consideración los intereses legítimos de todas las partes y de todos los terceros interesados. En particular, tendrá en cuenta:
a) la medida en que la reclamación o la defensa esté respaldada por hechos y pruebas disponibles que justifiquen la solicitud de exhibición de pruebas;
b) el alcance y el coste de la exhibición de las pruebas, especialmente para cualquier tercero afectado, también para evitar las búsquedas indiscriminadas de información que probablemente no llegue a ser relevante para las partes en el procedimiento;
c) el hecho de que las pruebas cuya exhibición se pide incluyen información confidencial, especialmente en relación con terceros, y las disposiciones existentes para proteger dicha información confidencial.
Artículo 283 bis b) Reglas sobre confidencialidad.
1. El tribunal podrá ordenar la exhibición de las pruebas que contengan información confidencial cuando lo considere pertinente en casos de acciones por daños. El tribunal, cuando ordene exhibir esa información y lo considere oportuno, adoptará las medidas necesarias para proteger la confidencialidad, en los términos previstos en este artículo.
2. El interés de las empresas en evitar acciones por daños a raíz de una infracción del Derecho de la competencia no constituirá un interés que justifique protección.
3. Cuando ordene la exhibición de las pruebas el tribunal dará pleno efecto a las reglas de confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente que resulten aplicables, así como a las reglas sobre deber de guardar secreto.
4. El tribunal tendrá en cuenta si la fuente de prueba a la que pretende accederse incluye información confidencial, especialmente en relación con terceros, y las disposiciones existentes para proteger dicha información confidencial.
5. Cuando lo considere necesario, a la luz de las circunstancias del caso concreto, el tribunal podrá ordenar el acceso del solicitante a fuentes de prueba que contengan información confidencial, tomando en todo caso medidas eficaces para protegerla.
A estos efectos, el tribunal podrá adoptar, entre otras, las siguientes medidas:
1.ª Disociar pasajes sensibles en documentos o en otros soportes.
2.ª Realizar audiencias a puerta cerrada o restringir el acceso a las mismas.
3.ª Limitar las personas a las que se permite examinar las pruebas.
4.ª Encargar a peritos la elaboración de resúmenes de la información en una forma agregada no confidencial o en cualquier otra forma no confidencial.
5.ª Redactar una versión no confidencial de una resolución judicial en la que se hayan suprimido pasajes que contengan datos confidenciales.
6.ª Limitar el acceso a determinadas fuentes de prueba a los representantes y defensores legales de las partes y a peritos sujetos a obligación de confidencialidad.
Artículo 283 bis c) Gastos y caución.
1. Los gastos que ocasione la práctica de las medidas de acceso a fuentes de prueba serán a cargo del solicitante. El solicitante responderá también de los daños y perjuicios que pueda causar a resultas de una utilización indebida de aquéllas.
2. La persona de quien se interese una medida de acceso a fuentes de prueba podrá pedir al tribunal que el solicitante preste caución suficiente para responder de los gastos, así como de los daños y perjuicios que se le pudieran irrogar. El tribunal accederá o no a esta petición y, en su caso, determinará el importe de la caución. La caución podrá otorgarse en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 529 de esta ley.
3. No podrá exigirse una caución que por su inadecuación impida el ejercicio de las facultades previstas en esta sección.
Artículo 283 bis d) Competencia.
1. Será tribunal competente para conocer de las solicitudes sobre medidas de acceso a fuentes de prueba el que esté conociendo del asunto en primera instancia o, si el proceso no se hubiese iniciado, el que sea competente para conocer de la demanda principal.
2. No se admitirá declinatoria en las medidas de acceso a fuentes de prueba, pero el tribunal al que se soliciten revisará de oficio su competencia y si entendiese que no le corresponde conocer de la solicitud, se abstendrá de conocer indicando al solicitante el tribunal al que debe acudir. Si éste se inhibiere en su competencia, decidirá el conflicto negativo el tribunal inmediato superior común, según lo previsto en el artículo 60 de la presente ley.
Artículo 283 bis e) Momento para la solicitud de medidas de acceso a fuentes de prueba.
1. Las medidas de acceso a fuentes de prueba podrán solicitarse antes de la incoación del proceso, en la demanda, o durante la pendencia del proceso.
2. Cuando las medidas se hubieran acordado antes de la incoación del proceso el solicitante habrá de presentar demanda en los veinte días siguientes a la terminación de su práctica. En caso de no hacerlo:
a) El tribunal, de oficio, condenará en costas al solicitante y declarará que es responsable de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto respecto del cual se adoptaron las medidas, que podrán hacerse efectivos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 712 y siguientes de esta ley;
b) el tribunal, a instancia de la parte perjudicada, podrá acordar las medidas necesarias para la revocación de los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados, incluida, en particular, la devolución de todo tipo de documentos, actas, testimonios y objetos; asimismo, también a instancia de la parte perjudicada, podrá declarar que los datos e informaciones recabados por el solicitante no puedan ser utilizados por éste en ningún otro proceso, cuando se aprecie abuso por su parte. Estas peticiones se sustanciarán por los cauces del procedimiento previsto en el artículo siguiente.
Artículo 283 bis f) Procedimiento.
1. Recibida la solicitud, se dará traslado a la persona frente a la que se solicite la medida y, en su caso, también a la persona frente a la que se ejercite o pretenda ejercitarse la pretensión o la defensa, y se citará a todas las partes a una vista oral, que habrá de celebrarse dentro de los diez días siguientes sin necesidad de seguir el orden de los asuntos pendientes cuando así lo exija la efectividad de la medida solicitada.
2. La solicitud de medidas de acceso a fuentes de prueba puede incluir también la solicitud de medidas de aseguramiento de prueba, si procedieren con arreglo a los artículos 297 y 298 de esta ley. En tal caso, se seguirá el procedimiento previsto en este artículo.
3. En la vista, los sujetos interesados podrán exponer lo que convenga a su derecho, sirviéndose de cuantas pruebas dispongan, que se admitirán y practicarán si fueran útiles y pertinentes.
4. Terminada la vista, el tribunal, en el plazo de cinco días, decidirá mediante auto. Contra esta resolución cabrá recurso de reposición, con efectos suspensivos, y si se desestimare la parte perjudicada podrá, en su caso, hacer valer sus derechos en la segunda instancia; pero si se tratare de solicitud formulada con carácter previo a la interposición de la demanda, cabrá directamente recurso de apelación. La parte apelante podrá solicitar la suspensión de la eficacia de la resolución impugnada. El tribunal de apelación se pronunciará sobre la suspensión solicitada mediante providencia sucintamente motivada que habrá de dictar tras la recepción de los autos, quedando entre tanto en suspenso la resolución impugnada.
5. Las costas se impondrán con arreglo a los criterios generales establecidos en esta ley.
Artículo 283 bis g) Ejecución de la medida de acceso a fuentes de prueba.
1. En caso de que sea acordada por el tribunal, la prestación de caución será siempre previa a cualquier acto de cumplimiento de la medida acordada.
2. El tribunal empleará los medios que fueran necesarios para la ejecución de la medida acordada y dispondrá lo que proceda sobre el lugar y modo en el que haya de cumplirse. En particular, cuando la medida acordada consista en el examen de documentos y títulos, el solicitante podrá acudir asesorado por un experto en la materia, que actuará siempre a su costa.
3. De ser necesario podrá acordar mediante auto la entrada y registro de lugares cerrados y domicilios, y la ocupación de documentos y objetos que en ellos se encuentren.
4. A instancia de cualquiera de las partes el tribunal dictará providencia dando por terminada la práctica de la medida.
Artículo 283 bis h) Consecuencias de la obstrucción a la práctica de las medidas de acceso a fuentes de prueba.
1. Si el destinatario de la medida destruyese u ocultase las fuentes de prueba, o de cualquier otro modo imposibilitase el acceso efectivo a éstas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior y de la responsabilidad penal en la que en su caso se pudiera incurrir por desobediencia a la autoridad judicial, el solicitante podrá pedir al tribunal que imponga alguna o algunas de las siguientes medidas:
a) Que declare como admitidos hechos a los cuales las fuentes de prueba supuestamente se referían. A estos efectos, el solicitante fijará con precisión los hechos a los que, a su juicio, debe extenderse esta declaración.
b) Que tenga al demandado o futuro demandado por tácitamente allanado a las pretensiones formuladas o que se vayan a formular. A estos efectos, el solicitante fijará con precisión cuáles son las pretensiones en relación con las cuales se debe declarar un allanamiento táctico.
c) Que desestime total o parcialmente las excepciones o reconvenciones que el sujeto afectado por la medida pudiese ejercitar en el proceso principal. A estos efectos, el solicitante fijará con precisión las excepciones o reconvenciones a los que, a su juicio, debe extenderse la desestimación.
d) Que imponga al destinatario de las medidas una multa coercitiva que oscilará entre 600 y 60.000 de euros por día de retraso en el cumplimiento de la medida.
2. A cualquiera de las medidas anteriores se podrá añadir la solicitud de que se condene al destinatario de la medida en las costas del incidente de acceso a las fuentes de prueba y en las costas del proceso principal, cualquiera que sea el resultado de éste.
3. El tribunal dará traslado de esta petición a las demás partes por un plazo de diez días para que formulen alegaciones por escrito, tras lo cual resolverá mediante auto, que será recurrible en apelación.
Artículo 283 bis i) Exhibición de las pruebas contenidas en un expediente de una autoridad de la competencia.
1. La exhibición de las pruebas contenidas en un expediente de una autoridad de la competencia se regirá por lo dispuesto en este artículo, y, en lo que resulten supletoriamente aplicables, por las disposiciones generales de esta sección.
2. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las normas y prácticas en materia de acceso público a los documentos con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1049/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.
3. Lo dispuesto en este artículo también se entiende sin perjuicio de las normas y prácticas del Derecho de la Unión o del Derecho español sobre la protección de los documentos internos de las autoridades de la competencia y de la correspondencia entre las autoridades de la competencia.
4. Al evaluar la proporcionalidad de una orden de exhibición de información, el tribunal, además de lo exigido en el artículo 283 bis a), examinará:
a) si la solicitud ha sido formulada específicamente con arreglo a la naturaleza, el objeto o el contenido de los documentos presentados a una autoridad de la competencia o conservados en los archivos de dicha autoridad, en lugar de mediante una solicitud no específica relativa a documentos facilitados a una autoridad de la competencia;
b) si la parte que solicita la exhibición lo hace en relación con una acción por daños ante un órgano jurisdiccional nacional, y
c) en relación con los apartados 5 y 10 de este artículo, o a petición de una autoridad de la competencia con arreglo al apartado 11 de este artículo, la necesidad de preservar la eficacia de la aplicación pública del Derecho de la competencia.
5. El tribunal podrá ordenar la exhibición de las siguientes categorías de pruebas únicamente después de que una autoridad de la competencia haya dado por concluido su procedimiento mediante la adopción de una resolución o de otro modo:
a) La información que fue preparada por una persona física o jurídica específicamente para un procedimiento de una autoridad de la competencia;
b) la información que las autoridades de la competencia han elaborado y que ha sido enviada a las partes en el curso de su procedimiento, y
c) las solicitudes de transacción que se hayan retirado.
6. En ningún momento podrá el tribunal ordenar a una parte o a un tercero la exhibición de cualquiera de las siguientes categorías de pruebas:
a) las declaraciones en el marco de un programa de clemencia, y
b) las solicitudes de transacción.
7. Un demandante podrá presentar una solicitud motivada para que un tribunal acceda a las pruebas a las que se refiere el apartado 6, letras a) o b), con el único objeto de asegurar que sus contenidos se ajusten a las definiciones de declaración en el marco de un programa de clemencia y solicitud de transacción del apartado tercero de la disposición adicional cuarta de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. En dicha evaluación, los tribunales podrán pedir asistencia solamente a las autoridades de la competencia competentes. También se ofrecerá a los autores de las pruebas de que se trate la posibilidad de ser oídos. El órgano jurisdiccional nacional no permitirá en ningún caso el acceso de otras partes o de terceros a esas pruebas.
8. Si solo algunas partes de la prueba solicitada se ven cubiertas por el apartado 6, las restantes partes serán exhibidas, en función de la categoría en la que estén incluidas, con arreglo a las disposiciones pertinentes del presente artículo.
9. En las acciones por daños podrá ordenarse en todo momento la exhibición de pruebas que figuren en el expediente de una autoridad de la competencia y no se encuadren en ninguna de las categorías enumeradas en el presente artículo.
10. El tribunal no requerirá a las autoridades de la competencia la exhibición de pruebas contenidas en los expedientes de estas, salvo que ninguna parte o ningún tercero sea capaz, en una medida razonable, de aportar dichas pruebas.
11. En la medida en que una autoridad de la competencia desee manifestar su punto de vista sobre la proporcionalidad de los requerimientos de exhibición, podrá presentar, por propia iniciativa, observaciones ante el tribunal llamado a decidir sobre la admisibilidad de dicha exhibición.
Artículo 283 bis j) Límites impuestos al uso de pruebas obtenidas exclusivamente a través del acceso al expediente de una autoridad de la competencia.
1. Las pruebas que se encuadren en las categorías definidas en el apartado 6 del artículo anterior, que sean obtenidas por una persona física o jurídica exclusivamente a través del acceso al expediente de una autoridad de la competencia, no serán admisibles en las acciones por daños derivados de infracciones al Derecho de la competencia.
2. Hasta que la autoridad de la competencia haya dado por concluido el procedimiento con la adopción de una decisión o de otro modo, las pruebas que se encuadren en las categorías definidas en el apartado 5 del artículo anterior, que sean obtenidas por una persona física o jurídica exclusivamente a través del acceso al expediente de esa autoridad de la competencia, no se considerarán admisibles en las acciones por daños derivados de infracciones al Derecho de la competencia o bien quedarán protegidas de otro modo con arreglo a las normas aplicables.
3. Las pruebas que sean obtenidas por una persona física o jurídica exclusivamente mediante el acceso al expediente de una autoridad de la competencia y que no estén contempladas en los apartados 1 o 2 de este artículo sólo podrán ser utilizadas en una acción por daños derivados de infracciones al Derecho de la competencia por dicha persona o por la persona física o jurídica que sea sucesora de sus derechos, incluida la persona que haya adquirido su reclamación.
Artículo 283 bis k) Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad y uso de las fuentes de prueba.
1. Sin perjuicio de la responsabilidad penal en que en su caso pudiera incurrirse por delito de desobediencia a la autoridad judicial, en caso de que se incumpliere algún deber de confidencialidad en el uso de fuentes de prueba o se incumplieren los límites en el uso de dichas fuentes de prueba, la parte perjudicada podrá solicitar al tribunal que imponga alguna o algunas de las siguientes medidas:
a) La desestimación total o parcial de la acción o excepciones ejercitadas u opuestas en el proceso principal, si éste se encontrase pendiente en el momento de formularse la solicitud. A estos efectos, la parte perjudicada fijará con precisión las acciones o excepciones que deban desestimarse.
b) Que declare al infractor civilmente responsable de los daños y perjuicios causados y le condene a su pago. La cuantía de los daños podrá determinarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 712 y siguientes de esta ley.
c) Que se condene al infractor en las costas del incidente de acceso a las fuentes de prueba y en las costas del proceso principal, cualquiera que sea el resultado de éste.
2. Si el tribunal apreciare que el incumplimiento no es grave podrá, en vez de acceder a lo solicitado por la parte perjudicada, imponer al infractor una multa que oscilará entre 6.000 y 1.000.000 de euros. A estos efectos, se podrá considerar infractor tanto a la parte como a sus representantes y defensores legales, pudiéndose imponer multas separadas a cada uno de ellos.
3. El tribunal dará traslado de la solicitud a que se refiere el apartado 1 a las demás partes por un plazo de diez días para que formulen alegaciones por escrito, tras lo cual resolverá mediante auto, que será recurrible en apelación.»
TÍTULO III
Transposición de directivas de la Unión Europea en materia sanitaria
Artículo quinto. Modificación del Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.
El Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos, queda modificado en los siguientes términos:
Uno. Se añaden nuevas letras desde la y) hasta la ap) en el apartado 1 del artículo 2, con la siguiente redacción:
«y) Código único europeo o “SEC” (por sus siglas en inglés): identificador único que se aplica a los tejidos y las células distribuidos en la Unión Europea que consiste en una secuencia de identificación de la donación y una secuencia de identificación del producto, tal como se detalla en el anexo VII.
z) Secuencia de identificación de la donación: primera parte del código único europeo, que consta del código del establecimiento de tejidos de la Unión Europea y del número único de donación.
aa) Código del establecimiento de tejidos de la UE: identificador único para los establecimientos de tejidos acreditados, designados, autorizados o aprobados en la Unión Europea que consta de un código de país ISO y del número del establecimiento de tejidos que figura en el Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE, tal como se detalla en el anexo VII.
ab) Número único de donación: número único asignado a una donación concreta de tejidos y células de conformidad con el sistema vigente en España para asignar tales números, tal como se detalla en el anexo VII.
ac) Secuencia de identificación del producto: segunda parte del código único europeo, que consta del código del producto, el número de sublote y la fecha de caducidad.
ad) Código del producto: identificador para el tipo específico de tejido o célula en cuestión que consta del identificador del sistema de codificación del producto que indica el sistema de codificación empleado por el establecimiento de tejidos (“E” para el EUTC, “A” para ISBT128 y “B” para Eurocode) y el número de producto de los tejidos y las células previsto en el sistema de codificación respectivo para el tipo de producto, tal como se detalla en el anexo VII.
ae) Número de sublote: número que distingue e identifica de manera única a los tejidos y las células que tienen el mismo número único de donación y el mismo código de producto y son originarios del mismo establecimiento de tejidos, tal como se detalla en el anexo VII.
af) Fecha de caducidad: la fecha hasta la cual pueden aplicarse los tejidos y las células, tal como se detalla en el anexo VII.
ag) Plataforma de Codificación de la UE: plataforma informática, albergada por la Comisión, que contiene el Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE y el Compendio de Productos Celulares.
ah) Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE: registro de todos los establecimientos de tejidos que han sido autorizados, aprobados, designados o acreditados por la autoridad o las autoridades competentes de los Estados miembros y que contiene la información sobre dichos establecimientos de tejidos, como se expone en el anexo IX.
ai) Compendio de Productos Tisulares y Celulares de la UE: registro de todos los tipos de tejidos y células que circulan en la Unión Europea y los códigos de producto respectivos con arreglo a los tres sistemas de codificación permitidos (EUTC, ISBT128 y Eurocode).
aj) EUTC: sistema de codificación de productos para tejidos y células desarrollado por la Unión Europea, que consta de un registro de todos los tipos de tejidos y células que circulan en la Unión Europea y sus códigos de producto correspondientes.
ak) Puesta en circulación: distribución para la aplicación en seres humanos o la transferencia a otro operador, por ejemplo, para el procesamiento posterior, con o sin retorno.
al) En el mismo centro: significa que todas las fases del proceso, desde la obtención hasta la aplicación en seres humanos, se llevan a cabo bajo la misma persona responsable, el mismo sistema de gestión de calidad y el mismo sistema de trazabilidad, en un centro de asistencia sanitaria que englobe, como mínimo, un establecimiento autorizado y una organización responsable de la aplicación en seres humanos en el mismo lugar.
am) Agrupación en lotes: contacto físico o mezcla, en un mismo contenedor, de tejidos o células procedentes de más de una obtención de un mismo donante, o procedentes de dos o más donantes.
an) Emergencia: toda situación imprevista en la que no exista ninguna otra alternativa práctica que no sea la importación urgente en la Unión Europea de células y tejidos procedentes de un tercer país para su aplicación inmediata a un receptor conocido o a receptores conocidos cuya salud se vería gravemente amenazada de no realizarse dicha importación.
añ) Establecimiento de tejidos importador: un banco de tejidos, una unidad hospitalaria o cualquier otro organismo establecido en la Unión Europea, que sea parte en un acuerdo contractual con un proveedor de un tercer país para la importación en la Unión Europea de células y tejidos procedentes de un tercer país destinados a su aplicación en el ser humano.
ao) Importación excepcional: la importación de cualquier tipo específico de célula o tejido que se destine al uso personal de un receptor o receptores conocidos por el establecimiento de tejidos importador y por el proveedor del tercer país con anterioridad a la importación. Normalmente, dicha importación de cualquier tipo específico de célula o tejido no ocurrirá más de una vez para un determinado receptor. Las importaciones procedentes del mismo proveedor de un tercer país que tengan lugar de manera regular o repetida no se considerarán “importaciones excepcionales”.
ap) Proveedor de un tercer país: un establecimiento de tejidos u otro organismo establecido en un tercer país, que es responsable de exportar a la Unión Europea células y tejidos a través de su suministro a un establecimiento de tejidos importador. Un proveedor de un tercer país puede también llevar a cabo una o varias de las actividades, efectuadas fuera de la Unión Europea, de donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de células y tejidos importados en la Unión Europea.»
Dos. Se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 23, renumerándose, en consecuencia, los apartados siguientes, y se modifican el apartado 4, que pasa a numerarse como 5, y el párrafo primero del apartado 6, que pasa a numerarse como 7, que tendrán la siguiente redacción:
«4. Todas las importaciones de tejidos y células deberán realizarse a través de los establecimientos de tejidos importadores regulados en el artículo 23 bis, excepto en los siguientes supuestos:
a) Importación, con autorización previa y directa de la autoridad competente, de tejidos y células específicos que puedan ser distribuidos directamente para trasplante inmediato al receptor, siempre que el proveedor disponga de la autorización para esta actividad.
b) Importación de tejidos y células autorizados directamente por la autoridad competente en casos de emergencia.»
«5. Las solicitudes de importación y exportación de células y tejidos se dirigirán a la Organización Nacional de Trasplantes, según proceda, por el establecimiento de tejidos, el establecimiento de tejidos importador, el centro o la unidad implicada, con el conocimiento previo de la unidad de coordinación de trasplantes de la comunidad autónoma que corresponda. La Organización Nacional de Trasplantes dará traslado de las solicitudes a la Subdirección General de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, junto con su informe, para su tramitación.»
«7. Con el fin de asegurar el cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, el establecimiento de tejidos o el establecimiento de tejidos importador, según proceda, expedirá un certificado que acompañará a la solicitud de importación y exportación.
En el caso de las importaciones de tejidos y células el certificado deberá contener la siguiente información:»
Tres. Se añade un nuevo artículo 23 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 23 bis. Autorización de actividades de los establecimientos de tejidos importadores.
1. Los establecimientos de tejidos importadores, con carácter previo a la solicitud de autorización para el ejercicio de sus actividades de importación, deben tomar las medidas necesarias para garantizar que las importaciones de tejidos y células cumplen las normas de calidad y seguridad equivalentes a las establecidas en este Real Decreto-ley y que tales tejidos y células pueden rastrearse desde el donante hasta el receptor y viceversa.
Asimismo, deberán celebrar, conforme a lo previsto en el artículo 23 ter, acuerdos escritos con los proveedores de terceros países siempre que algunas actividades de donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento o exportación a la Unión Europea de los tejidos y células que vayan a importarse en la Unión se lleven a cabo fuera de esta.
2. Previo cumplimiento de lo indicado en el apartado anterior, y sin perjuicio de la normativa específica de cada comunidad autónoma, los establecimientos de tejidos importadores deberán dirigir una solicitud de autorización ante la autoridad competente con la información indicada en el anexo X, acompañada de la documentación a que se refiere el apartado 6 de dicho anexo. Entre esta documentación debe figurar una copia de los acuerdos escritos con los proveedores de terceros países.
Igualmente, pondrán a disposición y, cuando así lo solicite la autoridad competente, presentarán la documentación a que se refiere el anexo XII.
No obstante, en los supuestos de importaciones excepcionales no será necesario presentar la documentación a que se refieren el apartado 6 del anexo X y el anexo XII, siempre que quede garantizada mediante la documentación necesaria, la trazabilidad desde el donante hasta el receptor y viceversa, y la no utilización de las células y los tejidos en una persona distinta de los receptores previstos.
En caso de establecimientos de tejidos importadores que hayan sido autorizados previamente como establecimientos de tejidos o como establecimientos de tejidos importadores, no será necesario presentar la información o documentación ya aportada en el curso del respectivo procedimiento.
3. La autoridad competente verificará que los establecimientos de tejidos importadores cumplen los requisitos para el ejercicio de sus actividades de importación y resolverá sobre las autorizaciones indicando, en su caso, las condiciones aplicables, tales como restricciones a la importación de determinados tipos de células y tejidos o en lo que respecta a los proveedores de terceros países utilizados.
La autoridad competente expedirá el certificado previsto en el anexo XI a cada establecimiento de tejidos importador que sea autorizado.
4. En el caso de que se pretendan introducir cambios o modificaciones sustanciales en las actividades de importación, los establecimientos de tejidos importadores deberán recabar la autorización previa y por escrito de la autoridad competente.
En particular, se consideran modificaciones sustanciales cualquier cambio en el tipo de células y tejidos importados y en las actividades realizadas en terceros países que puedan influir en la calidad y la seguridad de las células y los tejidos importados o en los proveedores de terceros países utilizados.
Cuando un establecimiento de tejidos importador realice una importación excepcional de células o tejidos de un proveedor de un tercer país que no esté incluido en su autorización vigente, dicha importación no se considerará una modificación sustancial si dicho establecimiento está autorizado a importar el mismo tipo de células o tejidos de otro u otros proveedores de un tercer país.
5. Las autorizaciones podrán ser revocadas o suspendidas, total o parcialmente, si tras las inspecciones u otras medidas de control se constata que los establecimientos de tejidos importadores han dejado de cumplir los requisitos para su autorización.
6. Los establecimientos de tejidos importadores podrán comunicar en cualquier momento a la autoridad competente su decisión de poner fin, total o parcialmente, a sus actividades de importación.»
Cuatro. Se añade un nuevo artículo 23 ter, que queda redactado como sigue:
«Artículo 23 ter. Acuerdos escritos con proveedores de terceros países.
1. Los acuerdos escritos que celebren los establecimientos de tejidos importadores con los proveedores de terceros países deberán especificar los requisitos de calidad y seguridad que deben cumplirse para garantizar la equivalencia de las normas de calidad y seguridad de los tejidos y las células que vayan a importarse con las establecidas en este Real Decreto-ley, debiendo incluir como mínimo los aspectos que se enumeran en el anexo XIII.
2. Estos acuerdos deberán recoger expresamente el derecho de la autoridad competente de inspeccionar las actividades, incluidas las instalaciones, de cualquier proveedor de un tercer país durante el período de vigencia del acuerdo escrito y durante un período de dos años a partir de su terminación.
3. Estos acuerdos no serán necesarios en los supuestos de importaciones excepcionales siempre que quede garantizada mediante la documentación necesaria, la trazabilidad desde el donante hasta el receptor y viceversa, y la no utilización de las células y los tejidos en una persona distinta de los receptores previstos.
4. Los establecimientos de tejidos importadores comunicarán sin demora a la autoridad competente:
a) Cualquier revocación o suspensión, total o parcial, de la autorización de exportación de células y tejidos del proveedor de un tercer país.
b) Cualquier otra decisión que adopten, en caso de incumplimiento, la autoridad o las autoridades competentes del país en el que está establecido el proveedor de un tercer país y que pueda influir en la calidad y seguridad de las células y los tejidos importados.»
Cinco. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 25, que queda redactado como sigue:
«4. Los establecimientos de tejidos importadores mantendrán un registro de sus actividades, incluidos los tipos y cantidades de células y tejidos importados, así como de su origen y destino. Dicho registro incluirá la misma información en relación con las importaciones excepcionales.»
Seis. Se modifica el apartado 3 del artículo 28, que queda redactado como sigue:
«3. Los centros de aplicación de células y tejidos deberán informar al establecimiento de tejidos, al establecimiento de tejidos importador o, en su caso, al centro de obtención que les ha suministrado las células y tejidos, sobre el destino final de la aplicación en humanos de dichas células o tejidos, y en el caso de que finalmente no se produzca la aplicación, la causa que no la hizo posible.»
Siete. Se modifica el artículo 30, que queda redactado como sigue:
«1. La Organización Nacional de Trasplantes, sin perjuicio de las competencias de registro de las autoridades autonómicas, desarrollará y mantendrá un registro de establecimientos de tejidos, de establecimientos de tejidos importadores, y de unidades o centros de obtención y aplicación de células y tejidos humanos autorizados, donde se especificarán para cada uno de ellos las actividades concretas para las cuales están autorizados. Este registro estará accesible al público.
2. Las unidades de coordinación de trasplantes de las comunidades autónomas deberán comunicar en tiempo real a la Organización Nacional de Trasplantes la información relativa a los establecimientos de tejidos, establecimientos de tejidos importadores y centros o unidades de obtención y aplicación de tejidos y células que se autoricen en el ámbito de su competencia, con el fin de incluirla en este registro. Dicha información deberá incluir, al menos, el nombre y ubicación del establecimiento, unidad o centro autorizado, las actividades para las que están autorizados y los periodos de vigencia de dichas autorizaciones.
3. La Organización Nacional de Trasplantes designará un responsable técnico del mantenimiento y custodia del registro.»
Ocho. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 32, que quedan redactados como sigue:
«3. La Organización Nacional de Trasplantes elaborará un informe anual donde figuren las informaciones relativas a los establecimientos de tejidos, establecimientos de tejidos importadores, unidades o centros de obtención y aplicación de células y tejidos humanos, así como las actividades desarrolladas. Este informe, que en ningún caso contendrá datos personales referidos a los donantes y los receptores, será accesible al público y se remitirá a todos los centros y unidades implicados e incluirá datos de interés general a los que se dará la debida difusión.
4. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Organización Nacional de Trasplantes, colaborará con la Comisión Europea y los demás Estados miembros de la Unión Europea en el desarrollo de una red de intercambio de información entre los registros nacionales de establecimientos de tejidos, establecimientos de tejidos importadores, y de centros o unidades de obtención y aplicación de células y tejidos humanos autorizados.»
Nueve. Se modifica el apartado 6, y se añaden dos nuevos apartados 7 y 8 al artículo 33, que tendrán la siguiente redacción:
«6. La Organización Nacional de Trasplantes, en coordinación con las comunidades autónomas, se asegurará de que los tejidos y las células puedan rastrearse, en especial a través de la documentación y el uso del código único europeo, desde la obtención hasta la aplicación en seres humanos o la eliminación y viceversa. Los tejidos y las células utilizados para los medicamentos de terapia avanzada deberán poder rastrearse de conformidad con el presente Real Decreto-ley, al menos hasta que sean transferidos al fabricante de medicamentos de terapia avanzada.
7. La Organización Nacional de Trasplantes, en coordinación con las comunidades autónomas, se asegurará de que los establecimientos de tejidos y las organizaciones responsables de la aplicación en seres humanos conserven, de forma segura, los datos establecidos en el anexo VI durante un mínimo de treinta años, en un medio de almacenamiento adecuado y legible.
8. En el caso de los tejidos y las células que hayan sido recuperados de un donante fallecido por equipos de obtención que trabajan para dos o más establecimientos de tejidos, la Organización Nacional de Trasplantes, en coordinación con las comunidades autónomas, garantizará un sistema de trazabilidad adecuado a través de las obtenciones.»
Diez. El artículo 34 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 34. Sistema europeo de codificación.
1. Se aplicará el código único europeo a todos los tejidos y las células distribuidos en España para su aplicación en seres humanos.
Respecto a las demás situaciones en las que se pongan en circulación tejidos y células, se aplicará la secuencia de identificación de la donación de dicho código, como mínimo, en la documentación adjunta.
2. Lo previsto en el apartado anterior no se aplicará a:
a) La donación de células reproductoras entre miembros de una pareja.
b) La importación o exportación de células y tejidos humanos con autorización previa y directa de la autoridad competente, siempre que sea para la distribución directa para el trasplante inmediato al receptor, y siempre que el proveedor disponga de la autorización para dicha actividad.
c) La importación de células y tejidos autorizados directamente por la autoridad o autoridades competentes en caso de emergencia.
d) Los tejidos y las células que no sean células reproductoras para su donación entre miembros de una pareja, cuando dichos tejidos y células permanezcan en el mismo centro.
e) Los tejidos y las células que se importen en la Unión Europea, cuando dichos tejidos y células permanezcan en el mismo centro desde la importación hasta la aplicación, a condición de que el centro englobe un establecimiento de tejidos autorizado para llevar a cabo actividades de importación.
3. El formato y estructura del código único europeo se establecen en el anexo VII.
4. La aplicación del código único europeo no excluye la aplicación adicional de otros códigos conformes con los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.»
Once. Se añade un nuevo artículo 34 bis, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 34 bis. Obligaciones de los establecimientos de tejidos relativas a la aplicación del código único europeo.
Los establecimientos de tejidos, incluidos los establecimientos de tejidos importadores, deberán:
a) Asignar un código único europeo a todos los tejidos y células que requieren la aplicación de dicho código antes de ser distribuidos para su aplicación en seres humanos.
b) Asignar una secuencia de identificación de la donación tras la obtención de los tejidos y las células, o al recibirlos de una organización de obtención, o al importarlos de un proveedor de un tercer país. La secuencia de identificación de la donación incluirá:
1.º Su código de establecimiento de tejidos de la Unión Europea, tal como se asigna en el Compendio del Establecimiento de Tejidos de la UE.
2.º Un número único de donación asignado por el establecimiento de tejidos, a no ser que dicho número sea un número único a escala mundial como los que utiliza el sistema de codificación ISBT128. En el caso de las células reproductoras, la asignación del número único de donación se establecerá por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de forma centralizada a escala nacional. Cuando esté permitido, en caso de agrupación de lotes de tejidos y células, se asignará un nuevo número de identificación de la donación al producto final. El establecimiento de tejidos en que se realice la agrupación de lotes garantizará la trazabilidad de las donaciones individuales.
c) No alterar la secuencia de identificación de la donación una vez que haya sido asignada a tejidos y células puestos en circulación, salvo que sea necesario para corregir un error de codificación; toda corrección requiere una documentación adecuada.
d) Utilizar uno de los sistemas de codificación de productos permitidos, en este caso los números de productos tisulares y celulares correspondientes que figuren en el Compendio de Productos Tisulares y Celulares de la UE o, en su defecto, el ISBT128, antes de que sean distribuidos para su aplicación en seres humanos.
e) Utilizar un número de sublote y una fecha de caducidad adecuados. En el caso de los tejidos y células para los que no se ha definido la fecha de caducidad, esta será, como muy tarde, 00000000 antes de la distribución para su aplicación en seres humanos.
f) Aplicar el código único europeo en la etiqueta del producto de que se trate de forma indeleble y permanente y mencionar dicho código en la documentación adjunta pertinente antes de la distribución para su aplicación en seres humanos. El establecimiento de tejidos podrá encomendar esta tarea a un tercero o a terceros, siempre que el establecimiento de tejidos garantice el cumplimiento del presente Real Decreto-ley, en particular por lo que se refiere a la unicidad del código. En caso de que el tamaño de la etiqueta impida que se aplique en ella el código único europeo, el código estará vinculado de forma inequívoca a los tejidos y las células envasados con una etiqueta de este tipo en la documentación adjunta.
g) Informar a la autoridad competente cuando:
1.º Sea necesario actualizar o corregir información que figure en el Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE.
2.º El Compendio de Productos Tisulares y Celulares de la UE requiera una actualización.
3.º El establecimiento de tejidos detecte un incumplimiento importante de los requisitos relativos al código único europeo en relación con los tejidos y las células recibidos de otros establecimientos de tejidos de la UE.
h) Tomar las medidas necesarias en caso de aplicación incorrecta del código único europeo en la etiqueta.»
Doce. Se añade un nuevo artículo 34 ter, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 34 ter. Actuaciones de las autoridades competentes relativas a la aplicación del código único europeo.
1. Las autoridades competentes deberán realizar las siguientes actuaciones:
a) Garantizar la asignación de un número único de establecimiento de tejidos a todos los establecimientos de tejidos autorizados en España.
Si un establecimiento de tejidos tiene distintas ubicaciones físicas, pero un solo sistema para asignar números únicos de donación, podrá considerarse que es un mismo y único establecimiento de tejidos.
Si un establecimiento de tejidos utiliza dos o más sistemas para asignar números únicos de donación, a dicha entidad se le asignarán distintos números de establecimiento de tejidos que se correspondan con el número de sistemas de asignación utilizados.
b) Hacer un seguimiento y garantizar la aplicación efectiva del código único europeo en España.
c) Garantizar la validación de los datos sobre los establecimientos de tejidos que figuran en el Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE para España y actualizar dicho Compendio sin demora injustificada, en particular en las situaciones siguientes:
1.º Cuando se autorice un nuevo establecimiento de tejidos.
2.º Cuando la información sobre el establecimiento de tejidos cambie o no se registre correctamente en el Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE.
3.º Cuando cambien los detalles sobre la autorización de un establecimiento de tejidos que figuran en el anexo IX, entre otras cosas:
1.ª La autorización de un nuevo tipo de tejido o célula.
2.ª La autorización de una nueva actividad prescrita.
3.ª Los detalles sobre cualquier condición o excepción que se añada a una autorización.
4.ª La suspensión, parcial o total, de una autorización específica de una actividad o un tipo de tejido o célula concretos.
5.ª La revocación, parcial o total, de una autorización de un establecimiento de tejidos.
6.ª Las situaciones en las que el establecimiento de tejidos cese de forma voluntaria, parcial o totalmente, la actividad o las actividades para las que haya sido autorizado.
Sin demora injustificada significa en un plazo máximo de diez días hábiles para cualquier cambio que afecta sustancialmente a la autorización del establecimiento de tejidos de que se trate.
Cuando un establecimiento de tejidos esté autorizado por dos o más autoridades competentes para distintos tipos de tejidos y células, o para distintas actividades, cada autoridad competente deberá actualizar la información relativa a dichas actividades de las que es responsable.
d) Alertar a las autoridades competentes de otro Estado miembro cuando detecten información incorrecta en el Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE en relación con el otro Estado miembro o cuando detecten una situación de incumplimiento significativo de las disposiciones relativas al código único europeo en relación con el otro Estado miembro.
e) Alertar a la Comisión y a las demás autoridades competentes cuando, según su evaluación, sea necesaria una actualización del Compendio de Productos Tisulares y Celulares de la UE.»
Trece. Se modifica el apartado 4 del artículo 35, que queda redactado como sigue:
«4. Los establecimientos de tejidos que procesen o preserven tejidos que puedan verse afectados por alguna reacción o efecto adverso grave deberán emitir un informe detallado de las posibles causas y de las consecuencias, así como de las medidas adoptadas y de las que se vayan a adoptar.
Por su parte, los establecimientos de tejidos importadores deberán comunicar sin demora a la autoridad competente cualquier reacción adversa grave o efecto adverso grave, presuntos o reales, que le comuniquen los proveedores de terceros países y que puedan influir en la calidad y seguridad de las células y los tejidos que importan. La información a que se refiere el anexo VIII se incluirá en este tipo de comunicaciones.»
Catorce. Se añade un nuevo artículo 36 bis, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 36 bis. Inspección y otras medidas de control sobre establecimientos de tejidos importadores y proveedores de terceros países.
1. Las autoridades competentes organizarán inspecciones y otras medidas de control en los establecimientos de tejidos importadores y, cuando proceda, en sus proveedores de terceros países. Asimismo, los establecimientos de tejidos importadores realizarán controles adecuados a fin de garantizar la equivalencia de las normas de calidad y seguridad de las células y los tejidos que vayan a importarse con las normas establecidas en el presente Real Decreto-ley. El intervalo entre dos inspecciones de un determinado establecimiento de tejidos importador no podrá ser superior a dos años.
2. Dichas inspecciones serán efectuadas por funcionarios representantes de la autoridad competente, que deberán:
a) Estar facultados para inspeccionar los establecimientos de tejidos importadores y, en su caso, las actividades de los proveedores de terceros países.
b) Evaluar y verificar los procedimientos y las actividades que se llevan a cabo en los establecimientos de tejidos importadores y en las instalaciones de los proveedores de terceros países que sean pertinentes para garantizar la equivalencia de las normas de calidad y seguridad de las células y los tejidos que vayan a importarse con las normas establecidas en el presente Real Decreto-ley.
c) Examinar cualquier documento u otro tipo de registro que sea pertinente para dicha evaluación y verificación.
3. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Organización Nacional de Trasplantes, en coordinación con las comunidades autónomas, previa solicitud debidamente justificada de otro Estado miembro o de la Comisión, proporcionará información sobre los resultados de las inspecciones y las medidas de control con respecto a los establecimientos de tejidos importadores y los proveedores de terceros países.
4. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Organización Nacional de Trasplantes, en coordinación con las comunidades autónomas, previa solicitud debidamente justificada de otro Estado miembro en el que se vayan a distribuir posteriormente las células y los tejidos importados, realizarán inspecciones u otras medidas de control, adoptando las medidas oportunas previa consulta con el Estado miembro que presentó dicha solicitud, en los establecimientos de tejidos importadores y con respecto a las actividades de los proveedores de terceros países.
5. En los casos en que se lleve a cabo una inspección sobre el terreno a raíz de la solicitud de otro Estado miembro, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Organización Nacional de Trasplantes, en coordinación con las comunidades autónomas, deberá decidir, de común acuerdo con la autoridad competente del Estado miembro que presentó tal solicitud, si este último debe participar en la inspección y de qué manera. La decisión final sobre dicha participación compete al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Organización Nacional de Trasplantes, en coordinación con las comunidades autónomas, si el establecimiento de tejidos importador se encuentra dentro de su jurisdicción territorial. Los motivos de una denegación de dicha participación deberán explicarse al Estado miembro que ha presentado la solicitud.»
Quince. Se añade un nuevo punto 7, y se modifica el último párrafo del inciso i) del apartado 3.d).1.º del anexo I, con la siguiente redacción:
«7) el código único europeo aplicable a los tejidos y las células que se distribuyen para su aplicación en seres humanos o la secuencia de identificación de la donación aplicable a los tejidos y las células puestos en circulación pero no distribuidos para su aplicación en seres humanos.
En caso de que no se pueda incluir en la etiqueta del contenedor primario cualquiera de los datos a los que se ha hecho referencia en los puntos 4, 5 y 7, se facilitarán en una hoja separada que se adjuntará al contenedor primario. Esta hoja debe empaquetarse con el contenedor primario de manera que se garantice que permanezcan juntos.»
Dieciséis. Se numeran correctamente del 1 al 9 los actuales puntos del inciso ii) del apartado 3.d).1.º del anexo I, y se añade un nuevo punto 10, con la siguiente redacción:
«10) En el caso de los tejidos y las células importados, el país de obtención y el país exportador (si es distinto del país de obtención).»
Diecisiete. Se modifica el anexo VI, que tendrá la siguiente redacción:
«ANEXO VI
Información mínima exigida en el sistema de trazabilidad de origen a destino de las células y tejidos humanos obtenidos para su aplicación en humanos
1. Por los establecimientos de tejidos:
a) Identificación del donante.
b) Identificación de la donación, que incluya como mínimo:
1.º Identificación del organismo de obtención (incluida la información de contacto) o el establecimiento de tejidos.
2.º Número único de identificación de la donación.
3.º Fecha de obtención.
4.º Lugar de la obtención.
5.º Tipo de donación (por ejemplo, uno o varios tejidos; autóloga o alogénica; donante vivo o fallecido).
c) Identificación del producto, que incluya, como mínimo:
1.º Identificación del establecimiento de tejidos.
2.º Tipo de tejido y célula/producto (nomenclatura básica).
3.º Número de grupo de lotes (en su caso).
4.º Número de sublote (en su caso).
5.º Fecha de caducidad (en su caso).
6.º Situación del tejido o las células (por ejemplo, en cuarentena, adecuado para el uso, etc.).
7.º Descripción y origen de los productos, fases de procesamiento aplicadas, materiales y aditivos que entran en contacto con tejidos y células y tienen un efecto en su calidad y/o su seguridad.
8.º Identificación de la instalación que expide la etiqueta final.
d) Código único europeo (en su caso).
e) Identificación de la aplicación en seres humanos, que incluya, como mínimo:
1.º Fecha de distribución/eliminación.
2.º Identificación del médico o usuario/instalación final.
2. Por las organizaciones responsables de la aplicación en seres humanos:
a) Identificación del establecimiento de tejidos proveedor.
b) Identificación del médico o usuario/instalación final.
c) Tipo de tejidos y células.
d) Identificación del producto.
e) Identificación del receptor.
f) Fecha de aplicación.
g) Código único europeo (en su caso).»
Dieciocho. Se modifica el anexo VII, que tendrá la siguiente redacción:
«ANEXO VII
Formato y estructura del código único europeo.
1. FORMATO DEL CÓDIGO ÚNICO EUROPEO
El código único europeo deberá estar en formato legible e ir precedido de las siglas “SEC”. Será posible el uso paralelo de otros sistemas de etiquetado y trazabilidad.
El código único europeo figurará impreso junto con la secuencia de identificación de la donación y la secuencia de identificación del producto, separado por un espacio único o en dos líneas sucesivas.
2. ESTRUCTURA DEL CÓDIGO ÚNICO EUROPEO
Diecinueve. Se modifica el anexo VIII, que tendrá la siguiente redacción:
«ANEXO VIII
1. REACCIONES ADVERSAS GRAVES
2. EFECTOS ADVERSOS GRAVES
Veinte. Se añaden cinco nuevos anexos, numerados como IX, X, XI, XII y XIII, que tendrán la siguiente redacción:
«ANEXO IX
Datos que deben registrarse en el Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE
1. Información sobre el establecimiento de tejidos:
a) Denominación del establecimiento de tejidos.
b) Código nacional o internacional del establecimiento de tejidos.
c) Denominación de la organización en la que se encuentra el establecimiento de tejidos (si procede).
d) Dirección del establecimiento de tejidos.
e) Datos de contacto publicables: dirección funcional de correo electrónico, teléfono y fax.
2. Datos sobre la autorización del establecimiento de tejidos:
a) Denominación de la autoridad o las autoridades competentes de autorización.
b) Denominación de la autoridad o las autoridades nacionales competentes responsables del mantenimiento del Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE.
c) Nombre del titular de la autorización (si procede).
d) Tejidos y células para los que se concedió la autorización.
e) Actividades realmente llevadas a cabo para las que se concedió la autorización.
f) Situación de la autorización (autorizada, suspendida, revocada, parcial o totalmente, cese voluntario de actividad).
g) Detalles sobre las condiciones y las excepciones añadidas a la autorización (en su caso).
ANEXO X
Requisitos mínimos relativos a la información y documentación que deben presentar los establecimientos de tejidos importadores cuando soliciten la autorización a efectos de sus actividades de importación
Cuando solicite la autorización para realizar actividades de importación, el establecimiento de tejidos importador deberá proporcionar, a menos que ya se haya facilitado como parte de anteriores solicitudes de autorización como establecimiento de tejidos o como establecimiento de tejidos importador, la siguiente información actualizada y, para la parte 6, la documentación que se indica.
1. Información general sobre el establecimiento de tejidos importador (ETI):
a) Nombre del ETI (nombre de la empresa).
b) Dirección física del ETI.
c) Dirección postal del ETI (si difiere de la anterior).
d) Estatus del ETI solicitante: indíquese si se trata de la primera solicitud de autorización como ETI o, en su caso, si se trata de una solicitud de renovación. En caso de que el solicitante ya haya sido autorizado como establecimiento de tejidos, deberá proporcionar su código de compendio.
e) Nombre de la unidad solicitante (si difiere del nombre de la empresa).
f) Dirección física de la unidad solicitante.
g) Dirección postal de la unidad solicitante (si difiere de la anterior).
h) Nombre del lugar de recepción de las importaciones (en caso de no ser el mismo que el nombre de la empresa y la unidad solicitante).
i) Dirección física del lugar de recepción.
j) Dirección postal del lugar de recepción (si difiere de la anterior).
2. Datos de contacto para la solicitud:
a) Nombre de la persona de contacto para la solicitud.
b) Número de teléfono.
c) Dirección de correo electrónico.
d) Nombre y apellidos de la persona responsable (si no es la misma que la persona de contacto).
e) Número de teléfono.
f) Dirección de correo electrónico.
g) URL del sitio web del ETI (si está disponible).
3. Información pormenorizada sobre los tejidos y las células que vayan a importarse:
a) Lista de los tipos de tejidos y células que vayan a importarse, incluidas las importaciones excepcionales de tipos específicos de tejidos o células.
b) Nombre del producto (si procede, de conformidad con la lista genérica de la UE) de todos los tipos de tejidos y células que vayan a importarse.
c) Denominación comercial (si es diferente del nombre del producto) de todos los tipos de tejidos y células que vayan a importarse.
d) Nombre del proveedor del tercer país para cada tipo de tejidos y células que vayan a importarse.
4. Localización de las actividades:
a) Lista en la que se indiquen las actividades de donación, obtención, evaluación, procesamiento, conservación o almacenamiento efectuadas antes de la importación por el proveedor del tercer país, por tipo de tejido o célula.
b) Lista en la que se indiquen las actividades de donación, obtención, evaluación, procesamiento, conservación o almacenamiento efectuadas antes de la importación por subcontratistas del proveedor del tercer país, por tipo de tejido o célula.
c) Lista de todas las actividades realizadas por el ETI con posterioridad a la importación, por tipo de tejido o célula.
d) Nombres de los terceros países en los que se llevan a cabo las actividades antes de la importación, por tipo de tejido o célula.
5. Datos de los proveedores de terceros países:
a) Nombre del proveedor/de los proveedores del tercer país (nombre de la empresa).
b) Nombre de la persona de contacto.
c) Dirección física.
d) Dirección postal (en caso de ser diferente).
e) Número de teléfono (incluido el prefijo internacional).
f) Número de contacto de emergencia (en caso de ser diferente).
g) Dirección de correo electrónico.
6. Documentación adjunta a la solicitud:
a) Copia del acuerdo escrito con el/los proveedor/es del tercer país.
b) Descripción pormenorizada del flujo de tejidos y células importados, desde su obtención hasta su recepción en el establecimiento de tejidos importador.
c) Copia del certificado de autorización de exportación del proveedor del tercer país o, en caso de que no se haya expedido una autorización de exportación específica, un certificado de la autoridad o las autoridades competentes del tercer país de que se trate por el que se autorizan las actividades del proveedor del tercer país en el sector de los tejidos y las células, incluidas las exportaciones. Esta documentación debe incluir también los datos de contacto de la autoridad o de las autoridades competentes del tercer país. En los terceros países en los que dicha documentación no esté disponible, se proporcionarán otro tipo de documentos como, por ejemplo, informes de las auditorías realizadas al proveedor del tercer país.
ANEXO XI
Certificado de autorización expedido por la autoridad o las autoridades competentes a los establecimientos de tejidos importadores
ANEXO XII
Requisitos mínimos relativos a la documentación que deben presentar a la autoridad o autoridades competentes los establecimientos de tejidos que deseen importar tejidos y células de terceros países
Salvo en el caso de las importaciones excepcionales definidas en el artículo 2, que están exentas de estos requisitos de documentación, el establecimiento de tejidos importador pondrá a disposición y, a menos que ya se hayan facilitado como parte de anteriores solicitudes de autorización como establecimiento de tejidos importador, proporcionará, cuando así lo soliciten la autoridad o las autoridades competentes, la versión más actualizada de los siguientes documentos relativos al solicitante y a su(s) proveedor(es) de un tercer país.
1. Documentación relativa al establecimiento de tejidos importador:
a) Descripción de las funciones de la persona responsable e información detallada sobre sus cualificaciones y formación, tal como se establece en el artículo 17 para los responsables técnicos de los establecimientos de tejidos.
b) Copia de la etiqueta primaria, la etiqueta del reenvase, el envase exterior y el recipiente de transporte.
c) Lista de las versiones pertinentes y actualizadas de los procedimientos operativos normalizados (PON) relativos a las actividades de importación del establecimiento, incluidos los PON para la aplicación del código único europeo, la recepción y el almacenamiento de células y tejidos en el establecimiento de tejidos importador, la gestión de las reacciones y los efectos adversos, la gestión de las recuperaciones de productos y su trazabilidad del donante al receptor.
2. Documentación relativa al proveedor o a los proveedores del tercer país:
a) Descripción pormenorizada de los criterios utilizados para la identificación y evaluación del donante, la información facilitada al donante o a su familia, la forma en que se haya obtenido el consentimiento del donante o de su familia y la confirmación o no del carácter voluntario y no remunerado de la donación.
b) Información detallada sobre el centro o los centros de evaluación utilizado(s) por los proveedores de terceros países y las pruebas realizadas por dichos centros.
c) Información detallada sobre los métodos utilizados durante el procesamiento de los tejidos y las células, incluidos detalles de la validación del procedimiento de procesamiento crítico.
d) Descripción pormenorizada de las instalaciones, equipos y materiales críticos y de los criterios utilizados para el control de la calidad y el control del entorno para cada una de las actividades realizadas por el proveedor del tercer país.
e) Información detallada sobre las condiciones de entrega de tejidos y células por el proveedor o los proveedores del tercer país.
f) Datos de los subcontratistas utilizados por los proveedores del tercer país, incluidos el nombre, la ubicación y la actividad realizada.
g) Resumen de la inspección más reciente del proveedor del tercer país por parte de la autoridad o de las autoridades competentes de dicho tercer país, incluyendo la fecha y el tipo de inspección, así como las principales conclusiones.
h) Resumen de la auditoría más reciente del proveedor del tercer país realizada por el establecimiento de tejidos importador o en su nombre.
i) Cualquier acreditación nacional o internacional pertinente.
ANEXO XIII
Requisitos mínimos relativos al contenido de los acuerdos escritos entre los establecimientos de tejidos importadores y sus proveedores en terceros países
Salvo en el caso de las importaciones excepcionales definidas en el artículo 2, que están exentas del cumplimiento de estos requisitos, el acuerdo escrito entre el establecimiento de tejidos importador y el proveedor del tercer país debe incluir al menos lo siguiente:
1. Información detallada sobre las especificaciones del establecimiento de tejidos importador con el fin de garantizar que se cumplen las normas de calidad y seguridad establecidas en este Real Decreto-ley y las funciones y responsabilidades mutuamente acordadas por ambas partes para garantizar que los tejidos y las células importados cumplen normas de calidad y seguridad equivalentes.
2. Una cláusula que garantice que el proveedor del tercer país facilitará la información exigida en el anexo XII, parte 2, al establecimiento de tejidos importador.
3. Una cláusula que garantice que el proveedor del tercer país informará al establecimiento de tejidos importador de toda sospecha o confirmación de reacción o efecto adverso grave que pueda influir en la calidad y la seguridad de los tejidos y las células que han sido o van a ser importados por el establecimiento de tejidos importador.
4. Una cláusula que garantice que el proveedor del tercer país informará al establecimiento de tejidos importador de cualquier cambio sustancial de sus actividades, incluidas la revocación o suspensión, total o parcial, por parte de la autoridad o autoridades competentes, de su autorización para exportar tejidos y células o de otras decisiones en caso de incumplimiento, que pueden influir en la calidad y la seguridad de los tejidos y las células que han sido o van a ser importados por el establecimiento de tejidos importador.
5. Una cláusula que confiera a la autoridad o a las autoridades competentes el derecho a inspeccionar las actividades del proveedor del tercer país, incluidas las inspecciones sobre el terreno, si lo desean, en el marco de su inspección del establecimiento de tejidos importador. La cláusula deberá garantizar asimismo al establecimiento de tejidos importador el derecho de auditar periódicamente a su proveedor de un tercer país.
6. Las condiciones acordadas que deben cumplirse para el transporte de los tejidos y las células entre el proveedor del tercer país y el establecimiento de tejidos importador.
7. Una cláusula que garantice que el proveedor del tercer país o su subcontratista conservará los datos relativos a los donantes de células y tejidos importados, en consonancia con las normas de protección de datos de la Unión Europea, durante un período de treinta años después de la obtención y que se adoptarán las disposiciones adecuadas para su conservación en caso de que el proveedor del tercer país cese su actividad.
8. Disposiciones para el examen periódico y, en caso necesario, para la revisión del acuerdo escrito, a fin de reflejar los posibles cambios en los requisitos de las normas de calidad y seguridad de la Unión Europea establecidos en este Real Decreto-ley.
9. Una lista de todos los procedimientos operativos normalizados del proveedor del tercer país relativos a la calidad y la seguridad de las células y los tejidos importados y el compromiso de facilitarlos, previa solicitud.»
TÍTULO IV
Transposición de directiva de la Unión Europea sobre el desplazamiento de trabajadores
Artículo sexto. Modificación de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional.
Se modifica la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, en los siguientes términos:
Uno. Se añade un apartado 3 al artículo 2 con la siguiente redacción:
«3. A efectos del reconocimiento y asistencia mutuos en la notificación y ejecución transfronteriza de sanciones administrativas derivadas del incumplimiento de la normativa en materia de desplazamiento de trabajadores, se entenderá por:
1.º “Autoridad peticionaria”: la autoridad competente de un Estado miembro que realiza la petición de ayuda, información, notificación o cobro de una sanción o una multa según la disposición adicional sexta;
2.º “Autoridad receptora de la petición”: la autoridad competente de un Estado miembro a la que se dirige la petición de ayuda, información, notificación o cobro de una sanción o una multa según la disposición adicional sexta.»
Dos. Los apartados 1, 2 y 4 del artículo 5 quedan redactados en los siguientes términos:
«1. A efectos de asegurar el cumplimiento de esta ley, el empresario que desplace trabajadores a España en el marco de una prestación de servicios transnacional deberá comunicar el desplazamiento, antes de su inicio y con independencia de su duración, a la autoridad laboral española competente por razón del territorio donde se vayan a prestar los servicios. La comunicación se hará por medios electrónicos, en el modo que se determine reglamentariamente. A tal efecto, por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se establecerá, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, un registro electrónico central de tales comunicaciones.»
«2. La comunicación de desplazamiento contendrá los datos e informaciones siguientes:
a) La identificación de la empresa que desplaza al trabajador.
b) El domicilio fiscal de dicha empresa y su número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
c) Los datos personales y profesionales de los trabajadores desplazados.
d) La identificación de la empresa o empresas y, en su caso, del centro o centros de trabajo donde los trabajadores desplazados prestarán sus servicios.
e) La fecha de inicio y la duración previstas del desplazamiento.
f) La determinación de la prestación de servicios que los trabajadores desplazados van a desarrollar en España con indicación del supuesto que corresponda de los previstos en el artículo 2.1.1.º
g) Los datos identificativos y de contacto de una persona física o jurídica presente en España que sea designada por la empresa como su representante para servir de enlace con las autoridades competentes españolas y para el envío y recepción de documentos o notificaciones, de ser necesario.
h) Los datos identificativos y de contacto de una persona que pueda actuar en España en representación de la empresa prestadora de servicios en los procedimientos de información y consulta de los trabajadores, y negociación, que afecten a los trabajadores desplazados a España.»
«4. Cuando la empresa que desplaza a los trabajadores a España sea una empresa de trabajo temporal, la comunicación de desplazamiento, además de lo dispuesto en el apartado 2, deberá incluir:
a) La acreditación de que reúne los requisitos exigidos por la legislación de su Estado de establecimiento para poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores por ella contratados.
b) Sin perjuicio de lo señalado en el apartado 2.f), la precisión de las necesidades temporales de la empresa usuaria que se traten de satisfacer con el contrato de puesta a disposición, con indicación del supuesto de celebración que corresponda según lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.»
Tres. El artículo 6 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 6. Obligación de comparecencia y de conservación y aportación de documentación.
1. Los empresarios incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley deberán comparecer, a requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la oficina pública designada al efecto y aportar cuanta documentación les sea requerida para justificar el cumplimiento de esta ley, incluida la documentación acreditativa de la válida constitución de la empresa.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, durante el período de desplazamiento los empresarios deberán tener disponibles, en el centro de trabajo o en formato digital para su consulta inmediata, entre otros, los siguientes documentos:
a) Los contratos de trabajo o los documentos a que se refiere el artículo 5 del Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el artículo 8.5 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de información al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo, cuando la información a que se refiere dicho artículo no conste en el contrato de trabajo formalizado por escrito, respecto de cada trabajador.
b) Los recibos de salarios de cada trabajador y los comprobantes del pago de salarios a cada trabajador.
c) Los registros horarios que se hayan efectuado, con la indicación del comienzo, el final y la duración de la jornada de trabajo diaria.
d) El documento por el que se acredite la autorización para trabajar de los nacionales de terceros países conforme a la legislación del Estado de establecimiento.
3. Una vez concluido el desplazamiento, los empresarios deberán aportar los documentos a que se refiere el apartado 2 cuando sean requeridos para ello por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
4. Los empresarios deberán notificar por escrito a la Autoridad laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen, los daños para la salud de los trabajadores desplazados que se hubieran producido con ocasión o por consecuencia del trabajo que se ejecute en España.
5. La documentación a la que se refieren los apartados anteriores deberá presentarse traducida al castellano o a las lenguas cooficiales de los territorios donde se vayan a prestar los servicios.»
Cuatro. El artículo 8 queda redactado en los siguientes términos:
«Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la vigilancia y exigencia del cumplimiento de esta ley, desarrollando las funciones establecidas en la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Los incumplimientos serán sancionados conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.»
Cinco. Se incorpora un nuevo artículo 8 bis que queda redactado en los siguientes términos:
«1. Al objeto de aplicar y garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de desplazamiento de trabajadores, las autoridades competentes realizarán una evaluación global de los elementos fácticos que se consideren necesarios, incluidos, en particular, los que figuran en los apartados 2 y 3. Los elementos fácticos deberán servir de ayuda a las autoridades competentes en las comprobaciones y controles del cumplimiento de los requisitos para el desplazamiento. Estos elementos son factores indicativos en la evaluación global que debe hacerse y, por consiguiente, no pueden considerarse de forma aislada.
2. A fin de determinar si una empresa que desplaza trabajadores a España desarrolla en el Estado miembro de establecimiento actividades sustantivas que no sean puramente administrativas o de gestión interna, las autoridades competentes realizarán una evaluación global de todos los elementos fácticos que, teniendo en cuenta un marco temporal amplio, caractericen las actividades que lleva a cabo la empresa en el Estado miembro de establecimiento y, cuando sea necesario, en España. Algunos elementos objetivos a tal fin pueden ser los siguientes:
a) El lugar donde la empresa tiene su domicilio social y su sede administrativa, ocupa espacio de oficina, paga sus impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social y, si procede, posee una licencia profesional o está registrada en las cámaras de comercio o en los colegios profesionales pertinentes, de acuerdo con la normativa nacional;
b) el lugar donde contrata a los trabajadores desplazados y el lugar desde el que les desplaza;
c) el derecho aplicable a los contratos que celebra la empresa con sus trabajadores, por un lado, y con sus clientes, por otro;
d) el lugar donde la empresa realiza su actividad empresarial fundamental y donde emplea personal administrativo;
e) el número de contratos celebrados y el volumen de negocios efectuado por la empresa en el Estado miembro de establecimiento, teniendo en cuenta la situación específica de, entre otras, las empresas pequeñas y medianas y las empresas de reciente creación.
3. Para determinar si un trabajador desplazado temporalmente a España desempeña normalmente su trabajo en otro Estado miembro, deberán examinarse todos los elementos fácticos que caracterizan dicho trabajo y la situación del trabajador, entre los cuales pueden incluirse los siguientes:
a) Si el trabajo se realiza en España durante un período limitado de tiempo;
b) la fecha de inicio del desplazamiento;
c) el Estado miembro en el que, o desde el que, el trabajador desplazado a España suele desempeñar su trabajo, de acuerdo con el Reglamento (CE) núm. 593/2008 (Roma I) o con el Convenio de Roma;
d) si el trabajador desplazado regresa o está previsto que vuelva a trabajar en el Estado miembro desde el que se desplaza, una vez terminado el trabajo o prestados los servicios para los que fue desplazado a España;
e) la naturaleza de las actividades;
f) si el empleador proporciona el viaje, la manutención o el alojamiento del trabajador al que desplaza o reembolsa esos gastos, y, de ser así, de qué forma los proporciona o cómo los reembolsa;
g) los períodos previos en que el puesto haya sido ocupado por el mismo o por otro trabajador desplazado.
4. La ausencia de alguno o varios de los elementos fácticos establecidos en los apartados anteriores no excluye necesariamente que la situación pueda ser considerada un desplazamiento real. La valoración de estos elementos deberá adaptarse a cada caso particular y tener en cuenta las peculiaridades de la situación.
5. Los elementos a los que se refieren los apartados anteriores pueden ser tenidos igualmente en cuenta por las autoridades competentes para determinar si una persona desplazada entra dentro de la definición de “trabajador desplazado” contenida en el artículo 2.1.2.º, a cuyo efecto deberán guiarse, entre otros elementos, por los hechos relacionados con el desempeño del trabajo, la subordinación y la remuneración del trabajador, independiente de como hayan caracterizado las partes su relación en el contrato o acuerdo de otro tipo que hubieran suscrito.»
Seis. Se añade un nuevo apartado 3, se reenumera como 4 el actual apartado 3 y se añade un nuevo apartado 5 al artículo 9, que quedan redactados del siguiente modo:
«3. La cooperación y asistencia administrativa podrá incluir también el envío y notificación de documentos.
4. La cooperación y asistencia administrativa se prestarán gratuitamente.
5. El tratamiento de datos personales a que pudiera dar lugar la aplicación de la presente Ley se realizará en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.»
Siete. El artículo 15 queda redactado en los siguientes términos:
«Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de cuantas cuestiones litigiosas se susciten en aplicación de esta ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 2.n) y 2.t) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.»
Ocho. El artículo 16 queda redactado en los siguientes términos.
«1. Los órganos jurisdiccionales españoles del orden social serán competentes para conocer de los litigios a los que se refiere el artículo anterior cuando el trabajador esté o haya estado desplazado temporalmente en España, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y sin perjuicio de la plena vigencia de los criterios de competencia que establecen el artículo 21 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y el artículo 5.1 del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Lugano el 16 de septiembre de 1988.
2. La competencia de los órganos jurisdiccionales españoles del orden social se determinará de acuerdo con las reglas contenidas en el capítulo II del título I de la Ley 36/2011, de 10 de octubre.»
Nueve. El artículo 17 queda redactado como sigue:
«En todo lo no previsto en esta sección regirá, como derecho supletorio, la Ley 36/2011, de 10 de octubre.»
Diez. Se modifica el apartado 5 de la disposición adicional primera con el siguiente contenido:
«5. A efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá también iniciar de oficio el procedimiento sancionador en los supuestos previstos en los apartados anteriores en virtud de comunicación de las Administraciones públicas a las que corresponda en el lugar de desplazamiento la vigilancia del cumplimiento de las condiciones de trabajo.»
Once. Se añade una disposición adicional sexta con el siguiente contenido:
«Disposición adicional sexta. Registro electrónico central sobre desplazamiento de trabajadores.
A efectos de lo previsto en el artículo 5.1, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las Comunidades Autónomas elaborarán un protocolo de colaboración para el funcionamiento del registro electrónico central. Dicho protocolo garantizará la adecuada intercomunicación y su establecimiento efectivo en el plazo de seis meses.»
Doce. Se añade una disposición adicional séptima con el siguiente contenido:
«Disposición adicional séptima. Reconocimiento y asistencia mutuos en la notificación y ejecución transfronteriza de sanciones administrativas derivadas del incumplimiento de la normativa en materia de desplazamiento de trabajadores.
1. La notificación y ejecución transfronteriza de las sanciones pecuniarias y multas administrativas impuestas a una empresa establecida en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que desplaza trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional a otro de tales Estados por el incumplimiento de las normas aplicables en materia de desplazamiento de trabajadores, estará sujeta a los principios de reconocimiento y asistencia mutuos y se realizará a través del Sistema de Información del Mercado Interior regulado en el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior y por el que se deroga la Decisión 2008/49/CE de la Comisión (“Reglamento IMI”), de acuerdo con lo previsto reglamentariamente.
Al designar a las autoridades competentes en España a efectos de lo dispuesto en la presente disposición, la norma reglamentaria que se apruebe podrá prever la existencia de una autoridad central responsable de la transmisión y recepción administrativa de las peticiones y de ayudar a las autoridades laborales competentes para la notificación y ejecución de las sanciones.
2. Las autoridades competentes españolas que reciban una petición de notificación de una resolución o de otros documentos relacionados con la imposición de una sanción administrativa o una multa o una petición de cobro de las mismas, transmitida a través del Sistema de Información del Mercado Interior de conformidad con lo previsto reglamentariamente, reconocerán la sanción administrativa y la petición de cobro sin más formalidad y tomarán inmediatamente todas las medidas necesarias para su notificación o cobro, salvo que invoquen la concurrencia de alguno de los siguientes motivos de denegación:
a) Que la investigación efectuada por la autoridad competente demuestre claramente que los costes o recursos necesarios para el cobro de la sanción o multa son desproporcionados en relación con el importe que deba cobrarse o van a suponer dificultades desproporcionadas;
b) que el total de la sanción o multa sea inferior a 350 euros;
c) que la ejecución de la sanción implique una vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas de los sancionados o viole normas de derecho necesario.
3. Las autoridades competentes españolas podrán transmitir a las autoridades de otro Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo una petición de notificación de una resolución por la que se impone una sanción administrativa o una multa o una petición de cobro de las mismas en el territorio de dichos Estados a través del Sistema de Información del Mercado Interior de acuerdo con lo previsto reglamentariamente.
4. La presente disposición se aplicará a la notificación y ejecución transfronteriza de las siguientes sanciones pecuniarias o multas administrativas, incluidas tasas y recargos:
a) Las que impongan las autoridades españolas competentes o confirmen los órganos administrativos o judiciales españoles competentes por las infracciones tipificadas en el artículo 10 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
b) Las que impongan las autoridades competentes o confirmen los órganos administrativos o jurisdiccionales o, en su caso, emanen de la jurisdicción social de otro Estado miembro de la Unión Europea o Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de conformidad con su normativa y procedimientos, relacionadas con el incumplimiento de las respectivas normas nacionales de transposición de la Directiva 96/71/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios o de la Directiva 2014/67/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) no 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (“Reglamento IMI”).
5. La presente disposición no se aplicará a la ejecución transfronteriza de sanciones que entren dentro del ámbito de aplicación de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea y, en particular, su Título IX sobre “Resoluciones por las que se imponen sanciones pecuniarias”.
6. Los importes cobrados en concepto de ejecución de las sanciones y multas administrativas se devengarán a favor de la autoridad competente española o del Estado miembro de la Unión Europea o del Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que haya llevado a cabo la ejecución de la sanción.»
Trece. Se añade una disposición adicional octava con el siguiente contenido:
«Disposición adicional octava. Otras obligaciones derivadas de la legislación de la Unión Europea.
Lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de esta ley se entenderá sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones derivadas de la legislación de la Unión Europea, incluidas las derivadas de la Directiva 89/391/CEE, del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, y del Reglamento (CE) n.º 883/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social o de las derivadas de la normativa española respecto de la protección o empleo de los trabajadores que resulten igualmente aplicables a las empresas establecidas en España.»
Catorce. Se añade una disposición adicional novena con el siguiente contenido:
«Disposición adicional novena. Actualización de la información.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social deberá mantener actualizada la página web de desplazamiento transnacional de trabajadores contenida en el sitio web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social así como la información proporcionada en la ficha de país en el sitio web de la Comisión Europea.»
Quince. Se añade una disposición adicional décima con el siguiente contenido:
«Disposición adicional décima. Apoyo a las iniciativas de los interlocutores sociales.
Respetando la autonomía de los interlocutores sociales, se podrá garantizar el apoyo adecuado a las iniciativas correspondientes de los interlocutores sociales para informar a las empresas y a los trabajadores sobre las condiciones de empleo aplicables a los desplazamientos de los trabajadores en el marco de una prestación de servicios de carácter trasnacional.»
Artículo séptimo. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Uno. Se modifica el apartado 11 del artículo 2, que queda redactado del siguiente modo:
«11. Los empresarios incluidos en el ámbito de aplicación de la normativa reguladora del desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, respecto de las obligaciones establecidas en dicha normativa.»
Dos. Se modifica el título de la subsección 3.ª de la sección 1.ª del capítulo II que queda redactado como sigue:
«Subsección 3.ª Infracciones de las obligaciones establecidas en la normativa que regula el desplazamiento a España de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional»
Tres. Se modifican los apartados 1, 2 y 4 del artículo 10, que quedan redactados como sigue:
«1. Son infracciones leves:
a) Los defectos formales de la comunicación de desplazamiento de trabajadores a España en el marco de una prestación de servicios transnacional, en los términos legalmente establecidos.
b) No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas, cuando tengan la calificación de leves.»
«2. Son infracciones graves:
a) La presentación de la comunicación de desplazamiento con posterioridad a su inicio o sin designar ya sea al representante de la empresa que sirva de enlace con las autoridades competentes españolas y para envío y recepción de documentos o notificaciones, ya sea de una persona que pueda actuar en España en representación de la empresa prestadora de servicios en los procedimientos de información y consulta de los trabajadores, y negociación, que afecten a los trabajadores desplazados a España.
b) No tener disponible en España, durante el desplazamiento, la documentación relativa al mismo, en los términos legalmente establecidos.
c) No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas, cuando tengan la calificación de graves, muy graves o mortales.
d) No presentar la documentación requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o presentar alguno de los documentos sin traducir.»
«4. Sin perjuicio de lo anterior, constituye infracción administrativa no garantizar a los trabajadores desplazados a España, cualquiera que sea la legislación aplicable al contrato de trabajo, las condiciones de trabajo previstas por la legislación laboral española en los términos definidos por el artículo 3 de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, disposiciones reglamentarias para su aplicación, y en los convenios colectivos y laudos arbitrales aplicables en el lugar y en el sector o rama de la actividad de que se trate, así como el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere la disposición adicional séptima de la misma ley. La tipificación de dichas infracciones, su calificación como leves, graves o muy graves, las sanciones y los criterios para su graduación se ajustarán a lo dispuesto en la presente ley».
Disposición adicional primera. Ámbito de aplicación territorial de las modificaciones introducidas por los artículos tercero y cuarto en relación con el ejercicio de acciones por daños derivados de infracciones del Derecho de la competencia.
Las disposiciones contenidas en los artículos tercero y cuarto este Real Decreto-ley serán de aplicación a los casos en que el ejercicio de las acciones de daños corresponda realizarlo en territorio español, con independencia de que la infracción del Derecho de la competencia hubiera sido declarada por la Comisión Europea o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o por una autoridad de la competencia u órgano jurisdiccional españoles o de otro Estado miembro de la Unión Europea.
Disposición adicional segunda. Aplicación de los principios de efectividad y equivalencia en relación con el ejercicio de acciones por daños derivados de infracciones del Derecho de la competencia.
En materia de compensación de daños serán de aplicación los principios de efectividad y equivalencia.
El principio de efectividad exige que las normas y procedimientos aplicables al ejercicio de las acciones de daños no hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho al resarcimiento de los daños ocasionados por una infracción del Derecho de la competencia.
El principio de equivalencia exige la equiparación de las normas y procedimientos aplicables al ejercicio de las acciones de daños derivadas de las infracciones del Derecho europeo y del Derecho nacional de la Competencia, de modo que las normas nacionales aplicables a las reclamaciones por infracciones de las normas europeas no sean menos favorables para los perjudicados que las que regulan las reclamaciones por infracciones de las normas nacionales.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en materia de acciones de daños resultantes de infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.
1. Las previsiones recogidas en el artículo tercero de este Real Decreto-ley no se aplicarán con efecto retroactivo.
2. Las previsiones recogidas en el artículo cuarto de este Real Decreto-ley serán aplicables exclusivamente a los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor.
Disposición transitoria segunda. Aplicación del código único europeo previsto en el artículo 34 del Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos, conforme a la modificación introducida por el artículo quinto de este Real Decreto-ley.
Los tejidos y las células que hayan sido almacenados con anterioridad al 29 de octubre de 2016 estarán exentos de las obligaciones relativas al código único europeo a que se refiere el artículo 34 del Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos, a condición de que se pongan en circulación en la Unión Europea en un plazo de cinco años a partir de esa fecha, y de que se garantice la plena trazabilidad por medios alternativos.
En el caso de los tejidos y las células que, habiendo sido almacenados con anterioridad al 29 de octubre de 2016, se mantengan almacenados y solo se pongan en circulación una vez que haya expirado dicho período de cinco años y para los que la aplicación del código único europeo no resulta posible, en particular porque los tejidos y las células se almacenan congelados a muy baja temperatura, los establecimientos de tejidos deberán utilizar los procedimientos aplicables a los productos con etiquetas pequeñas establecidos en el artículo 34 bis f) del Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio.
Disposición transitoria tercera. Normas transitorias sobre desplazamiento de trabajadores a España.
1. Las comunicaciones de desplazamiento de trabajadores a España realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se regirán por la normativa vigente en el momento de su realización.
2. En tanto se proceda al desarrollo reglamentario previsto, las comunicaciones de desplazamiento de trabajadores a España podrán seguir realizándose por los medios en que vinieran haciéndose a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley.
3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, las modificaciones introducidas en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, por el presente real decreto-ley serán aplicables a los desplazamientos ya iniciados a la fecha de entrada en vigor del mismo, siempre que a esa fecha los trabajadores desplazados continúen prestando servicios en España.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto-ley.
Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
Se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado 3 al artículo 66 bis, que queda redactado de la siguiente manera:
«3. Cuando se haya resuelto el contrato, el empresario deberá proceder a reembolsar, sin ninguna demora indebida, todas las cantidades abonadas por el consumidor y usuario en virtud del mismo.»
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 107, que queda redactado en los siguientes términos:
«1. El empresario reembolsará todo pago recibido del consumidor y usuario, incluidos, en su caso, los costes de entrega, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha en que haya sido informado de la decisión de desistimiento del contrato del consumidor y usuario de conformidad con el artículo 106.
El empresario deberá efectuar el reembolso a que se refiere el primer párrafo utilizando el mismo medio de pago empleado por el consumidor para la transacción inicial, a no ser que el consumidor haya dispuesto expresamente lo contrario y siempre y cuando el consumidor no incurra en ningún gasto como consecuencia del reembolso.»
Disposición final segunda Incorporación de Derecho de la Unión Europea.
Mediante este Real Decreto-ley se incorporan al Derecho español las siguientes Directivas:
Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores, modificada por el Reglamento (UE) n° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones.
Directiva 2013/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por la que se modifican la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado, la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores, y la Directiva 2007/14/CE de la Comisión por la que se establecen disposiciones de aplicación de determinadas prescripciones de la Directiva 2004/109/CE.
Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014 que establece determinadas normas por las que se rigen, en virtud del Derecho nacional, las acciones de daños resultantes de las infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.
Directiva (UE) 2015/565 de la Comisión, de 8 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 2006/86/CE en lo relativo a determinados requisitos técnicos para la codificación de células y tejidos humanos.
Directiva (UE) 2015/566 de la Comisión, de 8 de abril de 2015, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE en lo que se refiere a los procedimientos de verificación de la equivalencia de las normas de calidad y seguridad de las células y los tejidos importados.
Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI»).
Disposición final tercera. Título competencial.
Los artículos primero y segundo de este Real Decreto-ley se dictan en ejercicio de las competencias exclusivas que corresponden al Estado en materia de legislación mercantil, establecida en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española, bases de la ordenación del crédito, establecida en el artículo 149.1.11.ª, y bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, establecida en el artículo 149.1.13.ª
El artículo tercero se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia de Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
El artículo cuarto se dicta al amparo de la competencia que al Estado atribuye en exclusiva el artículo 149.1. 6.ª de la Constitución Española en materia procesal.
El artículo quinto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación general de la sanidad, a excepción de su apartado dos que se ampara en la competencia exclusiva del Estado en materia de sanidad exterior.
Los artículos sexto y séptimo de este Real Decreto-ley se dictan al amparo de los títulos competenciales previstos en el artículo 149.1.5.ª y 7.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado las competencias exclusivas en materia de Administración de justicia y de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.
Disposición final cuarta. Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo del presente Real Decreto-ley.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 26 de mayo de 2017.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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Decreto que crea Comisión de seguimiento del cauce extrajudicial para cláusulas suelo #BOE
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DECRETO_LEY
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Jefatura del Estado
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Decreto que crea Comisión de seguimiento del cauce extrajudicial para cláusulas suelo
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CORRECCIÓN de errores
, con modificación de los arts. 6.1, 7.3 y disposición final 1, en BOE núm. 136 de 8 de junio de 2017
SE PUBLICA Acuerdo de convalidación
, por Resolución de 22 de junio de 2017
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2017-09-23
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BOE-B-2017-54799
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del contrato de servicios denominado 'Elaboración de un estudio cualitativo sobre los servicios externalizados del Ayuntamiento de Madrid'.
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<departamento codigo='9525'>Administración Local</departamento>
<numero_anuncio>A170067181</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20170923</fecha_publicacion>
<letra_imagen>B</letra_imagen>
<pagina_inicial>67688</pagina_inicial>
<pagina_final>67690</pagina_final>
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<suplemento_pagina_inicial></suplemento_pagina_inicial>
<suplemento_pagina_final></suplemento_pagina_final>
<url_pdf>/boe/dias/2017/09/23/pdfs/BOE-B-2017-54799.pdf</url_pdf>
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<analisis>
<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas>Hasta las catorce horas del día 16 de octubre de 2017</fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas>25 de octubre de 2017, a las 10.00 horas</fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>53.768,46</importe>
<ambito_geografico>Comunidad de Madrid</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Economía y Hacienda.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Secretaría General Técnica.</dd>
<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Calle Alcalá, 45, tercera planta.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid - 28014.</dd>
<dt>4) Teléfono: </dt>
<dd>91 480 27 80.</dd>
<dt>5) Telefax: </dt>
<dd>91 588 23 71.</dd>
<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>http://www.madrid.es/perfildecontratante.</dd>
<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
<dd>6 de octubre de 2017.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>d) Número de expediente: </dt>
<dd>300/2017/01543.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Servicios.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Elaboración de un estudio cualitativo sobre los servicios externalizados del Ayuntamiento de Madrid.</dd>
<dt>c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: </dt>
<dd>No.</dd>
<dt>d) Lugar de ejecución/entrega: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Domicilio: </dt>
<dd>Dependencias del adjudicatario.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
<dd>6 meses.</dd>
<dt>f) Admisión de prórroga: </dt>
<dd>No procede.</dd>
<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>79.311000-7 'Servicios de estudios'; 79.315000-5. 'Servicios de investigación social'; 79.320000-3. 'Servicios de encuestas de opinión pública'; 79.411000-8. 'Servicios generales de consultoría en gestión'.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
<dd>Pluralidad de criterios: Descripción del proyecto: 25 puntos; Oferta económica: 45 puntos; Criterio Social: 10 puntos; Mejoras en el equipo de trabajo: 15 puntos; Incremento en el número de entrevistas: 5 puntos, de acuerdo con el apartado 20 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>44.436,74 euros, IVA excluido.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) </dt>
<dd> Importe neto: 44.436,74 euros. Importe total: 53.768,46 euros. </dd>
</dl>
</dd>
<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
<dd> Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido).</dd>
<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
<dd>- Artículo 75.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Requisitos mínimos de solvencia: Se exige un volumen anual de negocios en cualquiera de los tres últimos ejercicios concluidos, de al menos 62.000 euros. Este volumen anual de negocios se acreditará mediante una declaración responsable del representante legal del licitador. - Artículo 78.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Requisitos mínimos de solvencia: Para la acreditación de la solvencia técnica se aportará una relación, firmada por el representante legal de la empresa, de los trabajos realizados en el año de mayor ejecución de los cinco últimos, en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato (tomando como criterio de correspondencia entre los servicios ejecutados por el empresario y los que constituyen el objeto del contrato la igualdad entre los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV) que incluya importes, fechas y destinatario público o privado de los mismos, exigiéndose haber realizado estos trabajos por un importe mínimo de 31.500 euros, IVA excluido, en el año de mayor ejecución de los cinco últimos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
<dd>Hasta las catorce horas del día 16 de octubre de 2017.</dd>
<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
<dd>Se aportará la documentación indicada en la cláusula 19 y apartados 10 y 22 del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.</dd>
<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Oficina de Registro del Área de Gobierno de Economía y Hacienda.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Calle Alcalá, 45, planta baja.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid - 28014.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
<dd>No procede.</dd>
<dt>f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: </dt>
<dd>Dos meses, a contar desde la apertura de proposiciones.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Descripción: </dt>
<dd>Acto público de información de licitadores admitidos y de apertura de sobres de documentación referente a criterios no valorables en cifras o porcentajes.</dd>
<dt>b) Dirección: </dt>
<dd>Calle Alcalá, 45, sótano 1.</dd>
<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid - 28014.</dd>
<dt>d) Fecha y hora: </dt>
<dd>25 de octubre de 2017, a las 10.00 horas.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
<dd>A cargo de la entidad adjudicataria.</dd>
<dt>12. Otras informaciones: </dt>
<dd>Se establece como condición especial de ejecución la que figura en la cláusula 5.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas respecto la conciliación de la vida personal y laboral de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato.</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 18 de septiembre de 2017.- La Jefe del Servicio de Contratación.- Miryam Iranzo Fernández-Valladares.</p>
</texto>
</documento>
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Sat Sep 23 07:24:56 +0000 2017
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1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
2) Domicilio:
Calle Alcalá, 45, tercera planta.
3) Localidad y código postal:
Madrid - 28014.
4) Teléfono:
91 480 27 80.
5) Telefax:
91 588 23 71.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.madrid.es/perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
6 de octubre de 2017.
d) Número de expediente:
300/2017/01543.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Elaboración de un estudio cualitativo sobre los servicios externalizados del Ayuntamiento de Madrid.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Dependencias del adjudicatario.
e) Plazo de ejecución/entrega:
6 meses.
f) Admisión de prórroga:
No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
79.311000-7 'Servicios de estudios'; 79.315000-5. 'Servicios de investigación social'; 79.320000-3. 'Servicios de encuestas de opinión pública'; 79.411000-8. 'Servicios generales de consultoría en gestión'.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Pluralidad de criterios: Descripción del proyecto: 25 puntos; Oferta económica: 45 puntos; Criterio Social: 10 puntos; Mejoras en el equipo de trabajo: 15 puntos; Incremento en el número de entrevistas: 5 puntos, de acuerdo con el apartado 20 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Valor estimado del contrato:
44.436,74 euros, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 44.436,74 euros. Importe total: 53.768,46 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
- Artículo 75.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Requisitos mínimos de solvencia: Se exige un volumen anual de negocios en cualquiera de los tres últimos ejercicios concluidos, de al menos 62.000 euros. Este volumen anual de negocios se acreditará mediante una declaración responsable del representante legal del licitador. - Artículo 78.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Requisitos mínimos de solvencia: Para la acreditación de la solvencia técnica se aportará una relación, firmada por el representante legal de la empresa, de los trabajos realizados en el año de mayor ejecución de los cinco últimos, en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato (tomando como criterio de correspondencia entre los servicios ejecutados por el empresario y los que constituyen el objeto del contrato la igualdad entre los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV) que incluya importes, fechas y destinatario público o privado de los mismos, exigiéndose haber realizado estos trabajos por un importe mínimo de 31.500 euros, IVA excluido, en el año de mayor ejecución de los cinco últimos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
Hasta las catorce horas del día 16 de octubre de 2017.
b) Modalidad de presentación:
Se aportará la documentación indicada en la cláusula 19 y apartados 10 y 22 del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Oficina de Registro del Área de Gobierno de Economía y Hacienda.
2) Domicilio:
Calle Alcalá, 45, planta baja.
3) Localidad y código postal:
Madrid - 28014.
e) Admisión de variantes:
No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Dos meses, a contar desde la apertura de proposiciones.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Acto público de información de licitadores admitidos y de apertura de sobres de documentación referente a criterios no valorables en cifras o porcentajes.
b) Dirección:
Calle Alcalá, 45, sótano 1.
c) Localidad y código postal:
Madrid - 28014.
d) Fecha y hora:
25 de octubre de 2017, a las 10.00 horas.
10. Gastos de publicidad:
A cargo de la entidad adjudicataria.
12. Otras informaciones:
Se establece como condición especial de ejecución la que figura en la cláusula 5.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas respecto la conciliación de la vida personal y laboral de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato.
Madrid, 18 de septiembre de 2017.- La Jefe del Servicio de Contratación.- Miryam Iranzo Fernández-Valladares.
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El Ayuntamiento de Madrid contratará un servicio para evaluar los servicios externalizados. #BOE
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Administración Local
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Licitación de la elaboración de un estudio cualitativo sobre los servicios externalizados del Ayuntamiento de Madrid por importe total de 53.768,46 euros.
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[] | 796
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2015-02-21
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BOE-A-2015-1779
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Resolución de 13 de febrero de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se prorroga la vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 2013, modificada por la de 30 de julio de 2014, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento incluidas en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero.
|
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<documento fecha_actualizacion='20181023201512'>
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<identificador>BOE-A-2015-1779</identificador>
<titulo>Resolución de 13 de febrero de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se prorroga la vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 2013, modificada por la de 30 de julio de 2014, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento incluidas en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<fecha_disposicion>20150213</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20150221</fecha_publicacion>
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<alerta codigo='131' orden=''>Trabajo y empleo</alerta>
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<texto>
<p class='parrafo'>El Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas, en su disposición adicional segunda, establece la prórroga automática de la vigencia de dicho programa, por periodos sucesivos de seis meses, siempre que la tasa de desempleo sea superior al 20 por ciento según la última Encuesta de Población Activa publicada con anterioridad a la fecha de la prórroga.</p>
<p class='parrafo'>La tasa de desempleo publicada en la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2014 ha sido del 23,70 por ciento, es decir superior al 20 por ciento, por ello, en aplicación del citado Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, queda prorrogada por seis meses más la vigencia del mencionado programa.</p>
<p class='parrafo'>Teniendo en cuenta la situación anterior, la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en virtud de las facultades conferidas por el artículo único, apartado 13, del Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, y por la disposición final cuarta del Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, estima procedente prorrogar la Resolución de 1 de agosto de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento incluidas en dicho programa.</p>
<p class='parrafo'>En virtud de dicha habilitación se dicta la presente resolución.</p>
<p class='articulo'>Artículo 1. Prórroga de la Resolución de 1 de agosto de 2013, modificada por la Resolución de 30 de julio de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal.</p>
<p class='parrafo'>Se prorroga por un periodo de seis meses, a partir del 16 de febrero de 2015, la vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 2013, modificada por la Resolución de 30 de julio de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento incluidas en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero.</p>
<p class='parrafo'>La misma será de aplicación a las personas desempleadas por extinción de su relación laboral e inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo que, dentro del período comprendido entre los días 16 de febrero y 15 de agosto de 2015, ambos inclusive, agoten la prestación por desempleo de nivel contributivo y no tengan derecho a cualquiera de los subsidios por desempleo establecidos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, o bien hayan agotado alguno de estos subsidios, incluidas sus prórrogas, y reúnan el resto de los requisitos establecidos en el Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto.</p>
<p class='articulo'>Disposición final única. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo'>Esta resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», produciendo efectos desde el 16 de febrero de 2015.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 13 de febrero de 2015.–La Directora General del Servicio Público de Empleo Estatal, Reyes Zataraín del Valle.</p>
</texto>
</documento>
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Sat Feb 21 12:50:19 +0000 2015
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El Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas, en su disposición adicional segunda, establece la prórroga automática de la vigencia de dicho programa, por periodos sucesivos de seis meses, siempre que la tasa de desempleo sea superior al 20 por ciento según la última Encuesta de Población Activa publicada con anterioridad a la fecha de la prórroga.
La tasa de desempleo publicada en la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2014 ha sido del 23,70 por ciento, es decir superior al 20 por ciento, por ello, en aplicación del citado Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, queda prorrogada por seis meses más la vigencia del mencionado programa.
Teniendo en cuenta la situación anterior, la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en virtud de las facultades conferidas por el artículo único, apartado 13, del Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, y por la disposición final cuarta del Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, estima procedente prorrogar la Resolución de 1 de agosto de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento incluidas en dicho programa.
En virtud de dicha habilitación se dicta la presente resolución.
Artículo 1. Prórroga de la Resolución de 1 de agosto de 2013, modificada por la Resolución de 30 de julio de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal.
Se prorroga por un periodo de seis meses, a partir del 16 de febrero de 2015, la vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 2013, modificada por la Resolución de 30 de julio de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento incluidas en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero.
La misma será de aplicación a las personas desempleadas por extinción de su relación laboral e inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo que, dentro del período comprendido entre los días 16 de febrero y 15 de agosto de 2015, ambos inclusive, agoten la prestación por desempleo de nivel contributivo y no tengan derecho a cualquiera de los subsidios por desempleo establecidos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, o bien hayan agotado alguno de estos subsidios, incluidas sus prórrogas, y reúnan el resto de los requisitos establecidos en el Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», produciendo efectos desde el 16 de febrero de 2015.
Madrid, 13 de febrero de 2015.–La Directora General del Servicio Público de Empleo Estatal, Reyes Zataraín del Valle.
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Como la tasa de desempleo sigue por encima del 20%, prórroga automática de seis meses de ayudas 426 euros #BOE
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Como la tasa de desempleo sigue por encima del 20% (23,70%), se prórroga de forma automática seis meses más las ayudas para la protección social de las personas desempleadas.
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[
"420",
"1320",
"2483",
"3160",
"3599",
"3788",
"3805",
"5762",
"7886",
"8074",
"6800"
] | 797
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2014-12-23
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SUPRIME
la letra c) del art. 7 del anexo al Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio
DE CONFORMIDAD con
el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre
DE CONFORMIDAD con
Ley 39/2006, de 14 de diciembre
|
BOE-A-2014-13362
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Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.
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<documento fecha_actualizacion='20220705102602'>
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<identificador>BOE-A-2014-13362</identificador>
<titulo>Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<departamento codigo='9222'>Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad</departamento>
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<numero_oficial>1056/2014</numero_oficial>
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<fecha_publicacion>20141223</fecha_publicacion>
<fecha_vigencia>20141224</fecha_vigencia>
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<referencias>
<anteriores>
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<palabra codigo='235'>SUPRIME</palabra>
<texto>la letra c) del art. 7 del anexo al Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio</texto>
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<texto>el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre</texto>
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<texto>Ley 39/2006, de 14 de diciembre</texto>
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<posterior orden='' referencia='BOE-A-2017-2619'>
<palabra codigo='470'>SE DECLARA</palabra>
<texto>en el conflicto 2113/2015, la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 8, salvo su apartado 1.a) y 10, y la desestimación de todo lo demás, por Sentencia 18/2017, de 2 de febrero</texto>
</posterior>
</posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo_2'>La Constitución Española en su artículo 9.2 atribuye a los poderes públicos la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Asimismo les atribuye la tarea de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Refiriéndose a las personas con discapacidad, el artículo 49 de la Carta Magna, ordena a los poderes públicos que presten la atención especializada que requieran y el amparo especial para el disfrute de sus derechos.</p>
<p class='parrafo'>El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, recoge entre sus principios previstos en el artículo 3, el de vida independiente y el de accesibilidad universal. En coherencia con dichos principios, el artículo 30 prevé la adopción por los ayuntamientos de las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a personas con problemas graves de movilidad o movilidad reducida, por razón de su discapacidad.</p>
<p class='parrafo'>La autonomía personal y la independencia de las personas, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad, son principios igualmente recogidos en el artículo 3 de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, que obliga a los Estados Partes a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos que en ella se reconocen.</p>
<p class='parrafo'>En el ámbito europeo, la Recomendación (98/376/CE) del Consejo de la Unión Europea, de 4 de junio de 1998, señaló que era necesario el reconocimiento mutuo por los Estados miembros de la Unión Europea de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad con arreglo a un modelo comunitario uniforme, de manera que dichas personas pudieran disfrutar en todo el territorio comunitario de las facilidades a que da derecho la misma con arreglo a las normas nacionales vigentes del país en que se encuentren.</p>
<p class='parrafo'>En nuestro país, el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, atribuye en su artículo 7 a los municipios la competencia para regular, mediante ordenanza municipal de circulación, la distribución equitativa de los aparcamientos en las vías urbanas, prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, con el fin de favorecer su integración social.</p>
<p class='parrafo'>Posteriormente, la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, impuso a los Municipios la obligación de conceder una tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad con problemas graves de movilidad, con validez en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta la Recomendación del Consejo de la Unión Europea.</p>
<p class='parrafo'>En consecuencia, en la actualidad, todas las comunidades y ciudades autónomas cuentan con una regulación aplicable a la tarjeta de estacionamiento. Sin embargo, esta regulación es diversa, lo que supone diferencias en cuanto al uso de la tarjeta y los derechos que otorga su concesión, encontrándose situaciones, para una misma persona, muy diferenciadas según el lugar donde resida o al que se desplace.</p>
<p class='parrafo'>El objeto de este real decreto es el establecimiento, desde el más absoluto respeto a las competencias autonómicas y municipales, de unas condiciones básicas que garanticen la igualdad en todo el territorio para la utilización de la tarjeta de estacionamiento, con una regulación que garantice la seguridad jurídica de cualquier ciudadano con discapacidad que presenta movilidad reducida, y que se desplace por cualquier lugar del territorio nacional.</p>
<p class='parrafo'>Además, la constatación de que las dificultades de desplazamiento pueden venir determinadas por limitaciones distintas a las provocadas por las dificultades locomotoras, ha llevado al Gobierno a adoptar medidas concretas que solucionen estas situaciones.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, el real decreto recoge la obligación relativa al número mínimo de plazas de aparcamiento disponibles, reservadas y diseñadas para su uso por personas con discapacidad que presenten movilidad reducida en núcleos urbanos. Dicha obligación estaba ya recogida en el artículo 35 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, si bien se eleva el rango normativo de la obligación al ser incluida en este real decreto.</p>
<p class='parrafo'>Esta norma ha sido informada por el Consejo Nacional de la Discapacidad, en el que participan las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias, y por el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.<em> </em>De igual modo, ha sido sometida a consulta de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, y del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.</p>
<p class='parrafo'>En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de diciembre de 2014,</p>
<p class='centro_redonda'>DISPONGO:</p>
<p class='articulo'>Artículo 1. Objeto.</p>
<p class='parrafo'>Este real decreto tiene por objeto establecer las condiciones básicas del régimen jurídico aplicable a la tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida.</p>
<p class='articulo'>Artículo 2. Definición de la tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida.</p>
<p class='parrafo'>La tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida, en adelante, la tarjeta de estacionamiento, es un documento público acreditativo del derecho de las personas que cumplan los requisitos previstos en este real decreto, para estacionar los vehículos automóviles en que se desplacen, lo más cerca posible del lugar de acceso o de destino.</p>
<p class='articulo'>Artículo 3. Titulares del derecho a obtener la tarjeta de estacionamiento.</p>
<p class='parrafo'>1. Podrán obtener la tarjeta de estacionamiento aquellas personas físicas que tengan reconocida oficialmente la condición de persona con discapacidad, conforme a lo establecido en el artículo 4.2 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Que presenten movilidad reducida, conforme al anexo II del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, dictaminada por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.</p>
<p class='parrafo'>b) Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos, dictaminada por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Podrán asimismo obtener la tarjeta de estacionamiento las personas físicas o jurídicas titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad que presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, así como los servicios sociales a los que se refiere el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.</p>
<p class='parrafo'>3. Además de los supuestos previstos en los apartados anteriores, podrán obtener la tarjeta de estacionamiento las personas físicas o jurídicas que así lo tengan expresamente reconocido en la normativa autonómica o local.</p>
<p class='articulo'>Artículo 4. Ámbito territorial de la tarjeta de estacionamiento.</p>
<p class='parrafo'>Las tarjetas de estacionamiento concedidas por las administraciones públicas competentes tendrán validez en todo el territorio español sin perjuicio de su utilización en los Estados miembros de la Unión Europea, en los términos que los respectivos órganos competentes tengan establecido en materia de ordenación y circulación de vehículos.</p>
<p class='articulo'>Artículo 5. Plazas de aparcamiento reservadas para personas titulares de la tarjeta de estacionamiento.</p>
<p class='parrafo'>Los principales centros de actividad de los núcleos urbanos deberán disponer de un mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y diseñada para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento por cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo. Estas plazas deberán cumplir las condiciones reglamentariamente previstas.</p>
<p class='parrafo'>Los ayuntamientos, mediante ordenanza, determinarán las zonas del núcleo urbano que tienen la condición de centro de actividad.</p>
<p class='articulo'>Artículo 6. Condiciones de uso.</p>
<p class='parrafo'>1.<em> </em>La tarjeta de estacionamiento expedida a favor y en beneficio de una persona a título particular para su utilización en los vehículos que use para sus desplazamientos será personal e intransferible y utilizada únicamente cuando la persona titular conduzca un vehículo o sea transportada en él.</p>
<p class='parrafo'>2. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor de persona física o jurídica a que se refiere el artículo 3 será personal e intransferible, estará vinculada a un número de matrícula de vehículo destinado exclusivamente al transporte colectivo de personas con movilidad reducida y será eficaz únicamente cuando el vehículo transporte de forma efectiva a personas que se encuentren en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 3.1.</p>
<p class='parrafo'>3. El uso de la tarjeta de estacionamiento está subordinado a que su titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.</p>
<p class='parrafo'>4. Las condiciones de uso o los derechos regulados en normas autonómicas o locales, que sean más favorables o beneficiosos que los previstos en este real decreto para las personas con discapacidad que presentan movilidad reducida, serán, en todo caso, de aplicación.</p>
<p class='articulo'>Artículo 7. Derechos de los titulares y limitaciones de uso.</p>
<p class='parrafo'>1. Los titulares de la tarjeta de estacionamiento tendrán los siguientes derechos en todo el territorio nacional siempre y cuando exhiban de forma visible la tarjeta en el interior del vehículo:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Reserva de plaza de aparcamiento, previa la oportuna solicitud a la administración correspondiente y justificación de la necesidad de acuerdo con las condiciones que establezcan las administraciones autonómica o local, en lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo. La plaza deberá señalizarse con el símbolo internacional de accesibilidad.</p>
<p class='parrafo'>b) Estacionamiento en los lugares habilitados para las personas con discapacidad.</p>
<p class='parrafo'>c) Estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado durante el tiempo necesario, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria tercera.</p>
<p class='parrafo'>d) Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga, en los términos establecidos por la administración local, siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico.</p>
<p class='parrafo'>e) Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por el tiempo indispensable, siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico y de acuerdo con las instrucciones de los agentes de la autoridad.</p>
<p class='parrafo'>f) Acceso a vías, áreas o espacios urbanos con circulación restringida a residentes siempre que el destino se encuentre en el interior de esa zona.</p>
<p class='parrafo_2'>2. La posesión de la tarjeta de estacionamiento en ningún caso supondrá autorización para estacionar en zonas peatonales, en pasos peatonales, en los lugares y supuestos en que esté prohibido parar, lugares que obstruyan vados o salidas de emergencia, zonas acotadas por razones de seguridad pública y espacios que reduzcan carriles de circulación.</p>
<p class='articulo'>Artículo 8. Obligaciones de los titulares.</p>
<p class='parrafo'>1.<em> </em>El titular de la tarjeta de estacionamiento está obligado a:</p>
<p class='parrafo_2'>a) La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones de uso previstas en el artículo 6.</p>
<p class='parrafo'>b) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del vehículo o adherirla al parabrisas delantero por el interior, siempre con el documento original, de forma que resulte claramente visible y legible desde el exterior.</p>
<p class='parrafo'>c) Identificarse cuando así se lo requiera un agente de la autoridad, acreditando su identidad con el Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación Fiscal, tarjeta de residencia o cualquier otro documento oficial identificativo, sin el cual no podrá hacer uso de la tarjeta de estacionamiento. Los menores de 14 años podrán acreditar su identidad mediante la exhibición del documento de reconocimiento de grado de discapacidad.</p>
<p class='parrafo'>d) Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en el mayor grado posible, los problemas de tráfico que pudieran ocasionar al ejercitar los derechos que les confiere la utilización de la tarjeta de estacionamiento.</p>
<p class='parrafo'>e) Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento de la renovación o al término de su vigencia.</p>
<p class='parrafo_2'>2. El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la cancelación de la tarjeta de estacionamiento o a su retirada temporal, sin perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, la utilización fraudulenta de la tarjeta de estacionamiento, tanto por personas físicas como por personas jurídicas, dará lugar a su cancelación, sin perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.</p>
<p class='articulo'>Artículo 9. Garantía procedimental.</p>
<p class='parrafo'>En la tramitación de la tarjeta de estacionamiento es requisito necesario la emisión, por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad, del dictamen preceptivo y vinculante para la concesión de la tarjeta, de conformidad con los criterios de valoración establecidos en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, salvo en el supuesto de concesión excepcional previsto en la disposición adicional primera..</p>
<p class='articulo'>Artículo 10. Renovación de la tarjeta de estacionamiento.</p>
<p class='parrafo'>La presentación de la solicitud de renovación de la tarjeta de estacionamiento en el plazo previsto en la normativa aplicable, prorroga la validez de la emitida anteriormente hasta la resolución del procedimiento. En caso de que la solicitud se presente dentro de los noventa días naturales posteriores a la fecha en que haya finalizado la vigencia de la última tarjeta emitida, se entenderá que subsiste dicha vigencia hasta la resolución del correspondiente procedimiento de renovación.</p>
<p class='parrafo'>En todo caso, para renovar la tarjeta de estacionamiento es imprescindible que el titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional primera. Concesión de la tarjeta de estacionamiento provisional.</p>
<p class='parrafo'>1.<em> </em>Atendiendo a razones humanitarias, excepcionalmente se concederá una tarjeta de estacionamiento de carácter provisional de vehículos automóviles a las personas que presenten movilidad reducida, aunque esta no haya sido dictaminada oficialmente, por causa de una enfermedad o patología de extrema gravedad que suponga fehacientemente una reducción sustancial de la esperanza de vida que se considera normal para su edad y demás condiciones personales, y que razonablemente no permita tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta de estacionamiento.</p>
<p class='parrafo'>2. Para la obtención de la tarjeta de estacionamiento provisional, la acreditación de los extremos enunciados en el apartado anterior se efectuará mediante la emisión del correspondiente certificado por el personal médico facultativo de los servicios públicos de salud, que deberá contar con la validación de la inspección de los servicios sanitarios competentes por razón del domicilio de la persona solicitante.</p>
<p class='parrafo'>3. A los titulares de la tarjeta de estacionamiento provisional les serán de aplicación los derechos, obligaciones y condiciones de uso regulados en esta norma, durante el tiempo que dure su concesión.</p>
<p class='parrafo'>4. La concesión de la tarjeta de carácter provisional tendrá una duración máxima de un año, pudiendo prorrogarse por un periodo igual, siempre que se mantengan las condiciones iniciales requeridas para su otorgamiento.</p>
<p class='parrafo'>5. A través de los órganos de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas existentes, las administraciones públicas consensuarán los criterios de emisión de la tarjeta provisional.</p>
<p class='parrafo'>6. El órgano competente para la emisión de la tarjeta podrá realizar las actuaciones necesarias para la comprobación de la concurrencia de los requisitos previstos en esta disposición.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional segunda. Reserva de plazas en servicios y establecimientos sanitarios.</p>
<p class='parrafo'>Se reservará en los servicios y establecimientos sanitarios, un número suficiente de plazas para las personas con discapacidad que presenten movilidad reducida y las personas que dispongan de la tarjeta de estacionamiento provisional, que precisen tratamientos, asistencia y cuidados médicos con regularidad.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional tercera. Garantía del respeto al reparto de competencias constitucional y estatutariamente vigente.</p>
<p class='parrafo'>Este real decreto se aplicará, sin perjuicio de las competencias exclusivas reconocidas a las comunidades autónomas en materia de asistencia social en sus respectivos Estatutos de Autonomía.</p>
<p class='articulo'>Disposición transitoria primera. Adaptación de la normativa.</p>
<p class='parrafo'>Las administraciones públicas competentes dispondrán de un plazo de un año para adaptar sus normas a las previsiones de este real decreto, desde la fecha de su entrada en vigor.</p>
<p class='articulo'>Disposición transitoria segunda. Régimen de las tarjetas de estacionamiento emitidas con anterioridad a este real decreto.</p>
<p class='parrafo'>Las tarjetas de estacionamiento de vehículos automóviles emitidas con arreglo a la normativa aplicable a la entrada en vigor de este real decreto, mantendrán su validez hasta la fecha de vencimiento prevista en el documento original de expedición.</p>
<p class='articulo'>Disposición transitoria tercera. Situaciones preexistentes en relación con el estacionamiento en plazas de aparcamiento de tiempo limitado.</p>
<p class='parrafo'>Los municipios en los que, a la entrada en vigor de este real decreto, se vinieran aplicando, con arreglo a la correspondiente ordenanza, tarifas por el estacionamiento en plazas de aparcamiento de tiempo limitado sin eximir a los titulares de las tarjetas de estacionamiento, podrán mantener este régimen para dicho supuesto, siempre que acrediten el cumplimiento de la obligación de garantizar el número mínimo de plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida, prevista en la normativa que sea de aplicación.</p>
<p class='articulo'>Disposición derogatoria única. Derogación de normas.</p>
<p class='parrafo'>Se suprime la letra c) del artículo 7 del anexo al Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.</p>
<p class='articulo'>Disposición final primera. Título competencial.</p>
<p class='parrafo'>Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 1.ª del artículo 149.1 que reserva al Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.</p>
<p class='articulo'>Disposición final segunda. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo'>El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dado en Madrid, el 12 de diciembre de 2014.</p>
<p class='firma_rey'>FELIPE R.</p>
<p class='firma_ministro'>El Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,</p>
<p class='firma_ministro'>ALFONSO ALONSO ARANEGUI</p>
</texto>
</documento>
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Tue Dec 23 07:13:51 +0000 2014
|
La Constitución Española en su artículo 9.2 atribuye a los poderes públicos la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Asimismo les atribuye la tarea de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Refiriéndose a las personas con discapacidad, el artículo 49 de la Carta Magna, ordena a los poderes públicos que presten la atención especializada que requieran y el amparo especial para el disfrute de sus derechos.
El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, recoge entre sus principios previstos en el artículo 3, el de vida independiente y el de accesibilidad universal. En coherencia con dichos principios, el artículo 30 prevé la adopción por los ayuntamientos de las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a personas con problemas graves de movilidad o movilidad reducida, por razón de su discapacidad.
La autonomía personal y la independencia de las personas, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad, son principios igualmente recogidos en el artículo 3 de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, que obliga a los Estados Partes a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos que en ella se reconocen.
En el ámbito europeo, la Recomendación (98/376/CE) del Consejo de la Unión Europea, de 4 de junio de 1998, señaló que era necesario el reconocimiento mutuo por los Estados miembros de la Unión Europea de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad con arreglo a un modelo comunitario uniforme, de manera que dichas personas pudieran disfrutar en todo el territorio comunitario de las facilidades a que da derecho la misma con arreglo a las normas nacionales vigentes del país en que se encuentren.
En nuestro país, el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, atribuye en su artículo 7 a los municipios la competencia para regular, mediante ordenanza municipal de circulación, la distribución equitativa de los aparcamientos en las vías urbanas, prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, con el fin de favorecer su integración social.
Posteriormente, la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, impuso a los Municipios la obligación de conceder una tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad con problemas graves de movilidad, con validez en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta la Recomendación del Consejo de la Unión Europea.
En consecuencia, en la actualidad, todas las comunidades y ciudades autónomas cuentan con una regulación aplicable a la tarjeta de estacionamiento. Sin embargo, esta regulación es diversa, lo que supone diferencias en cuanto al uso de la tarjeta y los derechos que otorga su concesión, encontrándose situaciones, para una misma persona, muy diferenciadas según el lugar donde resida o al que se desplace.
El objeto de este real decreto es el establecimiento, desde el más absoluto respeto a las competencias autonómicas y municipales, de unas condiciones básicas que garanticen la igualdad en todo el territorio para la utilización de la tarjeta de estacionamiento, con una regulación que garantice la seguridad jurídica de cualquier ciudadano con discapacidad que presenta movilidad reducida, y que se desplace por cualquier lugar del territorio nacional.
Además, la constatación de que las dificultades de desplazamiento pueden venir determinadas por limitaciones distintas a las provocadas por las dificultades locomotoras, ha llevado al Gobierno a adoptar medidas concretas que solucionen estas situaciones.
Asimismo, el real decreto recoge la obligación relativa al número mínimo de plazas de aparcamiento disponibles, reservadas y diseñadas para su uso por personas con discapacidad que presenten movilidad reducida en núcleos urbanos. Dicha obligación estaba ya recogida en el artículo 35 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, si bien se eleva el rango normativo de la obligación al ser incluida en este real decreto.
Esta norma ha sido informada por el Consejo Nacional de la Discapacidad, en el que participan las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias, y por el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. De igual modo, ha sido sometida a consulta de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, y del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de diciembre de 2014,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto establecer las condiciones básicas del régimen jurídico aplicable a la tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida.
Artículo 2. Definición de la tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida.
La tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida, en adelante, la tarjeta de estacionamiento, es un documento público acreditativo del derecho de las personas que cumplan los requisitos previstos en este real decreto, para estacionar los vehículos automóviles en que se desplacen, lo más cerca posible del lugar de acceso o de destino.
Artículo 3. Titulares del derecho a obtener la tarjeta de estacionamiento.
1. Podrán obtener la tarjeta de estacionamiento aquellas personas físicas que tengan reconocida oficialmente la condición de persona con discapacidad, conforme a lo establecido en el artículo 4.2 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
a) Que presenten movilidad reducida, conforme al anexo II del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, dictaminada por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.
b) Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos, dictaminada por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.
2. Podrán asimismo obtener la tarjeta de estacionamiento las personas físicas o jurídicas titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad que presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, así como los servicios sociales a los que se refiere el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
3. Además de los supuestos previstos en los apartados anteriores, podrán obtener la tarjeta de estacionamiento las personas físicas o jurídicas que así lo tengan expresamente reconocido en la normativa autonómica o local.
Artículo 4. Ámbito territorial de la tarjeta de estacionamiento.
Las tarjetas de estacionamiento concedidas por las administraciones públicas competentes tendrán validez en todo el territorio español sin perjuicio de su utilización en los Estados miembros de la Unión Europea, en los términos que los respectivos órganos competentes tengan establecido en materia de ordenación y circulación de vehículos.
Artículo 5. Plazas de aparcamiento reservadas para personas titulares de la tarjeta de estacionamiento.
Los principales centros de actividad de los núcleos urbanos deberán disponer de un mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y diseñada para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento por cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo. Estas plazas deberán cumplir las condiciones reglamentariamente previstas.
Los ayuntamientos, mediante ordenanza, determinarán las zonas del núcleo urbano que tienen la condición de centro de actividad.
Artículo 6. Condiciones de uso.
1. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor y en beneficio de una persona a título particular para su utilización en los vehículos que use para sus desplazamientos será personal e intransferible y utilizada únicamente cuando la persona titular conduzca un vehículo o sea transportada en él.
2. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor de persona física o jurídica a que se refiere el artículo 3 será personal e intransferible, estará vinculada a un número de matrícula de vehículo destinado exclusivamente al transporte colectivo de personas con movilidad reducida y será eficaz únicamente cuando el vehículo transporte de forma efectiva a personas que se encuentren en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 3.1.
3. El uso de la tarjeta de estacionamiento está subordinado a que su titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.
4. Las condiciones de uso o los derechos regulados en normas autonómicas o locales, que sean más favorables o beneficiosos que los previstos en este real decreto para las personas con discapacidad que presentan movilidad reducida, serán, en todo caso, de aplicación.
Artículo 7. Derechos de los titulares y limitaciones de uso.
1. Los titulares de la tarjeta de estacionamiento tendrán los siguientes derechos en todo el territorio nacional siempre y cuando exhiban de forma visible la tarjeta en el interior del vehículo:
a) Reserva de plaza de aparcamiento, previa la oportuna solicitud a la administración correspondiente y justificación de la necesidad de acuerdo con las condiciones que establezcan las administraciones autonómica o local, en lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo. La plaza deberá señalizarse con el símbolo internacional de accesibilidad.
b) Estacionamiento en los lugares habilitados para las personas con discapacidad.
c) Estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado durante el tiempo necesario, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria tercera.
d) Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga, en los términos establecidos por la administración local, siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico.
e) Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por el tiempo indispensable, siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico y de acuerdo con las instrucciones de los agentes de la autoridad.
f) Acceso a vías, áreas o espacios urbanos con circulación restringida a residentes siempre que el destino se encuentre en el interior de esa zona.
2. La posesión de la tarjeta de estacionamiento en ningún caso supondrá autorización para estacionar en zonas peatonales, en pasos peatonales, en los lugares y supuestos en que esté prohibido parar, lugares que obstruyan vados o salidas de emergencia, zonas acotadas por razones de seguridad pública y espacios que reduzcan carriles de circulación.
Artículo 8. Obligaciones de los titulares.
1. El titular de la tarjeta de estacionamiento está obligado a:
a) La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones de uso previstas en el artículo 6.
b) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del vehículo o adherirla al parabrisas delantero por el interior, siempre con el documento original, de forma que resulte claramente visible y legible desde el exterior.
c) Identificarse cuando así se lo requiera un agente de la autoridad, acreditando su identidad con el Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación Fiscal, tarjeta de residencia o cualquier otro documento oficial identificativo, sin el cual no podrá hacer uso de la tarjeta de estacionamiento. Los menores de 14 años podrán acreditar su identidad mediante la exhibición del documento de reconocimiento de grado de discapacidad.
d) Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en el mayor grado posible, los problemas de tráfico que pudieran ocasionar al ejercitar los derechos que les confiere la utilización de la tarjeta de estacionamiento.
e) Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento de la renovación o al término de su vigencia.
2. El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la cancelación de la tarjeta de estacionamiento o a su retirada temporal, sin perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.
Asimismo, la utilización fraudulenta de la tarjeta de estacionamiento, tanto por personas físicas como por personas jurídicas, dará lugar a su cancelación, sin perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.
Artículo 9. Garantía procedimental.
En la tramitación de la tarjeta de estacionamiento es requisito necesario la emisión, por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad, del dictamen preceptivo y vinculante para la concesión de la tarjeta, de conformidad con los criterios de valoración establecidos en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, salvo en el supuesto de concesión excepcional previsto en la disposición adicional primera..
Artículo 10. Renovación de la tarjeta de estacionamiento.
La presentación de la solicitud de renovación de la tarjeta de estacionamiento en el plazo previsto en la normativa aplicable, prorroga la validez de la emitida anteriormente hasta la resolución del procedimiento. En caso de que la solicitud se presente dentro de los noventa días naturales posteriores a la fecha en que haya finalizado la vigencia de la última tarjeta emitida, se entenderá que subsiste dicha vigencia hasta la resolución del correspondiente procedimiento de renovación.
En todo caso, para renovar la tarjeta de estacionamiento es imprescindible que el titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.
Disposición adicional primera. Concesión de la tarjeta de estacionamiento provisional.
1. Atendiendo a razones humanitarias, excepcionalmente se concederá una tarjeta de estacionamiento de carácter provisional de vehículos automóviles a las personas que presenten movilidad reducida, aunque esta no haya sido dictaminada oficialmente, por causa de una enfermedad o patología de extrema gravedad que suponga fehacientemente una reducción sustancial de la esperanza de vida que se considera normal para su edad y demás condiciones personales, y que razonablemente no permita tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta de estacionamiento.
2. Para la obtención de la tarjeta de estacionamiento provisional, la acreditación de los extremos enunciados en el apartado anterior se efectuará mediante la emisión del correspondiente certificado por el personal médico facultativo de los servicios públicos de salud, que deberá contar con la validación de la inspección de los servicios sanitarios competentes por razón del domicilio de la persona solicitante.
3. A los titulares de la tarjeta de estacionamiento provisional les serán de aplicación los derechos, obligaciones y condiciones de uso regulados en esta norma, durante el tiempo que dure su concesión.
4. La concesión de la tarjeta de carácter provisional tendrá una duración máxima de un año, pudiendo prorrogarse por un periodo igual, siempre que se mantengan las condiciones iniciales requeridas para su otorgamiento.
5. A través de los órganos de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas existentes, las administraciones públicas consensuarán los criterios de emisión de la tarjeta provisional.
6. El órgano competente para la emisión de la tarjeta podrá realizar las actuaciones necesarias para la comprobación de la concurrencia de los requisitos previstos en esta disposición.
Disposición adicional segunda. Reserva de plazas en servicios y establecimientos sanitarios.
Se reservará en los servicios y establecimientos sanitarios, un número suficiente de plazas para las personas con discapacidad que presenten movilidad reducida y las personas que dispongan de la tarjeta de estacionamiento provisional, que precisen tratamientos, asistencia y cuidados médicos con regularidad.
Disposición adicional tercera. Garantía del respeto al reparto de competencias constitucional y estatutariamente vigente.
Este real decreto se aplicará, sin perjuicio de las competencias exclusivas reconocidas a las comunidades autónomas en materia de asistencia social en sus respectivos Estatutos de Autonomía.
Disposición transitoria primera. Adaptación de la normativa.
Las administraciones públicas competentes dispondrán de un plazo de un año para adaptar sus normas a las previsiones de este real decreto, desde la fecha de su entrada en vigor.
Disposición transitoria segunda. Régimen de las tarjetas de estacionamiento emitidas con anterioridad a este real decreto.
Las tarjetas de estacionamiento de vehículos automóviles emitidas con arreglo a la normativa aplicable a la entrada en vigor de este real decreto, mantendrán su validez hasta la fecha de vencimiento prevista en el documento original de expedición.
Disposición transitoria tercera. Situaciones preexistentes en relación con el estacionamiento en plazas de aparcamiento de tiempo limitado.
Los municipios en los que, a la entrada en vigor de este real decreto, se vinieran aplicando, con arreglo a la correspondiente ordenanza, tarifas por el estacionamiento en plazas de aparcamiento de tiempo limitado sin eximir a los titulares de las tarjetas de estacionamiento, podrán mantener este régimen para dicho supuesto, siempre que acrediten el cumplimiento de la obligación de garantizar el número mínimo de plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida, prevista en la normativa que sea de aplicación.
Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Se suprime la letra c) del artículo 7 del anexo al Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 1.ª del artículo 149.1 que reserva al Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 12 de diciembre de 2014.
FELIPE R.
El Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
ALFONSO ALONSO ARANEGUI
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Tarjeta estacionamiento discapacitados > en zonas actividad áreas urbanas se debe reservar 1 de 40 aparcamientos #BOe
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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Tarjeta estacionamiento discapacitados en zonas actividad áreas urbanas se debe reservar 1 de 40 aparcamientos
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SE DECLARA
en el conflicto 2113/2015, la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 8, salvo su apartado 1.a) y 10, y la desestimación de todo lo demás, por Sentencia 18/2017, de 2 de febrero
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"256",
"5023",
"3067",
"3085",
"7116"
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2014-07-15
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BOE-A-2014-7478
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Orden FOM/1230/2014, de 7 de julio, por la que se dispone el cese de don José Manuel Vargas Gómez, como Director-General Presidente de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE.
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<identificador>BOE-A-2014-7478</identificador>
<titulo>Orden FOM/1230/2014, de 7 de julio, por la que se dispone el cese de don José Manuel Vargas Gómez, como Director-General Presidente de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE.</titulo>
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<p class='parrafo'>El Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia establece en su artículo 18.2 el cambio de denominación de la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, que pasa a denominarse ENAIRE.</p>
<p class='parrafo'>Por su parte, la disposición adicional decimoctava, en su apartado 2, establece que el cargo de Presidente de la citada entidad recaerá en el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.</p>
<p class='parrafo'>Por lo expuesto,</p>
<p class='parrafo_2'>Dispongo el cese de don José Manuel Vargas Gómez como Director-General Presidente de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE (antes Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) con efectos de 5 de julio de 2014.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 7 de julio de 2014.–La Ministra de Fomento, Ana María Pastor Julián.</p>
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Tue Jul 15 08:37:27 +0000 2014
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El Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia establece en su artículo 18.2 el cambio de denominación de la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, que pasa a denominarse ENAIRE.
Por su parte, la disposición adicional decimoctava, en su apartado 2, establece que el cargo de Presidente de la citada entidad recaerá en el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Por lo expuesto,
Dispongo el cese de don José Manuel Vargas Gómez como Director-General Presidente de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE (antes Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) con efectos de 5 de julio de 2014.
Madrid, 7 de julio de 2014.–La Ministra de Fomento, Ana María Pastor Julián.
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El #BOE recoge el cese del presidente de AENA. El presidente de ENAIRE, la nueva entidad, será el número 2 de Fomento
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NOMBRAMIENTOS_Y_CESES
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Ministerio de Fomento
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Cese de José Manuel Vargas Gómez como Director-General Presidente de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE
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[] | 804
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2019-11-22
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BOE-A-2019-16854
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Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la fiesta 'Fiestas de San Cosme y San Damián', de Arnedo (La Rioja).
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<identificador>BOE-A-2019-16854</identificador>
<titulo>Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la fiesta 'Fiestas de San Cosme y San Damián', de Arnedo (La Rioja).</titulo>
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<judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
<vigencia_agotada>N</vigencia_agotada>
<estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
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<alerta codigo='107' orden=''>Cultura y ocio</alerta>
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<referencias>
<anteriores></anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>De conformidad con lo dispuesto en el apartado sexto de la Orden ITC/1763/2006, de 3 de mayo, por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional, que se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» número 135, de 7 de junio de 2006,</p>
<p class='parrafo'>Esta Secretaría de Estado de Turismo ha tenido a bien conceder el título de «Fiesta de interés turístico nacional» a la siguiente fiesta:</p>
<p class='parrafo_2'>«Fiestas de San Cosme y San Damián» de Arnedo (La Rioja).</p>
<p class='parrafo_2'>Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 5 de noviembre de 2019.–La Secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver Sagreras.</p>
</texto>
</documento>
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Fri Nov 22 07:06:34 +0000 2019
|
De conformidad con lo dispuesto en el apartado sexto de la Orden ITC/1763/2006, de 3 de mayo, por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional, que se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» número 135, de 7 de junio de 2006,
Esta Secretaría de Estado de Turismo ha tenido a bien conceder el título de «Fiesta de interés turístico nacional» a la siguiente fiesta:
«Fiestas de San Cosme y San Damián» de Arnedo (La Rioja).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.
Madrid, 5 de noviembre de 2019.–La Secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver Sagreras.
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@kanciller Mira a ver, que te han declarado las fiestas del pueblo de interés turístico :P
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"107"
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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«Fiestas de San Cosme y San Damián» de Arnedo (La Rioja) obtiene el título de Fiesta de interés turístico nacional
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2014-11-08
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BOE-B-2014-39312
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Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de: 'Contratación para la edición, redacción, impresión y distribución del Boletín Informativo Tierra, asi como la edición, redacción y carga de noticias en la web del Ejército' (Expediente 2094714014600), promovido por la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
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<identificador>BOE-B-2014-39312</identificador>
<titulo>Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de: 'Contratación para la edición, redacción, impresión y distribución del Boletín Informativo Tierra, asi como la edición, redacción y carga de noticias en la web del Ejército' (Expediente 2094714014600), promovido por la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del Ejército de Tierra.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<departamento codigo='6110'>Ministerio de Defensa</departamento>
<numero_anuncio>A140055886</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20141108</fecha_publicacion>
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<suplemento_pagina_final></suplemento_pagina_final>
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<analisis>
<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
<tramitacion codigo='2'>Urgente</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas>12:00 horas del día 10 de diciembre de 2014</fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas>18 de diciembre de 2014, a las 10:00</fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>185.000,00</importe>
<ambito_geografico>Sin definir</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del Ejército de Tierra.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Mesa de Contratación del Ejército de Tierra.</dd>
<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Mesa de Contratación del Ejército de Tierra. Cuartel General del Ejército, Edificio Descalzas, planta 3ª, despacho n.º 7.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>C/ Prim, 6-8.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid, 28071.</dd>
<dt>4) Teléfono: </dt>
<dd>917803496</dd>
<dt>5) Telefax: </dt>
<dd>917803508</dd>
<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>www.contratacióndelestado.es.</dd>
<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
<dd>12 horas del día 9 de diciembre de 2014.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>d) Número de expediente: </dt>
<dd>2094714014600</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Servicios.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Contratación para la edición, redacción, impresión, y distribución del Boletín Informativo Tierra, asi como la edición, redacción y carga de noticias en la web del Ejército.</dd>
<dt>c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: </dt>
<dd>Ver pliego.</dd>
<dt>d) Lugar de ejecución/entrega: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Domicilio: </dt>
<dd>Ver pliego.</dd>
<dt>2) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Ver pliego.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
<dd>Ver pliego.</dd>
<dt>f) Admisión de prórroga: </dt>
<dd>Ver pliego.</dd>
<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>79824000-6.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Urgente.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
<dd>Ver pliego.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) </dt>
<dd>Importe total: 185.000,00 euros. </dd>
</dl>
</dd>
<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
<dd>Provisional (importe): No procede. Definitiva (%): Ver pliego.</dd>
<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
<dd>Grupo T, subgrupo 3, categoría B ó Grupo M, subgrupo 4, categoría B.</dd>
<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
<dd>Ver pliego.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
<dd>12:00 horas del día 10 de diciembre de 2014.</dd>
<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
<dd>Ver pliego.</dd>
<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Mesa de Contratación del Ejército de Tierra. Cuartel General del Ejército, edificio Descalzas, planta 3ª, despacho n.º 7.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>C/ Prim, 6-8.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>28071 Madrid.</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
</dd>
<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Descripción: </dt>
<dd>Mesa de Contratación del Ejército de Tierra. Cuartel General del Ejército, edificio Descalzas, planta 3ª, despacho n.º 4.</dd>
<dt>b) Dirección: </dt>
<dd>C/ Prim, 6-8.</dd>
<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
<dd>28071 Madrid.</dd>
<dt>d) Fecha y hora: </dt>
<dd>18 de diciembre de 2014, a las 10:00.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
<dd>Por cuenta del adjudicatario.</dd>
<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
<dd>31 de octubre de 2014.</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Madrid,, 31 de octubre de 2014.- El General Presidente de la Mesa de Contratación del E.T.</p>
</texto>
</documento>
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Sat Nov 08 09:17:21 +0000 2014
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1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Mesa de Contratación del Ejército de Tierra.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Mesa de Contratación del Ejército de Tierra. Cuartel General del Ejército, Edificio Descalzas, planta 3ª, despacho n.º 7.
2) Domicilio:
C/ Prim, 6-8.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28071.
4) Teléfono:
917803496
5) Telefax:
917803508
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.contratacióndelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
12 horas del día 9 de diciembre de 2014.
d) Número de expediente:
2094714014600
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Contratación para la edición, redacción, impresión, y distribución del Boletín Informativo Tierra, asi como la edición, redacción y carga de noticias en la web del Ejército.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
Ver pliego.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Ver pliego.
2) Localidad y código postal:
Ver pliego.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Ver pliego.
f) Admisión de prórroga:
Ver pliego.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
79824000-6.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Urgente.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Ver pliego.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe total: 185.000,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): No procede. Definitiva (%): Ver pliego.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo T, subgrupo 3, categoría B ó Grupo M, subgrupo 4, categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Ver pliego.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
12:00 horas del día 10 de diciembre de 2014.
b) Modalidad de presentación:
Ver pliego.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Mesa de Contratación del Ejército de Tierra. Cuartel General del Ejército, edificio Descalzas, planta 3ª, despacho n.º 7.
2) Domicilio:
C/ Prim, 6-8.
3) Localidad y código postal:
28071 Madrid.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Mesa de Contratación del Ejército de Tierra. Cuartel General del Ejército, edificio Descalzas, planta 3ª, despacho n.º 4.
b) Dirección:
C/ Prim, 6-8.
c) Localidad y código postal:
28071 Madrid.
d) Fecha y hora:
18 de diciembre de 2014, a las 10:00.
10. Gastos de publicidad:
Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
31 de octubre de 2014.
Madrid,, 31 de octubre de 2014.- El General Presidente de la Mesa de Contratación del E.T.
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Otro ejemplo de mala planificación: Defensa licita la redacción de la revista Tierra vía urgente porque ¿se les pasó?
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Ministerio de Defensa
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Defensa licita lla edición, redacción, impresión, y distribución del Boletín Informativo Tierra por importe total de 185.000,00 euros.
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[] | 806
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2021-12-10
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MODIFICA
los arts. 1, 4, 35, 39, 49, 52, disposición transitoria 2 y 3, anexo I y PRORROGA el Convenio publicado por Resolución de 21 de julio de 2020
DE CONFORMIDAD con
el art. 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre
DE CONFORMIDAD con
el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo
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BOE-A-2021-20441
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Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican los Acuerdos de modificación, prórroga y revisión salarial para el año 2022 del IV Convenio colectivo del Grupo de empresas Movistar+ (Telefónica Audiovisual Digital, SLU, y Compañía Independiente de Televisión, SL).
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<identificador>BOE-A-2021-20441</identificador>
<titulo>Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican los Acuerdos de modificación, prórroga y revisión salarial para el año 2022 del IV Convenio colectivo del Grupo de empresas Movistar+ (Telefónica Audiovisual Digital, SLU, y Compañía Independiente de Televisión, SL).</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>295</diario_numero>
<seccion>3</seccion>
<subseccion></subseccion>
<departamento codigo='9573'>Ministerio de Trabajo y Economía Social</departamento>
<rango codigo='1370'>Resolución</rango>
<numero_oficial></numero_oficial>
<fecha_disposicion>20211129</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20211210</fecha_publicacion>
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<materia codigo='1684' orden=''>Convenios colectivos</materia>
<materia codigo='6859' orden=''>Telefónica de España</materia>
<materia codigo='6863' orden=''>Televisión digital</materia>
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<alertas></alertas>
<referencias>
<anteriores>
<anterior orden='2015' referencia='BOE-A-2020-9011'>
<palabra codigo='270'>MODIFICA</palabra>
<texto>los arts. 1, 4, 35, 39, 49, 52, disposición transitoria 2 y 3, anexo I y PRORROGA el Convenio publicado por Resolución de 21 de julio de 2020</texto>
</anterior>
<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-2015-11430'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>el art. 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre</texto>
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<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-2010-9274'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo</texto>
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</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Visto el texto de los acuerdos de modificación, prórroga y revisión salarial para el año 2022 del IV Convenio colectivo del Grupo de empresas Movistar+ (Telefónica Audiovisual Digital, S.L.U. y Compañía Independiente de Televisión, S.L.) –Código de convenio: 90014823012004–, publicado en el BOE de 1 de agosto de 2020, acuerdos que fueron suscritos, con fecha 4 de noviembre de 2021, de una parte por los designados por la Dirección de dicho grupo de empresas, en representación de las mismas y de otra por las organizaciones sindicales FeSMC-UGT y FSC-CC.OO., en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,</p>
<p class='parrafo'>Esta Dirección General de Trabajo resuelve:</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>Ordenar la inscripción de los citados acuerdos de modificación, prórroga y revisión salarial en el correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 29 de noviembre de 2021.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez Barbero.</p>
<p class='anexo'>ACUERDO DE PRÓRROGA DEL IV CONVENIO COLECTIVO DE MOVISTAR+ (COMPUESTO POR LAS MERCANTILES TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL, S.L.U., Y COMPAÑÍA INDEPENDIENTE DE TELEVISIÓN, S.L.), ACORDADA POR LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO</p>
<p class='parrafo_2'>En Tres Cantos (Madrid), 4 de noviembre de 2021, se reúnen los Representantes de la Dirección de Movistar+ (compuesto por las mercantiles Telefónica Audiovisual Digital, S.L.U. y Compañía Independiente de Televisión, S.L.) y, por la parte social, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. (FSC-CC.OO.) con implantación en las empresas, quienes se relacionan al final del texto, que son los miembros de la Comisión Negociadora y partes firmantes del vigente IV Convenio colectivo de Movistar+, suscrito con fecha 14 de mayo de 2020 (BOE 1 de agosto de 2020).</p>
<p class='parrafo_2'>Ambas partes, tras la solicitud efectuada por la parte social en fecha 13 de septiembre de 2021, manifiestan que es de interés de las mismas prorrogar el contenido del vigente Convenio Colectivo hasta el 31 de diciembre de 2022, y por ello, se suscribe la siguiente,</p>
<p class='centro_redonda'>ACTA DE PRÓRROGA DE CONVENIO COLECTIVO</p>
<p class='parrafo_2'>En el artículo 4 (vigencia y denuncia) del IV Convenio colectivo de Movistar+ («Boletín Oficial del Estado» de fecha 1 de agosto de 2020) se estipula la posibilidad de que las partes firmantes acuerden expresamente la prórroga de su contenido hasta el 31 de diciembre de 2022.</p>
<p class='parrafo'>Ante tal premisa, y tras las diversas reuniones mantenidas por las partes, en las que fueron discutidas todas aquellas cuestiones relacionadas con la presente prórroga, las partes han alcanzado un acuerdo final mediante el cual se formaliza la prórroga y modificación del IV Convenio colectivo de Movistar+, incluyendo sus disposiciones transitorias, final y única así como anexos que lo acompañan, hasta el 31 de diciembre de 2022, llevando a cabo la modificación y/o sustitución de los siguientes artículos y anexos en los términos que a continuación de enumeran:</p>
<p class='articulo'>Artículo 1. Ámbito territorial.</p>
<p class='parrafo'>Como consecuencia de la absorción de Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (DTS, S.A.), por otra sociedad diferente a las sujetas al presente convenio, el contenido del artículo 1 del IV Convenio colectivo de Movistar+ queda redactado de la siguiente forma:</p>
<blockquote class='sangrado'>
<p class='parrafo_2'>«Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo serán de aplicación en todos los centros de trabajo, ya establecidos en el territorio nacional o que puedan constituirse en el futuro durante el tiempo de su vigencia, de las siguientes empresas:</p>
<p class='parrafo_2'>– Compañía Independiente de Televisión, S.L. (CIT, S.L.).</p>
<p class='parrafo'>– Telefónica Audiovisual Digital, S.L.U. (TAD, S.L.U.).»</p>
</blockquote>
<p class='articulo'>Artículo 4. Vigencia y denuncia.</p>
<p class='parrafo'>El contenido del artículo 4 del IV Convenio colectivo de Movistar+ queda redactado de la siguiente forma:</p>
<blockquote class='sangrado'>
<p class='parrafo_2'>«El IV Convenio Colectivo entrará en vigor el 01 de enero de 2019 y su vigencia finalizará el 31 de diciembre de 2022.</p>
<p class='parrafo'>La denuncia del presente Convenio se llevará a cabo mediante escrito dirigido a la otra parte, con una antelación máxima de tres meses y mínima de dos meses naturales a la fecha de 31 de diciembre de 2022.</p>
<p class='parrafo'>En caso de no ser denunciado, se estará a lo expresamente previsto en el Estatuto de los Trabajadores.»</p>
</blockquote>
<p class='articulo'>Artículo 35. Salario base, revisión salarial y cláusula de garantía salarial.</p>
<p class='parrafo'>Se acuerda la regulación de la revisión salarial para el año 2022, añadiendo un guion y modificando los dos últimos párrafos relativos a la «Cláusula de Garantía»:</p>
<blockquote class='sangrado'>
<p class='parrafo_2'>«Año 2022: Para el año 2022 se aplicará un incremento sobre todos los conceptos salariales del 1% (uno por ciento), a todas aquellas personas incluidas dentro del ámbito del IV Convenio Colectivo y que estuvieran dadas de alta a fecha de 1 de enero de 2022.</p>
<p class='parrafo'>Paga lineal única: En caso de obtención de un EBITDA positivo en el ejercicio 2022, en las empresas conjuntamente consideradas, se abonará una paga lineal única de trescientos cincuenta euros (350 €) brutos anuales. Este importe se percibirá en las siguientes condiciones:</p>
<p class='parrafo_2'>– Una vez conocido el EBITDA, se efectuará un único pago por el importe establecido durante el mes de marzo de 2023.</p>
<p class='parrafo'>– Lo percibirán todas las personas trabajadoras incluidas dentro del ámbito de este IV Convenio Colectivo, que estuvieran dadas de alta a fecha 1 de enero de 2023. A aquellas personas trabajadoras que permanezcan en activo exclusivamente una parte del año 2022 y a quienes realizasen jornada reducida, se les abonará la parte proporcional correspondiente.</p>
<p class='parrafo'>– En la nómina del mes siguiente a su pago, se procederá a consolidar trescientos euros (300 €) del importe total abonado, en un Complemento Personal específico a tal efecto, que tendrá la consideración de no compensable, no absorbible y revalorizable, con efectos del 1 de enero de 2023, formando parte de la masa salarial susceptible de revisión del año siguiente.</p>
<p class='parrafo_2'>Cláusula de garantía: Conocido oficialmente en enero de 2023 el comportamiento del IPC de 2022, se reunirá la Comisión Mixta Paritaria del Convenio y procederá a sumar los IPC habidos durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022 de vigencia, y si éstos hubieran superado la suma de los incrementos salariales anuales aplicados, se procederá a incorporar la diferencia a las tablas salariales y demás conceptos económicos que correspondan y que han de servir de base de cálculo para incrementos futuros.</p>
<p class='parrafo'>Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 2.d) de la Disposición Transitoria Primera del III Convenio Colectivo, la compensación y absorción regulada en el artículo 6 del Convenio Colectivo no podrá ser en ningún caso utilizada para contrarrestar los incrementos salariales pactados en el presente Convenio para los años de vigencia 2019, 2020, 2021 y 2022.»</p>
</blockquote>
<p class='articulo'>Artículo 39. Ayuda de comidas.</p>
<p class='parrafo'>Se acuerda añadir al punto uno, una letra d), y al punto dos una letra d), quedando la nueva redacción de la siguiente manera:</p>
<blockquote class='sangrado'>
<p class='parrafo_2'>«1. La empresa abonará una ayuda económica mediante el sistema de vales de comida para todas aquellas personas que tienen jornada partida. Esta medida no será de aplicación al personal afectado por lo regulado en el punto dos del presente artículo, a quienes se aplicará lo establecido en el mismo. El importe de cada vale durante la vigencia del IV Convenio Colectivo será:</p>
<p class='parrafo_2'>a. Para el año 2019: Tres euros con setenta y cinco céntimos (3,75 €) por persona y día de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>b. Para el año 2020:</p>
<p class='parrafo_2'>– Hasta la fecha de la firma del IV Convenio Colectivo (14 de mayo de 2020): Tres euros con setenta y cinco céntimos (3,75 €) por persona y día de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>– Desde la fecha de la firma del IV Convenio Colectivo (15 de mayo de 2020): Nueve euros (9 €) por persona y día de trabajo.</p>
<p class='parrafo_2'>c. Para el año 2021: Diez euros (10 €) por persona y día de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>d. Para el año 2022: Diez euros (10 €) por persona y día de trabajo.</p>
<p class='parrafo_2'>Los vales de comida serán nominativos, y, por lo tanto, personales e intransferibles, pudiendo solamente utilizarse en los días de trabajo de cada persona, estando expresamente excluidos los períodos vacacionales y de descanso semanal. Son incompatibles con la percepción de dietas de viaje.</p>
<p class='parrafo'>2. Cuando la persona trabajadora desempeñe su labor en el centro de trabajo de Tres Cantos, no percibirá la ayuda señalada en el punto primero de este artículo, pues la empresa subvenciona el coste de la comida que se sirve en el comedor del centro en los siguientes importes:</p>
<p class='parrafo_2'>a. Durante el año 2019: El sesenta por ciento (60%) del coste de la comida que se sirve en el comedor del centro.</p>
<p class='parrafo'>b. Durante el año 2020:</p>
<p class='parrafo_2'>– Hasta la fecha de la firma del IV Convenio Colectivo (14 de mayo de 2020): El sesenta por ciento (60%) del coste de la comida que se sirve en el comedor del centro.</p>
<p class='parrafo'>– Desde la fecha de la firma del IV Convenio Colectivo (15 de mayo de 2020): El sesenta y cinco por ciento (65%) de dicho coste.</p>
<p class='parrafo_2'>c. Durante el año 2021: El setenta por ciento (70%) del coste de la comida que se sirve en el comedor del centro.</p>
<p class='parrafo'>d. Durante el año 2022: El setenta por ciento (70%) del coste de la comida que se sirve en el comedor del centro.</p>
<p class='parrafo_2'>La subvención expuesta será del cien por cien cuando el trabajo se desarrolle en fines de semana y festivos.</p>
<p class='parrafo'>La Empresa subvencionará exclusivamente el gasto de una comida por persona y día de trabajo en las condiciones anteriormente expuestas. Si por motivos estrictamente de trabajo, la persona tuviera que prolongar su jornada y esto le ocasionase tener que realizar una segunda comida, dicha situación se valorará por el Departamento de RR.HH., y en caso de existir causa justificable y debidamente justificada y aprobada por su responsable, se procederá a su regularización. Esta revisión se realizará semestralmente (abril y enero) por semestres vencidos.»</p>
</blockquote>
<p class='articulo'>Artículo 49. Seguro Colectivo de Vida.</p>
<p class='parrafo'>Se acuerda añadir un tercer punto referente a las condiciones a aplicar en el año 2022:</p>
<blockquote class='sangrado'>
<p class='parrafo_2'>«Año 2022:</p>
<p class='parrafo_2'>– En caso de fallecimiento: Cuatro anualidades de salario bruto anual, con un tope máximo de sesenta mil euros (60.000 €) brutos anuales. Esto es, un tope máximo total de doscientos cuarenta mil euros (240.000 €).</p>
<p class='parrafo'>– En caso de Incapacidad Permanente Absoluta: Una anualidad de salario bruto anual, con un tope máximo de sesenta mil euros (60.000 €) brutos anuales.»</p>
</blockquote>
<p class='articulo'>Artículo 52. Ayuda Escolar.</p>
<p class='parrafo'>Se acuerda dejarlo redactado de la siguiente manera:</p>
<blockquote class='sangrado'>
<p class='parrafo_2'>«Con objeto de colaborar en los gastos de escolarización de los hijos de las personas trabajadoras, toda aquella persona empleada con, al menos, una antigüedad de dos años, y cuyo salario bruto anual por todos los conceptos sea inferior a cuarenta y cinco mil euros (45.000 €), tendrá el derecho a percibir en 2020, 2021 y 2022, una ayuda por cada hijo de entre 0 y 3 años de edad, de doscientos euros (200 €) brutos anuales, que se abonarán en la nómina del mes de junio, tras la presentación de los correspondientes justificantes de gastos de matrícula en guarderías y/o contrato de trabajo en modelo oficial debidamente registrado que demuestre la contratación de cuidadores infantiles. En caso de que ambos progenitores trabajen en cualquiera de las Empresas afectadas por el IV Convenio Colectivo, se abonará el 50 % a cada uno de ellos. Este importe no es actualizable ni revisable.»</p>
</blockquote>
<p class='articulo'>Disposición transitoria segunda. Implantación en 2020 del nuevo sistema de Clasificación Profesional.</p>
<p class='parrafo'>Se acuerda expresamente la extensión temporal para negociar el nuevo sistema de clasificación profesional antes del próximo 30 de junio de 2022. En consecuencia, se procede a la modificación tanto del propio título de la Disposición transitoria segunda como del contenido de la misma, quedando redactado de la siguiente manera:</p>
<blockquote class='sangrado'>
<p class='articulo'>«Disposición transitoria segunda. Implantación en 2022 del nuevo sistema de Clasificación Profesional.</p>
<p class='parrafo_2'>Ambas partes se comprometen y obligan a constituir una Comisión Reducida de Trabajo integrada por cuatro miembros de la parte social y cuatro de la parte empresarial, con la finalidad de negociar y acordar un nuevo sistema de clasificación profesional antes del próximo 30 de junio de 2022, el cual, será elevado a la Comisión Negociadora del Convenio para su incorporación al mismo en el próximo convenio colectivo que se negocie y se suscriba. La aplicación de un nuevo sistema de clasificación no conllevará una reducción del salario bruto anual de las personas trabajadoras:»</p>
</blockquote>
<p class='articulo'>Disposición transitoria tercera. Teletrabajo.</p>
<p class='parrafo'>Se acuerda redactar dicha disposición de la siguiente manera:</p>
<blockquote class='sangrado'>
<p class='articulo'>«Disposición transitoria tercera. Teletrabajo.</p>
<p class='parrafo_2'>Las partes coinciden en que la 'Política sobre la gestión y aplicación del teletrabajo y el trabajo flexible para el personal denominado fuera de convenio y otros colectivos' la cual ha sido convenida con la parte social, resultará de aplicación de conformidad con los términos y condiciones contenidos en la misma.»</p>
</blockquote>
<p class='anexo'>ANEXO I</p>
<p class='parrafo_2'>A consecuencia de la prórroga y modificaciones efectuadas, se acuerda la adición de una nueva columna tanto en la «tabla salario base» como en la «tabla complementos» con objeto de incluir las respectivas cantidades aplicables al año 2022, modificando también el título del propio anexo I bajo la denominación «Tablas salariales 2019, 2020, 2021 y 2022»:</p>
<p class='centro_redonda'>«ANEXO I»</p>
<p class='centro_negrita'>Tablas salariales 2019, 2020, 2021 y 2022</p>
<table class='tabla_ancha'>
<caption>
<p class='centro_cursiva'>Tabla Salario Base</p>
</caption>
<thead>
<tr>
<th class='cabeza_tabla' rowspan='2'> Niveles</th>
<th class='cabeza_tabla' colspan='2'>Año 2019</th>
<th class='cabeza_tabla' colspan='2'>Año 2020</th>
<th class='cabeza_tabla' colspan='2'>Año 2021</th>
<th class='cabeza_tabla' colspan='2'>Año 2022</th>
</tr>
<tr>
<th class='cabeza_tabla'>Euros/año</th>
<th class='cabeza_tabla'>Euros/mes</th>
<th class='cabeza_tabla'>Euros/año</th>
<th class='cabeza_tabla'>Euros/mes</th>
<th class='cabeza_tabla'>Euros/año</th>
<th class='cabeza_tabla'>Euros/mes</th>
<th class='cabeza_tabla'>Euros/año</th>
<th class='cabeza_tabla'>Euros/mes</th>
</tr>
</thead>
<colgroup>
<col/>
<col/>
<col/>
<col/>
<col/>
<col/>
<col/>
<col/>
<col/>
</colgroup>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel A0.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>47.289,37</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>3.377,81</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>47.998,71</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>3.428,48</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>48.718,69</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>3.479,91</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>49.205,88</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>3.514,71</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel A1.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>43.884,93</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>3.134,64</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>44.543,20</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>3.181,66</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>45.211,35</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>3.229,38</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>45.663,46</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>3.261,68</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel A2.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>39.794,01</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>2.842,43</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>40.390,92</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>2.885,07</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>40.996,78</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>2.928,34</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>41.406,75</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>2.957,63</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel A3.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>35.889,15</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>2.563,51</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>36.427,49</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>2.601,96</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>36.973,90</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>2.640,99</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>37.343,64</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>2.667,40</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel B1.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>33.099,62</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>2.364,26</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>33.596,11</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>2.399,72</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>34.100,05</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>2.435,72</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>34.441,05</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>2.460,08</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel B2.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>29.845,42</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>2.131,82</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>30.293,10</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>2.163,79</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>30.747,49</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>2.196,25</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>31.054,97</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>2.218,21</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel C1.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>27.242,33</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.945,88</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>27.650,96</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.975,07</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>28.065,73</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>2.004,69</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>28.346,38</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>2.024,74</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel D1.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>24.545,77</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.753,27</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>24.913,95</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.779,57</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>25.287,66</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.806,26</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>25.540,54</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.824,32</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel D2.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>22.500,27</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.607,16</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>22.837,77</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.631,27</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>23.180,34</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.655,74</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>23.412,14</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.672,30</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel D3.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>21.477,88</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.534,13</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>21.800,05</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.557,15</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>22.127,05</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.580,50</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>22.348,32</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.596,31</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel E.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>21.477,88</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.534,13</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>21.800,05</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.557,15</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>22.127,05</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.580,50</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>22.348,32</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.596,31</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class='tabla_girada'>
<caption>
<p class='centro_cursiva'>Tabla Complementos</p>
</caption>
<thead>
<tr>
<th class='cabeza_tabla' rowspan='2'> Complementos</th>
<th class='cabeza_tabla' colspan='3'>Año 2019</th>
<th class='cabeza_tabla' colspan='3'>Año 2020</th>
<th class='cabeza_tabla' colspan='3'>Año 2021</th>
<th class='cabeza_tabla' colspan='3'>Año 2022</th>
</tr>
<tr>
<th class='cabeza_tabla'>Euros/año</th>
<th class='cabeza_tabla'>Euros/mes</th>
<th class='cabeza_tabla'>Euros/día</th>
<th class='cabeza_tabla'>Euros/año</th>
<th class='cabeza_tabla'>Euros/mes</th>
<th class='cabeza_tabla'>Euros/día</th>
<th class='cabeza_tabla'>Euros/año</th>
<th class='cabeza_tabla'>Euros/mes</th>
<th class='cabeza_tabla'>Euros/día</th>
<th class='cabeza_tabla'>Euros/año</th>
<th class='cabeza_tabla'>Euros/mes</th>
<th class='cabeza_tabla'>Euros/día</th>
</tr>
</thead>
<colgroup>
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<col/>
<col/>
<col/>
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<col/>
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<col/>
<col/>
<col/>
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</colgroup>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Disponibilidad.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.329,20</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>309,23</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>–</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.394,14</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>313,87</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>–</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.460,05</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>318,57</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>–</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.504,65</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>321,76</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>–</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Festivos, sábados y domingos.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>71,77</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>72,85</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>73,94</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>74,68</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Navidad, Año Nuevo y Reyes.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>225,00</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>225,00</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>225,00</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>225,00</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Vales de comida.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>3,75</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>(*) 3,75</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>10,00</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>10,00</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Transporte nocturno.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>9,10</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>9,24</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>9,38</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>9,47</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</texto>
</documento>
|
Fri Dec 10 08:59:29 +0000 2021
|
Visto el texto de los acuerdos de modificación, prórroga y revisión salarial para el año 2022 del IV Convenio colectivo del Grupo de empresas Movistar+ (Telefónica Audiovisual Digital, S.L.U. y Compañía Independiente de Televisión, S.L.) –Código de convenio: 90014823012004–, publicado en el BOE de 1 de agosto de 2020, acuerdos que fueron suscritos, con fecha 4 de noviembre de 2021, de una parte por los designados por la Dirección de dicho grupo de empresas, en representación de las mismas y de otra por las organizaciones sindicales FeSMC-UGT y FSC-CC.OO., en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de los citados acuerdos de modificación, prórroga y revisión salarial en el correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 29 de noviembre de 2021.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez Barbero.
ACUERDO DE PRÓRROGA DEL IV CONVENIO COLECTIVO DE MOVISTAR+ (COMPUESTO POR LAS MERCANTILES TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL, S.L.U., Y COMPAÑÍA INDEPENDIENTE DE TELEVISIÓN, S.L.), ACORDADA POR LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO
En Tres Cantos (Madrid), 4 de noviembre de 2021, se reúnen los Representantes de la Dirección de Movistar+ (compuesto por las mercantiles Telefónica Audiovisual Digital, S.L.U. y Compañía Independiente de Televisión, S.L.) y, por la parte social, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. (FSC-CC.OO.) con implantación en las empresas, quienes se relacionan al final del texto, que son los miembros de la Comisión Negociadora y partes firmantes del vigente IV Convenio colectivo de Movistar+, suscrito con fecha 14 de mayo de 2020 (BOE 1 de agosto de 2020).
Ambas partes, tras la solicitud efectuada por la parte social en fecha 13 de septiembre de 2021, manifiestan que es de interés de las mismas prorrogar el contenido del vigente Convenio Colectivo hasta el 31 de diciembre de 2022, y por ello, se suscribe la siguiente,
ACTA DE PRÓRROGA DE CONVENIO COLECTIVO
En el artículo 4 (vigencia y denuncia) del IV Convenio colectivo de Movistar+ («Boletín Oficial del Estado» de fecha 1 de agosto de 2020) se estipula la posibilidad de que las partes firmantes acuerden expresamente la prórroga de su contenido hasta el 31 de diciembre de 2022.
Ante tal premisa, y tras las diversas reuniones mantenidas por las partes, en las que fueron discutidas todas aquellas cuestiones relacionadas con la presente prórroga, las partes han alcanzado un acuerdo final mediante el cual se formaliza la prórroga y modificación del IV Convenio colectivo de Movistar+, incluyendo sus disposiciones transitorias, final y única así como anexos que lo acompañan, hasta el 31 de diciembre de 2022, llevando a cabo la modificación y/o sustitución de los siguientes artículos y anexos en los términos que a continuación de enumeran:
Artículo 1. Ámbito territorial.
Como consecuencia de la absorción de Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (DTS, S.A.), por otra sociedad diferente a las sujetas al presente convenio, el contenido del artículo 1 del IV Convenio colectivo de Movistar+ queda redactado de la siguiente forma:
«Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo serán de aplicación en todos los centros de trabajo, ya establecidos en el territorio nacional o que puedan constituirse en el futuro durante el tiempo de su vigencia, de las siguientes empresas:
– Compañía Independiente de Televisión, S.L. (CIT, S.L.).
– Telefónica Audiovisual Digital, S.L.U. (TAD, S.L.U.).»
Artículo 4. Vigencia y denuncia.
El contenido del artículo 4 del IV Convenio colectivo de Movistar+ queda redactado de la siguiente forma:
«El IV Convenio Colectivo entrará en vigor el 01 de enero de 2019 y su vigencia finalizará el 31 de diciembre de 2022.
La denuncia del presente Convenio se llevará a cabo mediante escrito dirigido a la otra parte, con una antelación máxima de tres meses y mínima de dos meses naturales a la fecha de 31 de diciembre de 2022.
En caso de no ser denunciado, se estará a lo expresamente previsto en el Estatuto de los Trabajadores.»
Artículo 35. Salario base, revisión salarial y cláusula de garantía salarial.
Se acuerda la regulación de la revisión salarial para el año 2022, añadiendo un guion y modificando los dos últimos párrafos relativos a la «Cláusula de Garantía»:
«Año 2022: Para el año 2022 se aplicará un incremento sobre todos los conceptos salariales del 1% (uno por ciento), a todas aquellas personas incluidas dentro del ámbito del IV Convenio Colectivo y que estuvieran dadas de alta a fecha de 1 de enero de 2022.
Paga lineal única: En caso de obtención de un EBITDA positivo en el ejercicio 2022, en las empresas conjuntamente consideradas, se abonará una paga lineal única de trescientos cincuenta euros (350 €) brutos anuales. Este importe se percibirá en las siguientes condiciones:
– Una vez conocido el EBITDA, se efectuará un único pago por el importe establecido durante el mes de marzo de 2023.
– Lo percibirán todas las personas trabajadoras incluidas dentro del ámbito de este IV Convenio Colectivo, que estuvieran dadas de alta a fecha 1 de enero de 2023. A aquellas personas trabajadoras que permanezcan en activo exclusivamente una parte del año 2022 y a quienes realizasen jornada reducida, se les abonará la parte proporcional correspondiente.
– En la nómina del mes siguiente a su pago, se procederá a consolidar trescientos euros (300 €) del importe total abonado, en un Complemento Personal específico a tal efecto, que tendrá la consideración de no compensable, no absorbible y revalorizable, con efectos del 1 de enero de 2023, formando parte de la masa salarial susceptible de revisión del año siguiente.
Cláusula de garantía: Conocido oficialmente en enero de 2023 el comportamiento del IPC de 2022, se reunirá la Comisión Mixta Paritaria del Convenio y procederá a sumar los IPC habidos durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022 de vigencia, y si éstos hubieran superado la suma de los incrementos salariales anuales aplicados, se procederá a incorporar la diferencia a las tablas salariales y demás conceptos económicos que correspondan y que han de servir de base de cálculo para incrementos futuros.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 2.d) de la Disposición Transitoria Primera del III Convenio Colectivo, la compensación y absorción regulada en el artículo 6 del Convenio Colectivo no podrá ser en ningún caso utilizada para contrarrestar los incrementos salariales pactados en el presente Convenio para los años de vigencia 2019, 2020, 2021 y 2022.»
Artículo 39. Ayuda de comidas.
Se acuerda añadir al punto uno, una letra d), y al punto dos una letra d), quedando la nueva redacción de la siguiente manera:
«1. La empresa abonará una ayuda económica mediante el sistema de vales de comida para todas aquellas personas que tienen jornada partida. Esta medida no será de aplicación al personal afectado por lo regulado en el punto dos del presente artículo, a quienes se aplicará lo establecido en el mismo. El importe de cada vale durante la vigencia del IV Convenio Colectivo será:
a. Para el año 2019: Tres euros con setenta y cinco céntimos (3,75 €) por persona y día de trabajo.
b. Para el año 2020:
– Hasta la fecha de la firma del IV Convenio Colectivo (14 de mayo de 2020): Tres euros con setenta y cinco céntimos (3,75 €) por persona y día de trabajo.
– Desde la fecha de la firma del IV Convenio Colectivo (15 de mayo de 2020): Nueve euros (9 €) por persona y día de trabajo.
c. Para el año 2021: Diez euros (10 €) por persona y día de trabajo.
d. Para el año 2022: Diez euros (10 €) por persona y día de trabajo.
Los vales de comida serán nominativos, y, por lo tanto, personales e intransferibles, pudiendo solamente utilizarse en los días de trabajo de cada persona, estando expresamente excluidos los períodos vacacionales y de descanso semanal. Son incompatibles con la percepción de dietas de viaje.
2. Cuando la persona trabajadora desempeñe su labor en el centro de trabajo de Tres Cantos, no percibirá la ayuda señalada en el punto primero de este artículo, pues la empresa subvenciona el coste de la comida que se sirve en el comedor del centro en los siguientes importes:
a. Durante el año 2019: El sesenta por ciento (60%) del coste de la comida que se sirve en el comedor del centro.
b. Durante el año 2020:
– Hasta la fecha de la firma del IV Convenio Colectivo (14 de mayo de 2020): El sesenta por ciento (60%) del coste de la comida que se sirve en el comedor del centro.
– Desde la fecha de la firma del IV Convenio Colectivo (15 de mayo de 2020): El sesenta y cinco por ciento (65%) de dicho coste.
c. Durante el año 2021: El setenta por ciento (70%) del coste de la comida que se sirve en el comedor del centro.
d. Durante el año 2022: El setenta por ciento (70%) del coste de la comida que se sirve en el comedor del centro.
La subvención expuesta será del cien por cien cuando el trabajo se desarrolle en fines de semana y festivos.
La Empresa subvencionará exclusivamente el gasto de una comida por persona y día de trabajo en las condiciones anteriormente expuestas. Si por motivos estrictamente de trabajo, la persona tuviera que prolongar su jornada y esto le ocasionase tener que realizar una segunda comida, dicha situación se valorará por el Departamento de RR.HH., y en caso de existir causa justificable y debidamente justificada y aprobada por su responsable, se procederá a su regularización. Esta revisión se realizará semestralmente (abril y enero) por semestres vencidos.»
Artículo 49. Seguro Colectivo de Vida.
Se acuerda añadir un tercer punto referente a las condiciones a aplicar en el año 2022:
«Año 2022:
– En caso de fallecimiento: Cuatro anualidades de salario bruto anual, con un tope máximo de sesenta mil euros (60.000 €) brutos anuales. Esto es, un tope máximo total de doscientos cuarenta mil euros (240.000 €).
– En caso de Incapacidad Permanente Absoluta: Una anualidad de salario bruto anual, con un tope máximo de sesenta mil euros (60.000 €) brutos anuales.»
Artículo 52. Ayuda Escolar.
Se acuerda dejarlo redactado de la siguiente manera:
«Con objeto de colaborar en los gastos de escolarización de los hijos de las personas trabajadoras, toda aquella persona empleada con, al menos, una antigüedad de dos años, y cuyo salario bruto anual por todos los conceptos sea inferior a cuarenta y cinco mil euros (45.000 €), tendrá el derecho a percibir en 2020, 2021 y 2022, una ayuda por cada hijo de entre 0 y 3 años de edad, de doscientos euros (200 €) brutos anuales, que se abonarán en la nómina del mes de junio, tras la presentación de los correspondientes justificantes de gastos de matrícula en guarderías y/o contrato de trabajo en modelo oficial debidamente registrado que demuestre la contratación de cuidadores infantiles. En caso de que ambos progenitores trabajen en cualquiera de las Empresas afectadas por el IV Convenio Colectivo, se abonará el 50 % a cada uno de ellos. Este importe no es actualizable ni revisable.»
Disposición transitoria segunda. Implantación en 2020 del nuevo sistema de Clasificación Profesional.
Se acuerda expresamente la extensión temporal para negociar el nuevo sistema de clasificación profesional antes del próximo 30 de junio de 2022. En consecuencia, se procede a la modificación tanto del propio título de la Disposición transitoria segunda como del contenido de la misma, quedando redactado de la siguiente manera:
«Disposición transitoria segunda. Implantación en 2022 del nuevo sistema de Clasificación Profesional.
Ambas partes se comprometen y obligan a constituir una Comisión Reducida de Trabajo integrada por cuatro miembros de la parte social y cuatro de la parte empresarial, con la finalidad de negociar y acordar un nuevo sistema de clasificación profesional antes del próximo 30 de junio de 2022, el cual, será elevado a la Comisión Negociadora del Convenio para su incorporación al mismo en el próximo convenio colectivo que se negocie y se suscriba. La aplicación de un nuevo sistema de clasificación no conllevará una reducción del salario bruto anual de las personas trabajadoras:»
Disposición transitoria tercera. Teletrabajo.
Se acuerda redactar dicha disposición de la siguiente manera:
«Disposición transitoria tercera. Teletrabajo.
Las partes coinciden en que la 'Política sobre la gestión y aplicación del teletrabajo y el trabajo flexible para el personal denominado fuera de convenio y otros colectivos' la cual ha sido convenida con la parte social, resultará de aplicación de conformidad con los términos y condiciones contenidos en la misma.»
ANEXO I
A consecuencia de la prórroga y modificaciones efectuadas, se acuerda la adición de una nueva columna tanto en la «tabla salario base» como en la «tabla complementos» con objeto de incluir las respectivas cantidades aplicables al año 2022, modificando también el título del propio anexo I bajo la denominación «Tablas salariales 2019, 2020, 2021 y 2022»:
«ANEXO I»
Tablas salariales 2019, 2020, 2021 y 2022
Tabla Salario Base
Niveles
Año 2019
Año 2020
Año 2021
Año 2022
Euros/año
Euros/mes
Euros/año
Euros/mes
Euros/año
Euros/mes
Euros/año
Euros/mes
Nivel A0.
47.289,37
3.377,81
47.998,71
3.428,48
48.718,69
3.479,91
49.205,88
3.514,71
Nivel A1.
43.884,93
3.134,64
44.543,20
3.181,66
45.211,35
3.229,38
45.663,46
3.261,68
Nivel A2.
39.794,01
2.842,43
40.390,92
2.885,07
40.996,78
2.928,34
41.406,75
2.957,63
Nivel A3.
35.889,15
2.563,51
36.427,49
2.601,96
36.973,90
2.640,99
37.343,64
2.667,40
Nivel B1.
33.099,62
2.364,26
33.596,11
2.399,72
34.100,05
2.435,72
34.441,05
2.460,08
Nivel B2.
29.845,42
2.131,82
30.293,10
2.163,79
30.747,49
2.196,25
31.054,97
2.218,21
Nivel C1.
27.242,33
1.945,88
27.650,96
1.975,07
28.065,73
2.004,69
28.346,38
2.024,74
Nivel D1.
24.545,77
1.753,27
24.913,95
1.779,57
25.287,66
1.806,26
25.540,54
1.824,32
Nivel D2.
22.500,27
1.607,16
22.837,77
1.631,27
23.180,34
1.655,74
23.412,14
1.672,30
Nivel D3.
21.477,88
1.534,13
21.800,05
1.557,15
22.127,05
1.580,50
22.348,32
1.596,31
Nivel E.
21.477,88
1.534,13
21.800,05
1.557,15
22.127,05
1.580,50
22.348,32
1.596,31
Tabla Complementos
Complementos
Año 2019
Año 2020
Año 2021
Año 2022
Euros/año
Euros/mes
Euros/día
Euros/año
Euros/mes
Euros/día
Euros/año
Euros/mes
Euros/día
Euros/año
Euros/mes
Euros/día
Disponibilidad.
4.329,20
309,23
–
4.394,14
313,87
–
4.460,05
318,57
–
4.504,65
321,76
–
Festivos, sábados y domingos.
71,77
72,85
73,94
74,68
Navidad, Año Nuevo y Reyes.
225,00
225,00
225,00
225,00
Vales de comida.
3,75
(*) 3,75
10,00
10,00
Transporte nocturno.
9,10
9,24
9,38
9,47
|
Si trabajas en el Grupo Movistar+, échale un ojo a la prórroga del convenio, que trae algunos cambios. #BOE
|
[] |
CONVENIOS
|
Ministerio de Trabajo y Economía Social
|
Prórroga del convenio del Grupo Movistar+
|
[
"1684",
"6859",
"6863"
] | 808
|
|
2021-12-04
|
DEROGA
la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero
DE CONFORMIDAD con
el art. 19 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre
DE CONFORMIDAD con
el Reglamento aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre
|
BOE-A-2021-20075
|
Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2021.
|
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<materia codigo='1667' orden=''>Contratos de trabajo</materia>
<materia codigo='1754' orden=''>Cotización a la Seguridad Social</materia>
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<materia codigo='6832' orden=''>Trabajadores autónomos</materia>
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<alerta codigo='125' orden=''>Seguridad Social</alerta>
<alerta codigo='131' orden=''>Trabajo y empleo</alerta>
</alertas>
<referencias>
<anteriores>
<anterior orden='1010' referencia='BOE-A-2019-1366'>
<palabra codigo='210'>DEROGA</palabra>
<texto>la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero</texto>
</anterior>
<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-2015-11724'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>el art. 19 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre</texto>
</anterior>
<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-1996-1579'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>el Reglamento aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre</texto>
</anterior>
</anteriores>
<posteriores>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2022-3054'>
<palabra codigo='270'>SE MODIFICA</palabra>
<texto>la disposición transitoria 2.1, por Orden PCM/121/2022, de 24 de febrero</texto>
</posterior>
</posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, el artículo 119 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, estableció las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2021, facultando en su apartado diecisiete al Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a la Ministra de Trabajo y Economía Social para dictar las normas necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en el citado artículo.</p>
<p class='parrafo'>En esta determinación se tuvo en cuenta el incremento para el año 2021 de los tipos de cotización por contingencias profesionales y por cese de actividad de los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, previsto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, que fijó un incremento progresivo de los mismos durante los años 2020 y 2021.</p>
<p class='parrafo'>No obstante ello, la disposición transitoria cuarta del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, procedió a suspender tal incremento de los tipos de cotización a partir del 1 de febrero de 2021, hasta tanto no se llevase a cabo la subida del salario mínimo interprofesional para este ejercicio.</p>
<p class='parrafo'>Debe tenerse en cuenta, igualmente, que la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020, prorrogó la vigencia del Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020, hasta tanto se apruebe el real decreto por el que se fije el salario mínimo interprofesional para el año 2021.</p>
<p class='parrafo'>Esta determinación se ha efectuado finalmente mediante el Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021, en 32,17 euros/día o 965 euros/mes, si bien se fijan sus efectos a partir del 1 de septiembre de 2021.</p>
<p class='parrafo'>De este modo, mediante la orden se desarrollan las previsiones legales en materia de cotizaciones sociales para el periodo del ejercicio 2021 afectado por el incremento del salario mínimo interprofesional. A través de ella se reproducen las bases y tipos de cotización y, en desarrollo de las facultades atribuidas por el artículo 148 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se adaptan las bases de cotización establecidas con carácter general a los supuestos de contratos a tiempo parcial.</p>
<p class='parrafo'>En materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, para los trabajadores por cuenta ajena será de aplicación la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.</p>
<p class='parrafo'>A su vez, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, en esta orden se fijan los coeficientes aplicables para determinar la cotización a la Seguridad Social en supuestos específicos, como son los de convenio especial o exclusión de alguna contingencia.</p>
<p class='parrafo'>También se establecen los coeficientes para la determinación de las aportaciones a cargo de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social al sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social, aportaciones mediante las que se garantiza el mantenimiento del equilibrio financiero entre las entidades colaboradoras señaladas y la Administración de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>Cabe señalar que en esta orden se da cumplimiento a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, la norma es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad en tanto que con ella se consigue el fin perseguido, el establecimiento del tope máximo y mínimo, y de las bases máximas y mínimas de cotización a los distintos regímenes de la Seguridad Social, así como el desarrollo de las normas de cotización para el periodo del ejercicio 2021 afectado por el incremento del salario mínimo interprofesional, no tratándose de una norma restrictiva de derechos o que imponga obligaciones a los interesados.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, la iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico tanto nacional como de la Unión Europea, sus objetivos se encuentran claramente definidos y no impone nuevas cargas administrativas, cumpliendo así los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.</p>
<p class='parrafo'>En su proceso de tramitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, esta orden se ha sometido al trámite de audiencia e información pública a través de su publicación en el portal web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y de la consulta directa a los agentes sociales.</p>
<p class='parrafo'>Esta orden se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en el artículo 24.1.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la Ministra de Trabajo y Economía Social, en relación con el artículo 119 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, el artículo 5.2.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y la disposición final única del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de régimen económico de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>En su virtud, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la Ministra de Trabajo y Economía Social, de acuerdo con el Consejo de Estado, he dispuesto:</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO I</p>
<p class='capitulo_tit'>Cotización a la Seguridad Social</p>
<p class='seccion'>Sección 1.ª Régimen General de la Seguridad Social</p>
<p class='articulo'>Artículo 1. Determinación de la base de cotización.</p>
<p class='parrafo'>1. Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes por las contingencias comunes en el Régimen General, se aplicarán las siguientes normas:</p>
<p class='parrafo_2'>Primera. Se computará la remuneración devengada en el mes a que se refiere la cotización.</p>
<p class='parrafo'>Segunda. A la remuneración computada conforme a la norma anterior se añadirá la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias establecidas y de aquellos otros conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y se satisfagan dentro del ejercicio económico del año. A tal efecto, el importe anual estimado de dichas gratificaciones extraordinarias y demás conceptos retributivos se dividirá por 365, y el cociente que resulte se multiplicará por el número de días que comprenda el período de cotización de cada mes. En el caso de que la remuneración que corresponda al trabajador tenga carácter mensual, el indicado importe anual se dividirá por 12.</p>
<p class='parrafo'>Tercera. Si la base de cotización que resulte de acuerdo con las normas anteriores no estuviese comprendida entre la cuantía de la base mínima y de la máxima correspondiente al grupo de cotización de la categoría profesional del trabajador, conforme a la tabla establecida en el artículo 3, se cotizará por la base mínima o máxima, según que la resultante sea inferior a aquella o superior a esta. La indicada base mínima será de aplicación cualquiera que fuese el número de horas trabajadas diariamente, excepto en aquellos supuestos en que por disposición legal se establece lo contrario.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán las normas primera y segunda del apartado anterior. La cantidad que así resulte no podrá ser superior al tope máximo ni inferior al tope mínimo correspondiente, previstos ambos en el artículo 2, cualquiera que sea el número de horas trabajadas diariamente, excepto en aquellos supuestos en que por disposición legal se establece lo contrario.</p>
<p class='articulo'>Artículo 2. Topes máximo y mínimo de cotización.</p>
<p class='parrafo'>1. El tope máximo de la base de cotización al Régimen General será, a partir de 1 de septiembre de 2021, de 4.070,10 euros mensuales.</p>
<p class='parrafo'>2. Desde el 1 de septiembre de 2021, el tope mínimo de cotización para las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional será equivalente al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementado por el prorrateo de las percepciones de vencimiento superior al mensual que perciba el trabajador, sin que pueda ser inferior a 1.125,90 euros mensuales..</p>
<p class='articulo'>Artículo 3. Bases máximas y mínimas de cotización.</p>
<p class='parrafo'>Desde el 1 de septiembre de 2021, la cotización al Régimen General por contingencias comunes estará limitada para cada grupo de categorías profesionales por las bases mínimas y máximas siguientes:</p>
<table class='tabla_ancha'>
<thead>
<tr>
<th class='cabeza_tabla'>Grupo de cotización</th>
<th class='cabeza_tabla'>Categorías profesionales</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<p class='cabeza_tabla'>Bases mínimas</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros/mes</p>
<p class='cabeza_tabla'>Desde el 1 de septiembre 2021</p>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<p class='cabeza_tabla'>Bases máximas</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros/mes</p>
</th>
</tr>
</thead>
<colgroup>
<col/>
<col/>
<col/>
<col/>
</colgroup>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.572,30</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.070,10</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>2</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.303,80</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.070,10</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>3</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Jefes Administrativos y de Taller.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.134,30</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.070,10</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>4</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Ayudantes no Titulados.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.125,90</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.070,10</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>5</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Oficiales Administrativos.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.125,90</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.070,10</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>6</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Subalternos.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.125,90</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.070,10</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>7</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Auxiliares Administrativos.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.125,90</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.070,10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class='tabla_ancha'>
<thead>
<tr>
<th class='cabeza_tabla'>Grupo de cotización</th>
<th class='cabeza_tabla'>Categorías profesionales</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<p class='cabeza_tabla'>Bases mínimas</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros/día</p>
<p class='cabeza_tabla'>Desde el 1 de septiembre 2021</p>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<p class='cabeza_tabla'>Bases máximas </p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros/día</p>
</th>
</tr>
</thead>
<colgroup>
<col/>
<col/>
<col/>
<col/>
</colgroup>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>8</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Oficiales de primera y segunda.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>37,53</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>135,67</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>9</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Oficiales de tercera y especialistas.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>37,53</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>135,67</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>10</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Peones.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>37,53</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>135,67</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>11</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>37,53</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>135,67</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='articulo'>Artículo 4. Tipos de cotización.</p>
<p class='parrafo'>A partir del 1 de septiembre de 2021, los tipos de cotización al Régimen General serán los siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Para las contingencias comunes, el 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.</p>
<p class='parrafo'>b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.</p>
<p class='parrafo_2'>En el caso de empresas que ocupen a trabajadores a quienes en razón de su actividad les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, se aplicará el tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos en dicha tarifa de primas, siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal concepto.</p>
<p class='parrafo'>Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a las empresas que ocupen a trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de discapacidad.</p>
<p class='articulo'>Artículo 5. Cotización adicional por horas extraordinarias.</p>
<p class='parrafo'>La remuneración que obtengan los trabajadores por el concepto de horas extraordinarias queda sujeta a una cotización adicional, que no será computable a efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones.</p>
<p class='parrafo'>La cotización adicional por las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor se efectuará aplicando el tipo del 14,00 por ciento, del que el 12,00 por ciento será a cargo de la empresa y el 2,00 por ciento a cargo del trabajador.</p>
<p class='parrafo'>La cotización adicional por las horas extraordinarias que no tengan la consideración referida en el párrafo anterior se efectuará aplicando el tipo del 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.</p>
<p class='articulo'>Artículo 6. Cotización durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, nacimiento y cuidado del menor y ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, y en los casos de compatibilidad del subsidio por nacimiento y cuidado del menor con períodos de descanso en régimen de jornada a tiempo parcial.</p>
<p class='parrafo'>1. La obligación de cotizar permanece durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y de disfrute de los períodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor o ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, aunque estos supongan una causa de suspensión de la relación laboral.</p>
<p class='parrafo'>2. En las situaciones señaladas en el apartado anterior, la base de cotización aplicable para las contingencias comunes será la correspondiente al mes anterior al de la fecha de la incapacidad, de las situaciones de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, o del inicio del disfrute de los períodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor o por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante.</p>
<p class='parrafo'>Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior se tendrán en cuenta las siguientes reglas:</p>
<p class='parrafo_2'>Primera. En el supuesto de remuneración que se satisfaga con carácter diario, hubiere o no permanecido en alta en la empresa el trabajador durante todo el mes natural anterior, el importe de la base de cotización de dicho mes se dividirá por el número de días a que se refiera la cotización. El cociente resultante será la base diaria de cotización, que se multiplicará por el número de días en que el trabajador permanezca en situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o de disfrute de los períodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor o por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, para determinar la base de cotización durante dicha situación.</p>
<p class='parrafo'>Segunda. Cuando el trabajador tuviera remuneración mensual y hubiese permanecido en alta en la empresa durante todo el mes natural anterior al de la iniciación de dichas situaciones, la base de cotización de ese mes se dividirá por 30. Si no hubiera permanecido en alta en la empresa durante todo el mes natural anterior, el importe de la base de cotización de dicho mes se dividirá por el número de días a que se refiere la cotización. En ambos casos, el cociente resultante será la base diaria de cotización, que se multiplicará por 30 de permanecer todo el mes en la situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o de disfrute de los períodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor o por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, o por la diferencia existente entre dicha cifra y el número de días que realmente haya trabajado en dicho mes.</p>
<p class='parrafo'>Tercera. Cuando el trabajador hubiera ingresado en la empresa en el mismo mes en que haya iniciado alguna de las situaciones a que se refiere este artículo, se aplicará a ese mes lo establecido en las reglas precedentes.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación para calcular la base de cotización, a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y nacimiento y cuidado del menor o por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante. No obstante, y a fin de determinar la cotización que por el concepto de horas extraordinarias corresponde efectuar, se tendrá en cuenta el promedio de las efectivamente realizadas y cotizadas durante el año inmediatamente anterior a la fecha de iniciación de dichas situaciones. A tal efecto, el número de horas realizadas se dividirá por 12 o 365, según que la remuneración del trabajador se satisfaga o no con carácter mensual.</p>
<p class='parrafo'>4. Salvo en los supuestos en que por disposición legal se establezca lo contrario, en ningún caso la base de cotización por contingencias comunes, en las situaciones a que se refiere este artículo, podrá ser inferior a la base mínima vigente en cada momento correspondiente a la categoría profesional del trabajador. A tal efecto, el correspondiente subsidio se actualizará a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva base mínima de cotización.</p>
<p class='parrafo'>5. En la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante los periodos de baja por incapacidad temporal y otras situaciones con suspensión de la relación laboral con obligación de cotización, continuará siendo de aplicación el tipo de cotización correspondiente a la respectiva actividad económica u ocupación en su caso, de conformidad con la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre.</p>
<p class='parrafo'>En el caso de empresas que ocupen a trabajadores a quienes en razón de su actividad les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, se aplicará el tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos en dicha tarifa de primas, siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal concepto.</p>
<p class='parrafo'>Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a las empresas que ocupen a trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre.</p>
<p class='parrafo'>6. Cuando se compatibilice la percepción del subsidio por nacimiento y cuidado del menor con el disfrute de los períodos de descanso en régimen de jornada a tiempo parcial, la base de cotización vendrá determinada por los dos sumandos siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Base reguladora del subsidio, en proporción a la fracción de jornada correspondiente al período de descanso.</p>
<p class='parrafo'>b) Remuneraciones sujetas a cotización, en proporción a la jornada efectivamente realizada.</p>
<p class='articulo'>Artículo 7. Cotización en la situación de alta sin percibo de remuneración.</p>
<p class='parrafo'>1. Cuando el trabajador permanezca en alta en el Régimen General de la Seguridad Social y se mantenga la obligación de cotizar conforme a lo dispuesto en el artículo 144.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, sin que perciba remuneración computable, se tomará como base de cotización la mínima correspondiente al grupo de su categoría profesional. A efectos de cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se tendrá en cuenta el tope mínimo de cotización establecido en el artículo 2.2 de esta orden.</p>
<p class='parrafo'>2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a las situaciones previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 27 de octubre de 1992, por la que se dictan instrucciones en relación con la cotización al Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios públicos incluidos en el campo de aplicación de dicho régimen, durante las situaciones de licencia o permiso sin sueldo, suspensión provisional de funciones, cumplimiento del servicio militar o de la prestación social sustitutoria y plazo posesorio por cambio de destino.</p>
<p class='articulo'>Artículo 8. Base de cotización en la situación de desempleo protegido.</p>
<p class='parrafo'>1. Durante la percepción de la prestación por desempleo por extinción de la relación laboral, la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista obligación legal de cotizar será la base reguladora de la prestación por desempleo, determinada según lo establecido en el artículo 270.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con respeto, en todo caso, del importe de la base mínima por contingencias comunes prevista para cada categoría profesional, teniendo dicha base la consideración de base de contingencias comunes a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>2. Durante la percepción de la prestación por desempleo por suspensión temporal de la relación laboral o por reducción temporal de jornada, ya sea por decisión del empresario al amparo de lo establecido en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, o en virtud de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista obligación legal de cotizar será el equivalente al promedio de las bases de los últimos seis meses de ocupación cotizada, por contingencias comunes y por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación legal de cotizar.</p>
<p class='parrafo'>3. La reanudación de la prestación por desempleo en los supuestos de suspensión del derecho supondrá la reanudación de la obligación de cotizar por la base de cotización indicada en los apartados anteriores correspondiente al momento del nacimiento del derecho.</p>
<p class='parrafo'>4. Cuando se hubiese extinguido el derecho a la prestación por desempleo y, en aplicación del artículo 269.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el trabajador opte por reabrir el derecho inicial, la base de cotización a la Seguridad Social será la indicada en el apartado 1 de este artículo, correspondiente al momento del nacimiento del derecho por el que se opta o, en su caso, las indicadas en el apartado 2 de este artículo, correspondientes al momento del nacimiento del derecho por el que se opta.</p>
<p class='parrafo'>5. Durante la percepción de la prestación solo se actualizará la base de cotización indicada en los anteriores apartados cuando resulte inferior a la base mínima de cotización a la Seguridad Social vigente en cada momento que corresponda al grupo de cotización del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo y hasta dicho tope.</p>
<p class='parrafo'>6. Durante la percepción de la prestación por desempleo que proviene del contrato para la formación y el aprendizaje, se aplicarán las normas establecidas en los apartados anteriores, salvo en los supuestos recogidos en el apartado 2 en los que la cotización a la Seguridad Social se efectuará aplicando las cuotas únicas a que se refiere el artículo 42.1 de esta orden, y, en todo caso, lo previsto en el artículo 273 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.</p>
<p class='articulo'>Artículo 9. Cotización en la situación de pluriempleo.</p>
<p class='parrafo'>1. Cuando el trabajador se encuentre en situación de pluriempleo se aplicarán las siguientes normas:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Para las contingencias comunes:</p>
<p class='parrafo_2'>Primera. El tope máximo de las bases de cotización, establecido en 4.070,10 euros mensuales, se distribuirá entre todas las empresas en proporción a la remuneración abonada al trabajador en cada una de ellas.</p>
<p class='parrafo'>Segunda. Cada una de las empresas cotizará por los conceptos retributivos computables que satisfaga al trabajador, con el límite que corresponda a la fracción del tope máximo que se le asigne.</p>
<p class='parrafo'>Tercera. La base mínima correspondiente al trabajador, según su categoría profesional, se distribuirá entre las distintas empresas y será aplicada para cada una de ellas en forma análoga a la señalada para el tope máximo. Si al trabajador le correspondieran diferentes bases mínimas de cotización por su clasificación laboral se tomará para su distribución la base mínima de superior cuantía.</p>
<p class='parrafo_2'>b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:</p>
<p class='parrafo_2'>Primera. El tope máximo de la base de cotización, establecido en 4.070,10 euros mensuales, se distribuirá entre todas las empresas en proporción a la remuneración abonada al trabajador en cada una de ellas.</p>
<p class='parrafo'>Segunda. El tope mínimo de cotización se distribuirá entre las distintas empresas y será aplicado para cada una de ellas en forma análoga a la señalada para el tope máximo.</p>
<p class='parrafo'>Tercera. La base de cotización será para cada empresa la que resulte conforme a lo señalado en el artículo 1, con los límites que se le hayan asignado, según las normas anteriores.</p>
<p class='parrafo_2'>2. En el supuesto de que uno de los empleos conlleve la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social en los términos indicados en el artículo 136.2.c) y e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la distribución del tope máximo correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales solo se efectuará al objeto de determinar las cuotas correspondientes a las contingencias comúnmente protegidas por ambas modalidades de inclusión, así como los demás conceptos de recaudación conjunta. A tal fin, se efectuará una doble distribución del tope máximo de cotización citado, una de ellas para determinar la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como para formación profesional, y la otra para determinar la cotización por desempleo y para el Fondo de Garantía Salarial.</p>
<p class='parrafo'>3. Los prorrateos indicados en los apartados anteriores se llevarán a cabo a petición de las empresas o trabajadores afectados. La distribución así determinada tendrá efectos a partir de la liquidación de cuotas que corresponda al mes en que se acredite la existencia de la situación de pluriempleo, salvo que se trate de períodos en los que hubiera prescrito la obligación de cotizar.</p>
<p class='parrafo'>4. Las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social o sus administraciones, de oficio o a instancia del trabajador o empresario afectados, podrán rectificar la distribución entre las distintas empresas, efectuada conforme a lo dispuesto en el apartado 1, cuando de acuerdo con dicha distribución se produzcan desviaciones en las bases de cotización resultantes.</p>
<p class='articulo'>Artículo 10. Cotización de los artistas.</p>
<p class='parrafo'>1. A partir de 1 de septiembre de 2021, la base máxima de cotización por contingencias comunes para todas las categorías profesionales de los artistas a que se refiere el artículo 32.3 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, será de 4.070,10 euros mensuales.</p>
<p class='parrafo'>El tope máximo de las bases de cotización en razón de las actividades realizadas por un artista, para una o varias empresas, tendrá carácter anual y se determinará por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada.</p>
<p class='parrafo'>2. Las bases de cotización a cuenta para determinar la cotización de los artistas, previstas en el artículo 32.5.b) del Reglamento general citado en el apartado anterior, serán, a partir de 1 de septiembre de 2021 y para todos los grupos de cotización, las siguientes:</p>
<table class='tabla'>
<thead>
<tr>
<th class='cabeza_tabla'>Retribuciones íntegras</th>
<th class='cabeza_tabla'>Euros/día</th>
</tr>
</thead>
<colgroup>
<col width='50%'/>
<col width='25%'/>
</colgroup>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Hasta 461,00 euros.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>270,00</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Entre 461,01 y 829,00 euros.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>341,00</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Entre 829,01 y 1.386,00 euros.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>407,00</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Mayor de 1.386,00 euros.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>542,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2'>3. La base de cotización aplicable durante los períodos de inactividad de los artistas en los que se mantenga voluntariamente la situación de alta en el Régimen General de la Seguridad Social será la base mínima vigente en cada momento, por contingencias comunes, correspondiente al grupo 7 de la escala de grupos de cotización de dicho régimen.</p>
<p class='parrafo'>El tipo de cotización aplicable será el 11,50 por ciento.</p>
<p class='articulo'>Artículo 11. Cotización de los profesionales taurinos.</p>
<p class='parrafo'>1. A partir de 1 de septiembre de 2021, la base máxima de cotización por contingencias comunes para todas las categorías de los profesionales taurinos a que se refiere el artículo 33.3 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social será de 4.070,10 euros mensuales.</p>
<p class='parrafo'>El tope máximo de las bases de cotización para los profesionales taurinos tendrá carácter anual y se determinará por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada.</p>
<p class='parrafo'>2. Las bases de cotización para determinar las liquidaciones provisionales por los profesionales taurinos, previstas en el artículo 33.5.b) del Reglamento general mencionado en el apartado anterior, serán, a partir de 1 de septiembre de 2021 y para cada grupo de cotización, las siguientes:</p>
<table class='tabla'>
<thead>
<tr>
<th class='cabeza_tabla'>Grupo de cotización</th>
<th class='cabeza_tabla'>Euros/día</th>
</tr>
</thead>
<colgroup>
<col width='37%'/>
<col width='37%'/>
</colgroup>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.256,00</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>2</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.157,00</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>3</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>868,00</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>7</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>519,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='articulo'>Artículo 12. Cotización en el Sistema Especial para las tareas de manipulado y empaquetado de tomate fresco dentro del Régimen General de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, a partir del 1 de septiembre de 2021, la cotización en el Sistema Especial para las tareas de manipulado y empaquetado del tomate fresco con destino a la exportación, dentro del Régimen General de la Seguridad Social, se efectuará de la siguiente manera:</p>
<p class='parrafo_2'>1. La aportación a la cotización por todas las contingencias de los empresarios incluidos en este sistema especial se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido con carácter general para el Régimen General de la Seguridad Social y mediante el sistema de liquidación directa de cuotas a que se refiere el artículo 22.1.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>2. A partir del 1 de septiembre de 2021, los empresarios encuadrados en ese sistema especial tendrán derecho a una reducción del 70 por ciento y una bonificación del 8,75 por ciento en dicha aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes.</p>
<p class='articulo'>Artículo 13. Bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>1. Base de cotización por contingencias tanto comunes como profesionales durante los períodos de actividad:</p>
<p class='parrafo_2'>a) A partir del 1 de septiembre de 2021, las bases mensuales aplicables para los trabajadores incluidos en este sistema especial que presten servicios durante todo el mes, se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con aplicación de las siguientes bases máximas y mínimas:</p>
<table class='tabla_ancha'>
<thead>
<tr>
<th class='cabeza_tabla'>Grupo de cotización</th>
<th class='cabeza_tabla'>Categorías profesionales</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<p class='cabeza_tabla'>Bases mínimas</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros/mes</p>
<p class='cabeza_tabla'>Desde el 1 de septiembre</p>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<p class='cabeza_tabla'>Bases máximas</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros/mes</p>
</th>
</tr>
</thead>
<colgroup>
<col/>
<col/>
<col/>
<col/>
</colgroup>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.572,30</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.070,10</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>2</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.303,80</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.070,10</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>3</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Jefes Administrativos y de Taller.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.134,30</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.070,10</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>4</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Ayudantes no Titulados.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.125,90</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.070,10</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>5</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Oficiales Administrativos.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.125,90</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.070,10</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>6</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Subalternos.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.125,90</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.070,10</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>7</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Auxiliares Administrativos.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.125,90</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.070,10</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>8</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Oficiales de primera y segunda.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.125,90</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.070,10</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>9</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Oficiales de tercera y especialistas.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.125,90</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.070,10</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>10</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Peones.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.125,90</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.070,10</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>11</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Trabajadores menores de 18 años.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.125,90</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>4.070,10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2'>Las empresas que opten por esta modalidad de cotización mensual deberán comunicar dicha opción a la Tesorería General de la Seguridad Social al inicio de la actividad de los trabajadores, en los términos y condiciones que determine dicho servicio común de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>Esta modalidad de cotización deberá mantenerse durante todo el período de prestación de servicios, cuya finalización deberá comunicarse igualmente a la Tesorería General de la Seguridad Social, en los términos y condiciones que esta determine.</p>
<p class='parrafo'>Cuando los trabajadores inicien o finalicen su actividad sin coincidir con el principio o fin de un mes natural, siempre que dicha actividad tenga una duración de, al menos, treinta días naturales consecutivos, la cotización se realizará con carácter proporcional a los días trabajados en el mes.</p>
<p class='parrafo'>Esta modalidad de cotización mensual resultará de aplicación con carácter obligatorio para los trabajadores por cuenta ajena con contrato indefinido, sin incluir entre estos a los que presten servicios con carácter fijo discontinuo, respecto a los cuales tendrá carácter opcional.</p>
<p class='parrafo'>b) A partir del 1 de septiembre de 2021, las bases diarias de cotización por jornadas reales correspondientes a cada uno de los grupos de trabajadores que realicen labores agrarias por cuenta ajena y respecto a los cuales no se hubiera optado por la modalidad de cotización prevista en el apartado 1.a) anterior, se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con aplicación de las siguientes bases máximas y mínimas:</p>
<table class='tabla_ancha'>
<thead>
<tr>
<th class='cabeza_tabla'>Grupo de cotización</th>
<th class='cabeza_tabla'>Categorías profesionales</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<p class='cabeza_tabla'>Bases mínimas diarias de cotización/euros</p>
<p class='cabeza_tabla'>Desde el 1 de septiembre</p>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<p class='cabeza_tabla'>Bases máximas diarias de cotización</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</th>
</tr>
</thead>
<colgroup>
<col/>
<col/>
<col/>
<col/>
</colgroup>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>68,36</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>176,96</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>2</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>56,69</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>176,96</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>3</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Jefes Administrativos y de Taller.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>49,32</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>176,96</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>4</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Ayudantes no Titulados.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>48,95</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>176,96</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>5</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Oficiales Administrativos.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>48,95</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>176,96</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>6</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Subalternos.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>48,95</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>176,96</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>7</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Auxiliares Administrativos.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>48,95</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>176,96</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>8</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Oficiales de primera y segunda.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>48,95</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>176,96</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>9</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Oficiales de tercera y especialistas.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>48,95</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>176,96</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>10</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Peones.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>48,95</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>176,96</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>11</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Trabajadores menores de 18 años.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>48,95</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>176,96</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2'>Cuando se realicen en el mes natural 22 o más jornadas reales, la base de cotización correspondiente a las mismas será la establecida en el apartado 1.a) de este artículo.</p>
<p class='parrafo'>2. La base mensual de cotización aplicable para los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este sistema especial, durante los períodos de inactividad, será de 1.125,90 euros mensuales desde el 1 de septiembre de 2021.</p>
<p class='parrafo'>A estos efectos, se entenderá que existen periodos de inactividad dentro de un mes natural cuando el número de días naturales en que el trabajador figure de alta en el sistema especial en dicho mes sea superior al número de jornadas reales en el mismo multiplicado por 1,3636.</p>
<p class='parrafo'>El número de días de inactividad del mes es la diferencia entre los días en alta laboral en el mes y el número de jornadas reales en el mes multiplicadas por 1,3636.</p>
<p class='parrafo'>La cotización por los días de inactividad en el mes es el resultado de multiplicar el número de días de inactividad en el mes por la base de cotización diaria correspondiente al Régimen General y por el tipo de cotización aplicable.</p>
<p class='parrafo'>3. Los tipos aplicables a la cotización de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este sistema especial serán los siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Durante los períodos de actividad:</p>
<p class='parrafo_2'>Para la cotización por contingencias comunes, respecto a los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.</p>
<p class='parrafo'>Respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el 24,70 por ciento, siendo el 20,00 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.</p>
<p class='parrafo'>Para la cotización por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.</p>
<p class='parrafo_2'>b) Durante los períodos de inactividad, el tipo de cotización será el 11,50 por ciento, siendo la cotización resultante a cargo exclusivo del trabajador.</p>
<p class='parrafo'>Con efectos desde el 1 de septiembre de 2021, a los trabajadores que hubiesen realizado un máximo de 55 jornadas reales cotizadas en el año 2020, se les aplicará a las cuotas resultantes durante los periodos de inactividad en 2021 una reducción del 19,11 por ciento.</p>
<p class='parrafo_2'>4. Desde el 1 de septiembre de 2021 se aplicarán las siguientes reducciones en las aportaciones empresariales a la cotización a este sistema especial durante los períodos de actividad con prestación de servicios:</p>
<p class='parrafo_2'>a) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, se aplicará una reducción de 8,10 puntos porcentuales de la base de cotización, resultando un tipo efectivo de cotización por contingencias comunes del 15,50 por ciento.</p>
<p class='parrafo'>En ningún caso la cuota empresarial resultante será superior a 279,00 euros al mes o 12,68 euros por jornada real trabajada.</p>
<p class='parrafo'>b) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 al 11, la reducción se ajustará a las siguientes reglas:</p>
<p class='parrafo_2'>Para bases mensuales de cotización la fórmula a aplicar será:</p>
<p class='imagen'>
<img class='frame' data-pdf='20149_revisado_formula_1.pdf' height='118' src='/datos/imagenes/disp/2021/290/20075_10704846_1.png' width='1665'/>
</p>
<p class='parrafo_2'>Para bases de cotización por jornadas reales la fórmula a aplicar será:</p>
<p class='imagen'>
<img class='frame' data-pdf='20149_revisado_formula_2.pdf' height='122' src='/datos/imagenes/disp/2021/290/20075_10704847_1.png' width='1849'/>
</p>
<p class='parrafo_2'>No obstante, la cuota empresarial resultante no podrá ser inferior a 101,47 euros mensuales o 4,61 euros por jornada real trabajada.</p>
<p class='parrafo'>5. Durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, así como de nacimiento y cuidado del menor o por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, causadas durante la situación de actividad, la cotización se efectuará en función de la modalidad de contratación de los trabajadores:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato indefinido, la cotización durante las referidas situaciones se regirá por las normas aplicables con carácter general en el Régimen General de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>El tipo resultante a aplicar será:</p>
<p class='parrafo_2'>1.º Para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, el tipo del 15,50 por ciento, aplicable a la base de cotización por contingencias comunes.</p>
<p class='parrafo'>2.º Para los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el tipo del 2,75 por ciento, aplicable a la base de cotización por contingencias comunes.</p>
<p class='parrafo_2'>b) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato temporal y fijo discontinuo, resultará de aplicación lo establecido en el párrafo a) en relación a los días contratados en los que no hayan podido prestar sus servicios por encontrarse en alguna de las situaciones antes indicadas.</p>
<p class='parrafo'>En cuanto a los días en los que no esté prevista la prestación de servicios, estos trabajadores estarán obligados a ingresar la cotización correspondiente a los períodos de inactividad, excepto en los supuestos de percepción de los subsidios por nacimiento y cuidado del menor y corresponsabilidad en el cuidado del lactante, que tendrán la consideración de períodos de cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones por jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia.</p>
<p class='parrafo'>6. Durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo, si corresponde cotizar en este sistema especial, la base de cotización será la establecida en el artículo 8.</p>
<p class='parrafo'>El tipo de cotización será el 11,50 por ciento.</p>
<p class='parrafo'>7. Con relación a los trabajadores incluidos en el sistema especial, no resultará de aplicación la cotización adicional por horas extraordinarias a que se refiere el artículo 119, Dos, 3 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.</p>
<p class='articulo'>Artículo 14. Bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>1. Desde el 1 de septiembre de 2021, las bases de cotización por contingencias comunes a este sistema especial serán las determinadas en la escala siguiente, en función de la retribución percibida por los empleados de hogar por cada relación laboral.</p>
<table class='tabla'>
<thead>
<tr>
<th class='cabeza_tabla'>Tramo</th>
<th class='cabeza_tabla' colspan='4'>
<p class='cabeza_tabla'>Retribución mensual</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros/mes</p>
</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<p class='cabeza_tabla'>Base de cotización</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros/mes</p>
</th>
</tr>
</thead>
<colgroup>
<col width='12%'/>
<col width='12%'/>
<col width='14%'/>
<col width='12%'/>
<col width='14%'/>
<col width='36%'/>
</colgroup>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1.º</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Hasta</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>259,00</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>222,00</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>2.º</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Desde</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>259,01</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Hasta</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>403,00</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>365,00</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>3.º</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Desde</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>403,01</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Hasta</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>548,00</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>509,00</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>4.º</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Desde</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>548,01</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Hasta</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>692,00</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>653,00</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>5.º</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Desde</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>692,01</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Hasta</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>838,00</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>798,00</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>6.º</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Desde</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>838,01</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Hasta</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>981,00</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>941,00</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>7.º</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Desde</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>981,01</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Hasta</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1125,90</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.125,90</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>8.º</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Desde</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.125,91</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Hasta</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1228,00</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.177,00</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>9.º</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Desde</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.228,01</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Hasta</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1388,00</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.322,00</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>10.º</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Desde</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>1.388,01</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'> </td>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>Retribución mensual</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2'>A efectos de la determinación de la retribución mensual del empleado de hogar, el importe percibido mensualmente deberá ser incrementado, conforme a lo establecido en el artículo 147.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con la parte proporcional de las pagas extraordinarias que tenga derecho a percibir el empleado.</p>
<p class='parrafo'>2. La base de cotización mensual a aplicar por la Tesorería General de la Seguridad Social a efectos de determinar la cuota a ingresar, en función de los datos de que aquella disponga, no podrá ser inferior a las indicadas a continuación.</p>
<p class='parrafo'>En los casos de contratos a tiempo completo o cuando las horas de trabajo sean 160 mensuales o 40 semanales, la base de cotización no podrá ser inferior a la prevista en el tramo en el que se encuentre incluida la retribución equivalente al salario mínimo interprofesional mensual vigente, incrementado con la parte proporcional de las pagas extraordinarias que tenga derecho a percibir el empleado.</p>
<p class='parrafo'>En los supuestos de contratos a tiempo parcial o cuando las horas de trabajo sean inferiores a 160 horas mensuales o 40 semanales y la retribución pactada sea mensual, la base de cotización no podrá ser inferior a la prevista en el tramo en el que se encuentre incluida la retribución equivalente al salario mínimo interprofesional mensual vigente incrementado con la parte proporcional de las pagas extraordinarias en proporción a la jornada pactada en el contrato.</p>
<p class='parrafo'>En los supuestos de contratos a tiempo parcial, en aquellos casos de empleados de hogar que trabajen por horas en régimen externo habiéndose pactado una retribución por horas que incluya todos los conceptos retributivos, la base de cotización no podrá ser inferior a la prevista para el tramo en el que se incluya la retribución que resulte de multiplicar el salario mínimo por hora vigente por el número de horas mensuales de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>En el supuesto de que no conste a la Tesorería General de la Seguridad Social que la retribución pactada sea mensual o por horas, se considerará, a los efectos establecidos en este apartado, que la retribución pactada es mensual, sin perjuicio de que los empleadores puedan probar, a través de cualquier medio admitido en derecho, que la retribución se ha pactado por horas.</p>
<p class='parrafo'>3. Desde el 1 de septiembre de 2021, el tipo de cotización por contingencias comunes, sobre la base de cotización que corresponda según lo indicado en el apartado anterior, será el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo del empleador y el 4,70 por ciento a cargo del empleado.</p>
<p class='parrafo'>4. Para la cotización por contingencias profesionales, sobre la base de cotización que corresponda según el apartado 1, se aplicará el tipo de cotización previsto en la tarifa de primas aprobada por la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, siendo la cuota resultante a cargo exclusivo del empleador.</p>
<p class='parrafo'>5. Desde el 1 de septiembre de 2021 será aplicable una reducción del 20 por 100 en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en este sistema especial.</p>
<p class='parrafo'>Serán beneficiarios de dicha reducción los empleadores que hayan contratado, bajo cualquier modalidad contractual, y dado de alta en el Régimen General a un empleado de hogar a partir del 1 de enero de 2012, siempre y cuando el empleado no hubiera figurado en alta en el Régimen Especial de Empleados de Hogar a tiempo completo, para el mismo empleador, dentro del período comprendido entre el 2 de agosto y el 31 de diciembre de 2011.</p>
<p class='parrafo'>Esta reducción de cuotas se ampliará con una bonificación hasta llegar al 45 por 100 para familias numerosas, en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.</p>
<p class='parrafo'>Estos beneficios en la cotización a la Seguridad Social a cargo del empleador, no serán de aplicación en los supuestos en que los empleados de hogar presten sus servicios durante menos de 60 horas mensuales por empleador y asuman el cumplimiento de las obligaciones en materia de encuadramiento, cotización y recaudación en dicho sistema especial, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.</p>
<p class='seccion'>Sección 2.ª Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos</p>
<p class='articulo'>Artículo 15. Bases y tipos de cotización.</p>
<p class='parrafo'>A partir del 1 de septiembre de 2021, las bases y los tipos de cotización por contingencias comunes y profesionales en este régimen especial serán los siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>1. Tipos de cotización:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Para las contingencias comunes, el 28,30 por ciento. Cuando, conforme a lo dispuesto en el artículo 315 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se tenga cubierta la incapacidad temporal en otro régimen de la Seguridad Social, se aplicará una reducción en la cuota que correspondería ingresar de acuerdo con el tipo para contingencias comunes equivalente a multiplicar el coeficiente reductor del 0,055 por dicha cuota.</p>
<p class='parrafo'>b) Para las contingencias profesionales:</p>
<p class='parrafo_2'>A partir del 1 de septiembre de 2021, el 1,30 por ciento, del que el 0,66 por ciento corresponde a la contingencia de incapacidad temporal y el 0,64 por ciento a las de incapacidad permanente y muerte y supervivencia.</p>
<p class='parrafo'>Los trabajadores incluidos en este régimen especial que no tengan cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por ciento, aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones previstas en los capítulos VIII y IX del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Bases de cotización aplicables con carácter general:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Base mínima de cotización: 944,40 euros mensuales.</p>
<p class='parrafo'>b) Base máxima de cotización: 4.070,10 euros mensuales.</p>
<p class='parrafo_2'>3. La base de cotización para los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2021, sean menores de 47 años de edad será la elegida por estos, dentro de los límites que representan las bases mínima y máxima.</p>
<p class='parrafo'>Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa fecha tengan una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre de 2020 haya sido igual o superior a 2.052,00 euros mensuales, o causen alta en este régimen especial con posterioridad a la citada fecha.</p>
<p class='parrafo'>En otro caso su base máxima de cotización será de 2.077,80 euros mensuales.</p>
<p class='parrafo'>Los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2021, tengan 47 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a 2.052,00 euros mensuales no podrán elegir una base de cuantía superior a 2.077,80 euros mensuales, salvo que hayan ejercitado su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2021, con efectos a partir del 1 de julio del mismo año, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de este, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este régimen especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá dicha limitación.</p>
<p class='parrafo'>4. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2021, tengan cumplida la edad de 48 o más años estará comprendida entre las cuantías de 1.018,50 y 2.077,80 euros mensuales, salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de este, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este régimen especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso la elección de bases estará comprendida entre las cuantías de 944,40 y 2.077,80 euros mensuales.</p>
<p class='parrafo'>No obstante, la base de cotización de los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social cinco o más años, tendrán las siguientes cuantías:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 2.052,00 euros mensuales, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 944,40 euros mensuales y 2.077,80 euros mensuales.</p>
<p class='parrafo'>b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 2.052,00 euros mensuales, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 944,40 euros mensuales y el importe de aquella por la que viniera cotizando, con el tope de la base máxima de cotización.</p>
<p class='parrafo_2'>Lo previsto en el anterior párrafo b) será asimismo de aplicación con respecto a los trabajadores autónomos que con 48 o 49 años de edad hubieran ejercitado la opción prevista en el artículo 132, apartado Cuatro.2, párrafo segundo, de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.</p>
<p class='parrafo'>5. Los trabajadores cuya alta en este régimen especial se haya practicado de oficio, como consecuencia, a su vez, de una baja de oficio en el Régimen General de la Seguridad Social o en otro régimen de trabajadores por cuenta ajena, podrán optar, cualquiera que sea su edad en el momento de causar alta, entre mantener la base de cotización por la que venían cotizando en el régimen en que causaron baja o elegir una base de cotización aplicando las reglas generales previstas, a tales efectos, en este régimen especial.</p>
<p class='parrafo'>6. Los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio (CNAE 4781 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercadillos; 4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercadillos; 4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y mercadillos y 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos) podrán elegir como base mínima de cotización a partir del 1 de septiembre de 2021, una base de 944,40 euros mensuales, o una base de 869,40 euros mensuales.</p>
<p class='parrafo'>Los trabajadores autónomos dedicados a la venta a domicilio (CNAE 4799) podrán también elegir como base mínima de cotización a partir del 1 de septiembre 2021 una base de 944,40 euros mensuales, o una base de 519,30 euros mensuales.</p>
<p class='parrafo'>7. Lo previsto en el párrafo primero del apartado 6 será de aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante, que perciban ingresos directamente de los compradores.</p>
<p class='parrafo'>En tales casos, en el supuesto en que se acredite que la venta ambulante se lleva a cabo en mercados tradicionales o «mercadillos», con horario de venta inferior a ocho horas al día, se podrá elegir entre cotizar por una base de 944,40 euros mensuales, o una base de 519,30 euros mensuales.</p>
<p class='parrafo'>La elección de bases de cotización prevista en el párrafo precedente también será de aplicación a las personas que se dediquen de forma individual a la venta ambulante en mercados tradicionales o «mercadillos» con horario de venta inferior a ocho horas al día, siempre que no dispongan de establecimiento fijo propio, ni produzcan los artículos o productos que vendan.</p>
<p class='parrafo'>8. En los supuestos a los que se refieren los apartados 6 y 7, por tratarse de actividades exclusivas de venta, no están incluidos aquellos casos en los que, además, se fabrican o elaboran los productos objeto de venta.</p>
<p class='parrafo'>9. Los trabajadores autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, hayan cotizado en 2020 en régimen de pluriactividad, teniendo en cuenta tanto las cotizaciones efectuadas en este régimen especial como las aportaciones empresariales y las correspondientes al trabajador en el régimen de Seguridad Social que corresponda por su actividad por cuenta ajena, por una cuantía igual o superior a 13.822,06 euros, tendrán derecho a una devolución del 50 por ciento del exceso en que sus cotizaciones por contingencias comunes superen la mencionada cuantía, con el tope del 50 por ciento de las cuotas ingresadas en el régimen especial, en razón de su cotización por las contingencias comunes.</p>
<p class='parrafo'>La devolución se efectuará de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo fijado por el artículo 313.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, salvo cuando concurran especialidades en la cotización que impidan efectuarla en ese plazo o resulte necesaria la aportación de los datos por parte del interesado, en cuyo caso el reintegro se realizará con posterioridad al mismo.</p>
<p class='parrafo'>10. Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan quedado incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en aplicación de lo establecido en el artículo 120.cuatro.8 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, tendrán derecho, desde el 1 de septiembre de 2021, a una reducción del 50 por ciento de la cuota a ingresar.</p>
<p class='parrafo'>También tendrán derecho a esa reducción los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan iniciado su actividad y quedado incluidos en el citado régimen especial a partir del 1 de enero de 2009.</p>
<p class='parrafo'>La reducción se aplicará sobre la cuota que resulte de aplicar, sobre la base mínima elegida de conformidad con lo previsto en el apartado 7, el tipo de cotización aplicable de acuerdo con lo previsto en el apartado 1.</p>
<p class='parrafo'>11. Respecto a los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2020 y de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a 10, la base mínima de cotización tendrá una cuantía fijada en 1.214,10 euros mensuales.</p>
<p class='parrafo'>12. Los trabajadores autónomos incluidos en este régimen especial al amparo de lo establecido en el artículo 305.2.b) y e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a excepción de aquellos que causen alta inicial en el mismo, durante los 12 primeros meses de su actividad a contar desde la fecha de efectos de dicha alta, tendrán una base mínima de cotización de cuantía fijada para el año 2021 en 1.214,10 euros mensuales.</p>
<p class='parrafo'>13. A efectos de lo establecido en el artículo 313 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las cuantías correspondientes a los distintos porcentajes de la base de cotización por la que podrán optar los trabajadores incluidos en este régimen especial en los casos de pluriactividad con jornada laboral a tiempo completo o a tiempo parcial superior al 50 por ciento, serán desde el 1 de septiembre 2021 las siguientes: 472,20 euros, cuando la base elegida sea del 50 por ciento de la base mínima de cotización; 708,30 euros, cuando se corresponda con el 75 por ciento, y 802,80 euros, cuando coincida con el 85 por ciento de dicha base mínima.</p>
<p class='articulo'>Artículo 16. Bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.</p>
<p class='parrafo'>1. A partir de 1 de septiembre de 2021, las bases de cotización a este sistema especial serán las establecidas con carácter general para el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en el artículo precedente.</p>
<p class='parrafo'>2. Los tipos de cotización por contingencias comunes serán los siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Respecto de las contingencias de cobertura obligatoria, cuando el trabajador haya optado por elegir como base de cotización una base comprendida entre 944,40 euros mensuales y 1.133,40 euros mensuales, el tipo de cotización aplicable será el 18,75 por ciento.</p>
<p class='parrafo'>Si el trabajador cotizara por una base de cotización superior a 1.133,40 euros mensuales, a la cuantía que exceda de esta última le será de aplicación el tipo de cotización del 26,50 por ciento.</p>
<p class='parrafo'>b) Respecto a la mejora voluntaria de la incapacidad temporal por contingencias comunes, el tipo de cotización a aplicar a la cuantía completa de la base de cotización del interesado será el 3,30 por ciento, o el 2,80 por ciento si el interesado está acogido a la protección por contingencias profesionales o por cese de actividad.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre.</p>
<p class='parrafo'>En el supuesto de que los interesados no hubiesen optado por la cobertura de la totalidad de las contingencias profesionales, se seguirá abonando, en concepto de cobertura de las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, una cuota resultante de aplicar a la base de cotización elegida el tipo del 1,00 por ciento.</p>
<p class='parrafo'>Igualmente, los trabajadores incluidos en este sistema especial que no hayan optado por dar cobertura, en el ámbito de protección dispensada, a la totalidad de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por ciento, aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones previstas en los capítulos VIII y IX del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.</p>
<p class='seccion'>Sección 3.ª Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar</p>
<p class='articulo'>Artículo 17. Normas aplicables.</p>
<p class='parrafo'>1. Lo previsto en los artículos 1 a 9 de este capítulo será de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena y asimilados incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio, y para la cotización por contingencias comunes, de la aplicación para los trabajadores incluidos en los grupos segundo y tercero, de los coeficientes correctores a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.</p>
<p class='parrafo'>No obstante, lo previsto en los artículos 4.b) y 6.5 respecto a la aplicación del tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos en la tarifa de primas a las empresas que ocupen a trabajadores a quienes resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, no resultará aplicable a los trabajadores embarcados en barcos de pesca de hasta 10 toneladas de Registro Bruto incluidos en este régimen especial.</p>
<p class='parrafo'>2. La base de cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas en este régimen especial de los trabajadores incluidos en los grupos segundo y tercero a que se refiere el artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, se efectuará teniendo en cuenta las remuneraciones efectivamente percibidas, siendo estas las que se determinen anualmente mediante Orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a propuesta del Instituto Social de la Marina, oídas las organizaciones más representativas del sector.</p>
<p class='parrafo'>Tal determinación se efectuará por provincias, modalidades de pesca y categorías profesionales, sobre la base de los valores medios de remuneración percibida en el año precedente.</p>
<p class='parrafo'>Dichas bases serán únicas, sin que puedan ser inferiores ni superiores a las establecidas para las distintas categorías profesionales.</p>
<p class='parrafo'>3. Lo previsto en los apartados 2 a 5; 9; y 11 a 13 del artículo 15 de este capítulo será de aplicación a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero de cotización a que se refiere el artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre.</p>
<p class='parrafo'>4. Desde el 1 de septiembre de 2021, los tipos de cotización de los trabajadores por cuenta propia serán los siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Para las contingencias comunes, el 28,30 por ciento.</p>
<p class='parrafo'>b) Para las contingencias profesionales:</p>
<p class='parrafo_2'>El 1,30 por ciento, del que el 0,66 por ciento corresponde a la contingencia de incapacidad temporal y el 0,64 por ciento a las de incapacidad permanente y muerte y supervivencia.</p>
<p class='parrafo'>No obstante ello, cuando a los trabajadores autónomos por razón de su actividad les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, la cotización por contingencias profesionales se determinará de conformidad con el tipo más alto de los fijados en la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, siempre y cuando el establecimiento de dicho coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal concepto.</p>
<p class='seccion'>Sección 4.ª Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón</p>
<p class='articulo'>Artículo 18. Peculiaridades en la cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.</p>
<p class='parrafo'>1. Durante la percepción de la prestación por desempleo, si corresponde cotizar en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, la base de cotización será la normalizada vigente que corresponda a la categoría o especialidad profesional del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo. Tal base de cotización se actualizará conforme a la base vigente en cada momento que corresponda a la categoría o especialidad profesional del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo.</p>
<p class='parrafo'>2. La cotización por contingencias comunes, respecto de los trabajadores pertenecientes a categorías o especialidades profesionales de nueva creación que no tengan asignada la correspondiente base normalizada, y hasta que esta se determine, se realizará en función de la base de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.</p>
<p class='parrafo'>Este criterio será también de aplicación a los supuestos de categorías o especialidades profesionales que, habiendo desaparecido, vuelvan a crearse de nuevo.</p>
<p class='parrafo'>3. La cotización en el convenio especial suscrito en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, se efectuará del siguiente modo:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Categorías o especialidades profesionales que tienen fijada base normalizada de cotización, en el momento de suscripción del convenio especial. En los supuestos señalados, se aplicarán las siguientes reglas:</p>
<p class='parrafo_2'>Primera. La base inicial de cotización correspondiente al convenio especial será la base normalizada vigente en el momento de la suscripción del convenio para la categoría o especialidad profesional a la que pertenecía el trabajador. Las sucesivas bases de cotización serán equivalentes a las bases normalizadas que, en cada ejercicio económico, se fijen para la respectiva categoría o especialidad profesional.</p>
<p class='parrafo'>Segunda. Si la base normalizada de la categoría o especialidad profesional de que se trate tuviese, en el ejercicio económico correspondiente, un importe inferior a la base del convenio especial, esta permanecerá inalterada hasta que la base normalizada que se fije sea de una cuantía igual o superior a la del convenio especial.</p>
<p class='parrafo'>Tercera. En el supuesto de que desaparezca la categoría o especialidad profesional a la que perteneció, en su momento, el trabajador que suscribió el convenio especial, la base de cotización del convenio especial podrá ser actualizada de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.2 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social, pudiendo incrementarse dicha base, como máximo, en el porcentaje de variación de la base mínima de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo_2'>A partir del momento en que vuelva a fijarse la base normalizada de cotización para la categoría o especialidad profesional correspondiente, al crearse de nuevo, la base de cotización en el convenio especial será dicha base normalizada, sin perjuicio de lo señalado en la regla segunda.</p>
<p class='parrafo'>b) Categorías o especialidades profesionales de nueva creación que no tienen fijada base normalizada en el momento de la suscripción del convenio especial.</p>
<p class='parrafo_2'>En los supuestos indicados, la base de cotización, en el momento de suscripción del convenio especial, será la que resulte de aplicar el procedimiento establecido en el artículo 6.2.1.b) de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre. La base inicial así determinada será sustituida por la base normalizada que, para la categoría o especialidad profesional, se fije por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.</p>
<p class='parrafo'>4. A efectos de determinar la cotización por los pensionistas de incapacidad permanente, en los supuestos referidos en los artículos 20 y 22 de la Orden de 3 de abril de 1973, para la aplicación y desarrollo del Decreto 298/1973, de 8 de febrero, sobre actualización del Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón, y cuando no exista base normalizada de cotización correspondiente a la categoría o especialidad profesional que ocupaban los pensionistas, en todos o en alguno de los períodos que han de tomarse en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación y a efectos de determinar las cantidades a deducir de la pensión de jubilación, se aplicarán las siguientes reglas:</p>
<p class='parrafo_2'>Primera. Se tendrá en cuenta como base de cotización y por los períodos indicados la base de cotización fijada para la categoría o especialidad profesional de que se trate, antes de su desaparición.</p>
<p class='parrafo'>Segunda. La citada base de cotización se incrementará aplicándole el porcentaje de incremento que haya experimentado la base mínima de cotización en el Régimen General correspondiente al grupo de cotización en que estuviese encuadrada la categoría o especialidad profesional a la que perteneciese, en su momento, el trabajador.</p>
<p class='parrafo_2'>5. A efectos del cálculo de las bases de cotización normalizadas, la Tesorería General de la Seguridad Social tomará los días trabajados y de alta que figuren en el Fichero General de Afiliación, según la información facilitada por las empresas del sector de acuerdo con las obligaciones que establece el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.</p>
<p class='parrafo'>6. Para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedad profesional, los empresarios que ocupen a trabajadores, a quienes en razón de su actividad les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, deberán cotizar por el tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos en la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal concepto.</p>
<p class='parrafo'>Lo previsto en este apartado no será de aplicación a los empresarios que ocupen a trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre.</p>
<p class='seccion'>Sección 5.ª Coeficientes reductores de la cotización aplicables a las empresas excluidas de alguna contingencia</p>
<p class='articulo'>Artículo 19. Coeficientes aplicables a las empresas excluidas de alguna contingencia.</p>
<p class='parrafo'>Desde el 1 de septiembre de 2021, los coeficientes reductores que han de aplicarse a las cuotas devengadas por las empresas excluidas de alguna contingencia serán los siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) En las empresas excluidas de la contingencia de incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, se aplicará el coeficiente del 0,055, correspondiendo el 0,046 a la cuota empresarial, y el 0,009 a la cuota del trabajador.</p>
<p class='parrafo'>b) En el supuesto de exclusión de las contingencias de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado del menor riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, respecto a los funcionarios públicos y demás personal a que se refiere la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se aplicará el coeficiente del 0,065, correspondiendo el 0,054 a la aportación empresarial y el 0,011 a la aportación del trabajador.</p>
<p class='articulo'>Artículo 20. Aplicación de los coeficientes reductores.</p>
<p class='parrafo'>El importe a deducir de la cotización en los supuestos referidos en el artículo anterior se determinará multiplicando por los coeficientes señalados o la suma de los mismos, en su caso, la cuota íntegra resultante de aplicar el tipo único vigente a las correspondientes bases de cotización.</p>
<p class='seccion'>Sección 6.ª Coeficientes aplicables para determinar la cotización en los supuestos de convenio especial</p>
<p class='articulo'>Artículo 21. Coeficientes aplicables.</p>
<p class='parrafo'>1. En el convenio especial se aplicarán, a partir de 1 de septiembre de 2021, los siguientes coeficientes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Cuando el convenio especial tenga por objeto la cobertura de todas las prestaciones derivadas de contingencias comunes a excepción de los subsidios por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, nacimiento y cuidado del menor, el 0,94.</p>
<p class='parrafo'>b) Cuando el convenio especial se hubiera suscrito con anterioridad a 1 de enero de 1998 y tenga por objeto la cobertura de las prestaciones de jubilación e incapacidad permanente y muerte y supervivencia, derivadas de contingencias comunes, y servicios sociales, el 0,77.</p>
<p class='parrafo'>c) En los supuestos de convenio especial suscrito con anterioridad a 1 de enero de 1998 por trabajadores contratados a tiempo parcial y en los supuestos de reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario, el 0,77. Si el convenio especial se hubiera suscrito con posterioridad a 1 de enero de 1998, en los indicados supuestos o durante la situación de alta especial motivada por huelga legal o cierre patronal, el 0,94.</p>
<p class='parrafo'>d) En los supuestos de trabajadores perceptores del subsidio de desempleo, con derecho a cotización por la contingencia de jubilación, que suscriban el convenio especial regulado por el artículo 24 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre:</p>
<p class='parrafo_2'>Por la totalidad de la base de cotización elegida por el interesado, para la cobertura de las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, el 0,14.</p>
<p class='parrafo'>Por la diferencia entre dicha base de cotización y aquella por la que cotice en cada momento el Servicio Público de Empleo Estatal, para la cobertura de la contingencia de jubilación, el 0,80.</p>
<p class='parrafo'>Si el convenio especial se hubiera suscrito con anterioridad a 1 de enero de 1998 o trajera su causa de expedientes de regulación de empleo autorizados con anterioridad a esa misma fecha, se aplicarán los siguientes coeficientes:</p>
<p class='parrafo_2'>Por la totalidad de la base de cotización elegida por el interesado, para la cobertura de las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, el 0,33.</p>
<p class='parrafo'>Por la diferencia entre dicha base de cotización y aquella por la que cotice en cada momento el Servicio Público de Empleo Estatal, para la cobertura de la contingencia de jubilación, el 0,40.</p>
<p class='parrafo_2'>e) En los convenios especiales regulados por el Real Decreto 2805/1979, de 7 de diciembre, sobre inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los españoles no residentes en territorio nacional que ostenten la condición de funcionarios o empleados de organizaciones internacionales intergubernamentales, cuando se hubieren suscrito antes de 1 de enero de 2000, se aplicará el 0,77. A los suscritos con posterioridad a dicha fecha les será de aplicación el 0,94.</p>
<p class='parrafo'>f) En los supuestos de convenio especial suscrito por quienes pasen a prestar servicios en la Administración de la Unión Europea, para la cobertura de las prestaciones por incapacidad permanente, el 0,25.</p>
<p class='parrafo'>g) En los convenios especiales suscritos al amparo del Real Decreto 996/1986, de 25 de abril, por el que se regula la suscripción de convenio especial de emigrantes e hijos de emigrantes, se aplicará el 0,77.</p>
<p class='parrafo'>h) En los convenios especiales suscritos al amparo del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, se aplicará el 0,77. Igualmente, se efectuará una cotización por formación profesional en una cuantía equivalente al 0,20 por ciento de la base de cotización a que se refiere el artículo 4.1 del citado real decreto.</p>
<p class='parrafo'>i) En los convenios especiales suscritos al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, se aplicará el 0,77.</p>
<p class='parrafo'>j) En los convenios especiales suscritos al amparo del Real Decreto 156/2013, de 1 de marzo, por el que se regula la suscripción de convenio especial por las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral, se aplicará el 0,89.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Para determinar la cotización en los supuestos señalados en el apartado anterior se calculará la cuota íntegra aplicando a la base de cotización que corresponda el tipo único de cotización vigente en el Régimen General, y el resultado obtenido se multiplicará por el coeficiente que en cada caso corresponda, constituyendo el producto que resulte la cuota a ingresar.</p>
<p class='seccion'>Sección 7.ª Coeficiente aplicable para determinar la cotización en supuestos de subsidio por desempleo de nivel asistencial</p>
<p class='articulo'>Artículo 22. Determinación del coeficiente.</p>
<p class='parrafo'>Para determinar la cotización que corresponde efectuar por los trabajadores beneficiarios del subsidio de desempleo a que se refiere el artículo 280 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, incluidos los trabajadores por cuenta ajena de carácter fijo del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, se aplicará el coeficiente reductor 0,20, a deducir de la cuota íntegra resultante.</p>
<p class='seccion'>Sección 8.ª Financiación de las funciones y actividades atribuidas a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en relación con la cobertura de la prestación económica de incapacidad temporal</p>
<p class='articulo'>Artículo 23. Determinación de la fracción de cuota.</p>
<p class='parrafo'>1. La financiación de las funciones y actividades atribuidas a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes a favor de los trabajadores de las empresas asociadas que hayan optado por formalizar la cobertura con ellas se efectuará desde el 1 de septiembre 2021 mediante la fracción de cuota a que se refiere el artículo 71.2 del Reglamento sobre colaboración de dichas entidades, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, aplicando el coeficiente del 0,06 sobre la cuota íntegra correspondiente a la aportación empresarial y de los trabajadores por contingencias comunes. Dicho coeficiente será del 0,07 para aquellas mutuas que acrediten la insuficiencia financiera del coeficiente general en base a circunstancias estructurales, todo ello en los términos que con la suficiente antelación se determinen por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, mediante resolución dictada al efecto y publicada en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo'>Así mismo, en aquellos supuestos en los que la suma de los resultados a distribuir para la aplicación o dotación de reservas de contingencias comunes y profesionales resulte negativa tras el reconocimiento del coeficiente que corresponda, fijado en el párrafo anterior, la fracción de cuota se aumentará en tanto que la citada suma de resultados sea negativa, con el tope máximo que corresponda al coeficiente del 0,075.</p>
<p class='parrafo'>No obstante lo indicado anteriormente, en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, la determinación de la fracción de cuota a que se refiere el artículo 71.2 del Reglamento sobre colaboración citado se efectuará aplicando el coeficiente del 0,030 sobre la cuota íntegra correspondiente a la aportación empresarial y de los trabajadores por contingencias comunes; coeficiente que será del 0,033 para aquellas mutuas que acrediten la insuficiencia financiera de dicho coeficiente en base a circunstancias estructurales, con los mismos requisitos que los exigidos en el primer párrafo para la aplicación del coeficiente específico para los supuestos de insuficiencia financiera en base a circunstancias estructurales.</p>
<p class='parrafo'>2. La fracción de cuota prevista en el artículo 76.2 del Reglamento citado en el apartado anterior, que deben percibir las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para la financiación de la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos se fija desde el 1 de septiembre 2021 en el resultado de aplicar el coeficiente del 0,06 sobre la cuota íntegra correspondiente a los trabajadores autónomos por contingencias comunes.</p>
<p class='parrafo'>3. La fracción de cuota prevista en el artículo 76.2 del Reglamento citado en el apartado 1, que deben percibir las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para la financiación de la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se fija desde el 1 de septiembre 2021 en el resultado de aplicar el tipo del 2,70 o del 3,20 por ciento a la correspondiente base de cotización, según se disponga o no de protección por contingencias profesionales o por cese de actividad.</p>
<p class='seccion'>Sección 9.ª Coeficientes aplicables para determinar las aportaciones a cargo de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y empresas colaboradoras para el sostenimiento de los servicios comunes</p>
<p class='articulo'>Artículo 24. Coeficientes aplicables.</p>
<p class='parrafo'>A partir del 1 de septiembre de 2021:</p>
<p class='parrafo_2'>1. Las aportaciones de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social, a que se refiere el artículo 75 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, se determinarán aplicando el coeficiente del 16,00 por ciento.</p>
<p class='parrafo'>La Tesorería General de la Seguridad Social aplicará el coeficiente señalado en el párrafo anterior sobre las cuotas ingresadas que correspondan a cada una de las mutuas afectadas, una vez descontada la parte relativa al reaseguro obligatorio.</p>
<p class='parrafo'>2. Se fija en el 31,00 por ciento el coeficiente para determinar la cantidad que deben ingresar las empresas autorizadas a colaborar en la gestión de la asistencia sanitaria e incapacidad temporal derivadas de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en concepto de aportación para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social y de contribución a los demás gastos generales y a las exigencias de solidaridad nacional.</p>
<p class='parrafo'>El citado coeficiente se aplicará a las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales recaudadas por incapacidad permanente y muerte y supervivencia.</p>
<p class='seccion'>Sección 10.ª Cotización a la Seguridad Social en supuestos especiales</p>
<p class='articulo'>Artículo 25. Incremento en la cuota empresarial por contingencias comunes en los contratos temporales de corta duración.</p>
<p class='parrafo'>En los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará, a partir del 1 de septiembre de 2021, en un 40,00 por ciento. Dicho incremento no será de aplicación a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.</p>
<p class='articulo'>Artículo 26. Cotización en los supuestos de abono de salarios con carácter retroactivo.</p>
<p class='parrafo'>1. Cuando hayan de abonarse salarios con carácter retroactivo, el ingreso de las liquidaciones que deban de efectuarse a la Seguridad Social, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, como consecuencia de ellos, se realizará en los plazos señalados en el artículo 56.1.c) del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.</p>
<p class='parrafo'>En dichos supuestos, el ingreso se efectuará mediante la correspondiente liquidación complementaria, a cuyo fin se tomarán las bases, topes, tipos y condiciones vigentes en los meses a que los citados salarios correspondan.</p>
<p class='parrafo'>2. De igual forma se liquidarán aquellas gratificaciones que no puedan ser objeto de cuantificación anticipada total o parcialmente, a efectos del prorrateo establecido en el artículo 1, a cuyo fin las empresas deberán formalizar una liquidación complementaria por las diferencias de cotización relativas a los meses del año ya transcurridos, e incrementar, en la parte que corresponda, las cotizaciones pendientes de ingresar durante el ejercicio económico del año 2021.</p>
<p class='parrafo'>3. Las liquidaciones complementarias a que se refieren los apartados anteriores se confeccionarán con detalle separado de cada uno de los meses transcurridos.</p>
<p class='articulo'>Artículo 27. Cotización por percepciones correspondientes a vacaciones devengadas y no disfrutadas.</p>
<p class='parrafo'>Las percepciones correspondientes a vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas y que sean retribuidas a la finalización de la relación laboral serán objeto de liquidación y cotización complementaria a la del mes de la extinción del contrato.</p>
<p class='parrafo'>La liquidación y cotización complementaria comprenderán los días de duración de las vacaciones, aun cuando alcancen también el siguiente mes natural o se inicie una nueva relación laboral durante los mismos, sin prorrateo alguno y con aplicación, en su caso, del tope máximo de cotización correspondiente al mes o meses que resulten afectados.</p>
<p class='parrafo'>No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en los supuestos en que, mediante ley o en ejecución de la misma, se establezca que la remuneración a percibir por el trabajador deba incluir la parte proporcional correspondiente a las vacaciones devengadas, se aplicarán las normas generales de cotización.</p>
<p class='articulo'>Artículo 28. Cotización por los salarios de tramitación.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 268.6 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el empresario es el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar por los salarios de tramitación en los supuestos a que se refiere el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de su derecho a reclamar del Estado el importe de las cuotas correspondientes a dichos salarios en los términos previstos en el artículo 56.5 de esta última ley y en el Real Decreto 418/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el procedimiento de tramitación de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido y demás disposiciones complementarias.</p>
<p class='parrafo'>El ingreso de las cuotas correspondientes se efectuará en el plazo previsto en el artículo 56.1.c), 4.º, del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social.</p>
<p class='articulo'>Artículo 29. Tipo de cotización en supuestos especiales.</p>
<p class='parrafo'>1. A partir del 1 de septiembre de 2021:</p>
<p class='parrafo_2'>a) El tipo de cotización por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes en los supuestos a que se refiere el artículo 152 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, será desde el 1 de septiembre de 2021 el 1,55 por ciento, del que el 1,30 por ciento será a cargo de la empresa y el 0,25 por ciento a cargo del trabajador.</p>
<p class='parrafo'>b) El tipo de cotización por incapacidad temporal en los supuestos a que se refiere el artículo 311 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social será desde el 1 de septiembre de 2021 del 1,56 por ciento para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y para los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.</p>
<p class='parrafo'>c) El tipo de cotización por incapacidad temporal en los supuestos a que se refiere el artículo 311 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social será el 3,30 o el 2,80 por ciento, según proceda, para trabajadores por cuenta propia agrarios incluidos en el sistema especial a que se refiere el artículo 16 de esta orden.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Desde el 1 de septiembre de 2021, a los bomberos a que se refiere el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, a los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza a que se refiere la disposición adicional vigésima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y a los miembros de los cuerpos de Policía local al servicio de las administraciones locales a que se refiere el Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración local, les será de aplicación un tipo de cotización adicional del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,76 por ciento a cargo del trabajador.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO II</p>
<p class='capitulo_tit'>Cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial, formación profesional y por cese de actividad y durante la situación de incapacidad temporal transcurridos sesenta días de los trabajadores autónomos</p>
<p class='articulo'>Artículo 30. Bases y tipos de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional de los trabajadores por cuenta ajena.</p>
<p class='parrafo'>1. La base de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional de los trabajadores por cuenta ajena, en todos los regímenes de la Seguridad Social que tengan cubiertas tales contingencias, a excepción de los trabajadores incluidos en los grupos segundo y tercero del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, cuya base de cotización será determinada mediante Orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.</p>
<p class='parrafo'>En los supuestos de contratos para la formación y el aprendizaje, se estará a lo previsto en el artículo 42.</p>
<p class='parrafo'>Con independencia de su inclusión en la base de cotización por desempleo, en el cálculo de la base reguladora de la prestación se excluirá la retribución por horas extraordinarias, según dispone el artículo 270.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>2. Los tipos de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional serán, a partir de 1 de septiembre de 2021, los siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Desempleo:</p>
<p class='parrafo_2'>1.º Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades de contratos formativos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, de relevo, interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con trabajadores que tengan reconocido un grado de discapacidad no inferior al 33 por ciento: 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador.</p>
<p class='parrafo'>2.º Contratación de duración determinada:</p>
<p class='parrafo_2'>Contratación de duración determinada a tiempo completo: 8,30 por ciento, del que el 6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador.</p>
<p class='parrafo'>Contratación de duración determinada a tiempo parcial: 8,30 por ciento, del que el 6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador.</p>
<p class='parrafo_2'>3.º Transformación de la contratación de duración determinada en contratación de duración indefinida: Cuando el contrato de duración determinada, a tiempo completo o parcial, se transforme en un contrato de duración indefinida, se aplicará el tipo de cotización previsto en el apartado 2.a).1.º desde el día de la fecha de la transformación.</p>
<p class='parrafo'>4.º Socios trabajadores y de trabajo de las cooperativas: Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, los socios trabajadores de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, así como los socios de trabajo de las cooperativas, incluidos en regímenes de Seguridad Social que tienen prevista la cotización por desempleo, cotizarán al tipo previsto en el apartado 2.a).1.º, si el vínculo societario con la cooperativa es indefinido, y al tipo previsto en el apartado 2.a).2.º, si el vínculo societario con la cooperativa es de duración determinada.</p>
<p class='parrafo'>5.º Colectivos con una relación de servicios de carácter temporal con las administraciones, los servicios de salud o las fuerzas armadas: Los funcionarios de empleo de las administraciones públicas, el personal con nombramiento estatutario temporal de los servicios de salud, los militares de complemento y los militares de tropa y marinería de las fuerzas armadas que mantienen una relación de servicios de carácter temporal cotizarán según lo previsto en el apartado 2.a).1.º, si esos servicios son de interinidad o sustitución, y según lo previsto en el apartado 2.a).2.º, si esos servicios son de carácter eventual.</p>
<p class='parrafo'>6.º Reconocimiento de discapacidad durante la vigencia del contrato de duración determinada: El tipo de cotización previsto en el apartado 2.a).2.º se modificará por el establecido en el apartado 2.a).1.º a partir de la fecha en que se reconozca al trabajador un grado de discapacidad no inferior al 33 por ciento.</p>
<p class='parrafo'>7.º Representantes de comercio que presten servicios para varias empresas: A los representantes de comercio que presten servicios como tales para varias empresas les será de aplicación el tipo de cotización por desempleo que corresponda a cada contratación.</p>
<p class='parrafo'>8.º Internos que trabajen en talleres penitenciarios y menores: A los penados y menores que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y centros de internamiento les será de aplicación el tipo previsto en el apartado 2.a).1.º.</p>
<p class='parrafo'>9.º Cargos públicos y sindicales: Los cargos públicos y sindicales incluidos en el artículo 264.1.e) y f) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cotizarán al tipo previsto en el apartado 2.a).2.º</p>
<p class='parrafo'>10.º Reservistas: Los reservistas voluntarios, salvo cuando sean funcionarios de carrera, y los reservistas de especial disponibilidad, cuando sean activados para prestar servicios en unidades, centros y organismos del Ministerio de Defensa, cotizarán al tipo previsto en el apartado 2.a).2.º</p>
<p class='parrafo_2'>b) Fondo de Garantía Salarial: el 0,20 por ciento, a cargo de la empresa.</p>
<p class='parrafo'>c) Formación profesional: el 0,70 por ciento, del que el 0,60 por ciento será a cargo de la empresa, y el 0,10 por ciento a cargo del trabajador.</p>
<p class='articulo'>Artículo 31. Bases y tipos de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>La cotización por la contingencia de desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional de los trabajadores por cuenta ajena, incluidos en este sistema especial, se obtendrá aplicando a las bases de cotización establecidas en los apartados 1.a) y 1.b) del artículo 13, según la modalidad de cotización por contingencias profesionales que corresponda al trabajador, los siguientes tipos:</p>
<p class='parrafo_2'>1. Desempleo:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Para los trabajadores por cuenta ajena de carácter fijo, el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador.</p>
<p class='parrafo'>b) Para los trabajadores por cuenta ajena de carácter eventual, el 8,30 por ciento, del que el 6,70 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador.</p>
<p class='parrafo_2'>No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de contratos de duración determinada o celebrados con trabajadores con discapacidad a los que se refiere el artículo 30.2.a).1.º, el tipo aplicable será el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador.</p>
<p class='parrafo'>No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores de este apartado, desde el 1 de septiembre de 2021 se aplicará para todos los trabajadores en situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural así como nacimiento y cuidado del menor causadas durante la situación de actividad, cualquiera que sea el grupo en el que puedan encuadrarse, una reducción en la cuota a la cotización por desempleo equivalente a 2,75 puntos porcentuales de la base de cotización.</p>
<p class='parrafo'>2. Fondo de Garantía Salarial: el 0,10 por ciento, que será a cargo exclusivo de la empresa.</p>
<p class='parrafo'>3. Formación profesional: el 0,18 por ciento, del que el 0,15 por ciento será a cargo de la empresa, y el 0,03 por ciento a cargo del trabajador.</p>
<p class='articulo'>Artículo 32. Normas aplicables para la cotización por desempleo en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.</p>
<p class='parrafo'>En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar la base de cotización por desempleo será la determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 30.</p>
<p class='parrafo'>A la base de cotización por desempleo de los grupos segundo y tercero le serán de aplicación los coeficientes correctores a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre.</p>
<p class='articulo'>Artículo 33. Bases y tipos de cotización por formación profesional, por cese de actividad, y durante la situación de incapacidad temporal transcurridos sesenta días de los trabajadores autónomos.</p>
<p class='parrafo'>1. La base de cotización correspondiente a la protección por formación profesional y por cese de actividad de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como la base de cotización por cese de actividad de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el citado régimen especial, será aquella por la que hayan optado los trabajadores incluidos en tales régimen y sistema especiales.</p>
<p class='parrafo'>En el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la base de cotización correspondiente a la protección por formación profesional y por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero será igualmente aquella por la que hayan optado. Para los trabajadores por cuenta propia incluidos en los grupos segundo y tercero, la base de cotización vendrá determinada mediante Orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, siéndoles de aplicación los coeficientes correctores a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre.</p>
<p class='parrafo'>2. Tanto en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, como en el Sistema Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la base de cotización durante la percepción de las prestaciones por cese de actividad será la correspondiente a la base reguladora de la misma en los términos establecidos en el artículo 339.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sin que, en ningún caso, pueda ser inferior al importe de la base mínima o base única vigente en el correspondiente régimen y de acuerdo con las circunstancias específicas concurrentes en el beneficiario.</p>
<p class='parrafo'>Aquellos colectivos que, conforme a la normativa reguladora de la cotización a la Seguridad Social, durante la actividad coticen por una base inferior a la base mínima ordinaria de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cotizarán por una base de cotización reducida durante la percepción de la prestación por cese de actividad.</p>
<p class='parrafo'>3. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 308.2 y 329.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se fija en el 0,31 el coeficiente a aplicar al total de cuotas por cese de actividad que correspondan al Servicio Público de Empleo Estatal, al objeto de sufragar las cuotas por todas las contingencias durante la situación de incapacidad temporal con derecho a prestación económica transcurridos 60 días en dicha situación desde la baja médica que deba asumir dicha entidad.</p>
<p class='parrafo'>4. Desde el 1 de septiembre de 2021, los tipos de cotización para la protección por cese de actividad serán:</p>
<p class='parrafo_2'>a) En el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar el 0,90 por ciento.</p>
<p class='parrafo'>b) En el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos el 2,20 por ciento.</p>
<p class='parrafo_2'>5. A partir del 1 de septiembre de 2021, el tipo de cotización por formación profesional en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar será del 0,1 por ciento.</p>
<p class='parrafo'>Desde el 1 de septiembre de 2021, la cotización por formación profesional en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos se determinará aplicando el tipo de cotización del 1 por ciento al importe de las cuotas por cese de actividad.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO III</p>
<p class='capitulo_tit'>Cotización en los supuestos de contratos a tiempo parcial</p>
<p class='articulo'>Artículo 34. Bases de cotización.</p>
<p class='parrafo'>1. La cotización a la Seguridad Social, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional derivada de los contratos de trabajo a tiempo parcial se efectuará en razón de la remuneración efectivamente percibida en función de las horas trabajadas en el mes que se considere.</p>
<p class='parrafo'>2. Para determinar la base de cotización mensual correspondiente a las contingencias comunes se aplicarán las siguientes normas:</p>
<p class='parrafo_2'>Primera. Se computará la remuneración devengada por las horas ordinarias y complementarias en el mes a que se refiere la cotización, cualquiera que sea su forma o denominación, con independencia de que haya sido satisfecha diaria, semanal o mensualmente.</p>
<p class='parrafo'>Segunda. A dicha remuneración se adicionará la parte proporcional que corresponda en concepto de descanso semanal y festivos, pagas extraordinarias y aquellos otros conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y se satisfagan dentro del año natural.</p>
<p class='parrafo'>Tercera. Si la base de cotización mensual, calculada conforme a las normas anteriores, fuese inferior a las bases mínimas que resulten de lo dispuesto en el artículo 35 o superior a las máximas establecidas con carácter general para los distintos grupos de categorías profesionales, se tomarán estas o aquellas, respectivamente, como bases de cotización.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Para determinar la base de cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, se computará, asimismo, la remuneración correspondiente a las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor realizadas, teniéndose en cuenta las normas primera y segunda del apartado anterior. En ningún caso, la base así obtenida podrá ser superior, al tope máximo señalado en el artículo 2.1 ni inferior desde el 1 de septiembre de 2021 a 6,78 euros por cada hora trabajada.</p>
<p class='parrafo'>Con independencia de su inclusión en la base de cotización por desempleo, en el cálculo de la base reguladora de la prestación se excluirá la retribución por estas horas extraordinarias.</p>
<p class='parrafo'>4. La remuneración que obtengan los trabajadores a tiempo parcial por el concepto de horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor a las que se refiere el artículo 35.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, queda sujeta a la cotización adicional regulada en el artículo 5 de esta orden.</p>
<p class='articulo'>Artículo 35. Bases mínimas de cotización por contingencias comunes.</p>
<p class='parrafo'>1. A partir de 1 de septiembre de 2021, las bases mínimas por horas aplicables a los contratos de trabajo a tiempo parcial, serán las siguientes:</p>
<table class='tabla_ancha'>
<thead>
<tr>
<th class='cabeza_tabla' rowspan='1'>Grupo de cotización</th>
<th class='cabeza_tabla' rowspan='1'>Categorías profesionales</th>
<th class='cabeza_tabla'>
<p class='cabeza_tabla'>Base mínima por hora/euros</p>
<p class='cabeza_tabla'>Desde 1 de septiembre de 2021</p>
</th>
</tr>
</thead>
<colgroup>
<col/>
<col/>
<col/>
</colgroup>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>9,47</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>2</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>7,85</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>3</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Jefes Administrativos y de Taller.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>6,83</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>4</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Ayudantes no Titulados.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>6,78</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>5</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Oficiales Administrativos.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>6,78</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>6</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Subalternos.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>6,78</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>7</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Auxiliares Administrativos.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>6,78</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>8</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Oficiales de primera y segunda.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>6,78</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>9</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Oficiales de tercera y especialistas.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>6,78</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>10</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Trabajadores mayores de dieciocho años no cualificados.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>6,78</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>11</td>
<td class='cuerpo_tabla_izq'>Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional.</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>6,78</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2'>2. La base mínima mensual de cotización será el resultado de multiplicar el número de horas realmente trabajadas por la base mínima horaria que se establece en el apartado anterior.</p>
<p class='articulo'>Artículo 36. Cotización en los supuestos de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y nacimiento y cuidado del menor.</p>
<p class='parrafo'>Durante las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, la base diaria de cotización será la base reguladora diaria de la correspondiente prestación. En las situaciones de incapacidad temporal y nacimiento y cuidado del menor en las que no se haya causado derecho al respectivo subsidio, la base diaria de cotización se calculará, asimismo, en función de la base reguladora diaria de la prestación que hubiera correspondido, de haberse causado derecho a la misma.</p>
<p class='parrafo'>Esta base de cotización se aplicará durante todos los días naturales en que el trabajador permanezca en alguna de las situaciones antes indicadas.</p>
<p class='articulo'>Artículo 37. Cotización en la situación de pluriempleo.</p>
<p class='parrafo'>Cuando el trabajador preste sus servicios en dos o más empresas en régimen de contratación a tiempo parcial, cada una de ellas cotizará en razón de la remuneración que le abone. Si la suma de las retribuciones percibidas sobrepasase el tope máximo de cotización a la Seguridad Social, este se distribuirá en proporción a las abonadas al trabajador en cada una de las empresas.</p>
<p class='articulo'>Artículo 38. Cotización en los supuestos de trabajo concentrado en períodos inferiores a los de alta.</p>
<p class='parrafo'>1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65.3 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, en aquellos supuestos en que los trabajadores hayan acordado con su empresa que la totalidad de las horas de trabajo que anualmente deben realizar se presten en determinados períodos de cada año, percibiendo todas las remuneraciones anuales o las correspondientes al período inferior de que se trate, en esos períodos de trabajo concentrado, existiendo períodos de inactividad superiores al mensual, la cotización a la Seguridad Social se efectuará de acuerdo con las siguientes reglas:</p>
<p class='parrafo_2'>Primera. La base de cotización se determinará al celebrarse el contrato de trabajo y al inicio de cada año en que el trabajador se encuentre en dicha situación, computando el importe total de las remuneraciones que tenga derecho a percibir el trabajador a tiempo parcial en ese año, con exclusión en todo caso de los importes correspondientes a los conceptos no computables en la base de cotización a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento general citado y demás disposiciones complementarias.</p>
<p class='parrafo'>Segunda. El importe obtenido se prorrateará entre los doce meses del año o del período inferior de que se trate, determinándose de este modo la cuantía de la base de cotización correspondiente a cada uno de ellos y con independencia de que las remuneraciones se perciban íntegramente en los períodos de trabajo concentrado o de forma prorrateada a lo largo del año o período inferior respectivo.</p>
<p class='parrafo'>Tercera. La base mensual de cotización, calculada conforme a las reglas anteriores, no podrá ser inferior al importe de las bases mínimas que resulten de lo dispuesto en el artículo 35.</p>
<p class='parrafo'>Cuarta. Si al final del ejercicio o período inferior de que se trate, el trabajador con contrato a tiempo parcial, subsistiendo su relación laboral, hubiese percibido remuneraciones por importe distinto al inicialmente considerado en ese año o período para determinar la base mensual de cotización durante el mismo, conforme a las reglas anteriores, se procederá a realizar la correspondiente regularización. A tal efecto, el empresario deberá o bien practicar la correspondiente liquidación complementaria de cuotas por las diferencias en más y efectuar el pago dentro del mes de enero del año siguiente o del mes siguiente a aquel en que se extinga la relación laboral, o bien solicitar, en su caso, la devolución de las cuotas que resulten indebidamente ingresadas.</p>
<p class='parrafo'>Quinta. Asimismo, la Administración de la Seguridad Social podrá efectuar de oficio las liquidaciones de cuotas y acordar las devoluciones solicitadas que sean procedentes, en especial, en los supuestos de extinción de la relación laboral de estos trabajadores con contrato a tiempo parcial por jubilación ordinaria o anticipada, por reconocimiento de la pensión por incapacidad permanente, por fallecimiento o por cualquier otra causa, con la consiguiente baja en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y cese en la obligación de cotizar.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación a los trabajadores fijos-discontinuos a que se refiere el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional tercera.3 del Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial.</p>
<p class='articulo'>Artículo 39. Base mínima de cotización respecto de los socios de cooperativas de trabajo asociado, en los supuestos de contrato a tiempo parcial.</p>
<p class='parrafo'>La base de cotización por contingencias comunes y profesionales de los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que hubieran optado en sus estatutos por asimilar a los socios trabajadores a trabajadores por cuenta ajena, incluidos en razón de la actividad de la cooperativa en el Régimen General, en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, en los supuestos de prestación de servicios a tiempo parcial, no podrá ser inferior a las cuantías que para los diferentes grupos de cotización se indican a continuación:</p>
<table class='tabla'>
<thead>
<tr>
<th class='cabeza_tabla'>Grupo de Cotización</th>
<th class='cabeza_tabla'>Base mínima mensual desde el 1 de septiembre de 2021</th>
</tr>
</thead>
<colgroup>
<col width='25%'/>
<col width='50%'/>
</colgroup>
<tbody>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>1</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>707,5</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>2</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>521,5</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>3</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>453,7</td>
</tr>
<tr>
<td class='cuerpo_tabla_centro'>4 a 11</td>
<td class='cuerpo_tabla_coma'>450,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='articulo'>Artículo 40. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>Con independencia del número de horas de trabajo realizadas en cada jornada, la base de cotización de los trabajadores del sistema especial no podrá tener desde el 1 de septiembre de 2021 una cuantía inferior a 48,95 euros/día.</p>
<p class='articulo'>Artículo 41. Cotización en los supuestos de guarda legal o cuidado directo de un familiar.</p>
<p class='parrafo'>En el caso de trabajadores y empleados públicos que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, y en los artículos 48 y 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, realicen una jornada reducida con disminución proporcional de sus retribuciones, la cotización se efectuará en función de las retribuciones que perciban sin que, en ningún caso, la base de cotización pueda ser inferior a la cantidad resultante de multiplicar las horas realmente trabajadas en el mes a que se refiere la cotización por las bases mínimas horarias señaladas en el artículo 35.1 de esta orden.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO IV</p>
<p class='capitulo_tit'>Cotización en los contratos para la formación y el aprendizaje</p>
<p class='articulo'>Artículo 42. Determinación de las cuotas.</p>
<p class='parrafo'>1. Desde el 1 de septiembre de 2021, la cotización a la Seguridad Social y demás contingencias protegidas por los trabajadores que hubieran celebrado un contrato para la formación y el aprendizaje se efectuará de acuerdo con lo siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>a) La cotización a la Seguridad Social consistirá en una cuota única mensual de 54,73 euros por contingencias comunes, de los que 45,63 euros serán a cargo del empresario y 9,10 euros a cargo del trabajador, y de 6,28 euros por contingencias profesionales, a cargo del empresario.</p>
<p class='parrafo'>b) La cotización al Fondo de Garantía Salarial consistirá en una cuota mensual de 3,46 euros a cargo del empresario.</p>
<p class='parrafo'>c) Cuando proceda cotizar por desempleo, la base de cotización será la base mínima correspondiente a las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a la que será de aplicación el tipo y la distribución del mismo a que se refiere el artículo 30.2.a).1.º</p>
<p class='parrafo'>d) Durante la percepción de la prestación por desempleo, la cotización a la Seguridad Social se efectuará conforme a lo previsto en el artículo 8.6.</p>
<p class='parrafo'>e) Las retribuciones que perciban los trabajadores en concepto de horas extraordinarias estarán sujetas a la cotización adicional regulada en el artículo 5.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 será de aplicación para la cotización de las personas asimiladas a trabajadores por cuenta ajena a que se refiere el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, y para efectuar la cotización de las personas que realicen prácticas no laborales al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional primera. Cotización por contingencias profesionales en los supuestos de suspensión de la relación laboral.</p>
<p class='parrafo'>La cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por aquellos trabajadores que tengan suspendida la relación laboral por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, a que se refiere el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que se encuentren en situación de desempleo total, se efectuará aplicando los tipos establecidos para la respectiva actividad económica, de conformidad con la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional segunda. Cotización por contingencias profesionales de los trabajadores desempleados que realicen trabajos de colaboración social.</p>
<p class='parrafo'>1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional quinta del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, las administraciones públicas que, conforme a lo establecido en el artículo 38 del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo, utilicen trabajadores desempleados para la realización de trabajos de colaboración social, vendrán obligadas a formalizar la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por dichos trabajadores y a ingresar las cuotas correspondientes a las citadas contingencias.</p>
<p class='parrafo'>2. La base de cotización por las contingencias señaladas en el apartado anterior se calculará conforme al promedio de las bases de cotización por dichas contingencias, en los últimos seis meses de ocupación efectiva, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 8.</p>
<p class='parrafo'>En los supuestos de trabajadores perceptores del subsidio de desempleo, la base de cotización será equivalente al tope mínimo de cotización a que se refiere el artículo 2.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional tercera. Cotización durante la percepción de las prestaciones por desempleo por parte de las víctimas de violencia de género.</p>
<p class='parrafo'>Durante el período de percepción de las prestaciones por desempleo por parte de las víctimas de violencia de género que tengan suspendida la relación laboral, la entidad gestora de las prestaciones ingresará la cotización a la Seguridad Social conforme a lo establecido para los supuestos de extinción de la relación laboral.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional cuarta. Cotización de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>Desde el 1 de septiembre de 2021, la base de cotización por todas las contingencias de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social a quienes hubiera sido de aplicación lo establecido en la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en tanto permanezca su relación laboral o de servicio, será coincidente con la habida en el mes de diciembre de 2010, salvo que por razón de las retribuciones que perciban pudiera corresponder una de mayor cuantía, en cuyo caso será esta por la que se efectuará la cotización mensual.</p>
<p class='parrafo'>A efectos de lo indicado en el párrafo anterior, de la base de cotización correspondiente al mes de diciembre de 2010 se deducirán, en su caso, los importes de los conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y que hubieren integrado dicha base sin haber sido objeto de prorrateo.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional quinta. Cotización por contingencias profesionales de las personas sometidas a penas de trabajo en beneficio de la comunidad.</p>
<p class='parrafo'>Conforme a lo previsto en el capítulo IX del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad, la cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de las personas sentenciadas a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad que se encuentren cumpliéndola únicamente se efectuará por los días de prestación efectiva de dicho trabajo.</p>
<p class='parrafo'>La cotización se determinará aplicando al tope mínimo de cotización fijado en cada ejercicio en el Régimen General de la Seguridad Social el tipo de cotización establecido en la tarifa de primas que corresponda a la actividad económica de prestación de servicios a la comunidad en general, efectuándose el ingreso de las cuotas que procedan a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, con carácter anual, dentro de los 15 primeros días del mes de diciembre.</p>
<p class='parrafo'>A tal efecto, el Ministerio del Interior certificará los importes adeudados correspondientes a las cotizaciones devengadas en los 12 meses naturales anteriores, en los términos y con los requisitos que se determinen por la Tesorería General de la Seguridad Social.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional sexta. Cotización de los miembros de institutos de vida consagrada de la Iglesia Católica integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, que tienen autorizada la colaboración en la gestión de la incapacidad temporal.</p>
<p class='parrafo'>Desde el 1 de septiembre de 2021 el tipo de cotización aplicable a la base de cotización de los miembros de institutos de vida consagrada de la Iglesia Católica incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, será el 27,15 por ciento, del que el 26,51 por ciento corresponde a la cobertura de contingencias comunes excluida la incapacidad temporal y el 0,64 por ciento a las contingencias profesionales correspondientes a incapacidad permanente, muerte y supervivencia, no estando cubierta la protección por cese de actividad, siempre que dichos institutos cuenten con la autorización de la Seguridad Social para colaborar en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal.</p>
<p class='articulo'>Disposición transitoria primera. Opción de bases de cotización, en determinados supuestos, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.</p>
<p class='parrafo'>Los trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y los trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero de cotización del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar que, en la fecha de surtir efectos las bases de cotización previstas en el artículo 15, hubieran optado por las bases máximas permitidas hasta ese momento, podrán elegir, hasta el último día del mes siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado», cualquier base de cotización de las comprendidas entre aquella por la que vinieran cotizando y el límite máximo que les sea de aplicación. La nueva base elegida surtirá efectos a partir de 1 de septiembre de 2021.</p>
<p class='articulo'>Disposición transitoria segunda. Ingreso de diferencias de cotización.</p>
<p class='parrafo'>1. Las diferencias de cotización que se hubieran podido producir por la aplicación de lo dispuesto en esta orden respecto de las cotizaciones que, a partir de 1 de septiembre de 2021, se hubieran efectuado, podrán ser ingresadas sin recargo en el plazo que finalizará el último día del segundo mes siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo'>2. Asimismo, las diferencias de cotización que se produzcan como consecuencia de lo que se establece en la disposición transitoria primera, cuando los trabajadores a los que se refiere opten por una base de cotización superior a aquella por la que vinieren cotizando, se podrán ingresar sin recargo hasta el último día del mes siguiente a aquel en que finalice el plazo de opción que se fija en la disposición señalada.</p>
<p class='articulo'>Disposición transitoria tercera. Determinación provisional de las bases de cotización aplicables en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.</p>
<p class='parrafo'>La cotización por los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón, respecto de contingencias comunes, se efectuará sobre las bases establecidas para 2020, hasta tanto se aprueben las bases de cotización que han de regir en el presente ejercicio, sin perjuicio de las regularizaciones a que, con posterioridad, hubiere lugar.</p>
<p class='articulo'>Disposición derogatoria única. Derogación de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero.</p>
<p class='parrafo'>Se deroga la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019.</p>
<p class='articulo'>Disposición final primera. Título competencial.</p>
<p class='parrafo'>Esta orden se dicta al amparo del artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de régimen económico de la Seguridad Social.</p>
<p class='articulo'>Disposición final segunda. Aplicación de la norma.</p>
<p class='parrafo'>La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social resolverá cuantas cuestiones de índole general puedan plantearse en la aplicación de esta orden.</p>
<p class='articulo'>Disposición final tercera. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo'>La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con efectos desde el día 1 de septiembre de 2021.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 2 de diciembre de 2021.–El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños García.</p>
</texto>
</documento>
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Sat Dec 04 08:36:04 +0000 2021
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, el artículo 119 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, estableció las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2021, facultando en su apartado diecisiete al Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a la Ministra de Trabajo y Economía Social para dictar las normas necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en el citado artículo.
En esta determinación se tuvo en cuenta el incremento para el año 2021 de los tipos de cotización por contingencias profesionales y por cese de actividad de los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, previsto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, que fijó un incremento progresivo de los mismos durante los años 2020 y 2021.
No obstante ello, la disposición transitoria cuarta del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, procedió a suspender tal incremento de los tipos de cotización a partir del 1 de febrero de 2021, hasta tanto no se llevase a cabo la subida del salario mínimo interprofesional para este ejercicio.
Debe tenerse en cuenta, igualmente, que la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020, prorrogó la vigencia del Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020, hasta tanto se apruebe el real decreto por el que se fije el salario mínimo interprofesional para el año 2021.
Esta determinación se ha efectuado finalmente mediante el Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021, en 32,17 euros/día o 965 euros/mes, si bien se fijan sus efectos a partir del 1 de septiembre de 2021.
De este modo, mediante la orden se desarrollan las previsiones legales en materia de cotizaciones sociales para el periodo del ejercicio 2021 afectado por el incremento del salario mínimo interprofesional. A través de ella se reproducen las bases y tipos de cotización y, en desarrollo de las facultades atribuidas por el artículo 148 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se adaptan las bases de cotización establecidas con carácter general a los supuestos de contratos a tiempo parcial.
En materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, para los trabajadores por cuenta ajena será de aplicación la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
A su vez, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, en esta orden se fijan los coeficientes aplicables para determinar la cotización a la Seguridad Social en supuestos específicos, como son los de convenio especial o exclusión de alguna contingencia.
También se establecen los coeficientes para la determinación de las aportaciones a cargo de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social al sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social, aportaciones mediante las que se garantiza el mantenimiento del equilibrio financiero entre las entidades colaboradoras señaladas y la Administración de la Seguridad Social.
Cabe señalar que en esta orden se da cumplimiento a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, la norma es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad en tanto que con ella se consigue el fin perseguido, el establecimiento del tope máximo y mínimo, y de las bases máximas y mínimas de cotización a los distintos regímenes de la Seguridad Social, así como el desarrollo de las normas de cotización para el periodo del ejercicio 2021 afectado por el incremento del salario mínimo interprofesional, no tratándose de una norma restrictiva de derechos o que imponga obligaciones a los interesados.
Asimismo, la iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico tanto nacional como de la Unión Europea, sus objetivos se encuentran claramente definidos y no impone nuevas cargas administrativas, cumpliendo así los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
En su proceso de tramitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, esta orden se ha sometido al trámite de audiencia e información pública a través de su publicación en el portal web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y de la consulta directa a los agentes sociales.
Esta orden se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en el artículo 24.1.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la Ministra de Trabajo y Economía Social, en relación con el artículo 119 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, el artículo 5.2.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y la disposición final única del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de régimen económico de la Seguridad Social.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la Ministra de Trabajo y Economía Social, de acuerdo con el Consejo de Estado, he dispuesto:
CAPÍTULO I
Cotización a la Seguridad Social
Sección 1.ª Régimen General de la Seguridad Social
Artículo 1. Determinación de la base de cotización.
1. Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes por las contingencias comunes en el Régimen General, se aplicarán las siguientes normas:
Primera. Se computará la remuneración devengada en el mes a que se refiere la cotización.
Segunda. A la remuneración computada conforme a la norma anterior se añadirá la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias establecidas y de aquellos otros conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y se satisfagan dentro del ejercicio económico del año. A tal efecto, el importe anual estimado de dichas gratificaciones extraordinarias y demás conceptos retributivos se dividirá por 365, y el cociente que resulte se multiplicará por el número de días que comprenda el período de cotización de cada mes. En el caso de que la remuneración que corresponda al trabajador tenga carácter mensual, el indicado importe anual se dividirá por 12.
Tercera. Si la base de cotización que resulte de acuerdo con las normas anteriores no estuviese comprendida entre la cuantía de la base mínima y de la máxima correspondiente al grupo de cotización de la categoría profesional del trabajador, conforme a la tabla establecida en el artículo 3, se cotizará por la base mínima o máxima, según que la resultante sea inferior a aquella o superior a esta. La indicada base mínima será de aplicación cualquiera que fuese el número de horas trabajadas diariamente, excepto en aquellos supuestos en que por disposición legal se establece lo contrario.
2. Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán las normas primera y segunda del apartado anterior. La cantidad que así resulte no podrá ser superior al tope máximo ni inferior al tope mínimo correspondiente, previstos ambos en el artículo 2, cualquiera que sea el número de horas trabajadas diariamente, excepto en aquellos supuestos en que por disposición legal se establece lo contrario.
Artículo 2. Topes máximo y mínimo de cotización.
1. El tope máximo de la base de cotización al Régimen General será, a partir de 1 de septiembre de 2021, de 4.070,10 euros mensuales.
2. Desde el 1 de septiembre de 2021, el tope mínimo de cotización para las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional será equivalente al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementado por el prorrateo de las percepciones de vencimiento superior al mensual que perciba el trabajador, sin que pueda ser inferior a 1.125,90 euros mensuales..
Artículo 3. Bases máximas y mínimas de cotización.
Desde el 1 de septiembre de 2021, la cotización al Régimen General por contingencias comunes estará limitada para cada grupo de categorías profesionales por las bases mínimas y máximas siguientes:
Grupo de cotización
Categorías profesionales
Bases mínimas
–
Euros/mes
Desde el 1 de septiembre 2021
Bases máximas
–
Euros/mes
1
Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores.
1.572,30
4.070,10
2
Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados.
1.303,80
4.070,10
3
Jefes Administrativos y de Taller.
1.134,30
4.070,10
4
Ayudantes no Titulados.
1.125,90
4.070,10
5
Oficiales Administrativos.
1.125,90
4.070,10
6
Subalternos.
1.125,90
4.070,10
7
Auxiliares Administrativos.
1.125,90
4.070,10
Grupo de cotización
Categorías profesionales
Bases mínimas
–
Euros/día
Desde el 1 de septiembre 2021
Bases máximas
–
Euros/día
8
Oficiales de primera y segunda.
37,53
135,67
9
Oficiales de tercera y especialistas.
37,53
135,67
10
Peones.
37,53
135,67
11
Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional.
37,53
135,67
Artículo 4. Tipos de cotización.
A partir del 1 de septiembre de 2021, los tipos de cotización al Régimen General serán los siguientes:
a) Para las contingencias comunes, el 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.
En el caso de empresas que ocupen a trabajadores a quienes en razón de su actividad les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, se aplicará el tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos en dicha tarifa de primas, siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal concepto.
Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a las empresas que ocupen a trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de discapacidad.
Artículo 5. Cotización adicional por horas extraordinarias.
La remuneración que obtengan los trabajadores por el concepto de horas extraordinarias queda sujeta a una cotización adicional, que no será computable a efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones.
La cotización adicional por las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor se efectuará aplicando el tipo del 14,00 por ciento, del que el 12,00 por ciento será a cargo de la empresa y el 2,00 por ciento a cargo del trabajador.
La cotización adicional por las horas extraordinarias que no tengan la consideración referida en el párrafo anterior se efectuará aplicando el tipo del 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
Artículo 6. Cotización durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, nacimiento y cuidado del menor y ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, y en los casos de compatibilidad del subsidio por nacimiento y cuidado del menor con períodos de descanso en régimen de jornada a tiempo parcial.
1. La obligación de cotizar permanece durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y de disfrute de los períodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor o ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, aunque estos supongan una causa de suspensión de la relación laboral.
2. En las situaciones señaladas en el apartado anterior, la base de cotización aplicable para las contingencias comunes será la correspondiente al mes anterior al de la fecha de la incapacidad, de las situaciones de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, o del inicio del disfrute de los períodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor o por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante.
Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
Primera. En el supuesto de remuneración que se satisfaga con carácter diario, hubiere o no permanecido en alta en la empresa el trabajador durante todo el mes natural anterior, el importe de la base de cotización de dicho mes se dividirá por el número de días a que se refiera la cotización. El cociente resultante será la base diaria de cotización, que se multiplicará por el número de días en que el trabajador permanezca en situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o de disfrute de los períodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor o por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, para determinar la base de cotización durante dicha situación.
Segunda. Cuando el trabajador tuviera remuneración mensual y hubiese permanecido en alta en la empresa durante todo el mes natural anterior al de la iniciación de dichas situaciones, la base de cotización de ese mes se dividirá por 30. Si no hubiera permanecido en alta en la empresa durante todo el mes natural anterior, el importe de la base de cotización de dicho mes se dividirá por el número de días a que se refiere la cotización. En ambos casos, el cociente resultante será la base diaria de cotización, que se multiplicará por 30 de permanecer todo el mes en la situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o de disfrute de los períodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor o por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, o por la diferencia existente entre dicha cifra y el número de días que realmente haya trabajado en dicho mes.
Tercera. Cuando el trabajador hubiera ingresado en la empresa en el mismo mes en que haya iniciado alguna de las situaciones a que se refiere este artículo, se aplicará a ese mes lo establecido en las reglas precedentes.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación para calcular la base de cotización, a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y nacimiento y cuidado del menor o por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante. No obstante, y a fin de determinar la cotización que por el concepto de horas extraordinarias corresponde efectuar, se tendrá en cuenta el promedio de las efectivamente realizadas y cotizadas durante el año inmediatamente anterior a la fecha de iniciación de dichas situaciones. A tal efecto, el número de horas realizadas se dividirá por 12 o 365, según que la remuneración del trabajador se satisfaga o no con carácter mensual.
4. Salvo en los supuestos en que por disposición legal se establezca lo contrario, en ningún caso la base de cotización por contingencias comunes, en las situaciones a que se refiere este artículo, podrá ser inferior a la base mínima vigente en cada momento correspondiente a la categoría profesional del trabajador. A tal efecto, el correspondiente subsidio se actualizará a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva base mínima de cotización.
5. En la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante los periodos de baja por incapacidad temporal y otras situaciones con suspensión de la relación laboral con obligación de cotización, continuará siendo de aplicación el tipo de cotización correspondiente a la respectiva actividad económica u ocupación en su caso, de conformidad con la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre.
En el caso de empresas que ocupen a trabajadores a quienes en razón de su actividad les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, se aplicará el tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos en dicha tarifa de primas, siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal concepto.
Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a las empresas que ocupen a trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre.
6. Cuando se compatibilice la percepción del subsidio por nacimiento y cuidado del menor con el disfrute de los períodos de descanso en régimen de jornada a tiempo parcial, la base de cotización vendrá determinada por los dos sumandos siguientes:
a) Base reguladora del subsidio, en proporción a la fracción de jornada correspondiente al período de descanso.
b) Remuneraciones sujetas a cotización, en proporción a la jornada efectivamente realizada.
Artículo 7. Cotización en la situación de alta sin percibo de remuneración.
1. Cuando el trabajador permanezca en alta en el Régimen General de la Seguridad Social y se mantenga la obligación de cotizar conforme a lo dispuesto en el artículo 144.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, sin que perciba remuneración computable, se tomará como base de cotización la mínima correspondiente al grupo de su categoría profesional. A efectos de cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se tendrá en cuenta el tope mínimo de cotización establecido en el artículo 2.2 de esta orden.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a las situaciones previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 27 de octubre de 1992, por la que se dictan instrucciones en relación con la cotización al Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios públicos incluidos en el campo de aplicación de dicho régimen, durante las situaciones de licencia o permiso sin sueldo, suspensión provisional de funciones, cumplimiento del servicio militar o de la prestación social sustitutoria y plazo posesorio por cambio de destino.
Artículo 8. Base de cotización en la situación de desempleo protegido.
1. Durante la percepción de la prestación por desempleo por extinción de la relación laboral, la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista obligación legal de cotizar será la base reguladora de la prestación por desempleo, determinada según lo establecido en el artículo 270.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con respeto, en todo caso, del importe de la base mínima por contingencias comunes prevista para cada categoría profesional, teniendo dicha base la consideración de base de contingencias comunes a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social.
2. Durante la percepción de la prestación por desempleo por suspensión temporal de la relación laboral o por reducción temporal de jornada, ya sea por decisión del empresario al amparo de lo establecido en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, o en virtud de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista obligación legal de cotizar será el equivalente al promedio de las bases de los últimos seis meses de ocupación cotizada, por contingencias comunes y por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación legal de cotizar.
3. La reanudación de la prestación por desempleo en los supuestos de suspensión del derecho supondrá la reanudación de la obligación de cotizar por la base de cotización indicada en los apartados anteriores correspondiente al momento del nacimiento del derecho.
4. Cuando se hubiese extinguido el derecho a la prestación por desempleo y, en aplicación del artículo 269.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el trabajador opte por reabrir el derecho inicial, la base de cotización a la Seguridad Social será la indicada en el apartado 1 de este artículo, correspondiente al momento del nacimiento del derecho por el que se opta o, en su caso, las indicadas en el apartado 2 de este artículo, correspondientes al momento del nacimiento del derecho por el que se opta.
5. Durante la percepción de la prestación solo se actualizará la base de cotización indicada en los anteriores apartados cuando resulte inferior a la base mínima de cotización a la Seguridad Social vigente en cada momento que corresponda al grupo de cotización del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo y hasta dicho tope.
6. Durante la percepción de la prestación por desempleo que proviene del contrato para la formación y el aprendizaje, se aplicarán las normas establecidas en los apartados anteriores, salvo en los supuestos recogidos en el apartado 2 en los que la cotización a la Seguridad Social se efectuará aplicando las cuotas únicas a que se refiere el artículo 42.1 de esta orden, y, en todo caso, lo previsto en el artículo 273 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Artículo 9. Cotización en la situación de pluriempleo.
1. Cuando el trabajador se encuentre en situación de pluriempleo se aplicarán las siguientes normas:
a) Para las contingencias comunes:
Primera. El tope máximo de las bases de cotización, establecido en 4.070,10 euros mensuales, se distribuirá entre todas las empresas en proporción a la remuneración abonada al trabajador en cada una de ellas.
Segunda. Cada una de las empresas cotizará por los conceptos retributivos computables que satisfaga al trabajador, con el límite que corresponda a la fracción del tope máximo que se le asigne.
Tercera. La base mínima correspondiente al trabajador, según su categoría profesional, se distribuirá entre las distintas empresas y será aplicada para cada una de ellas en forma análoga a la señalada para el tope máximo. Si al trabajador le correspondieran diferentes bases mínimas de cotización por su clasificación laboral se tomará para su distribución la base mínima de superior cuantía.
b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:
Primera. El tope máximo de la base de cotización, establecido en 4.070,10 euros mensuales, se distribuirá entre todas las empresas en proporción a la remuneración abonada al trabajador en cada una de ellas.
Segunda. El tope mínimo de cotización se distribuirá entre las distintas empresas y será aplicado para cada una de ellas en forma análoga a la señalada para el tope máximo.
Tercera. La base de cotización será para cada empresa la que resulte conforme a lo señalado en el artículo 1, con los límites que se le hayan asignado, según las normas anteriores.
2. En el supuesto de que uno de los empleos conlleve la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social en los términos indicados en el artículo 136.2.c) y e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la distribución del tope máximo correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales solo se efectuará al objeto de determinar las cuotas correspondientes a las contingencias comúnmente protegidas por ambas modalidades de inclusión, así como los demás conceptos de recaudación conjunta. A tal fin, se efectuará una doble distribución del tope máximo de cotización citado, una de ellas para determinar la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como para formación profesional, y la otra para determinar la cotización por desempleo y para el Fondo de Garantía Salarial.
3. Los prorrateos indicados en los apartados anteriores se llevarán a cabo a petición de las empresas o trabajadores afectados. La distribución así determinada tendrá efectos a partir de la liquidación de cuotas que corresponda al mes en que se acredite la existencia de la situación de pluriempleo, salvo que se trate de períodos en los que hubiera prescrito la obligación de cotizar.
4. Las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social o sus administraciones, de oficio o a instancia del trabajador o empresario afectados, podrán rectificar la distribución entre las distintas empresas, efectuada conforme a lo dispuesto en el apartado 1, cuando de acuerdo con dicha distribución se produzcan desviaciones en las bases de cotización resultantes.
Artículo 10. Cotización de los artistas.
1. A partir de 1 de septiembre de 2021, la base máxima de cotización por contingencias comunes para todas las categorías profesionales de los artistas a que se refiere el artículo 32.3 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, será de 4.070,10 euros mensuales.
El tope máximo de las bases de cotización en razón de las actividades realizadas por un artista, para una o varias empresas, tendrá carácter anual y se determinará por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada.
2. Las bases de cotización a cuenta para determinar la cotización de los artistas, previstas en el artículo 32.5.b) del Reglamento general citado en el apartado anterior, serán, a partir de 1 de septiembre de 2021 y para todos los grupos de cotización, las siguientes:
Retribuciones íntegras
Euros/día
Hasta 461,00 euros.
270,00
Entre 461,01 y 829,00 euros.
341,00
Entre 829,01 y 1.386,00 euros.
407,00
Mayor de 1.386,00 euros.
542,00
3. La base de cotización aplicable durante los períodos de inactividad de los artistas en los que se mantenga voluntariamente la situación de alta en el Régimen General de la Seguridad Social será la base mínima vigente en cada momento, por contingencias comunes, correspondiente al grupo 7 de la escala de grupos de cotización de dicho régimen.
El tipo de cotización aplicable será el 11,50 por ciento.
Artículo 11. Cotización de los profesionales taurinos.
1. A partir de 1 de septiembre de 2021, la base máxima de cotización por contingencias comunes para todas las categorías de los profesionales taurinos a que se refiere el artículo 33.3 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social será de 4.070,10 euros mensuales.
El tope máximo de las bases de cotización para los profesionales taurinos tendrá carácter anual y se determinará por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada.
2. Las bases de cotización para determinar las liquidaciones provisionales por los profesionales taurinos, previstas en el artículo 33.5.b) del Reglamento general mencionado en el apartado anterior, serán, a partir de 1 de septiembre de 2021 y para cada grupo de cotización, las siguientes:
Grupo de cotización
Euros/día
1
1.256,00
2
1.157,00
3
868,00
7
519,00
Artículo 12. Cotización en el Sistema Especial para las tareas de manipulado y empaquetado de tomate fresco dentro del Régimen General de la Seguridad Social.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, a partir del 1 de septiembre de 2021, la cotización en el Sistema Especial para las tareas de manipulado y empaquetado del tomate fresco con destino a la exportación, dentro del Régimen General de la Seguridad Social, se efectuará de la siguiente manera:
1. La aportación a la cotización por todas las contingencias de los empresarios incluidos en este sistema especial se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido con carácter general para el Régimen General de la Seguridad Social y mediante el sistema de liquidación directa de cuotas a que se refiere el artículo 22.1.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
2. A partir del 1 de septiembre de 2021, los empresarios encuadrados en ese sistema especial tendrán derecho a una reducción del 70 por ciento y una bonificación del 8,75 por ciento en dicha aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes.
Artículo 13. Bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.
1. Base de cotización por contingencias tanto comunes como profesionales durante los períodos de actividad:
a) A partir del 1 de septiembre de 2021, las bases mensuales aplicables para los trabajadores incluidos en este sistema especial que presten servicios durante todo el mes, se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con aplicación de las siguientes bases máximas y mínimas:
Grupo de cotización
Categorías profesionales
Bases mínimas
–
Euros/mes
Desde el 1 de septiembre
Bases máximas
–
Euros/mes
1
Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores.
1.572,30
4.070,10
2
Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados.
1.303,80
4.070,10
3
Jefes Administrativos y de Taller.
1.134,30
4.070,10
4
Ayudantes no Titulados.
1.125,90
4.070,10
5
Oficiales Administrativos.
1.125,90
4.070,10
6
Subalternos.
1.125,90
4.070,10
7
Auxiliares Administrativos.
1.125,90
4.070,10
8
Oficiales de primera y segunda.
1.125,90
4.070,10
9
Oficiales de tercera y especialistas.
1.125,90
4.070,10
10
Peones.
1.125,90
4.070,10
11
Trabajadores menores de 18 años.
1.125,90
4.070,10
Las empresas que opten por esta modalidad de cotización mensual deberán comunicar dicha opción a la Tesorería General de la Seguridad Social al inicio de la actividad de los trabajadores, en los términos y condiciones que determine dicho servicio común de la Seguridad Social.
Esta modalidad de cotización deberá mantenerse durante todo el período de prestación de servicios, cuya finalización deberá comunicarse igualmente a la Tesorería General de la Seguridad Social, en los términos y condiciones que esta determine.
Cuando los trabajadores inicien o finalicen su actividad sin coincidir con el principio o fin de un mes natural, siempre que dicha actividad tenga una duración de, al menos, treinta días naturales consecutivos, la cotización se realizará con carácter proporcional a los días trabajados en el mes.
Esta modalidad de cotización mensual resultará de aplicación con carácter obligatorio para los trabajadores por cuenta ajena con contrato indefinido, sin incluir entre estos a los que presten servicios con carácter fijo discontinuo, respecto a los cuales tendrá carácter opcional.
b) A partir del 1 de septiembre de 2021, las bases diarias de cotización por jornadas reales correspondientes a cada uno de los grupos de trabajadores que realicen labores agrarias por cuenta ajena y respecto a los cuales no se hubiera optado por la modalidad de cotización prevista en el apartado 1.a) anterior, se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con aplicación de las siguientes bases máximas y mínimas:
Grupo de cotización
Categorías profesionales
Bases mínimas diarias de cotización/euros
Desde el 1 de septiembre
Bases máximas diarias de cotización
–
Euros
1
Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores.
68,36
176,96
2
Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados.
56,69
176,96
3
Jefes Administrativos y de Taller.
49,32
176,96
4
Ayudantes no Titulados.
48,95
176,96
5
Oficiales Administrativos.
48,95
176,96
6
Subalternos.
48,95
176,96
7
Auxiliares Administrativos.
48,95
176,96
8
Oficiales de primera y segunda.
48,95
176,96
9
Oficiales de tercera y especialistas.
48,95
176,96
10
Peones.
48,95
176,96
11
Trabajadores menores de 18 años.
48,95
176,96
Cuando se realicen en el mes natural 22 o más jornadas reales, la base de cotización correspondiente a las mismas será la establecida en el apartado 1.a) de este artículo.
2. La base mensual de cotización aplicable para los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este sistema especial, durante los períodos de inactividad, será de 1.125,90 euros mensuales desde el 1 de septiembre de 2021.
A estos efectos, se entenderá que existen periodos de inactividad dentro de un mes natural cuando el número de días naturales en que el trabajador figure de alta en el sistema especial en dicho mes sea superior al número de jornadas reales en el mismo multiplicado por 1,3636.
El número de días de inactividad del mes es la diferencia entre los días en alta laboral en el mes y el número de jornadas reales en el mes multiplicadas por 1,3636.
La cotización por los días de inactividad en el mes es el resultado de multiplicar el número de días de inactividad en el mes por la base de cotización diaria correspondiente al Régimen General y por el tipo de cotización aplicable.
3. Los tipos aplicables a la cotización de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este sistema especial serán los siguientes:
a) Durante los períodos de actividad:
Para la cotización por contingencias comunes, respecto a los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
Respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el 24,70 por ciento, siendo el 20,00 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
Para la cotización por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.
b) Durante los períodos de inactividad, el tipo de cotización será el 11,50 por ciento, siendo la cotización resultante a cargo exclusivo del trabajador.
Con efectos desde el 1 de septiembre de 2021, a los trabajadores que hubiesen realizado un máximo de 55 jornadas reales cotizadas en el año 2020, se les aplicará a las cuotas resultantes durante los periodos de inactividad en 2021 una reducción del 19,11 por ciento.
4. Desde el 1 de septiembre de 2021 se aplicarán las siguientes reducciones en las aportaciones empresariales a la cotización a este sistema especial durante los períodos de actividad con prestación de servicios:
a) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, se aplicará una reducción de 8,10 puntos porcentuales de la base de cotización, resultando un tipo efectivo de cotización por contingencias comunes del 15,50 por ciento.
En ningún caso la cuota empresarial resultante será superior a 279,00 euros al mes o 12,68 euros por jornada real trabajada.
b) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 al 11, la reducción se ajustará a las siguientes reglas:
Para bases mensuales de cotización la fórmula a aplicar será:
Para bases de cotización por jornadas reales la fórmula a aplicar será:
No obstante, la cuota empresarial resultante no podrá ser inferior a 101,47 euros mensuales o 4,61 euros por jornada real trabajada.
5. Durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, así como de nacimiento y cuidado del menor o por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, causadas durante la situación de actividad, la cotización se efectuará en función de la modalidad de contratación de los trabajadores:
a) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato indefinido, la cotización durante las referidas situaciones se regirá por las normas aplicables con carácter general en el Régimen General de la Seguridad Social.
El tipo resultante a aplicar será:
1.º Para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, el tipo del 15,50 por ciento, aplicable a la base de cotización por contingencias comunes.
2.º Para los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el tipo del 2,75 por ciento, aplicable a la base de cotización por contingencias comunes.
b) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato temporal y fijo discontinuo, resultará de aplicación lo establecido en el párrafo a) en relación a los días contratados en los que no hayan podido prestar sus servicios por encontrarse en alguna de las situaciones antes indicadas.
En cuanto a los días en los que no esté prevista la prestación de servicios, estos trabajadores estarán obligados a ingresar la cotización correspondiente a los períodos de inactividad, excepto en los supuestos de percepción de los subsidios por nacimiento y cuidado del menor y corresponsabilidad en el cuidado del lactante, que tendrán la consideración de períodos de cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones por jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia.
6. Durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo, si corresponde cotizar en este sistema especial, la base de cotización será la establecida en el artículo 8.
El tipo de cotización será el 11,50 por ciento.
7. Con relación a los trabajadores incluidos en el sistema especial, no resultará de aplicación la cotización adicional por horas extraordinarias a que se refiere el artículo 119, Dos, 3 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Artículo 14. Bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.
1. Desde el 1 de septiembre de 2021, las bases de cotización por contingencias comunes a este sistema especial serán las determinadas en la escala siguiente, en función de la retribución percibida por los empleados de hogar por cada relación laboral.
Tramo
Retribución mensual
–
Euros/mes
Base de cotización
–
Euros/mes
1.º
Hasta
259,00
222,00
2.º
Desde
259,01
Hasta
403,00
365,00
3.º
Desde
403,01
Hasta
548,00
509,00
4.º
Desde
548,01
Hasta
692,00
653,00
5.º
Desde
692,01
Hasta
838,00
798,00
6.º
Desde
838,01
Hasta
981,00
941,00
7.º
Desde
981,01
Hasta
1125,90
1.125,90
8.º
Desde
1.125,91
Hasta
1228,00
1.177,00
9.º
Desde
1.228,01
Hasta
1388,00
1.322,00
10.º
Desde
1.388,01
Retribución mensual
A efectos de la determinación de la retribución mensual del empleado de hogar, el importe percibido mensualmente deberá ser incrementado, conforme a lo establecido en el artículo 147.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con la parte proporcional de las pagas extraordinarias que tenga derecho a percibir el empleado.
2. La base de cotización mensual a aplicar por la Tesorería General de la Seguridad Social a efectos de determinar la cuota a ingresar, en función de los datos de que aquella disponga, no podrá ser inferior a las indicadas a continuación.
En los casos de contratos a tiempo completo o cuando las horas de trabajo sean 160 mensuales o 40 semanales, la base de cotización no podrá ser inferior a la prevista en el tramo en el que se encuentre incluida la retribución equivalente al salario mínimo interprofesional mensual vigente, incrementado con la parte proporcional de las pagas extraordinarias que tenga derecho a percibir el empleado.
En los supuestos de contratos a tiempo parcial o cuando las horas de trabajo sean inferiores a 160 horas mensuales o 40 semanales y la retribución pactada sea mensual, la base de cotización no podrá ser inferior a la prevista en el tramo en el que se encuentre incluida la retribución equivalente al salario mínimo interprofesional mensual vigente incrementado con la parte proporcional de las pagas extraordinarias en proporción a la jornada pactada en el contrato.
En los supuestos de contratos a tiempo parcial, en aquellos casos de empleados de hogar que trabajen por horas en régimen externo habiéndose pactado una retribución por horas que incluya todos los conceptos retributivos, la base de cotización no podrá ser inferior a la prevista para el tramo en el que se incluya la retribución que resulte de multiplicar el salario mínimo por hora vigente por el número de horas mensuales de trabajo.
En el supuesto de que no conste a la Tesorería General de la Seguridad Social que la retribución pactada sea mensual o por horas, se considerará, a los efectos establecidos en este apartado, que la retribución pactada es mensual, sin perjuicio de que los empleadores puedan probar, a través de cualquier medio admitido en derecho, que la retribución se ha pactado por horas.
3. Desde el 1 de septiembre de 2021, el tipo de cotización por contingencias comunes, sobre la base de cotización que corresponda según lo indicado en el apartado anterior, será el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo del empleador y el 4,70 por ciento a cargo del empleado.
4. Para la cotización por contingencias profesionales, sobre la base de cotización que corresponda según el apartado 1, se aplicará el tipo de cotización previsto en la tarifa de primas aprobada por la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, siendo la cuota resultante a cargo exclusivo del empleador.
5. Desde el 1 de septiembre de 2021 será aplicable una reducción del 20 por 100 en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en este sistema especial.
Serán beneficiarios de dicha reducción los empleadores que hayan contratado, bajo cualquier modalidad contractual, y dado de alta en el Régimen General a un empleado de hogar a partir del 1 de enero de 2012, siempre y cuando el empleado no hubiera figurado en alta en el Régimen Especial de Empleados de Hogar a tiempo completo, para el mismo empleador, dentro del período comprendido entre el 2 de agosto y el 31 de diciembre de 2011.
Esta reducción de cuotas se ampliará con una bonificación hasta llegar al 45 por 100 para familias numerosas, en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.
Estos beneficios en la cotización a la Seguridad Social a cargo del empleador, no serán de aplicación en los supuestos en que los empleados de hogar presten sus servicios durante menos de 60 horas mensuales por empleador y asuman el cumplimiento de las obligaciones en materia de encuadramiento, cotización y recaudación en dicho sistema especial, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Sección 2.ª Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos
Artículo 15. Bases y tipos de cotización.
A partir del 1 de septiembre de 2021, las bases y los tipos de cotización por contingencias comunes y profesionales en este régimen especial serán los siguientes:
1. Tipos de cotización:
a) Para las contingencias comunes, el 28,30 por ciento. Cuando, conforme a lo dispuesto en el artículo 315 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se tenga cubierta la incapacidad temporal en otro régimen de la Seguridad Social, se aplicará una reducción en la cuota que correspondería ingresar de acuerdo con el tipo para contingencias comunes equivalente a multiplicar el coeficiente reductor del 0,055 por dicha cuota.
b) Para las contingencias profesionales:
A partir del 1 de septiembre de 2021, el 1,30 por ciento, del que el 0,66 por ciento corresponde a la contingencia de incapacidad temporal y el 0,64 por ciento a las de incapacidad permanente y muerte y supervivencia.
Los trabajadores incluidos en este régimen especial que no tengan cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por ciento, aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones previstas en los capítulos VIII y IX del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
2. Bases de cotización aplicables con carácter general:
a) Base mínima de cotización: 944,40 euros mensuales.
b) Base máxima de cotización: 4.070,10 euros mensuales.
3. La base de cotización para los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2021, sean menores de 47 años de edad será la elegida por estos, dentro de los límites que representan las bases mínima y máxima.
Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa fecha tengan una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre de 2020 haya sido igual o superior a 2.052,00 euros mensuales, o causen alta en este régimen especial con posterioridad a la citada fecha.
En otro caso su base máxima de cotización será de 2.077,80 euros mensuales.
Los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2021, tengan 47 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a 2.052,00 euros mensuales no podrán elegir una base de cuantía superior a 2.077,80 euros mensuales, salvo que hayan ejercitado su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2021, con efectos a partir del 1 de julio del mismo año, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de este, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este régimen especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá dicha limitación.
4. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2021, tengan cumplida la edad de 48 o más años estará comprendida entre las cuantías de 1.018,50 y 2.077,80 euros mensuales, salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de este, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este régimen especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso la elección de bases estará comprendida entre las cuantías de 944,40 y 2.077,80 euros mensuales.
No obstante, la base de cotización de los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social cinco o más años, tendrán las siguientes cuantías:
a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 2.052,00 euros mensuales, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 944,40 euros mensuales y 2.077,80 euros mensuales.
b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 2.052,00 euros mensuales, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 944,40 euros mensuales y el importe de aquella por la que viniera cotizando, con el tope de la base máxima de cotización.
Lo previsto en el anterior párrafo b) será asimismo de aplicación con respecto a los trabajadores autónomos que con 48 o 49 años de edad hubieran ejercitado la opción prevista en el artículo 132, apartado Cuatro.2, párrafo segundo, de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
5. Los trabajadores cuya alta en este régimen especial se haya practicado de oficio, como consecuencia, a su vez, de una baja de oficio en el Régimen General de la Seguridad Social o en otro régimen de trabajadores por cuenta ajena, podrán optar, cualquiera que sea su edad en el momento de causar alta, entre mantener la base de cotización por la que venían cotizando en el régimen en que causaron baja o elegir una base de cotización aplicando las reglas generales previstas, a tales efectos, en este régimen especial.
6. Los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio (CNAE 4781 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercadillos; 4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercadillos; 4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y mercadillos y 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos) podrán elegir como base mínima de cotización a partir del 1 de septiembre de 2021, una base de 944,40 euros mensuales, o una base de 869,40 euros mensuales.
Los trabajadores autónomos dedicados a la venta a domicilio (CNAE 4799) podrán también elegir como base mínima de cotización a partir del 1 de septiembre 2021 una base de 944,40 euros mensuales, o una base de 519,30 euros mensuales.
7. Lo previsto en el párrafo primero del apartado 6 será de aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante, que perciban ingresos directamente de los compradores.
En tales casos, en el supuesto en que se acredite que la venta ambulante se lleva a cabo en mercados tradicionales o «mercadillos», con horario de venta inferior a ocho horas al día, se podrá elegir entre cotizar por una base de 944,40 euros mensuales, o una base de 519,30 euros mensuales.
La elección de bases de cotización prevista en el párrafo precedente también será de aplicación a las personas que se dediquen de forma individual a la venta ambulante en mercados tradicionales o «mercadillos» con horario de venta inferior a ocho horas al día, siempre que no dispongan de establecimiento fijo propio, ni produzcan los artículos o productos que vendan.
8. En los supuestos a los que se refieren los apartados 6 y 7, por tratarse de actividades exclusivas de venta, no están incluidos aquellos casos en los que, además, se fabrican o elaboran los productos objeto de venta.
9. Los trabajadores autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, hayan cotizado en 2020 en régimen de pluriactividad, teniendo en cuenta tanto las cotizaciones efectuadas en este régimen especial como las aportaciones empresariales y las correspondientes al trabajador en el régimen de Seguridad Social que corresponda por su actividad por cuenta ajena, por una cuantía igual o superior a 13.822,06 euros, tendrán derecho a una devolución del 50 por ciento del exceso en que sus cotizaciones por contingencias comunes superen la mencionada cuantía, con el tope del 50 por ciento de las cuotas ingresadas en el régimen especial, en razón de su cotización por las contingencias comunes.
La devolución se efectuará de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo fijado por el artículo 313.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, salvo cuando concurran especialidades en la cotización que impidan efectuarla en ese plazo o resulte necesaria la aportación de los datos por parte del interesado, en cuyo caso el reintegro se realizará con posterioridad al mismo.
10. Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan quedado incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en aplicación de lo establecido en el artículo 120.cuatro.8 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, tendrán derecho, desde el 1 de septiembre de 2021, a una reducción del 50 por ciento de la cuota a ingresar.
También tendrán derecho a esa reducción los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan iniciado su actividad y quedado incluidos en el citado régimen especial a partir del 1 de enero de 2009.
La reducción se aplicará sobre la cuota que resulte de aplicar, sobre la base mínima elegida de conformidad con lo previsto en el apartado 7, el tipo de cotización aplicable de acuerdo con lo previsto en el apartado 1.
11. Respecto a los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2020 y de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a 10, la base mínima de cotización tendrá una cuantía fijada en 1.214,10 euros mensuales.
12. Los trabajadores autónomos incluidos en este régimen especial al amparo de lo establecido en el artículo 305.2.b) y e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a excepción de aquellos que causen alta inicial en el mismo, durante los 12 primeros meses de su actividad a contar desde la fecha de efectos de dicha alta, tendrán una base mínima de cotización de cuantía fijada para el año 2021 en 1.214,10 euros mensuales.
13. A efectos de lo establecido en el artículo 313 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las cuantías correspondientes a los distintos porcentajes de la base de cotización por la que podrán optar los trabajadores incluidos en este régimen especial en los casos de pluriactividad con jornada laboral a tiempo completo o a tiempo parcial superior al 50 por ciento, serán desde el 1 de septiembre 2021 las siguientes: 472,20 euros, cuando la base elegida sea del 50 por ciento de la base mínima de cotización; 708,30 euros, cuando se corresponda con el 75 por ciento, y 802,80 euros, cuando coincida con el 85 por ciento de dicha base mínima.
Artículo 16. Bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
1. A partir de 1 de septiembre de 2021, las bases de cotización a este sistema especial serán las establecidas con carácter general para el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en el artículo precedente.
2. Los tipos de cotización por contingencias comunes serán los siguientes:
a) Respecto de las contingencias de cobertura obligatoria, cuando el trabajador haya optado por elegir como base de cotización una base comprendida entre 944,40 euros mensuales y 1.133,40 euros mensuales, el tipo de cotización aplicable será el 18,75 por ciento.
Si el trabajador cotizara por una base de cotización superior a 1.133,40 euros mensuales, a la cuantía que exceda de esta última le será de aplicación el tipo de cotización del 26,50 por ciento.
b) Respecto a la mejora voluntaria de la incapacidad temporal por contingencias comunes, el tipo de cotización a aplicar a la cuantía completa de la base de cotización del interesado será el 3,30 por ciento, o el 2,80 por ciento si el interesado está acogido a la protección por contingencias profesionales o por cese de actividad.
3. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre.
En el supuesto de que los interesados no hubiesen optado por la cobertura de la totalidad de las contingencias profesionales, se seguirá abonando, en concepto de cobertura de las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, una cuota resultante de aplicar a la base de cotización elegida el tipo del 1,00 por ciento.
Igualmente, los trabajadores incluidos en este sistema especial que no hayan optado por dar cobertura, en el ámbito de protección dispensada, a la totalidad de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por ciento, aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones previstas en los capítulos VIII y IX del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Sección 3.ª Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar
Artículo 17. Normas aplicables.
1. Lo previsto en los artículos 1 a 9 de este capítulo será de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena y asimilados incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio, y para la cotización por contingencias comunes, de la aplicación para los trabajadores incluidos en los grupos segundo y tercero, de los coeficientes correctores a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.
No obstante, lo previsto en los artículos 4.b) y 6.5 respecto a la aplicación del tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos en la tarifa de primas a las empresas que ocupen a trabajadores a quienes resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, no resultará aplicable a los trabajadores embarcados en barcos de pesca de hasta 10 toneladas de Registro Bruto incluidos en este régimen especial.
2. La base de cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas en este régimen especial de los trabajadores incluidos en los grupos segundo y tercero a que se refiere el artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, se efectuará teniendo en cuenta las remuneraciones efectivamente percibidas, siendo estas las que se determinen anualmente mediante Orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a propuesta del Instituto Social de la Marina, oídas las organizaciones más representativas del sector.
Tal determinación se efectuará por provincias, modalidades de pesca y categorías profesionales, sobre la base de los valores medios de remuneración percibida en el año precedente.
Dichas bases serán únicas, sin que puedan ser inferiores ni superiores a las establecidas para las distintas categorías profesionales.
3. Lo previsto en los apartados 2 a 5; 9; y 11 a 13 del artículo 15 de este capítulo será de aplicación a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero de cotización a que se refiere el artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre.
4. Desde el 1 de septiembre de 2021, los tipos de cotización de los trabajadores por cuenta propia serán los siguientes:
a) Para las contingencias comunes, el 28,30 por ciento.
b) Para las contingencias profesionales:
El 1,30 por ciento, del que el 0,66 por ciento corresponde a la contingencia de incapacidad temporal y el 0,64 por ciento a las de incapacidad permanente y muerte y supervivencia.
No obstante ello, cuando a los trabajadores autónomos por razón de su actividad les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, la cotización por contingencias profesionales se determinará de conformidad con el tipo más alto de los fijados en la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, siempre y cuando el establecimiento de dicho coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal concepto.
Sección 4.ª Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón
Artículo 18. Peculiaridades en la cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
1. Durante la percepción de la prestación por desempleo, si corresponde cotizar en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, la base de cotización será la normalizada vigente que corresponda a la categoría o especialidad profesional del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo. Tal base de cotización se actualizará conforme a la base vigente en cada momento que corresponda a la categoría o especialidad profesional del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo.
2. La cotización por contingencias comunes, respecto de los trabajadores pertenecientes a categorías o especialidades profesionales de nueva creación que no tengan asignada la correspondiente base normalizada, y hasta que esta se determine, se realizará en función de la base de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Este criterio será también de aplicación a los supuestos de categorías o especialidades profesionales que, habiendo desaparecido, vuelvan a crearse de nuevo.
3. La cotización en el convenio especial suscrito en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, se efectuará del siguiente modo:
a) Categorías o especialidades profesionales que tienen fijada base normalizada de cotización, en el momento de suscripción del convenio especial. En los supuestos señalados, se aplicarán las siguientes reglas:
Primera. La base inicial de cotización correspondiente al convenio especial será la base normalizada vigente en el momento de la suscripción del convenio para la categoría o especialidad profesional a la que pertenecía el trabajador. Las sucesivas bases de cotización serán equivalentes a las bases normalizadas que, en cada ejercicio económico, se fijen para la respectiva categoría o especialidad profesional.
Segunda. Si la base normalizada de la categoría o especialidad profesional de que se trate tuviese, en el ejercicio económico correspondiente, un importe inferior a la base del convenio especial, esta permanecerá inalterada hasta que la base normalizada que se fije sea de una cuantía igual o superior a la del convenio especial.
Tercera. En el supuesto de que desaparezca la categoría o especialidad profesional a la que perteneció, en su momento, el trabajador que suscribió el convenio especial, la base de cotización del convenio especial podrá ser actualizada de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.2 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social, pudiendo incrementarse dicha base, como máximo, en el porcentaje de variación de la base mínima de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social.
A partir del momento en que vuelva a fijarse la base normalizada de cotización para la categoría o especialidad profesional correspondiente, al crearse de nuevo, la base de cotización en el convenio especial será dicha base normalizada, sin perjuicio de lo señalado en la regla segunda.
b) Categorías o especialidades profesionales de nueva creación que no tienen fijada base normalizada en el momento de la suscripción del convenio especial.
En los supuestos indicados, la base de cotización, en el momento de suscripción del convenio especial, será la que resulte de aplicar el procedimiento establecido en el artículo 6.2.1.b) de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre. La base inicial así determinada será sustituida por la base normalizada que, para la categoría o especialidad profesional, se fije por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
4. A efectos de determinar la cotización por los pensionistas de incapacidad permanente, en los supuestos referidos en los artículos 20 y 22 de la Orden de 3 de abril de 1973, para la aplicación y desarrollo del Decreto 298/1973, de 8 de febrero, sobre actualización del Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón, y cuando no exista base normalizada de cotización correspondiente a la categoría o especialidad profesional que ocupaban los pensionistas, en todos o en alguno de los períodos que han de tomarse en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación y a efectos de determinar las cantidades a deducir de la pensión de jubilación, se aplicarán las siguientes reglas:
Primera. Se tendrá en cuenta como base de cotización y por los períodos indicados la base de cotización fijada para la categoría o especialidad profesional de que se trate, antes de su desaparición.
Segunda. La citada base de cotización se incrementará aplicándole el porcentaje de incremento que haya experimentado la base mínima de cotización en el Régimen General correspondiente al grupo de cotización en que estuviese encuadrada la categoría o especialidad profesional a la que perteneciese, en su momento, el trabajador.
5. A efectos del cálculo de las bases de cotización normalizadas, la Tesorería General de la Seguridad Social tomará los días trabajados y de alta que figuren en el Fichero General de Afiliación, según la información facilitada por las empresas del sector de acuerdo con las obligaciones que establece el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.
6. Para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedad profesional, los empresarios que ocupen a trabajadores, a quienes en razón de su actividad les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, deberán cotizar por el tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos en la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal concepto.
Lo previsto en este apartado no será de aplicación a los empresarios que ocupen a trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre.
Sección 5.ª Coeficientes reductores de la cotización aplicables a las empresas excluidas de alguna contingencia
Artículo 19. Coeficientes aplicables a las empresas excluidas de alguna contingencia.
Desde el 1 de septiembre de 2021, los coeficientes reductores que han de aplicarse a las cuotas devengadas por las empresas excluidas de alguna contingencia serán los siguientes:
a) En las empresas excluidas de la contingencia de incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, se aplicará el coeficiente del 0,055, correspondiendo el 0,046 a la cuota empresarial, y el 0,009 a la cuota del trabajador.
b) En el supuesto de exclusión de las contingencias de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado del menor riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, respecto a los funcionarios públicos y demás personal a que se refiere la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se aplicará el coeficiente del 0,065, correspondiendo el 0,054 a la aportación empresarial y el 0,011 a la aportación del trabajador.
Artículo 20. Aplicación de los coeficientes reductores.
El importe a deducir de la cotización en los supuestos referidos en el artículo anterior se determinará multiplicando por los coeficientes señalados o la suma de los mismos, en su caso, la cuota íntegra resultante de aplicar el tipo único vigente a las correspondientes bases de cotización.
Sección 6.ª Coeficientes aplicables para determinar la cotización en los supuestos de convenio especial
Artículo 21. Coeficientes aplicables.
1. En el convenio especial se aplicarán, a partir de 1 de septiembre de 2021, los siguientes coeficientes:
a) Cuando el convenio especial tenga por objeto la cobertura de todas las prestaciones derivadas de contingencias comunes a excepción de los subsidios por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, nacimiento y cuidado del menor, el 0,94.
b) Cuando el convenio especial se hubiera suscrito con anterioridad a 1 de enero de 1998 y tenga por objeto la cobertura de las prestaciones de jubilación e incapacidad permanente y muerte y supervivencia, derivadas de contingencias comunes, y servicios sociales, el 0,77.
c) En los supuestos de convenio especial suscrito con anterioridad a 1 de enero de 1998 por trabajadores contratados a tiempo parcial y en los supuestos de reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario, el 0,77. Si el convenio especial se hubiera suscrito con posterioridad a 1 de enero de 1998, en los indicados supuestos o durante la situación de alta especial motivada por huelga legal o cierre patronal, el 0,94.
d) En los supuestos de trabajadores perceptores del subsidio de desempleo, con derecho a cotización por la contingencia de jubilación, que suscriban el convenio especial regulado por el artículo 24 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre:
Por la totalidad de la base de cotización elegida por el interesado, para la cobertura de las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, el 0,14.
Por la diferencia entre dicha base de cotización y aquella por la que cotice en cada momento el Servicio Público de Empleo Estatal, para la cobertura de la contingencia de jubilación, el 0,80.
Si el convenio especial se hubiera suscrito con anterioridad a 1 de enero de 1998 o trajera su causa de expedientes de regulación de empleo autorizados con anterioridad a esa misma fecha, se aplicarán los siguientes coeficientes:
Por la totalidad de la base de cotización elegida por el interesado, para la cobertura de las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, el 0,33.
Por la diferencia entre dicha base de cotización y aquella por la que cotice en cada momento el Servicio Público de Empleo Estatal, para la cobertura de la contingencia de jubilación, el 0,40.
e) En los convenios especiales regulados por el Real Decreto 2805/1979, de 7 de diciembre, sobre inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los españoles no residentes en territorio nacional que ostenten la condición de funcionarios o empleados de organizaciones internacionales intergubernamentales, cuando se hubieren suscrito antes de 1 de enero de 2000, se aplicará el 0,77. A los suscritos con posterioridad a dicha fecha les será de aplicación el 0,94.
f) En los supuestos de convenio especial suscrito por quienes pasen a prestar servicios en la Administración de la Unión Europea, para la cobertura de las prestaciones por incapacidad permanente, el 0,25.
g) En los convenios especiales suscritos al amparo del Real Decreto 996/1986, de 25 de abril, por el que se regula la suscripción de convenio especial de emigrantes e hijos de emigrantes, se aplicará el 0,77.
h) En los convenios especiales suscritos al amparo del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, se aplicará el 0,77. Igualmente, se efectuará una cotización por formación profesional en una cuantía equivalente al 0,20 por ciento de la base de cotización a que se refiere el artículo 4.1 del citado real decreto.
i) En los convenios especiales suscritos al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, se aplicará el 0,77.
j) En los convenios especiales suscritos al amparo del Real Decreto 156/2013, de 1 de marzo, por el que se regula la suscripción de convenio especial por las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral, se aplicará el 0,89.
2. Para determinar la cotización en los supuestos señalados en el apartado anterior se calculará la cuota íntegra aplicando a la base de cotización que corresponda el tipo único de cotización vigente en el Régimen General, y el resultado obtenido se multiplicará por el coeficiente que en cada caso corresponda, constituyendo el producto que resulte la cuota a ingresar.
Sección 7.ª Coeficiente aplicable para determinar la cotización en supuestos de subsidio por desempleo de nivel asistencial
Artículo 22. Determinación del coeficiente.
Para determinar la cotización que corresponde efectuar por los trabajadores beneficiarios del subsidio de desempleo a que se refiere el artículo 280 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, incluidos los trabajadores por cuenta ajena de carácter fijo del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, se aplicará el coeficiente reductor 0,20, a deducir de la cuota íntegra resultante.
Sección 8.ª Financiación de las funciones y actividades atribuidas a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en relación con la cobertura de la prestación económica de incapacidad temporal
Artículo 23. Determinación de la fracción de cuota.
1. La financiación de las funciones y actividades atribuidas a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes a favor de los trabajadores de las empresas asociadas que hayan optado por formalizar la cobertura con ellas se efectuará desde el 1 de septiembre 2021 mediante la fracción de cuota a que se refiere el artículo 71.2 del Reglamento sobre colaboración de dichas entidades, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, aplicando el coeficiente del 0,06 sobre la cuota íntegra correspondiente a la aportación empresarial y de los trabajadores por contingencias comunes. Dicho coeficiente será del 0,07 para aquellas mutuas que acrediten la insuficiencia financiera del coeficiente general en base a circunstancias estructurales, todo ello en los términos que con la suficiente antelación se determinen por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, mediante resolución dictada al efecto y publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Así mismo, en aquellos supuestos en los que la suma de los resultados a distribuir para la aplicación o dotación de reservas de contingencias comunes y profesionales resulte negativa tras el reconocimiento del coeficiente que corresponda, fijado en el párrafo anterior, la fracción de cuota se aumentará en tanto que la citada suma de resultados sea negativa, con el tope máximo que corresponda al coeficiente del 0,075.
No obstante lo indicado anteriormente, en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, la determinación de la fracción de cuota a que se refiere el artículo 71.2 del Reglamento sobre colaboración citado se efectuará aplicando el coeficiente del 0,030 sobre la cuota íntegra correspondiente a la aportación empresarial y de los trabajadores por contingencias comunes; coeficiente que será del 0,033 para aquellas mutuas que acrediten la insuficiencia financiera de dicho coeficiente en base a circunstancias estructurales, con los mismos requisitos que los exigidos en el primer párrafo para la aplicación del coeficiente específico para los supuestos de insuficiencia financiera en base a circunstancias estructurales.
2. La fracción de cuota prevista en el artículo 76.2 del Reglamento citado en el apartado anterior, que deben percibir las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para la financiación de la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos se fija desde el 1 de septiembre 2021 en el resultado de aplicar el coeficiente del 0,06 sobre la cuota íntegra correspondiente a los trabajadores autónomos por contingencias comunes.
3. La fracción de cuota prevista en el artículo 76.2 del Reglamento citado en el apartado 1, que deben percibir las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para la financiación de la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se fija desde el 1 de septiembre 2021 en el resultado de aplicar el tipo del 2,70 o del 3,20 por ciento a la correspondiente base de cotización, según se disponga o no de protección por contingencias profesionales o por cese de actividad.
Sección 9.ª Coeficientes aplicables para determinar las aportaciones a cargo de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y empresas colaboradoras para el sostenimiento de los servicios comunes
Artículo 24. Coeficientes aplicables.
A partir del 1 de septiembre de 2021:
1. Las aportaciones de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social, a que se refiere el artículo 75 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, se determinarán aplicando el coeficiente del 16,00 por ciento.
La Tesorería General de la Seguridad Social aplicará el coeficiente señalado en el párrafo anterior sobre las cuotas ingresadas que correspondan a cada una de las mutuas afectadas, una vez descontada la parte relativa al reaseguro obligatorio.
2. Se fija en el 31,00 por ciento el coeficiente para determinar la cantidad que deben ingresar las empresas autorizadas a colaborar en la gestión de la asistencia sanitaria e incapacidad temporal derivadas de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en concepto de aportación para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social y de contribución a los demás gastos generales y a las exigencias de solidaridad nacional.
El citado coeficiente se aplicará a las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales recaudadas por incapacidad permanente y muerte y supervivencia.
Sección 10.ª Cotización a la Seguridad Social en supuestos especiales
Artículo 25. Incremento en la cuota empresarial por contingencias comunes en los contratos temporales de corta duración.
En los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará, a partir del 1 de septiembre de 2021, en un 40,00 por ciento. Dicho incremento no será de aplicación a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.
Artículo 26. Cotización en los supuestos de abono de salarios con carácter retroactivo.
1. Cuando hayan de abonarse salarios con carácter retroactivo, el ingreso de las liquidaciones que deban de efectuarse a la Seguridad Social, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, como consecuencia de ellos, se realizará en los plazos señalados en el artículo 56.1.c) del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
En dichos supuestos, el ingreso se efectuará mediante la correspondiente liquidación complementaria, a cuyo fin se tomarán las bases, topes, tipos y condiciones vigentes en los meses a que los citados salarios correspondan.
2. De igual forma se liquidarán aquellas gratificaciones que no puedan ser objeto de cuantificación anticipada total o parcialmente, a efectos del prorrateo establecido en el artículo 1, a cuyo fin las empresas deberán formalizar una liquidación complementaria por las diferencias de cotización relativas a los meses del año ya transcurridos, e incrementar, en la parte que corresponda, las cotizaciones pendientes de ingresar durante el ejercicio económico del año 2021.
3. Las liquidaciones complementarias a que se refieren los apartados anteriores se confeccionarán con detalle separado de cada uno de los meses transcurridos.
Artículo 27. Cotización por percepciones correspondientes a vacaciones devengadas y no disfrutadas.
Las percepciones correspondientes a vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas y que sean retribuidas a la finalización de la relación laboral serán objeto de liquidación y cotización complementaria a la del mes de la extinción del contrato.
La liquidación y cotización complementaria comprenderán los días de duración de las vacaciones, aun cuando alcancen también el siguiente mes natural o se inicie una nueva relación laboral durante los mismos, sin prorrateo alguno y con aplicación, en su caso, del tope máximo de cotización correspondiente al mes o meses que resulten afectados.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en los supuestos en que, mediante ley o en ejecución de la misma, se establezca que la remuneración a percibir por el trabajador deba incluir la parte proporcional correspondiente a las vacaciones devengadas, se aplicarán las normas generales de cotización.
Artículo 28. Cotización por los salarios de tramitación.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 268.6 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el empresario es el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar por los salarios de tramitación en los supuestos a que se refiere el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de su derecho a reclamar del Estado el importe de las cuotas correspondientes a dichos salarios en los términos previstos en el artículo 56.5 de esta última ley y en el Real Decreto 418/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el procedimiento de tramitación de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido y demás disposiciones complementarias.
El ingreso de las cuotas correspondientes se efectuará en el plazo previsto en el artículo 56.1.c), 4.º, del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social.
Artículo 29. Tipo de cotización en supuestos especiales.
1. A partir del 1 de septiembre de 2021:
a) El tipo de cotización por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes en los supuestos a que se refiere el artículo 152 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, será desde el 1 de septiembre de 2021 el 1,55 por ciento, del que el 1,30 por ciento será a cargo de la empresa y el 0,25 por ciento a cargo del trabajador.
b) El tipo de cotización por incapacidad temporal en los supuestos a que se refiere el artículo 311 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social será desde el 1 de septiembre de 2021 del 1,56 por ciento para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y para los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
c) El tipo de cotización por incapacidad temporal en los supuestos a que se refiere el artículo 311 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social será el 3,30 o el 2,80 por ciento, según proceda, para trabajadores por cuenta propia agrarios incluidos en el sistema especial a que se refiere el artículo 16 de esta orden.
2. Desde el 1 de septiembre de 2021, a los bomberos a que se refiere el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, a los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza a que se refiere la disposición adicional vigésima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y a los miembros de los cuerpos de Policía local al servicio de las administraciones locales a que se refiere el Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración local, les será de aplicación un tipo de cotización adicional del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,76 por ciento a cargo del trabajador.
CAPÍTULO II
Cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial, formación profesional y por cese de actividad y durante la situación de incapacidad temporal transcurridos sesenta días de los trabajadores autónomos
Artículo 30. Bases y tipos de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional de los trabajadores por cuenta ajena.
1. La base de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional de los trabajadores por cuenta ajena, en todos los regímenes de la Seguridad Social que tengan cubiertas tales contingencias, a excepción de los trabajadores incluidos en los grupos segundo y tercero del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, cuya base de cotización será determinada mediante Orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En los supuestos de contratos para la formación y el aprendizaje, se estará a lo previsto en el artículo 42.
Con independencia de su inclusión en la base de cotización por desempleo, en el cálculo de la base reguladora de la prestación se excluirá la retribución por horas extraordinarias, según dispone el artículo 270.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
2. Los tipos de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional serán, a partir de 1 de septiembre de 2021, los siguientes:
a) Desempleo:
1.º Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades de contratos formativos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, de relevo, interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con trabajadores que tengan reconocido un grado de discapacidad no inferior al 33 por ciento: 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador.
2.º Contratación de duración determinada:
Contratación de duración determinada a tiempo completo: 8,30 por ciento, del que el 6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador.
Contratación de duración determinada a tiempo parcial: 8,30 por ciento, del que el 6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador.
3.º Transformación de la contratación de duración determinada en contratación de duración indefinida: Cuando el contrato de duración determinada, a tiempo completo o parcial, se transforme en un contrato de duración indefinida, se aplicará el tipo de cotización previsto en el apartado 2.a).1.º desde el día de la fecha de la transformación.
4.º Socios trabajadores y de trabajo de las cooperativas: Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, los socios trabajadores de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, así como los socios de trabajo de las cooperativas, incluidos en regímenes de Seguridad Social que tienen prevista la cotización por desempleo, cotizarán al tipo previsto en el apartado 2.a).1.º, si el vínculo societario con la cooperativa es indefinido, y al tipo previsto en el apartado 2.a).2.º, si el vínculo societario con la cooperativa es de duración determinada.
5.º Colectivos con una relación de servicios de carácter temporal con las administraciones, los servicios de salud o las fuerzas armadas: Los funcionarios de empleo de las administraciones públicas, el personal con nombramiento estatutario temporal de los servicios de salud, los militares de complemento y los militares de tropa y marinería de las fuerzas armadas que mantienen una relación de servicios de carácter temporal cotizarán según lo previsto en el apartado 2.a).1.º, si esos servicios son de interinidad o sustitución, y según lo previsto en el apartado 2.a).2.º, si esos servicios son de carácter eventual.
6.º Reconocimiento de discapacidad durante la vigencia del contrato de duración determinada: El tipo de cotización previsto en el apartado 2.a).2.º se modificará por el establecido en el apartado 2.a).1.º a partir de la fecha en que se reconozca al trabajador un grado de discapacidad no inferior al 33 por ciento.
7.º Representantes de comercio que presten servicios para varias empresas: A los representantes de comercio que presten servicios como tales para varias empresas les será de aplicación el tipo de cotización por desempleo que corresponda a cada contratación.
8.º Internos que trabajen en talleres penitenciarios y menores: A los penados y menores que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y centros de internamiento les será de aplicación el tipo previsto en el apartado 2.a).1.º.
9.º Cargos públicos y sindicales: Los cargos públicos y sindicales incluidos en el artículo 264.1.e) y f) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cotizarán al tipo previsto en el apartado 2.a).2.º
10.º Reservistas: Los reservistas voluntarios, salvo cuando sean funcionarios de carrera, y los reservistas de especial disponibilidad, cuando sean activados para prestar servicios en unidades, centros y organismos del Ministerio de Defensa, cotizarán al tipo previsto en el apartado 2.a).2.º
b) Fondo de Garantía Salarial: el 0,20 por ciento, a cargo de la empresa.
c) Formación profesional: el 0,70 por ciento, del que el 0,60 por ciento será a cargo de la empresa, y el 0,10 por ciento a cargo del trabajador.
Artículo 31. Bases y tipos de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.
La cotización por la contingencia de desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional de los trabajadores por cuenta ajena, incluidos en este sistema especial, se obtendrá aplicando a las bases de cotización establecidas en los apartados 1.a) y 1.b) del artículo 13, según la modalidad de cotización por contingencias profesionales que corresponda al trabajador, los siguientes tipos:
1. Desempleo:
a) Para los trabajadores por cuenta ajena de carácter fijo, el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador.
b) Para los trabajadores por cuenta ajena de carácter eventual, el 8,30 por ciento, del que el 6,70 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de contratos de duración determinada o celebrados con trabajadores con discapacidad a los que se refiere el artículo 30.2.a).1.º, el tipo aplicable será el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores de este apartado, desde el 1 de septiembre de 2021 se aplicará para todos los trabajadores en situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural así como nacimiento y cuidado del menor causadas durante la situación de actividad, cualquiera que sea el grupo en el que puedan encuadrarse, una reducción en la cuota a la cotización por desempleo equivalente a 2,75 puntos porcentuales de la base de cotización.
2. Fondo de Garantía Salarial: el 0,10 por ciento, que será a cargo exclusivo de la empresa.
3. Formación profesional: el 0,18 por ciento, del que el 0,15 por ciento será a cargo de la empresa, y el 0,03 por ciento a cargo del trabajador.
Artículo 32. Normas aplicables para la cotización por desempleo en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar la base de cotización por desempleo será la determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 30.
A la base de cotización por desempleo de los grupos segundo y tercero le serán de aplicación los coeficientes correctores a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre.
Artículo 33. Bases y tipos de cotización por formación profesional, por cese de actividad, y durante la situación de incapacidad temporal transcurridos sesenta días de los trabajadores autónomos.
1. La base de cotización correspondiente a la protección por formación profesional y por cese de actividad de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como la base de cotización por cese de actividad de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el citado régimen especial, será aquella por la que hayan optado los trabajadores incluidos en tales régimen y sistema especiales.
En el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la base de cotización correspondiente a la protección por formación profesional y por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero será igualmente aquella por la que hayan optado. Para los trabajadores por cuenta propia incluidos en los grupos segundo y tercero, la base de cotización vendrá determinada mediante Orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, siéndoles de aplicación los coeficientes correctores a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre.
2. Tanto en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, como en el Sistema Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la base de cotización durante la percepción de las prestaciones por cese de actividad será la correspondiente a la base reguladora de la misma en los términos establecidos en el artículo 339.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sin que, en ningún caso, pueda ser inferior al importe de la base mínima o base única vigente en el correspondiente régimen y de acuerdo con las circunstancias específicas concurrentes en el beneficiario.
Aquellos colectivos que, conforme a la normativa reguladora de la cotización a la Seguridad Social, durante la actividad coticen por una base inferior a la base mínima ordinaria de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cotizarán por una base de cotización reducida durante la percepción de la prestación por cese de actividad.
3. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 308.2 y 329.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se fija en el 0,31 el coeficiente a aplicar al total de cuotas por cese de actividad que correspondan al Servicio Público de Empleo Estatal, al objeto de sufragar las cuotas por todas las contingencias durante la situación de incapacidad temporal con derecho a prestación económica transcurridos 60 días en dicha situación desde la baja médica que deba asumir dicha entidad.
4. Desde el 1 de septiembre de 2021, los tipos de cotización para la protección por cese de actividad serán:
a) En el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar el 0,90 por ciento.
b) En el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos el 2,20 por ciento.
5. A partir del 1 de septiembre de 2021, el tipo de cotización por formación profesional en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar será del 0,1 por ciento.
Desde el 1 de septiembre de 2021, la cotización por formación profesional en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos se determinará aplicando el tipo de cotización del 1 por ciento al importe de las cuotas por cese de actividad.
CAPÍTULO III
Cotización en los supuestos de contratos a tiempo parcial
Artículo 34. Bases de cotización.
1. La cotización a la Seguridad Social, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional derivada de los contratos de trabajo a tiempo parcial se efectuará en razón de la remuneración efectivamente percibida en función de las horas trabajadas en el mes que se considere.
2. Para determinar la base de cotización mensual correspondiente a las contingencias comunes se aplicarán las siguientes normas:
Primera. Se computará la remuneración devengada por las horas ordinarias y complementarias en el mes a que se refiere la cotización, cualquiera que sea su forma o denominación, con independencia de que haya sido satisfecha diaria, semanal o mensualmente.
Segunda. A dicha remuneración se adicionará la parte proporcional que corresponda en concepto de descanso semanal y festivos, pagas extraordinarias y aquellos otros conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y se satisfagan dentro del año natural.
Tercera. Si la base de cotización mensual, calculada conforme a las normas anteriores, fuese inferior a las bases mínimas que resulten de lo dispuesto en el artículo 35 o superior a las máximas establecidas con carácter general para los distintos grupos de categorías profesionales, se tomarán estas o aquellas, respectivamente, como bases de cotización.
3. Para determinar la base de cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, se computará, asimismo, la remuneración correspondiente a las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor realizadas, teniéndose en cuenta las normas primera y segunda del apartado anterior. En ningún caso, la base así obtenida podrá ser superior, al tope máximo señalado en el artículo 2.1 ni inferior desde el 1 de septiembre de 2021 a 6,78 euros por cada hora trabajada.
Con independencia de su inclusión en la base de cotización por desempleo, en el cálculo de la base reguladora de la prestación se excluirá la retribución por estas horas extraordinarias.
4. La remuneración que obtengan los trabajadores a tiempo parcial por el concepto de horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor a las que se refiere el artículo 35.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, queda sujeta a la cotización adicional regulada en el artículo 5 de esta orden.
Artículo 35. Bases mínimas de cotización por contingencias comunes.
1. A partir de 1 de septiembre de 2021, las bases mínimas por horas aplicables a los contratos de trabajo a tiempo parcial, serán las siguientes:
Grupo de cotización
Categorías profesionales
Base mínima por hora/euros
Desde 1 de septiembre de 2021
1
Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores.
9,47
2
Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados.
7,85
3
Jefes Administrativos y de Taller.
6,83
4
Ayudantes no Titulados.
6,78
5
Oficiales Administrativos.
6,78
6
Subalternos.
6,78
7
Auxiliares Administrativos.
6,78
8
Oficiales de primera y segunda.
6,78
9
Oficiales de tercera y especialistas.
6,78
10
Trabajadores mayores de dieciocho años no cualificados.
6,78
11
Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional.
6,78
2. La base mínima mensual de cotización será el resultado de multiplicar el número de horas realmente trabajadas por la base mínima horaria que se establece en el apartado anterior.
Artículo 36. Cotización en los supuestos de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y nacimiento y cuidado del menor.
Durante las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, la base diaria de cotización será la base reguladora diaria de la correspondiente prestación. En las situaciones de incapacidad temporal y nacimiento y cuidado del menor en las que no se haya causado derecho al respectivo subsidio, la base diaria de cotización se calculará, asimismo, en función de la base reguladora diaria de la prestación que hubiera correspondido, de haberse causado derecho a la misma.
Esta base de cotización se aplicará durante todos los días naturales en que el trabajador permanezca en alguna de las situaciones antes indicadas.
Artículo 37. Cotización en la situación de pluriempleo.
Cuando el trabajador preste sus servicios en dos o más empresas en régimen de contratación a tiempo parcial, cada una de ellas cotizará en razón de la remuneración que le abone. Si la suma de las retribuciones percibidas sobrepasase el tope máximo de cotización a la Seguridad Social, este se distribuirá en proporción a las abonadas al trabajador en cada una de las empresas.
Artículo 38. Cotización en los supuestos de trabajo concentrado en períodos inferiores a los de alta.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65.3 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, en aquellos supuestos en que los trabajadores hayan acordado con su empresa que la totalidad de las horas de trabajo que anualmente deben realizar se presten en determinados períodos de cada año, percibiendo todas las remuneraciones anuales o las correspondientes al período inferior de que se trate, en esos períodos de trabajo concentrado, existiendo períodos de inactividad superiores al mensual, la cotización a la Seguridad Social se efectuará de acuerdo con las siguientes reglas:
Primera. La base de cotización se determinará al celebrarse el contrato de trabajo y al inicio de cada año en que el trabajador se encuentre en dicha situación, computando el importe total de las remuneraciones que tenga derecho a percibir el trabajador a tiempo parcial en ese año, con exclusión en todo caso de los importes correspondientes a los conceptos no computables en la base de cotización a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento general citado y demás disposiciones complementarias.
Segunda. El importe obtenido se prorrateará entre los doce meses del año o del período inferior de que se trate, determinándose de este modo la cuantía de la base de cotización correspondiente a cada uno de ellos y con independencia de que las remuneraciones se perciban íntegramente en los períodos de trabajo concentrado o de forma prorrateada a lo largo del año o período inferior respectivo.
Tercera. La base mensual de cotización, calculada conforme a las reglas anteriores, no podrá ser inferior al importe de las bases mínimas que resulten de lo dispuesto en el artículo 35.
Cuarta. Si al final del ejercicio o período inferior de que se trate, el trabajador con contrato a tiempo parcial, subsistiendo su relación laboral, hubiese percibido remuneraciones por importe distinto al inicialmente considerado en ese año o período para determinar la base mensual de cotización durante el mismo, conforme a las reglas anteriores, se procederá a realizar la correspondiente regularización. A tal efecto, el empresario deberá o bien practicar la correspondiente liquidación complementaria de cuotas por las diferencias en más y efectuar el pago dentro del mes de enero del año siguiente o del mes siguiente a aquel en que se extinga la relación laboral, o bien solicitar, en su caso, la devolución de las cuotas que resulten indebidamente ingresadas.
Quinta. Asimismo, la Administración de la Seguridad Social podrá efectuar de oficio las liquidaciones de cuotas y acordar las devoluciones solicitadas que sean procedentes, en especial, en los supuestos de extinción de la relación laboral de estos trabajadores con contrato a tiempo parcial por jubilación ordinaria o anticipada, por reconocimiento de la pensión por incapacidad permanente, por fallecimiento o por cualquier otra causa, con la consiguiente baja en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y cese en la obligación de cotizar.
2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación a los trabajadores fijos-discontinuos a que se refiere el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional tercera.3 del Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial.
Artículo 39. Base mínima de cotización respecto de los socios de cooperativas de trabajo asociado, en los supuestos de contrato a tiempo parcial.
La base de cotización por contingencias comunes y profesionales de los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que hubieran optado en sus estatutos por asimilar a los socios trabajadores a trabajadores por cuenta ajena, incluidos en razón de la actividad de la cooperativa en el Régimen General, en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, en los supuestos de prestación de servicios a tiempo parcial, no podrá ser inferior a las cuantías que para los diferentes grupos de cotización se indican a continuación:
Grupo de Cotización
Base mínima mensual desde el 1 de septiembre de 2021
1
707,5
2
521,5
3
453,7
4 a 11
450,4
Artículo 40. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.
Con independencia del número de horas de trabajo realizadas en cada jornada, la base de cotización de los trabajadores del sistema especial no podrá tener desde el 1 de septiembre de 2021 una cuantía inferior a 48,95 euros/día.
Artículo 41. Cotización en los supuestos de guarda legal o cuidado directo de un familiar.
En el caso de trabajadores y empleados públicos que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, y en los artículos 48 y 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, realicen una jornada reducida con disminución proporcional de sus retribuciones, la cotización se efectuará en función de las retribuciones que perciban sin que, en ningún caso, la base de cotización pueda ser inferior a la cantidad resultante de multiplicar las horas realmente trabajadas en el mes a que se refiere la cotización por las bases mínimas horarias señaladas en el artículo 35.1 de esta orden.
CAPÍTULO IV
Cotización en los contratos para la formación y el aprendizaje
Artículo 42. Determinación de las cuotas.
1. Desde el 1 de septiembre de 2021, la cotización a la Seguridad Social y demás contingencias protegidas por los trabajadores que hubieran celebrado un contrato para la formación y el aprendizaje se efectuará de acuerdo con lo siguiente:
a) La cotización a la Seguridad Social consistirá en una cuota única mensual de 54,73 euros por contingencias comunes, de los que 45,63 euros serán a cargo del empresario y 9,10 euros a cargo del trabajador, y de 6,28 euros por contingencias profesionales, a cargo del empresario.
b) La cotización al Fondo de Garantía Salarial consistirá en una cuota mensual de 3,46 euros a cargo del empresario.
c) Cuando proceda cotizar por desempleo, la base de cotización será la base mínima correspondiente a las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a la que será de aplicación el tipo y la distribución del mismo a que se refiere el artículo 30.2.a).1.º
d) Durante la percepción de la prestación por desempleo, la cotización a la Seguridad Social se efectuará conforme a lo previsto en el artículo 8.6.
e) Las retribuciones que perciban los trabajadores en concepto de horas extraordinarias estarán sujetas a la cotización adicional regulada en el artículo 5.
2. Lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 será de aplicación para la cotización de las personas asimiladas a trabajadores por cuenta ajena a que se refiere el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, y para efectuar la cotización de las personas que realicen prácticas no laborales al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas.
Disposición adicional primera. Cotización por contingencias profesionales en los supuestos de suspensión de la relación laboral.
La cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por aquellos trabajadores que tengan suspendida la relación laboral por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, a que se refiere el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que se encuentren en situación de desempleo total, se efectuará aplicando los tipos establecidos para la respectiva actividad económica, de conformidad con la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre.
Disposición adicional segunda. Cotización por contingencias profesionales de los trabajadores desempleados que realicen trabajos de colaboración social.
1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional quinta del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, las administraciones públicas que, conforme a lo establecido en el artículo 38 del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo, utilicen trabajadores desempleados para la realización de trabajos de colaboración social, vendrán obligadas a formalizar la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por dichos trabajadores y a ingresar las cuotas correspondientes a las citadas contingencias.
2. La base de cotización por las contingencias señaladas en el apartado anterior se calculará conforme al promedio de las bases de cotización por dichas contingencias, en los últimos seis meses de ocupación efectiva, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 8.
En los supuestos de trabajadores perceptores del subsidio de desempleo, la base de cotización será equivalente al tope mínimo de cotización a que se refiere el artículo 2.
Disposición adicional tercera. Cotización durante la percepción de las prestaciones por desempleo por parte de las víctimas de violencia de género.
Durante el período de percepción de las prestaciones por desempleo por parte de las víctimas de violencia de género que tengan suspendida la relación laboral, la entidad gestora de las prestaciones ingresará la cotización a la Seguridad Social conforme a lo establecido para los supuestos de extinción de la relación laboral.
Disposición adicional cuarta. Cotización de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social.
Desde el 1 de septiembre de 2021, la base de cotización por todas las contingencias de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social a quienes hubiera sido de aplicación lo establecido en la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en tanto permanezca su relación laboral o de servicio, será coincidente con la habida en el mes de diciembre de 2010, salvo que por razón de las retribuciones que perciban pudiera corresponder una de mayor cuantía, en cuyo caso será esta por la que se efectuará la cotización mensual.
A efectos de lo indicado en el párrafo anterior, de la base de cotización correspondiente al mes de diciembre de 2010 se deducirán, en su caso, los importes de los conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y que hubieren integrado dicha base sin haber sido objeto de prorrateo.
Disposición adicional quinta. Cotización por contingencias profesionales de las personas sometidas a penas de trabajo en beneficio de la comunidad.
Conforme a lo previsto en el capítulo IX del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad, la cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de las personas sentenciadas a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad que se encuentren cumpliéndola únicamente se efectuará por los días de prestación efectiva de dicho trabajo.
La cotización se determinará aplicando al tope mínimo de cotización fijado en cada ejercicio en el Régimen General de la Seguridad Social el tipo de cotización establecido en la tarifa de primas que corresponda a la actividad económica de prestación de servicios a la comunidad en general, efectuándose el ingreso de las cuotas que procedan a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, con carácter anual, dentro de los 15 primeros días del mes de diciembre.
A tal efecto, el Ministerio del Interior certificará los importes adeudados correspondientes a las cotizaciones devengadas en los 12 meses naturales anteriores, en los términos y con los requisitos que se determinen por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Disposición adicional sexta. Cotización de los miembros de institutos de vida consagrada de la Iglesia Católica integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, que tienen autorizada la colaboración en la gestión de la incapacidad temporal.
Desde el 1 de septiembre de 2021 el tipo de cotización aplicable a la base de cotización de los miembros de institutos de vida consagrada de la Iglesia Católica incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, será el 27,15 por ciento, del que el 26,51 por ciento corresponde a la cobertura de contingencias comunes excluida la incapacidad temporal y el 0,64 por ciento a las contingencias profesionales correspondientes a incapacidad permanente, muerte y supervivencia, no estando cubierta la protección por cese de actividad, siempre que dichos institutos cuenten con la autorización de la Seguridad Social para colaborar en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal.
Disposición transitoria primera. Opción de bases de cotización, en determinados supuestos, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
Los trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y los trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero de cotización del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar que, en la fecha de surtir efectos las bases de cotización previstas en el artículo 15, hubieran optado por las bases máximas permitidas hasta ese momento, podrán elegir, hasta el último día del mes siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado», cualquier base de cotización de las comprendidas entre aquella por la que vinieran cotizando y el límite máximo que les sea de aplicación. La nueva base elegida surtirá efectos a partir de 1 de septiembre de 2021.
Disposición transitoria segunda. Ingreso de diferencias de cotización.
1. Las diferencias de cotización que se hubieran podido producir por la aplicación de lo dispuesto en esta orden respecto de las cotizaciones que, a partir de 1 de septiembre de 2021, se hubieran efectuado, podrán ser ingresadas sin recargo en el plazo que finalizará el último día del segundo mes siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado».
2. Asimismo, las diferencias de cotización que se produzcan como consecuencia de lo que se establece en la disposición transitoria primera, cuando los trabajadores a los que se refiere opten por una base de cotización superior a aquella por la que vinieren cotizando, se podrán ingresar sin recargo hasta el último día del mes siguiente a aquel en que finalice el plazo de opción que se fija en la disposición señalada.
Disposición transitoria tercera. Determinación provisional de las bases de cotización aplicables en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
La cotización por los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón, respecto de contingencias comunes, se efectuará sobre las bases establecidas para 2020, hasta tanto se aprueben las bases de cotización que han de regir en el presente ejercicio, sin perjuicio de las regularizaciones a que, con posterioridad, hubiere lugar.
Disposición derogatoria única. Derogación de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero.
Se deroga la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo del artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de régimen económico de la Seguridad Social.
Disposición final segunda. Aplicación de la norma.
La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social resolverá cuantas cuestiones de índole general puedan plantearse en la aplicación de esta orden.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con efectos desde el día 1 de septiembre de 2021.
Madrid, 2 de diciembre de 2021.–El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños García.
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Ojo: aquí la orden ministerial que aplica la subida del SMI a los tipos de cotizaciones mínimas que dependen de él para el cálculo. Como el nuevo SMI, sale ahora pero es retroactivo desde septiembre, así que se viene pitostio en las gestorías 💃🏽 #BOE
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[
"125",
"131"
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
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El nuevo SMI (salario mínimo interprofesional) será de 965 euros al mes (32,17 euros al día).
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SE MODIFICA
la disposición transitoria 2.1, por Orden PCM/121/2022, de 24 de febrero
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[
"1667",
"1754",
"2483",
"3241",
"3754",
"3805",
"4124",
"5935",
"5938",
"6499",
"6909",
"6832"
] | 809
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2012-11-29
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BOE-B-2012-41255
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Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos), sobre solicitud de sucesión por cesión en el título de Marqués del Salar, con Grandeza de España.
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<p class='parrafo'>Don Juan Francisco Martínez de las Rivas y Maroto ha solicitado la sucesión en el título de Marqués del Salar, con Grandeza de España, por cesión que del mismo le hace su madre, doña Agustina Maroto von Nagel.</p>
<p class='parrafo'>Lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos de los artículos 6 y 12 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren perjudicados por la mencionada cesión.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 14 de noviembre de 2012.- El Director de la División, Jorge García-Figueras López.</p>
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Thu Nov 29 12:00:22 +0000 2012
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Don Juan Francisco Martínez de las Rivas y Maroto ha solicitado la sucesión en el título de Marqués del Salar, con Grandeza de España, por cesión que del mismo le hace su madre, doña Agustina Maroto von Nagel.
Lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos de los artículos 6 y 12 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren perjudicados por la mencionada cesión.
Madrid, 14 de noviembre de 2012.- El Director de la División, Jorge García-Figueras López.
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Cada vez que leo en el #BOE la sucesión de algún título de marqués and cía, grandes de España, me da urticaria.
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PREMIOS_Y_MEDALLAS
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Ministerio de Justicia
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Solicitud de la sucesión en el título de Marqués del Salar a Juan Francisco Martínez de las Rivas y Maroto
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[] | 811
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2014-12-24
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ACTUALIZA
el anexo de la Orden CUL/3410/2009, de 14 de diciembre
DE CONFORMIDAD con
el art. 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio
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BOE-A-2014-13413
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Orden ECD/2428/2014, de 16 de diciembre, por la que se incluyen y modifican procedimientos administrativos en el Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura.
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<nota codigo='38' orden='230'>Efectos desde el 25 de diciembre de 2014.</nota>
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<materia codigo='5703' orden=''>Procedimiento administrativo</materia>
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<texto>el anexo de la Orden CUL/3410/2009, de 14 de diciembre</texto>
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<texto>
<p class='parrafo'>La Orden CUL/3410/2009, de 14 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Cultura, establece su funcionamiento, requisitos y condiciones para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, su disposición final primera establece la delegación en el titular de la Subsecretaría del Departamento de la competencia para incluir, modificar o dar de baja, dentro del Registro Electrónico, nuevos servicios, procedimientos y trámites, a los que será de aplicación lo dispuesto en dicha Orden.</p>
<p class='parrafo'>Mediante la presente orden, se incorporan tres nuevos procedimientos administrativos en el ámbito del Registro Electrónico de la actual Secretaría de Estado de Cultura, y se modifican la denominación de otros tres ya existentes.</p>
<p class='parrafo'>Finalmente, se procede a publicar la relación actualizada de servicios, procedimientos y trámites incluidos en dicho Registro Electrónico.</p>
<p class='parrafo'>En su virtud, dispongo:</p>
<p class='articulo'>Artículo 1. Inclusión de tres nuevos procedimientos administrativos en el ámbito de aplicación del Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura.</p>
<p class='parrafo'>Se incluyen en el anexo de la Orden CUL/3410/2009, de 14 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Cultura, los siguientes procedimientos administrativos:</p>
<p class='parrafo_2'>– Procedimiento sancionador por falta de retirada de contenidos vulneradores de derechos de propiedad intelectual en Internet.</p>
<p class='parrafo'>– Procedimiento de determinación de tarifas ante la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.</p>
<p class='parrafo'>– Procedimiento en la función de control de tarifas generales establecidas por entidades de gestión ante la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.</p>
<p class='articulo'>Artículo 2. Modificación de la denominación de tres procedimientos administrativos en el ámbito de aplicación del Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura.</p>
<p class='parrafo'>Se modifican en el anexo de la Orden CUL/3410/2009, de 14 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Cultura, la denominación de tres procedimientos administrativos ya existentes «110. Arbitraje en materia de propiedad intelectual; 111. Arbitraje para fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales establecidas por una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual; 112. Salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de los servicios de la sociedad de la información», por las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>110. Procedimiento de arbitraje ante la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.</p>
<p class='parrafo'>111. Procedimiento de arbitraje ante la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual para fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales establecidas por entidades de gestión.</p>
<p class='parrafo'>112. Salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en Internet.</p>
<p class='articulo'>Artículo 3. Difusión a través de la Sede electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura.</p>
<p class='parrafo'>La inclusión de los tres nuevos procedimientos administrativos, y la modificación de los otros tres ya existentes, será difundida a través de la dirección https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica/index.jsp.</p>
<p class='articulo'>Artículo 4. Relación actualizada de servicios, procedimientos y trámites incluidos en el Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura.</p>
<p class='parrafo'>Se publica el anexo de la Orden CUL/3410/2009, de 14 de diciembre, en el que se establece la relación actualizada de servicios, procedimientos y trámites incluidos en el Registro Electrónico del Ministerio de Cultura.</p>
<p class='articulo'>Disposición final única. Efectos.</p>
<p class='parrafo'>Esta orden surtirá efectos el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 16 de diciembre de 2014.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P.D. (Orden CUL/3410/2009, de 14 de diciembre), el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo Sáinz.</p>
<p class='anexo_num'>ANEXO</p>
<p class='anexo_tit'>Relación de servicios, procedimientos y trámites incluidos en el Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura</p>
<p class='centro_cursiva'>
<em>Ayudas</em>
</p>
<p class='centro_redonda'>Archivos</p>
<p class='parrafo_2'>1. Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos.</p>
<p class='parrafo'>2. Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos.</p>
<p class='parrafo'>3. Subvenciones nominativas de la Subdirección General de los Archivos Estatales.</p>
<p class='centro_redonda'>Artes Escénicas y Música</p>
<p class='parrafo_2'>4. Ayudas a la música, la lírica y la danza.</p>
<p class='parrafo'>5. Ayudas para programas de difusión, desarrollo y preservación del teatro y el circo y de comunicación teatral y circense.</p>
<p class='parrafo'>6. Subvenciones nominativas del Instituto de las Artes Escénicas y de la Música.</p>
<p class='centro_redonda'>Bibliotecas</p>
<p class='parrafo_2'>7. Ayudas al patrimonio bibliográfico para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios.</p>
<p class='parrafo'>8. Subvenciones nominativas de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria.</p>
<p class='centro_redonda'>Cine y Audiovisuales</p>
<p class='parrafo_2'>9. Ayuda complementaria para la amortización de largometrajes.</p>
<p class='parrafo'>10. Ayuda general para la amortización de largometrajes.</p>
<p class='parrafo'>11. Ayudas a cortometrajes realizados.</p>
<p class='parrafo'>12. Ayudas al desarrollo de guiones para películas de largometraje.</p>
<p class='parrafo'>13. Ayudas para el desarrollo de proyectos de películas cinematográficas de largometraje.</p>
<p class='parrafo'>14. Ayudas para el desarrollo y la realización de proyectos culturales y de formación no reglada.</p>
<p class='parrafo'>15. Ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico.</p>
<p class='parrafo'>16. Ayudas para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de cortometrajes, españoles, comunitarios e iberoamericanos.</p>
<p class='parrafo'>17. Ayudas para la minoración de intereses de los préstamos concedidos al amparo del Convenio suscrito entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes audiovisuales (ICAA) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para el establecimiento de una línea de financiación para la producción cinematográfica.</p>
<p class='parrafo'>18. Ayudas para la minoración de intereses de préstamos concedidos al amparo del Convenio suscrito entre el ICAA y el Instituto de Crédito Oficial para financiar la exhibición cinematográfica, adquisición y mejora de equipos de producción cinematográfica.</p>
<p class='parrafo'>19. Ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España.</p>
<p class='parrafo'>20. Ayudas para la participación de películas españolas en festivales.</p>
<p class='parrafo'>21. Ayudas para la producción de cortometrajes sobre proyecto.</p>
<p class='parrafo'>22. Ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto.</p>
<p class='parrafo'>23. Ayudas para la producción de películas y documentales para televisión sobre proyecto.</p>
<p class='parrafo'>24. Ayudas para la producción de series de animación sobre proyecto.</p>
<p class='parrafo'>25. Ayudas para la realización de obras audiovisuales con empleo de nuevas tecnologías.</p>
<p class='parrafo'>26. Subvenciones nominativas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.</p>
<p class='parrafo'>27. Ayudas para la minoración de intereses de préstamos concedidos en el marco de la línea de financiación ICO-ICAA de apoyo a actividades de exhibición cinematográfica.</p>
<p class='parrafo'>28. Ayudas para el fomento de la realización de películas cinematográficas de largometraje en régimen de coproducción internacional.</p>
<p class='centro_redonda'>Cooperación Cultural</p>
<p class='parrafo_2'>29. Ayudas a Fundaciones y Asociaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con representación en las Cortes Generales, para funcionamiento y actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural.</p>
<p class='parrafo'>30. Ayudas a la promoción del turismo cultural.</p>
<p class='parrafo'>31. Programa IBEREX de prácticas formativas para jóvenes profesionales en el sector cultural</p>
<p class='parrafo'>32. Subvenciones nominativas de la Subdirección General de Promoción Exterior de la Cultura.</p>
<p class='parrafo'>33. Ayudas a Corporaciones Locales para actividades culturales que fomenten la comunicación cultural.</p>
<p class='parrafo'>34. Programa HISPANEX de ayudas para la cooperación cultural con universidades extranjeras.</p>
<p class='parrafo'>35. Subvenciones nominativas de la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas.</p>
<p class='parrafo'>36. Certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa correspondiente, a efectos de la obtención de los beneficios fiscales aplicables a los acontecimientos declarados de excepcional interés público.</p>
<p class='centro_redonda'>Industrias Culturales</p>
<p class='parrafo_2'>37. Ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos culturales en Internet y para promover la modernización, innovación y adaptación tecnológica de las industrias culturales y creativas.</p>
<p class='parrafo'>38. Ayudas de acción y promoción cultural.</p>
<p class='parrafo'>39. Subvenciones nominativas de la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y de Mecenazgo.</p>
<p class='centro_redonda'>Libro, Lectura y Letras</p>
<p class='parrafo_2'>40. Subvenciones a empresas e instituciones sin fines de lucro, editoras de revistas de cultura.</p>
<p class='parrafo'>41. Subvenciones nominativas de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.</p>
<p class='parrafo'>42. Subvenciones para la edición de libros.</p>
<p class='parrafo'>43. Subvenciones para el fomento de la traducción en lenguas extranjeras.</p>
<p class='parrafo'>44. Subvenciones para la promoción de la lectura y las letras españolas.</p>
<p class='parrafo'>45. Ayudas para entidades sin fines de lucro que promueven y fortalecen la industria editorial.</p>
<p class='centro_redonda'>Museos</p>
<p class='parrafo_2'>46. Ayudas en concurrencia competitiva para la dotación de inversiones en los museos.</p>
<p class='parrafo'>47. Subvenciones en concurrencia competitiva para el fomento de proyectos culturales a desarrollar en los museos.</p>
<p class='parrafo'>48. Subvenciones nominativas de la Subdirección General de Museos Estatales.</p>
<p class='centro_redonda'>Patrimonio Histórico</p>
<p class='parrafo_2'>49. Ayudas a empresas privadas para proyectos de puesta en valor, promoción, difusión y protección de bienes declarados patrimonio cultural.</p>
<p class='parrafo'>50. Ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior.</p>
<p class='parrafo'>51. Ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial.</p>
<p class='parrafo'>52. Subvenciones nominativas de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico.</p>
<p class='parrafo'>53. Subvenciones nominativas del Instituto del Patrimonio Cultural de España.</p>
<p class='centro_redonda'>Promoción del Arte</p>
<p class='parrafo_2'>54. Ayudas para la promoción del arte contemporáneo español.</p>
<p class='parrafo'>55. Subvenciones nominativas de la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes.</p>
<p class='centro_cursiva'>
<em>Becas</em>
</p>
<p class='parrafo_2'>56. Becas Culturex de formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en instituciones culturales en el exterior.</p>
<p class='parrafo'>57. Becas Endesa para Iberoamérica de Patrimonio Cultural.</p>
<p class='parrafo'>58. Becas FormARTE de formación y especialización en actividades y materias de la competencia de las instituciones culturales dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del colegio de España en París.</p>
<p class='centro_cursiva'>
<em>Premios</em>
</p>
<p class='parrafo_2'>59. Premio de teatro para autores noveles Calderón de la Barca.</p>
<p class='parrafo'>60. Premios CreArte para el fomento de la creatividad en la enseñanza infantil, primaria, especial y secundaria en los centros financiados con fondos públicos.</p>
<p class='parrafo'>61. Premio Ciudades Patrimonio de la Humanidad.</p>
<p class='parrafo'>62. Premio Historia de la Cinematografía.</p>
<p class='parrafo'>63. Premio Alfabetización Audiovisual.</p>
<p class='parrafo'>64. Premio Luso-Español de Arte y Cultura.</p>
<p class='centro_cursiva'>
<em>Recursos y reclamaciones</em>
</p>
<p class='parrafo_2'>65. Alegaciones en procedimientos que no han sido iniciados por el interesado.</p>
<p class='parrafo'>66. Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial.</p>
<p class='parrafo'>67. Reclamación previa a la vía judicial civil.</p>
<p class='parrafo'>68. Reclamación previa a la vía judicial laboral.</p>
<p class='parrafo'>69. Recurso de alzada.</p>
<p class='parrafo'>70. Recurso especial en materia de contratación.</p>
<p class='parrafo'>71. Recurso extraordinario de revisión.</p>
<p class='parrafo'>72. Recurso potestativo de reposición.</p>
<p class='parrafo'>73. Revisión de oficio de actos administrativos.</p>
<p class='centro_cursiva'>
<em>Quejas y sugerencias</em>
</p>
<p class='parrafo_2'>74. Quejas y sugerencias dirigidas a la Secretaría de Estado de Cultura.</p>
<p class='parrafo'>75. Quejas y sugerencias dirigidas al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.</p>
<p class='parrafo'>76. Quejas y sugerencias dirigidas al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.</p>
<p class='parrafo'>77. Quejas y sugerencias dirigidas a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos.</p>
<p class='parrafo'>78. Quejas y sugerencias dirigidas al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.</p>
<p class='parrafo'>79. Quejas y sugerencias dirigidas al Museo Nacional del Prado.</p>
<p class='centro_cursiva'>
<em>Empleo público</em>
</p>
<p class='parrafo_2'>80. Proceso selectivo para la cobertura de puestos de personal laboral temporal.</p>
<p class='parrafo'>81. Proceso selectivo para la cobertura de puestos de personal laboral temporal en el INAEM.</p>
<p class='centro_cursiva'>
<em>Archivos</em>
</p>
<p class='parrafo_2'>82. Utilización de espacios en archivos de titularidad estatal gestionados por la Dirección General de Bellas Artes y de Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas.</p>
<p class='centro_cursiva'>
<em>Artes Escénicas y Música</em>
</p>
<p class='parrafo_2'>83. Asignación del ISMN, Número Normalizado para Música Escrita.</p>
<p class='parrafo'>84. Asignación del prefijo editorial ISMN, Número Normalizado para Música Escrita.</p>
<p class='centro_cursiva'>
<em>Cine y Audiovisuales</em>
</p>
<p class='parrafo_2'>85. Aprobación de coproducciones hispano-extranjeras.</p>
<p class='parrafo'>86. Calificación de películas y certificado de nacionalidad española.</p>
<p class='parrafo'>87. Comunicación de fecha de estreno de una película.</p>
<p class='parrafo'>88. Comunicación de fechas de inicio y de fin de rodaje de una película.</p>
<p class='parrafo'>89. Cumplimiento de las obligaciones de control de asistencia y declaración de rendimientos por parte de las salas de exhibición.</p>
<p class='parrafo'>90. Expedición del certificado cultural para la solicitud de las ayudas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.</p>
<p class='parrafo'>91. Homologación de buzones para salas de exhibición informatizadas.</p>
<p class='parrafo'>92. Homologación a efectos del cómputo de espectadores en el marco de festivales y certámenes celebrados en España.</p>
<p class='parrafo'>93. Homologación a efectos del cómputo de accesos a una película a través de Internet y otras redes de comunicaciones electrónicas mediante sistemas basados en la demanda del espectador.</p>
<p class='parrafo'>94. Homologación a efectos de certificación del cómputo de espectadores a través de la venta minorista y arrendamiento de obras cinematográficas en soporte físico.</p>
<p class='parrafo'>95. Inscripción en el registro de empresas cinematográficas y audiovisuales del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.</p>
<p class='parrafo'>96. Reconocimiento de coste de películas.</p>
<p class='parrafo'>97. Procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones leves en materia cinematográfica y videográfica.</p>
<p class='parrafo'>98. Procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones graves en materia cinematográfica y videográfica.</p>
<p class='parrafo'>99. Procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones muy graves en materia cinematográfica y videográfica.</p>
<p class='centro_cursiva'>
<em>Museos</em>
</p>
<p class='parrafo_2'>100. Utilización de espacios en museos de titularidad estatal gestionados por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas.</p>
<p class='centro_redonda'>Patrimonio histórico</p>
<p class='parrafo_2'>101. Adquisición de bienes muebles del patrimonio histórico español.</p>
<p class='parrafo'>102. Autorización de exportación de bienes del Patrimonio Histórico Español.</p>
<p class='parrafo'>103. Autorización de obras en Bienes de Interés Cultural adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración General del Estado (A.G.E.) y en el entorno de los mismos.</p>
<p class='parrafo'>104. Declaración de importación de bienes culturales.</p>
<p class='parrafo'>105. Inclusión de bienes del estado en bienes de interés cultural e inventario general.</p>
<p class='parrafo'>106. Transmisión de la propiedad de un bien de interés cultural o bien inventariado.</p>
<p class='centro_cursiva'>
<em>Propiedad intelectual</em>
</p>
<p class='parrafo_2'>107. Autorización de modificación de estatutos propuesta por las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.</p>
<p class='parrafo'>108. Autorización para el uso del sello de la campaña Cultura en Positivo.</p>
<p class='parrafo'>109. Mediación en materia de propiedad intelectual.</p>
<p class='parrafo'>110. Procedimiento de arbitraje ante la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.</p>
<p class='parrafo'>111. Procedimiento de arbitraje ante la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual para fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales establecidas por entidades de gestión.</p>
<p class='parrafo'>112. Salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en Internet.</p>
<p class='parrafo'>113. Procedimiento sancionador por falta de retirada de contenidos vulneradores de derechos de propiedad intelectual en Internet.</p>
<p class='parrafo'>114. Procedimiento de determinación de tarifas ante la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.</p>
<p class='parrafo'>115. Procedimiento en la función de control de tarifas generales establecidas por entidades de gestión ante la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.</p>
<p class='centro_cursiva'>
<em>Asuntos taurinos</em>
</p>
<p class='parrafo_2'>116. Primera inscripción como profesional taurino.</p>
<p class='parrafo'>117. Cambio de categoría profesional.</p>
<p class='parrafo'>118. Expedición de duplicado de carné profesional.</p>
<p class='parrafo'>119. Renovación de carné profesional por caducidad.</p>
<p class='parrafo'>120. Inscripción de una empresa ganadera de reses de lidia.</p>
<p class='parrafo'>121. Modificación y baja de una inscripción registral de una empresa ganadera de reses de lidia.</p>
</texto>
</documento>
|
Wed Dec 24 09:38:45 +0000 2014
|
La Orden CUL/3410/2009, de 14 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Cultura, establece su funcionamiento, requisitos y condiciones para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Asimismo, su disposición final primera establece la delegación en el titular de la Subsecretaría del Departamento de la competencia para incluir, modificar o dar de baja, dentro del Registro Electrónico, nuevos servicios, procedimientos y trámites, a los que será de aplicación lo dispuesto en dicha Orden.
Mediante la presente orden, se incorporan tres nuevos procedimientos administrativos en el ámbito del Registro Electrónico de la actual Secretaría de Estado de Cultura, y se modifican la denominación de otros tres ya existentes.
Finalmente, se procede a publicar la relación actualizada de servicios, procedimientos y trámites incluidos en dicho Registro Electrónico.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Inclusión de tres nuevos procedimientos administrativos en el ámbito de aplicación del Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura.
Se incluyen en el anexo de la Orden CUL/3410/2009, de 14 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Cultura, los siguientes procedimientos administrativos:
– Procedimiento sancionador por falta de retirada de contenidos vulneradores de derechos de propiedad intelectual en Internet.
– Procedimiento de determinación de tarifas ante la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.
– Procedimiento en la función de control de tarifas generales establecidas por entidades de gestión ante la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.
Artículo 2. Modificación de la denominación de tres procedimientos administrativos en el ámbito de aplicación del Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura.
Se modifican en el anexo de la Orden CUL/3410/2009, de 14 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Cultura, la denominación de tres procedimientos administrativos ya existentes «110. Arbitraje en materia de propiedad intelectual; 111. Arbitraje para fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales establecidas por una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual; 112. Salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de los servicios de la sociedad de la información», por las siguientes:
110. Procedimiento de arbitraje ante la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.
111. Procedimiento de arbitraje ante la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual para fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales establecidas por entidades de gestión.
112. Salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en Internet.
Artículo 3. Difusión a través de la Sede electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura.
La inclusión de los tres nuevos procedimientos administrativos, y la modificación de los otros tres ya existentes, será difundida a través de la dirección https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica/index.jsp.
Artículo 4. Relación actualizada de servicios, procedimientos y trámites incluidos en el Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura.
Se publica el anexo de la Orden CUL/3410/2009, de 14 de diciembre, en el que se establece la relación actualizada de servicios, procedimientos y trámites incluidos en el Registro Electrónico del Ministerio de Cultura.
Disposición final única. Efectos.
Esta orden surtirá efectos el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 16 de diciembre de 2014.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P.D. (Orden CUL/3410/2009, de 14 de diciembre), el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo Sáinz.
ANEXO
Relación de servicios, procedimientos y trámites incluidos en el Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura
Ayudas
Archivos
1. Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos.
2. Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos.
3. Subvenciones nominativas de la Subdirección General de los Archivos Estatales.
Artes Escénicas y Música
4. Ayudas a la música, la lírica y la danza.
5. Ayudas para programas de difusión, desarrollo y preservación del teatro y el circo y de comunicación teatral y circense.
6. Subvenciones nominativas del Instituto de las Artes Escénicas y de la Música.
Bibliotecas
7. Ayudas al patrimonio bibliográfico para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios.
8. Subvenciones nominativas de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria.
Cine y Audiovisuales
9. Ayuda complementaria para la amortización de largometrajes.
10. Ayuda general para la amortización de largometrajes.
11. Ayudas a cortometrajes realizados.
12. Ayudas al desarrollo de guiones para películas de largometraje.
13. Ayudas para el desarrollo de proyectos de películas cinematográficas de largometraje.
14. Ayudas para el desarrollo y la realización de proyectos culturales y de formación no reglada.
15. Ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico.
16. Ayudas para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de cortometrajes, españoles, comunitarios e iberoamericanos.
17. Ayudas para la minoración de intereses de los préstamos concedidos al amparo del Convenio suscrito entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes audiovisuales (ICAA) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para el establecimiento de una línea de financiación para la producción cinematográfica.
18. Ayudas para la minoración de intereses de préstamos concedidos al amparo del Convenio suscrito entre el ICAA y el Instituto de Crédito Oficial para financiar la exhibición cinematográfica, adquisición y mejora de equipos de producción cinematográfica.
19. Ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España.
20. Ayudas para la participación de películas españolas en festivales.
21. Ayudas para la producción de cortometrajes sobre proyecto.
22. Ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto.
23. Ayudas para la producción de películas y documentales para televisión sobre proyecto.
24. Ayudas para la producción de series de animación sobre proyecto.
25. Ayudas para la realización de obras audiovisuales con empleo de nuevas tecnologías.
26. Subvenciones nominativas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
27. Ayudas para la minoración de intereses de préstamos concedidos en el marco de la línea de financiación ICO-ICAA de apoyo a actividades de exhibición cinematográfica.
28. Ayudas para el fomento de la realización de películas cinematográficas de largometraje en régimen de coproducción internacional.
Cooperación Cultural
29. Ayudas a Fundaciones y Asociaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con representación en las Cortes Generales, para funcionamiento y actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural.
30. Ayudas a la promoción del turismo cultural.
31. Programa IBEREX de prácticas formativas para jóvenes profesionales en el sector cultural
32. Subvenciones nominativas de la Subdirección General de Promoción Exterior de la Cultura.
33. Ayudas a Corporaciones Locales para actividades culturales que fomenten la comunicación cultural.
34. Programa HISPANEX de ayudas para la cooperación cultural con universidades extranjeras.
35. Subvenciones nominativas de la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas.
36. Certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa correspondiente, a efectos de la obtención de los beneficios fiscales aplicables a los acontecimientos declarados de excepcional interés público.
Industrias Culturales
37. Ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos culturales en Internet y para promover la modernización, innovación y adaptación tecnológica de las industrias culturales y creativas.
38. Ayudas de acción y promoción cultural.
39. Subvenciones nominativas de la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y de Mecenazgo.
Libro, Lectura y Letras
40. Subvenciones a empresas e instituciones sin fines de lucro, editoras de revistas de cultura.
41. Subvenciones nominativas de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.
42. Subvenciones para la edición de libros.
43. Subvenciones para el fomento de la traducción en lenguas extranjeras.
44. Subvenciones para la promoción de la lectura y las letras españolas.
45. Ayudas para entidades sin fines de lucro que promueven y fortalecen la industria editorial.
Museos
46. Ayudas en concurrencia competitiva para la dotación de inversiones en los museos.
47. Subvenciones en concurrencia competitiva para el fomento de proyectos culturales a desarrollar en los museos.
48. Subvenciones nominativas de la Subdirección General de Museos Estatales.
Patrimonio Histórico
49. Ayudas a empresas privadas para proyectos de puesta en valor, promoción, difusión y protección de bienes declarados patrimonio cultural.
50. Ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior.
51. Ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial.
52. Subvenciones nominativas de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico.
53. Subvenciones nominativas del Instituto del Patrimonio Cultural de España.
Promoción del Arte
54. Ayudas para la promoción del arte contemporáneo español.
55. Subvenciones nominativas de la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes.
Becas
56. Becas Culturex de formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en instituciones culturales en el exterior.
57. Becas Endesa para Iberoamérica de Patrimonio Cultural.
58. Becas FormARTE de formación y especialización en actividades y materias de la competencia de las instituciones culturales dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del colegio de España en París.
Premios
59. Premio de teatro para autores noveles Calderón de la Barca.
60. Premios CreArte para el fomento de la creatividad en la enseñanza infantil, primaria, especial y secundaria en los centros financiados con fondos públicos.
61. Premio Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
62. Premio Historia de la Cinematografía.
63. Premio Alfabetización Audiovisual.
64. Premio Luso-Español de Arte y Cultura.
Recursos y reclamaciones
65. Alegaciones en procedimientos que no han sido iniciados por el interesado.
66. Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial.
67. Reclamación previa a la vía judicial civil.
68. Reclamación previa a la vía judicial laboral.
69. Recurso de alzada.
70. Recurso especial en materia de contratación.
71. Recurso extraordinario de revisión.
72. Recurso potestativo de reposición.
73. Revisión de oficio de actos administrativos.
Quejas y sugerencias
74. Quejas y sugerencias dirigidas a la Secretaría de Estado de Cultura.
75. Quejas y sugerencias dirigidas al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
76. Quejas y sugerencias dirigidas al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
77. Quejas y sugerencias dirigidas a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos.
78. Quejas y sugerencias dirigidas al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
79. Quejas y sugerencias dirigidas al Museo Nacional del Prado.
Empleo público
80. Proceso selectivo para la cobertura de puestos de personal laboral temporal.
81. Proceso selectivo para la cobertura de puestos de personal laboral temporal en el INAEM.
Archivos
82. Utilización de espacios en archivos de titularidad estatal gestionados por la Dirección General de Bellas Artes y de Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas.
Artes Escénicas y Música
83. Asignación del ISMN, Número Normalizado para Música Escrita.
84. Asignación del prefijo editorial ISMN, Número Normalizado para Música Escrita.
Cine y Audiovisuales
85. Aprobación de coproducciones hispano-extranjeras.
86. Calificación de películas y certificado de nacionalidad española.
87. Comunicación de fecha de estreno de una película.
88. Comunicación de fechas de inicio y de fin de rodaje de una película.
89. Cumplimiento de las obligaciones de control de asistencia y declaración de rendimientos por parte de las salas de exhibición.
90. Expedición del certificado cultural para la solicitud de las ayudas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
91. Homologación de buzones para salas de exhibición informatizadas.
92. Homologación a efectos del cómputo de espectadores en el marco de festivales y certámenes celebrados en España.
93. Homologación a efectos del cómputo de accesos a una película a través de Internet y otras redes de comunicaciones electrónicas mediante sistemas basados en la demanda del espectador.
94. Homologación a efectos de certificación del cómputo de espectadores a través de la venta minorista y arrendamiento de obras cinematográficas en soporte físico.
95. Inscripción en el registro de empresas cinematográficas y audiovisuales del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
96. Reconocimiento de coste de películas.
97. Procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones leves en materia cinematográfica y videográfica.
98. Procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones graves en materia cinematográfica y videográfica.
99. Procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones muy graves en materia cinematográfica y videográfica.
Museos
100. Utilización de espacios en museos de titularidad estatal gestionados por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas.
Patrimonio histórico
101. Adquisición de bienes muebles del patrimonio histórico español.
102. Autorización de exportación de bienes del Patrimonio Histórico Español.
103. Autorización de obras en Bienes de Interés Cultural adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración General del Estado (A.G.E.) y en el entorno de los mismos.
104. Declaración de importación de bienes culturales.
105. Inclusión de bienes del estado en bienes de interés cultural e inventario general.
106. Transmisión de la propiedad de un bien de interés cultural o bien inventariado.
Propiedad intelectual
107. Autorización de modificación de estatutos propuesta por las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.
108. Autorización para el uso del sello de la campaña Cultura en Positivo.
109. Mediación en materia de propiedad intelectual.
110. Procedimiento de arbitraje ante la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.
111. Procedimiento de arbitraje ante la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual para fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales establecidas por entidades de gestión.
112. Salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en Internet.
113. Procedimiento sancionador por falta de retirada de contenidos vulneradores de derechos de propiedad intelectual en Internet.
114. Procedimiento de determinación de tarifas ante la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.
115. Procedimiento en la función de control de tarifas generales establecidas por entidades de gestión ante la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.
Asuntos taurinos
116. Primera inscripción como profesional taurino.
117. Cambio de categoría profesional.
118. Expedición de duplicado de carné profesional.
119. Renovación de carné profesional por caducidad.
120. Inscripción de una empresa ganadera de reses de lidia.
121. Modificación y baja de una inscripción registral de una empresa ganadera de reses de lidia.
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Cultura ya incluye entre sus procedimientos electrónicos los trámites para aplicar ley Sinde-Wert #BOE
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"109",
"121",
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Cultura ya incluye entre sus procedimientos electrónicos los trámites para aplicar la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
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"7869",
"6306"
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2013-05-10
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DE CONFORMIDAD con
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo
DE CONFORMIDAD con
art. 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo
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BOE-A-2013-4881
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Resolución de 25 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Alain Afflelou España, SAU.
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<nota codigo='36' orden='320'>Vigencia desde el 14 de marzo de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2017</nota>
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<materia codigo='1684' orden=''>Convenios colectivos</materia>
<materia codigo='3442' orden=''>Establecimientos comerciales</materia>
<materia codigo='5249' orden=''>Óptica y Optometría</materia>
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<alertas></alertas>
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<anteriores>
<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-2010-9274'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo</texto>
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<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-1995-7730'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>art. 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo</texto>
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</anteriores>
<posteriores>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2022-8113'>
<palabra codigo='270'>SE MODIFICA</palabra>
<texto>los arts. 1.1, 4.4, 5 y 10, por Resolución de 3 de mayo de 2022</texto>
</posterior>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2021-15666'>
<palabra codigo='331'>SE DICTA EN RELACIÓN</palabra>
<texto>y se publican tablas salariales, por Resolución de 15 de septiembre de 2021</texto>
</posterior>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2020-7224'>
<palabra codigo='331'>SE DICTA EN RELACIÓN</palabra>
<texto>, y se publica revisión salarial, por Resolución de 19 de junio de 2020</texto>
</posterior>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2019-5542'>
<palabra codigo='331'>SE DICTA EN RELACIÓN</palabra>
<texto>, y se publica revisión salarial, por Resolución de 29 de marzo de 2019</texto>
</posterior>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2018-2806'>
<palabra codigo='331'>SE DICTA EN RELACIÓN</palabra>
<texto>, y se publican tablas salariales, por Resolución de 16 de febrero de 2018</texto>
</posterior>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2017-1864'>
<palabra codigo='331'>SE DICTA EN RELACIÓN</palabra>
<texto>y se publican tablas salariales, por Resolución de 10 de febrero de 2017</texto>
</posterior>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2016-2121'>
<palabra codigo='331'>SE DICTA EN RELACIÓN</palabra>
<texto>, y se publica revisión salarial, por Resolución de 12 de febrero de 2016</texto>
</posterior>
</posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa Alain Afflelou España, S.A.U., (código de Convenio número 90101442012013), que fue suscrito con fecha 14 de marzo de 2013, de una parte por los designados por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y, de otra, por el Comité de empresa en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,</p>
<p class='parrafo'>Esta Dirección General de Empleo resuelve:</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 25 de abril de 2013.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.</p>
<p class='anexo'>PRIMER CONVENIO COLECTIVO DE ALAIN AFFLELOU ESPAÑA, S.A.U.</p>
<p class='articulo'>Artículo 1. Ámbito subjetivo y funcional.</p>
<p class='parrafo'>1. El presente Convenio colectivo será de aplicación a todos los trabajadores por cuenta ajena que presten servicios para la Empresa Alain Afflelou España, S.A.U.</p>
<p class='parrafo'>2. Podrá asimismo aplicarse a los trabajadores de aquellas otras empresas que pese a ser absolutamente independientes mercantil y laboralmente de Alain Afflelou España, S.A.U., en el momento de la entrada en vigor de este convenio o en el futuro, operen bajo nombres comerciales registrados por Alain Afflelou y estén vinculadas a Alain Afflelou España, S.A.U., mediante contrato de franquicia o cualquier otro que les autorice a utilizar dichos nombres comerciales.</p>
<p class='articulo'>Artículo 2. Ámbito territorial.</p>
<p class='parrafo'>Este Convenio será de aplicación en todo el territorio del Estado español para las empresas y trabajadores incluidos en el ámbito subjetivo y funcional del mismo conforme lo establece el artículo 1.</p>
<p class='articulo'>Artículo 3. Ámbito temporal y revisión.</p>
<p class='parrafo'>1. La vigencia general del presente Convenio se iniciará a partir de la fecha de su firma, finalizando su vigencia el día 31 de diciembre de 2017.</p>
<p class='parrafo'>2. Denuncia y revisión. La denuncia del Convenio colectivo, efectuada por cualquiera de las partes legitimadas para ello de conformidad con el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores, deberá realizarse por escrito y contendrá los preceptos que se pretenden revisar, así como el alcance de la revisión.</p>
<p class='parrafo'>3. La denuncia del presente Convenio colectivo habrá de efectuarse por cualquiera de las partes legitimadas para ello con una antelación de al menos 4 meses a la fecha de finalización de su vigencia o cualquiera de sus prórrogas.</p>
<p class='parrafo'>Las condiciones pactadas en el presente Convenio subsistirán, en todo caso, hasta su nueva revisión.</p>
<p class='parrafo'>En el plazo de un mes, desde el momento en que se haya notificado la denuncia del Convenio colectivo, se procederá a la constitución de la comisión negociadora del Convenio, que deberá fijar la fecha de inicio de las negociaciones en el plazo máximo de quince días desde la fecha de constitución de la comisión.</p>
<p class='articulo'>Artículo 4. Vinculación a la totalidad y garantía personal.</p>
<p class='parrafo'>1. Las condiciones aquí pactadas constituyen un todo orgánico indivisible y a efectos de su aplicación práctica deberán ser consideradas globalmente. La eventual declaración judicial firme de ilegalidad o nulidad de alguna de las partes o preceptos concretos de este Convenio no implicará la de las demás disposiciones no afectadas expresamente por la declaración judicial correspondiente, debiendo en este caso reunirse la comisión negociadora del Convenio para la renegociación de los preceptos afectados por la nulidad</p>
<p class='parrafo'>2. Además de las específicas, expresamente recogidas en este Convenio, se respetarán aquellas condiciones <em>ad personam</em> que, consideradas globalmente y en cómputo anual, excedan del presente Convenio Colectivo, pero sin que en tal caso se puedan acumular las mismas a las ventajas derivadas del Convenio.</p>
<p class='articulo'>Artículo 5. Organización del trabajo.</p>
<p class='parrafo'>La organización práctica del trabajo, con sujeción a lo previsto en el presente Convenio colectivo y a la legislación general vigente, es facultad de la Dirección de la Empresa.</p>
<p class='parrafo'>El sistema de racionalización, mecanización y dirección del trabajo que se adopte, nunca podrá perjudicar la formación profesional que el personal tiene derecho a completar y perfeccionar por la práctica, debiendo ser informados los representantes legales de los trabajadores en todas aquellas decisiones relativas a tecnología, organización del trabajo y utilización de materias primas que tengan repercusión física y/o mental del trabajador.</p>
<p class='articulo'>Artículo 6. Ingresos y período de prueba.</p>
<p class='parrafo'>1. El ingreso de los trabajadores se considerará hecho a título de prueba de acuerdo con la siguiente escala correspondiente a la clasificación del personal en los distintos grupos profesionales:</p>
<p class='parrafo_2'>Grupo I: Seis meses.</p>
<p class='parrafo'>Grupo II: Seis meses.</p>
<p class='parrafo'>Grupo III: Seis meses.</p>
<p class='parrafo'>Grupo IV: Seis meses.</p>
<p class='parrafo'>Grupo V: Dos meses</p>
<p class='parrafo'>Grupo VI: Un mes.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Estos períodos serán de trabajo efectivo, por tanto, la situación de Incapacidad Temporal cualquiera que sea el motivo de la misma o cualquier ausencia al mismo interrumpe dicho periodo de prueba, salvo las que deriven de accidente de trabajo o enfermedad profesional.</p>
<p class='articulo'>Artículo 7. Clasificación profesional.</p>
<p class='parrafo'>En función de las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, se establecen, con carácter normativo, los seis siguientes grupos profesionales y los contenidos específicos que los definen.</p>
<p class='parrafo'>Definición de los grupos profesionales:</p>
<p class='parrafo_2'>Grupo I.</p>
<p class='parrafo_2'>El grupo I se conforma para aquel personal de la Empresa que tiene una titulación académica necesaria para el desempeño de sus funciones o una experiencia profesional acreditada y suficiente. No sólo se trata de personal absolutamente autónomo en el desempeño de sus obligaciones sino que además fija objetivos y directrices para el personal a su cargo. Asume, dentro de su área, unidad productiva, departamento o punto de venta, las máximas responsabilidades organizativas y directivas, con sujeción plena a las directrices y objetivos que fije la Empresa.</p>
<p class='parrafo_2'>• Formación teórica o adquirida en la práctica equivalente a Titulado de grado medio, superior o doctorado que puede ser complementada con estudios específicos o no.</p>
<p class='parrafo'>• El personal integrado en este grupo profesional contribuye de forma directa o indirecta en la elaboración de la política de la empresa, dirige, organiza, coordina y se responsabiliza de las actividades de su puesto.</p>
<p class='parrafo'>• En los casos de unidades productivas o puntos de venta, los responsables dirigen la organización, con iniciativa y decisiones en lo referente a dicha unidad productiva, sin perjuicio de que desarrolle actividades que requieran especiales conocimientos técnicos si posee la cualificación técnica oficial para ello.</p>
<p class='parrafo'>• El responsable decide autónomamente acerca del proceso, los métodos y la validez del resultado final dentro de los objetivos fijados por la empresa, sin precisar en la práctica de asistencia.</p>
<p class='parrafo'>• Las instrucciones de la Empresa al responsable se enuncian en términos generales, y han de ser interpretadas y adaptadas en gran medida por él, estando facultado para fijar directrices, por todo lo cual, se le exige ineludiblemente una gran aportación personal. El desempeño del puesto requiere identificar qué tipo de información se necesita y además, realizar acciones específicas para provocar su aparición y permitir su obtención.</p>
<p class='parrafo'>• En cuanto a gestión de Recursos Humanos, decide, optando por una línea de actuación, sobre un conjunto de empleados, y es responsabilidad suya la formación de las personas que están bajo su dependencia.</p>
<p class='parrafo_2'>Grupo II.</p>
<p class='parrafo_2'>El grupo II se conforma para aquel personal de la Empresa que tiene una titulación académica necesaria para el desempeño de sus funciones o una experiencia profesional acreditada y suficiente. Goza de gran autonomía supervisado por su responsable directo que además se asegura que se cumplan los objetivos y directrices que ha fijado su responsable directo.</p>
<p class='parrafo_2'>• Formación teórica o adquirida en la práctica equivalente a Titulado de grado medio, superior o doctorado que puede ser complementada con estudios específicos o no.</p>
<p class='parrafo'>• En los casos de unidades productivas o puntos de venta, colaboran con su superior jerárquico en la organización en lo referente a dicha unidad productiva, sin perjuicio de que desarrolle actividades que requieran especiales conocimientos técnicos si posee la cualificación técnica oficial para ello.</p>
<p class='parrafo'>• Colabora con su superior en el establecimiento de los procesos, los métodos y la validez del resultado final dentro de los objetivos fijados por la empresa.</p>
<p class='parrafo'>• En cuanto a gestión de Recursos Humanos, decide, junto con su superior, optando por una línea de actuación, sobre un conjunto de empleados.</p>
<p class='parrafo_2'>Grupo III.</p>
<p class='parrafo_2'>El grupo III se conforma para aquel personal que en el momento de su contratación acredita un nivel de autonomía en el desempeño de sus funciones superior al elemental acreditando además una formación de grado o diplomatura o una experiencia profesional acreditada y suficiente, con menor nivel de supervisión por parte de su superior o responsable.</p>
<p class='parrafo_2'>• Formación equivalente a diplomatura o grado.</p>
<p class='parrafo'>• Además de desempeñar las tareas establecidas para los titulados del Grupo IV, el desempeño de las mismas se desarrollará con un mayor margen de autonomía en base a la experiencia y a la formación acreditada. Junto con su superior jerárquico define la concepción global de las tareas, durante cuya realización, hay posibilidad de consultarle puntualmente siendo el resultado final verificado por su responsable; en consecuencia, ejerce cierta autonomía al decidir sobre la aplicación concreta de los métodos para alcanzar los objetivos.</p>
<p class='parrafo'>• Realiza con un alto grado de autonomía actividades complejas con objetivos definidos y concretos pudiendo partir de directrices muy amplias sobre uno o más sectores de la empresa. El trabajador habitualmente ha de decidir de una manera autónoma acerca de los procesos, los métodos y la validez del resultado final de su trabajo dentro de los objetivos fijados por la empresa. Todo ello comporta una gran aportación de los conocimientos personales técnicos. En el desempeño de su trabajo necesita identificar la información que requiere y ejecutar las acciones que conduzcan a la aparición de la información, a su obtención y a su procesamiento. La responsabilidad por sus errores y faltas tiene importantes efectos negativos en el funcionamiento de la empresa.</p>
<p class='parrafo'>• El personal adscrito a este Grupo no tendrá recursos humanos a su cargo pero sí la obligación de conocer y aplicar toda la normativa en materia de seguridad, prevención de riesgos y salud laboral que rija en la empresa así como las características básicas de los productos y campañas comerciales que se implanten en sus unidades productivas o puntos de venta</p>
<p class='parrafo_2'>Grupo IV.</p>
<p class='parrafo_2'>El grupo IV se conforma para aquel personal que en el momento de su contratación acredita un nivel de formación de grado o diplomatura, o de experiencia contrastada, requiriendo supervisión en la realización de sus tareas y no realizando en ningún caso labores de gestión.</p>
<p class='parrafo_2'>• Formación equivalente a Diplomado o grado o estudios superiores específicos o experiencia contrastada.</p>
<p class='parrafo'>• Para la realización de las tareas es imprescindible su titulación, o la experiencia demostrada en el ejercicio de la profesión. Las tareas llevadas a cabo son similares a las que realiza el grupo V</p>
<p class='parrafo'>• Su realización se desarrolla con un mayor margen de autonomía en las funciones acreditadas por su formación. Junto con su superior jerárquico define la concepción global de las tareas, durante cuya realización, hay posibilidad de consultarle puntualmente siendo el resultado final verificado por su responsable; en consecuencia, ejerce cierta autonomía al decidir sobre la aplicación concreta de los métodos para alcanzar los objetivos.</p>
<p class='parrafo'>• Los métodos de trabajo del personal adscrito a este grupo profesional son habitualmente examinados y fijados bajo supervisión, por anticipado. El trabajador recibe indicaciones precisas sobre los métodos a utilizar y el desarrollo del trabajo es controlado por un superior, por lo que no debe ni tiene que tomar decisiones autónomas, a excepción de las sencillas/obvias que exige la realización de toda tarea.</p>
<p class='parrafo'>• El personal adscrito a este Grupo no tendrá recursos humanos a su cargo pero si la obligación de conocer y aplicar toda la normativa en materia de seguridad, prevención de riesgos y salud laboral que rija en la empresa así como las características básicas de los productos y campañas comerciales que se implanten en sus unidades productivas o puntos de venta.</p>
<p class='parrafo_2'>Grupo V.</p>
<p class='parrafo_2'>El grupo V se conforma para aquel personal que en el momento de su contratación acredita un nivel de autonomía en el desempeño de sus funciones superior al elemental, con una rebaja del nivel de supervisión por parte de su superior o responsable.</p>
<p class='parrafo_2'>• Formación equivalente a Bachiller, BUP, FP de grado medio o similar, o que, careciendo de esa titulación acredite en el momento de su contratación una experiencia profesional práctica en el sector de actividad de la empresa, de al menos un año ininterrumpido, en el marco de los tres años anteriores.</p>
<p class='parrafo'>• Las tareas llevadas a cabo son las similares a las que realiza el grupo VI, pero con un grado mayor de conocimiento del producto y de su entorno, con capacidad para aconsejar al cliente sobre los diversos productos, sus calidades, posibilidades y adaptación a las necesidades del cliente, su realización se desarrolla con un mayor margen de autonomía en base a la experiencia acreditada. Junto con su superior jerárquico define la concepción global de las tareas, durante cuya realización, hay posibilidad de consultarle puntualmente siendo el resultado final verificado por su responsable; en consecuencia, ejerce cierta autonomía al decidir sobre la aplicación concreta de los métodos para alcanzar los objetivos.</p>
<p class='parrafo'>• Las tareas se encuentran normalmente estandarizadas y se realizan bajo instrucciones de carácter general, si bien, se requiere cierta aportación personal para adaptar las normas al trabajo ante nuevas situaciones. Aplica ocasionalmente algunas acciones o procedimientos para seleccionar, buscar, discriminar, etc., la información necesaria, la cual no está siempre presente, por lo que es necesario realizar acciones para obtenerla, acciones que exigen habilidades normales, basadas en la experiencia.</p>
<p class='parrafo'>• El personal adscrito a este Grupo no tendrá recursos humanos a su cargo pero si la obligación de conocer y aplicar toda la normativa en materia de seguridad, prevención de riesgos y salud laboral que rija en la empresa así como las características básicas de los productos y campañas comerciales que se implanten en sus unidades productivas o puntos de venta</p>
<p class='parrafo_2'>Grupo VI.</p>
<p class='parrafo_2'>El grupo profesional VI constituye la escala base de la organización laboral de la Empresa y en él se encuadrará el personal que deba desempeñar las labores más elementales. Se conforma, por tanto, como un nivel de acceso a la Compañía desde el que a través de la formación y de la adquisición de la capacitación técnica y profesional necesaria se adquiera la autonomía suficiente en el desempeño de las obligaciones laborales que permita promocionar, conforme al sistema de ascensos establecido.</p>
<p class='parrafo_2'>• Formación equivalente, como mínimo, a graduado en Educación Secundaria, graduado escolar o similar, o que careciendo de dicha titulación, acredite una experiencia profesional inferior a un año en el marco de los tres años anteriores a su contratación.</p>
<p class='parrafo'>• Los métodos de trabajo del personal adscrito a este grupo profesional son habitualmente examinados y fijados bajo supervisión, por anticipado. El trabajador recibe indicaciones precisas sobre los métodos a utilizar y el desarrollo del trabajo es controlado por un superior, por lo que no debe ni tiene que tomar decisiones autónomas, a excepción de las sencillas/obvias que exige la realización de toda tarea.</p>
<p class='parrafo'>• El trabajo está totalmente normalizado y estandarizado, los procedimientos uniformados y existen instrucciones directamente aplicables exigiéndose tan solo cierta iniciativa o aportación personal para completar y ajustar las normas al trabajo concreto. La información necesaria para la realización del trabajo es obtenida de forma directa e inmediata del superior de quien, además, debe adquirir las normas básicas de trato e información correcta al cliente. El personal adscrito a este Grupo profesional no tendrá recursos humanos a su cargo pero si la obligación de conocer y aplicar toda la normativa en materia de seguridad, prevención de riesgos y salud laboral que rija en la empresa así como las características básicas de los productos y campañas comerciales.</p>
<p class='parrafo'>• La contratación de este Grupo Profesional en la red de tiendas tan sólo podrá realizarse como vendedores en aquellas tiendas que dispongan de un solo vendedor siempre a jornada completa en jornada partida, o de dos a jornada completa en el caso de las tiendas ubicadas en centros comerciales cuya jornada sea continuada. Su función es la de mero expendedor de mercancía y cobro de la misma, sin responsabilidad alguna sobre el producto, su entorno, y todo aquello que pudiera afectarle más allá de la venta del mismo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 8. Movilidad funcional.</p>
<p class='parrafo'>La movilidad funcional en la empresa se efectuará de acuerdo a las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con respeto a la dignidad del trabajador y, en todo caso, con respeto a lo establecido en el presente Convenio colectivo y a lo previsto en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores y la normativa legal de aplicación.</p>
<p class='articulo'>Artículo 9. Traslados.</p>
<p class='parrafo'>1. Se entiende por traslado el cambio definitivo del lugar en la prestación de un servicio que lleve consigo un cambio de domicilio.</p>
<p class='parrafo'>Los traslados de personal que impliquen cambio de domicilio familiar para el afectado podrán efectuarse:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Por solicitud del interesado, formulada por escrito.</p>
<p class='parrafo'>b) Por acuerdo entre la empresa y el trabajador.</p>
<p class='parrafo'>c) Por decisión de la Dirección de la empresa en el caso de necesidades del servicio.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Cuando el traslado se efectúe a solicitud del interesado, previa aceptación de la Dirección de la empresa, éste carecerá de derecho a indemnización por los gastos que origine el cambio.</p>
<p class='parrafo'>3. Cuando el traslado se realice por mutuo acuerdo entre la Dirección de la empresa y el trabajador se estará a las condiciones pactadas por escrito entre ambas partes.</p>
<p class='parrafo'>4. En el resto de los traslados se estará a lo dispuesto en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores.</p>
<p class='parrafo'>5. Realizado el traslado, el trabajador tendrá garantizados todos los derechos que tuviese adquiridos, así como cualesquiera otros que en el futuro puedan establecerse.</p>
<p class='parrafo'>6. En concepto de compensación de gastos el trabajador percibirá exclusivamente, previa justificación, el importe de los siguientes gastos: los de locomoción del interesado y familiares que con él convivan o de él dependan y los de transportes de mobiliario, ropa, y enseres.</p>
<p class='articulo'>Artículo 10. Cese voluntario.</p>
<p class='parrafo'>El trabajador con contrato superior a un año que se proponga cesar voluntariamente en la empresa, habrá de comunicarlo a la Dirección de la misma, con una antelación de 15 días, a excepción de los trabajadores adscritos a los Grupos profesionales I, II y III, que habrán de preavisar al menos con 20 días de antelación a la fecha en que haya de dejar de prestar sus servicios. Dicha comunicación deberá realizarse por escrito y con acuse de recibo.</p>
<p class='parrafo'>El incumplimiento por parte del trabajador de este preaviso, dará derecho a la Dirección de la empresa a descontar de la liquidación el importe del salario de un día por cada uno de retraso en el preaviso fijado.</p>
<p class='articulo'>Artículo 11. Estructura salarial.</p>
<p class='parrafo'>1. Las retribuciones de los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio, estarán distribuidas en su caso entre el salario base de Grupo y el complemento personal y las mejoras voluntarias que correspondan.</p>
<p class='parrafo'>2. Tales conceptos conforman la estructura salarial ordinaria.</p>
<p class='articulo'>Artículo 12. Salario base de grupo.</p>
<p class='parrafo'>1. Se entiende por salario base de grupo el correspondiente al trabajador en función de su pertenencia a uno de los Grupos profesionales descritos en el presente Convenio colectivo.</p>
<p class='parrafo'>2. El salario base remunera la jornada anual de trabajo efectivo pactada en este Convenio colectivo y los períodos de descanso legalmente establecidos.</p>
<p class='articulo'>Artículo 13. Complementos salariales.</p>
<p class='parrafo'>1. Son complementos salariales las cantidades que, en su caso, deban adicionarse al salario base de Grupo por cualquier concepto distinto al de la jornada anual del trabajador y su adscripción a un Grupo profesional.</p>
<p class='parrafo'>2. Los complementos salariales se ajustarán, principalmente, a alguna de las siguientes modalidades:</p>
<p class='parrafo_2'>A) Personales. En la medida en que deriven de las condiciones personales del trabajador. No será compensable y absorbible salvo lo que corresponda a mejora voluntaria.</p>
<p class='parrafo'>B) De puesto de trabajo. Integrados por las cantidades que deba percibir el trabajador, en su caso, por razón de las características del puesto de trabajo o de la forma de realizar su actividad.</p>
<p class='parrafo'>C) Por calidad o cantidad de trabajo. Consistente en las cantidades que percibe el trabajador, en su caso, por razón de una mejor calidad o mayor cantidad de trabajo, o bien en base a la situación y resultados de la empresa o un área de la misma.</p>
<p class='articulo'>Artículo 14. Complementos de puesto de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>1. Son los complementos que percibe el trabajador fundamentalmente en razón de las características del puesto de trabajo en el que desarrolla efectivamente su servicio. Estos complementos son de índole funcional y su percepción depende, principalmente, de la efectiva prestación de trabajo en el puesto asignado, por lo que no tendrán carácter consolidable.</p>
<p class='parrafo'>2. Las horas de trabajo realizadas en horario nocturno, se retribuirán con un incremento del 20 por 100 sobre el valor de la hora ordinaria de trabajo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 15. Salario base.</p>
<p class='parrafo'>1. El salario base en cómputo anual que será distribuido en doce pagas mensuales a partir de la entrada en vigor del convenio, será el siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>Grupo I: 17.762.62.</p>
<p class='parrafo'>Grupo II: 17.407,2.</p>
<p class='parrafo'>Grupo III: 17.072.58.</p>
<p class='parrafo'>Grupo IV: 14.369.65.</p>
<p class='parrafo'>Grupo V: 13.951,11.</p>
<p class='parrafo'>Grupo VI: 10.500.</p>
<p class='parrafo_2'>2. El salario base anual aquí establecido se refiere a la ejecución de la jornada de trabajo pactada en el artículo 18 del presente Convenio colectivo. Siendo de aplicación, tanto a los trabajadores que actualmente prestan servicio, como a los trabajadores que ingresen o reingresen en la Empresa.</p>
<p class='articulo'>Artículo 16. Incrementos anuales.</p>
<p class='parrafo'>Se establece un incremento anual de las tablas del salario base de la siguiente manera:</p>
<p class='parrafo_2'>– Año 2013: no habrá incremento alguno.</p>
<p class='parrafo'>– Año 2014: no habrá incremento alguno.</p>
<p class='parrafo'>– Años 2015, 2016 y 2017: se establecerá un incremento siempre que Alain Afflelou España, S.A.U., obtenga un incremento en las ventas netas tomando como referencia las ventas netas del año 2011 en los porcentajes que a continuación se detallan:</p>
<p class='parrafo_2'>ᵒ Si el incremento en las ventas va del 3,1 al 7 por ciento: se establecerá un incremento de las tablas salariales de 0,5 %.</p>
<p class='parrafo'>ᵒ Si el incremento en las ventas va del 7,1 al 10 por ciento: se establecerá un incremento de las tablas salariales en un 0,75 %.</p>
<p class='parrafo'>ᵒ Si el incremento en las ventas es superior al 10 por ciento: se establecerá un incremento de las tablas salariales en un 1,5 %.</p>
<p class='articulo'>Artículo 17. Del salario variable: Los incentivos.</p>
<p class='parrafo'>1. Incentivos personal de tienda.</p>
<p class='parrafo_2'>El personal de las empresas sujetas al presente Convenio Colectivo podrá devengar en cada uno de los años de su vigencia un salario variable denominado «incentivos».</p>
<p class='parrafo'>Para el devengo de los incentivos se atenderá exclusivamente a los resultados de ventas de cada tienda en concreto, no del total de la empresa, sino de las ventas de cada de una de las tiendas individualmente consideradas.</p>
<p class='parrafo'>Durante la vigencia del presente Convenio, para determinar si ha habido o no incremento en la cifra de ventas y, por tanto, si el personal adscrito a la tienda en concreto tiene derecho al incentivo, se comparará la cifra de ventas del año fiscal correspondiente con la que se obtuvo en el período comprendido entre agosto de 2010 y julio de 2011.</p>
<p class='parrafo'>Los incentivos, en su caso, se abonarán sin excepción, a año vencido y en un único pago en el mes de octubre.</p>
<p class='parrafo'>El importe de los incentivos se establecerá de la siguiente manera:</p>
<p class='parrafo_2'>– Si el incremento en ventas netas sobre el año 2010-2011 es superior al 1 % e inferior al 5 % será del 0,5 por 100 sobre el salario bruto anual.</p>
<p class='parrafo'>– Si el incremento en ventas netas sobre el año 2010-2011 es superior al 5,1 % e inferior al 10 % será del 1 % sobre el salario bruto anual</p>
<p class='parrafo'>– Si el incremento en ventas netas sobre el año 2010-2011 es superior al 10,1 % será el 1,5 % del salario bruto anual.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Incentivos sede.</p>
<p class='parrafo_2'>El personal que presta servicios en la sede central tendrá derecho a percibir un salario variable también denominado Incentivos.</p>
<p class='parrafo'>El importe de dicho salario variable podrá llegar hasta un máximo de un 8 % del salario bruto anual del trabajador para el caso de los mandos, y de hasta un 3 % en el caso del resto de los trabajadores.</p>
<p class='parrafo_2'>• Un 10 % del importe máximo de los incentivos se percibirá siempre que se supere en un 5 % el de EBIDTDA del ejercicio fiscal anterior.</p>
<p class='parrafo'>• Otro 10 % del importe máximo de los incentivos se percibirá siempre que la cifra de ventas de la Compañía mejore, al menos en un 5 %, el importe de la cifra de ventas del ejercicio 2010-2011.</p>
<p class='parrafo'>• El 80 % del importe máximo de los incentivos, se percibirá, siempre que el trabajador supere los objetivos individuales que para ese año le fije su responsable directo.</p>
<p class='parrafo_2'>Los incentivos, en su caso, se abonarán, sin excepción, a año vencido y en un único pago en el mes de octubre.</p>
<p class='articulo'>Artículo 18. Jornada de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>La jornada máxima laboral anual será de 1.770 horas de trabajo efectivo, distribuyéndose la misma conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.</p>
<p class='articulo'>Artículo 19. Distribución de la jornada.</p>
<p class='parrafo'>1. Al inicio de cada año natural o en su defecto durante el primer trimestre del año, las empresas facilitarán a los representantes legales de los trabajadores, si los hubiera, los cuadros horarios laborales generales y, en caso de cambio sobre el año anterior, la adscripción de los trabajadores a los cuadros horarios, a fin de que, con periodicidad anual, los trabajadores conozcan el momento en que deben prestar el trabajo.</p>
<p class='parrafo'>La distribución de la jornada podrá tener en cuenta la mayor intensidad en la actividad comercial en determinados días de la semana y momentos del año. En las contrataciones que se realicen a lo largo del año, deberá constar el horario en el que el trabajador prestará sus servicios. En aquellas Comunidades Autónomas donde el calendario de festivos de apertura comercial autorizada se retrase más allá de la primera quincena del mes de marzo, la empresa cumplirán el presente compromiso en el plazo de quince días desde el siguiente a la publicación del calendario en el periódico oficial.</p>
<p class='parrafo'>2. Si las empresas, en la planificación anual, introducen cambios en los cuadros horarios, las modificaciones en los turnos horarios en el calendario anual no podrán suponer variaciones en la jornada diaria ordinaria superiores a una hora sobre la que regularmente venga efectuando cada trabajador con respecto a la del año anterior y sin que esta facultad pueda ser utilizada para transformar una jornada de mañana en una de tarde o viceversa, o de continuada a partida.</p>
<p class='parrafo'>Cualquier variación que exceda de lo previsto en el párrafo anterior deberá sujetarse a lo dispuesto en la normativa laboral general vigente en cada momento.</p>
<p class='parrafo'>3. La distribución y ejecución de la jornada anual, salvo pacto en contrario o lo previsto en el final del párrafo segundo del apartado primero de este artículo, tendrá lugar dentro del año natural.</p>
<p class='parrafo'>4. La verificación y control de la ejecución de la jornada se efectuará, con carácter individual y anualmente.</p>
<p class='parrafo'>5. Los tiempos de exceso que se produzcan sobre el cuadro horario regulado en el apartado 1 de este artículo, son de prestación voluntaria salvo causa legal y, en consecuencia, tienen una de las notas características de las horas extraordinarias, la voluntariedad, pero sin que puedan calificarse como tales, siempre que se compensen debidamente con descansos conforme a lo previsto en el apartado siguiente del presente artículo.</p>
<p class='parrafo'>A fin de facilitar la actualización de tales descansos compensatorios, e independientemente de la verificación y liquidación anual, con carácter cuatrimestral, las empresas procederán a la liquidación de los tiempos de exceso que se hayan podido producir sobre el horario mediante su compensación con igual tiempo de descanso, salvo acuerdo para su acumulación y disfrute en días completos.</p>
<p class='parrafo'>6. La interrupción en jornadas partidas en las tiendas, salvo pacto entre las partes, será al menos de dos horas, y, en todo caso, como máximo de cuatro horas.</p>
<p class='parrafo'>7. Los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpido. De conformidad con el artículo 6 del Real Decreto 1561/1995 el descanso del medio día semanal podrá acumularse en períodos de hasta cuatro semanas o separarse del día completo para su disfrute en otro día de la semana, y el día completo de descanso semanal podrá acumularse dentro de un ciclo no superior a catorce días.</p>
<p class='parrafo'>En todo caso, a lo más tardar, la planificación anual de jornada, se efectuará de manera que el descanso semanal no se solape con el descanso entre jornadas, computándose ambos de conformidad con la doctrina establecida por el Tribunal Supremo que, calculado sobre la base de un descanso entre jornadas de doce horas, resulta de la siguiente manera en los casos que se indican:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Si se trata de un día completo, o de dos medios días acumulados, entre el final de la jornada y el principio de la siguiente deberá mediar un mínimo de 36 horas.</p>
<p class='parrafo'>b) Si se trata de un día y medio, entre el final de la jornada y el principio de la siguiente deberá mediar un mínimo de 48 horas.</p>
<p class='parrafo'>c) Si se trata de un día completo y dos medios días acumulados, entre el final de la jornada y el principio de la siguiente deberá mediar un mínimo de 60 horas.</p>
<p class='parrafo_2'>A título orientativo, se recogen los siguientes sistemas de disfrute del descanso semanal que podrían utilizarse bien en exclusiva o entremezclados entre sí, o con cualquier otro que cumpla lo previsto en los párrafos anteriores para trabajadores que prestan habitualmente su trabajo durante seis días a la semana:</p>
<p class='parrafo_2'>• En el régimen de trabajo a turnos de mañana, tarde, o de mañana y tarde; el medio día de descanso podrá separarse para acumularse cada dos, tres o cuatro semanas; unirse o separarse del día completo para su disfrute en otro día de la semana o en otro momento dentro de un ciclo no superior a las cuatro semanas. En este caso el sistema deberá garantizar, además del descanso de un día completo a la semana, el descanso de otro día completo por acumulación de medios días en períodos de cuatro semanas, y el respeto, en el establecimiento de los cuadros horarios, del descanso entre jornadas de conformidad con la legislación vigente al respecto.</p>
<p class='parrafo_2'>En aquellos centros de trabajo que tengan establecido un sistema distinto de disfrute del descanso semanal en el que se haya tenido en cuenta tanto el descanso semanal como el respeto al descanso entre jornadas de conformidad con la interpretación dada por pronunciamiento judicial, lo podrán mantener en sus propios términos.</p>
<p class='parrafo'>La distribución de la jornada y el descanso se efectuará de tal modo que cada trabajador podrá disfrutar de cinco fines de semana al año que comprendan el sábado y el domingo, sin que computen como tales los correspondientes a vacaciones y distribuyendo el resto de días de descanso de lunes a domingo</p>
<p class='parrafo'>8. La jornada laboral en los puntos de venta o unidades productivas ubicados en centros comerciales o en zonas de especial interés turístico, de gran afluencia y/o paso de personas, se entiende con carácter general de lunes a domingo ambos inclusive. En estos casos se podrá establecer un periodo vacacional preferente fuera de los períodos de alta actividad.</p>
<p class='parrafo'>9. Por la prestación de servicios en domingos o festivos, los trabajadores serán compensados hasta el sexto con una compensación única de 93 euros prorrateados en los meses del año natural. Del séptimo al treceavo recibirá una compensación de 18 euros por domingo o festivo trabajado y del catorceavo en adelante la compensación será de 20 euros por domingo o festivo trabajado con independencia de los días que exceda de catorce festivos o domingos trabajados. Cada trabajador sujeto a este sistema tendrá derecho a no trabajar más del 60 % de los domingos o festivos de apertura comercial autorizada anualmente.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, quedan excluidos de lo dispuesto en este apartado aquellos trabajadores expresamente contratados para prestar servicio sábado, domingos y festivos.</p>
<p class='articulo'>Artículo 20. Flexibilización.</p>
<p class='parrafo'>Sin perjuicio de lo expuesto, se tendrá la posibilidad de flexibilizar la jornada laboral con una bolsa o crédito máximo anual de 85 horas, que podrán utilizarse en los meses de mayo, junio, julio, agosto y diciembre de cada año. La flexibilización consistirá en la ampliación de la jornada diaria de 8 a 9 horas, estableciéndose para este supuesto una jornada máxima diaria de 9 horas. En todo caso, la jornada semanal no podrá exceder de 45 horas y con respeto absoluto al descanso semanal y diario regulado en este convenio. Estas 85 horas no tendrán el carácter de extraordinarias.</p>
<p class='parrafo'>La empresa comunicará documentalmente al trabajador/a la flexibilización de su jornada con una antelación mínima de siete días en el mes anterior en que esta se inicie. En dicho documento deberán constar los días del mes en los cuales se amplía la jornada, con el horario concreto y los días de descanso compensatorio que se pacten. Cuando, como consecuencia de la flexibilización, el trabajador/a sume a su favor 8 horas trabajadas con cargo a dicha flexibilización anual, disfrutará, en compensación, de una jornada de descanso, unida a su libranza semanal dentro del mes siguiente. La empresa y trabajador/a acordarán la fecha de su disfrute.</p>
<p class='parrafo'>En el supuesto de falta de acuerdo, el trabajador/a disfrutará de la jornada de descanso unida a su libranza semanal, bastando para ello el preaviso documental del trabajador/a con un mínimo de siete días de antelación a la fecha de su disfrute.</p>
<p class='parrafo'>En el caso de que a 31 de diciembre de cada año natural reste alguna hora por disfrutar, dichas horas se disfrutarán, en los términos establecidos anteriormente, uniéndolas a la libranza semanal antes del 31 de enero del año siguiente, o se abonarán en la nómina de dicho mes, pero con el valor de hora extraordinaria conforme a lo previsto en el artículo 21. Si la modificación coincidiese con un festivo, la compensación se efectuará en otro festivo, una vez acumuladas las horas necesarias.</p>
<p class='articulo'>Artículo 21. Ventas especiales y balances.</p>
<p class='parrafo'>1. En los días de preparación de ventas especiales de enero, diciembre y julio y de los Balances o Inventarios, la empresa podrá modificar el horario de trabajo y prolongar la jornada.</p>
<p class='parrafo'>2. La facultad prevista en el párrafo anterior podrá ser utilizada por los centros de trabajo de la empresa que tuvieran otro sistema diferente.</p>
<p class='parrafo'>3. Cuando el trabajo previsto en los apartados anteriores se produjera en tiempo extraordinario de prestación obligatoria, la compensación, que será de hora por hora ordinaria, deberá hacerse en retribución o en descanso equivalente a opción del trabajador.</p>
<p class='parrafo'>4. Cuando el trabajo previsto en este artículo se realice en domingo o festivo, fuera de la jornada ordinaria, se retribuirán las horas, que tendrán el carácter de horas extraordinarias de prestación obligatoria, con el recargo del 35 por 100 sobre el valor de la hora ordinaria o con descanso equivalente a opción del trabajador.</p>
<p class='parrafo'>5. Las trabajadoras en situación de embarazo estarán exentas de realizar una jornada superior a la normal contratada.</p>
<p class='parrafo'>6. Los trabajadores afectados por reducción de jornada por guarda legal estarán exentos de modificar por esta causa el horario de prestación de trabajo prestablecido salvo pacto en contrario.</p>
<p class='articulo'>Artículo 22. Vacaciones.</p>
<p class='parrafo'>Los trabajadores afectados por el presente Convenio disfrutarán de treinta y un días naturales de vacaciones retribuidas al año en las tiendas y veintidós días laborables en las oficinas centrales.</p>
<p class='articulo'>Artículo 23. Períodos de disfrute de las vacaciones.</p>
<p class='parrafo'>1. Los trabajadores disfrutarán entre los meses de junio a septiembre de, al menos, dos semanas ininterrumpidas de su período vacacional, salvo que ingresen en la empresa con posterioridad al 1 de septiembre, o su parte proporcional.</p>
<p class='parrafo'>La empresa podrá excluir de los turnos de vacaciones aquellas fechas que coincidan con las de mayor actividad productiva.</p>
<p class='parrafo'>2. Fuera del anterior período, y en la medida que la organización del trabajo lo permita, los trabajadores tendrán opción para fijar la fecha de disfrute de su vacación anual.</p>
<p class='parrafo'>3. Exclusivamente a aquellos trabajadores que, prestando servicios en puntos de venta y por necesidad del servicio u organización del trabajo no pueda autorizarles sus vacaciones en el periodo preferente indicado de junio a septiembre, tendrán derecho a una compensación denominada bolsa de vacaciones conforme a las siguientes reglas:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Si el trabajador tuviese que disfrutar la totalidad de las dos semanas de vacaciones fuera del periodo preferente de junio a septiembre, percibirá en compensación un importe total bruto de 233 euros en concepto de bolsa de vacaciones. Si los días que debe disfrutar fuera del periodo preferente fuera inferior a esas dos semanas, percibirá la parte proporcional correspondiente de los 233 euros totales que conforman la bolsa de vacaciones.</p>
<p class='parrafo'>b) No obstante lo anterior, el trabajador que lo desee, podrá optar por sustituir la compensación económica de la bolsa de vacaciones, por disfrutar de medio día de vacaciones adicional por cada día de vacaciones no disfrutado en el período preferente de junio a septiembre.</p>
<p class='parrafo'>c) En ningún caso tendrán derecho a percibir compensación alguna, por ningún concepto, aquellos trabajadores que voluntariamente fijen su periodo de vacaciones fuera del período preferente de junio a septiembre.</p>
<p class='parrafo'>d) No será de aplicación lo dispuesto en este precepto a los trabajadores contratados para la sustitución de otros durante el periodo vacacional preferente de junio a septiembre, ni aquellos contratados para reforzar la estructura de personal por el incremento de actividad durante ese periodo, con independencia de la modalidad contractual de duración determinada por la que se rija su relación laboral.</p>
<p class='parrafo_2'>4. Como principio y preferencia única para el derecho de opción de los trabajadores a un determinado turno de vacaciones, se establece que quien optó y tuvo preferencia sobre otro trabajador en la elección de un determinado turno, pierde esa primacía de opción hasta tanto no la ejercite el resto de sus compañeros en una unidad de trabajo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 24. Licencias.</p>
<p class='parrafo'>• Retribuidas.</p>
<p class='parrafo_2'>1. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a percibir el salario base de Grupo y los complementos personales por los motivos y el tiempo siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>A. Por el tiempo preciso, y con justificación del mismo con el correspondiente visado del facultativo, cuando, por razón de enfermedad el trabajador precise asistencia a consultorio médico en horas coincidentes con su jornada laboral.</p>
<p class='parrafo'>Se entenderá por facultativo aquel que, hallándose habilitado al efecto, preste sus servicios tanto en la medicina pública como en la privada.</p>
<p class='parrafo'>En este supuesto, el trabajador estará obligado a justificar debidamente la empresa su ausencia mediante el justificante expedido por el facultativo o centro médico al que haya asistido en el que conste las horas de permanencia en el mismo.</p>
<p class='parrafo'>Esta justificación habrá de realizarse en el plazo máximo de 48 horas desde el momento en que se ausentó de su puesto de trabajo, salvo que, por su estado de salud esté impedido para hacer dicha justificación en el plazo indicado, en cuyo caso, habrá de hacerlo tan pronto como se encuentre habilitado para ello.</p>
<p class='parrafo'>B. Quince días naturales en caso de matrimonio.</p>
<p class='parrafo'>C. Dos días por el accidente grave u hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad no contemplados en el apartado siguiente. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.</p>
<p class='parrafo'>D. Tres días en los casos de nacimiento de hijo, enfermedad grave diagnosticada por facultativo, o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando por tal motivo, y siempre que se justifique debida y suficientemente, el trabajador necesite hacer un desplazamiento fuera de la comunidad autónoma en la que resida se verá ampliado en un día y, en todo caso si a tales efectos tuviera que realizar un desplazamiento superior a 300 kilómetros el período será de cinco días.</p>
<p class='parrafo'>E. Un día por traslado del domicilio habitual debidamente justificado.</p>
<p class='parrafo'>F. Un día por matrimonio de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.</p>
<p class='parrafo'>G. Las horas precisas para asegurar la concurrencia a exámenes finales de los trabajadores, cuando estos cursen estudios de carácter oficial. En tales casos, deberán aportar la justificación administrativa que avale su solicitud.</p>
<p class='parrafo'>H. Hasta un máximo de seis horas anuales, con justificación de la urgencia y acreditación del tiempo empleado, con el correspondiente visado facultativo, para acompañar a hijos menores de 15 años a urgencia médica no previsible en horas coincidentes con el horario de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>I. Un día al año por asistencia a firmas de documentos notariales necesarios para la adquisición de vivienda, siempre que el trabajador deba hacerlo personalmente y coincida con su horario de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>J. El tiempo imprescindible de la jornada en que deba realizar el examen teórico del permiso de conducir o el examen práctico de conducir. Este permiso sólo será válido para la adquisición del primer permiso de conducir y sólo podrá emplearse para una convocatoria de cada uno de los exámenes. En tal sentido el trabajador deberá preavisar con una antelación mínima de 5 días hábiles la fecha del examen.</p>
<p class='parrafo'>Anualmente los trabajadores podrán disfrutar de un máximo de dos días de licencia retribuida a sumar a cada uno de los supuestos C y D.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Si, en los supuestos relacionados con hospitalización de familiares debido a enfermedad o accidentes graves, se establecieran turnos de estancia en el hospital a fin de atender al paciente, el trabajador podrá disfrutar de su licencia por este concepto en días completos iniciándola en fecha posterior a la del hecho causante, siempre y cuando lo solicite en los términos a continuación establecidos y la consuma mientras perdure el mismo período de hospitalización.</p>
<p class='parrafo'>En estos supuestos el trabajador tendrá derecho al mismo número de días laborables de licencia que hubiera disfrutado en el caso del normal inicio de la misma. Para eso se realizará el cálculo de días laborables que habría supuesto la licencia de comenzar su disfrute el día en que se produjo el hecho causante. El trabajador deberá comunicar y acreditar a la empresa la concurrencia del hecho causante, su intención de disfrutar la licencia en fecha posterior y señalar los días laborables que le correspondan, según el cálculo anterior, en los que disfrutará la licencia. Al término del disfrute deberá acreditar que durante los días efectivamente disfrutados como licencia concurría la situación que dio lugar al permiso.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, podrán los trabajadores acogerse al inicio de su licencia de hospitalización o enfermedad grave con posterioridad al hecho causante en días completos y tras la hospitalización cuando concurran acumulativamente los siguientes requisitos:</p>
<p class='parrafo_2'>1. Que la estancia hospitalaria fuera inferior a 48 horas.</p>
<p class='parrafo'>2. Que tras la estancia hospitalaria y en el momento en que se pretenda disfrutar la licencia el familiar afectado por enfermedad o accidente grave deba continuar su recuperación en su propio domicilio no pudiendo valerse por sí mismo.</p>
<p class='parrafo'>3. Que resida en su propio domicilio sin recibir asistencia de ningún tipo ajena a su familia.</p>
<p class='parrafo'>4. Que la fecha de disfrute de la licencia no se señale en una fecha acumulada a día festivo, puente ni vacaciones.</p>
<p class='parrafo'>5. Que la fecha de disfrute de la licencia no se fije más allá de los 15 días naturales siguientes al hecho causante.</p>
<p class='parrafo_2'>3. A los efectos de licencias, salvo la prevista en el apartado B de este artículo, tendrán los mismos derechos las parejas de hecho siempre que las mismas estén debidamente inscritas en el correspondiente registro oficial y el trabajador aporte la certificación acreditativa de la misma.</p>
<p class='parrafo'>• No retribuidas.</p>
<p class='parrafo_2'>Los trabajadores bajo la aplicación del presente convenio, podrán disfrutar de un período de permiso sin retribución de 20 días al año, no acumulables a períodos de vacaciones, cualesquiera suspensiones del contrato de trabajo, a momentos de alta actividad o campañas comerciales de navidad o verano, inventarios o cualquier otra causa organizativa que impida su concesión. Este permiso no podrá iniciarse al finalizar cualquier otro permiso con independencia de su naturaleza. Será concedido por la empresa siempre y cuando su motivación este suficientemente justificada y se deberá solicitar siempre por escrito, con al menos 10 días hábiles de antelación a la pretendida fecha de disfrute, con indicación del motivo y acreditación del mismo. La empresa deberá pronunciarse sobre la concesión o no del permiso, por escrito y dentro del plazo de los 4 días hábiles siguientes a la solicitud.</p>
<p class='articulo'>Artículo 25. Excedencias.</p>
<p class='parrafo'>1. Podrán solicitar la excedencia voluntaria todos los trabajadores y trabajadoras siempre que lleven, por lo menos, un año de servicio.</p>
<p class='parrafo'>2. La excedencia voluntaria se concederá por un plazo no inferior a cuatro meses ni superior a cinco años.</p>
<p class='parrafo'>3. Este derecho solo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador/a si transcurriesen cuatro años desde el final de la anterior excedencia; a ningún efecto se computará el tiempo que los trabajadores/as permaneciesen en esta situación.</p>
<p class='parrafo'>4. Al término de la situación de excedencia el personal tendrá derecho preferente al reingreso en la primera vacante que se produzca en la empresa de su mismo grupo profesional, si no hubiese trabajadores/as en situación de excedencia forzosa.</p>
<p class='parrafo'>5. Se perderá el derecho de reingreso en la empresa si no es solicitado por el/a interesado/a con una antelación de treinta días a la fecha de finalización del plazo que le fue concedido.</p>
<p class='articulo'>Artículo 26. Protección de la vida familiar.</p>
<p class='parrafo'>I. Riesgo durante el embarazo. En el supuesto de riesgo para el embarazo, en los términos previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado. Durante este supuesto los trabajadores percibirán un complemento sobre la prestación de la Seguridad Social hasta alcanzar el 100 % del salario.</p>
<p class='parrafo'>II. Maternidad. Las trabajadoras en baja por maternidad podrán unir las vacaciones al período de baja por maternidad.</p>
<p class='parrafo'>III. Suspensión del contrato por maternidad o adopción. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida.</p>
<p class='parrafo'>En el supuesto de adopción y acogimiento, tanto pre-adoptivo como permanente, la suspensión del trabajo tendrá una duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida.</p>
<p class='parrafo'>Estos beneficios podrán ser disfrutados por el padre o la madre en la forma prevista en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores.</p>
<p class='parrafo'>IV. Nacimientos prematuros. En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre, tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora durante el tiempo que dure esta hospitalización. No obstante ante esta situación uno de los progenitores en el caso de que ambos trabajasen, podrá solicitar el disfrute de la lactancia acumulada y/o solicitar el disfrute de las vacaciones que pudieran corresponderle.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, durante dicho período, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de tres horas (o su parte proporcional en caso de contrato a tiempo parcial) dentro de su jornada ordinaria, con la disminución equivalente del salario hasta el alta hospitalaria. Igualmente, tanto el padre como la madre podrán acogerse a lo previsto en el artículo 48.4 del Estatuto de los trabajadores para estos supuestos.</p>
<p class='parrafo'>V. Lactancia. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento para la lactancia del menor hasta que éste cumpla nueve meses, los trabajadores tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples. En el caso de partos múltiples podrán disfrutar del derecho contenido en el párrafo anterior por cada uno de los hijos.</p>
<p class='parrafo'>Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora, con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas equivalentes a 14 días naturales.</p>
<p class='parrafo'>En cuanto a las situaciones de parto múltiple se estará a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores y normas complementarias.</p>
<p class='parrafo'>Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen.</p>
<p class='parrafo'>VI. Guarda legal. De conformidad con lo establecido en el artículo 37.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y de la Ley 39/1999, de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o un discapacitado físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción diaria de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.</p>
<p class='parrafo'>Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad grave no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.</p>
<p class='parrafo'>La concreción de la reducción de la jornada se realizará preferentemente de lunes a domingos de apertura, salvo pacto en contrario entre el empresario y el trabajador la reducción habrá de hacerse repartida entre todos los días de prestación de servicios reduciendo los mismos de forma igual y evitando en todo caso reducir días enteros de jornada. La reducción de jornada se realizará dentro de los turnos de trabajo de mañana y tarde que se vengan realizando no pudiendo salvo pacto en contra entre trabajador y empresario modificar el régimen de turnos de primero.</p>
<p class='parrafo'>VII. Asistencia a consultas médicas de hijo menor de 15 años. En los supuestos en que se precise acompañar a un hijo menor de 15 años a consulta médica durante el horario de trabajo y la consulta es programada y se acreditase que no hubiese posibilidad de concertarla fuera del horario de trabajo, se concederá a cuenta de la jornada anual, o se solicitará el cambio de turno o de momento de la prestación del trabajo, que, de ser posible, será concedido.</p>
<p class='parrafo'>VIII. Licencia no retribuida para atención de menor. Los trabajadores con hijos menores de ocho años podrán solicitar una licencia no retribuida de tres meses para su atención y cuidado.</p>
<p class='parrafo'>Los trabajadores con hijos menores de ocho años podrán disponer de una licencia no retribuida por el tiempo necesario para su cuidado mientras esté hospitalizado. En el caso de que ambos cónyuges fueran trabajadores de la empresa la licencia podrá ser disfrutada por uno solo de ellos.</p>
<p class='articulo'>Artículo 27. Trabajos de la mujer embarazada.</p>
<p class='parrafo'>1. Dentro de las posibilidades de la organización del trabajo, la empresa facilitará a las trabajadoras en cuestión, un puesto de trabajo idóneo a su estado.</p>
<p class='parrafo'>2. En el supuesto de riesgo para el embarazo se estará a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 26 del presente convenio colectivo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 28. Excedencia por motivos familiares.</p>
<p class='parrafo'>I. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia no superior a cuatro años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.</p>
<p class='parrafo'>II. También tendrán derecho a un período de excedencia no superior a tres años los trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida, previa justificación de esta situación.</p>
<p class='parrafo'>III. Si dos o más trabajadores de la empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la misma.</p>
<p class='parrafo'>IV. Cuando un nuevo sujeto causante diese derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.</p>
<p class='parrafo'>El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo dentro del mismo grupo profesional. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 29. Dietas.</p>
<p class='parrafo'>1. Los trabajadores que, no teniendo incluido en su contenido funcional la obligación de desplazarse a localidades distintas de aquellas en que radica su centro de trabajo, y por necesidad de la empresa tengan que ejecutar viajes o desplazamientos a poblaciones distintas de aquella, tendrán derecho a una dieta que se fija en 36 euros, o a una media dieta de 17 euros.</p>
<p class='parrafo'>2. La dieta y media dieta están destinadas a satisfacer los gastos originados por el trabajador desplazado que no sean los derivados del alojamiento y traslado.</p>
<p class='parrafo'>3. Lo dispuesto en este artículo del Convenio colectivo no será de aplicación a aquellas empresas que tengan establecidos otros sistemas distintos de dieta.</p>
<p class='articulo'>Artículo 30. Prendas de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>1. A los trabajadores a los que proceda, comprendidos en el presente Convenio, se les proveerán sus prendas de trabajo o compensará económicamente el coste de las mismas por parte de la empresa, con un límite anual de 120 euros.</p>
<p class='parrafo'>2. La provisión de tales prendas se ha de hacer al comenzar la relación laboral entre la empresa y los trabajadores en número de dos prendas, que se repondrán en anualidades sucesivas, de manera conveniente, o al menos en la mitad de las mismas, salvo en funciones mercantiles efectuadas de cara al público, en las que la reposición anual se realizará en número de dos uniformes, todo ello en función de la exigible buena presencia del trabajador destinado a estos cometidos.</p>
<p class='parrafo'>3. Los trabajadores con contrato inferior a seis meses se les proveerá o compensara con equivalencia de una uniformidad, en los casos de trabajadoras embarazadas se facilitará uniformidad adecuada a su estado o se las compensará con el importe de la uniformidad.</p>
<p class='articulo'>Artículo 31. Beneficio voluntario en compras.</p>
<p class='parrafo'>La empresa mantendrá en el momento de la firma del presente convenio colectivo el sistema establecido de descuento a sus empleados para la adquisición de productos propios.</p>
<p class='articulo'>Artículo 32. Incapacidad temporal.</p>
<p class='parrafo'>1. Durante el primer período de incapacidad temporal que tengan los trabajadores en el año natural percibirán un complemento hasta alcanzar el 100 por 100 de su salario bruto.</p>
<p class='parrafo'>2. Por tanto, a partir de la segunda incapacidad temporal no percibirán retribución ni complemento alguno durante los tres primeros días, con independencia del número de días que alcancen los períodos de enfermedad o el número de procesos que se produzcan a excepción de accidente laboral y hospitalización grave.</p>
<p class='articulo'>Artículo 33. Principios generales de defensa de la igualdad laboral.</p>
<p class='parrafo'>1. Las partes firmantes de este Convenio declaran su voluntad de respetar el principio de igualdad de trato en el trabajo a todos los efectos, no admitiéndose discriminaciones por razón de sexo, estado civil, edad, raza o etnia, religión o convicciones, discapacidad, orientación sexual, ideas políticas, afiliación o no a un sindicato, etc.</p>
<p class='parrafo'>2. Se pondrá especial atención en cuanto al cumplimiento de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, promoción profesional, la formación, estabilidad en el empleo, y la igualdad salarial en trabajos de igual valor.</p>
<p class='articulo'>Artículo 34. Principios rectores del entorno de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad física y moral, son derechos fundamentales de la persona contemplados en la Constitución española, además de los derechos contenidos en el Estatuto de los Trabajadores de respeto a la intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.</p>
<p class='parrafo'>2. Asimismo, la Comisión Europea ha establecido medidas para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores. Así, distintas Directivas aprobadas por el Consejo, desarrollan disposiciones básicas sobre la salud y seguridad y hace responsables a los empresarios de velar para que los trabajadores no enfermen en el trabajo, incluso a causa de acoso moral o sexual.</p>
<p class='parrafo'>3. Un entorno laboral libre de conductas indeseadas, de comportamientos hostiles y opresores, es responsabilidad de la empresa. Por ello, la empresa, junto con los representantes de los trabajadores, deben trabajar en implantar políticas, con distribución de normas y valores claros en todos los niveles de la organización, que garanticen y mantengan entornos laborales libres de acoso, donde se respete la dignidad del trabajador y se facilite el desarrollo de las personas.</p>
<p class='parrafo'>4. Por todo ello, los firmantes del Convenio manifiestan su compromiso por mantener entornos laborales positivos, prevenir comportamientos de acoso y, perseguir y solucionar aquellos casos que se produzcan en el ámbito laboral, sancionándose como faltas muy graves, en su grado máximo, si esta conducta es llevada a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica.</p>
<p class='articulo'>Artículo 35. Medidas preventivas del acoso.</p>
<p class='parrafo'>1. Todos los trabajadores tienen derecho a un entorno libre de conductas y comportamientos hostiles o intimidatorios hacia su persona que garantice su dignidad y su integridad física y moral. Las personas con responsabilidad de mando tienen la obligación de garantizar las condiciones adecuadas de trabajo en su ámbito de responsabilidad.</p>
<p class='parrafo'>2. Las partes firmantes asegurarán que todos los trabajadores conozcan de la existencia del procedimiento de actuación, distribuyéndose entre los órganos de representación de cada centro.</p>
<p class='parrafo'>3. La empresa establecerá los mecanismos de detección de posibles riesgos psicosociales y, en su caso, procederán a la evaluación de los mismos y promoverán, adicionalmente, la detección precoz de situaciones de riesgo a través de la vigilancia de la salud.</p>
<p class='parrafo'>4. La empresa en el plazo de dos años desde la implementación del procedimiento incorporarán en las acciones formativas de todo el personal que ingrese en las mismas, información relativa a las materias que aborda este procedimiento.</p>
<p class='articulo'>Artículo 36. Definición del acoso moral y sexual.</p>
<p class='parrafo'>A los efectos del presente Convenio Colectivo y de la aplicación del protocolo de acoso en él regulado, se entiende por:</p>
<p class='parrafo_2'>Acoso moral. Se entiende por acoso moral toda conducta, práctica o comportamiento, realizada de modo sistemático o recurrente en el seno de una relación de trabajo, que suponga directa o indirectamente un menoscabo o atentado contra la dignidad del trabajador, al cual se intenta someter emocional y psicológicamente de forma violenta u hostil, y que persigue anular su capacidad, promoción profesional o su permanencia en el puesto de trabajo, afectando negativamente al entorno laboral.</p>
<p class='parrafo'>A título de ejemplo, entre las conductas que aisladamente o en combinación con otras, pasivas o activas, pudieran llegar a ser constitutivas de acoso moral.</p>
<p class='parrafo'>Acoso sexual. Se entiende por acoso sexual toda aquella conducta consistente en palabras, gestos, actitudes o actos concretos, desarrolladas en el ámbito laboral, que se dirija a otra persona con intención de conseguir una respuesta de naturaleza sexual no deseada por la víctima.</p>
<p class='parrafo'>El carácter laboral se presume al producirse en el ámbito de la organización de la empresa, así como cuando la conducta se pone en relación con las condiciones de empleo, formación o promoción en el trabajo.</p>
<p class='parrafo'>La acción ejercida por el acosador ha de ser indeseada y rechazada por quien la sufre. Ha de haber ausencia de reciprocidad por parte de quien recibe la acción.</p>
<p class='parrafo'>No es necesario que las acciones de acoso sexual en el trabajo se desarrollen durante un período prolongado de tiempo. Una sola acción, por su gravedad, puede ser constitutiva de acoso sexual.</p>
<p class='parrafo'>Estos comportamientos deterioran el entorno de trabajo y afectan negativamente a la calidad del empleo, condicionales laborales y desarrollo profesional de la víctima de acoso.</p>
<p class='articulo'>Artículo 37. Comisión Instructora de Tratamiento de Situaciones de Acoso.</p>
<p class='parrafo'>1. En el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor del presente convenio colectivo se creará la Comisión Instructora de Tratamiento de Situaciones de Acoso –CITSA–, como órgano encargado de la tramitación del proceso contemplado en el artículo siguiente.</p>
<p class='parrafo'>2. Dicha Comisión contará con una composición idéntica a la de la Comisión Mixta del Convenio a la que se sumará en todo caso un miembro del Servicio de Prevención de Riesgos.</p>
<p class='parrafo'>3. Su domicilio a efectos de notificaciones será aquel en que resida la comisión Mixta del Convenio.</p>
<p class='articulo'>Artículo 38. Procedimiento ante supuestos de acoso.</p>
<p class='parrafo'>1. El procedimiento fijado en el presente protocolo de actuación se desarrollará bajo los principios de rapidez y confidencialidad, garantizando y protegiendo la intimidad y la dignidad de las personas objeto de acoso. Asimismo, se garantizarán y respetarán los derechos de las personas implicadas en el procedimiento.</p>
<p class='parrafo'>2. El procedimiento se iniciará por medio de solicitud de intervención de la presunta víctima de acoso que presentará a la Comisión Instructora de Tratamiento de Situaciones de Acoso –CITSA– o así lo desea a los representantes de los trabajadores, quienes le podrán asistir en la tramitación de la solicitud de intervención.</p>
<p class='parrafo'>3. La solicitud de intervención se presentará por escrito mediante correo certificado dirigido a la Comisión Instructora de Tratamiento de Situaciones Acoso o por cualquier otro medio que pueda ser establecido por la Comisión, tales como correo electrónico, entrevista concertada, teléfono, etc., en el cual se inste la intervención de la Comisión. Posteriormente, ésta solicitará el relato de los distintos actos e incidentes, identificación de la/s persona/s que adoptan las conductas indeseadas y a los posibles testigos de dichas conductas y actos.</p>
<p class='parrafo'>4. En cualquier caso, los trabajadores podrán ser asistidos, en sus intervenciones ante la Comisión Instructora, por un representante de los trabajadores de su elección que no haya sido designado como miembro de dicha Comisión.</p>
<p class='parrafo'>5. Una vez que se haya notificado oficialmente la solicitud de intervención en materia de acoso, la Comisión de Instrucción iniciará la fase instructora o de apertura de expediente informativo, encaminada a la averiguación y constatación de los hechos denunciados, dándose audiencia a todos los intervinientes, testigos y cuantas personas considere la Comisión deban personarse, incluidos los representantes legales de los trabajadores del centro, practicando cuantas diligencias sean necesarias para el esclarecimiento y veracidad de los hechos denunciados.</p>
<p class='parrafo'>Este proceso se desarrollará bajo los principios de confidencialidad, rapidez, contradicción e igualdad.</p>
<p class='parrafo'>6. Durante la tramitación de los actos alegatorios, en la medida que lo permita la organización del trabajo, se facilitará el cambio de puesto de trabajo a la persona denunciante o denunciado.</p>
<p class='parrafo'>7. La Comisión tendrá un plazo máximo de treinta días para resolver motivadamente la solicitud de intervención. Este plazo se iniciará desde el momento en que la Comisión tenga conocimiento oficial de la solicitud. No obstante, si las circunstancias del caso así lo exigieran, a instancias del presunto acosado o del presunto acosador, y en todo caso, por acuerdo de la Comisión motivado, podrá prolongarse hasta 10 días el plazo de resolución para la realización de diligencias investigadoras adicionales.</p>
<p class='parrafo'>La fase instructora o informativa finalizará con el pronunciamiento de la Comisión mediante la elaboración de un informe que pondrá, en primer lugar, en conocimiento de la persona solicitante.</p>
<p class='parrafo'>8. Cuando el informe constate la existencia de acoso, se trasladará dicho informe al responsable del departamento de personal al objeto de que éste adopte las medidas correctoras oportunas, aplicando las sanciones legales correspondientes.</p>
<p class='parrafo'>9. Cuando el informe no constate situaciones de acoso, o no sea posible la verificación de los hechos, se archivará el expediente dando por finalizado el proceso. En la medida que lo permita la organización del trabajo, se estudiará la viabilidad de cambios de puesto de trabajo, facilitando el cambio de puesto de trabajo si el trabajador afectado lo solicita y así lo recomienda el servicio de prevención de riesgos laborales de la empresa</p>
<p class='parrafo'>10. Asimismo, si la Comisión Instructora considerase, tras la realización de las diligencias investigadoras pertinentes, que la denuncia de acoso era notoriamente falsa, temeraria, o con intención de perjudicar al presunto acosador, emitirá informe fundamentando sus conclusiones en este sentido. Dicho informe será trasladado a la Dirección de Recursos Humanos para la adopción, en su caso, de las medidas disciplinarias a que pudiera haber lugar, sin perjuicio del ejercicio de otras acciones que pudieran corresponder a la empresa.</p>
<p class='parrafo'>11. La empresa asegurará que los trabajadores que consideren que han sido objeto de acoso, los que planteen una queja en materia de acoso o los que presten asistencia en cualquier proceso, por ejemplo facilitando información o interviniendo en calidad de testigo, no sean objeto de intimidación, persecución o represalias.</p>
<p class='parrafo'>Cualquier acción en este sentido se considerará como un asunto susceptible de sanción disciplinaria, pudiendo, la Comisión Instructora, desde el momento en que tenga conocimiento de cualesquiera conductas antes descritas, iniciar una investigación de las mismas mediante idéntico procedimiento al establecido para la situación de acoso.</p>
<p class='parrafo'>Del informe de dicha investigación se dará traslado al Departamento de Recursos Humanos de la empresa para que adopte las medidas disciplinarias correspondientes, sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales que puedan corresponder. En estos casos, la Comisión, durante la investigación, podrá solicitar las medidas cautelares previstas en el artículo 49 de este Convenio.</p>
<p class='centro_cursiva'>Régimen disciplinario</p>
<p class='articulo'>Artículo 39.</p>
<p class='parrafo'>Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de la empresa de acuerdo con la graduación de las faltas y sanciones que se establecen en los artículos siguientes.</p>
<p class='articulo'>Artículo 40.</p>
<p class='parrafo'>Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, atendiendo a su importancia y trascendencia, en leve, grave o muy grave.</p>
<p class='articulo'>Artículo 41. Faltas leves.</p>
<p class='parrafo'>Se consideran faltas leves las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>1. La suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo cuando exceda de 15 minutos en un mes. Cuando el retraso antes indicado coincida con la apertura del centro de trabajo la falta se considerará grave.</p>
<p class='parrafo'>2. El abandono del trabajo sin causa justificada, aún cuando sea por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo, se originase algún perjuicio a la empresa, malestar de los clientes o fuese causa de accidente a sus compañeros de trabajo, esta falta podrá ser considerada como grave o muy grave, según los casos.</p>
<p class='parrafo'>3. Falta de aseo y limpieza personal.</p>
<p class='parrafo'>4. No atender al público con la corrección y diligencia debidas.</p>
<p class='articulo'>Artículo 42. Faltas graves.</p>
<p class='parrafo'>Se consideran como faltas graves las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>1. La suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, cuando exceda de treinta minutos en un mes.</p>
<p class='parrafo'>2. Ausencia al trabajo sin la debida autorización o causa justificada, de un día al mes.</p>
<p class='parrafo'>3. La desobediencia a las órdenes de los superiores en cualquier materia de trabajo. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivase perjuicio para la empresa, podrá ser considerada como falta muy grave.</p>
<p class='parrafo'>4. Realizar trabajos particulares o para terceros durante la jornada laboral.</p>
<p class='parrafo'>5. Facilitar la clave de acceso individual a otra persona, simular la identidad de otro utilizando su clave y la creación de copias de ficheros sin la autorización de la empresa.</p>
<p class='parrafo'>6. La reincidencia en falta leve, aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado comunicación escrita.</p>
<p class='parrafo'>7. El uso, sin autorización de la empresa, de aparatos de telefonía móvil o similar durante la jornada laboral.</p>
<p class='articulo'>Artículo 43. Faltas muy graves.</p>
<p class='parrafo'>Se consideran como faltas muy graves las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>1. La ausencia al trabajo sin la debida autorización o causa justificada de más de un día al mes.</p>
<p class='parrafo'>2. El fraude, aceptación de recompensas o favores de cualquier índole, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo tanto a la empresa como a los compañeros de trabajo o a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la misma o durante el trabajo en cualquier otro lugar. Hacer negociaciones de comercio o industria por cuenta propia o de otra persona, venderse o cobrarse a sí mismo, sin expresa autorización por escrito de la empresa.</p>
<p class='parrafo'>3. La simulación de enfermedad o accidente.</p>
<p class='parrafo'>4. Simular la presencia de otro trabajador, por cualquier medio de los usuales para verificar la presencia del trabajador en la empresa.</p>
<p class='parrafo'>5. Falta de respeto o consideración al público.</p>
<p class='parrafo'>6. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en primeras materias, útiles, herramientas, maquinarias, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la empresa.</p>
<p class='parrafo'>7. Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la empresa o revelar a elementos extraños a la misma, datos de reserva obligada.</p>
<p class='parrafo'>8. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, entendiéndose que concurre la nota de habitualidad cuando el trabajador haya sido apercibido o sancionado al menos una vez con anterioridad en el año anterior.</p>
<p class='parrafo'>9. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad, falta de respeto y consideración a los jefes o familiares, así como a los compañeros de trabajo y al público en general.</p>
<p class='parrafo'>10. El consumo de drogas o alcohol manifestado en jornada laboral y en su puesto de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>11. Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento normal de su trabajo siempre que no esté motivada por derecho alguno reconocido por las leyes.</p>
<p class='parrafo'>12. Transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.</p>
<p class='parrafo'>13. No respetar, conociendo las medidas o normas de seguridad, por negligencia, descuido o por voluntad propia, las medidas de protección derivadas del Plan de Prevención de Riesgos o impuestas por la empresa en evitación de los mismos.</p>
<p class='parrafo'>14. El incumplimiento o abandono de las normas y medidas establecidas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o las determinadas por el Convenio o por la empresa en desarrollo y aplicación de ésta, cuando del mismo pueda derivarse riesgo para la salud o la integridad física del trabajador o de otros trabajadores.</p>
<p class='parrafo'>15. Toda conducta, en el ámbito laboral, que atente gravemente al respeto a la intimidad y dignidad mediante la ofensa, verbal o física, de carácter sexual o acoso moral. Si la referida conducta es llevada a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica, supondrá una circunstancia agravante de aquélla.</p>
<p class='parrafo'>16. La transgresión de las normas de seguridad informática o el quebranto de la confidencialidad de los datos.</p>
<p class='parrafo'>17. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de los seis meses siguientes de haberse producido la primera.</p>
<p class='parrafo'>18. Utilizar los medios de comunicación de la empresa para usos distintos para los que esté habilitado, incluido el correo electrónico.</p>
<p class='articulo'>Artículo 44. Régimen de sanciones.</p>
<p class='parrafo'>1. Corresponde a la Dirección de la empresa la facultad de imponer sanciones en los términos de lo estipulado en el presente Convenio.</p>
<p class='parrafo'>2. La sanción de las faltas leves, graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, salvo la amonestación verbal.</p>
<p class='articulo'>Artículo 45. Sanciones máximas.</p>
<p class='parrafo'>Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta cometida, serán las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>1. Por faltas leves. Amonestación verbal. Amonestación por escrito. Suspensión de empleo y sueldo hasta tres días.</p>
<p class='parrafo'>2. Por faltas graves. Suspensión de empleo y sueldo de cuatro a veinte días.</p>
<p class='parrafo'>3. Por faltas muy graves. Desde la suspensión de empleo y sueldo de veintiún a sesenta días hasta el despido disciplinario.</p>
<p class='articulo'>Artículo 46. Prescripción.</p>
<p class='parrafo'>La facultad de la Dirección de la empresa para sancionar prescribirá para las faltas leves a los diez días, para las faltas graves a los veinte días y para las muy graves a los sesenta días, a partir de la fecha en que aquella tuvo conocimiento completo y cabal de su comisión, y en cualquier caso a los seis meses de haberse cometido.</p>
<p class='articulo'>Artículo 47.</p>
<p class='parrafo'>1. La enumeración de faltas que se contienen en este capítulo, se hace a título enunciativo, por lo que, se considerarán como faltas sancionables por la Dirección de la empresa, todas las infracciones de los deberes establecidos en la normativa laboral vigente así como cualquier incumplimiento contractual.</p>
<p class='parrafo'>2. Corresponde a la Dirección de la empresa, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, la facultad de sancionar a los trabajadores, en virtud de incumplimientos laborales.</p>
<p class='parrafo'>3. Para la imposición de las sanciones se seguirán los trámites previstos en la legislación general.</p>
<p class='articulo'>Artículo 48. Medidas cautelares en el procedimiento disciplinario.</p>
<p class='parrafo'>La empresa, durante la verificación de aquellos hechos o circunstancias que pudieran implicar la imposición de una sanción por falta grave o muy grave, podrá, notificando por escrito al trabajador o trabajadores afectados, acordar, la suspensión de su deber de prestar servicios durante el plazo necesario para la investigación. En ningún caso, la suspensión de empleo aquí regulada podrá superar el plazo de 15 días. Durante esta suspensión el trabajador mantendrá incólumes sus derechos retributivos.</p>
<p class='articulo'>Artículo 49.</p>
<p class='parrafo'>La empresa respetará el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente y a no discriminar ni hacer depender el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie o renuncie a su afiliación sindical.</p>
<p class='centro_cursiva'>Comisión Mixta</p>
<p class='articulo'>Artículo 50.</p>
<p class='parrafo'>Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una Comisión Mixta como órgano de interpretación y vigilancia del cumplimiento del presente Convenio colectivo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 51.</p>
<p class='parrafo'>1. La Comisión Mixta estará integrada de forma paritaria conforme a lo dispuesto en el presente artículo.</p>
<p class='parrafo'>2. Las decisiones adoptadas por la Comisión Mixta en el ejercicio de las funciones que le encomienda el presente Convenio Colectivo tendrán, por expresa voluntad de las partes, fuerza vinculante para todos los trabajadores y empresas sujetos al ámbito de aplicación del presente convenio.</p>
<p class='parrafo'>3. Su composición será proporcional a la representatividad de cada una de las organizaciones sindicales firmantes del Convenio colectivo que, tendrán el voto ponderado en función de su representación en Alain Afflelou España, S.A.U., y tantos miembros parte de Alain Afflelou España, S.A.U. como representantes sindicales. Su composición lo será en proporción a los componentes de la Comisión negociadora del Convenio con un máximo de 3 miembros por cada una de las partes que la componen.</p>
<p class='parrafo'>4. Actuarán como presidente de la comisión, y como secretario de la misma, respectivamente, y de forma alternativa un miembro de la representación de la empresa y otro de la representación social. Por la empresa será quien ostente en cada momento el cargo de responsable de Recursos Humanos y como secretario el miembro sindical de la organización con mayor representación en la misma.</p>
<p class='parrafo'>5. Asimismo, la Comisión podrá interesar los servicios de asesores ocasionales o permanentes en cuantas materias son de su competencia, quienes serán libremente designados por las partes.</p>
<p class='articulo'>Artículo 52. Procedimiento.</p>
<p class='parrafo'>1. Los asuntos sometidos a la Comisión Mixta revestirán el carácter de ordinarios o extraordinarios. Otorgará tal calificación cualquiera de las partes que integran la misma.</p>
<p class='parrafo'>2. En el primer supuesto, la Comisión Mixta deberá resolver en el plazo de treinta días; y en el segundo, en cinco días.</p>
<p class='parrafo'>3. Para la adopción de acuerdos válidos será necesario el voto favorable mayoritario de cada una de las dos representaciones.</p>
<p class='articulo'>Artículo 53. Funciones y competencias de la Comisión Mixta.</p>
<p class='parrafo'>Son funciones específicas de la Comisión Mixta las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>1. Interpretación y desarrollo del Convenio colectivo.</p>
<p class='parrafo'>2. A requerimiento de cualquiera de las partes, deberá mediar o arbitrar, si recibe el mandato correspondiente, en el tratamiento y solución de cuantas cuestiones y conflictos de carácter colectivo puedan suscitarse en el ámbito de aplicación del presente Convenio colectivo.</p>
<p class='parrafo'>3. Podrá realizar tareas de vigilancia del cumplimiento de lo pactado, y muy especialmente de las estipulaciones obligacionales insertas en el Convenio.</p>
<p class='parrafo'>4. Entender, de forma previa y obligatoria a la vía administrativa y jurisdiccional, en relación con los conflictos colectivos que puedan ser interpuestos, por quienes están legitimados para ello con respecto a la aplicación e interpretación de los preceptos derivados del presente Convenio colectivo.</p>
<p class='parrafo'>5. Si en el futuro se crearan puestos o funciones sobre los que existieran discrepancias en orden a su actividad prevalente para el encuadramiento de la misma en uno de los Grupos profesionales, será igualmente competente la Comisión Mixta para resolverlas.</p>
<p class='centro_cursiva'>
<em>Procedimientos voluntarios de solución de conflictos colectivos</em>
</p>
<p class='articulo'>Artículo 54.</p>
<p class='parrafo'>1. Las partes signatarias del presente Convenio estiman necesario establecer procedimientos voluntarios de solución de los conflictos de carácter colectivo, al no agotar las tareas encomendadas a la Comisión Mixta las necesidades que a este respecto puedan surgir entre la empresa y trabajadores, en relación con la aplicación e interpretación de lo pactado y su adecuación a las circunstancias en las que se presta y realiza el trabajo en la empresa.</p>
<p class='articulo'>Artículo 55.</p>
<p class='parrafo'>Con carácter previo al ejercicio del derecho de huelga o a la reclamación judicial de cualquier conflicto colectivo, las partes se comprometen a agotar los procedimientos voluntarios de solución de conflictos previstos en el presente capítulo, y previo a todos ellos, a la negociación de la situación de conflicto en el seno de la Comisión Mixta del Convenio colectivo que será convocada a tal efecto.</p>
<p class='articulo'>Artículo 56. Comité Intercentros.</p>
<p class='parrafo'>Al amparo de lo establecido en el artículo 63.3 del ET, se constituirá un Comité Intercentros, como órgano de representación colegiado, para servir de resolución de todas aquellas materias que, excediendo de las competencias propias de los Comités de Centro o Delegados de Personal, por ser cuestiones que afectan a varios centros, deban ser tratados con carácter general.</p>
<p class='parrafo'>Al Comité Intercentros le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 65 del ET.</p>
<p class='parrafo'>El número máximo de componentes del Comité Intercentros será de seis miembros, tres en representación de la Empresa, y otros tres que serán designados de entre los componentes de los distintos comités de centro o delegados de personal guardando la proporcionalidad de los sindicatos según los resultados electorales de la empresa.</p>
<p class='parrafo'>Para la distribución de los puestos entre los sindicatos, seguirán las reglas establecidas en el artículo 71.2 b) del ET sustituyéndose el término lista por el de sindicato y el de voto válido por el de miembro del Comité o Delegado de personal.</p>
<p class='parrafo'>La designación de Miembro de Comité Intercentros se realizará por los sindicatos que cuenten con representantes en la Empresa y tengan derecho por la regla de proporcionalidad antes indicada a ocupar puestos en el mismo, mediante comunicación dirigida a La empresa.</p>
<p class='parrafo'>Los cambios que se produzcan en la representación con motivo de elecciones que no sean generales en el ámbito de la misma, se tendrán en cuenta con carácter anual, a 31 de diciembre, para modificar en su caso la composición del Comité Intercentros.</p>
<p class='parrafo'>El Comité Intercentros asume las competencias previstas en los artículos 64 y 41 del ET, cuando las medidas o reivindicaciones afecten a más de un centro de trabajo y la negociación colectiva.</p>
<p class='parrafo'>El Comité Intercentros se regirá en su funcionamiento por las normas establecidas en el ET para los comités y sus decisiones en las materias de su competencia serán vinculantes para la totalidad de trabajadores.</p>
<p class='articulo'>Disposición final primera.</p>
<p class='parrafo'>Las partes signatarias del presente Convenio colectivo han agotado en el contexto del mismo su respectiva capacidad de negociación en el tratamiento de las distintas materias que han sido objeto del Convenio, por lo que se comprometen a no promover niveles inferiores de contratación ni cuestiones, utilizando el cauce de los Comités de empresa, que pudieran suponer revisiones de lo pactado.</p>
<p class='articulo'>Disposición transitoria primera.</p>
<p class='parrafo'>Aquellas empresas que se incorporen por primera vez al presente Convenio colectivo, con posterioridad a la firma del mismo, procederán a adecuar las retribuciones salariales de todos los trabajadores a los conceptos del Convenio de la siguiente manera:</p>
<p class='parrafo_2'>1. El salario base de grupo será el establecido para el grupo profesional en el Convenio colectivo, pudiendo absorberse para alcanzar el mismo cualquier complemento salarial.</p>
<p class='parrafo'>2. Para evitar que las empresas que por primera vez en el futuro se incorporen al presente Convenio colectivo se vean obligadas a soportar un incremento salarial superior al pactado en el mismo para la generalidad de los trabajadores, a fin de alcanzar el nuevo salario resultante de la reclasificación que hayan de operar, podrán las empresas detraer las cantidades necesarias de aquellos conceptos que, por encima de los mínimos garantizados, sean percibidos en cómputo anual por los trabajadores.</p>
<p class='parrafo'>En el supuesto de que el salario base resultante de la reclasificación operada fuera inferior al que viniera percibiendo el trabajador, se incluirá tal diferencia como complemento personal. Esta diferencia no podrá ser compensada ni absorbida hacia el futuro en dicha cuantía.</p>
<p class='parrafo'>3 Aquellas empresa que, durante la vigencia del presente Convenio colectivo se adhiriesen al mismo a través del procedimiento establecido, tendrán que llevar a cabo la adaptación salarial de su plantilla a lo dispuesto en esta norma durante un plazo máximo de tres años a contar desde el momento de su adhesión.</p>
<p class='articulo'>Disposición transitoria segunda.</p>
<p class='parrafo'>Los trabajadores que a la firma del Convenio estuvieran percibiendo catorce pagas y comuniquen a la empresa su voluntad de seguir percibiendo las mimas seguirán percibiendo el mismo número de pagas que habían estado percibiendo hasta ahora.</p>
<p class='parrafo'>Los trabajadores que, en el momento de entrar en vigor el presente convenio colectivo estuviesen percibiendo el complemento salarial de antigüedad, verán integrado su importe en su complemento personal, siendo este importe, el de su antigüedad a la fecha de entrada en vigor, un concepto que no podrá ser compensable ni absorbible.</p>
<p class='parrafo'>Del mismo modo, aquellos trabajadores que estuvieran percibiendo un salario base superior al que marca el presente convenio, consolidarán ese exceso, salvo lo que corresponda a mejora voluntaria, en un complemento denominado complemento de empresa que no será compensable ni absorbible.</p>
</texto>
</documento>
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Fri May 10 08:21:47 +0000 2013
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Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa Alain Afflelou España, S.A.U., (código de Convenio número 90101442012013), que fue suscrito con fecha 14 de marzo de 2013, de una parte por los designados por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y, de otra, por el Comité de empresa en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 25 de abril de 2013.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
PRIMER CONVENIO COLECTIVO DE ALAIN AFFLELOU ESPAÑA, S.A.U.
Artículo 1. Ámbito subjetivo y funcional.
1. El presente Convenio colectivo será de aplicación a todos los trabajadores por cuenta ajena que presten servicios para la Empresa Alain Afflelou España, S.A.U.
2. Podrá asimismo aplicarse a los trabajadores de aquellas otras empresas que pese a ser absolutamente independientes mercantil y laboralmente de Alain Afflelou España, S.A.U., en el momento de la entrada en vigor de este convenio o en el futuro, operen bajo nombres comerciales registrados por Alain Afflelou y estén vinculadas a Alain Afflelou España, S.A.U., mediante contrato de franquicia o cualquier otro que les autorice a utilizar dichos nombres comerciales.
Artículo 2. Ámbito territorial.
Este Convenio será de aplicación en todo el territorio del Estado español para las empresas y trabajadores incluidos en el ámbito subjetivo y funcional del mismo conforme lo establece el artículo 1.
Artículo 3. Ámbito temporal y revisión.
1. La vigencia general del presente Convenio se iniciará a partir de la fecha de su firma, finalizando su vigencia el día 31 de diciembre de 2017.
2. Denuncia y revisión. La denuncia del Convenio colectivo, efectuada por cualquiera de las partes legitimadas para ello de conformidad con el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores, deberá realizarse por escrito y contendrá los preceptos que se pretenden revisar, así como el alcance de la revisión.
3. La denuncia del presente Convenio colectivo habrá de efectuarse por cualquiera de las partes legitimadas para ello con una antelación de al menos 4 meses a la fecha de finalización de su vigencia o cualquiera de sus prórrogas.
Las condiciones pactadas en el presente Convenio subsistirán, en todo caso, hasta su nueva revisión.
En el plazo de un mes, desde el momento en que se haya notificado la denuncia del Convenio colectivo, se procederá a la constitución de la comisión negociadora del Convenio, que deberá fijar la fecha de inicio de las negociaciones en el plazo máximo de quince días desde la fecha de constitución de la comisión.
Artículo 4. Vinculación a la totalidad y garantía personal.
1. Las condiciones aquí pactadas constituyen un todo orgánico indivisible y a efectos de su aplicación práctica deberán ser consideradas globalmente. La eventual declaración judicial firme de ilegalidad o nulidad de alguna de las partes o preceptos concretos de este Convenio no implicará la de las demás disposiciones no afectadas expresamente por la declaración judicial correspondiente, debiendo en este caso reunirse la comisión negociadora del Convenio para la renegociación de los preceptos afectados por la nulidad
2. Además de las específicas, expresamente recogidas en este Convenio, se respetarán aquellas condiciones ad personam que, consideradas globalmente y en cómputo anual, excedan del presente Convenio Colectivo, pero sin que en tal caso se puedan acumular las mismas a las ventajas derivadas del Convenio.
Artículo 5. Organización del trabajo.
La organización práctica del trabajo, con sujeción a lo previsto en el presente Convenio colectivo y a la legislación general vigente, es facultad de la Dirección de la Empresa.
El sistema de racionalización, mecanización y dirección del trabajo que se adopte, nunca podrá perjudicar la formación profesional que el personal tiene derecho a completar y perfeccionar por la práctica, debiendo ser informados los representantes legales de los trabajadores en todas aquellas decisiones relativas a tecnología, organización del trabajo y utilización de materias primas que tengan repercusión física y/o mental del trabajador.
Artículo 6. Ingresos y período de prueba.
1. El ingreso de los trabajadores se considerará hecho a título de prueba de acuerdo con la siguiente escala correspondiente a la clasificación del personal en los distintos grupos profesionales:
Grupo I: Seis meses.
Grupo II: Seis meses.
Grupo III: Seis meses.
Grupo IV: Seis meses.
Grupo V: Dos meses
Grupo VI: Un mes.
2. Estos períodos serán de trabajo efectivo, por tanto, la situación de Incapacidad Temporal cualquiera que sea el motivo de la misma o cualquier ausencia al mismo interrumpe dicho periodo de prueba, salvo las que deriven de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Artículo 7. Clasificación profesional.
En función de las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, se establecen, con carácter normativo, los seis siguientes grupos profesionales y los contenidos específicos que los definen.
Definición de los grupos profesionales:
Grupo I.
El grupo I se conforma para aquel personal de la Empresa que tiene una titulación académica necesaria para el desempeño de sus funciones o una experiencia profesional acreditada y suficiente. No sólo se trata de personal absolutamente autónomo en el desempeño de sus obligaciones sino que además fija objetivos y directrices para el personal a su cargo. Asume, dentro de su área, unidad productiva, departamento o punto de venta, las máximas responsabilidades organizativas y directivas, con sujeción plena a las directrices y objetivos que fije la Empresa.
• Formación teórica o adquirida en la práctica equivalente a Titulado de grado medio, superior o doctorado que puede ser complementada con estudios específicos o no.
• El personal integrado en este grupo profesional contribuye de forma directa o indirecta en la elaboración de la política de la empresa, dirige, organiza, coordina y se responsabiliza de las actividades de su puesto.
• En los casos de unidades productivas o puntos de venta, los responsables dirigen la organización, con iniciativa y decisiones en lo referente a dicha unidad productiva, sin perjuicio de que desarrolle actividades que requieran especiales conocimientos técnicos si posee la cualificación técnica oficial para ello.
• El responsable decide autónomamente acerca del proceso, los métodos y la validez del resultado final dentro de los objetivos fijados por la empresa, sin precisar en la práctica de asistencia.
• Las instrucciones de la Empresa al responsable se enuncian en términos generales, y han de ser interpretadas y adaptadas en gran medida por él, estando facultado para fijar directrices, por todo lo cual, se le exige ineludiblemente una gran aportación personal. El desempeño del puesto requiere identificar qué tipo de información se necesita y además, realizar acciones específicas para provocar su aparición y permitir su obtención.
• En cuanto a gestión de Recursos Humanos, decide, optando por una línea de actuación, sobre un conjunto de empleados, y es responsabilidad suya la formación de las personas que están bajo su dependencia.
Grupo II.
El grupo II se conforma para aquel personal de la Empresa que tiene una titulación académica necesaria para el desempeño de sus funciones o una experiencia profesional acreditada y suficiente. Goza de gran autonomía supervisado por su responsable directo que además se asegura que se cumplan los objetivos y directrices que ha fijado su responsable directo.
• Formación teórica o adquirida en la práctica equivalente a Titulado de grado medio, superior o doctorado que puede ser complementada con estudios específicos o no.
• En los casos de unidades productivas o puntos de venta, colaboran con su superior jerárquico en la organización en lo referente a dicha unidad productiva, sin perjuicio de que desarrolle actividades que requieran especiales conocimientos técnicos si posee la cualificación técnica oficial para ello.
• Colabora con su superior en el establecimiento de los procesos, los métodos y la validez del resultado final dentro de los objetivos fijados por la empresa.
• En cuanto a gestión de Recursos Humanos, decide, junto con su superior, optando por una línea de actuación, sobre un conjunto de empleados.
Grupo III.
El grupo III se conforma para aquel personal que en el momento de su contratación acredita un nivel de autonomía en el desempeño de sus funciones superior al elemental acreditando además una formación de grado o diplomatura o una experiencia profesional acreditada y suficiente, con menor nivel de supervisión por parte de su superior o responsable.
• Formación equivalente a diplomatura o grado.
• Además de desempeñar las tareas establecidas para los titulados del Grupo IV, el desempeño de las mismas se desarrollará con un mayor margen de autonomía en base a la experiencia y a la formación acreditada. Junto con su superior jerárquico define la concepción global de las tareas, durante cuya realización, hay posibilidad de consultarle puntualmente siendo el resultado final verificado por su responsable; en consecuencia, ejerce cierta autonomía al decidir sobre la aplicación concreta de los métodos para alcanzar los objetivos.
• Realiza con un alto grado de autonomía actividades complejas con objetivos definidos y concretos pudiendo partir de directrices muy amplias sobre uno o más sectores de la empresa. El trabajador habitualmente ha de decidir de una manera autónoma acerca de los procesos, los métodos y la validez del resultado final de su trabajo dentro de los objetivos fijados por la empresa. Todo ello comporta una gran aportación de los conocimientos personales técnicos. En el desempeño de su trabajo necesita identificar la información que requiere y ejecutar las acciones que conduzcan a la aparición de la información, a su obtención y a su procesamiento. La responsabilidad por sus errores y faltas tiene importantes efectos negativos en el funcionamiento de la empresa.
• El personal adscrito a este Grupo no tendrá recursos humanos a su cargo pero sí la obligación de conocer y aplicar toda la normativa en materia de seguridad, prevención de riesgos y salud laboral que rija en la empresa así como las características básicas de los productos y campañas comerciales que se implanten en sus unidades productivas o puntos de venta
Grupo IV.
El grupo IV se conforma para aquel personal que en el momento de su contratación acredita un nivel de formación de grado o diplomatura, o de experiencia contrastada, requiriendo supervisión en la realización de sus tareas y no realizando en ningún caso labores de gestión.
• Formación equivalente a Diplomado o grado o estudios superiores específicos o experiencia contrastada.
• Para la realización de las tareas es imprescindible su titulación, o la experiencia demostrada en el ejercicio de la profesión. Las tareas llevadas a cabo son similares a las que realiza el grupo V
• Su realización se desarrolla con un mayor margen de autonomía en las funciones acreditadas por su formación. Junto con su superior jerárquico define la concepción global de las tareas, durante cuya realización, hay posibilidad de consultarle puntualmente siendo el resultado final verificado por su responsable; en consecuencia, ejerce cierta autonomía al decidir sobre la aplicación concreta de los métodos para alcanzar los objetivos.
• Los métodos de trabajo del personal adscrito a este grupo profesional son habitualmente examinados y fijados bajo supervisión, por anticipado. El trabajador recibe indicaciones precisas sobre los métodos a utilizar y el desarrollo del trabajo es controlado por un superior, por lo que no debe ni tiene que tomar decisiones autónomas, a excepción de las sencillas/obvias que exige la realización de toda tarea.
• El personal adscrito a este Grupo no tendrá recursos humanos a su cargo pero si la obligación de conocer y aplicar toda la normativa en materia de seguridad, prevención de riesgos y salud laboral que rija en la empresa así como las características básicas de los productos y campañas comerciales que se implanten en sus unidades productivas o puntos de venta.
Grupo V.
El grupo V se conforma para aquel personal que en el momento de su contratación acredita un nivel de autonomía en el desempeño de sus funciones superior al elemental, con una rebaja del nivel de supervisión por parte de su superior o responsable.
• Formación equivalente a Bachiller, BUP, FP de grado medio o similar, o que, careciendo de esa titulación acredite en el momento de su contratación una experiencia profesional práctica en el sector de actividad de la empresa, de al menos un año ininterrumpido, en el marco de los tres años anteriores.
• Las tareas llevadas a cabo son las similares a las que realiza el grupo VI, pero con un grado mayor de conocimiento del producto y de su entorno, con capacidad para aconsejar al cliente sobre los diversos productos, sus calidades, posibilidades y adaptación a las necesidades del cliente, su realización se desarrolla con un mayor margen de autonomía en base a la experiencia acreditada. Junto con su superior jerárquico define la concepción global de las tareas, durante cuya realización, hay posibilidad de consultarle puntualmente siendo el resultado final verificado por su responsable; en consecuencia, ejerce cierta autonomía al decidir sobre la aplicación concreta de los métodos para alcanzar los objetivos.
• Las tareas se encuentran normalmente estandarizadas y se realizan bajo instrucciones de carácter general, si bien, se requiere cierta aportación personal para adaptar las normas al trabajo ante nuevas situaciones. Aplica ocasionalmente algunas acciones o procedimientos para seleccionar, buscar, discriminar, etc., la información necesaria, la cual no está siempre presente, por lo que es necesario realizar acciones para obtenerla, acciones que exigen habilidades normales, basadas en la experiencia.
• El personal adscrito a este Grupo no tendrá recursos humanos a su cargo pero si la obligación de conocer y aplicar toda la normativa en materia de seguridad, prevención de riesgos y salud laboral que rija en la empresa así como las características básicas de los productos y campañas comerciales que se implanten en sus unidades productivas o puntos de venta
Grupo VI.
El grupo profesional VI constituye la escala base de la organización laboral de la Empresa y en él se encuadrará el personal que deba desempeñar las labores más elementales. Se conforma, por tanto, como un nivel de acceso a la Compañía desde el que a través de la formación y de la adquisición de la capacitación técnica y profesional necesaria se adquiera la autonomía suficiente en el desempeño de las obligaciones laborales que permita promocionar, conforme al sistema de ascensos establecido.
• Formación equivalente, como mínimo, a graduado en Educación Secundaria, graduado escolar o similar, o que careciendo de dicha titulación, acredite una experiencia profesional inferior a un año en el marco de los tres años anteriores a su contratación.
• Los métodos de trabajo del personal adscrito a este grupo profesional son habitualmente examinados y fijados bajo supervisión, por anticipado. El trabajador recibe indicaciones precisas sobre los métodos a utilizar y el desarrollo del trabajo es controlado por un superior, por lo que no debe ni tiene que tomar decisiones autónomas, a excepción de las sencillas/obvias que exige la realización de toda tarea.
• El trabajo está totalmente normalizado y estandarizado, los procedimientos uniformados y existen instrucciones directamente aplicables exigiéndose tan solo cierta iniciativa o aportación personal para completar y ajustar las normas al trabajo concreto. La información necesaria para la realización del trabajo es obtenida de forma directa e inmediata del superior de quien, además, debe adquirir las normas básicas de trato e información correcta al cliente. El personal adscrito a este Grupo profesional no tendrá recursos humanos a su cargo pero si la obligación de conocer y aplicar toda la normativa en materia de seguridad, prevención de riesgos y salud laboral que rija en la empresa así como las características básicas de los productos y campañas comerciales.
• La contratación de este Grupo Profesional en la red de tiendas tan sólo podrá realizarse como vendedores en aquellas tiendas que dispongan de un solo vendedor siempre a jornada completa en jornada partida, o de dos a jornada completa en el caso de las tiendas ubicadas en centros comerciales cuya jornada sea continuada. Su función es la de mero expendedor de mercancía y cobro de la misma, sin responsabilidad alguna sobre el producto, su entorno, y todo aquello que pudiera afectarle más allá de la venta del mismo.
Artículo 8. Movilidad funcional.
La movilidad funcional en la empresa se efectuará de acuerdo a las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con respeto a la dignidad del trabajador y, en todo caso, con respeto a lo establecido en el presente Convenio colectivo y a lo previsto en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores y la normativa legal de aplicación.
Artículo 9. Traslados.
1. Se entiende por traslado el cambio definitivo del lugar en la prestación de un servicio que lleve consigo un cambio de domicilio.
Los traslados de personal que impliquen cambio de domicilio familiar para el afectado podrán efectuarse:
a) Por solicitud del interesado, formulada por escrito.
b) Por acuerdo entre la empresa y el trabajador.
c) Por decisión de la Dirección de la empresa en el caso de necesidades del servicio.
2. Cuando el traslado se efectúe a solicitud del interesado, previa aceptación de la Dirección de la empresa, éste carecerá de derecho a indemnización por los gastos que origine el cambio.
3. Cuando el traslado se realice por mutuo acuerdo entre la Dirección de la empresa y el trabajador se estará a las condiciones pactadas por escrito entre ambas partes.
4. En el resto de los traslados se estará a lo dispuesto en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores.
5. Realizado el traslado, el trabajador tendrá garantizados todos los derechos que tuviese adquiridos, así como cualesquiera otros que en el futuro puedan establecerse.
6. En concepto de compensación de gastos el trabajador percibirá exclusivamente, previa justificación, el importe de los siguientes gastos: los de locomoción del interesado y familiares que con él convivan o de él dependan y los de transportes de mobiliario, ropa, y enseres.
Artículo 10. Cese voluntario.
El trabajador con contrato superior a un año que se proponga cesar voluntariamente en la empresa, habrá de comunicarlo a la Dirección de la misma, con una antelación de 15 días, a excepción de los trabajadores adscritos a los Grupos profesionales I, II y III, que habrán de preavisar al menos con 20 días de antelación a la fecha en que haya de dejar de prestar sus servicios. Dicha comunicación deberá realizarse por escrito y con acuse de recibo.
El incumplimiento por parte del trabajador de este preaviso, dará derecho a la Dirección de la empresa a descontar de la liquidación el importe del salario de un día por cada uno de retraso en el preaviso fijado.
Artículo 11. Estructura salarial.
1. Las retribuciones de los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio, estarán distribuidas en su caso entre el salario base de Grupo y el complemento personal y las mejoras voluntarias que correspondan.
2. Tales conceptos conforman la estructura salarial ordinaria.
Artículo 12. Salario base de grupo.
1. Se entiende por salario base de grupo el correspondiente al trabajador en función de su pertenencia a uno de los Grupos profesionales descritos en el presente Convenio colectivo.
2. El salario base remunera la jornada anual de trabajo efectivo pactada en este Convenio colectivo y los períodos de descanso legalmente establecidos.
Artículo 13. Complementos salariales.
1. Son complementos salariales las cantidades que, en su caso, deban adicionarse al salario base de Grupo por cualquier concepto distinto al de la jornada anual del trabajador y su adscripción a un Grupo profesional.
2. Los complementos salariales se ajustarán, principalmente, a alguna de las siguientes modalidades:
A) Personales. En la medida en que deriven de las condiciones personales del trabajador. No será compensable y absorbible salvo lo que corresponda a mejora voluntaria.
B) De puesto de trabajo. Integrados por las cantidades que deba percibir el trabajador, en su caso, por razón de las características del puesto de trabajo o de la forma de realizar su actividad.
C) Por calidad o cantidad de trabajo. Consistente en las cantidades que percibe el trabajador, en su caso, por razón de una mejor calidad o mayor cantidad de trabajo, o bien en base a la situación y resultados de la empresa o un área de la misma.
Artículo 14. Complementos de puesto de trabajo.
1. Son los complementos que percibe el trabajador fundamentalmente en razón de las características del puesto de trabajo en el que desarrolla efectivamente su servicio. Estos complementos son de índole funcional y su percepción depende, principalmente, de la efectiva prestación de trabajo en el puesto asignado, por lo que no tendrán carácter consolidable.
2. Las horas de trabajo realizadas en horario nocturno, se retribuirán con un incremento del 20 por 100 sobre el valor de la hora ordinaria de trabajo.
Artículo 15. Salario base.
1. El salario base en cómputo anual que será distribuido en doce pagas mensuales a partir de la entrada en vigor del convenio, será el siguiente:
Grupo I: 17.762.62.
Grupo II: 17.407,2.
Grupo III: 17.072.58.
Grupo IV: 14.369.65.
Grupo V: 13.951,11.
Grupo VI: 10.500.
2. El salario base anual aquí establecido se refiere a la ejecución de la jornada de trabajo pactada en el artículo 18 del presente Convenio colectivo. Siendo de aplicación, tanto a los trabajadores que actualmente prestan servicio, como a los trabajadores que ingresen o reingresen en la Empresa.
Artículo 16. Incrementos anuales.
Se establece un incremento anual de las tablas del salario base de la siguiente manera:
– Año 2013: no habrá incremento alguno.
– Año 2014: no habrá incremento alguno.
– Años 2015, 2016 y 2017: se establecerá un incremento siempre que Alain Afflelou España, S.A.U., obtenga un incremento en las ventas netas tomando como referencia las ventas netas del año 2011 en los porcentajes que a continuación se detallan:
ᵒ Si el incremento en las ventas va del 3,1 al 7 por ciento: se establecerá un incremento de las tablas salariales de 0,5 %.
ᵒ Si el incremento en las ventas va del 7,1 al 10 por ciento: se establecerá un incremento de las tablas salariales en un 0,75 %.
ᵒ Si el incremento en las ventas es superior al 10 por ciento: se establecerá un incremento de las tablas salariales en un 1,5 %.
Artículo 17. Del salario variable: Los incentivos.
1. Incentivos personal de tienda.
El personal de las empresas sujetas al presente Convenio Colectivo podrá devengar en cada uno de los años de su vigencia un salario variable denominado «incentivos».
Para el devengo de los incentivos se atenderá exclusivamente a los resultados de ventas de cada tienda en concreto, no del total de la empresa, sino de las ventas de cada de una de las tiendas individualmente consideradas.
Durante la vigencia del presente Convenio, para determinar si ha habido o no incremento en la cifra de ventas y, por tanto, si el personal adscrito a la tienda en concreto tiene derecho al incentivo, se comparará la cifra de ventas del año fiscal correspondiente con la que se obtuvo en el período comprendido entre agosto de 2010 y julio de 2011.
Los incentivos, en su caso, se abonarán sin excepción, a año vencido y en un único pago en el mes de octubre.
El importe de los incentivos se establecerá de la siguiente manera:
– Si el incremento en ventas netas sobre el año 2010-2011 es superior al 1 % e inferior al 5 % será del 0,5 por 100 sobre el salario bruto anual.
– Si el incremento en ventas netas sobre el año 2010-2011 es superior al 5,1 % e inferior al 10 % será del 1 % sobre el salario bruto anual
– Si el incremento en ventas netas sobre el año 2010-2011 es superior al 10,1 % será el 1,5 % del salario bruto anual.
2. Incentivos sede.
El personal que presta servicios en la sede central tendrá derecho a percibir un salario variable también denominado Incentivos.
El importe de dicho salario variable podrá llegar hasta un máximo de un 8 % del salario bruto anual del trabajador para el caso de los mandos, y de hasta un 3 % en el caso del resto de los trabajadores.
• Un 10 % del importe máximo de los incentivos se percibirá siempre que se supere en un 5 % el de EBIDTDA del ejercicio fiscal anterior.
• Otro 10 % del importe máximo de los incentivos se percibirá siempre que la cifra de ventas de la Compañía mejore, al menos en un 5 %, el importe de la cifra de ventas del ejercicio 2010-2011.
• El 80 % del importe máximo de los incentivos, se percibirá, siempre que el trabajador supere los objetivos individuales que para ese año le fije su responsable directo.
Los incentivos, en su caso, se abonarán, sin excepción, a año vencido y en un único pago en el mes de octubre.
Artículo 18. Jornada de trabajo.
La jornada máxima laboral anual será de 1.770 horas de trabajo efectivo, distribuyéndose la misma conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 19. Distribución de la jornada.
1. Al inicio de cada año natural o en su defecto durante el primer trimestre del año, las empresas facilitarán a los representantes legales de los trabajadores, si los hubiera, los cuadros horarios laborales generales y, en caso de cambio sobre el año anterior, la adscripción de los trabajadores a los cuadros horarios, a fin de que, con periodicidad anual, los trabajadores conozcan el momento en que deben prestar el trabajo.
La distribución de la jornada podrá tener en cuenta la mayor intensidad en la actividad comercial en determinados días de la semana y momentos del año. En las contrataciones que se realicen a lo largo del año, deberá constar el horario en el que el trabajador prestará sus servicios. En aquellas Comunidades Autónomas donde el calendario de festivos de apertura comercial autorizada se retrase más allá de la primera quincena del mes de marzo, la empresa cumplirán el presente compromiso en el plazo de quince días desde el siguiente a la publicación del calendario en el periódico oficial.
2. Si las empresas, en la planificación anual, introducen cambios en los cuadros horarios, las modificaciones en los turnos horarios en el calendario anual no podrán suponer variaciones en la jornada diaria ordinaria superiores a una hora sobre la que regularmente venga efectuando cada trabajador con respecto a la del año anterior y sin que esta facultad pueda ser utilizada para transformar una jornada de mañana en una de tarde o viceversa, o de continuada a partida.
Cualquier variación que exceda de lo previsto en el párrafo anterior deberá sujetarse a lo dispuesto en la normativa laboral general vigente en cada momento.
3. La distribución y ejecución de la jornada anual, salvo pacto en contrario o lo previsto en el final del párrafo segundo del apartado primero de este artículo, tendrá lugar dentro del año natural.
4. La verificación y control de la ejecución de la jornada se efectuará, con carácter individual y anualmente.
5. Los tiempos de exceso que se produzcan sobre el cuadro horario regulado en el apartado 1 de este artículo, son de prestación voluntaria salvo causa legal y, en consecuencia, tienen una de las notas características de las horas extraordinarias, la voluntariedad, pero sin que puedan calificarse como tales, siempre que se compensen debidamente con descansos conforme a lo previsto en el apartado siguiente del presente artículo.
A fin de facilitar la actualización de tales descansos compensatorios, e independientemente de la verificación y liquidación anual, con carácter cuatrimestral, las empresas procederán a la liquidación de los tiempos de exceso que se hayan podido producir sobre el horario mediante su compensación con igual tiempo de descanso, salvo acuerdo para su acumulación y disfrute en días completos.
6. La interrupción en jornadas partidas en las tiendas, salvo pacto entre las partes, será al menos de dos horas, y, en todo caso, como máximo de cuatro horas.
7. Los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpido. De conformidad con el artículo 6 del Real Decreto 1561/1995 el descanso del medio día semanal podrá acumularse en períodos de hasta cuatro semanas o separarse del día completo para su disfrute en otro día de la semana, y el día completo de descanso semanal podrá acumularse dentro de un ciclo no superior a catorce días.
En todo caso, a lo más tardar, la planificación anual de jornada, se efectuará de manera que el descanso semanal no se solape con el descanso entre jornadas, computándose ambos de conformidad con la doctrina establecida por el Tribunal Supremo que, calculado sobre la base de un descanso entre jornadas de doce horas, resulta de la siguiente manera en los casos que se indican:
a) Si se trata de un día completo, o de dos medios días acumulados, entre el final de la jornada y el principio de la siguiente deberá mediar un mínimo de 36 horas.
b) Si se trata de un día y medio, entre el final de la jornada y el principio de la siguiente deberá mediar un mínimo de 48 horas.
c) Si se trata de un día completo y dos medios días acumulados, entre el final de la jornada y el principio de la siguiente deberá mediar un mínimo de 60 horas.
A título orientativo, se recogen los siguientes sistemas de disfrute del descanso semanal que podrían utilizarse bien en exclusiva o entremezclados entre sí, o con cualquier otro que cumpla lo previsto en los párrafos anteriores para trabajadores que prestan habitualmente su trabajo durante seis días a la semana:
• En el régimen de trabajo a turnos de mañana, tarde, o de mañana y tarde; el medio día de descanso podrá separarse para acumularse cada dos, tres o cuatro semanas; unirse o separarse del día completo para su disfrute en otro día de la semana o en otro momento dentro de un ciclo no superior a las cuatro semanas. En este caso el sistema deberá garantizar, además del descanso de un día completo a la semana, el descanso de otro día completo por acumulación de medios días en períodos de cuatro semanas, y el respeto, en el establecimiento de los cuadros horarios, del descanso entre jornadas de conformidad con la legislación vigente al respecto.
En aquellos centros de trabajo que tengan establecido un sistema distinto de disfrute del descanso semanal en el que se haya tenido en cuenta tanto el descanso semanal como el respeto al descanso entre jornadas de conformidad con la interpretación dada por pronunciamiento judicial, lo podrán mantener en sus propios términos.
La distribución de la jornada y el descanso se efectuará de tal modo que cada trabajador podrá disfrutar de cinco fines de semana al año que comprendan el sábado y el domingo, sin que computen como tales los correspondientes a vacaciones y distribuyendo el resto de días de descanso de lunes a domingo
8. La jornada laboral en los puntos de venta o unidades productivas ubicados en centros comerciales o en zonas de especial interés turístico, de gran afluencia y/o paso de personas, se entiende con carácter general de lunes a domingo ambos inclusive. En estos casos se podrá establecer un periodo vacacional preferente fuera de los períodos de alta actividad.
9. Por la prestación de servicios en domingos o festivos, los trabajadores serán compensados hasta el sexto con una compensación única de 93 euros prorrateados en los meses del año natural. Del séptimo al treceavo recibirá una compensación de 18 euros por domingo o festivo trabajado y del catorceavo en adelante la compensación será de 20 euros por domingo o festivo trabajado con independencia de los días que exceda de catorce festivos o domingos trabajados. Cada trabajador sujeto a este sistema tendrá derecho a no trabajar más del 60 % de los domingos o festivos de apertura comercial autorizada anualmente.
Asimismo, quedan excluidos de lo dispuesto en este apartado aquellos trabajadores expresamente contratados para prestar servicio sábado, domingos y festivos.
Artículo 20. Flexibilización.
Sin perjuicio de lo expuesto, se tendrá la posibilidad de flexibilizar la jornada laboral con una bolsa o crédito máximo anual de 85 horas, que podrán utilizarse en los meses de mayo, junio, julio, agosto y diciembre de cada año. La flexibilización consistirá en la ampliación de la jornada diaria de 8 a 9 horas, estableciéndose para este supuesto una jornada máxima diaria de 9 horas. En todo caso, la jornada semanal no podrá exceder de 45 horas y con respeto absoluto al descanso semanal y diario regulado en este convenio. Estas 85 horas no tendrán el carácter de extraordinarias.
La empresa comunicará documentalmente al trabajador/a la flexibilización de su jornada con una antelación mínima de siete días en el mes anterior en que esta se inicie. En dicho documento deberán constar los días del mes en los cuales se amplía la jornada, con el horario concreto y los días de descanso compensatorio que se pacten. Cuando, como consecuencia de la flexibilización, el trabajador/a sume a su favor 8 horas trabajadas con cargo a dicha flexibilización anual, disfrutará, en compensación, de una jornada de descanso, unida a su libranza semanal dentro del mes siguiente. La empresa y trabajador/a acordarán la fecha de su disfrute.
En el supuesto de falta de acuerdo, el trabajador/a disfrutará de la jornada de descanso unida a su libranza semanal, bastando para ello el preaviso documental del trabajador/a con un mínimo de siete días de antelación a la fecha de su disfrute.
En el caso de que a 31 de diciembre de cada año natural reste alguna hora por disfrutar, dichas horas se disfrutarán, en los términos establecidos anteriormente, uniéndolas a la libranza semanal antes del 31 de enero del año siguiente, o se abonarán en la nómina de dicho mes, pero con el valor de hora extraordinaria conforme a lo previsto en el artículo 21. Si la modificación coincidiese con un festivo, la compensación se efectuará en otro festivo, una vez acumuladas las horas necesarias.
Artículo 21. Ventas especiales y balances.
1. En los días de preparación de ventas especiales de enero, diciembre y julio y de los Balances o Inventarios, la empresa podrá modificar el horario de trabajo y prolongar la jornada.
2. La facultad prevista en el párrafo anterior podrá ser utilizada por los centros de trabajo de la empresa que tuvieran otro sistema diferente.
3. Cuando el trabajo previsto en los apartados anteriores se produjera en tiempo extraordinario de prestación obligatoria, la compensación, que será de hora por hora ordinaria, deberá hacerse en retribución o en descanso equivalente a opción del trabajador.
4. Cuando el trabajo previsto en este artículo se realice en domingo o festivo, fuera de la jornada ordinaria, se retribuirán las horas, que tendrán el carácter de horas extraordinarias de prestación obligatoria, con el recargo del 35 por 100 sobre el valor de la hora ordinaria o con descanso equivalente a opción del trabajador.
5. Las trabajadoras en situación de embarazo estarán exentas de realizar una jornada superior a la normal contratada.
6. Los trabajadores afectados por reducción de jornada por guarda legal estarán exentos de modificar por esta causa el horario de prestación de trabajo prestablecido salvo pacto en contrario.
Artículo 22. Vacaciones.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio disfrutarán de treinta y un días naturales de vacaciones retribuidas al año en las tiendas y veintidós días laborables en las oficinas centrales.
Artículo 23. Períodos de disfrute de las vacaciones.
1. Los trabajadores disfrutarán entre los meses de junio a septiembre de, al menos, dos semanas ininterrumpidas de su período vacacional, salvo que ingresen en la empresa con posterioridad al 1 de septiembre, o su parte proporcional.
La empresa podrá excluir de los turnos de vacaciones aquellas fechas que coincidan con las de mayor actividad productiva.
2. Fuera del anterior período, y en la medida que la organización del trabajo lo permita, los trabajadores tendrán opción para fijar la fecha de disfrute de su vacación anual.
3. Exclusivamente a aquellos trabajadores que, prestando servicios en puntos de venta y por necesidad del servicio u organización del trabajo no pueda autorizarles sus vacaciones en el periodo preferente indicado de junio a septiembre, tendrán derecho a una compensación denominada bolsa de vacaciones conforme a las siguientes reglas:
a) Si el trabajador tuviese que disfrutar la totalidad de las dos semanas de vacaciones fuera del periodo preferente de junio a septiembre, percibirá en compensación un importe total bruto de 233 euros en concepto de bolsa de vacaciones. Si los días que debe disfrutar fuera del periodo preferente fuera inferior a esas dos semanas, percibirá la parte proporcional correspondiente de los 233 euros totales que conforman la bolsa de vacaciones.
b) No obstante lo anterior, el trabajador que lo desee, podrá optar por sustituir la compensación económica de la bolsa de vacaciones, por disfrutar de medio día de vacaciones adicional por cada día de vacaciones no disfrutado en el período preferente de junio a septiembre.
c) En ningún caso tendrán derecho a percibir compensación alguna, por ningún concepto, aquellos trabajadores que voluntariamente fijen su periodo de vacaciones fuera del período preferente de junio a septiembre.
d) No será de aplicación lo dispuesto en este precepto a los trabajadores contratados para la sustitución de otros durante el periodo vacacional preferente de junio a septiembre, ni aquellos contratados para reforzar la estructura de personal por el incremento de actividad durante ese periodo, con independencia de la modalidad contractual de duración determinada por la que se rija su relación laboral.
4. Como principio y preferencia única para el derecho de opción de los trabajadores a un determinado turno de vacaciones, se establece que quien optó y tuvo preferencia sobre otro trabajador en la elección de un determinado turno, pierde esa primacía de opción hasta tanto no la ejercite el resto de sus compañeros en una unidad de trabajo.
Artículo 24. Licencias.
• Retribuidas.
1. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a percibir el salario base de Grupo y los complementos personales por los motivos y el tiempo siguiente:
A. Por el tiempo preciso, y con justificación del mismo con el correspondiente visado del facultativo, cuando, por razón de enfermedad el trabajador precise asistencia a consultorio médico en horas coincidentes con su jornada laboral.
Se entenderá por facultativo aquel que, hallándose habilitado al efecto, preste sus servicios tanto en la medicina pública como en la privada.
En este supuesto, el trabajador estará obligado a justificar debidamente la empresa su ausencia mediante el justificante expedido por el facultativo o centro médico al que haya asistido en el que conste las horas de permanencia en el mismo.
Esta justificación habrá de realizarse en el plazo máximo de 48 horas desde el momento en que se ausentó de su puesto de trabajo, salvo que, por su estado de salud esté impedido para hacer dicha justificación en el plazo indicado, en cuyo caso, habrá de hacerlo tan pronto como se encuentre habilitado para ello.
B. Quince días naturales en caso de matrimonio.
C. Dos días por el accidente grave u hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad no contemplados en el apartado siguiente. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.
D. Tres días en los casos de nacimiento de hijo, enfermedad grave diagnosticada por facultativo, o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando por tal motivo, y siempre que se justifique debida y suficientemente, el trabajador necesite hacer un desplazamiento fuera de la comunidad autónoma en la que resida se verá ampliado en un día y, en todo caso si a tales efectos tuviera que realizar un desplazamiento superior a 300 kilómetros el período será de cinco días.
E. Un día por traslado del domicilio habitual debidamente justificado.
F. Un día por matrimonio de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
G. Las horas precisas para asegurar la concurrencia a exámenes finales de los trabajadores, cuando estos cursen estudios de carácter oficial. En tales casos, deberán aportar la justificación administrativa que avale su solicitud.
H. Hasta un máximo de seis horas anuales, con justificación de la urgencia y acreditación del tiempo empleado, con el correspondiente visado facultativo, para acompañar a hijos menores de 15 años a urgencia médica no previsible en horas coincidentes con el horario de trabajo.
I. Un día al año por asistencia a firmas de documentos notariales necesarios para la adquisición de vivienda, siempre que el trabajador deba hacerlo personalmente y coincida con su horario de trabajo.
J. El tiempo imprescindible de la jornada en que deba realizar el examen teórico del permiso de conducir o el examen práctico de conducir. Este permiso sólo será válido para la adquisición del primer permiso de conducir y sólo podrá emplearse para una convocatoria de cada uno de los exámenes. En tal sentido el trabajador deberá preavisar con una antelación mínima de 5 días hábiles la fecha del examen.
Anualmente los trabajadores podrán disfrutar de un máximo de dos días de licencia retribuida a sumar a cada uno de los supuestos C y D.
2. Si, en los supuestos relacionados con hospitalización de familiares debido a enfermedad o accidentes graves, se establecieran turnos de estancia en el hospital a fin de atender al paciente, el trabajador podrá disfrutar de su licencia por este concepto en días completos iniciándola en fecha posterior a la del hecho causante, siempre y cuando lo solicite en los términos a continuación establecidos y la consuma mientras perdure el mismo período de hospitalización.
En estos supuestos el trabajador tendrá derecho al mismo número de días laborables de licencia que hubiera disfrutado en el caso del normal inicio de la misma. Para eso se realizará el cálculo de días laborables que habría supuesto la licencia de comenzar su disfrute el día en que se produjo el hecho causante. El trabajador deberá comunicar y acreditar a la empresa la concurrencia del hecho causante, su intención de disfrutar la licencia en fecha posterior y señalar los días laborables que le correspondan, según el cálculo anterior, en los que disfrutará la licencia. Al término del disfrute deberá acreditar que durante los días efectivamente disfrutados como licencia concurría la situación que dio lugar al permiso.
Asimismo, podrán los trabajadores acogerse al inicio de su licencia de hospitalización o enfermedad grave con posterioridad al hecho causante en días completos y tras la hospitalización cuando concurran acumulativamente los siguientes requisitos:
1. Que la estancia hospitalaria fuera inferior a 48 horas.
2. Que tras la estancia hospitalaria y en el momento en que se pretenda disfrutar la licencia el familiar afectado por enfermedad o accidente grave deba continuar su recuperación en su propio domicilio no pudiendo valerse por sí mismo.
3. Que resida en su propio domicilio sin recibir asistencia de ningún tipo ajena a su familia.
4. Que la fecha de disfrute de la licencia no se señale en una fecha acumulada a día festivo, puente ni vacaciones.
5. Que la fecha de disfrute de la licencia no se fije más allá de los 15 días naturales siguientes al hecho causante.
3. A los efectos de licencias, salvo la prevista en el apartado B de este artículo, tendrán los mismos derechos las parejas de hecho siempre que las mismas estén debidamente inscritas en el correspondiente registro oficial y el trabajador aporte la certificación acreditativa de la misma.
• No retribuidas.
Los trabajadores bajo la aplicación del presente convenio, podrán disfrutar de un período de permiso sin retribución de 20 días al año, no acumulables a períodos de vacaciones, cualesquiera suspensiones del contrato de trabajo, a momentos de alta actividad o campañas comerciales de navidad o verano, inventarios o cualquier otra causa organizativa que impida su concesión. Este permiso no podrá iniciarse al finalizar cualquier otro permiso con independencia de su naturaleza. Será concedido por la empresa siempre y cuando su motivación este suficientemente justificada y se deberá solicitar siempre por escrito, con al menos 10 días hábiles de antelación a la pretendida fecha de disfrute, con indicación del motivo y acreditación del mismo. La empresa deberá pronunciarse sobre la concesión o no del permiso, por escrito y dentro del plazo de los 4 días hábiles siguientes a la solicitud.
Artículo 25. Excedencias.
1. Podrán solicitar la excedencia voluntaria todos los trabajadores y trabajadoras siempre que lleven, por lo menos, un año de servicio.
2. La excedencia voluntaria se concederá por un plazo no inferior a cuatro meses ni superior a cinco años.
3. Este derecho solo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador/a si transcurriesen cuatro años desde el final de la anterior excedencia; a ningún efecto se computará el tiempo que los trabajadores/as permaneciesen en esta situación.
4. Al término de la situación de excedencia el personal tendrá derecho preferente al reingreso en la primera vacante que se produzca en la empresa de su mismo grupo profesional, si no hubiese trabajadores/as en situación de excedencia forzosa.
5. Se perderá el derecho de reingreso en la empresa si no es solicitado por el/a interesado/a con una antelación de treinta días a la fecha de finalización del plazo que le fue concedido.
Artículo 26. Protección de la vida familiar.
I. Riesgo durante el embarazo. En el supuesto de riesgo para el embarazo, en los términos previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado. Durante este supuesto los trabajadores percibirán un complemento sobre la prestación de la Seguridad Social hasta alcanzar el 100 % del salario.
II. Maternidad. Las trabajadoras en baja por maternidad podrán unir las vacaciones al período de baja por maternidad.
III. Suspensión del contrato por maternidad o adopción. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida.
En el supuesto de adopción y acogimiento, tanto pre-adoptivo como permanente, la suspensión del trabajo tendrá una duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida.
Estos beneficios podrán ser disfrutados por el padre o la madre en la forma prevista en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores.
IV. Nacimientos prematuros. En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre, tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora durante el tiempo que dure esta hospitalización. No obstante ante esta situación uno de los progenitores en el caso de que ambos trabajasen, podrá solicitar el disfrute de la lactancia acumulada y/o solicitar el disfrute de las vacaciones que pudieran corresponderle.
Asimismo, durante dicho período, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de tres horas (o su parte proporcional en caso de contrato a tiempo parcial) dentro de su jornada ordinaria, con la disminución equivalente del salario hasta el alta hospitalaria. Igualmente, tanto el padre como la madre podrán acogerse a lo previsto en el artículo 48.4 del Estatuto de los trabajadores para estos supuestos.
V. Lactancia. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento para la lactancia del menor hasta que éste cumpla nueve meses, los trabajadores tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples. En el caso de partos múltiples podrán disfrutar del derecho contenido en el párrafo anterior por cada uno de los hijos.
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora, con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas equivalentes a 14 días naturales.
En cuanto a las situaciones de parto múltiple se estará a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores y normas complementarias.
Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen.
VI. Guarda legal. De conformidad con lo establecido en el artículo 37.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y de la Ley 39/1999, de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o un discapacitado físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción diaria de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad grave no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
La concreción de la reducción de la jornada se realizará preferentemente de lunes a domingos de apertura, salvo pacto en contrario entre el empresario y el trabajador la reducción habrá de hacerse repartida entre todos los días de prestación de servicios reduciendo los mismos de forma igual y evitando en todo caso reducir días enteros de jornada. La reducción de jornada se realizará dentro de los turnos de trabajo de mañana y tarde que se vengan realizando no pudiendo salvo pacto en contra entre trabajador y empresario modificar el régimen de turnos de primero.
VII. Asistencia a consultas médicas de hijo menor de 15 años. En los supuestos en que se precise acompañar a un hijo menor de 15 años a consulta médica durante el horario de trabajo y la consulta es programada y se acreditase que no hubiese posibilidad de concertarla fuera del horario de trabajo, se concederá a cuenta de la jornada anual, o se solicitará el cambio de turno o de momento de la prestación del trabajo, que, de ser posible, será concedido.
VIII. Licencia no retribuida para atención de menor. Los trabajadores con hijos menores de ocho años podrán solicitar una licencia no retribuida de tres meses para su atención y cuidado.
Los trabajadores con hijos menores de ocho años podrán disponer de una licencia no retribuida por el tiempo necesario para su cuidado mientras esté hospitalizado. En el caso de que ambos cónyuges fueran trabajadores de la empresa la licencia podrá ser disfrutada por uno solo de ellos.
Artículo 27. Trabajos de la mujer embarazada.
1. Dentro de las posibilidades de la organización del trabajo, la empresa facilitará a las trabajadoras en cuestión, un puesto de trabajo idóneo a su estado.
2. En el supuesto de riesgo para el embarazo se estará a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 26 del presente convenio colectivo.
Artículo 28. Excedencia por motivos familiares.
I. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia no superior a cuatro años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
II. También tendrán derecho a un período de excedencia no superior a tres años los trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida, previa justificación de esta situación.
III. Si dos o más trabajadores de la empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la misma.
IV. Cuando un nuevo sujeto causante diese derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.
El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo dentro del mismo grupo profesional. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo.
Artículo 29. Dietas.
1. Los trabajadores que, no teniendo incluido en su contenido funcional la obligación de desplazarse a localidades distintas de aquellas en que radica su centro de trabajo, y por necesidad de la empresa tengan que ejecutar viajes o desplazamientos a poblaciones distintas de aquella, tendrán derecho a una dieta que se fija en 36 euros, o a una media dieta de 17 euros.
2. La dieta y media dieta están destinadas a satisfacer los gastos originados por el trabajador desplazado que no sean los derivados del alojamiento y traslado.
3. Lo dispuesto en este artículo del Convenio colectivo no será de aplicación a aquellas empresas que tengan establecidos otros sistemas distintos de dieta.
Artículo 30. Prendas de trabajo.
1. A los trabajadores a los que proceda, comprendidos en el presente Convenio, se les proveerán sus prendas de trabajo o compensará económicamente el coste de las mismas por parte de la empresa, con un límite anual de 120 euros.
2. La provisión de tales prendas se ha de hacer al comenzar la relación laboral entre la empresa y los trabajadores en número de dos prendas, que se repondrán en anualidades sucesivas, de manera conveniente, o al menos en la mitad de las mismas, salvo en funciones mercantiles efectuadas de cara al público, en las que la reposición anual se realizará en número de dos uniformes, todo ello en función de la exigible buena presencia del trabajador destinado a estos cometidos.
3. Los trabajadores con contrato inferior a seis meses se les proveerá o compensara con equivalencia de una uniformidad, en los casos de trabajadoras embarazadas se facilitará uniformidad adecuada a su estado o se las compensará con el importe de la uniformidad.
Artículo 31. Beneficio voluntario en compras.
La empresa mantendrá en el momento de la firma del presente convenio colectivo el sistema establecido de descuento a sus empleados para la adquisición de productos propios.
Artículo 32. Incapacidad temporal.
1. Durante el primer período de incapacidad temporal que tengan los trabajadores en el año natural percibirán un complemento hasta alcanzar el 100 por 100 de su salario bruto.
2. Por tanto, a partir de la segunda incapacidad temporal no percibirán retribución ni complemento alguno durante los tres primeros días, con independencia del número de días que alcancen los períodos de enfermedad o el número de procesos que se produzcan a excepción de accidente laboral y hospitalización grave.
Artículo 33. Principios generales de defensa de la igualdad laboral.
1. Las partes firmantes de este Convenio declaran su voluntad de respetar el principio de igualdad de trato en el trabajo a todos los efectos, no admitiéndose discriminaciones por razón de sexo, estado civil, edad, raza o etnia, religión o convicciones, discapacidad, orientación sexual, ideas políticas, afiliación o no a un sindicato, etc.
2. Se pondrá especial atención en cuanto al cumplimiento de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, promoción profesional, la formación, estabilidad en el empleo, y la igualdad salarial en trabajos de igual valor.
Artículo 34. Principios rectores del entorno de trabajo.
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad física y moral, son derechos fundamentales de la persona contemplados en la Constitución española, además de los derechos contenidos en el Estatuto de los Trabajadores de respeto a la intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.
2. Asimismo, la Comisión Europea ha establecido medidas para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores. Así, distintas Directivas aprobadas por el Consejo, desarrollan disposiciones básicas sobre la salud y seguridad y hace responsables a los empresarios de velar para que los trabajadores no enfermen en el trabajo, incluso a causa de acoso moral o sexual.
3. Un entorno laboral libre de conductas indeseadas, de comportamientos hostiles y opresores, es responsabilidad de la empresa. Por ello, la empresa, junto con los representantes de los trabajadores, deben trabajar en implantar políticas, con distribución de normas y valores claros en todos los niveles de la organización, que garanticen y mantengan entornos laborales libres de acoso, donde se respete la dignidad del trabajador y se facilite el desarrollo de las personas.
4. Por todo ello, los firmantes del Convenio manifiestan su compromiso por mantener entornos laborales positivos, prevenir comportamientos de acoso y, perseguir y solucionar aquellos casos que se produzcan en el ámbito laboral, sancionándose como faltas muy graves, en su grado máximo, si esta conducta es llevada a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica.
Artículo 35. Medidas preventivas del acoso.
1. Todos los trabajadores tienen derecho a un entorno libre de conductas y comportamientos hostiles o intimidatorios hacia su persona que garantice su dignidad y su integridad física y moral. Las personas con responsabilidad de mando tienen la obligación de garantizar las condiciones adecuadas de trabajo en su ámbito de responsabilidad.
2. Las partes firmantes asegurarán que todos los trabajadores conozcan de la existencia del procedimiento de actuación, distribuyéndose entre los órganos de representación de cada centro.
3. La empresa establecerá los mecanismos de detección de posibles riesgos psicosociales y, en su caso, procederán a la evaluación de los mismos y promoverán, adicionalmente, la detección precoz de situaciones de riesgo a través de la vigilancia de la salud.
4. La empresa en el plazo de dos años desde la implementación del procedimiento incorporarán en las acciones formativas de todo el personal que ingrese en las mismas, información relativa a las materias que aborda este procedimiento.
Artículo 36. Definición del acoso moral y sexual.
A los efectos del presente Convenio Colectivo y de la aplicación del protocolo de acoso en él regulado, se entiende por:
Acoso moral. Se entiende por acoso moral toda conducta, práctica o comportamiento, realizada de modo sistemático o recurrente en el seno de una relación de trabajo, que suponga directa o indirectamente un menoscabo o atentado contra la dignidad del trabajador, al cual se intenta someter emocional y psicológicamente de forma violenta u hostil, y que persigue anular su capacidad, promoción profesional o su permanencia en el puesto de trabajo, afectando negativamente al entorno laboral.
A título de ejemplo, entre las conductas que aisladamente o en combinación con otras, pasivas o activas, pudieran llegar a ser constitutivas de acoso moral.
Acoso sexual. Se entiende por acoso sexual toda aquella conducta consistente en palabras, gestos, actitudes o actos concretos, desarrolladas en el ámbito laboral, que se dirija a otra persona con intención de conseguir una respuesta de naturaleza sexual no deseada por la víctima.
El carácter laboral se presume al producirse en el ámbito de la organización de la empresa, así como cuando la conducta se pone en relación con las condiciones de empleo, formación o promoción en el trabajo.
La acción ejercida por el acosador ha de ser indeseada y rechazada por quien la sufre. Ha de haber ausencia de reciprocidad por parte de quien recibe la acción.
No es necesario que las acciones de acoso sexual en el trabajo se desarrollen durante un período prolongado de tiempo. Una sola acción, por su gravedad, puede ser constitutiva de acoso sexual.
Estos comportamientos deterioran el entorno de trabajo y afectan negativamente a la calidad del empleo, condicionales laborales y desarrollo profesional de la víctima de acoso.
Artículo 37. Comisión Instructora de Tratamiento de Situaciones de Acoso.
1. En el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor del presente convenio colectivo se creará la Comisión Instructora de Tratamiento de Situaciones de Acoso –CITSA–, como órgano encargado de la tramitación del proceso contemplado en el artículo siguiente.
2. Dicha Comisión contará con una composición idéntica a la de la Comisión Mixta del Convenio a la que se sumará en todo caso un miembro del Servicio de Prevención de Riesgos.
3. Su domicilio a efectos de notificaciones será aquel en que resida la comisión Mixta del Convenio.
Artículo 38. Procedimiento ante supuestos de acoso.
1. El procedimiento fijado en el presente protocolo de actuación se desarrollará bajo los principios de rapidez y confidencialidad, garantizando y protegiendo la intimidad y la dignidad de las personas objeto de acoso. Asimismo, se garantizarán y respetarán los derechos de las personas implicadas en el procedimiento.
2. El procedimiento se iniciará por medio de solicitud de intervención de la presunta víctima de acoso que presentará a la Comisión Instructora de Tratamiento de Situaciones de Acoso –CITSA– o así lo desea a los representantes de los trabajadores, quienes le podrán asistir en la tramitación de la solicitud de intervención.
3. La solicitud de intervención se presentará por escrito mediante correo certificado dirigido a la Comisión Instructora de Tratamiento de Situaciones Acoso o por cualquier otro medio que pueda ser establecido por la Comisión, tales como correo electrónico, entrevista concertada, teléfono, etc., en el cual se inste la intervención de la Comisión. Posteriormente, ésta solicitará el relato de los distintos actos e incidentes, identificación de la/s persona/s que adoptan las conductas indeseadas y a los posibles testigos de dichas conductas y actos.
4. En cualquier caso, los trabajadores podrán ser asistidos, en sus intervenciones ante la Comisión Instructora, por un representante de los trabajadores de su elección que no haya sido designado como miembro de dicha Comisión.
5. Una vez que se haya notificado oficialmente la solicitud de intervención en materia de acoso, la Comisión de Instrucción iniciará la fase instructora o de apertura de expediente informativo, encaminada a la averiguación y constatación de los hechos denunciados, dándose audiencia a todos los intervinientes, testigos y cuantas personas considere la Comisión deban personarse, incluidos los representantes legales de los trabajadores del centro, practicando cuantas diligencias sean necesarias para el esclarecimiento y veracidad de los hechos denunciados.
Este proceso se desarrollará bajo los principios de confidencialidad, rapidez, contradicción e igualdad.
6. Durante la tramitación de los actos alegatorios, en la medida que lo permita la organización del trabajo, se facilitará el cambio de puesto de trabajo a la persona denunciante o denunciado.
7. La Comisión tendrá un plazo máximo de treinta días para resolver motivadamente la solicitud de intervención. Este plazo se iniciará desde el momento en que la Comisión tenga conocimiento oficial de la solicitud. No obstante, si las circunstancias del caso así lo exigieran, a instancias del presunto acosado o del presunto acosador, y en todo caso, por acuerdo de la Comisión motivado, podrá prolongarse hasta 10 días el plazo de resolución para la realización de diligencias investigadoras adicionales.
La fase instructora o informativa finalizará con el pronunciamiento de la Comisión mediante la elaboración de un informe que pondrá, en primer lugar, en conocimiento de la persona solicitante.
8. Cuando el informe constate la existencia de acoso, se trasladará dicho informe al responsable del departamento de personal al objeto de que éste adopte las medidas correctoras oportunas, aplicando las sanciones legales correspondientes.
9. Cuando el informe no constate situaciones de acoso, o no sea posible la verificación de los hechos, se archivará el expediente dando por finalizado el proceso. En la medida que lo permita la organización del trabajo, se estudiará la viabilidad de cambios de puesto de trabajo, facilitando el cambio de puesto de trabajo si el trabajador afectado lo solicita y así lo recomienda el servicio de prevención de riesgos laborales de la empresa
10. Asimismo, si la Comisión Instructora considerase, tras la realización de las diligencias investigadoras pertinentes, que la denuncia de acoso era notoriamente falsa, temeraria, o con intención de perjudicar al presunto acosador, emitirá informe fundamentando sus conclusiones en este sentido. Dicho informe será trasladado a la Dirección de Recursos Humanos para la adopción, en su caso, de las medidas disciplinarias a que pudiera haber lugar, sin perjuicio del ejercicio de otras acciones que pudieran corresponder a la empresa.
11. La empresa asegurará que los trabajadores que consideren que han sido objeto de acoso, los que planteen una queja en materia de acoso o los que presten asistencia en cualquier proceso, por ejemplo facilitando información o interviniendo en calidad de testigo, no sean objeto de intimidación, persecución o represalias.
Cualquier acción en este sentido se considerará como un asunto susceptible de sanción disciplinaria, pudiendo, la Comisión Instructora, desde el momento en que tenga conocimiento de cualesquiera conductas antes descritas, iniciar una investigación de las mismas mediante idéntico procedimiento al establecido para la situación de acoso.
Del informe de dicha investigación se dará traslado al Departamento de Recursos Humanos de la empresa para que adopte las medidas disciplinarias correspondientes, sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales que puedan corresponder. En estos casos, la Comisión, durante la investigación, podrá solicitar las medidas cautelares previstas en el artículo 49 de este Convenio.
Régimen disciplinario
Artículo 39.
Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de la empresa de acuerdo con la graduación de las faltas y sanciones que se establecen en los artículos siguientes.
Artículo 40.
Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, atendiendo a su importancia y trascendencia, en leve, grave o muy grave.
Artículo 41. Faltas leves.
Se consideran faltas leves las siguientes:
1. La suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo cuando exceda de 15 minutos en un mes. Cuando el retraso antes indicado coincida con la apertura del centro de trabajo la falta se considerará grave.
2. El abandono del trabajo sin causa justificada, aún cuando sea por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo, se originase algún perjuicio a la empresa, malestar de los clientes o fuese causa de accidente a sus compañeros de trabajo, esta falta podrá ser considerada como grave o muy grave, según los casos.
3. Falta de aseo y limpieza personal.
4. No atender al público con la corrección y diligencia debidas.
Artículo 42. Faltas graves.
Se consideran como faltas graves las siguientes:
1. La suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, cuando exceda de treinta minutos en un mes.
2. Ausencia al trabajo sin la debida autorización o causa justificada, de un día al mes.
3. La desobediencia a las órdenes de los superiores en cualquier materia de trabajo. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivase perjuicio para la empresa, podrá ser considerada como falta muy grave.
4. Realizar trabajos particulares o para terceros durante la jornada laboral.
5. Facilitar la clave de acceso individual a otra persona, simular la identidad de otro utilizando su clave y la creación de copias de ficheros sin la autorización de la empresa.
6. La reincidencia en falta leve, aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado comunicación escrita.
7. El uso, sin autorización de la empresa, de aparatos de telefonía móvil o similar durante la jornada laboral.
Artículo 43. Faltas muy graves.
Se consideran como faltas muy graves las siguientes:
1. La ausencia al trabajo sin la debida autorización o causa justificada de más de un día al mes.
2. El fraude, aceptación de recompensas o favores de cualquier índole, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo tanto a la empresa como a los compañeros de trabajo o a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la misma o durante el trabajo en cualquier otro lugar. Hacer negociaciones de comercio o industria por cuenta propia o de otra persona, venderse o cobrarse a sí mismo, sin expresa autorización por escrito de la empresa.
3. La simulación de enfermedad o accidente.
4. Simular la presencia de otro trabajador, por cualquier medio de los usuales para verificar la presencia del trabajador en la empresa.
5. Falta de respeto o consideración al público.
6. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en primeras materias, útiles, herramientas, maquinarias, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la empresa.
7. Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la empresa o revelar a elementos extraños a la misma, datos de reserva obligada.
8. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, entendiéndose que concurre la nota de habitualidad cuando el trabajador haya sido apercibido o sancionado al menos una vez con anterioridad en el año anterior.
9. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad, falta de respeto y consideración a los jefes o familiares, así como a los compañeros de trabajo y al público en general.
10. El consumo de drogas o alcohol manifestado en jornada laboral y en su puesto de trabajo.
11. Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento normal de su trabajo siempre que no esté motivada por derecho alguno reconocido por las leyes.
12. Transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.
13. No respetar, conociendo las medidas o normas de seguridad, por negligencia, descuido o por voluntad propia, las medidas de protección derivadas del Plan de Prevención de Riesgos o impuestas por la empresa en evitación de los mismos.
14. El incumplimiento o abandono de las normas y medidas establecidas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o las determinadas por el Convenio o por la empresa en desarrollo y aplicación de ésta, cuando del mismo pueda derivarse riesgo para la salud o la integridad física del trabajador o de otros trabajadores.
15. Toda conducta, en el ámbito laboral, que atente gravemente al respeto a la intimidad y dignidad mediante la ofensa, verbal o física, de carácter sexual o acoso moral. Si la referida conducta es llevada a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica, supondrá una circunstancia agravante de aquélla.
16. La transgresión de las normas de seguridad informática o el quebranto de la confidencialidad de los datos.
17. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de los seis meses siguientes de haberse producido la primera.
18. Utilizar los medios de comunicación de la empresa para usos distintos para los que esté habilitado, incluido el correo electrónico.
Artículo 44. Régimen de sanciones.
1. Corresponde a la Dirección de la empresa la facultad de imponer sanciones en los términos de lo estipulado en el presente Convenio.
2. La sanción de las faltas leves, graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, salvo la amonestación verbal.
Artículo 45. Sanciones máximas.
Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta cometida, serán las siguientes:
1. Por faltas leves. Amonestación verbal. Amonestación por escrito. Suspensión de empleo y sueldo hasta tres días.
2. Por faltas graves. Suspensión de empleo y sueldo de cuatro a veinte días.
3. Por faltas muy graves. Desde la suspensión de empleo y sueldo de veintiún a sesenta días hasta el despido disciplinario.
Artículo 46. Prescripción.
La facultad de la Dirección de la empresa para sancionar prescribirá para las faltas leves a los diez días, para las faltas graves a los veinte días y para las muy graves a los sesenta días, a partir de la fecha en que aquella tuvo conocimiento completo y cabal de su comisión, y en cualquier caso a los seis meses de haberse cometido.
Artículo 47.
1. La enumeración de faltas que se contienen en este capítulo, se hace a título enunciativo, por lo que, se considerarán como faltas sancionables por la Dirección de la empresa, todas las infracciones de los deberes establecidos en la normativa laboral vigente así como cualquier incumplimiento contractual.
2. Corresponde a la Dirección de la empresa, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, la facultad de sancionar a los trabajadores, en virtud de incumplimientos laborales.
3. Para la imposición de las sanciones se seguirán los trámites previstos en la legislación general.
Artículo 48. Medidas cautelares en el procedimiento disciplinario.
La empresa, durante la verificación de aquellos hechos o circunstancias que pudieran implicar la imposición de una sanción por falta grave o muy grave, podrá, notificando por escrito al trabajador o trabajadores afectados, acordar, la suspensión de su deber de prestar servicios durante el plazo necesario para la investigación. En ningún caso, la suspensión de empleo aquí regulada podrá superar el plazo de 15 días. Durante esta suspensión el trabajador mantendrá incólumes sus derechos retributivos.
Artículo 49.
La empresa respetará el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente y a no discriminar ni hacer depender el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie o renuncie a su afiliación sindical.
Comisión Mixta
Artículo 50.
Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una Comisión Mixta como órgano de interpretación y vigilancia del cumplimiento del presente Convenio colectivo.
Artículo 51.
1. La Comisión Mixta estará integrada de forma paritaria conforme a lo dispuesto en el presente artículo.
2. Las decisiones adoptadas por la Comisión Mixta en el ejercicio de las funciones que le encomienda el presente Convenio Colectivo tendrán, por expresa voluntad de las partes, fuerza vinculante para todos los trabajadores y empresas sujetos al ámbito de aplicación del presente convenio.
3. Su composición será proporcional a la representatividad de cada una de las organizaciones sindicales firmantes del Convenio colectivo que, tendrán el voto ponderado en función de su representación en Alain Afflelou España, S.A.U., y tantos miembros parte de Alain Afflelou España, S.A.U. como representantes sindicales. Su composición lo será en proporción a los componentes de la Comisión negociadora del Convenio con un máximo de 3 miembros por cada una de las partes que la componen.
4. Actuarán como presidente de la comisión, y como secretario de la misma, respectivamente, y de forma alternativa un miembro de la representación de la empresa y otro de la representación social. Por la empresa será quien ostente en cada momento el cargo de responsable de Recursos Humanos y como secretario el miembro sindical de la organización con mayor representación en la misma.
5. Asimismo, la Comisión podrá interesar los servicios de asesores ocasionales o permanentes en cuantas materias son de su competencia, quienes serán libremente designados por las partes.
Artículo 52. Procedimiento.
1. Los asuntos sometidos a la Comisión Mixta revestirán el carácter de ordinarios o extraordinarios. Otorgará tal calificación cualquiera de las partes que integran la misma.
2. En el primer supuesto, la Comisión Mixta deberá resolver en el plazo de treinta días; y en el segundo, en cinco días.
3. Para la adopción de acuerdos válidos será necesario el voto favorable mayoritario de cada una de las dos representaciones.
Artículo 53. Funciones y competencias de la Comisión Mixta.
Son funciones específicas de la Comisión Mixta las siguientes:
1. Interpretación y desarrollo del Convenio colectivo.
2. A requerimiento de cualquiera de las partes, deberá mediar o arbitrar, si recibe el mandato correspondiente, en el tratamiento y solución de cuantas cuestiones y conflictos de carácter colectivo puedan suscitarse en el ámbito de aplicación del presente Convenio colectivo.
3. Podrá realizar tareas de vigilancia del cumplimiento de lo pactado, y muy especialmente de las estipulaciones obligacionales insertas en el Convenio.
4. Entender, de forma previa y obligatoria a la vía administrativa y jurisdiccional, en relación con los conflictos colectivos que puedan ser interpuestos, por quienes están legitimados para ello con respecto a la aplicación e interpretación de los preceptos derivados del presente Convenio colectivo.
5. Si en el futuro se crearan puestos o funciones sobre los que existieran discrepancias en orden a su actividad prevalente para el encuadramiento de la misma en uno de los Grupos profesionales, será igualmente competente la Comisión Mixta para resolverlas.
Procedimientos voluntarios de solución de conflictos colectivos
Artículo 54.
1. Las partes signatarias del presente Convenio estiman necesario establecer procedimientos voluntarios de solución de los conflictos de carácter colectivo, al no agotar las tareas encomendadas a la Comisión Mixta las necesidades que a este respecto puedan surgir entre la empresa y trabajadores, en relación con la aplicación e interpretación de lo pactado y su adecuación a las circunstancias en las que se presta y realiza el trabajo en la empresa.
Artículo 55.
Con carácter previo al ejercicio del derecho de huelga o a la reclamación judicial de cualquier conflicto colectivo, las partes se comprometen a agotar los procedimientos voluntarios de solución de conflictos previstos en el presente capítulo, y previo a todos ellos, a la negociación de la situación de conflicto en el seno de la Comisión Mixta del Convenio colectivo que será convocada a tal efecto.
Artículo 56. Comité Intercentros.
Al amparo de lo establecido en el artículo 63.3 del ET, se constituirá un Comité Intercentros, como órgano de representación colegiado, para servir de resolución de todas aquellas materias que, excediendo de las competencias propias de los Comités de Centro o Delegados de Personal, por ser cuestiones que afectan a varios centros, deban ser tratados con carácter general.
Al Comité Intercentros le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 65 del ET.
El número máximo de componentes del Comité Intercentros será de seis miembros, tres en representación de la Empresa, y otros tres que serán designados de entre los componentes de los distintos comités de centro o delegados de personal guardando la proporcionalidad de los sindicatos según los resultados electorales de la empresa.
Para la distribución de los puestos entre los sindicatos, seguirán las reglas establecidas en el artículo 71.2 b) del ET sustituyéndose el término lista por el de sindicato y el de voto válido por el de miembro del Comité o Delegado de personal.
La designación de Miembro de Comité Intercentros se realizará por los sindicatos que cuenten con representantes en la Empresa y tengan derecho por la regla de proporcionalidad antes indicada a ocupar puestos en el mismo, mediante comunicación dirigida a La empresa.
Los cambios que se produzcan en la representación con motivo de elecciones que no sean generales en el ámbito de la misma, se tendrán en cuenta con carácter anual, a 31 de diciembre, para modificar en su caso la composición del Comité Intercentros.
El Comité Intercentros asume las competencias previstas en los artículos 64 y 41 del ET, cuando las medidas o reivindicaciones afecten a más de un centro de trabajo y la negociación colectiva.
El Comité Intercentros se regirá en su funcionamiento por las normas establecidas en el ET para los comités y sus decisiones en las materias de su competencia serán vinculantes para la totalidad de trabajadores.
Disposición final primera.
Las partes signatarias del presente Convenio colectivo han agotado en el contexto del mismo su respectiva capacidad de negociación en el tratamiento de las distintas materias que han sido objeto del Convenio, por lo que se comprometen a no promover niveles inferiores de contratación ni cuestiones, utilizando el cauce de los Comités de empresa, que pudieran suponer revisiones de lo pactado.
Disposición transitoria primera.
Aquellas empresas que se incorporen por primera vez al presente Convenio colectivo, con posterioridad a la firma del mismo, procederán a adecuar las retribuciones salariales de todos los trabajadores a los conceptos del Convenio de la siguiente manera:
1. El salario base de grupo será el establecido para el grupo profesional en el Convenio colectivo, pudiendo absorberse para alcanzar el mismo cualquier complemento salarial.
2. Para evitar que las empresas que por primera vez en el futuro se incorporen al presente Convenio colectivo se vean obligadas a soportar un incremento salarial superior al pactado en el mismo para la generalidad de los trabajadores, a fin de alcanzar el nuevo salario resultante de la reclasificación que hayan de operar, podrán las empresas detraer las cantidades necesarias de aquellos conceptos que, por encima de los mínimos garantizados, sean percibidos en cómputo anual por los trabajadores.
En el supuesto de que el salario base resultante de la reclasificación operada fuera inferior al que viniera percibiendo el trabajador, se incluirá tal diferencia como complemento personal. Esta diferencia no podrá ser compensada ni absorbida hacia el futuro en dicha cuantía.
3 Aquellas empresa que, durante la vigencia del presente Convenio colectivo se adhiriesen al mismo a través del procedimiento establecido, tendrán que llevar a cabo la adaptación salarial de su plantilla a lo dispuesto en esta norma durante un plazo máximo de tres años a contar desde el momento de su adhesión.
Disposición transitoria segunda.
Los trabajadores que a la firma del Convenio estuvieran percibiendo catorce pagas y comuniquen a la empresa su voluntad de seguir percibiendo las mimas seguirán percibiendo el mismo número de pagas que habían estado percibiendo hasta ahora.
Los trabajadores que, en el momento de entrar en vigor el presente convenio colectivo estuviesen percibiendo el complemento salarial de antigüedad, verán integrado su importe en su complemento personal, siendo este importe, el de su antigüedad a la fecha de entrada en vigor, un concepto que no podrá ser compensable ni absorbible.
Del mismo modo, aquellos trabajadores que estuvieran percibiendo un salario base superior al que marca el presente convenio, consolidarán ese exceso, salvo lo que corresponda a mejora voluntaria, en un complemento denominado complemento de empresa que no será compensable ni absorbible.
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Convenio colectivo de Alain Afflelou El salario base más alto es de 17.000 euros... #BOE
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CONVENIOS
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Convenio colectivo de Alain Afflelou.
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SE MODIFICA
los arts. 1.1, 4.4, 5 y 10, por Resolución de 3 de mayo de 2022
SE DICTA EN RELACIÓN
y se publican tablas salariales, por Resolución de 15 de septiembre de 2021
SE DICTA EN RELACIÓN
, y se publica revisión salarial, por Resolución de 19 de junio de 2020
SE DICTA EN RELACIÓN
, y se publica revisión salarial, por Resolución de 29 de marzo de 2019
SE DICTA EN RELACIÓN
, y se publican tablas salariales, por Resolución de 16 de febrero de 2018
SE DICTA EN RELACIÓN
y se publican tablas salariales, por Resolución de 10 de febrero de 2017
SE DICTA EN RELACIÓN
, y se publica revisión salarial, por Resolución de 12 de febrero de 2016
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"1684",
"3442",
"5249"
] | 813
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2013-03-09
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Recurso promovido contra
determinados preceptos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril
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BOE-A-2013-2603
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Recurso de inconstitucionalidad n.º 557-2013, contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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<titulo>Recurso de inconstitucionalidad n.º 557-2013, contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.</titulo>
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<p class='parrafo'>El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 26 de febrero actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 557-2013, promovido por el Gobierno de Canarias, contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 26 de febrero de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.</p>
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Sat Mar 09 08:45:53 +0000 2013
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El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 26 de febrero actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 557-2013, promovido por el Gobierno de Canarias, contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Madrid, 26 de febrero de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.
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Admisión a trámite en el TC del recurso canario contra la Ley de Estabilidad Financiera #BOE
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[
"111",
"121",
"127",
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TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL
|
Tribunal Constitucional
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Admisión a trámite en el Tribunal Constitucional del recurso canario contra la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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SE DICTA
en el mismo, y SE DECLARA su desestimación, por Sentencia 215/2014, de 18 de diciembre
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[
"5904",
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"6658"
] | 814
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2013-05-28
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BOE-B-2013-20467
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Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón que convoca licitación del contrato de organización de la feria taurina a celebrar con motivo de las fiestas patronales de Nuestra Sra. de la Consolación 2013.
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<identificador>BOE-B-2013-20467</identificador>
<titulo>Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón que convoca licitación del contrato de organización de la feria taurina a celebrar con motivo de las fiestas patronales de Nuestra Sra. de la Consolación 2013.</titulo>
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<fecha_publicacion>20130528</fecha_publicacion>
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<analisis>
<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
<tipo codigo='7'>Administrativo especial</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas>Quince días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el B.O.E., de 9 a 13 horas</fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas>Se anunciará en el perfil de contratante</fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>148.830,00</importe>
<ambito_geografico>Comunidad de Madrid</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Junta de Gobierno Local. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.</dd>
<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Unidad de Contratación.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Plaza Mayor, n.º 1.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Pozuelo de Alarcón (Madrid) 28223.</dd>
<dt>4) Teléfono: </dt>
<dd>91 452 27 60 – 91 452 27 09.</dd>
<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>www.pozuelodealarcon.org.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>d) Número de expediente: </dt>
<dd>2013/PA/000021.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Administrativo especial.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Organización de la feria taurina a celebrar con motivo de las fiestas patronales de Nuestra Sra. de la Consolación 2013.</dd>
<dt>d) Lugar de ejecución/entrega: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>2) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Pozuelo de Alarcón (Madrid).</dd>
</dl>
</dd>
<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
<dd>Días 2, 4, 6 y 7 de septiembre de 2013.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
<dd>Precio.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) </dt>
<dd> Importe neto: 123.000,00 euros. Importe total: 148.830,00 euros. </dd>
</dl>
</dd>
<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
<dd> Definitiva (%): 5% importe adjudicación, IVA excluido.</dd>
<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
<dd>Cláusula 24ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
<dd>Quince días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el B.O.E., de 9 a 13 horas.</dd>
<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
<dd>Dos sobres.</dd>
<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Unidad de Contratación.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Plaza Mayor, n.º 1.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Pozuelo de Alarcón (Madrid) 28223.</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
</dd>
<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>b) Dirección: </dt>
<dd>El indicado en el punto 1.</dd>
<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
<dd>El indicado en el punto 1.</dd>
<dt>d) Fecha y hora: </dt>
<dd>Se anunciará en el perfil de contratante.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
<dd>Por cuenta del adjudicatario, un máximo de 750 euros.</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Pozuelo de Alarcón (Madrid), 23 de mayo de 2013.- La Concejal-Delegada de Hacienda, Contratación y Patrimonio, Isabel Pita Cañas.</p>
</texto>
</documento>
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Tue May 28 07:26:00 +0000 2013
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1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Junta de Gobierno Local. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Unidad de Contratación.
2) Domicilio:
Plaza Mayor, n.º 1.
3) Localidad y código postal:
Pozuelo de Alarcón (Madrid) 28223.
4) Teléfono:
91 452 27 60 – 91 452 27 09.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.pozuelodealarcon.org.
d) Número de expediente:
2013/PA/000021.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Administrativo especial.
b) Descripción:
Organización de la feria taurina a celebrar con motivo de las fiestas patronales de Nuestra Sra. de la Consolación 2013.
d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal:
Pozuelo de Alarcón (Madrid).
e) Plazo de ejecución/entrega:
Días 2, 4, 6 y 7 de septiembre de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Precio.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 123.000,00 euros. Importe total: 148.830,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5% importe adjudicación, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Cláusula 24ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
Quince días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el B.O.E., de 9 a 13 horas.
b) Modalidad de presentación:
Dos sobres.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Unidad de Contratación.
2) Domicilio:
Plaza Mayor, n.º 1.
3) Localidad y código postal:
Pozuelo de Alarcón (Madrid) 28223.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección:
El indicado en el punto 1.
c) Localidad y código postal:
El indicado en el punto 1.
d) Fecha y hora:
Se anunciará en el perfil de contratante.
10. Gastos de publicidad:
Por cuenta del adjudicatario, un máximo de 750 euros.
Pozuelo de Alarcón (Madrid), 23 de mayo de 2013.- La Concejal-Delegada de Hacienda, Contratación y Patrimonio, Isabel Pita Cañas.
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Pozuelo de Alarcón presupuesta en casi 150.000 euros la fiesta taurina de los festejos patronales de este año #BOE
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Administración Local
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Pozuelo de Alarcón licita la organización de la feria taurina a celebrar con motivo de las fiestas patronales de Nuestra Sra. de la Consolación 2013 por importe total de 148.830,00 euros.
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2015-06-17
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BOE-B-2015-19493
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Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se convoca licitación pública para la contratación de aulas en el municipio de Madrid para la realización del proceso selectivo para 2015 del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
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<documento fecha_actualizacion='20181023201512'>
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<identificador>BOE-B-2015-19493</identificador>
<titulo>Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se convoca licitación pública para la contratación de aulas en el municipio de Madrid para la realización del proceso selectivo para 2015 del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>144</diario_numero>
<seccion>5</seccion>
<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='7320'>Ministerio del Interior</departamento>
<numero_anuncio>A150028893</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20150617</fecha_publicacion>
<letra_imagen>B</letra_imagen>
<pagina_inicial>27099</pagina_inicial>
<pagina_final>27100</pagina_final>
<suplemento_letra_imagen></suplemento_letra_imagen>
<suplemento_pagina_inicial></suplemento_pagina_inicial>
<suplemento_pagina_final></suplemento_pagina_final>
<url_pdf>/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-B-2015-19493.pdf</url_pdf>
</metadatos>
<analisis>
<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas>06/07/2015</fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas>21/07/2015, 10:00 h</fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>90.000,00</importe>
<ambito_geografico>Sin definir</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>70000000 Servicios inmobiliarios</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Subdirección General de Servicios Penitenciarios.</dd>
<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Alcalá, 38.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid 28014.</dd>
<dt>5) Telefax: </dt>
<dd>913354892.</dd>
<dt>6) Correo electrónico: </dt>
<dd>[email protected].</dd>
<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>www.contrataciondelestado.es.</dd>
<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
<dd>06/07/2015.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>d) Número de expediente: </dt>
<dd>020020150120.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Servicios.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Contratación de aulas para proceso selectivo.</dd>
<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
<dd>Dos días.</dd>
<dt>f) Admisión de prórroga: </dt>
<dd>No.</dd>
<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>70310000-7.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>74.380,17 €.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) </dt>
<dd>Importe total: 90.000,00 euros. </dd>
</dl>
</dd>
<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
<dd> Definitiva (%): 5 % de importe de adjudicación, IVA excluido.</dd>
<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
<dd>Apartado 7 cuadro de características.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
<dd>06/07/2015.</dd>
<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Alcalá, 38.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid 28014.</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
</dd>
<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Descripción: </dt>
<dd>Acto público.</dd>
<dt>b) Dirección: </dt>
<dd>Alcalá, 38.</dd>
<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid.</dd>
<dt>d) Fecha y hora: </dt>
<dd>21/07/2015, 10:00 h.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
<dd>Por cuenta del adjudicatario.</dd>
</dl>
<p class='parrafo'>Madrid, 12 de junio de 2015.- Subdirector general de Servicios Penitenciarios.</p>
</texto>
</documento>
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Wed Jun 17 09:22:52 +0000 2015
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1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
2) Domicilio:
Alcalá, 38.
3) Localidad y código postal:
Madrid 28014.
5) Telefax:
913354892.
6) Correo electrónico:
[email protected].
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
06/07/2015.
d) Número de expediente:
020020150120.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Contratación de aulas para proceso selectivo.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Dos días.
f) Admisión de prórroga:
No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
70310000-7.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
74.380,17 €.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe total: 90.000,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5 % de importe de adjudicación, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Apartado 7 cuadro de características.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
06/07/2015.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
2) Domicilio:
Alcalá, 38.
3) Localidad y código postal:
Madrid 28014.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Acto público.
b) Dirección:
Alcalá, 38.
c) Localidad y código postal:
Madrid.
d) Fecha y hora:
21/07/2015, 10:00 h.
10. Gastos de publicidad:
Por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 12 de junio de 2015.- Subdirector general de Servicios Penitenciarios.
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Interior pagará 90.000€ a la universidad que acoja oposiciones a ayudantes penitenciarios durante 2 días #BOE
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Ministerio del Interior
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El Ministerio de Interior licita la contratación de aulas para proceso selectivo por importe total de 90.000,00 euros.
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2014-07-07
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BOE-A-2014-7125
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Decreto 237/2013, de 17 de diciembre, por el que se aprueba la creación del municipio de Valderrubio por segregación del término municipal de Pinos Puente (Granada).
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<documento fecha_actualizacion='20200807085601'>
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<identificador>BOE-A-2014-7125</identificador>
<titulo>Decreto 237/2013, de 17 de diciembre, por el que se aprueba la creación del municipio de Valderrubio por segregación del término municipal de Pinos Puente (Granada).</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>164</diario_numero>
<seccion>3</seccion>
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<departamento codigo='8010'>Comunidad Autónoma de Andalucía</departamento>
<rango codigo='1510'>Decreto</rango>
<numero_oficial>237/2013</numero_oficial>
<fecha_disposicion>20131217</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20140707</fecha_publicacion>
<fecha_vigencia></fecha_vigencia>
<fecha_derogacion></fecha_derogacion>
<letra_imagen>A</letra_imagen>
<pagina_inicial>53068</pagina_inicial>
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<suplemento_pagina_final></suplemento_pagina_final>
<estatus_legislativo></estatus_legislativo>
<origen_legislativo codigo='2'>Autonómico</origen_legislativo>
<estado_consolidacion codigo=''></estado_consolidacion>
<judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
<vigencia_agotada>N</vigencia_agotada>
<estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
<url_epub></url_epub>
<url_pdf>/boe/dias/2014/07/07/pdfs/BOE-A-2014-7125.pdf</url_pdf>
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<analisis>
<notas></notas>
<materias></materias>
<alertas></alertas>
<referencias>
<anteriores></anteriores>
<posteriores>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2015-938'>
<palabra codigo='201'>CORRECCIÓN de errores</palabra>
<texto>en BOE núm. 28 de 2 de febrero de 2015</texto>
</posterior>
</posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Vista la iniciativa para la creación de un nuevo municipio denominado Valderrubio por segregación del término municipal de Pinos Puente (Granada) y en consideración a los siguientes</p>
<p class='centro_negrita'>
<strong>Hechos</strong>
</p>
<p class='articulo'>Primero</p>
<p class='parrafo'>El 22 de diciembre de 2010, la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma de Valderrubio (ELA en adelante) acordó solicitar al Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada) que incoase el procedimiento relativo a la segregación de Valderrubio de su término municipal, para su constitución como nuevo municipio.</p>
<p class='parrafo'>El núcleo de población de Valderrubio se halla separado 9,4 km por carretera del núcleo en el que tiene su sede el Ayuntamiento de Pinos Puente y su configuración jurídica actual data de 2002, año en el que, mediante Decreto 107/2002, de 19 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, se creó la Entidad Local Autónoma de Valderrubio, en el término municipal de Pinos Puente, de la provincia de Granada (BOJA núm. 47, de 23 de abril de 2002).</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>Recibida esa propuesta, en sesión del Pleno del Ayuntamiento de Pinos Puente de 18 de agosto de 2011 se acordó, por mayoría absoluta, iniciar el procedimiento de segregación de Valderrubio para su constitución en municipio, dar conformidad a un acuerdo entre las dos entidades locales respecto a la determinación del importe y forma de liquidación de las deudas pendientes si la segregación llegara a culminar y, por último, remitir la iniciativa y la correspondiente documentación a la Administración Autonómica, todo ello en virtud del artículo 95.1.a) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y de conformidad con el artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 47.2.a) de la misma Ley.</p>
<p class='articulo'>Tercero.</p>
<p class='parrafo'>Con fecha 23 de agosto de 2011 se recibió en esta Administración toda la documentación remitida por el Ayuntamiento de Pinos Puente, procediéndose a la instrucción del expediente por parte de la Dirección General de Administración Local, de la siguiente forma:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Documentación presentada: Examinada la documentación presentada por el Ayuntamiento de Pinos Puente, se verificó que, desde un punto de vista formal, se habían aportado los documentos exigidos por el artículo 96 de la Ley 5/2010, de 11 de junio: Memoria justificativa de la segregación pretendida; cartografía del término municipal de Pinos Puente y del ámbito territorial propuesto para el municipio de Valderrubio; informe de viabilidad económica; propuesta sobre el nombre y capitalidad del municipio proyectado; propuesta sobre el régimen especial de protección de acreedores; propuesta de atribución al municipio pretendido de bienes, créditos, derechos y obligaciones; régimen de usos públicos y aprovechamientos comunales; y propuesta de bases para resolver conflictos.</p>
<p class='parrafo'>b) Audiencia a otros municipios afectados: Mediante oficio de 3 de octubre de 2011 se concedió audiencia por cuatro meses al Ayuntamiento de Íllora. La concesión de audiencia a este Ayuntamiento se fundamenta en que su término municipal es colindante con la línea límite del ámbito territorial de la ELA de Valderrubio. El 2 de noviembre de 2011, dentro del plazo previsto para dicho trámite, el Alcalde del Ayuntamiento de Íllora remitió alegaciones respecto a la propuesta de delimitación del municipio proyectado.</p>
<p class='parrafo'>c) Información pública: El 15 de noviembre de 2011 se dictó Resolución por el Director General de Administración Local acordando la apertura del trámite de información pública, que fue publicada en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Pinos Puente y de la ELA de Valderrubio, en el BOJA n.º 73, de 13 de diciembre de 2011, y en el BOP de Granada n.º 236, de 14 de diciembre de 2011. Durante el transcurso del plazo de un mes previsto para el mencionado trámite, computado desde la publicación de la Resolución en el último boletín oficial, y concluido, por tanto, el 14 de enero de 2012, fueron presentadas en el Ayuntamiento de Pinos Puente una serie de alegaciones suscritas por particulares, contrarias a la propuesta territorial contenida en la Memoria justificativa de la creación del municipio de Valderrubio. Dichas alegaciones se recibieron el 31 de enero de 2012.</p>
<p class='parrafo'>d) Actuaciones tendentes a la concreción del ámbito territorial: La concreción del ámbito territorial propuesto para el municipio proyectado, ha requerido la realización de las actuaciones que seguidamente se indican:</p>
<p class='parrafo_2'>– Como se refirió anteriormente, durante los trámites de audiencia y de información pública fueron aportadas alegaciones al respecto por el Ayuntamiento de Íllora y por particulares. Todas ellas se remitieron al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), y se solicitó su valoración al respecto. Posteriormente, mediante oficio de 20 de enero de 2012 se reiteró tal petición, haciéndose constar además que, de conformidad con la preceptiva intervención de dicho Instituto en cualquier procedimiento de iniciativa de modificación de términos municipales, prevista en el artículo 91.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, se solicitaba su informe técnico a efectos de obtener la georreferenciación del territorio pretendido para el nuevo municipio, subrayando la circunstancia de que la propuesta territorial no se correspondía íntegramente con el límite del territorio de la ELA de Valderrubio, proyectándose una variación territorial mínima con respecto a la línea delimitadora relacionada en el artículo 2 del Decreto 107/2002, de 19 de marzo, que acordó la creación de dicha entidad.</p>
<p class='parrafo_2'>En relación con tales requerimientos, el IECA emitió dos informes el 27 de abril de 012.</p>
<p class='parrafo_2'>– El 16 de mayo de 2012 se requirió al Ayuntamiento de Pinos Puente para que emitiera su parecer en relación con las alegaciones del Ayuntamiento de Íllora y de los particulares afectados, así como de las observaciones expuestas en los informes del IECA. El 1 de agosto de 2012 se recibió escrito de respuesta, suscrito por el Alcalde de Pinos Puente, acompañado de un certificado de la Secretaría del Ayuntamiento, en el que se acredita que en sesión plenaria de 26 de julio de 2012 se acordó aprobar una nueva propuesta del ámbito territorial de Valderrubio.</p>
<p class='parrafo_2'>Esta documentación fue remitida al IECA y, tras la reunión de trabajo mantenida entre varios de sus técnicos con representantes del Ayuntamiento de Pinos Puente y de la ELA de Valderrubio, con fecha 5 de noviembre de 2012 se recibió un nuevo informe del IECA.</p>
<p class='parrafo_2'>– A la vista de ese nuevo informe, y mediante oficio de 20 de noviembre de 2012, se solicitó al Ayuntamiento de Pinos Puente, una valoración expresa respecto a la posible repercusión que podría conllevar la disminución del ámbito territorial propuesto inicialmente en los restantes datos incluidos en la Memoria presentada y en cuanto a la concurrencia de las circunstancias legalmente exigidas para la iniciativa segregacionista.</p>
<p class='parrafo_2'>Con fecha 19 de diciembre de 2012 se recibió certificado de la Secretaría del Ayuntamiento, acreditando que, en sesión del Pleno de 29 de noviembre de 2012, se ratificó por unanimidad el acuerdo adoptado el 26 de julio de 2012, indicándose expresamente que tras la reducción territorial aprobada se seguían manteniendo las circunstancias legalmente exigidas para la segregación proyectada.</p>
<p class='parrafo'>e) Actuaciones relativas a la viabilidad económica:</p>
<p class='parrafo_2'>Además se realizaron una serie de actos instructores respecto a la comprobación, desde el punto de vista económico, de la viabilidad de la modificación territorial pretendida y del municipio proyectado:</p>
<p class='parrafo_2'>– El 19 de enero de 2012 se solicitó informe al Servicio de Cooperación Económica de la Dirección General de Administración Local, pidiendo su valoración acerca de la viabilidad económica del municipio proyectado.</p>
<p class='parrafo_2'>El citado Servicio hizo constar la insuficiencia de la información contenida en la documentación presentada, requiriendo tener a su disposición, para poder pronunciarse con objetividad, una serie de datos de carácter económico de los ejercicios 2008, 2009 y 2010, de la ELA y del Ayuntamiento, referida al estado de liquidación del presupuesto de gastos; al estado de liquidación del presupuesto de ingresos; al estado del remanente de tesorería; a un informe del Ayuntamiento acorde con lo dispuesto en el artículo 93.2.g) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, acreditando que, en el supuesto de que la iniciativa de segregación culminase favorablemente, el municipio de Pinos Puente no resultaría «afectado de forma negativa en la cantidad y calidad de prestación de los servicios de su competencia, ni privado de los recursos necesarios para la prestación de los servicios básicos establecidos legalmente»; así como certificaciones de las respectivas Secretarías y/o Intervenciones de las dos entidades, acreditativos del importe de las deudas existentes entre ambas, su modo de liquidación y su reflejo en cuanto a las obligaciones y derechos que se le atribuirían al nuevo municipio. En consecuencia, la Dirección General de Administración Local requirió tal información al Ayuntamiento de Pinos Puente.</p>
<p class='parrafo'>Con fecha 17 de febrero de 2012 fue aportada la información requerida, dándose traslado de la misma al Servicio de Cooperación Económica, que emitió informe el 24 de febrero de 2012.</p>
<p class='parrafo_2'>– De conformidad con lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, con fecha 10 de enero de 2013 se solicitó, a la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales dependiente de la Consejería competente en materia de hacienda, información relativa a los informes de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del ejercicio 2011, del Ayuntamiento de Pinos Puente y de la ELA de Valderrubio.</p>
<p class='parrafo_2'>Tras la recepción de esa información, así como de ciertos documentos complementarios de la ELA de Valderrubio, también de carácter económico, el 8 de marzo de 2013 fue emitido nuevo informe por el Servicio de Cooperación Económica, con los datos actualizados referidos al ejercicio de 2011.</p>
<p class='parrafo_2'>– Por último, a efectos de proceder con la mayor objetividad posible en la verificación de la viabilidad económica del municipio proyectado, y una vez recibidos los «Informes de la Intervención sobre los Planes económico-financieros de los ejercicios 2010 y 2011, aprobados por la ELA de Valderrubio, haciendo constar expresamente, a fecha 31 de marzo de 2013, el estado o cumplimiento de las medidas que se adoptaron en su momento para la recuperación de la estabilidad presupuestaria», el Servicio de Cooperación Económica emitió nuevo informe de fecha 11 de abril de 2013.</p>
<p class='parrafo_2'>f) Otras consultas e informes preceptivos:</p>
<p class='parrafo_2'>Asimismo se han recabado los siguientes informes preceptivos y consultas:</p>
<p class='parrafo_2'>– Mediante oficios de fecha 31 de enero de 2012 se requirió el parecer de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Granada y el de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, cuyos informes se recibieron el 15 de febrero y el 29 de marzo de 2012, respectivamente.</p>
<p class='parrafo'>– El 13 de noviembre de 2012 se solicitó un pronunciamiento del Pleno de la Diputación Provincial de Granada, recibiéndose el 27 de diciembre de 2012 el acuerdo adoptado en Pleno de la Diputación del día 29 de noviembre de 2012.</p>
<p class='parrafo'>– El 3 de enero de 2013 se solicitó informe al Consejo Andaluz de Concertación Local, recibiéndose el 7 de febrero de 2013 el acuerdo de su Comisión Permanente.</p>
<p class='parrafo'>– Asimismo se han requerido informes a la Secretaría General Técnica y a la Asesoría Jurídica de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, los cuales fueron emitidos los días 18 de julio de 2013 y 8 de agosto de 2013, respectivamente, todo ello de conformidad con el artículo 36.1 del Reglamento de Demarcación Municipal de Andalucía y del Registro Andaluz de Entidades Locales, aprobado por Decreto 185/2005, de 30 de agosto.</p>
<p class='articulo'>Cuarto.</p>
<p class='parrafo'>El Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales solicitó dictamen sobre este asunto al Consejo Consultivo de Andalucía, el cual fue emitido en fecha 4 de diciembre de 2013 y simultáneamente se ha puesto en conocimiento de la Administración del Estado las características y datos principales del expediente.</p>
<p class='parrafo'>A los anteriores Hechos les resultan de aplicación los siguientes</p>
<p class='centro_negrita'>Fundamentos de Derecho</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>Además de la normativa de general aplicación, resultan aplicables al procedimiento la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, así como los preceptos del Reglamento de Demarcación Municipal de Andalucía y del Registro Andaluz de Entidades Locales, aprobado por Decreto 185/2005, de 30 de agosto, en lo que no se opongan a la mencionada Ley y que no hayan sido declarados nulos tras la firmeza de las dos Sentencias de 14 de abril de 2008, dictadas en los recursos 725/2005 y 727/2005 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y confirmadas, respectivamente, por las Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2010 y de 25 de enero de 2011.</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>Según el artículo 99 de la referida Ley 5/2010, de 11 de junio, todos los expedientes de creación o supresión de municipios, así como los de alteración de términos municipales, serán resueltos por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente sobre régimen local. En consecuencia, procede la resolución del procedimiento mediante el presente Decreto, a la vista de la propuesta efectuada por el Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales.</p>
<p class='articulo'>Tercero.</p>
<p class='parrafo'>En el procedimiento se han observado los trámites previstos en la normativa de aplicación referidos, resumidamente, a la adopción de la iniciativa de segregación mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta del Ayuntamiento; la recepción en la Administración Autonómica de dicho acuerdo plenario, acompañado de la Memoria justificativa de la alteración territorial proyectada y demás documentación exigida legalmente; concesión de un plazo de audiencia de cuatro meses a los Ayuntamientos que ostentan la condición de parte interesada y que no han participado en la iniciativa; información pública durante el plazo de un mes; y los informes y consultas preceptivas, así como los que se han considerado necesarios, conforme se ha detallado en los hechos.</p>
<p class='articulo'>Cuarto.</p>
<p class='parrafo'>En primer lugar hay que tener en cuenta que en el artículo 93.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, se establece que la creación de un nuevo municipio por segregación tendrá carácter excepcional, sólo se hará sobre la base de núcleos de población y necesitará, además de la conformidad expresa, acordada por mayoría absoluta, del pleno del Ayuntamiento del municipio que sufre la segregación, la concurrencia, al menos, de las circunstancias que se indican en dicho artículo.</p>
<p class='parrafo'>La trascendencia y repercusiones que conlleva la creación de un nuevo municipio sobre la realidad social, sobre la organización y planificación territorial y urbanística, la economía local o la prestación de los servicios, entre otros aspectos, dan a este tipo de iniciativa ese carácter excepcional, lo que además conlleva que en el expediente deba verificarse la concurrencia de una serie circunstancias mínimas que justifiquen que la ELA de Valderrubio pueda acceder a la condición de nuevo municipio, mediante su segregación del término municipal de Pinos Puente. De esa forma, teniendo en cuenta la previsión de la Ley 5/2010, de 11 de junio, a continuación se procede al análisis de la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 93.2 de la misma:</p>
<p class='parrafo_2'>1. «La existencia de motivos permanentes de interés público, relacionados con la planificación territorial de Andalucía» (artículo 93.2.a).</p>
<p class='parrafo_2'>Para examinar la concurrencia de esta exigencia legal, contemplada en el artículo 93.2 a) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, es necesario mencionar previamente las incidencias sucedidas durante la tramitación procedimental en cuanto a la propuesta de concreción territorial realizada por el Ayuntamiento de Pinos Puente para el municipio proyectado.</p>
<p class='parrafo_2'>a) Sobre los límites territoriales:</p>
<p class='parrafo_2'>Así, aunque dicha propuesta partía de la premisa de su adecuación a los límites territoriales de la ELA de Valderrubio, definidos literalmente en el artículo 2 del Decreto 107/2002, de 19 de marzo, por el que se acordó la creación de dicha entidad, se advirtió que en la expresión gráfica del territorio pretendido constaba una divergencia con respecto al límite Este de la ELA, en la zona referida al lindero con el municipio de Fuente Vaqueros. Esta diferencia se correspondía con una franja de terreno de 100 metros de anchura y una longitud aproximada de 4 Km, la cual se diseñó para garantizar la continuidad territorial del municipio matriz, en el supuesto de que la iniciativa segregacionista fuera resuelta positivamente. Así, la descripción del mencionado límite Suroeste se lleva a cabo en el Punto 9.º de la línea, sobre el cual se detalla en la Memoria que »desde el punto anterior continua paralelo al límite del término del Ayuntamiento de Pinos Puente con Fuente Vaqueros; con una separación del mismo de 100 metros hasta llegar al ramal de la acequia Gorda coincidiendo con el punto más angosto del término de Pinos Puente».</p>
<p class='parrafo'>Por otra parte, durante el trámite de audiencia de cuatro meses, previsto en el artículo 97.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, el Alcalde de Íllora, cuyo término municipal es colindante con la línea límite de la ELA de Valderrubio, manifestó su disconformidad con la propuesta territorial en cuanto a sus referencias a la zona Suroeste del municipio pretendido, lindante concretamente con los polígonos 13 y 14 del catastro de rústica del término municipal de Íllora. La discrepancia se observaba entre la documentación gráfica que obraba en la Memoria justificativa de la creación del municipio de Valderrubio (Mapa Topográfico de Andalucía a escala 1:10.000) y los planos de la Dirección General del Catastro, en los que se fundamentaba el Alcalde de Íllora en su alegación de que una serie de parcelaciones no deberían formar parte del territorio del nuevo municipio proyectado, debiendo considerarse que se hallaban en el término municipal de Íllora. En este sentido, resultarían totalmente afectadas las parcelas 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207, y parcialmente las parcelas 196 y 199.</p>
<p class='parrafo'>Por último, el Ayuntamiento de Pinos Puente también remitió las idénticas alegaciones suscritas por 34 personas vecinas en el trámite de información pública previsto en el artículo 97.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, quienes, en su condición de titulares de la propiedad de ciertas fincas ubicadas en la zona «Camino de Vascos Bajos», localizada en la referida franja de terreno proyectada por el Ayuntamiento de Pinos Puente para salvaguardar su continuidad territorial, motivaban sus escritos de alegaciones en la necesidad de que se concretase el territorio proyectado para Valderrubio, de forma que el término municipal de Pinos Puente tuviera una mayor coherencia territorial; que para la división territorial se tuvieran en consideración los elementos naturales existentes en la nueva franja ideada, a efectos de no producir la futura división de las fincas que actualmente se extienden entre el municipio de Pinos Puente y el territorio propuesto para Valderrubio; y, por último, en el hecho de que no se hubiera previsto dotar al término municipal proyectado de Valderrubio de la parte proporcional de suelo de secano que le correspondía, toda vez que en la delimitación propuesta solo se recogía suelo de regadío.</p>
<p class='parrafo'>La preceptiva intervención del IECA, conllevó su emisión de dos informes el 27 de abril de 2012, referidos, respectivamente, a «la propuesta de segregación de la ELA de Valderrubio, del término municipal de Pinos Puente, para su creación como municipio independiente», y a «la línea delimitadora de los términos municipales de Pinos Puente e Íllora». En dichos informes el IECA realizaba una descripción literal y gráfica de la propuesta de delimitación territorial del nuevo municipio, en forma de 11 puntos debidamente descritos con sus coordenadas en proyección UTM. Sin embargo, dicho organismo formuló la objeción relativa a que este informe adolecía de ciertas indefiniciones, habida cuenta que la documentación remitida únicamente contenía las líneas límite municipales y no el resto de los elementos geográficos del territorio, naturales o artificiales, proponiéndose un ajuste en la situación de algunos de los puntos delimitadores contenidos en la documentación que obra en el expediente.</p>
<p class='parrafo'>En definitiva, según el IECA la información que aportaban era meramente provisional a falta de un estudio topográfico, con la consiguiente concreción de puntos y coordenadas, de las líneas límite entre Íllora y Pinos Puente (parte Oeste de la nueva delimitación) y de Fuente Vaqueros y Pinos Puente (parte Noreste). Precisamente, a fin de resolver las discrepancias puestas de manifiesto por el Alcalde de Íllora, y dada la disparidad de información recogida en las distintas fuentes cartográficas, se recomendaba la realización de un estudio topográfico de la zona.</p>
<p class='parrafo'>Tras el traslado de tales informes al Ayuntamiento de Pinos Puente, para que emitiera su pronunciamiento acerca de las alegaciones del Ayuntamiento de Íllora y de las personas particulares afectadas, así como de las observaciones expuestas en los informes del IECA, el 1 de agosto de 2012 tuvo entrada un escrito de respuesta al requerimiento, suscrito por el Alcalde de Pinos Puente, acompañado de un certificado de la Secretaría del Ayuntamiento, en el que se acreditaba que en sesión plenaria de 26 de julio de 2012 se acordó, por mayoría absoluta, aprobar una nueva propuesta del ámbito territorial de Valderrubio, acorde con un informe emitido al respecto por la Arquitecta municipal el 26 de junio de 2012.</p>
<p class='parrafo'>Con la reformulación de la delimitación propuesta inicialmente, el Ayuntamiento de Pinos Puente pretendía que las parcelas objeto de las diferencias mantenidas entre los municipios de Pinos Puente e Íllora, que afectaban a las parcelas catastrales antes mencionadas, quedasen excluidas del ámbito territorial previsto para el nuevo municipio de Valderrubio; y, a fin de salvar las indefiniciones geográficas, se realizó el ajuste propuesto por el IECA, modificándose la situación de los puntos y de las líneas entre ellos, de conformidad con la cartografía de la Gerencia Territorial del Catastro.</p>
<p class='parrafo_2'>En cuanto a las alegaciones de las personas propietarias de fincas, el Ayuntamiento de Pinos Puente manifestó que:</p>
<p class='parrafo_2'>– Con el añadido de la nueva franja se conseguía una mayor coherencia territorial que la existente con la anterior delimitación.</p>
<p class='parrafo'>– Las fincas actualmente existentes en la citada franja ya se encontraban divididas físicamente por elementos naturales (acequia y camino), y que pasarían en su totalidad al término de Pinos Puente.</p>
<p class='parrafo'>– Por último, el Ayuntamiento de Pinos Puente afirmaba que la dotación de suelo de secano al ámbito territorial proyectado para Valderrubio supondría un aumento excesivo de la superficie del nuevo municipio, que haría inviable el proyecto de segregación.</p>
<p class='parrafo_2'>Esta documentación fue remitida al IECA. Tras la reunión de trabajo mantenida entre varios de sus técnicos con representantes del Ayuntamiento de Pinos Puente y de la ELA de Valderrubio, con fecha 5 de noviembre de 2012 se recibió un nuevo informe del IECA, en el que se concretaba la georreferenciación del territorio que se proponía para el municipio proyectado.</p>
<p class='parrafo'>En relación con este último informe y como acto de trámite complementario, mediante oficio de 20 de noviembre de 2012 se solicitó una valoración al Ayuntamiento de Pinos Puente, respecto a la posible repercusión que podría conllevar la disminución del ámbito territorial propuesto inicialmente en los restantes datos incluidos en la Memoria presentada, en cuanto a la concurrencia de las circunstancias legalmente exigidas para la iniciativa segregacionista.</p>
<p class='parrafo'>Con fecha 19 de diciembre de 2012 se recibió certificado de la Secretaría del Ayuntamiento, acreditando que, en sesión del Pleno de 29 de noviembre de 2012, se ratificó por unanimidad el acuerdo adoptado el 26 de julio de 2012, indicándose expresamente que tras la reducción territorial aprobada (que pasaría a abarcar 5,93 km²), «se siguen manteniendo las circunstancias exigidas en el artículo 93.2 apartados d), e), f) y g), y 96.2 apartado c) de la Ley 5/2010, de 11 de junio».</p>
<p class='parrafo'>En cualquier caso, es importante considerar que la necesidad de hacer retroceder la actual línea delimitadora del ámbito territorial de la ELA de Valderrubio en el lindero con Fuente Vaqueros, debe entenderse suficientemente motivada por el hecho de que el artículo 89.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, «el término municipal es continuo», por lo cual, si se mantuviera dicho límite actual de la ELA, el municipio de Pinos Puente quedaría dividido en dos partes discontinuas, vulnerándose así la legalidad vigente, que veta esta posibilidad.</p>
<p class='parrafo'>Sobre la solución propuesta, consistente en dejar una estrecha franja de terreno de 100 metros de anchura y una longitud aproximada de 4 Km para evitar dejar inconexas las dos partes en la que quedaría dividida Pinos Puente, y que salva el impedimento legal mencionado, es relevante el hecho de que dicha propuesta no ha sido objetada por parte de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, afirmándose que »únicamente se produce una ligera reducción en su extensión, al retranquearse en su límite Sur para incluir una franja de 100 metros, de forma que exista continuidad en el término municipal de Pinos Puente».</p>
<p class='parrafo_2'>b) Sobre la circunstancia prevista en el artículo 93.2.a:</p>
<p class='parrafo_2'>Una vez solventado el asunto sobre el ámbito territorial propuesto para Valderrubio, que ha de considerarse acorde con la legalidad vigente de conformidad con lo anteriormente expuesto, hemos de referirnos, en base a tal propuesta, a la existencia de motivos permanentes de interés público relacionados con la planificación territorial de Andalucía que deben concurrir en cualquier iniciativa de segregación.</p>
<p class='parrafo'>Se argumenta en la Memoria presentada por el Ayuntamiento de Pinos Puente que en Valderrubio concurren motivos de interés público relacionados con la planificación territorial de Andalucía, de los que se deduce que su acceso a la condición de municipio guardaría una conexión directa con los principios de dicha planificación, ya que, en el supuesto de que se aprobara la iniciativa de segregación por la Administración Autonómica, ello contribuiría al equilibrio territorial, a la integración económica y a la cohesión social que requiere Andalucía.</p>
<p class='parrafo'>A tal efecto, se afirma en la Memoria que la concreción de los motivos de interés público en la ordenación del territorio se determina »dentro del carácter teleológico de la normativa vigente, así como de los principios que han de regir el Derecho Administrativo». En tal sentido, se arguye que el interés público viene determinado por los principios de eficacia, descentralización y desconcentración del artículo 103.1 de la Constitución.</p>
<p class='parrafo'>Dichos principios, en relación con la ordenación del territorio, obligan a tener en consideración, además, la normativa andaluza en la materia, siendo por ello necesario acudir a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, entre cuyos objetivos, relacionados en su Exposición de motivos, destacan los siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>– Desarrollo del »... principio de subsidiariedad y los instrumentos de concertación, colaboración y coordinación administrativa».</p>
<p class='parrafo'>– Apuesta por los »... principios de participación pública, transparencia, publicidad y concurrencia».</p>
<p class='parrafo_2'>Por todo lo cual, vista la anterior normativa, en la Memoria se fundamenta el interés público de la iniciativa de segregación en dos hechos objetivos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) La distancia entre la ELA de Valderrubio y el municipio de Pinos Puente es de 9,4 km por carretera. Tal distanciamiento físico origina un gran desconocimiento de la realidad social y política de Valderrubio, dificultando la solución de las demandas planteadas por sus vecinos.</p>
<p class='parrafo'>b) La ubicación de Valderrubio en el extremo del término municipal de Pinos Puente implica que su segregación no supondría una división traumática de dicho municipio, y que el nuevo término municipal de Valderrubio lindaría con los municipios de Pinos Puente, Fuente Vaqueros e Íllora.</p>
<p class='parrafo_2'>Sobre las anteriores afirmaciones realizadas por los promotores de la iniciativa, en el informe de 12 de marzo de 2012 de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se concluye que «la constitución de un nuevo municipio por segregación de una parte del término municipal de Pinos Puente, no altera el sistema de asentamientos, ni incide en la organización funcional de la unidad territorial donde se sitúa la actuación. En consecuencia, valorada la actuación en el contexto de la Ley 1/1994, de 11 de enero, y de las estrategias territoriales del POTA» (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado por Decreto 206/2006, de 28 de noviembre), «se considera que la creación del municipio de Valderrubio no tiene incidencia negativa desde el punto de vista de la ordenación territorial (...)», exponiendo, como datos que podrían avalar la iniciativa de creación del municipio proyectado, la circunstancia de la localización geográfica de Valderrubio, conectado con la carretera autonómica provincial GR-3425, en la cual confluyen las autovías A-336 y A-92, la carretera N-432 y otras redes viarias de gran capacidad; así como que el ámbito territorial pretendido para el nuevo municipio viene a coincidir, aunque no exactamente como se ha referido con anterioridad, con los límites territoriales de la ELA de Valderrubio expresados en el Decreto por el que se constituyó tal entidad, de modo que, si se constituyera el municipio de Valderrubio, tal variación jurídica apenas conllevaría el diseño de un nuevo marco territorial.</p>
<p class='parrafo'>Además se han de tener en cuenta el contenido de la Carta Europea de Ordenación del Territorio aprobada el 20 de mayo de 1983, en Torremolinos (Málaga), con ocasión de la Conferencia Europea de Ministros Responsables de la Ordenación del Territorio que, aunque viene referida a las regiones, resulta lo suficientemente ilustrativa respecto a lo que se dirime en el presente expediente.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con dicho documento, la ordenación del territorio se marca como uno de sus objetivos el relativo a »... alentar el desarrollo de las regiones que mantienen un cierto retraso, mantener o adaptar las infraestructuras indispensables para permitir un nuevo impulso de las regiones en decadencia o amenazadas por graves problemas de empleo, principalmente por las migraciones de la mano de obra a nivel europeo».</p>
<p class='parrafo'>Para dicha Carta, el ser humano y su bienestar, así como la interacción con el medio ambiente, son el centro de la preocupación de la ordenación del territorio, la cual debe ser, entre otras cosas, democrática y funcional. Democrática, en el sentido de que »debe asegurar la participación de la población afectada y sus representantes políticos»; y funcional, «porque debe conocer la existencia de las realidades regionales fundadas sobre unos determinados valores, una cultura determinada y los intereses comunes, superando las fronteras administrativas y regionales».</p>
<p class='parrafo'>Teniendo en cuenta tales objetivos, es innegable la importancia que ha de reconocerse a la iniciativa del Ayuntamiento de Pinos Puente respecto a la segregación de una parte de su territorio, adoptada por mayoría absoluta de su Pleno, como expresión de la voluntad municipal tendente a favorecer la culminación de las expectativas de las personas con vecindad en Valderrubio, que vienen acreditando durante años un acervo común en el que la consecución del estatus de municipio forma parte fundamental del mismo.</p>
<p class='parrafo'>Es decir, la actuación de Pinos Puente dando respuesta a las aspiraciones reiteradamente manifestadas por los vecinos del núcleo a segregar, mediante la aprobación por la mayoría de su Pleno de la iniciativa de segregación de Valderrubio, según estipula el artículo 95. 1 a) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, se ajusta a las previsiones de la mencionada Carta Europea de Ordenación del Territorio, al mismo tiempo que se atiene a lo dispuesto en el artículo 5 de la Carta Europea de Autonomía Local, conforme a la cual »para cualquier modificación de los límites territoriales locales, las colectividades locales afectadas deberán ser consultadas previamente, llegado el caso por vía de referéndum allá donde la legislación lo permite».</p>
<p class='parrafo'>El hecho de haberse tenido en consideración en el expediente la voluntad de los habitantes afectados por la eventual segregación es claro que no debe ser el único elemento trascendente a considerar en la decisión sobre la creación del nuevo municipio de Valderrubio, pero sin duda debe ser estimado como uno de los fundamentales a tener en cuenta, en todo caso relacionado, coordinado y, en su caso, subordinado a los intereses de carácter superior en relación con la adecuada satisfacción de las necesidades colectivas. En el caso de Andalucía, en materia de ordenación del territorio estas necesidades pueden identificarse con el contenido del POTA, como instrumento de planificación y ordenación integral que establece los elementos básicos para la organización y estructura del territorio andaluz. Además, es el marco de referencia territorial para los planes de ámbito subregional y para las actuaciones que influyan en la ordenación del territorio, así como para la acción pública en general. Y de acuerdo con sus previsiones, según el informe antes mencionado de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, »la creación del municipio de Valderrubio no tiene incidencia negativa desde el punto de vista de la ordenación territorial».</p>
<p class='parrafo'>En este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2005, en relación con la Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 25 de febrero de 2002. En el Fundamento de Derecho Tercero de esta última, se dice literalmente que «Así, puede entenderse como motivo de interés público en el procedimiento, el relativo a dar satisfacción a los expresados anhelos de autonomía, en el ámbito municipal, de los habitantes de un núcleo de población homogéneo, definido y diferenciado del resto del término municipal al que pertenecía, valorando que con dicha solución favorable se permite alcanzar una legítima aspiración que razonablemente derivará en una mayor sintonía de los vecinos con el nuevo municipio resultante, con la consecuencia de una mayor participación de aquellos y, cabe suponer, con un incremento de la atención y eficacia en la gestión ante tal vinculación entre la Administración y los vecinos a que la misma sirve»; no obstante, todo ello queda condicionado a «que concurran los demás requisitos exigidos para aprobar la segregación y, por lo tanto, siempre que esta última no genere unos inaceptables perjuicios para los otros habitantes del término municipal original, o incluso para otros intereses superiores merecedores de preferente protección, ya que, en estos últimos supuestos ya no podría hablarse de la concurrencia de un verdadero interés público en favor de la segregación».</p>
<p class='parrafo'>Por todo lo anterior, debe considerarse acreditada la concurrencia de esta exigencia legal en la iniciativa de creación del municipio de Valderrubio.</p>
<p class='parrafo_2'>2. «Que el territorio del nuevo municipio cuente con unas características que singularicen su propia identidad, sobre la base de razones históricas, sociales, económicas, laborales, geográficas y urbanísticas» (artículo 93.2.b).</p>
<p class='parrafo_2'>En la Memoria se aporta abundante documentación acreditativa de la singularidad identitaria de Valderrubio, cuyas referencias documentales se remontan a trece siglos de antigüedad, contando también con varios yacimientos arqueológicos que delatan sus antecedentes íberos, celtas, romanos y árabes. Es conocido por los archivos eclesiásticos desde el año 1589 con el nombre de «Asquerosa», por derivación del término árabe de «Ascorocha», denominación modificada y sustituida por la de «Valderrubio» en el pasado siglo, por la excelente calidad de la planta de tabaco de la especie «rubio» que se cultiva en la zona. Destaca al respecto un extracto contenido en la Memoria justificativa del periódico «Diario Patria», del 19 de febrero de 1956, redactado por el historiador D. Luis Seco de Lucena Paredes, sobre los »Datos históricos de Asquerosa y Valderrubio».</p>
<p class='parrafo'>Se hace también mención a los distintos hitos que han ido jalonando el largo camino realizado por el movimiento vecinal para el autogobierno de Valderrubio, afirmándose que sería a partir de su constitución como ELA en 2002 cuando se podría acreditar la mejora en la calidad de vida de sus habitantes, así como el aumento de las voces reclamando la asunción de nuevas competencias por Valderrubio.</p>
<p class='parrafo'>Según se afirma en la Memoria, Valderrubio cuenta también con peculiaridades sociolaborales propias. La separación entre los núcleos de Pinos Puente y Valderrubio ha contribuido a forjar una vocación diferenciadora entre ellos, al tiempo que ha repercutido de forma negativa en la vida corriente de los vecinos de Valderrubio, que se ven abocados a realizar muchas actuaciones ordinarias en Pinos Puente (gestiones administrativas, actos culturales, de ocio,...). Todas estas circunstancias han contribuido a dejar una impronta específica en el carácter identitario de las personas con residencia en Valderrubio, con peculiaridades manifiestamente diferenciadoras con respecto al resto del municipio, destacándose estos aspectos en materia de educación, en determinadas festividades religiosas,...</p>
<p class='parrafo'>En la Memoria se expone que, desde el punto de vista económico y laboral, también son claras las diferencias entre el núcleo de Valderrubio, fundamentalmente agrícola, y el de Pinos Puente, en el cual destacan las actividades comerciales y las dotaciones e infraestructuras de las que dispone para la prestación de servicios básicos de carácter municipal.</p>
<p class='parrafo'>Las anteriores afirmaciones, sustentadas documentalmente, no han sido desvirtuadas por ninguno de los organismos informantes en el procedimiento, por lo que debe considerarse acreditada esta exigencia legal, contemplada en el artículo 93.2 b) de la Ley 5/2010, de 11 de junio.</p>
<p class='parrafo_2'>3. «Que entre los núcleos principales de población del municipio matriz y del territorio que pretende la segregación exista una notable dificultad de acceso, caracterizada por la distancia, orografía adversa, duración del trayecto en vehículo automotor, carencia del servicio público de transporte de viajeros u otras de similar naturaleza» (artículo 93.2.c).</p>
<p class='parrafo_2'>Con respecto a esta exigencia, expresada en el artículo 93.2 c) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, se señala en la Memoria el obstáculo general que supone la separación de los 9,4 km que distan por carretera los núcleos poblacionales de Pinos Puente y Valderrubio, añadiéndose a la dificultad de comunicación entre los mismos el hecho de que, para desplazarse de uno a otro, sea necesario atravesar los núcleos de Zujaria y Casas Nuevas, con el lógico retardo que ello conlleva en el trayecto.</p>
<p class='parrafo'>Por otra parte, en la Memoria se indica que no existe un servicio público de transporte de viajeros que conecte el núcleo de Pinos Puente con la ELA de Valderrubio, dándose la paradoja de que la comunicación directa entre dicha entidad y Granada es bastante fluida, existiendo una línea de autobuses, perteneciente al consorcio de Transportes del Área Metropolitana, con una periodicidad de una hora, desde las 8 hasta las 21 horas. En definitiva, el acceso para cualquier persona de Valderrubio a ciertos servicios administrativos básicos, requiere que disponga de vehículo particular para su desplazamiento, con la inversión de tiempo que ello supone.</p>
<p class='parrafo'>Tales aseveraciones no han sido cuestionadas por ninguno de los organismos informantes en el procedimiento, debiendo considerarse acreditada la concurrencia de esta exigencia legal en la iniciativa de creación del municipio de Valderrubio.</p>
<p class='parrafo_2'>4. «Que el nuevo municipio pueda disponer de los recursos necesarios para el ejercicio de las competencias municipales que, como mínimo, venía ejerciendo el municipio del que se segrega, y, en todo caso, los servicios previstos como básicos por la ley. Dichos recursos deben estar relacionados con la capacidad financiera de la vecindad del nuevo municipio y la riqueza imponible de su término municipal» (artículo 93.2.d).</p>
<p class='parrafo_2'>En la Memoria consta abundante documentación de carácter económico, presupuestario, de previsión de ingresos y gastos relacionados con el ámbito competencial de Valderrubio. Dicho ámbito está integrado por las previsiones recogidas tanto en el Decreto de constitución de la ELA como en el Convenio marco de gestión de servicios público entre Pinos Puente y la Entidad Local de Valderrubio, firmado con fecha 17 de septiembre de 2011, y en el que se recogen los servicios a prestar por esta última entidad y los recursos para hacerlo.</p>
<p class='parrafo'>Esta documentación económica se ha ido completando a lo largo de la tramitación del expediente, en función de las necesarias subsanaciones de las carencias observadas respecto a la acreditación de la viabilidad económica de la iniciativa de segregación, mediante datos remitidos por el Ayuntamiento de Pinos Puente, así como por la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales.</p>
<p class='parrafo'>Junto a dicha documentación, tienen un carácter particularmente relevante los sucesivos informes emitidos por el Servicio de Cooperación Económica de la Dirección General de Administración Local a lo largo del procedimiento, y, en particular, el último de los mismos, de fecha 10 de abril de 2013. Para la elaboración de sus informes, el Servicio de Cooperación Económica ha tenido en consideración las liquidaciones presupuestarias de 2011 y 2012 y los resultados de los ejercicios 2009 y 2010, así como los Informes de la Secretaría-Intervención de Valderrubio sobre el objetivo de estabilidad, la regla del gasto y el nivel de endeudamiento de la liquidación de 2012 y del presupuesto inicial del año 2013, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.</p>
<p class='parrafo'>En tales informes se vierten los siguientes datos objetivos, favorables a la iniciativa de creación del municipio proyectado:</p>
<p class='parrafo_2'>– El núcleo poblacional de Valderrubio cuenta con una larga experiencia de autogestión, al venir realizando las competencias propias de una ELA desde que accedió a esta condición en 2002, habiendo rebasado, incluso, el nivel de gestión competencial mínimo previsto legalmente para este tipo de entidades. Ello se acredita con los datos del estado de ejecución, de ingresos y de gastos, de las liquidaciones de los ejercicios 2009 y 2010.</p>
<p class='parrafo'>– En los ejercicios señalados con anterioridad, la situación económica-financiera de la ELA refleja signos positivos en los indicadores más importantes, poniéndose de manifiesto que los ingresos corrientes han cubierto, sin excesiva dificultad, la financiación de los gastos de esta naturaleza, así como que para la realización de inversiones no se ha tenido que acudir a fuentes financieras de operaciones de crédito, lo cual favorece la inexistencia de deuda, tanto a corto como a largo plazo.</p>
<p class='parrafo'>– La creación del municipio de Valderrubio no causaría perjuicio económico al Ayuntamiento de Pinos Puente en cuanto a las transferencias percibidas por éste en concepto de Participación en Ingresos del Estado (PIE) y en concepto de Participación en Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA), ya que seguiría permaneciendo Pinos Puente en el grupo de municipios del tramo comprendido entre 5.000 y 19.999 habitantes, y el nuevo municipio se incorporaría al grupo de municipios de menos de 5.000 habitantes, por lo que la segregación no incidiría en el parámetro poblacional de los cálculos de los montantes totales a percibir por Pinos Puente por estos conceptos. En cualquier caso, merece destacarse que la merma de ambos fondos al municipio matriz se produce, de hecho, con las transferencias que en la actualidad el Ayuntamiento realiza a la ELA de Valderrubio.</p>
<p class='parrafo'>– Se ha constatado la recuperación del objetivo de estabilidad en el ejercicio de 2012, al haberse cumplido las previsiones contenidas en el Plan económico-financiero realizado para los ejercicios 2011 y 2012. A tal resultado se ha llegado por políticas de contención del gasto y de ahorro, que no sólo obedecen a circunstancias de tipo coyuntural (motivadas por incorporaciones de remanentes afectados), sino a trayectorias estructurales que podrían ser las condiciones sobre las que basar la viabilidad económica del futuro municipio.</p>
<p class='parrafo'>– Especial valoración positiva debe recaer sobre las previsiones contenidas en el presupuesto para el año 2013 en curso, que suponen una expresión de responsabilidad en la gestión, que avalan una correcta disciplina presupuestaria y fiscal.</p>
<p class='parrafo'>– En relación con las deudas y derechos pendientes que se reclaman recíprocamente ambas entidades, mediante acuerdos de ambas entidades, de 17 y 18 de agosto de 2011, Pinos Puente y Valderrubio renuncian expresamente a la futura reclamación de las mismas, en el supuesto de que la Administración Autonómica acordase la creación del nuevo municipio.</p>
<p class='parrafo'>– Ha quedado acreditado el cumplimiento de la exigencia del artículo 93.2 g) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, en el sentido de que el Ayuntamiento matriz no se vería afectado de forma negativa en la cantidad y calidad de la prestación de los servicios de su competencia, ni privado de los recursos necesarios para la prestación de los servicios mínimos establecidos legalmente.</p>
<p class='parrafo_2'>En definitiva, de conformidad con todas las valoraciones positivas anteriormente referidas, se concluye en el mencionado informe de 10 de abril de 2013 del Servicio de Cooperación Económica que, por lo que a los resultados económico-financieros resulta, la viabilidad de Valderrubio como futuro nuevo municipio está avalada.</p>
<p class='parrafo'>En este sentido, resulta significativa la acreditada experiencia acumulada por la ELA de Valderrubio, que viene autogestionándose desde el año 2002 en la práctica como si fuera un municipio, por lo que, con fundamento en los datos favorables expuestos, está garantizada la viabilidad de Valderrubio como nuevo municipio y que el cambio de régimen jurídico que se proyecta no va a suponer perjuicio económico alguno a los vecinos de las entidades locales afectadas, de Valderrubio y de Pinos Puente.</p>
<p class='parrafo'>En cualquier caso, en el último informe del Servicio de Cooperación Económica, de 10 de abril de 2013, emitido tras el examen de toda la documentación económica aportada por los interesados y recabada de otros organismos, se concluye que, de los Informes de Intervención sobre el objetivo de Estabilidad en el ejercicio presupuestario de 2012 y en su previsión para 2013, se advierte el cumplimiento de las exigencias legales económicas para que la iniciativa de alteración territorial pueda culminar favorablemente, quedando acreditada la viabilidad económica del nuevo municipio en el cumplimiento del objetivo de estabilidad, regla de gasto y nivel de deuda.</p>
<p class='parrafo'>Necesariamente ha de significarse que tales informes de la Intervención han sido emitidos en el ejercicio de la función pública que corresponde a las personas titulares de las Intervenciones de las entidades locales, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. En consecuencia, estos informes son trascendentales en la resolución de este procedimiento, al gozar de la presunción de la veracidad de los datos que contienen, y al no haber quedado desvirtuados por ninguna otra documentación que pudiera prevalecer frente a los mismos.</p>
<p class='parrafo'>Corroboran por otra parte el contenido de los anteriores informes, los emitidos por los restantes órganos que han participado en la tramitación del expediente, siendo significativo entre ellos el del pleno de la Diputación Provincial de Granada, de fecha 29 de noviembre de 2012, en el que, además de emitir su parecer favorable a la segregación prevista entendiendo que la misma no «afectará de modo significativo a los servicios públicos que presta la Diputación (…)», se expresa que el municipio proyectado contará con «unos recursos públicos adecuados para la prestación de unos servicios públicos mínimos de calidad», y que «las entidades resultantes podrán garantizar los principios de estabilidad presupuesta y sostenibilidad financiera».</p>
<p class='parrafo_2'>5. «Que el nuevo municipio cuente con un territorio que permita atender a sus necesidades demográficas, urbanísticas, sociales, financieras y de instalación de los servicios de competencia municipal» (artículo 93.2.e).</p>
<p class='parrafo_2'>Según se afirma en la memoria las zonas que se mantienen como delimitación territorial de Valderrubio son el propio núcleo urbano y toda su zona de influencia de acuerdo con indicadores históricos y socioeconómicos. En cualquier caso el territorio propuesto para el municipio proyectado abarcaría una extensión aproximada de 6,59 kms. cuadrados.</p>
<p class='parrafo'>Se afirma igualmente que las dimensiones que se proponen para el nuevo municipio no es una excepción dentro de la provincia de Granada ya que hay 10 municipios, varios de ellos de gran población e importancia, con menor territorio que el propuesto.</p>
<p class='parrafo'>Las aseveraciones anteriores no han sido desvirtuadas por ninguno de los organismos informantes en el procedimiento.</p>
<p class='parrafo_2'>6. «Que el nuevo municipio pueda garantizar la prestación de los servicios públicos con el mismo nivel de calidad que el alcanzado por el municipio matriz en el territorio base de la segregación» (artículo 93.2.f); «Que el municipio matriz no se vea afectado de forma negativa en la cantidad y calidad de prestación de los servicios de su competencia, ni privado de los recursos necesarios para la prestación de los servicios mínimos establecidos legalmente» (artículo 93.2.g).</p>
<p class='parrafo_2'>Debido a la íntima conexión que guardan entre sí estas dos exigencias legales, previstas en las letras f) y g) del artículo 93.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, respectivamente, con la inevitable interdependencia entre los datos de los niveles de calidad y de prestación de servicios en ambas entidades locales, es necesario proceder a un estudio conjunto del grado de cumplimiento de estos dos preceptos legales en la iniciativa de segregación.</p>
<p class='parrafo'>En la Memoria se expone que desde la creación de la ELA de Valderrubio, su Junta Vecinal ha ido asumiendo cada vez más servicios de los previstos en la Ley 5/2010, de 11 de junio, los cuales han excedido sobradamente del marco competencial mínimo establecido legalmente para las Entidades Locales Autónomas, ejerciéndose además tales prestaciones de servicios desde el prisma de los parámetros de calidad, rapidez, accesibilidad, fiabilidad, mejora y acercamiento de la Administración a la ciudadanía; estimándose que, en cualquier caso, en el supuesto de que Valderrubio accediera a la condición de municipio, los mismos servicios continuarían prestándose bajo los citados parámetros de calidad.</p>
<p class='parrafo'>Tras un estudio pormenorizado de cada uno de los servicios que se prestan por la ELA de Valderrubio desde 2002, derivados tanto de las previsiones del Decreto que acordó su creación como ELA, como del Convenio Marco de gestión suscrito con el Ayuntamiento de Pinos Puente anteriormente mencionado, se concluye en la Memoria que la capacidad para la prestación de los mismos con calidad está totalmente demostrada. Por tal razón, el hecho de venir ejerciendo la competencia de prestación de tales servicios, y la satisfacción de las personas con residencia en Valderrubio, beneficiadas por dicha gestión, han dotado a la administración de Valderrubio de una amplia experiencia, que necesariamente redundará en un aumento en la calidad de los mismos.</p>
<p class='parrafo'>En cuanto a la repercusión de la posible segregación sobre las personas vecinas de Pinos Puente, consta en la Memoria que, partiendo de los datos de superficie y población totales del municipio matriz, en comparación con los de Valderrubio, se puede deducir claramente que ni la calidad ni la cantidad de los servicios que reciben se verían afectados por la segregación de Valderrubio. Así consta en el certificado emitido con fecha 9 de febrero de 2012 por la Interventora del Ayuntamiento de Pinos Puente, en el sentido de que dicho municipio »no se vería afectado de forma negativa en la cantidad y calidad de la prestación de los servicios de su competencia, ni privado de los recursos necesarios para la prestación de los servicios mínimos establecidos legalmente …»</p>
<p class='parrafo'>Igualmente, el cumplimiento de esta exigencia legal está pormenorizadamente analizada en la Memoria justificativa, en la que se concluye que Pinos Puente »no se verá privado de los recursos necesarios, ni siquiera le afectará, puesto que venía cobrando cada servicio que prestaba en Valderrubio. Por tanto, desde la constitución de la ELA, el coste de los servicios era 0 euros para el Ayuntamiento de Pinos Puente».</p>
<p class='parrafo'>Todos estos datos relativos a la prestación de los servicios no han sido cuestionados por ninguno de los organismos informantes en el procedimiento, hecho que, sumado a la acreditada experiencia de autogestión de Valderrubio desde que accedió a la condición de ELA en 2002, pueden valorarse como elementos positivos para la segregación pretendida, que vendrían a acreditar la concurrencia de estas exigencias legales en la iniciativa de creación del municipio de Valderrubio.</p>
<p class='articulo'>Quinto.</p>
<p class='parrafo'>Por último, una vez acreditado el cumplimiento de las exigencias legales, cabe destacar los posicionamientos de los siguientes órganos, plasmadas en los correspondientes informes recabados durante la tramitación de la iniciativa de segregación:</p>
<p class='parrafo_2'>1. Delegación del Gobierno de Granada: En su informe, recibido el 15 de febrero de 2012, tras realizar un análisis de la tramitación seguida hasta la fecha en que fue requerido tal informe, concluye indicando que «si a la vista de los informes que se emitan se cumplen los requisitos materiales y formales exigidos para que se pueda producir la creación del nuevo municipio, esta Delegación del Gobierno no tendría inconveniente en que se accediera a lo solicitado».</p>
<p class='parrafo'>2. Diputación Provincial de Granada: El 29 de noviembre de 2012, el Pleno de la Diputación Provincial de Granada, por unanimidad, acordó dictaminar favorablemente la creación del nuevo municipio de Valderrubio por segregación de Pinos Puente, al considerarse que la creación del municipio de Valderrubio «no afectará de modo significativo a los servicios públicos que presta la Diputación...»; que las entidades locales de Pinos Puente y de Valderrubio «una vez practicada la segregación poseerán una entidad poblacional suficiente y unos recursos públicos adecuados para la prestación de unos servicios públicos mínimos de calidad»; así como que»las entidades resultantes podrán garantizar los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».</p>
<p class='parrafo'>3. Consejo Andaluz de Concertación Local: En el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Concertación Local del 7 de febrero de 2013, se hace constar que «Visto el expediente de iniciativa del Ayuntamiento de Pinos Puente sobre la segregación de su término municipal de la Entidad Local de Valderrubio, para su constitución como nuevo municipio, y comprobado que del mismo se deduce que las Corporaciones Locales que deben ser oídas lo han sido, según la legislación vigente, la Comisión Permanente considera que con dichos actos procedimentales se encuentran representados los intereses municipales afectados, por lo que no formula observación al mismo (...)».</p>
<p class='parrafo_2'>En su virtud, con fundamento en cuantas motivaciones anteceden y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, a propuesta del Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 17 de diciembre de 2013 dispongo</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>Aprobar la creación del municipio de Valderrubio, por segregación del término municipal de Pinos Puente (Granada), cuya capitalidad radica en el núcleo de población de Valderrubio.</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>La delimitación territorial del nuevo municipio de Valderrubio se expresa, de modo literal y gráfico, respectivamente, en los Anexos I y II. La expresión gráfica se acompaña de la relación del listado de coordenadas obtenidas gráficamente del MTA10 año 2001 en el Sistema Geodésico de Referencia ED50, proyección UTM uso 30.</p>
<p class='articulo'>Tercero.</p>
<p class='parrafo'>En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del presente Decreto deberán realizarse cuantas actuaciones sean necesarias para la efectividad del mismo, en particular las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Constitución de la Comisión Gestora prevista en el artículo 100 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.</p>
<p class='parrafo'>b) Inicio de los trámites para realizar las modificaciones pertinentes en los registros administrativos correspondientes, en aquello que afecte al personal que haya de quedar adscrito al Ayuntamiento de Valderrubio.</p>
<p class='parrafo'>c) Inicio de los trámites para la adscripción del nuevo municipio al partido judicial que corresponda.</p>
<p class='parrafo'>d) El Ayuntamiento de Pinos Puente deberá facilitar a la Comisión Gestora de Valderrubio copia autenticada de todos los expedientes de los procedimientos que se encuentren en trámite que afecten y se refieran en exclusiva al nuevo municipio, así como de cualquier otra documentación conveniente para el normal desenvolvimiento de este último.</p>
<p class='articulo'>Cuarto.</p>
<p class='parrafo'>De conformidad con lo dispuesto en los artículos 100.3, 103 y 104 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, hasta que esté constituida la Comisión Gestora, la Diputación Provincial de Granada garantizará la prestación de los servicios públicos obligatorios a la población de Valderrubio, y actuará en su representación en cuantos actos fueran de inaplazable gestión. La persona titular de la Presidencia de la Comisión Gestora (que deberá coincidir con la persona que hubiera ostentado la Presidencia de la Entidad Local Autónoma de Valderrubio), y las personas titulares de las Vocalías de la Comisión Gestora, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los establecidos en la legislación de régimen local para las personas titulares de la Alcaldía y Concejalías, respectivamente.</p>
<p class='parrafo_2'>Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso- Administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en la forma y plazos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. O bien se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, también con carácter potestativo, el requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública.</p>
<p class='parrafo_2'>Sevilla, 17 de diciembre de 2013.–La Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz Pacheco.–El Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas Sosa.</p>
<p class='anexo_num'>ANEXO I</p>
<p class='anexo_tit'>Descripción literal de los puntos de la línea delimitadora del ámbito territorial del nuevo municipio de Valderrubio</p>
<p class='parrafo_2'>Punto 1.º: Noroeste: Desde su parte Noroccidental, nace en la confluencia territorial municipal con Íllora, en el punto de intersección con el margen Norte de la carretera A-336, coincidiendo con el Mojón 12 que se reseña en el Acta de delimitación de términos vigente entre Íllora y Pinos Puente, de fecha 16 de octubre de 1893.</p>
<p class='parrafo_2'>Coordenada X: 426161.9 Coordenada Y: 4123130.7.</p>
<p class='parrafo'>Continúa la línea siguiendo el margen Norte de la carretera A-336 en dirección Este, hasta el punto 2.º</p>
<p class='parrafo_2'>Punto 2.º: Noreste: Situado en la confluencia del margen Norte de la carretera A-336, con el eje del Barranco de los Pensadores.</p>
<p class='parrafo'>Coordenada X: 427641.5 Coordenada Y: 4123460.3.</p>
<p class='parrafo'>Continúa hacia el Sur siguiendo el Barranco de los Pensadores por su eje, hasta el Punto 3.º</p>
<p class='parrafo_2'>Punto 3.º: Este: Situado en la confluencia del eje del Barranco de los Pensadores con el margen Sur del Camino de los Picos, en el tramo que separa el Pago de las Encinillas del Pago de Los Picos.</p>
<p class='parrafo'>Coordenada X: 428099.5 Coordenada Y: 4122465.2.</p>
<p class='parrafo'>Continúa por el margen Sur del citado camino, hasta el Punto 4.º</p>
<p class='parrafo_2'>Punto 4.º: Este: Situado en la confluencia del margen Sur del Camino de los Picos, en el tramo que separa el Pago de las Encinillas del Pago de los Picos con el brazal de desagüe de la Acequia Gorda.</p>
<p class='parrafo'>Coordenada X: 427697.3 Coordenada Y:4121926.4.</p>
<p class='parrafo'>Gira siguiendo el propio brazal de desagüe de la Acequia Gorda en dirección Sureste, hasta el Punto 5.º</p>
<p class='parrafo_2'>Punto 5.º: Este: Situado en el cambio de dirección de la Acequia Gorda, localizado en el Pago del Bujeo.</p>
<p class='parrafo'>Coordenada X: 427899.8 Coordenada Y: 4121570.1.</p>
<p class='parrafo'>Continúa por la propia Acequia Gorda en dirección Suroeste, hasta llegar al Punto 6.º</p>
<p class='parrafo_2'>Punto 6.º: Este: Situado en la intersección de la Acequia Gorda con el margen Sur de la carretera GR-3041, que une Valderrubio con Fuente Vaqueros.</p>
<p class='parrafo'>Coordenada X: 427808.9 Coordenada Y: 4121334.2.</p>
<p class='parrafo'>Continúa por la propia carretera hacia el Este, hasta alcanzar el Punto 7.º</p>
<p class='parrafo_2'>Punto 7.º: Este: Situado en la intersección de la margen Sur de la carretera GR-3041, que une Valderrubio con Fuente Vaqueros con la margen Este del Camino de Vascos Bajos, que separa los Pagos de Vascos y La Carrurra.</p>
<p class='parrafo'>Coordenada X: 428312.5 Coordenada Y: 4121202.8.</p>
<p class='parrafo'>Continua por la margen Este del Camino de los Vascos en dirección Suroeste, hasta la línea que divide las parcelas 15 y 119, cruza el citado camino y continúa por las linde que divide las parcelas 13 y 14, todas del polígono 30 del Catastro de Rústica de Pinos Puente, vigente, hasta el Punto 8.º, que dista 100 metros del eje del Río Cubillas, que es, a su vez, límite entre los municipios de Pinos Puente y Fuente Vaqueros.</p>
<p class='parrafo_2'>Punto 8.º: Este: Situado en el linde que divide las parcelas 13 y 14 del polígono 30 del Catastro de Rústica de Pinos Puente vigente, a 100 metros del eje del Río Cubillas, que es, a su vez, límite entre los municipios de Pinos Puente y Fuente Vaqueros.</p>
<p class='parrafo'>Coordenada X: 428217.2 Coordenada Y: 4120914.2.</p>
<p class='parrafo'>Continúa por una línea paralela a la línea que divide los términos municipales de Pinos Puente y Fuente Vaqueros, con una distancia entre ambas líneas de 100 metros, hasta el Punto 9.º</p>
<p class='parrafo_2'>Punto 9.º: Este: Situado en el margen Norte del Camino del Monte, que discurre en la margen Norte de la parcela 1 del polígono 31 y a una distancia de 100 metros de la línea límite entre Pinos Puente y Fuente Vaqueros.</p>
<p class='parrafo'>Coordenada X: 427272.6 Coordenada Y: 4119135.6.</p>
<p class='parrafo'>Continúa por el citado camino en dirección Oeste, hasta alcanzar la intersección con el eje de la Acequia Gorda, hasta el Punto 10.º</p>
<p class='parrafo_2'>Punto 10.º: Oeste: Situado en el margen Norte del Camino del Monte con la intersección del eje de la Acequia Gorda.</p>
<p class='parrafo'>Coordenada X: 426940.9 Coordenada Y: 4119350.3.</p>
<p class='parrafo'>Continúa por el eje de la Acequia Gorda en dirección Noroeste hasta su intersección con el eje del Barranco de Escoznar, hasta el Punto 11.º</p>
<p class='parrafo_2'>Punto 11.º: Oeste: Situado en la intersección del eje del Barranco de Escoznar con el eje de la Acequia Gorda.</p>
<p class='parrafo'>Coordenada X: 427079.1 Coordenada Y: 4119790.2.</p>
<p class='parrafo'>Continúa por el eje del Barranco de Escoznar en dirección Noroeste, hasta el Punto 12.º</p>
<p class='parrafo_2'>Punto 12.º: Oeste: Situado en la intersección del eje del Barranco de Escoznar con el margen Norte de la carretera Valderrubio-Lachar y el límite del término municipal de Íllora, coincidente con el Mojón 15 que se reseña en el Acta de delimitación de términos vigente, entre Íllora y Pinos Puente, de fecha 16 de octubre de 1893.</p>
<p class='parrafo'>Coordenada X: 426866.9 Coordenada Y: 4120029.5</p>
<p class='parrafo'>Continúa por el límite del término municipal de Íllora hasta alcanzar el Punto 1.º, cerrando el término.</p>
<p class='anexo'>ANEXO II</p>
<img/>
</texto>
</documento>
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Mon Jul 07 07:52:45 +0000 2014
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Vista la iniciativa para la creación de un nuevo municipio denominado Valderrubio por segregación del término municipal de Pinos Puente (Granada) y en consideración a los siguientes
Hechos
Primero
El 22 de diciembre de 2010, la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma de Valderrubio (ELA en adelante) acordó solicitar al Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada) que incoase el procedimiento relativo a la segregación de Valderrubio de su término municipal, para su constitución como nuevo municipio.
El núcleo de población de Valderrubio se halla separado 9,4 km por carretera del núcleo en el que tiene su sede el Ayuntamiento de Pinos Puente y su configuración jurídica actual data de 2002, año en el que, mediante Decreto 107/2002, de 19 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, se creó la Entidad Local Autónoma de Valderrubio, en el término municipal de Pinos Puente, de la provincia de Granada (BOJA núm. 47, de 23 de abril de 2002).
Segundo.
Recibida esa propuesta, en sesión del Pleno del Ayuntamiento de Pinos Puente de 18 de agosto de 2011 se acordó, por mayoría absoluta, iniciar el procedimiento de segregación de Valderrubio para su constitución en municipio, dar conformidad a un acuerdo entre las dos entidades locales respecto a la determinación del importe y forma de liquidación de las deudas pendientes si la segregación llegara a culminar y, por último, remitir la iniciativa y la correspondiente documentación a la Administración Autonómica, todo ello en virtud del artículo 95.1.a) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y de conformidad con el artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 47.2.a) de la misma Ley.
Tercero.
Con fecha 23 de agosto de 2011 se recibió en esta Administración toda la documentación remitida por el Ayuntamiento de Pinos Puente, procediéndose a la instrucción del expediente por parte de la Dirección General de Administración Local, de la siguiente forma:
a) Documentación presentada: Examinada la documentación presentada por el Ayuntamiento de Pinos Puente, se verificó que, desde un punto de vista formal, se habían aportado los documentos exigidos por el artículo 96 de la Ley 5/2010, de 11 de junio: Memoria justificativa de la segregación pretendida; cartografía del término municipal de Pinos Puente y del ámbito territorial propuesto para el municipio de Valderrubio; informe de viabilidad económica; propuesta sobre el nombre y capitalidad del municipio proyectado; propuesta sobre el régimen especial de protección de acreedores; propuesta de atribución al municipio pretendido de bienes, créditos, derechos y obligaciones; régimen de usos públicos y aprovechamientos comunales; y propuesta de bases para resolver conflictos.
b) Audiencia a otros municipios afectados: Mediante oficio de 3 de octubre de 2011 se concedió audiencia por cuatro meses al Ayuntamiento de Íllora. La concesión de audiencia a este Ayuntamiento se fundamenta en que su término municipal es colindante con la línea límite del ámbito territorial de la ELA de Valderrubio. El 2 de noviembre de 2011, dentro del plazo previsto para dicho trámite, el Alcalde del Ayuntamiento de Íllora remitió alegaciones respecto a la propuesta de delimitación del municipio proyectado.
c) Información pública: El 15 de noviembre de 2011 se dictó Resolución por el Director General de Administración Local acordando la apertura del trámite de información pública, que fue publicada en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Pinos Puente y de la ELA de Valderrubio, en el BOJA n.º 73, de 13 de diciembre de 2011, y en el BOP de Granada n.º 236, de 14 de diciembre de 2011. Durante el transcurso del plazo de un mes previsto para el mencionado trámite, computado desde la publicación de la Resolución en el último boletín oficial, y concluido, por tanto, el 14 de enero de 2012, fueron presentadas en el Ayuntamiento de Pinos Puente una serie de alegaciones suscritas por particulares, contrarias a la propuesta territorial contenida en la Memoria justificativa de la creación del municipio de Valderrubio. Dichas alegaciones se recibieron el 31 de enero de 2012.
d) Actuaciones tendentes a la concreción del ámbito territorial: La concreción del ámbito territorial propuesto para el municipio proyectado, ha requerido la realización de las actuaciones que seguidamente se indican:
– Como se refirió anteriormente, durante los trámites de audiencia y de información pública fueron aportadas alegaciones al respecto por el Ayuntamiento de Íllora y por particulares. Todas ellas se remitieron al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), y se solicitó su valoración al respecto. Posteriormente, mediante oficio de 20 de enero de 2012 se reiteró tal petición, haciéndose constar además que, de conformidad con la preceptiva intervención de dicho Instituto en cualquier procedimiento de iniciativa de modificación de términos municipales, prevista en el artículo 91.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, se solicitaba su informe técnico a efectos de obtener la georreferenciación del territorio pretendido para el nuevo municipio, subrayando la circunstancia de que la propuesta territorial no se correspondía íntegramente con el límite del territorio de la ELA de Valderrubio, proyectándose una variación territorial mínima con respecto a la línea delimitadora relacionada en el artículo 2 del Decreto 107/2002, de 19 de marzo, que acordó la creación de dicha entidad.
En relación con tales requerimientos, el IECA emitió dos informes el 27 de abril de 012.
– El 16 de mayo de 2012 se requirió al Ayuntamiento de Pinos Puente para que emitiera su parecer en relación con las alegaciones del Ayuntamiento de Íllora y de los particulares afectados, así como de las observaciones expuestas en los informes del IECA. El 1 de agosto de 2012 se recibió escrito de respuesta, suscrito por el Alcalde de Pinos Puente, acompañado de un certificado de la Secretaría del Ayuntamiento, en el que se acredita que en sesión plenaria de 26 de julio de 2012 se acordó aprobar una nueva propuesta del ámbito territorial de Valderrubio.
Esta documentación fue remitida al IECA y, tras la reunión de trabajo mantenida entre varios de sus técnicos con representantes del Ayuntamiento de Pinos Puente y de la ELA de Valderrubio, con fecha 5 de noviembre de 2012 se recibió un nuevo informe del IECA.
– A la vista de ese nuevo informe, y mediante oficio de 20 de noviembre de 2012, se solicitó al Ayuntamiento de Pinos Puente, una valoración expresa respecto a la posible repercusión que podría conllevar la disminución del ámbito territorial propuesto inicialmente en los restantes datos incluidos en la Memoria presentada y en cuanto a la concurrencia de las circunstancias legalmente exigidas para la iniciativa segregacionista.
Con fecha 19 de diciembre de 2012 se recibió certificado de la Secretaría del Ayuntamiento, acreditando que, en sesión del Pleno de 29 de noviembre de 2012, se ratificó por unanimidad el acuerdo adoptado el 26 de julio de 2012, indicándose expresamente que tras la reducción territorial aprobada se seguían manteniendo las circunstancias legalmente exigidas para la segregación proyectada.
e) Actuaciones relativas a la viabilidad económica:
Además se realizaron una serie de actos instructores respecto a la comprobación, desde el punto de vista económico, de la viabilidad de la modificación territorial pretendida y del municipio proyectado:
– El 19 de enero de 2012 se solicitó informe al Servicio de Cooperación Económica de la Dirección General de Administración Local, pidiendo su valoración acerca de la viabilidad económica del municipio proyectado.
El citado Servicio hizo constar la insuficiencia de la información contenida en la documentación presentada, requiriendo tener a su disposición, para poder pronunciarse con objetividad, una serie de datos de carácter económico de los ejercicios 2008, 2009 y 2010, de la ELA y del Ayuntamiento, referida al estado de liquidación del presupuesto de gastos; al estado de liquidación del presupuesto de ingresos; al estado del remanente de tesorería; a un informe del Ayuntamiento acorde con lo dispuesto en el artículo 93.2.g) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, acreditando que, en el supuesto de que la iniciativa de segregación culminase favorablemente, el municipio de Pinos Puente no resultaría «afectado de forma negativa en la cantidad y calidad de prestación de los servicios de su competencia, ni privado de los recursos necesarios para la prestación de los servicios básicos establecidos legalmente»; así como certificaciones de las respectivas Secretarías y/o Intervenciones de las dos entidades, acreditativos del importe de las deudas existentes entre ambas, su modo de liquidación y su reflejo en cuanto a las obligaciones y derechos que se le atribuirían al nuevo municipio. En consecuencia, la Dirección General de Administración Local requirió tal información al Ayuntamiento de Pinos Puente.
Con fecha 17 de febrero de 2012 fue aportada la información requerida, dándose traslado de la misma al Servicio de Cooperación Económica, que emitió informe el 24 de febrero de 2012.
– De conformidad con lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, con fecha 10 de enero de 2013 se solicitó, a la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales dependiente de la Consejería competente en materia de hacienda, información relativa a los informes de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del ejercicio 2011, del Ayuntamiento de Pinos Puente y de la ELA de Valderrubio.
Tras la recepción de esa información, así como de ciertos documentos complementarios de la ELA de Valderrubio, también de carácter económico, el 8 de marzo de 2013 fue emitido nuevo informe por el Servicio de Cooperación Económica, con los datos actualizados referidos al ejercicio de 2011.
– Por último, a efectos de proceder con la mayor objetividad posible en la verificación de la viabilidad económica del municipio proyectado, y una vez recibidos los «Informes de la Intervención sobre los Planes económico-financieros de los ejercicios 2010 y 2011, aprobados por la ELA de Valderrubio, haciendo constar expresamente, a fecha 31 de marzo de 2013, el estado o cumplimiento de las medidas que se adoptaron en su momento para la recuperación de la estabilidad presupuestaria», el Servicio de Cooperación Económica emitió nuevo informe de fecha 11 de abril de 2013.
f) Otras consultas e informes preceptivos:
Asimismo se han recabado los siguientes informes preceptivos y consultas:
– Mediante oficios de fecha 31 de enero de 2012 se requirió el parecer de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Granada y el de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, cuyos informes se recibieron el 15 de febrero y el 29 de marzo de 2012, respectivamente.
– El 13 de noviembre de 2012 se solicitó un pronunciamiento del Pleno de la Diputación Provincial de Granada, recibiéndose el 27 de diciembre de 2012 el acuerdo adoptado en Pleno de la Diputación del día 29 de noviembre de 2012.
– El 3 de enero de 2013 se solicitó informe al Consejo Andaluz de Concertación Local, recibiéndose el 7 de febrero de 2013 el acuerdo de su Comisión Permanente.
– Asimismo se han requerido informes a la Secretaría General Técnica y a la Asesoría Jurídica de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, los cuales fueron emitidos los días 18 de julio de 2013 y 8 de agosto de 2013, respectivamente, todo ello de conformidad con el artículo 36.1 del Reglamento de Demarcación Municipal de Andalucía y del Registro Andaluz de Entidades Locales, aprobado por Decreto 185/2005, de 30 de agosto.
Cuarto.
El Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales solicitó dictamen sobre este asunto al Consejo Consultivo de Andalucía, el cual fue emitido en fecha 4 de diciembre de 2013 y simultáneamente se ha puesto en conocimiento de la Administración del Estado las características y datos principales del expediente.
A los anteriores Hechos les resultan de aplicación los siguientes
Fundamentos de Derecho
Primero.
Además de la normativa de general aplicación, resultan aplicables al procedimiento la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, así como los preceptos del Reglamento de Demarcación Municipal de Andalucía y del Registro Andaluz de Entidades Locales, aprobado por Decreto 185/2005, de 30 de agosto, en lo que no se opongan a la mencionada Ley y que no hayan sido declarados nulos tras la firmeza de las dos Sentencias de 14 de abril de 2008, dictadas en los recursos 725/2005 y 727/2005 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y confirmadas, respectivamente, por las Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2010 y de 25 de enero de 2011.
Segundo.
Según el artículo 99 de la referida Ley 5/2010, de 11 de junio, todos los expedientes de creación o supresión de municipios, así como los de alteración de términos municipales, serán resueltos por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente sobre régimen local. En consecuencia, procede la resolución del procedimiento mediante el presente Decreto, a la vista de la propuesta efectuada por el Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales.
Tercero.
En el procedimiento se han observado los trámites previstos en la normativa de aplicación referidos, resumidamente, a la adopción de la iniciativa de segregación mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta del Ayuntamiento; la recepción en la Administración Autonómica de dicho acuerdo plenario, acompañado de la Memoria justificativa de la alteración territorial proyectada y demás documentación exigida legalmente; concesión de un plazo de audiencia de cuatro meses a los Ayuntamientos que ostentan la condición de parte interesada y que no han participado en la iniciativa; información pública durante el plazo de un mes; y los informes y consultas preceptivas, así como los que se han considerado necesarios, conforme se ha detallado en los hechos.
Cuarto.
En primer lugar hay que tener en cuenta que en el artículo 93.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, se establece que la creación de un nuevo municipio por segregación tendrá carácter excepcional, sólo se hará sobre la base de núcleos de población y necesitará, además de la conformidad expresa, acordada por mayoría absoluta, del pleno del Ayuntamiento del municipio que sufre la segregación, la concurrencia, al menos, de las circunstancias que se indican en dicho artículo.
La trascendencia y repercusiones que conlleva la creación de un nuevo municipio sobre la realidad social, sobre la organización y planificación territorial y urbanística, la economía local o la prestación de los servicios, entre otros aspectos, dan a este tipo de iniciativa ese carácter excepcional, lo que además conlleva que en el expediente deba verificarse la concurrencia de una serie circunstancias mínimas que justifiquen que la ELA de Valderrubio pueda acceder a la condición de nuevo municipio, mediante su segregación del término municipal de Pinos Puente. De esa forma, teniendo en cuenta la previsión de la Ley 5/2010, de 11 de junio, a continuación se procede al análisis de la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 93.2 de la misma:
1. «La existencia de motivos permanentes de interés público, relacionados con la planificación territorial de Andalucía» (artículo 93.2.a).
Para examinar la concurrencia de esta exigencia legal, contemplada en el artículo 93.2 a) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, es necesario mencionar previamente las incidencias sucedidas durante la tramitación procedimental en cuanto a la propuesta de concreción territorial realizada por el Ayuntamiento de Pinos Puente para el municipio proyectado.
a) Sobre los límites territoriales:
Así, aunque dicha propuesta partía de la premisa de su adecuación a los límites territoriales de la ELA de Valderrubio, definidos literalmente en el artículo 2 del Decreto 107/2002, de 19 de marzo, por el que se acordó la creación de dicha entidad, se advirtió que en la expresión gráfica del territorio pretendido constaba una divergencia con respecto al límite Este de la ELA, en la zona referida al lindero con el municipio de Fuente Vaqueros. Esta diferencia se correspondía con una franja de terreno de 100 metros de anchura y una longitud aproximada de 4 Km, la cual se diseñó para garantizar la continuidad territorial del municipio matriz, en el supuesto de que la iniciativa segregacionista fuera resuelta positivamente. Así, la descripción del mencionado límite Suroeste se lleva a cabo en el Punto 9.º de la línea, sobre el cual se detalla en la Memoria que »desde el punto anterior continua paralelo al límite del término del Ayuntamiento de Pinos Puente con Fuente Vaqueros; con una separación del mismo de 100 metros hasta llegar al ramal de la acequia Gorda coincidiendo con el punto más angosto del término de Pinos Puente».
Por otra parte, durante el trámite de audiencia de cuatro meses, previsto en el artículo 97.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, el Alcalde de Íllora, cuyo término municipal es colindante con la línea límite de la ELA de Valderrubio, manifestó su disconformidad con la propuesta territorial en cuanto a sus referencias a la zona Suroeste del municipio pretendido, lindante concretamente con los polígonos 13 y 14 del catastro de rústica del término municipal de Íllora. La discrepancia se observaba entre la documentación gráfica que obraba en la Memoria justificativa de la creación del municipio de Valderrubio (Mapa Topográfico de Andalucía a escala 1:10.000) y los planos de la Dirección General del Catastro, en los que se fundamentaba el Alcalde de Íllora en su alegación de que una serie de parcelaciones no deberían formar parte del territorio del nuevo municipio proyectado, debiendo considerarse que se hallaban en el término municipal de Íllora. En este sentido, resultarían totalmente afectadas las parcelas 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207, y parcialmente las parcelas 196 y 199.
Por último, el Ayuntamiento de Pinos Puente también remitió las idénticas alegaciones suscritas por 34 personas vecinas en el trámite de información pública previsto en el artículo 97.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, quienes, en su condición de titulares de la propiedad de ciertas fincas ubicadas en la zona «Camino de Vascos Bajos», localizada en la referida franja de terreno proyectada por el Ayuntamiento de Pinos Puente para salvaguardar su continuidad territorial, motivaban sus escritos de alegaciones en la necesidad de que se concretase el territorio proyectado para Valderrubio, de forma que el término municipal de Pinos Puente tuviera una mayor coherencia territorial; que para la división territorial se tuvieran en consideración los elementos naturales existentes en la nueva franja ideada, a efectos de no producir la futura división de las fincas que actualmente se extienden entre el municipio de Pinos Puente y el territorio propuesto para Valderrubio; y, por último, en el hecho de que no se hubiera previsto dotar al término municipal proyectado de Valderrubio de la parte proporcional de suelo de secano que le correspondía, toda vez que en la delimitación propuesta solo se recogía suelo de regadío.
La preceptiva intervención del IECA, conllevó su emisión de dos informes el 27 de abril de 2012, referidos, respectivamente, a «la propuesta de segregación de la ELA de Valderrubio, del término municipal de Pinos Puente, para su creación como municipio independiente», y a «la línea delimitadora de los términos municipales de Pinos Puente e Íllora». En dichos informes el IECA realizaba una descripción literal y gráfica de la propuesta de delimitación territorial del nuevo municipio, en forma de 11 puntos debidamente descritos con sus coordenadas en proyección UTM. Sin embargo, dicho organismo formuló la objeción relativa a que este informe adolecía de ciertas indefiniciones, habida cuenta que la documentación remitida únicamente contenía las líneas límite municipales y no el resto de los elementos geográficos del territorio, naturales o artificiales, proponiéndose un ajuste en la situación de algunos de los puntos delimitadores contenidos en la documentación que obra en el expediente.
En definitiva, según el IECA la información que aportaban era meramente provisional a falta de un estudio topográfico, con la consiguiente concreción de puntos y coordenadas, de las líneas límite entre Íllora y Pinos Puente (parte Oeste de la nueva delimitación) y de Fuente Vaqueros y Pinos Puente (parte Noreste). Precisamente, a fin de resolver las discrepancias puestas de manifiesto por el Alcalde de Íllora, y dada la disparidad de información recogida en las distintas fuentes cartográficas, se recomendaba la realización de un estudio topográfico de la zona.
Tras el traslado de tales informes al Ayuntamiento de Pinos Puente, para que emitiera su pronunciamiento acerca de las alegaciones del Ayuntamiento de Íllora y de las personas particulares afectadas, así como de las observaciones expuestas en los informes del IECA, el 1 de agosto de 2012 tuvo entrada un escrito de respuesta al requerimiento, suscrito por el Alcalde de Pinos Puente, acompañado de un certificado de la Secretaría del Ayuntamiento, en el que se acreditaba que en sesión plenaria de 26 de julio de 2012 se acordó, por mayoría absoluta, aprobar una nueva propuesta del ámbito territorial de Valderrubio, acorde con un informe emitido al respecto por la Arquitecta municipal el 26 de junio de 2012.
Con la reformulación de la delimitación propuesta inicialmente, el Ayuntamiento de Pinos Puente pretendía que las parcelas objeto de las diferencias mantenidas entre los municipios de Pinos Puente e Íllora, que afectaban a las parcelas catastrales antes mencionadas, quedasen excluidas del ámbito territorial previsto para el nuevo municipio de Valderrubio; y, a fin de salvar las indefiniciones geográficas, se realizó el ajuste propuesto por el IECA, modificándose la situación de los puntos y de las líneas entre ellos, de conformidad con la cartografía de la Gerencia Territorial del Catastro.
En cuanto a las alegaciones de las personas propietarias de fincas, el Ayuntamiento de Pinos Puente manifestó que:
– Con el añadido de la nueva franja se conseguía una mayor coherencia territorial que la existente con la anterior delimitación.
– Las fincas actualmente existentes en la citada franja ya se encontraban divididas físicamente por elementos naturales (acequia y camino), y que pasarían en su totalidad al término de Pinos Puente.
– Por último, el Ayuntamiento de Pinos Puente afirmaba que la dotación de suelo de secano al ámbito territorial proyectado para Valderrubio supondría un aumento excesivo de la superficie del nuevo municipio, que haría inviable el proyecto de segregación.
Esta documentación fue remitida al IECA. Tras la reunión de trabajo mantenida entre varios de sus técnicos con representantes del Ayuntamiento de Pinos Puente y de la ELA de Valderrubio, con fecha 5 de noviembre de 2012 se recibió un nuevo informe del IECA, en el que se concretaba la georreferenciación del territorio que se proponía para el municipio proyectado.
En relación con este último informe y como acto de trámite complementario, mediante oficio de 20 de noviembre de 2012 se solicitó una valoración al Ayuntamiento de Pinos Puente, respecto a la posible repercusión que podría conllevar la disminución del ámbito territorial propuesto inicialmente en los restantes datos incluidos en la Memoria presentada, en cuanto a la concurrencia de las circunstancias legalmente exigidas para la iniciativa segregacionista.
Con fecha 19 de diciembre de 2012 se recibió certificado de la Secretaría del Ayuntamiento, acreditando que, en sesión del Pleno de 29 de noviembre de 2012, se ratificó por unanimidad el acuerdo adoptado el 26 de julio de 2012, indicándose expresamente que tras la reducción territorial aprobada (que pasaría a abarcar 5,93 km²), «se siguen manteniendo las circunstancias exigidas en el artículo 93.2 apartados d), e), f) y g), y 96.2 apartado c) de la Ley 5/2010, de 11 de junio».
En cualquier caso, es importante considerar que la necesidad de hacer retroceder la actual línea delimitadora del ámbito territorial de la ELA de Valderrubio en el lindero con Fuente Vaqueros, debe entenderse suficientemente motivada por el hecho de que el artículo 89.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, «el término municipal es continuo», por lo cual, si se mantuviera dicho límite actual de la ELA, el municipio de Pinos Puente quedaría dividido en dos partes discontinuas, vulnerándose así la legalidad vigente, que veta esta posibilidad.
Sobre la solución propuesta, consistente en dejar una estrecha franja de terreno de 100 metros de anchura y una longitud aproximada de 4 Km para evitar dejar inconexas las dos partes en la que quedaría dividida Pinos Puente, y que salva el impedimento legal mencionado, es relevante el hecho de que dicha propuesta no ha sido objetada por parte de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, afirmándose que »únicamente se produce una ligera reducción en su extensión, al retranquearse en su límite Sur para incluir una franja de 100 metros, de forma que exista continuidad en el término municipal de Pinos Puente».
b) Sobre la circunstancia prevista en el artículo 93.2.a:
Una vez solventado el asunto sobre el ámbito territorial propuesto para Valderrubio, que ha de considerarse acorde con la legalidad vigente de conformidad con lo anteriormente expuesto, hemos de referirnos, en base a tal propuesta, a la existencia de motivos permanentes de interés público relacionados con la planificación territorial de Andalucía que deben concurrir en cualquier iniciativa de segregación.
Se argumenta en la Memoria presentada por el Ayuntamiento de Pinos Puente que en Valderrubio concurren motivos de interés público relacionados con la planificación territorial de Andalucía, de los que se deduce que su acceso a la condición de municipio guardaría una conexión directa con los principios de dicha planificación, ya que, en el supuesto de que se aprobara la iniciativa de segregación por la Administración Autonómica, ello contribuiría al equilibrio territorial, a la integración económica y a la cohesión social que requiere Andalucía.
A tal efecto, se afirma en la Memoria que la concreción de los motivos de interés público en la ordenación del territorio se determina »dentro del carácter teleológico de la normativa vigente, así como de los principios que han de regir el Derecho Administrativo». En tal sentido, se arguye que el interés público viene determinado por los principios de eficacia, descentralización y desconcentración del artículo 103.1 de la Constitución.
Dichos principios, en relación con la ordenación del territorio, obligan a tener en consideración, además, la normativa andaluza en la materia, siendo por ello necesario acudir a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, entre cuyos objetivos, relacionados en su Exposición de motivos, destacan los siguientes:
– Desarrollo del »... principio de subsidiariedad y los instrumentos de concertación, colaboración y coordinación administrativa».
– Apuesta por los »... principios de participación pública, transparencia, publicidad y concurrencia».
Por todo lo cual, vista la anterior normativa, en la Memoria se fundamenta el interés público de la iniciativa de segregación en dos hechos objetivos:
a) La distancia entre la ELA de Valderrubio y el municipio de Pinos Puente es de 9,4 km por carretera. Tal distanciamiento físico origina un gran desconocimiento de la realidad social y política de Valderrubio, dificultando la solución de las demandas planteadas por sus vecinos.
b) La ubicación de Valderrubio en el extremo del término municipal de Pinos Puente implica que su segregación no supondría una división traumática de dicho municipio, y que el nuevo término municipal de Valderrubio lindaría con los municipios de Pinos Puente, Fuente Vaqueros e Íllora.
Sobre las anteriores afirmaciones realizadas por los promotores de la iniciativa, en el informe de 12 de marzo de 2012 de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se concluye que «la constitución de un nuevo municipio por segregación de una parte del término municipal de Pinos Puente, no altera el sistema de asentamientos, ni incide en la organización funcional de la unidad territorial donde se sitúa la actuación. En consecuencia, valorada la actuación en el contexto de la Ley 1/1994, de 11 de enero, y de las estrategias territoriales del POTA» (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado por Decreto 206/2006, de 28 de noviembre), «se considera que la creación del municipio de Valderrubio no tiene incidencia negativa desde el punto de vista de la ordenación territorial (...)», exponiendo, como datos que podrían avalar la iniciativa de creación del municipio proyectado, la circunstancia de la localización geográfica de Valderrubio, conectado con la carretera autonómica provincial GR-3425, en la cual confluyen las autovías A-336 y A-92, la carretera N-432 y otras redes viarias de gran capacidad; así como que el ámbito territorial pretendido para el nuevo municipio viene a coincidir, aunque no exactamente como se ha referido con anterioridad, con los límites territoriales de la ELA de Valderrubio expresados en el Decreto por el que se constituyó tal entidad, de modo que, si se constituyera el municipio de Valderrubio, tal variación jurídica apenas conllevaría el diseño de un nuevo marco territorial.
Además se han de tener en cuenta el contenido de la Carta Europea de Ordenación del Territorio aprobada el 20 de mayo de 1983, en Torremolinos (Málaga), con ocasión de la Conferencia Europea de Ministros Responsables de la Ordenación del Territorio que, aunque viene referida a las regiones, resulta lo suficientemente ilustrativa respecto a lo que se dirime en el presente expediente.
De acuerdo con dicho documento, la ordenación del territorio se marca como uno de sus objetivos el relativo a »... alentar el desarrollo de las regiones que mantienen un cierto retraso, mantener o adaptar las infraestructuras indispensables para permitir un nuevo impulso de las regiones en decadencia o amenazadas por graves problemas de empleo, principalmente por las migraciones de la mano de obra a nivel europeo».
Para dicha Carta, el ser humano y su bienestar, así como la interacción con el medio ambiente, son el centro de la preocupación de la ordenación del territorio, la cual debe ser, entre otras cosas, democrática y funcional. Democrática, en el sentido de que »debe asegurar la participación de la población afectada y sus representantes políticos»; y funcional, «porque debe conocer la existencia de las realidades regionales fundadas sobre unos determinados valores, una cultura determinada y los intereses comunes, superando las fronteras administrativas y regionales».
Teniendo en cuenta tales objetivos, es innegable la importancia que ha de reconocerse a la iniciativa del Ayuntamiento de Pinos Puente respecto a la segregación de una parte de su territorio, adoptada por mayoría absoluta de su Pleno, como expresión de la voluntad municipal tendente a favorecer la culminación de las expectativas de las personas con vecindad en Valderrubio, que vienen acreditando durante años un acervo común en el que la consecución del estatus de municipio forma parte fundamental del mismo.
Es decir, la actuación de Pinos Puente dando respuesta a las aspiraciones reiteradamente manifestadas por los vecinos del núcleo a segregar, mediante la aprobación por la mayoría de su Pleno de la iniciativa de segregación de Valderrubio, según estipula el artículo 95. 1 a) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, se ajusta a las previsiones de la mencionada Carta Europea de Ordenación del Territorio, al mismo tiempo que se atiene a lo dispuesto en el artículo 5 de la Carta Europea de Autonomía Local, conforme a la cual »para cualquier modificación de los límites territoriales locales, las colectividades locales afectadas deberán ser consultadas previamente, llegado el caso por vía de referéndum allá donde la legislación lo permite».
El hecho de haberse tenido en consideración en el expediente la voluntad de los habitantes afectados por la eventual segregación es claro que no debe ser el único elemento trascendente a considerar en la decisión sobre la creación del nuevo municipio de Valderrubio, pero sin duda debe ser estimado como uno de los fundamentales a tener en cuenta, en todo caso relacionado, coordinado y, en su caso, subordinado a los intereses de carácter superior en relación con la adecuada satisfacción de las necesidades colectivas. En el caso de Andalucía, en materia de ordenación del territorio estas necesidades pueden identificarse con el contenido del POTA, como instrumento de planificación y ordenación integral que establece los elementos básicos para la organización y estructura del territorio andaluz. Además, es el marco de referencia territorial para los planes de ámbito subregional y para las actuaciones que influyan en la ordenación del territorio, así como para la acción pública en general. Y de acuerdo con sus previsiones, según el informe antes mencionado de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, »la creación del municipio de Valderrubio no tiene incidencia negativa desde el punto de vista de la ordenación territorial».
En este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2005, en relación con la Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 25 de febrero de 2002. En el Fundamento de Derecho Tercero de esta última, se dice literalmente que «Así, puede entenderse como motivo de interés público en el procedimiento, el relativo a dar satisfacción a los expresados anhelos de autonomía, en el ámbito municipal, de los habitantes de un núcleo de población homogéneo, definido y diferenciado del resto del término municipal al que pertenecía, valorando que con dicha solución favorable se permite alcanzar una legítima aspiración que razonablemente derivará en una mayor sintonía de los vecinos con el nuevo municipio resultante, con la consecuencia de una mayor participación de aquellos y, cabe suponer, con un incremento de la atención y eficacia en la gestión ante tal vinculación entre la Administración y los vecinos a que la misma sirve»; no obstante, todo ello queda condicionado a «que concurran los demás requisitos exigidos para aprobar la segregación y, por lo tanto, siempre que esta última no genere unos inaceptables perjuicios para los otros habitantes del término municipal original, o incluso para otros intereses superiores merecedores de preferente protección, ya que, en estos últimos supuestos ya no podría hablarse de la concurrencia de un verdadero interés público en favor de la segregación».
Por todo lo anterior, debe considerarse acreditada la concurrencia de esta exigencia legal en la iniciativa de creación del municipio de Valderrubio.
2. «Que el territorio del nuevo municipio cuente con unas características que singularicen su propia identidad, sobre la base de razones históricas, sociales, económicas, laborales, geográficas y urbanísticas» (artículo 93.2.b).
En la Memoria se aporta abundante documentación acreditativa de la singularidad identitaria de Valderrubio, cuyas referencias documentales se remontan a trece siglos de antigüedad, contando también con varios yacimientos arqueológicos que delatan sus antecedentes íberos, celtas, romanos y árabes. Es conocido por los archivos eclesiásticos desde el año 1589 con el nombre de «Asquerosa», por derivación del término árabe de «Ascorocha», denominación modificada y sustituida por la de «Valderrubio» en el pasado siglo, por la excelente calidad de la planta de tabaco de la especie «rubio» que se cultiva en la zona. Destaca al respecto un extracto contenido en la Memoria justificativa del periódico «Diario Patria», del 19 de febrero de 1956, redactado por el historiador D. Luis Seco de Lucena Paredes, sobre los »Datos históricos de Asquerosa y Valderrubio».
Se hace también mención a los distintos hitos que han ido jalonando el largo camino realizado por el movimiento vecinal para el autogobierno de Valderrubio, afirmándose que sería a partir de su constitución como ELA en 2002 cuando se podría acreditar la mejora en la calidad de vida de sus habitantes, así como el aumento de las voces reclamando la asunción de nuevas competencias por Valderrubio.
Según se afirma en la Memoria, Valderrubio cuenta también con peculiaridades sociolaborales propias. La separación entre los núcleos de Pinos Puente y Valderrubio ha contribuido a forjar una vocación diferenciadora entre ellos, al tiempo que ha repercutido de forma negativa en la vida corriente de los vecinos de Valderrubio, que se ven abocados a realizar muchas actuaciones ordinarias en Pinos Puente (gestiones administrativas, actos culturales, de ocio,...). Todas estas circunstancias han contribuido a dejar una impronta específica en el carácter identitario de las personas con residencia en Valderrubio, con peculiaridades manifiestamente diferenciadoras con respecto al resto del municipio, destacándose estos aspectos en materia de educación, en determinadas festividades religiosas,...
En la Memoria se expone que, desde el punto de vista económico y laboral, también son claras las diferencias entre el núcleo de Valderrubio, fundamentalmente agrícola, y el de Pinos Puente, en el cual destacan las actividades comerciales y las dotaciones e infraestructuras de las que dispone para la prestación de servicios básicos de carácter municipal.
Las anteriores afirmaciones, sustentadas documentalmente, no han sido desvirtuadas por ninguno de los organismos informantes en el procedimiento, por lo que debe considerarse acreditada esta exigencia legal, contemplada en el artículo 93.2 b) de la Ley 5/2010, de 11 de junio.
3. «Que entre los núcleos principales de población del municipio matriz y del territorio que pretende la segregación exista una notable dificultad de acceso, caracterizada por la distancia, orografía adversa, duración del trayecto en vehículo automotor, carencia del servicio público de transporte de viajeros u otras de similar naturaleza» (artículo 93.2.c).
Con respecto a esta exigencia, expresada en el artículo 93.2 c) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, se señala en la Memoria el obstáculo general que supone la separación de los 9,4 km que distan por carretera los núcleos poblacionales de Pinos Puente y Valderrubio, añadiéndose a la dificultad de comunicación entre los mismos el hecho de que, para desplazarse de uno a otro, sea necesario atravesar los núcleos de Zujaria y Casas Nuevas, con el lógico retardo que ello conlleva en el trayecto.
Por otra parte, en la Memoria se indica que no existe un servicio público de transporte de viajeros que conecte el núcleo de Pinos Puente con la ELA de Valderrubio, dándose la paradoja de que la comunicación directa entre dicha entidad y Granada es bastante fluida, existiendo una línea de autobuses, perteneciente al consorcio de Transportes del Área Metropolitana, con una periodicidad de una hora, desde las 8 hasta las 21 horas. En definitiva, el acceso para cualquier persona de Valderrubio a ciertos servicios administrativos básicos, requiere que disponga de vehículo particular para su desplazamiento, con la inversión de tiempo que ello supone.
Tales aseveraciones no han sido cuestionadas por ninguno de los organismos informantes en el procedimiento, debiendo considerarse acreditada la concurrencia de esta exigencia legal en la iniciativa de creación del municipio de Valderrubio.
4. «Que el nuevo municipio pueda disponer de los recursos necesarios para el ejercicio de las competencias municipales que, como mínimo, venía ejerciendo el municipio del que se segrega, y, en todo caso, los servicios previstos como básicos por la ley. Dichos recursos deben estar relacionados con la capacidad financiera de la vecindad del nuevo municipio y la riqueza imponible de su término municipal» (artículo 93.2.d).
En la Memoria consta abundante documentación de carácter económico, presupuestario, de previsión de ingresos y gastos relacionados con el ámbito competencial de Valderrubio. Dicho ámbito está integrado por las previsiones recogidas tanto en el Decreto de constitución de la ELA como en el Convenio marco de gestión de servicios público entre Pinos Puente y la Entidad Local de Valderrubio, firmado con fecha 17 de septiembre de 2011, y en el que se recogen los servicios a prestar por esta última entidad y los recursos para hacerlo.
Esta documentación económica se ha ido completando a lo largo de la tramitación del expediente, en función de las necesarias subsanaciones de las carencias observadas respecto a la acreditación de la viabilidad económica de la iniciativa de segregación, mediante datos remitidos por el Ayuntamiento de Pinos Puente, así como por la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales.
Junto a dicha documentación, tienen un carácter particularmente relevante los sucesivos informes emitidos por el Servicio de Cooperación Económica de la Dirección General de Administración Local a lo largo del procedimiento, y, en particular, el último de los mismos, de fecha 10 de abril de 2013. Para la elaboración de sus informes, el Servicio de Cooperación Económica ha tenido en consideración las liquidaciones presupuestarias de 2011 y 2012 y los resultados de los ejercicios 2009 y 2010, así como los Informes de la Secretaría-Intervención de Valderrubio sobre el objetivo de estabilidad, la regla del gasto y el nivel de endeudamiento de la liquidación de 2012 y del presupuesto inicial del año 2013, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En tales informes se vierten los siguientes datos objetivos, favorables a la iniciativa de creación del municipio proyectado:
– El núcleo poblacional de Valderrubio cuenta con una larga experiencia de autogestión, al venir realizando las competencias propias de una ELA desde que accedió a esta condición en 2002, habiendo rebasado, incluso, el nivel de gestión competencial mínimo previsto legalmente para este tipo de entidades. Ello se acredita con los datos del estado de ejecución, de ingresos y de gastos, de las liquidaciones de los ejercicios 2009 y 2010.
– En los ejercicios señalados con anterioridad, la situación económica-financiera de la ELA refleja signos positivos en los indicadores más importantes, poniéndose de manifiesto que los ingresos corrientes han cubierto, sin excesiva dificultad, la financiación de los gastos de esta naturaleza, así como que para la realización de inversiones no se ha tenido que acudir a fuentes financieras de operaciones de crédito, lo cual favorece la inexistencia de deuda, tanto a corto como a largo plazo.
– La creación del municipio de Valderrubio no causaría perjuicio económico al Ayuntamiento de Pinos Puente en cuanto a las transferencias percibidas por éste en concepto de Participación en Ingresos del Estado (PIE) y en concepto de Participación en Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA), ya que seguiría permaneciendo Pinos Puente en el grupo de municipios del tramo comprendido entre 5.000 y 19.999 habitantes, y el nuevo municipio se incorporaría al grupo de municipios de menos de 5.000 habitantes, por lo que la segregación no incidiría en el parámetro poblacional de los cálculos de los montantes totales a percibir por Pinos Puente por estos conceptos. En cualquier caso, merece destacarse que la merma de ambos fondos al municipio matriz se produce, de hecho, con las transferencias que en la actualidad el Ayuntamiento realiza a la ELA de Valderrubio.
– Se ha constatado la recuperación del objetivo de estabilidad en el ejercicio de 2012, al haberse cumplido las previsiones contenidas en el Plan económico-financiero realizado para los ejercicios 2011 y 2012. A tal resultado se ha llegado por políticas de contención del gasto y de ahorro, que no sólo obedecen a circunstancias de tipo coyuntural (motivadas por incorporaciones de remanentes afectados), sino a trayectorias estructurales que podrían ser las condiciones sobre las que basar la viabilidad económica del futuro municipio.
– Especial valoración positiva debe recaer sobre las previsiones contenidas en el presupuesto para el año 2013 en curso, que suponen una expresión de responsabilidad en la gestión, que avalan una correcta disciplina presupuestaria y fiscal.
– En relación con las deudas y derechos pendientes que se reclaman recíprocamente ambas entidades, mediante acuerdos de ambas entidades, de 17 y 18 de agosto de 2011, Pinos Puente y Valderrubio renuncian expresamente a la futura reclamación de las mismas, en el supuesto de que la Administración Autonómica acordase la creación del nuevo municipio.
– Ha quedado acreditado el cumplimiento de la exigencia del artículo 93.2 g) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, en el sentido de que el Ayuntamiento matriz no se vería afectado de forma negativa en la cantidad y calidad de la prestación de los servicios de su competencia, ni privado de los recursos necesarios para la prestación de los servicios mínimos establecidos legalmente.
En definitiva, de conformidad con todas las valoraciones positivas anteriormente referidas, se concluye en el mencionado informe de 10 de abril de 2013 del Servicio de Cooperación Económica que, por lo que a los resultados económico-financieros resulta, la viabilidad de Valderrubio como futuro nuevo municipio está avalada.
En este sentido, resulta significativa la acreditada experiencia acumulada por la ELA de Valderrubio, que viene autogestionándose desde el año 2002 en la práctica como si fuera un municipio, por lo que, con fundamento en los datos favorables expuestos, está garantizada la viabilidad de Valderrubio como nuevo municipio y que el cambio de régimen jurídico que se proyecta no va a suponer perjuicio económico alguno a los vecinos de las entidades locales afectadas, de Valderrubio y de Pinos Puente.
En cualquier caso, en el último informe del Servicio de Cooperación Económica, de 10 de abril de 2013, emitido tras el examen de toda la documentación económica aportada por los interesados y recabada de otros organismos, se concluye que, de los Informes de Intervención sobre el objetivo de Estabilidad en el ejercicio presupuestario de 2012 y en su previsión para 2013, se advierte el cumplimiento de las exigencias legales económicas para que la iniciativa de alteración territorial pueda culminar favorablemente, quedando acreditada la viabilidad económica del nuevo municipio en el cumplimiento del objetivo de estabilidad, regla de gasto y nivel de deuda.
Necesariamente ha de significarse que tales informes de la Intervención han sido emitidos en el ejercicio de la función pública que corresponde a las personas titulares de las Intervenciones de las entidades locales, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. En consecuencia, estos informes son trascendentales en la resolución de este procedimiento, al gozar de la presunción de la veracidad de los datos que contienen, y al no haber quedado desvirtuados por ninguna otra documentación que pudiera prevalecer frente a los mismos.
Corroboran por otra parte el contenido de los anteriores informes, los emitidos por los restantes órganos que han participado en la tramitación del expediente, siendo significativo entre ellos el del pleno de la Diputación Provincial de Granada, de fecha 29 de noviembre de 2012, en el que, además de emitir su parecer favorable a la segregación prevista entendiendo que la misma no «afectará de modo significativo a los servicios públicos que presta la Diputación (…)», se expresa que el municipio proyectado contará con «unos recursos públicos adecuados para la prestación de unos servicios públicos mínimos de calidad», y que «las entidades resultantes podrán garantizar los principios de estabilidad presupuesta y sostenibilidad financiera».
5. «Que el nuevo municipio cuente con un territorio que permita atender a sus necesidades demográficas, urbanísticas, sociales, financieras y de instalación de los servicios de competencia municipal» (artículo 93.2.e).
Según se afirma en la memoria las zonas que se mantienen como delimitación territorial de Valderrubio son el propio núcleo urbano y toda su zona de influencia de acuerdo con indicadores históricos y socioeconómicos. En cualquier caso el territorio propuesto para el municipio proyectado abarcaría una extensión aproximada de 6,59 kms. cuadrados.
Se afirma igualmente que las dimensiones que se proponen para el nuevo municipio no es una excepción dentro de la provincia de Granada ya que hay 10 municipios, varios de ellos de gran población e importancia, con menor territorio que el propuesto.
Las aseveraciones anteriores no han sido desvirtuadas por ninguno de los organismos informantes en el procedimiento.
6. «Que el nuevo municipio pueda garantizar la prestación de los servicios públicos con el mismo nivel de calidad que el alcanzado por el municipio matriz en el territorio base de la segregación» (artículo 93.2.f); «Que el municipio matriz no se vea afectado de forma negativa en la cantidad y calidad de prestación de los servicios de su competencia, ni privado de los recursos necesarios para la prestación de los servicios mínimos establecidos legalmente» (artículo 93.2.g).
Debido a la íntima conexión que guardan entre sí estas dos exigencias legales, previstas en las letras f) y g) del artículo 93.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, respectivamente, con la inevitable interdependencia entre los datos de los niveles de calidad y de prestación de servicios en ambas entidades locales, es necesario proceder a un estudio conjunto del grado de cumplimiento de estos dos preceptos legales en la iniciativa de segregación.
En la Memoria se expone que desde la creación de la ELA de Valderrubio, su Junta Vecinal ha ido asumiendo cada vez más servicios de los previstos en la Ley 5/2010, de 11 de junio, los cuales han excedido sobradamente del marco competencial mínimo establecido legalmente para las Entidades Locales Autónomas, ejerciéndose además tales prestaciones de servicios desde el prisma de los parámetros de calidad, rapidez, accesibilidad, fiabilidad, mejora y acercamiento de la Administración a la ciudadanía; estimándose que, en cualquier caso, en el supuesto de que Valderrubio accediera a la condición de municipio, los mismos servicios continuarían prestándose bajo los citados parámetros de calidad.
Tras un estudio pormenorizado de cada uno de los servicios que se prestan por la ELA de Valderrubio desde 2002, derivados tanto de las previsiones del Decreto que acordó su creación como ELA, como del Convenio Marco de gestión suscrito con el Ayuntamiento de Pinos Puente anteriormente mencionado, se concluye en la Memoria que la capacidad para la prestación de los mismos con calidad está totalmente demostrada. Por tal razón, el hecho de venir ejerciendo la competencia de prestación de tales servicios, y la satisfacción de las personas con residencia en Valderrubio, beneficiadas por dicha gestión, han dotado a la administración de Valderrubio de una amplia experiencia, que necesariamente redundará en un aumento en la calidad de los mismos.
En cuanto a la repercusión de la posible segregación sobre las personas vecinas de Pinos Puente, consta en la Memoria que, partiendo de los datos de superficie y población totales del municipio matriz, en comparación con los de Valderrubio, se puede deducir claramente que ni la calidad ni la cantidad de los servicios que reciben se verían afectados por la segregación de Valderrubio. Así consta en el certificado emitido con fecha 9 de febrero de 2012 por la Interventora del Ayuntamiento de Pinos Puente, en el sentido de que dicho municipio »no se vería afectado de forma negativa en la cantidad y calidad de la prestación de los servicios de su competencia, ni privado de los recursos necesarios para la prestación de los servicios mínimos establecidos legalmente …»
Igualmente, el cumplimiento de esta exigencia legal está pormenorizadamente analizada en la Memoria justificativa, en la que se concluye que Pinos Puente »no se verá privado de los recursos necesarios, ni siquiera le afectará, puesto que venía cobrando cada servicio que prestaba en Valderrubio. Por tanto, desde la constitución de la ELA, el coste de los servicios era 0 euros para el Ayuntamiento de Pinos Puente».
Todos estos datos relativos a la prestación de los servicios no han sido cuestionados por ninguno de los organismos informantes en el procedimiento, hecho que, sumado a la acreditada experiencia de autogestión de Valderrubio desde que accedió a la condición de ELA en 2002, pueden valorarse como elementos positivos para la segregación pretendida, que vendrían a acreditar la concurrencia de estas exigencias legales en la iniciativa de creación del municipio de Valderrubio.
Quinto.
Por último, una vez acreditado el cumplimiento de las exigencias legales, cabe destacar los posicionamientos de los siguientes órganos, plasmadas en los correspondientes informes recabados durante la tramitación de la iniciativa de segregación:
1. Delegación del Gobierno de Granada: En su informe, recibido el 15 de febrero de 2012, tras realizar un análisis de la tramitación seguida hasta la fecha en que fue requerido tal informe, concluye indicando que «si a la vista de los informes que se emitan se cumplen los requisitos materiales y formales exigidos para que se pueda producir la creación del nuevo municipio, esta Delegación del Gobierno no tendría inconveniente en que se accediera a lo solicitado».
2. Diputación Provincial de Granada: El 29 de noviembre de 2012, el Pleno de la Diputación Provincial de Granada, por unanimidad, acordó dictaminar favorablemente la creación del nuevo municipio de Valderrubio por segregación de Pinos Puente, al considerarse que la creación del municipio de Valderrubio «no afectará de modo significativo a los servicios públicos que presta la Diputación...»; que las entidades locales de Pinos Puente y de Valderrubio «una vez practicada la segregación poseerán una entidad poblacional suficiente y unos recursos públicos adecuados para la prestación de unos servicios públicos mínimos de calidad»; así como que»las entidades resultantes podrán garantizar los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».
3. Consejo Andaluz de Concertación Local: En el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Concertación Local del 7 de febrero de 2013, se hace constar que «Visto el expediente de iniciativa del Ayuntamiento de Pinos Puente sobre la segregación de su término municipal de la Entidad Local de Valderrubio, para su constitución como nuevo municipio, y comprobado que del mismo se deduce que las Corporaciones Locales que deben ser oídas lo han sido, según la legislación vigente, la Comisión Permanente considera que con dichos actos procedimentales se encuentran representados los intereses municipales afectados, por lo que no formula observación al mismo (...)».
En su virtud, con fundamento en cuantas motivaciones anteceden y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, a propuesta del Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 17 de diciembre de 2013 dispongo
Primero.
Aprobar la creación del municipio de Valderrubio, por segregación del término municipal de Pinos Puente (Granada), cuya capitalidad radica en el núcleo de población de Valderrubio.
Segundo.
La delimitación territorial del nuevo municipio de Valderrubio se expresa, de modo literal y gráfico, respectivamente, en los Anexos I y II. La expresión gráfica se acompaña de la relación del listado de coordenadas obtenidas gráficamente del MTA10 año 2001 en el Sistema Geodésico de Referencia ED50, proyección UTM uso 30.
Tercero.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del presente Decreto deberán realizarse cuantas actuaciones sean necesarias para la efectividad del mismo, en particular las siguientes:
a) Constitución de la Comisión Gestora prevista en el artículo 100 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
b) Inicio de los trámites para realizar las modificaciones pertinentes en los registros administrativos correspondientes, en aquello que afecte al personal que haya de quedar adscrito al Ayuntamiento de Valderrubio.
c) Inicio de los trámites para la adscripción del nuevo municipio al partido judicial que corresponda.
d) El Ayuntamiento de Pinos Puente deberá facilitar a la Comisión Gestora de Valderrubio copia autenticada de todos los expedientes de los procedimientos que se encuentren en trámite que afecten y se refieran en exclusiva al nuevo municipio, así como de cualquier otra documentación conveniente para el normal desenvolvimiento de este último.
Cuarto.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 100.3, 103 y 104 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, hasta que esté constituida la Comisión Gestora, la Diputación Provincial de Granada garantizará la prestación de los servicios públicos obligatorios a la población de Valderrubio, y actuará en su representación en cuantos actos fueran de inaplazable gestión. La persona titular de la Presidencia de la Comisión Gestora (que deberá coincidir con la persona que hubiera ostentado la Presidencia de la Entidad Local Autónoma de Valderrubio), y las personas titulares de las Vocalías de la Comisión Gestora, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los establecidos en la legislación de régimen local para las personas titulares de la Alcaldía y Concejalías, respectivamente.
Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso- Administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en la forma y plazos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. O bien se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, también con carácter potestativo, el requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública.
Sevilla, 17 de diciembre de 2013.–La Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz Pacheco.–El Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas Sosa.
ANEXO I
Descripción literal de los puntos de la línea delimitadora del ámbito territorial del nuevo municipio de Valderrubio
Punto 1.º: Noroeste: Desde su parte Noroccidental, nace en la confluencia territorial municipal con Íllora, en el punto de intersección con el margen Norte de la carretera A-336, coincidiendo con el Mojón 12 que se reseña en el Acta de delimitación de términos vigente entre Íllora y Pinos Puente, de fecha 16 de octubre de 1893.
Coordenada X: 426161.9 Coordenada Y: 4123130.7.
Continúa la línea siguiendo el margen Norte de la carretera A-336 en dirección Este, hasta el punto 2.º
Punto 2.º: Noreste: Situado en la confluencia del margen Norte de la carretera A-336, con el eje del Barranco de los Pensadores.
Coordenada X: 427641.5 Coordenada Y: 4123460.3.
Continúa hacia el Sur siguiendo el Barranco de los Pensadores por su eje, hasta el Punto 3.º
Punto 3.º: Este: Situado en la confluencia del eje del Barranco de los Pensadores con el margen Sur del Camino de los Picos, en el tramo que separa el Pago de las Encinillas del Pago de Los Picos.
Coordenada X: 428099.5 Coordenada Y: 4122465.2.
Continúa por el margen Sur del citado camino, hasta el Punto 4.º
Punto 4.º: Este: Situado en la confluencia del margen Sur del Camino de los Picos, en el tramo que separa el Pago de las Encinillas del Pago de los Picos con el brazal de desagüe de la Acequia Gorda.
Coordenada X: 427697.3 Coordenada Y:4121926.4.
Gira siguiendo el propio brazal de desagüe de la Acequia Gorda en dirección Sureste, hasta el Punto 5.º
Punto 5.º: Este: Situado en el cambio de dirección de la Acequia Gorda, localizado en el Pago del Bujeo.
Coordenada X: 427899.8 Coordenada Y: 4121570.1.
Continúa por la propia Acequia Gorda en dirección Suroeste, hasta llegar al Punto 6.º
Punto 6.º: Este: Situado en la intersección de la Acequia Gorda con el margen Sur de la carretera GR-3041, que une Valderrubio con Fuente Vaqueros.
Coordenada X: 427808.9 Coordenada Y: 4121334.2.
Continúa por la propia carretera hacia el Este, hasta alcanzar el Punto 7.º
Punto 7.º: Este: Situado en la intersección de la margen Sur de la carretera GR-3041, que une Valderrubio con Fuente Vaqueros con la margen Este del Camino de Vascos Bajos, que separa los Pagos de Vascos y La Carrurra.
Coordenada X: 428312.5 Coordenada Y: 4121202.8.
Continua por la margen Este del Camino de los Vascos en dirección Suroeste, hasta la línea que divide las parcelas 15 y 119, cruza el citado camino y continúa por las linde que divide las parcelas 13 y 14, todas del polígono 30 del Catastro de Rústica de Pinos Puente, vigente, hasta el Punto 8.º, que dista 100 metros del eje del Río Cubillas, que es, a su vez, límite entre los municipios de Pinos Puente y Fuente Vaqueros.
Punto 8.º: Este: Situado en el linde que divide las parcelas 13 y 14 del polígono 30 del Catastro de Rústica de Pinos Puente vigente, a 100 metros del eje del Río Cubillas, que es, a su vez, límite entre los municipios de Pinos Puente y Fuente Vaqueros.
Coordenada X: 428217.2 Coordenada Y: 4120914.2.
Continúa por una línea paralela a la línea que divide los términos municipales de Pinos Puente y Fuente Vaqueros, con una distancia entre ambas líneas de 100 metros, hasta el Punto 9.º
Punto 9.º: Este: Situado en el margen Norte del Camino del Monte, que discurre en la margen Norte de la parcela 1 del polígono 31 y a una distancia de 100 metros de la línea límite entre Pinos Puente y Fuente Vaqueros.
Coordenada X: 427272.6 Coordenada Y: 4119135.6.
Continúa por el citado camino en dirección Oeste, hasta alcanzar la intersección con el eje de la Acequia Gorda, hasta el Punto 10.º
Punto 10.º: Oeste: Situado en el margen Norte del Camino del Monte con la intersección del eje de la Acequia Gorda.
Coordenada X: 426940.9 Coordenada Y: 4119350.3.
Continúa por el eje de la Acequia Gorda en dirección Noroeste hasta su intersección con el eje del Barranco de Escoznar, hasta el Punto 11.º
Punto 11.º: Oeste: Situado en la intersección del eje del Barranco de Escoznar con el eje de la Acequia Gorda.
Coordenada X: 427079.1 Coordenada Y: 4119790.2.
Continúa por el eje del Barranco de Escoznar en dirección Noroeste, hasta el Punto 12.º
Punto 12.º: Oeste: Situado en la intersección del eje del Barranco de Escoznar con el margen Norte de la carretera Valderrubio-Lachar y el límite del término municipal de Íllora, coincidente con el Mojón 15 que se reseña en el Acta de delimitación de términos vigente, entre Íllora y Pinos Puente, de fecha 16 de octubre de 1893.
Coordenada X: 426866.9 Coordenada Y: 4120029.5
Continúa por el límite del término municipal de Íllora hasta alcanzar el Punto 1.º, cerrando el término.
ANEXO II
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Valderrubio (Granada) ya es pueblo. #BOE
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[] |
OTROS_ANUNCIOS
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Comunidad Autónoma de Andalucía
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Valderrubio (Granada) ya es pueblo.
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CORRECCIÓN de errores
en BOE núm. 28 de 2 de febrero de 2015
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[] | 817
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2022-05-05
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BOE-B-2022-13852
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Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de asistencia técnica externa para revisión y actualización de la identidad visual corporativa (VIC) de adif y adif alta velocidad. Expediente: 2.21/05114.0002.
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<ambito_geografico>Comunidad de Madrid</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Poder adjudicador: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>1.1) Nombre: </dt>
<dd>ADIF - Presidencia.</dd>
<dt>1.2) Número de identificación fiscal: </dt>
<dd>Q2801660H.</dd>
<dt>1.3) Dirección: </dt>
<dd>Sor Ángela de la Cruz, 3.</dd>
<dt>1.4) Localidad: </dt>
<dd>Madrid.</dd>
<dt>1.5) Provincia: </dt>
<dd>Madrid.</dd>
<dt>1.6) Código postal: </dt>
<dd>28020.</dd>
<dt>1.7) País: </dt>
<dd>España.</dd>
<dt>1.8) Código NUTS: </dt>
<dd>ES300.</dd>
<dt>1.11) Correo electrónico: </dt>
<dd>[email protected]</dd>
<dt>1.12) Dirección principal: </dt>
<dd>http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/licitaciones/licitaciones.shtml</dd>
<dt>1.13) Dirección del perfil de comprador: </dt>
<dd>https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=leIX8rsUk0MQK2TEfXGy%2BA%3D%3D</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>2.1) Tipo: </dt>
<dd>Entidad de Derecho Público.</dd>
<dt>2.2) Actividad principal ejercida: </dt>
<dd>Infraestructuras.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Códigos CPV:</dt>
<dd>71300000 (Servicios de ingeniería).</dd>
<dt>5. Lugar principal de prestación de los servicios:</dt>
<dd>ES300.</dd>
<dt>6. Descripción de la licitación:</dt>
<dd>Servicios de asistencia técnica externa para revisión y actualización de la identidad visual corporativa (VIC) de adif y adif alta velocidad.</dd>
<dt>7. Tipo de procedimiento de adjudicación: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
<dt>10. Fecha de adjudicación: </dt>
<dd>11 de marzo de 2022.</dd>
<dt>11. Ofertas recibidas: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>11.1) Número de ofertas recibidas: </dt>
<dd>10.</dd>
<dt>11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: </dt>
<dd>10.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>12. Adjudicatarios: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>12.1) Nombre: </dt>
<dd>GRAVITA TRANSFORMA SL.</dd>
<dt>12.2) Número de identificación fiscal: </dt>
<dd>B87496923.</dd>
<dt>12.13) </dt>
<dd>El adjudicatario es una PYME.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>13. Valor de las ofertas: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>13.1) Valor de la oferta seleccionada: </dt>
<dd>198.000,00 euros.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>17. Publicación anterior referente al presente procedimiento: </dt>
<dd> ID: 2021-224592. Anuncio de Licitación publicado en BOE (6 de septiembre de 2021).</dd>
<dt>18. Fecha de envío del anuncio: </dt>
<dd>29 de abril de 2022.</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 29 de abril de 2022.- La Presidenta, Maria Luisa Domínguez González.</p>
</texto>
</documento>
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Thu May 05 07:55:29 +0000 2022
|
1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre:
ADIF - Presidencia.
1.2) Número de identificación fiscal:
Q2801660H.
1.3) Dirección:
Sor Ángela de la Cruz, 3.
1.4) Localidad:
Madrid.
1.5) Provincia:
Madrid.
1.6) Código postal:
28020.
1.7) País:
España.
1.8) Código NUTS:
ES300.
1.11) Correo electrónico:
[email protected]
1.12) Dirección principal:
http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/licitaciones/licitaciones.shtml
1.13) Dirección del perfil de comprador:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=leIX8rsUk0MQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo:
Entidad de Derecho Público.
2.2) Actividad principal ejercida:
Infraestructuras.
4. Códigos CPV:
71300000 (Servicios de ingeniería).
5. Lugar principal de prestación de los servicios:
ES300.
6. Descripción de la licitación:
Servicios de asistencia técnica externa para revisión y actualización de la identidad visual corporativa (VIC) de adif y adif alta velocidad.
7. Tipo de procedimiento de adjudicación:
Abierto.
10. Fecha de adjudicación:
11 de marzo de 2022.
11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas:
10.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs:
10.
12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre:
GRAVITA TRANSFORMA SL.
12.2) Número de identificación fiscal:
B87496923.
12.13)
El adjudicatario es una PYME.
13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada:
198.000,00 euros.
17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
ID: 2021-224592. Anuncio de Licitación publicado en BOE (6 de septiembre de 2021).
18. Fecha de envío del anuncio:
29 de abril de 2022.
Madrid, 29 de abril de 2022.- La Presidenta, Maria Luisa Domínguez González.
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La agencia Gravita se encarga del cambio de identidad visual de Adif por 198.000 euros @gamusino #BOE
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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Contrato para la agencia Gravita por el servicios de asistencia técnica externa para revisión y actualización de la identidad visual corporativa (VIC) de adif y adif alta velocidad, por importe total de 198.000,00 euros
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2015-06-25
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BOE-A-2015-7052
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Real Decreto 533/2015, de 24 de junio, por el que se nombra Presidenta de la Comunidad de Madrid a doña Cristina Cifuentes Cuencas.
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<identificador>BOE-A-2015-7052</identificador>
<titulo>Real Decreto 533/2015, de 24 de junio, por el que se nombra Presidenta de la Comunidad de Madrid a doña Cristina Cifuentes Cuencas.</titulo>
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<alerta codigo='139' orden=''>Nombramientos y ceses de altos cargos</alerta>
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<texto>
<p class='parrafo'>De conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución y 18.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid,</p>
<p class='parrafo'>Vengo en nombrar Presidenta de la Comunidad de Madrid a doña Cristina Cifuentes Cuencas, elegida por la Asamblea de Madrid en la sesión celebrada los días 23 y 24 de junio de 2015.</p>
<p class='parrafo_2'>Dado en Madrid, el 24 de junio de 2015.</p>
<p class='firma_rey'>FELIPE R.</p>
<p class='firma_ministro'>El Presidente del Gobierno,</p>
<p class='firma_ministro'>MARIANO RAJOY BREY</p>
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Thu Jun 25 07:25:37 +0000 2015
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución y 18.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid,
Vengo en nombrar Presidenta de la Comunidad de Madrid a doña Cristina Cifuentes Cuencas, elegida por la Asamblea de Madrid en la sesión celebrada los días 23 y 24 de junio de 2015.
Dado en Madrid, el 24 de junio de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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El #BOE oficializa los cambios. Hoy, sale Ignacio González, entra Cristina Cifuentes
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"139"
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NOMBRAMIENTOS_Y_CESES
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Presidencia del Gobierno
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Nombrada Cristina Cifuentes Cuencas presidenta de la comunidad de Madrid.
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2015-03-12
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BOE-A-2015-2644
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Orden ECD/413/2015, de 9 de marzo, por la que se aprueba el Programa anual de ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el año 2015 y se establecen medidas de mejora para la gestión y tramitación de las ayudas.
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<identificador>BOE-A-2015-2644</identificador>
<titulo>Orden ECD/413/2015, de 9 de marzo, por la que se aprueba el Programa anual de ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el año 2015 y se establecen medidas de mejora para la gestión y tramitación de las ayudas.</titulo>
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<departamento codigo='4220'>Ministerio de Educación, Cultura y Deporte</departamento>
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<numero_oficial>ECD/413/2015</numero_oficial>
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<alerta codigo='107' orden=''>Cultura y ocio</alerta>
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<alerta codigo='114' orden=''>Educación y enseñanza</alerta>
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<referencias>
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<texto>
<p class='parrafo'>El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, tiene atribuida la competencia en materia de propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, de formación profesional y de universidades, así como la promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación literaria, de las actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas estatales, la promoción y difusión de la cultura en español, así como el impulso de las acciones de cooperación cultural. Asimismo, corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de deporte y el fomento y protección de la tauromaquia.</p>
<p class='parrafo'>El gasto público que conlleva el ejercicio de estas funciones se ejecuta, entre otras formas, a través de transferencias corrientes y de capital a diversas entidades y personas físicas bajo una variada tipología de ayudas. La importancia de estas ayudas, tanto en número como en consignación presupuestaria, aconseja que se lleve a cabo un ejercicio de programación anual del conjunto de las ayudas, en aras de una mayor transparencia y una mejora de su gestión y tramitación, lo que favorece una actuación más eficiente en la asignación y utilización de los recursos públicos. Se pone a disposición de la ciudadanía una recopilación de todas las becas, subvenciones, premios y otros tipos de concesión de ayudas sin contraprestación económica que van a convocarse por el Ministerio en el año 2015, lo que conforma el Programa Anual de Ayudas 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.</p>
<p class='parrafo'>La aprobación de este Programa responde, entre otros, al concepto de publicidad activa, tomado de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ampliando la exigencias que impone la ley. Se trata de una manera de dar a conocer cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan las instituciones públicas, lo que permite una mejor fiscalización de la actividad pública.</p>
<p class='parrafo'>Muchas de las ayudas contenidas en este Programa se configuran como subvenciones regidas por la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuyo articulado contempla una variedad de instrumentos para dotar de transparencia a la concesión de ayudas y redundar así de forma directa en un incremento de los niveles de eficiencia en la gestión del gasto público y de apertura de datos a la ciudadanía. En esta línea se enmarca la aprobación y publicación del Programa Anual de Ayudas del Ministerio.</p>
<p class='parrafo'>Junto a ello, la intención también es avanzar en una serie de medidas que mejoren la gestión y tramitación de las ayudas, para dotar de mayor eficiencia a la actuación pública, fundamentalmente en materia de tramitación electrónica, en consonancia con la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y con el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. Esta normativa consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para tales Administraciones. Asimismo, reconoce el papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el rediseño integral de los procesos y servicios actuales de la Administración, permitiendo nuevos modelos de relación con los ciudadanos.</p>
<p class='parrafo'>A la vista de lo anterior, para dotar de sentido al Programa Anual y a las medidas de mejora de la tramitación de las ayudas, se establecen como objetivos fomentar la transparencia y acceso a la información en materia de concesión de ayudas por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; adecuar el funcionamiento del Ministerio y de las relaciones con los ciudadanos a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación; llevar a cabo un simplificación administrativa y reducción de cargas administrativas; e incorporar en la gestión y tramitación de las ayudas una serie de principios transversales que hagan efectivo el principio de equidad.</p>
<p class='parrafo'>En su virtud, dispongo:</p>
<p class='articulo'>Primero. Objeto.</p>
<p class='parrafo'>El objeto de la presente orden es la aprobación del Programa Anual de Ayudas convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos públicos dependientes en el año 2015, así como el establecimiento de una serie de medidas para la mejora de la gestión y tramitación de las ayudas.</p>
<p class='articulo'>Segundo. Aprobación del Programa Anual de Ayudas para el año 2015.</p>
<p class='parrafo'>1. Se aprueba el Programa Anual de Ayudas para el año 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de sus organismos públicos dependientes que figura en los Anexos I, II y III de esta orden, indicando las fechas previstas de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las convocatorias de ayudas, así como las fechas estimadas de resolución y de pago. Se entiende por fecha estimada de pago la fecha en la que el departamento reconoce la obligación por la ayuda concedida y ordena el pago al Tesoro. Se especifica igualmente la denominación y tipo de ayuda, la cuantía prevista, en su caso, y el centro gestor.</p>
<p class='parrafo'>2. El Anexo I recoge las ayudas que se convocan bajo la forma de becas. El Anexo II recoge otras ayudas convocadas bajo el principio de concurrencia competitiva. El Anexo III recoge aquellas otras ayudas que no responden a los criterios de los anexos anteriores.</p>
<p class='parrafo'>3. Las convocatorias de las ayudas contempladas en los anexos quedan sometidas a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones. Asimismo, el listado de ayudas no tiene carácter vinculante o exhaustivo, sino orientativo, pues cabe la posibilidad de convocar nuevas ayudas, suprimirlas o modificarlas por necesidades sobrevenidas a lo largo de la anualidad, de conformidad con la legislación presupuestaria.</p>
<p class='articulo'>Tercero. Medidas para la mejora de la gestión y tramitación de ayudas.</p>
<p class='parrafo'>El Ministerio llevará a cabo de manera paulatina una racionalización de los instrumentos reguladores existentes en materia de concesión de subvenciones con vistas a lograr una mejor y más eficiente gestión y tramitación de dichas ayudas.</p>
<p class='articulo'>Cuarto. Medidas para la mejora de la tramitación electrónica de los procedimientos de ayudas.</p>
<p class='parrafo'>1. De acuerdo con el artículo 27.6 de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y con el artículo 32 del Real Decreto 1671/2009 de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la anterior, se tramitarán obligatoriamente a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte las distintas fases del procedimiento de concesión de ayudas cuando así lo establezcan sus bases reguladoras y en los términos previstos en las mismas.</p>
<p class='parrafo'>La información sobre identificación, normativa regulatoria, sistemas de firmas aceptados, etc. de las sedes electrónicas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se encuentran en la dirección https://sede.educacion.gob.es/identifica-sede.html para la Sede Electrónica Educación y en la dirección https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica/index.jsp para la Sede Electrónica Cultura.</p>
<p class='parrafo'>2. En el caso de que los procedimientos se gestionen por parte de un organismo público o entidad dependiente del Ministerio que cuente con sede electrónica propia, su tramitación se realizará, según sus bases reguladoras, a través de la sede electrónica del organismo.</p>
<p class='parrafo'>3. De acuerdo con el artículo 48.1 del referido Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, en los procedimientos iniciados por medios electrónicos, las bases reguladoras podrán establecer que los interesados aporten al expediente, en cualquier fase del procedimiento, copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. La Administración Pública podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición del documento o de la información original.</p>
<p class='parrafo'>4. Las comunicaciones a los interesados podrán publicarse en la sede electrónica del Ministerio o en la del organismo competente con sede electrónica propia. Esta publicación, conforme a lo establecido en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sustituirá a la notificación y surtirá todos sus efectos respecto de los interesados que estén obligados a utilizar la vía electrónica por el apartado 1 de este artículo.</p>
<p class='parrafo'>5. Conforme a lo previsto en el artículo 81 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las bases reguladoras indicarán la posibilidad o la obligación, según los casos, de presentar por vía electrónica la documentación relativa a la fase de justificación, incluidos los justificantes de los gastos realizados, y los medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizables.</p>
<p class='parrafo'>6. En aquellos casos en los que, como resultado de la fase de justificación y comprobación, tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las bases reguladoras podrán establecer que las notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realicen bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 40 del referido Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.</p>
<p class='parrafo'>7. En los procedimientos en que sea obligatoria la práctica de las notificaciones por medios electrónicos y los interesados sean personas jurídicas, será obligación de estos informar a los órganos actuantes de los cambios en la representación de la entidad en cuanto se produzcan.</p>
<p class='articulo'>Quinto. Medidas para la mejora de la reglamentación y reducción de cargas administrativas mediante la eliminación de la exigencia de documentación.</p>
<p class='parrafo'>1. Tanto en las bases reguladoras como en las convocatorias de ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se hará constar expresamente la no exigencia de aquellos datos o documentos que ya obren en poder de la Administración General del Estado, en los términos previstos en el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 2011 para la simplificación documental en los procedimientos administrativos que afectan a la ciudadanía, siempre que tales datos o documentos sean accesibles por medios electrónicos para el Ministerio y sus organismos.</p>
<p class='parrafo'>En el caso de tratarse de datos de carácter personal deberá recabarse de forma específica e individualizada para cada procedimiento concreto el consentimiento del interesado para poder acceder a esos datos. Dicho consentimiento puede ser, bien expreso, en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; o bien amparado por una norma con rango de ley.</p>
<p class='parrafo'>En los casos en que el interesado no autorice el acceso a su información, deberá presentar él mismo la documentación.</p>
<p class='parrafo'>2. La aportación de certificados, cuando no fuera posible su obtención de oficio por medios electrónicos de interconexión registral, podrá sustituirse por declaraciones responsables en los términos establecidos en el artículo 23.4 de la referida Ley General de Subvenciones, cuando la normativa reguladora de la ayuda así lo prevea expresamente.</p>
<p class='articulo'>Sexto. Medidas para favorecer la igualdad efectiva de mujeres y hombres</p>
<p class='parrafo'>1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en las convocatorias de ayudas que afecten a ámbitos en los que exista una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se incorporará progresivamente como criterio de valoración en los proyectos presentados, la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes. A estos efectos podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el Capítulo IV del Título IV de la mencionada ley orgánica.</p>
<p class='parrafo'>2. En aplicación del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, podrá establecerse asimismo como criterio objetivo de valoración de las entidades solicitantes, la existencia de planes de igualdad que contemplen medidas para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad.</p>
<p class='parrafo'>Se impulsará la incorporación en los cuestionarios de información de los proyectos presentados de algunos apartados de datos relevantes, como pueden ser los relativos a número de mujeres participantes en el proyecto, nivel de cualificación, estudios o cualquier otro que permita mejorar la información disponible sobre la situación desagregada por sexo en el ámbito de las ayudas.</p>
<p class='parrafo'>Se promoverá la paridad en los tribunales responsables de valorar la concesión de ayudas y subvenciones, cuando los haya.</p>
<p class='parrafo'>Con vistas a incrementar la participación de las mujeres en el ámbito científico, tecnológico e investigador, se adoptarán paulatinamente medidas que refuercen la aplicación y seguimiento del principio de igualdad de trato y de oportunidades en los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones, a través del Consejo de Universidades.</p>
<p class='articulo'>Séptimo. Medidas para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.</p>
<p class='parrafo'>1. El Ministerio incorporará paulatinamente medidas de acción positiva en las ayudas y subvenciones con vistas a promover la efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, así como las personas con discapacidad que viven habitualmente en el ámbito rural, tal y como establece el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.</p>
<p class='parrafo'>2. Se podrá incorporar como criterio de valoración, de acuerdo con el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, el fomento de programas para mejorar la empleabilidad, el acceso y la permanencia en el empleo de mujeres pertenecientes a grupos especialmente vulnerables por parte de las entidades solicitantes.</p>
<p class='articulo'>Octavo. Ayudas procedentes de la Unión Europea.</p>
<p class='parrafo'>El organismo autónomo Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) lleva a cabo la gestión, difusión, promoción y estudios de impacto del programa de la Comisión Europea Erasmus+ en el ámbito de la educación y la formación (2014-2020), además de otras iniciativas europeas. La información sobre las ayudas que ofrece el programa Erasmus+ puede encontrarse en las direcciones: www.sepie.es y www.erasmusplus.gob.es».</p>
<p class='articulo'>Noveno. Efectos</p>
<p class='parrafo'>Esta orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 9 de marzo de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega.</p>
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Thu Mar 12 09:25:48 +0000 2015
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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, tiene atribuida la competencia en materia de propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, de formación profesional y de universidades, así como la promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación literaria, de las actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas estatales, la promoción y difusión de la cultura en español, así como el impulso de las acciones de cooperación cultural. Asimismo, corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de deporte y el fomento y protección de la tauromaquia.
El gasto público que conlleva el ejercicio de estas funciones se ejecuta, entre otras formas, a través de transferencias corrientes y de capital a diversas entidades y personas físicas bajo una variada tipología de ayudas. La importancia de estas ayudas, tanto en número como en consignación presupuestaria, aconseja que se lleve a cabo un ejercicio de programación anual del conjunto de las ayudas, en aras de una mayor transparencia y una mejora de su gestión y tramitación, lo que favorece una actuación más eficiente en la asignación y utilización de los recursos públicos. Se pone a disposición de la ciudadanía una recopilación de todas las becas, subvenciones, premios y otros tipos de concesión de ayudas sin contraprestación económica que van a convocarse por el Ministerio en el año 2015, lo que conforma el Programa Anual de Ayudas 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
La aprobación de este Programa responde, entre otros, al concepto de publicidad activa, tomado de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ampliando la exigencias que impone la ley. Se trata de una manera de dar a conocer cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan las instituciones públicas, lo que permite una mejor fiscalización de la actividad pública.
Muchas de las ayudas contenidas en este Programa se configuran como subvenciones regidas por la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuyo articulado contempla una variedad de instrumentos para dotar de transparencia a la concesión de ayudas y redundar así de forma directa en un incremento de los niveles de eficiencia en la gestión del gasto público y de apertura de datos a la ciudadanía. En esta línea se enmarca la aprobación y publicación del Programa Anual de Ayudas del Ministerio.
Junto a ello, la intención también es avanzar en una serie de medidas que mejoren la gestión y tramitación de las ayudas, para dotar de mayor eficiencia a la actuación pública, fundamentalmente en materia de tramitación electrónica, en consonancia con la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y con el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. Esta normativa consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para tales Administraciones. Asimismo, reconoce el papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el rediseño integral de los procesos y servicios actuales de la Administración, permitiendo nuevos modelos de relación con los ciudadanos.
A la vista de lo anterior, para dotar de sentido al Programa Anual y a las medidas de mejora de la tramitación de las ayudas, se establecen como objetivos fomentar la transparencia y acceso a la información en materia de concesión de ayudas por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; adecuar el funcionamiento del Ministerio y de las relaciones con los ciudadanos a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación; llevar a cabo un simplificación administrativa y reducción de cargas administrativas; e incorporar en la gestión y tramitación de las ayudas una serie de principios transversales que hagan efectivo el principio de equidad.
En su virtud, dispongo:
Primero. Objeto.
El objeto de la presente orden es la aprobación del Programa Anual de Ayudas convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos públicos dependientes en el año 2015, así como el establecimiento de una serie de medidas para la mejora de la gestión y tramitación de las ayudas.
Segundo. Aprobación del Programa Anual de Ayudas para el año 2015.
1. Se aprueba el Programa Anual de Ayudas para el año 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de sus organismos públicos dependientes que figura en los Anexos I, II y III de esta orden, indicando las fechas previstas de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las convocatorias de ayudas, así como las fechas estimadas de resolución y de pago. Se entiende por fecha estimada de pago la fecha en la que el departamento reconoce la obligación por la ayuda concedida y ordena el pago al Tesoro. Se especifica igualmente la denominación y tipo de ayuda, la cuantía prevista, en su caso, y el centro gestor.
2. El Anexo I recoge las ayudas que se convocan bajo la forma de becas. El Anexo II recoge otras ayudas convocadas bajo el principio de concurrencia competitiva. El Anexo III recoge aquellas otras ayudas que no responden a los criterios de los anexos anteriores.
3. Las convocatorias de las ayudas contempladas en los anexos quedan sometidas a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones. Asimismo, el listado de ayudas no tiene carácter vinculante o exhaustivo, sino orientativo, pues cabe la posibilidad de convocar nuevas ayudas, suprimirlas o modificarlas por necesidades sobrevenidas a lo largo de la anualidad, de conformidad con la legislación presupuestaria.
Tercero. Medidas para la mejora de la gestión y tramitación de ayudas.
El Ministerio llevará a cabo de manera paulatina una racionalización de los instrumentos reguladores existentes en materia de concesión de subvenciones con vistas a lograr una mejor y más eficiente gestión y tramitación de dichas ayudas.
Cuarto. Medidas para la mejora de la tramitación electrónica de los procedimientos de ayudas.
1. De acuerdo con el artículo 27.6 de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y con el artículo 32 del Real Decreto 1671/2009 de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la anterior, se tramitarán obligatoriamente a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte las distintas fases del procedimiento de concesión de ayudas cuando así lo establezcan sus bases reguladoras y en los términos previstos en las mismas.
La información sobre identificación, normativa regulatoria, sistemas de firmas aceptados, etc. de las sedes electrónicas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se encuentran en la dirección https://sede.educacion.gob.es/identifica-sede.html para la Sede Electrónica Educación y en la dirección https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica/index.jsp para la Sede Electrónica Cultura.
2. En el caso de que los procedimientos se gestionen por parte de un organismo público o entidad dependiente del Ministerio que cuente con sede electrónica propia, su tramitación se realizará, según sus bases reguladoras, a través de la sede electrónica del organismo.
3. De acuerdo con el artículo 48.1 del referido Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, en los procedimientos iniciados por medios electrónicos, las bases reguladoras podrán establecer que los interesados aporten al expediente, en cualquier fase del procedimiento, copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. La Administración Pública podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición del documento o de la información original.
4. Las comunicaciones a los interesados podrán publicarse en la sede electrónica del Ministerio o en la del organismo competente con sede electrónica propia. Esta publicación, conforme a lo establecido en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sustituirá a la notificación y surtirá todos sus efectos respecto de los interesados que estén obligados a utilizar la vía electrónica por el apartado 1 de este artículo.
5. Conforme a lo previsto en el artículo 81 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las bases reguladoras indicarán la posibilidad o la obligación, según los casos, de presentar por vía electrónica la documentación relativa a la fase de justificación, incluidos los justificantes de los gastos realizados, y los medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizables.
6. En aquellos casos en los que, como resultado de la fase de justificación y comprobación, tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las bases reguladoras podrán establecer que las notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realicen bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 40 del referido Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
7. En los procedimientos en que sea obligatoria la práctica de las notificaciones por medios electrónicos y los interesados sean personas jurídicas, será obligación de estos informar a los órganos actuantes de los cambios en la representación de la entidad en cuanto se produzcan.
Quinto. Medidas para la mejora de la reglamentación y reducción de cargas administrativas mediante la eliminación de la exigencia de documentación.
1. Tanto en las bases reguladoras como en las convocatorias de ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se hará constar expresamente la no exigencia de aquellos datos o documentos que ya obren en poder de la Administración General del Estado, en los términos previstos en el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 2011 para la simplificación documental en los procedimientos administrativos que afectan a la ciudadanía, siempre que tales datos o documentos sean accesibles por medios electrónicos para el Ministerio y sus organismos.
En el caso de tratarse de datos de carácter personal deberá recabarse de forma específica e individualizada para cada procedimiento concreto el consentimiento del interesado para poder acceder a esos datos. Dicho consentimiento puede ser, bien expreso, en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; o bien amparado por una norma con rango de ley.
En los casos en que el interesado no autorice el acceso a su información, deberá presentar él mismo la documentación.
2. La aportación de certificados, cuando no fuera posible su obtención de oficio por medios electrónicos de interconexión registral, podrá sustituirse por declaraciones responsables en los términos establecidos en el artículo 23.4 de la referida Ley General de Subvenciones, cuando la normativa reguladora de la ayuda así lo prevea expresamente.
Sexto. Medidas para favorecer la igualdad efectiva de mujeres y hombres
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en las convocatorias de ayudas que afecten a ámbitos en los que exista una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se incorporará progresivamente como criterio de valoración en los proyectos presentados, la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes. A estos efectos podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el Capítulo IV del Título IV de la mencionada ley orgánica.
2. En aplicación del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, podrá establecerse asimismo como criterio objetivo de valoración de las entidades solicitantes, la existencia de planes de igualdad que contemplen medidas para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad.
Se impulsará la incorporación en los cuestionarios de información de los proyectos presentados de algunos apartados de datos relevantes, como pueden ser los relativos a número de mujeres participantes en el proyecto, nivel de cualificación, estudios o cualquier otro que permita mejorar la información disponible sobre la situación desagregada por sexo en el ámbito de las ayudas.
Se promoverá la paridad en los tribunales responsables de valorar la concesión de ayudas y subvenciones, cuando los haya.
Con vistas a incrementar la participación de las mujeres en el ámbito científico, tecnológico e investigador, se adoptarán paulatinamente medidas que refuercen la aplicación y seguimiento del principio de igualdad de trato y de oportunidades en los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones, a través del Consejo de Universidades.
Séptimo. Medidas para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
1. El Ministerio incorporará paulatinamente medidas de acción positiva en las ayudas y subvenciones con vistas a promover la efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, así como las personas con discapacidad que viven habitualmente en el ámbito rural, tal y como establece el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
2. Se podrá incorporar como criterio de valoración, de acuerdo con el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, el fomento de programas para mejorar la empleabilidad, el acceso y la permanencia en el empleo de mujeres pertenecientes a grupos especialmente vulnerables por parte de las entidades solicitantes.
Octavo. Ayudas procedentes de la Unión Europea.
El organismo autónomo Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) lleva a cabo la gestión, difusión, promoción y estudios de impacto del programa de la Comisión Europea Erasmus+ en el ámbito de la educación y la formación (2014-2020), además de otras iniciativas europeas. La información sobre las ayudas que ofrece el programa Erasmus+ puede encontrarse en las direcciones: www.sepie.es y www.erasmusplus.gob.es».
Noveno. Efectos
Esta orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 9 de marzo de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega.
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1,32M para fundaciones partidos vs 990.000€ para edición libros. Apoyo oferta legal audiovisual en Internet: 1,8M
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"107",
"108",
"114"
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CONVOCATORIAS
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Orden para la aprobación del Programa Anual de Ayudas convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos públicos dependientes en el año 2015
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[] | 820
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2016-11-28
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BOE-B-2016-61310
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Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el contrato del servicio de organización, gestión y ejecución de festejos taurinos durante las fiestas patronales de San Miguel.
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<identificador>BOE-B-2016-61310</identificador>
<titulo>Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el contrato del servicio de organización, gestión y ejecución de festejos taurinos durante las fiestas patronales de San Miguel.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>287</diario_numero>
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<departamento codigo='9525'>Administración Local</departamento>
<numero_anuncio>A160086274</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20161128</fecha_publicacion>
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<analisis>
<modalidad codigo='F'>Formalización contrato</modalidad>
<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas></fecha_presentacion_ofertas>
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<precio codigo=''></precio>
<importe>222.640,00</importe>
<ambito_geografico>Comunidad de Madrid</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Servicio.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Organización, gestión y ejecución de festejos taurinos durante las fiestas patronales de San Miguel.</dd>
<dt>g) Medio de publicación del anuncio de licitación: </dt>
<dd>Boletín Oficial del Estado.</dd>
<dt>h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: </dt>
<dd>05/07/2016.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación.</dt>
<dd> Importe neto: 208.869,99 euros. Importe total: 252732,68 euros. </dd>
<dt>6. Formalización del contrato:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha de adjudicación: </dt>
<dd>29 de julio de 2016.</dd>
<dt>b) Fecha de formalización del contrato: </dt>
<dd>20 de septiembre de 2016.</dd>
<dt>c) Contratista: </dt>
<dd>Lances de Futuro, S.L.</dd>
<dt>d) Importe o canon de adjudicación: </dt>
<dd> Importe neto: 184.000,00 euros. Importe total: 222.640,00 euros. </dd>
</dl>
</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Las Rozas de Madrid, 24 de noviembre de 2016.- Concejal-Delegado de Hacienda y Recursos Humanos.</p>
</texto>
</documento>
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Mon Nov 28 09:18:16 +0000 2016
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1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicio.
b) Descripción:
Organización, gestión y ejecución de festejos taurinos durante las fiestas patronales de San Miguel.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
05/07/2016.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 208.869,99 euros. Importe total: 252732,68 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
29 de julio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato:
20 de septiembre de 2016.
c) Contratista:
Lances de Futuro, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 184.000,00 euros. Importe total: 222.640,00 euros.
Las Rozas de Madrid, 24 de noviembre de 2016.- Concejal-Delegado de Hacienda y Recursos Humanos.
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La empresa del ganadero José María Garzón se encargará de festejos taurinos en fiestas Las Rozas por 222.640€ #BOE
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Administración Local
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Lances de Futuro, S.L. se encargará de la organización, gestión y ejecución de festejos taurinos durante las fiestas patronales de San Miguel por importe total de 222.640,00 euros.
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[] | 821
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2014-12-18
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DE CONFORMIDAD con
Art. 1 del Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre
DE CONFORMIDAD con
Disposición adicional 15 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre
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BOE-A-2014-13139
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Orden AAA/2367/2014, de 5 de diciembre, por la que se autoriza un trasvase de 20 hm³ desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura para el mes de diciembre de 2014.
|
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<identificador>BOE-A-2014-13139</identificador>
<titulo>Orden AAA/2367/2014, de 5 de diciembre, por la que se autoriza un trasvase de 20 hm³ desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura para el mes de diciembre de 2014.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<materia codigo='5' orden=''>Abastecimiento de aguas</materia>
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<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
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</referencias>
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<texto>
<p class='parrafo'>La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha emitido informe, tras la reunión celebrada el 5 de diciembre de 2014, en el que se hace constar que el volumen de existencias efectivas en el conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía, a fecha 1 de diciembre de 2014 es de 494,559 hm<sup>3</sup>, por lo que, acorde con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta, «Reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura,» de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se ha constatado que se ha pasado a situación de nivel 3, de situaciones hidrológicas excepcionales.</p>
<p class='parrafo'>En situación hidrológica excepcional, según se dispone en el punto 2 de la disposición adicional decimoquinta, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, cuando concurran las condiciones hidrológicas de nivel 3, la autorización de trasvases le corresponde al Ministro que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de la Comisión Central de Explotación. En esta situación de nivel 3, según se establece en el artículo 1 del Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, corresponde al órgano competente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la autorización, de forma discrecional y motivada, de un volumen mensual de hasta 20 hm<sup>3</sup>/mes.</p>
<p class='parrafo'>En consonancia con el acuerdo de la Comisión Centra de Explotación de fecha 5 de diciembre de 2014, constatada la entrada en situación hidrológica excepcional, nivel 3, en el mes de diciembre de 2014, y acorde con el informa emitido el día 5 de diciembre de 2014 por la Comisión Central de Explotación, elevado por la Dirección General del Agua, en función de los volúmenes de existencias en los embalses de Entrepeñas-Buendía durante el primer trimestre año hidrológico así como las aportaciones previsibles para el resto del año hidrológico, acorde con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta, punto 2, de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, resuelvo:</p>
<p class='parrafo_2'>Autorizar un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura, de 20 hm<sup>3</sup> durante el mes de diciembre de 2014.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 5 de diciembre de 2014.–La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.</p>
</texto>
</documento>
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Thu Dec 18 07:18:47 +0000 2014
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La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha emitido informe, tras la reunión celebrada el 5 de diciembre de 2014, en el que se hace constar que el volumen de existencias efectivas en el conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía, a fecha 1 de diciembre de 2014 es de 494,559 hm3, por lo que, acorde con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta, «Reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura,» de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se ha constatado que se ha pasado a situación de nivel 3, de situaciones hidrológicas excepcionales.
En situación hidrológica excepcional, según se dispone en el punto 2 de la disposición adicional decimoquinta, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, cuando concurran las condiciones hidrológicas de nivel 3, la autorización de trasvases le corresponde al Ministro que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de la Comisión Central de Explotación. En esta situación de nivel 3, según se establece en el artículo 1 del Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, corresponde al órgano competente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la autorización, de forma discrecional y motivada, de un volumen mensual de hasta 20 hm3/mes.
En consonancia con el acuerdo de la Comisión Centra de Explotación de fecha 5 de diciembre de 2014, constatada la entrada en situación hidrológica excepcional, nivel 3, en el mes de diciembre de 2014, y acorde con el informa emitido el día 5 de diciembre de 2014 por la Comisión Central de Explotación, elevado por la Dirección General del Agua, en función de los volúmenes de existencias en los embalses de Entrepeñas-Buendía durante el primer trimestre año hidrológico así como las aportaciones previsibles para el resto del año hidrológico, acorde con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta, punto 2, de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, resuelvo:
Autorizar un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura, de 20 hm3 durante el mes de diciembre de 2014.
Madrid, 5 de diciembre de 2014.–La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.
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El Gobierno autoriza un trasvase de 20 hm3 del Tajo al Segura en diciembre #BOE
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TRASVASES_MEDIOAMBIENTE
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Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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El Gobierno autoriza un trasvase de 20 hm3 del Tajo al Segura en diciembre
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"5",
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"397",
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Subsets and Splits
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